La Secretaría de Comercio convocó a fiscalizar a los municipios. Se quedarán con un porcentaje de las multas a las empresas que incumplan.

El Gobierno puso en marcha un acuerdo con empresas de consumo masivo, cámaras mayoristas y supermercados para mantener congelado el precio de 1.500 productos por cuatro meses, que llega con una doble novedad: no sólo el control, que podrán hacer los usuarios con una app sino la fiscalización de los intendentes, que se quedarán con parte de las multas que se le labren a las compañías incumplidoras.

Junto con el acuerdo de congelamiento mediante el plan Precios Justos, este viernes se publicó una resolución que apunta a controlar que las empresas mantengan los valores de sus productos hasta marzo, con ayuda de los municipios. La resolución 75/2022 de la Secretaría de Comercio indica que los jefes comunales que se sumen al control, se llevarán una comisión del 25% de las multas que se apliquen.

Para corroborar el cumplimiento de los acuerdos, la Secretaría de Comercio firmará convenios con cada municipio del país que pretenda colaborar. De esa manera, se asegura tener mayor capilaridad para hacer el seguimiento de precios y “amplía la dotación de fiscalizadores” en todo el país.

La Secretaría de Comercio ideó una especie de contrato con los municipios para que sean ellos los que fiscalicen el acuerdo de precios. Serán los intendentes “los que realicen todas las tareas inherentes a la fiscalización, al control y al juzgamiento de los incumplimientos a los acuerdos de precios”, indica la norma.

La Secretaría dará a las intendencias las pautas técnicas y las capacitaciones necesarias para la realización de las inspecciones y luego el proceso de sanción se realizará a través de los mecanismos habituales que lleva adelante la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores. A cambio de la fiscalización, “transferirá mensualmente, computando los ingresos percibidos del primero al último día de cada mes, en concepto de retribución por los gastos operativos que genere la ejecución del presente convenio, el monto equivalente al 25% nominal de cada multa, firme y consentida, que efectivamente perciba la Secretaría en sede administrativa a través de la plataforma eRecauda”, dice el acuerdo que deberán firmar entre las partes.

El Gobierno también podrá a disposición una aplicación para sistemas operativos en Android e IOS mediante la que el usuario podrá realizar un seguimiento de los productos. Según se especificó, la app permite escanear el código de barras de un producto y saber si está dentro del acuerdo. También conocer el listado de productos incluidos en el programa, precios, y denunciar los incumplimientos.

Así lo aseguró el interventor de la AFI, quien además aseguró que “el partido judicial existe y funciona con el sistema de poder de la Argentina”.

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, aseguró en la ciudad de Rosario que “el partido judicial existe y está integrado por jueces y fiscales que funcionan directamente con el sistema de poder” del país, al participar de un panel sobre “Lawfare en la Argentina y Latinoamérica”, organizado por la Plataforma de Pensamiento Latinoamericano, La Corriente y la agrupación Progresistas en Red.

“O los partidos son capaces de construir un poder político que subordine y discipline al poder corporativo, o las corporaciones se van a quedar con los distintos pedazos de la patria”, señaló Rossi durante el encuentro.

Durante su exposición en el Centro Cultural “Roberto Fontanarrosa” de Rosario, el titular de la AFI aseguró que “la contradicción principal en la política argentina es democracia versus corporaciones”.

Rossi recordó que la guerra judicial o lawfare “nunca se aplicó contra candidatos ni dirigentes de derecha”, sino que los mecanismos de persecución judicial combinados con la acción de medios de comunicación y el poder económico apuntaron a los sectores progresistas”.

“El partido judicial existe, así como decíamos en la época de la dictadura que existía el partido militar”, abundó el dirigente santafesino del Frente de Todos (FdT) durante la charla.

Rossi señaló que el partido judicial “es un partido integrado por jueces y fiscales que funciona directamente con el sistema de poder de la Argentina”.

El funcionario se preguntó retóricamente quién integra ese poder, y respondió que está integrado por “los grupos económicos, los grupos mediáticos y la derecha política”.

“Todo eso es lo que arma el lawfare; arma los discursos del odio y genera la aparición de grupos de derecha cada vez más ultra y violentos, que son capaces de hacer los atentados que llevaron adelante”, afirmó.

El titular de la AFI hizo un recorrido por casos de persecución judicial con fines políticos en otras naciones de Latinoamérica y situó el crecimiento de grupos violento de derecha en “los principales países del mundo”.

Recordó los casos de Estados Unidos y de Brasil y dijo que “no es que los discursos de odio aparecieron ahora”.

“Antes –historizó- eran los rumores. Los rumores terminaron justificaron el golpe contra (el presidente radical Hipólito) Yrigoyen; el golpe del ’55 se justificó con las cosas que se decían contra (Juan Domingo) Perón”.

