Desde Washington, el ministro de Economía anunció que se lograron destrabar los créditos de libre disponibilidad acordados con esa entidad internacional.

El titular de la cartea de Hacienda, Sergio Massa, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, anunciaron en Washington que se lograron destrabar créditos de ese organismo por casi 3.000 millones de dólares para Argentina hasta fin de año, de los cuales 1.200 millones de dólares estarán destinados al fortalecimiento de las reservas del Banco Central.

El anuncio oficial fue realizado de manera conjunta con el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, tras una reunión que mantuvieron esta tarde en la sede del organismo multilateral.

Además, la entidad que preside Maurice Claver Carone se comprometió a aumentar el respaldo a la Argentina en momentos en que el país necesita recibir dólares para fortalecer sus reservas internacionales.

El acuerdo se conoció luego de una reunión que Massa mantuvo con Claver Carone en la tarde de este martes en la sede del BID en Washington.

Massa remarcó que “hoy es la reunión pública que consagra el trabajo de las últimas dos semanas”. “Las operaciones de libre disponibilidad que estaban pendientes se confirman y serán mayores a las previstas. Y además se abre la discusión por un monto importante para la cartera de préstamos 2023. Esto representa algo muy importante para la garantía de acumulación de reservas. El instrumento de financiamiento BID también es importante para las provincias porque nos permite financiar obras de infraestructura”, señaló.

El ministro afirmó que “tener este programa con fechas de desembolsos ya definidas nos permite robustecer las reservas y tener financiamiento para distintos programas y para nosotros es una tranquilidad”.

“De esta forma también se despejan dudas sobre la relación entre la Argentina y el BID”, enfatizó Massa.

Más críticas a Diego Luciani y Sergio Mola, habituales jugadores de fútbol en la quinta de Mauricio Macri.

Un defensor oficial, Luis Alonso Martínez, cuestionó la actuación de los fiscales ultramacristas Diego Luciani y Sergio Mola en la causa vialidad. Luciani y Mola jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Total normalidad. El abogado acusó a los fiscales de usar pruebas falsas, de ignorar lo que dijeron los testigos en el juicio y de tergiversar los hechos.

Pocas veces se vio que un funcionario le pegara tan duro a otros funcionarios, casi pares, reseñó Página 12, uno de los pocos medios que sigue el caso desde que se inició. La base de su alegato volvió sobre la auditoría que hizo el propio macrismo, donde se concluyó que “no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse”.

El defensor oficial de Mauricio Collareda, extitular del Distrito 23 de Vialidad Nacional, el distrito de Santa Cruz, hizo hincapié en las pruebas: por eso remitió a lo dijeron los testigos a lo largo de tres años, incluyendo los convocados por la fiscalía. Collareda era el titular del distrito 23 y tenía a su cargo el mantenimiento de las rutas —o sea, no sólo la construcción—, los talleres, el mantenimiento de los equipos, la relación con intendentes y la administración del poco personal que tenía Vialidad en Santa Cruz. Del total de las 51 obras cuestionadas, 47 directamente las hizo Vialidad Provincial.

En sólo cuatro casos las constructoras trabajaron bajo la órbita de Vialidad Nacional. Para supervisar todo —argumentó el defensor— sólo había tres inspectores. “Por esa razón, las obras las hizo Vialidad Provincial. No había ninguna estructura nacional para la construcción de las rutas. Todo se hizo por convenio. Santa Cruz licitaba, adjudicaba, controlaba y Collareda recibía la documentación”, explicó Martínez. Los fiscales ultramacrista pidieron 6 años de prisión para el exfuncionario.

La causa está totalmente viciada desde siempre. Son abundantes las irregularidades: por ejemplo, se sumaron pruebas a último momento que las defensas no pudieron cotejar. Eso afecta el más elemental ejercicio de defensa. Además, se supo que los fiscales y uno de los jueces jugaban al fútbol juntos y en la quinta del ex presidente Mauricio Macri, principal adversario político de Cristina Fernández de Kirchner.

Testimonios, documentos y hasta escrituras acreditan que el poderoso empresario Carlos Pedro Blaquier —dueño de la agroindustrial Ledesma— fue uno de los clientes de la secta conocida como Escuela Yoga Buenos Aires (EYBA), que tenía a mujeres jóvenes en situación de servidumbre y explotación sexual.

