Este miércoles, científicos de todo el país se movilizan para reclamar al gobierno por la crisis que afecta al sector. Invitan a ponerse la camiseta por la ciencia argentina y defender un área estratégica que experimenta una sangría de recursos humanos y de fondos.

De manera reciente, despidió a 400 científicos, no garantiza fondos para los laboratorios e incumple la Ley de financiamiento.

Se estima que, desde diciembre de 2023, se perdieron 7 empleos por día en el área vinculada a la investigación y que la inversión proyectada para 2026 es de 0,14 del PBI, la más baja desde 1972. La cita, que en CABA será a las 16 en el Obelisco, también reunirá a la comunidad universitaria, que le pide a la administración libertaria que cumpla con la Ley de financiamiento sancionada hace ya casi 300 días.

Con el Mundial todavía fresco, los investigadores convocan a movilizarse con el lema “Me pongo la camiseta”. La idea es que quienes asistan a la convocatoria puedan vestir una camiseta de la Selección argentina en señal de apoyo a los cerebros que juegan para el país. Referentes del Conicet, pero también de otros organismos científicos y técnicos como el INTA, el INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica y del Servicio Meteorológico Nacional, dirán presente.

Agustín Ormazábal es biofísico del Conicet y referente de la lucha contra el ajuste libertario. En este sentido, sintetiza a Página 12: “La movilización de este miércoles es una respuesta al deterioro sostenido. Jamás desde que se registra el dato tuvimos un presupuesto menor en materia científica-tecnológica. Estamos por debajo del 0,14 por ciento del PBI. Esto, a su vez, tiene un impacto notable en las dotaciones; todos los organismos han reducido sus puestos de trabajo. En paralelo, hay una erosión en materia salarial. Por ejemplo, en la Agencia de Promoción Científica, desde hace 28 meses, los sueldos están congelados por debajo de la línea de pobreza”. Y completa: “La marcha es una respuesta, también, a la militarización de los organismos científicos y a un ataque discursivo que cada vez tiene connotaciones más peligrosas. Hace poco el presidente nos trató de ‘terroristas encubiertos’”.

Como desde el Conicet y de otros organismos como la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación no hay convocatorias, tampoco hay dinero para promover la actividad científica. Así, los institutos y centros que subsisten lo hacen gracias a vínculos previos con laboratorios e instituciones extranjeras.

De acuerdo a un informe que publicó el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, se calcula que, desde que asumió Javier Milei la presidencia, se perdieron en el sector científico y tecnológico 6400 puestos de trabajo. El financiamiento del sector acumula una caída del 51 por ciento desde fines de 2023.

El cientificidio se confirma por partida doble. Por un lado, el gobierno congela partidas y quita fondos que corresponderían a los organismos encargados de la producción del conocimiento. Argumentan que “no hay plata” mientras benefician a otros sectores como el campo o inteligencia. Por otro lado, en paralelo, las tareas que realizaban organismos científicos públicos son trasladadas a los privados. Un caso emblemático es el del INTI que, a pesar de sus años de experiencia y eficacia en los servicios de certificaciones y controles metrológicos, a partir de meras resoluciones del gobierno, cada vez realiza menos actividades ya que pasaron a ser ofrecidos por empresas, publicó Página 12.

Un disparo al corazón del sistema

Semanas atrás, el Conicet informó que no renovaría las becas posdoctorales a 379 investigadores formados durante años en el país. Recursos humanos híper calificados que reclaman el lugar que se merecen, y así evitar una fuga de cerebros masiva. Esta semana, de hecho, un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley con el objetivo de prorrogar las becas posdoctorales que se vencieron el 31 de julio y, entre otras cosas, garantizar la cobertura integral de salud para los jóvenes científicos.

Rolando González-José, investigador superior del Conicet en el Centro Nacional Patagónico, explica: “La discontinuidad de las becas posdoctorales es una afectación a un eslabón crítico del sistema. El becario posdoctoral es aquel que acumuló toda la experiencia posible en un tema específico. Precisamente en ese momento es cuando todos sus conocimientos comienzan a ser transferidos a las cadenas productivas y a cualquier tipo de impacto que sus saberes puedan tener en la comunidad”.

Y continúa: “Es el momento en que consolida sus alianzas internacionales con colegas de otros países y empieza a cristalizar sus líneas de investigación a través de publicaciones. El gobierno dispara directo a uno de los nudos más críticos que tiene el Conicet en relación a la formación de recursos humanos. Nuestro país necesita doctores para desarrollarse”.

Al respecto, Ormazábal agrega: “Despidieron a 379 compañeros y compañeras del Conicet, que el lunes tuvieron una audiencia pública impresionante en el Congreso con participación de un montón de bloques, lo que da cuenta de la transversalidad del reclamo. También hay que sumarle los 60 despidos recientes de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La suspensión de proyectos emblemáticos para el desarrollo nacional, como lo que sucedió con el reactor Carem, entre muchos otros”.

La secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología importa tan poco para este gobierno que, a la fecha, luego de la renuncia de Darío Genua, todavía no le han encontrado un reemplazo. González-José apunta: “Reclamamos la renuncia del presidente del Conicet, Daniel Salamone, que se limita a viajar por el mundo, a administrar la pobreza, a cobrar un salario como funcionario mientras los trabajadores del organismo perdimos más del 40 por ciento del poder adquisitivo de nuestros salarios. Encima, no tolera las disidencias políticas al interior del Consejo que, precisamente, se caracteriza por su diversidad”.