Así, Rossi agregó que “en esta última etapa del país mucho tuvo que ver el conflicto con el sector agropecuario” en la circulación de los discursos de odio.

“La palabra ‘yegua’ apareció en ese momento contra Cristina (Fernández de Kirchner”, rememoró, y recordó también el ataque a su casa en 2008 durante la discusión por las retenciones móviles a algunos productos del agro.

Del panel sobre el uso del Poder Judicial para perseguir a dirigentes populares también participó la exvicegobernadora santafesina y docente universitaria, Griselda Tessio; el diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos Del Frade; y el abogado y exministro de Justicia provincial, Juan Lewis.

La ministra de Trabajo explicó que se evalúa cuánto sería el valor del bono y en que fecha puntual se otorgaría.

Lo adelantó la titular de la cartera de Trabajo, Raquel “Kelly” Kismer de Olmos, al afirmar que el Gobierno nacional “está evaluando” la posibilidad de otorgar un bono de fin de año a los trabajadores registrados, aunque evitó pronunciarse sobre la posibilidad de una suma fija.

“Estamos evaluando, trabajando y es probable que haya un bono -de fin de año- como se hizo con la administración pública nacional que se lo definió por paritaria”, afirmó Olmos en declaraciones radiales, donde además señaló que “muchos sindicatos ya lo tienen previsto al bono en sus paritarias y eso hará que el anuncio del Poder Ejecutivo quede absorbido por ese acuerdo”.

En relación a cuánto sería el valor del bono y cuando se otorgaría, la titular de la cartera laboral dijo que esos puntos aún “no está cerrado el valor porque se está hablando con el Ministerio de Economía”.

“Es una iniciativa de incorporación permanente al salario para el segmento del trabajador formal, por lo que no nos parece la manera más adecuada debido a que la paritaria está demostrando vigor y se negocia al máximo, por lo que la idea es no tensar en ese punto”, dijo Olmos.

Por otra parte, la ministra de Trabajo consideró que “el problema que tenemos son los sectores excluidos de las paritarias, que representan un poco más del 50%, como los informales, el autoempleo y los provinciales y municipales, que tienen salarios muy deprimidos”.

El gobierno de Alberto Fernández logró lo que Macri no pudo.

Uno de los espejitos que colores que vendió el macrismo en la campaña electoral de 2015 fue el relato de la supuesta “inserción al mundo” que traería Mauricio Macri en Casa Rosada, después de años de supuesto aislamiento kirchnerista. El símbolo de esa inserción estaba marcado por la apertura de Apple Stores, locales de Forever 21 y otras marcas internacionales, que llegarían a la Argentina como demostración de que las cosas habían cambiado.

Por supuesto, nada de eso pasó. El ajuste macrista terminó cerrando empresas, ya que no tenían a quién venderle productos, por la crisis económico en que terminó el fallido mandato de Macri.

Ahora, tres años después de que Macri esté lejos de Rosada, Forever 21 anunció su desembarco en el país. Finalmente, el gobierno de Alberto Fernández logró lo que Macri no pudo.

Ahora bien: ¿por qué será que los medios que elogiaban la sola posibilidad de la llegada de marcas internacionales ahora no dicen ni una palabra?

Bolsillo de los argentinos.

El ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó un acto en el que presentó el programa Precios Justos, que incluye el congelamiento de casi 1900 productos hasta febrero. En la presentación, Massa ironizó sobre el macrismo: “Es mentira que es magia bajar la inflación”.

En el mismo sentido, aseguró: “Hay que tener una política fiscal ordenada, acumulación de reserva y trabajo coordinado”. “Con Precios Justos empezaremos a recorrer un sendero a la baja en lo que más impacta en la vida de los argentinos que es la inflación”, señaló. En 2015, en plena campaña electoral, Mauricio Macri y sus principales economistas aseguraron que “bajar la inflación” sería lo “más fácil del mundo”. El macrismo recibió 20% de inflación y entregó el mandato con 50%, el número más alto en 30 años.

El ministro contó además que este nuevo acuerdo voluntario de precios que se extenderá hasta el 28 de febrero próximo, “resuelve uno de los problemas que tenemos en materia inflacionaria, no la inflación” ya que la misma –afirmó- “se resuelve con política fiscal ordenada, con acumulación de reservas y trabajo coordinado con las cadenas de insumo difundido”.

Se busca detener la inercia inflacionaria y tratar de ponerle un techo a un conjunto amplio de productos de la canasta básica. La idea es bajar en los próximos 4 meses la inflación desde el 6/7% actual a un 4/5% mensual. Gradualmente, se busca llegar a fines de 2023 a un cifra del 3%. ¿Será posible?