No es la primera vez que Blaquier, de 95 años, está relacionado con delitos muy grave. Durante muchos años estuvo acusado por su su responsabilidad en el secuestro y desaparición de personas ocurridos durante la dictadura. La Justicia nunca quiso investigarlo seriamente y siempre quedó al margen.

Desde los años 80, funcionó en Buenos Aires una secta que se dedicaba a captar a personas en situación de vulnerabilidad. Les ofrecían, por ejemplo, tratamientos médicos o mejores condiciones de vida. En algunos casos, las endeudaban para que no tuvieran otra escapatoria más que aceptar la situación de servidumbre y explotación. En el entramado también participaban médicos y abogados.

La organización reclutaba a distintos grupos de mujeres que eran obligadas a mantener encuentros sexuales a cambio de dinero. Dentro de la EYBA, eso se conocía como “geishado VIP”. En general, esos encuentros tenían lugar en distintos departamentos de la Ciudad de Buenos Aires.

Un testigo de cómo funcionó esa organización criminal se refirió a los encuentros entre el empresario azucarero y una de las chicas que eran sometidas por la secta, tal como lo recogen en un extenso dictamen el fiscal Carlos Stornelli y la fiscala Alejandra Mángano, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). “Entre las ‘personas de poder’ tuvo la oportunidad de conocer al director o presidente de la compañía ‘Azúcar Ledesma’, un hombre mayor que concurría asiduamente, a quien luego conoció como Carlos Pedro Blaquier”, dice el testimonio extractado.

“La escuchaba llorar previo a los encuentros con Blaquier por no querer estar con él, situación en la que siempre mediaba ‘Mendy’”, agrega la persona que brindó su testimonio. “Mendy”, en realidad, era Susana Mendelievich, la encargada del “Geishado VIP”. Como tal era quien se encargaba de la selección de las “alumnas” de la secta para los encuentros sexuales con personas de alto poder adquisitivo, reseñó Página 12.

El diputado Federico Angelini se diferenció de la titular de su partido y mostró las fisuras que existen con el ala más radicalizada de Juntos respecto al repudio por el intento de asesinato de la vicepresidenta.

El vicepresidente del PRO, Federico Angelini, tomó distancia de la titular de esa fuerza política, Patricia Bullrich, y condenó el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Dijo “no tener dudas” de que se trató de un atentado y pidió preguntarle a la exministra de Seguridad por qué eligió evitar la condena.

“Habría que preguntarle a Patricia por qué no repudió el hecho”, lanzó el diputado nacional por Santa Fe al ser consultado sobre la postura de la dirigente a quien él secunda en la principal alianza opositora.

Angelini no solo tomó distancia de Bullrich sino que se diferenció explícitamente de ella al dejar claro su “repudio total” al atentado contra la vicepresidenta de la Nación ocurrido la semana pasada. “Siempre he repudiado la violencia de cualquier tipo, más la institucional”, dijo durante una entrevista por Futurock.

“No tengo ninguna duda del repudio”, dijo a contramano de las expresiones de la ex ministra, quien calificó al atentado como “un acto de violencia individual” que fue utilizado como “una jugada política” por parte del Gobierno.

Al ser consultado sobre esos dichos, el diputado sostuvo que “la fuerza de seguridad (que custodió a la vicepresidenta) y la Justicia tienen que dar certeza de qué sucedió, si (el autor del atentado) es un loco suelto, si es una persona que lo motiva algo a hacer eso, o si es una organización” la que estuvo al frente de ese hecho.

Con estas declaraciones, la interna de Juntos por el Cambio exhibió una nueva fractura dentro del PRO que volvió a dejar expuesta y aislada a Patricia Bullrich.

La anterior crítica certera que recibió la ex ministra de seguridad provino del titular de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien al ser consultado sobre la postura de Bullrich de no repudiar el atentado dijo: “Patricia es de una generación para la que la violencia es una opción. Lo lamento por ella”.

Las imágenes fueron extraídas de la tarjeta de memoria del teléfono celular del detenido por el intento de asesinato de la vicepresidenta.

La Justicia Federal incorporó al expediente una serie de fotos que lograron extraer de la tarjeta de memoria del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, detenido por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que para los investigadores acredita cierto nivel de planificación del ataque ocurrido el jueves de la semana pasada.