Así lo expresó el ministro de Justicia y Derechos Humanos en declaraciones radiales.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, sostuvo este viernes que la jueza federal María Eugenia Capuchetti “se la pasaba entrando en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)” del Gobierno de Mauricio Macri y recordó que oportunamente denunció que la magistrada “tiene serios vínculos” con los exfuncionarios de ese organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

“La jueza Capuchetti se la pasaba entrando a la AFI, tiene serios vínculos con (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani y otros dirigentes del PRO”, dijo Soria este viernes a la mañana en declaraciones a la radio online FM Futurock, en las que consideró “inaceptable el encubrimiento de Comodoro PRO al atentado a Cristina Kirchner”.

“En una presentación ante el Consejo de la Magistratura, realizada en agosto del 2020, junto a varios legisladores, expusimos los vínculos de la jueza con Arribas y Majdalani, que se la pasaba entrando a la sede de la AFI. Eso quedó registrado y lo denunciamos”, recordó.

En esa linea, insistió en que “es evidente que hay vinculación entre esta jueza y los dirigentes del PRO que intenta encubrir el atentado a la Vicepresidenta” al referirse a la “inacción inaceptable” de la magistrada en la causa.

Este jueves la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que recusará a la jueza que instruye en la investigación que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre, en tanto que la querella de la exmandataria le reclamó a la Cámara Federal porteña que ordene el secuestro de los teléfonos celulares de dos asistentes del diputado nacional del PRO Gerardo Milman.

Además, los representantes legales de la Vicepresidenta insistieron en su planteo de investigar “con contundencia” la pista que surgió a raíz de sus supuestos dichos de Milman sobre el atentado pronunciados en la confitería Casablanca.

En sus declaraciones de este viernes, Soria añadió que pese a que “los abogados pidieron 43 medidas de prueba, la jueza Capuchetti negó 35 y sólo cedió ocho de esas medidas de pruebas; y mientras las niega, no propone ninguna línea de investigación solo abona las editoriales de Clarín y la Nación de que se trataría de lobos solitarios”.

Soria afirmó que, por otra parte, “es una garantía que tiene cualquier víctima, la de tener un juez que instruya su causa y que investigue respecto del delito que sufrió”; y argumentó que “el Código Penal tipifica un delito que pena y sanciona a un juez que retrase maliciosamente la administración de justicia”.

También dijo que cuando declararon, “las asesoras de (el diputado nacional del PRO, Gerardo) Milman le mintieron a la jueza en la cara, a la jueza y al fiscal, por lo que es evidente que están tratando de encubrir el atentado contra la Vicepresidenta”.

“La selectividad, la partidización de sectores del Poder Judicial como la Corte y algunos jueces de Comodoro Pro tienen que ver con que tienen la camiseta puesta hace tiempo”, afirmó el ministro.

El Gobierno anunció el jueves el incremento del 15,6% para las prestaciones previsionales, jubilaciones, pensiones y asignaciones.

La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, sostuvo este viernes que en su gestión ya se recuperaron 6 de los 19,5 puntos porcentuales que perdieron las jubilaciones frente a la inflación en los dos últimos años de la Presidencia de Mauricio Macri, además de puntualizar que aquellos que perciben el haber previsional mínimo “han superado” la evolución de los precios en el último año.

“Nos proponemos que la recuperación del poder adquisitivo de los jubilados sea mayor y más rápida, pero en este tiempo de dificultad económica que estamos atravesando, es importante decir que ya hemos recuperado 6 de los 19,5 puntos“, indicó Raverta en declaraciones a la radio AM 530.

El Gobierno anunció el jueves el incremento del 15,6% para las prestaciones previsionales (jubilaciones, pensiones y asignaciones) para el trimestre comprendido entre diciembre de este año y febrero de 2023, en base a la ley de movilidad vigente.

Al respecto, Raverta remarcó que el aumento comprende a “16 millones de asignaciones” y que además se dará “un refuerzo en las jubilaciones de hasta dos ingresos mínimos” de hasta $ 10.000 por los tres meses de vigencia del nuevo aumento, que será revisado en marzo del año próximo.

“El 84% de los 7,2 millones de jubilados, es decir 6,1 millones, van a tener este refuerzo, pero todos van a tener el aumento que les corresponde por ley”, aclaró la funcionaria,quien agregó que “el refuerzo no es para todos sino para quienes más lo necesitan”.

En ese sentido, señaló que el refuerzo “es una buena noticia” porque, “cada vez que hemos tenido que ir a pelear contra la inflación, aplicamos distintas herramientas para que los jubilados no pierdan” frente al alza de precios.

“De hecho, los jubilados que cobran la mínima han superado a la inflación, hemos aumentado las jubilaciones en un 107%”, aseguró la titular de Anses.

Raverta dejó en evidencia las dificultades heredadas y recordó que, al asumir el presidente Alberto Fernández, “las jubilaciones habían caído 19,5% en los dos últimos años del gobierno anterior”.

“Si uno empieza de cero, hay que subir escalones, pero cuando se empieza de ‘menos veinte’, hay que hacer un esfuerzo para lograr los objetivos que nos proponemos, que las jubilaciones permitan cubrir un piso de dignidad”, manifestó, para destacar que “desde que llegamos hemos recuperado 6 puntos de esos 20 que habían perdido los jubilados”.

No obstante, más allá de las jubilaciones, Raverta dijo que existe “un abanico de respuestas que la seguridad social ofrece para acompañar en tiempos de dificultad económica a las familias argentinas”.

Triunfo de Lula

Según informaron medios locales, dos hijos de Jair Bolsonaro podrían escaparse de Brasil y exiliarse en Italia, ante los nuevos tiempos, luego del triunfo de Lula Da Silva. Hay muchas causas de corrupción que están archivadas pero que podrían activarse con los cambios políticos.

Se trata del senador Flavio y el diputado Eduardo Bolsonaro, quienes se presentaron imprevistamente en la Embajada de Italia para solicitar que se les conceda la ciudadanía. La prensa le preguntó a Flavio si tiene en mente “abandonar” el país, a lo que éste respondió con enojo, “esa hipótesis es descabellada”.

Muchas investigaciones periodísticas dan cuenta de diferentes causas de corrupción que involucran a la familia Bolsonaro, todo poderosa en Brasil hasta las recientes elecciones que ubicaron a Lula como próximo presidente. ¿La Justicia empezará a investigar en serio ahora?

Ante esa posibilidad – la Justicia siempre se acomoda a los tiempos políticos, en Brasil y en cualquier parte del mundo -, varios miembros de la familia Bolsonaro tendrían pensado salir del país. En Argentina pasó un caso similar con Pepín Simón Rodríguez, el operador macrista que decidió profugarse en Uruguay hace más de dos años. La Justicia, tímidamente, había posado la mirada en sus oscuras prácticas.

Hoy está en torno al 6%.

Mientras anuncia el congelamiento de precios para casi 2000 productos de la canasta básica, el ministro de Economía, Sergio Massa, se entusiasma con “terminar 2023 con una inflación menor al 3% mensual”. De lograrlo, Massa habría bajado a la mitad la inflación actual, que está en el 6% mensual. Sería un gran logro: ¿podrá?

Por ahora se está lejos de la situación, ya que la inflación de octubre estará en torno al 6% otra vez. Terminará 2022 cerca al 100%. Es la inflación más alta desde las crisis inflacionarias de fines del siglo pasado (hace más de 30 años).

En una entrevista televisiva, Massa explicó que “estamos ordenando las cuentas y acumulando reservas. Esperamos bajar la inflación gradualmente. Los cambios se empezarán a ver con más claridad en enero del año próximo”, aseguró.

Lucha contra la inflación.

El Gobierno presentó el programa Precios Justos, que tendrá una duración de cuatro meses y que abarcará a 1.500 productos elaborados por un centenar de empresas. Habrá una aplicación para poder monitorear el alcance del programa y su cumplimiento.

El acto de lanzamiento se realizó en el Centro Cultural Kirchner. Desde el Ministerio de Economía aclararon que no se trata de un congelamiento de precios sino de “un acuerdo voluntario entre el Estado, empresas de consumo masivo, cámaras mayoristas y supermercados”.

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, destacó la planificación del ministro de Economía, Sergio Massa, al marcar una hoja de ruta, y remarcó: “Porque hay orden fiscal y porque tenemos acumulación de reservas podemos avanzar con operar sobre las expectativas de inflación. Este es un punto de partida. Precios justos es una oportunidad que tiene que ver con ponernos de acuerdo sobre como vamos a funcionar en el futuro”.

“De este acuerdo ya participan 102 empresas, y entendemos que para el final del día vamos a llegar a 114 empresas y la semana que viene a las 125 empresas. Hay ya 1.788 productos que forman parte de la canasta de precios constantes de precios justos”, amplió el secretario sobre la adhesión al programa.

Tobolini además agregó: “En los próximos 10 días vamos a estar llegando a 2500 puntos de venta del país, 18 cadenas de supermercados a los largo de Argentina. 9 cadenas mayoristas que se incorporan después de mucho tiempo y 25 cadenas locales”.

“El abastecimiento ha sido uno de los puntos flojos de estos programas, por eso la propuesta del ministro tiene que ver con que porque administramos el comercio exterior ofrecemos un programa de importaciones que permite a las empresas tener las herramientas para que no haya quiebre de stock”, dijo sobre las garantías para importaciones.