Fuentes de la investigación aseguraron a la Agencia Télam que se trata de fotos en las que se lo ve al ciudadano brasileño y a su novia Brenda Uliarte con una pistola Bersa como la que fue utilizada en el fallido atentado y con las municiones secuestradas en el marco de la investigación en curso.

Según lo que lograron establecer los peritos en tecnología, las fotos fueron tomadas varios meses antes de concretarse el intento de asesinato y serán parte de la prueba que se le exhibirá a los imputados en sus respectivas declaraciones indagatorias previstas para esta tarde.

Las fotografías quedaron grabadas en el SIM y la tarjeta de memoria del teléfono celular Samsung A50 del hombre detenido y pudo ser recuperada por los investigadores.

Fuentes judiciales dijeron que la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo indagarán primero a Uliarte y, luego, le ampliarán la indagatoria a Sabag Montiel en los Tribunales de Comodoro Py después de las 17 de esta tarde.

La decisión se tomó ante un pedido del fiscal federal Carlos Rivolo, en la causa que está bajo secreto de sumario.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó ampliar la declaración indagatoria de Fernando Sabag Montiel, detenido por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y está previsto que se interrogue a su novia también detenida, Brenda Uliarte, informaron fuentes judiciales.

Para cumplir con el trámite el detenido será trasladado este martes por la tarde desde la sede de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal a los tribunales federales de Retiro y le será exhibida nueva prueba incorporada a la investigación, explicaron fuentes judiciales.

La decisión se tomó ante un pedido del fiscal federal Carlos Rivolo, en la causa que está bajo secreto de sumario.

Para este martes a la tarde está previsto también indagar a la novia del agresor, también detenida, Brenda Uliarte, quien será trasladada al juzgado de Capuchetti en el tercer piso de Comodoro Py 2002.

Por otro lado el fiscal pidió a la jueza Capuchetti un informe sobre los números telefónicos de la custodia de la Vicepresidenta y un listado de llamadas entrantes y salientes, explicaron las voceros allegados a la investigación.

El acusado Sabag Montiel quedó preso la noche del jueves último tras el atentado contra la Vicepresidenta y se negó a declarar el viernes asesorado por su defensor oficial Juan Hermida.

Capuchetti volverá a interrogarlo para exponerle nuevas pruebas incorporadas al caso en los últimos días, como declaraciones de testigos que lo habrían comprometido y una pericia que arrojó presencia de su ADN en el arma usada esa noche.

Sabag Montiel se negó a prestar declaración indagatoria el viernes último y permanece detenido a la espera de una resolución de su situación procesal tras quedar imputado por “intento de homicidio calificado”.

La indagatoria de la novia se concretará tras quedar designado como defensor oficial Gustavo Kollman, en la causa que está bajo secreto de sumario.

En un principio se le había asignado el mismo defensor oficial que tiene su novio, Juan Hermida, pero el funcionario judicial se excusó ayer de patrocinar a ambos porque podría darse un posible “conflicto de intereses”.

En una reunión junto al ministro Sergio Massa, el CEO de la firma alemana ratificó al ministro de Economía, Sergio Massa, su plan de inversiones en el país.

El CEO de Volkswagen para América Latina, Canadá y Estados Unidos, Pablo Di Si, y el presidente de la empresa en la Argentina, Marcellus Puig; ratificaron este martes al ministro de Economía, Sergio Massa, su plan de inversiones por US$ 250 millones en el país.

La reunión se realizó en la Embajada argentina en Washington D.C., dentro de la gira del ministro de Economía por Estados Unidos.

El plan de inversión para el período 2022-2026 prevé la ampliación de la línea de producción de pickups Amarok en la planta de Pacheco y el montaje de motocicletas Ducati en Córdoba, y la generación de más de 500 puestos laborales.

En un comunicado de prensa, la firma explicó que los tramos de la inversión será de 30% del monto total comprometido para 2022 y otro 30% para 2023.

Por su parte, Massa expresó que “es una gran alegría que Volkswagen continúe desarrollándose en el país, y conocer con mayor detalle los nuevos proyectos y compromisos asumidos para los próximos años”.

“Este tipo de iniciativas son los que nos permiten continuar construyendo el futuro de Argentina, con una fuerte apuesta a la creación de empleo nacional, el fortalecimiento de la industria y el incremento de la competitividad de la cadena de valor”, afirmó

El anuncio se da apenas unos días después de que el Gobierno firmara un acuerdo con el sector automotor, que permitirá contar con un saldo comercial favorable de US$ 400 millones hasta fin de año, según los planes oficiales.

Se trata de uno de los acusados en la causa que busca condenar a Cristina Fernández de Kirchner. Además, aseguró “violación de garantías constitucionales, de debido proceso y al derecho de defensa en juicio” por parte de la fiscalía.

La defensa de uno de los acusados en la causa Vialidad aseguró este lunes que la fiscalía “violó la Constitución” al mantener la acusación sobre hechos ya juzgados, en un proceso en el que la justicia de Santa Cruz dictaminó años atrás que no hubo hechos de corrupción ni de cartelización en la obra pública en esa provincia entre 2003 y 2013.

Mariano Fragueiro Frías, abogado del extitular de Vialidad de Santa Cruz Héctor Jesús Garro, inició este lunes la ronda de alegatos finales de las defensas en la llamada causa Vialidad, reclamó la absolución de su cliente y manifestó su rechazo al atentado sufrido el jueves último por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también acusada en este proceso.

“Intentaron convertirse en aladides de la corrupción”, expresó Frías sobre la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, pero, en realidad -advirtió- hubo “violación de garantías constitucionales, de debido proceso y al derecho de defensa en juicio”.

Además, Frías remarcó: “Tratar de neutralizar la acción de la supuesta corrupción que invocan no se hace cometiendo atropellos y avasallamiento de las constituciones provinciales, ni las normas constitucionales. Se afectó el federalismo; eso no está bien”.

Sentado en la primera fila en la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 junto a Garro, Fragueiro Frías insistió ante los jueces que la causa Vialidad “es cosa juzgada” porque ya hubo un expediente en Santa Cruz que evaluó las mismas obras y fue cerrado.

“Se juzgó en los tribunales locales y lo más grave es la interferencia en los gobiernos locales, en la Constitución de la provincia de Santa Cruz, se genera un daño irreparable al sistema federal”, argumentó el abogado, para quien la fiscalía “violó la Constitución”. Fragueiro Frías apuntó también que su defendido “era un funcionario local de Santa Cruz” y la provincia “se regía por la Constitución local”.

El acusado presidió Vialidad provincial por seis meses, entre 2005 y 2006, y las obras de ese período por las que fue acusado “están todas en el Presupuesto provincial y el Tribunal de cuentas de la provincia intervino y aprobó la inversión de los fondos”, según detalló el defensor.

Al tomar la palabra, el abogado apeló al Preámbulo de la Constitución Nacional y pidió “que el odio no gane nuestra sociedad y cualquier manifestación violenta sea absolutamente una excepción en las reglas de nuestra sociedad y nuestra convivencia social”, en relación al intento de magnicidio hacia Fernández de Kirchner del jueves último.

Luego, al iniciar su alegato, el defensor de Garro aseguró que los fiscales Luciani y Mola hicieron abuso de “falacias circulares” al “afirmar cuestiones que son absolutamente inexistentes y que de ningún modo pueden alcanzar a nuestro defendido”.

Por primera vez desde que se reanudó el juicio de manera semipresencial, el abogado y Garro acudieron en persona a la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002, donde estuvieron también los jueces del TOF2 Jorge Gorini, Andrès Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

El defensor había pedido la presencia en la sala también de los dos fiscales de juicio, Luciani y Mola, pero ambos optaron por seguir su alegato conectados de manera virtual desde sus respectivos despachos en el edificio judicial.

Un celular capto a la joven de 23 años, pareja de Fernando Sabag Montiel, a metros de lugar donde el atacante intentó asesinar a Cristina Kirchner.

La novia de Fernando Sabag Montiel estaba a metros de la escena en la noche en la que el agresor intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su presencia quedó registrada en un video que está en manos de los investigadores, según confirmaron fuentes judiciales.

La imagen de Brenda Elizabeth Uliarte en las inmediaciones de la casa de la expresidenta en el barrio de Recoleta durante la noche del jueves pasado se viralizó a raíz de un video de un teléfono celular que publicó el sitio web Noticia, y aunque apenas se la ve caminar tranquilamente de espaldas, fuentes de la investigación aseguraron que se trata de ella.

Uliarte permanecía detenida a la espera de prestar declaración indagatoria en la causa que investiga el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta.

La joven de 23 años fue apresada el domingo a la noche, luego de que la investigación determinara que estuvo en el lugar del hecho, en el barrio porteño de Recoleta, junto a Sabag Montiel, en base al análisis de filmaciones y videos registrados en el lugar, informó Télam.

Uliarte aguardaba para prestar declaración ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo en tanto por el momento tiene defensa oficial al igual que su novio. 

En tanto, continuaban las tareas para acceder a la información del teléfono celular de Sabag Montiel. La magistrada impuso el secreto de sumario en la causa y horas después concretó la orden para detener a Uliarte, en la estación Palermo del Tren San Martín, donde se la ubicó mediante un seguimiento a su teléfono en tiempo real.

La mujer detenida en la estación del tren había dado el viernes una entrevista en el canal de televisión Telefé donde se presentó como “Ámbar” y se quejó de que habían secuestrado sus pertenencias en el marco de un allanamiento.

En esa entrevista, la joven explicó que trabajaba vendiendo copos de azúcar, que había conocido a Sabag Montiel “hacía poco tiempo”, al que calificó de “buena persona”, y dijo que nunca pensó que esa noche en la puerta de la casa de la Vicepresidenta “podía hacer algo así”.

“La verdad no encuentro explicación, yo no pensé que era una persona así, estoy perpleja como todos ustedes”, aseguró Ambar, quien añadió que la imagen que tenía de Sabag Montiel era de “una persona copada, que hace chistes, amoroso, era buena persona”.

Uliarte ya había tenido, al igual que Sabag Montiel, algunas participaciones en móviles del canal Crónica TV, y horas antes de su detención había realizado un vivo de Instagram en el que hizo algunas declaraciones al menos polémicas: “No hay reconciliación con los corruptos. Basta de corrupción, sea de quien sea, de cualquier bando político. Basta de la corrupción. De cualquier país, de donde sea. Basta de corrupción”.

También, previo a la detención, la joven realizó algunas publicaciones, entre ellas una con un fragmento del discurso del diputado Javier Milei en la sesión del sábado último en la que se repudió el ataque contra Cristina Kirchner.

Uliarte fue detenida en la Estación Palermo del Ferrocarril San Martín por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), a pedido de la jueza Capuchetti.

Aparentemente, los investigadores lograron reconstruir con imágenes de cámaras de seguridad que la joven habría compartido buena parte del trayecto hasta la casa de la Vicepresidenta en Juncal y Uruguay con el agresor, situación que contradice lo que ella misma manifestó en el reportaje televisivo en el que afirmó que no veía a Sabag Montiel desde el martes último.

Portavoces judiciales ya habían señalado la sospecha de que el principal acusado por el intento de magnicidio no había actuado solo, en base a los primeros resultados de los análisis de cámaras de seguridad, teoría que es uno de los motivos por los cuales se impuso el secreto de sumario. Además de la joven, se investiga al círculo de amigos de la pareja.

La reconstrucción de imágenes se hizo de manera “secuencial” para recomponer los pasos del imputado antes de acercarse a la Vicepresidenta.

El juzgado analizaba además los llamados entrantes y salientes del teléfono celular Samsung de Sabag Montiel, detenido en el lugar de los hechos tras el intento de homicidio a la Vicepresidenta.

Además se analizaban información obtenida al ingresar a su computadora y la tarjeta SIM y el chip del celular, pese a que no se pudo aún acceder al aparato que sufrió un “bloqueo de fábrica” se cree que mientras era peritado.

Lo informó la portavoz de la Presidencia de la Nación, al advertir que ya existe una legislación vigente sobre la materia.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, descartó que en el seno del Gobierno nacional se esté elaborando o apoyando un proyecto de ley que regule los discursos de odio, los cuales están en el ojo de la polémica luego del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves pasado.

“No hay ningún proyecto analizando que vaya en línea con lo que dicen. Los medios instalan su propia realidad”, dijo la funcionaria este martes en declaraciones radiales.

Y recordó: “En la Argentina ya hay legislación. Desde la Ley de la defensa de la Democracia de (Raúl) Alfonsín hasta nuestro código penal. La ley de discriminación lo incluye, la ley contra la violencia de género y la ley de medios lo incluyen”.