Un informe de la UBA reveló que el 35,5% de los argentinos acudió durante el último año a una institución religiosa en busca de algún tipo de ayuda poniendo en evidencia la gravedad de la crisis social y económica que atraviesa el país.

La creciente incertidumbre económica y el deterioro de las condiciones de vida están empujando a cada vez más argentinos a buscar ayuda en lugares de culto. Iglesias y templos comienzan a cumplir una función que va mucho más allá de la asistencia espiritual: para miles de personas se transformaron en espacios donde pedir alimentos, apoyo económico, capacitación, trabajo y contención.

Un informe de la UBA reveló que el 35,5% de los argentinos acudió durante el último año a una institución religiosa en busca de algún tipo de ayuda. Entre quienes recurrieron a estos espacios, el 45% lo hizo por necesidades económicas, alimentarias o laborales, una cifra que expone con crudeza hasta qué punto la crisis comienza a impactar en la vida cotidiana.

El escenario social profundiza la preocupación. La pobreza volvió a ubicarse alrededor del 30% durante el primer trimestre de 2026, mientras la informalidad laboral alcanzó el 44,2%. A esto se suma que más del 90% de los nuevos ocupados necesita trabajar más horas para intentar mejorar sus ingresos.

Cuando la necesidad llega hasta los templos

El Tercer Informe 2026 del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, elaborado por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR) del CBC-UBA, dimensionó el fenómeno. Del total de la población encuestada, el 16% se apoya en instituciones religiosas para resolver problemas de base material, económica o laboral.

La investigadora Mariela Mosqueira señaló que esta problemática se acentúa entre las personas con menor nivel de formación. Gabriela Irrazábal, por su parte, destacó que, en un contexto social desafiante, los templos continúan siendo lugares de referencia para quienes buscan desde consuelo emocional hasta asistencia material.

El dato revela una transformación preocupante: la crisis ya no se expresa solamente en los bolsillos, sino también en los lugares donde los argentinos buscan ayuda para sobrevivirla. Ante la falta de empleo estable, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para cubrir necesidades básicas, las redes religiosas aparecen como un último sostén para familias que sienten que las alternativas se van agotando.

La búsqueda de alimentos, trabajo o asistencia económica dentro de los templos funciona así como una señal de alarma sobre la profundidad de la crisis social. Para una parte creciente de la población, la religión no solo representa un refugio espiritual frente a la incertidumbre, sino también una red de contención material ante una realidad económica que cada vez ofrece menos respuestas.

La morosidad en las familias llegó a niveles récord y se metió de lleno en la agenda política. Para el Gobierno de Javier Milei “nadie le puso un arma en la cabeza” a los que tomaron crédito. Ahora la CGT se suma a los reclamos y decidió programar una marcha al Ministerio de Economía para el 20 de agosto. También preparan otras movilizaciones y no descartan un nuevo paro nacional antes de fin de año.

La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) viene hablando del endeudamiento de los trabajadores y decidió ponerlo en la cabeza de su próxima acción contra el Gobierno.

Este martes realizaron un encuentro ampliado sobre este tema y anunciaron una “campaña contra el endeudamiento de las familias trabajadoras” y en los próximos días oficializarán la movilización a Economía. El mensaje será claro: la culpa es del modelo libertario. Nunca antes en la historia reciente la morosidad de las familias estuvo en los niveles actuales. El modelo no cierra.

El deterioro del entramado productivo nacional comienza a traducirse en una ola de despidos que golpea a empresas de sectores estratégicos. Granja Tres Arroyos, Unilever y Metalfor anunciaron fuertes recortes de personal, en un escenario que expone las dificultades que atraviesa la industria para sostener el empleo y los niveles de producción.

En Entre Ríos, Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 trabajadores de su planta de Concepción del Uruguay, sobre una dotación de unos 900 empleados. La empresa atribuyó la crisis a las restricciones internacionales derivadas de la gripe aviar, la caída de las exportaciones, la sobreoferta en el mercado interno y el incremento de los costos.

El gremio de la alimentación, sin embargo, denunció una situación todavía más grave: los trabajadores acumularían más de cinco quincenas de salarios adeudados y entre los despedidos habría delegados sindicales. Desde FTIA calificaron los despidos como una medida que profundiza la crisis y advirtieron sobre el riesgo de que los trabajadores sean utilizados como “variable de ajuste”.

La situación de la compañía no es nueva. En diciembre de 2024 había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis y actualmente enfrenta una pesada carga financiera, con una deuda de USD 350,9 millones que negocia reestructurar con sus acreedores.

Unilever

A miles de kilómetros, Unilever cerró una histórica planta de Guaymallén, Mendoza, y desvinculó a unos 60 trabajadores, poniendo fin a más de seis décadas de producción de vegetales deshidratados vinculada a la elaboración de productos Knorr. La multinacional aseguró que la marca continuará operando en el país, pero no informó qué ocurrirá con las instalaciones.

La posibilidad de que parte de esa producción sea reemplazada por proveedores externos o incluso por productos importados encendió otra señal de alarma sobre el futuro de la producción local.

Metalfor

El caso de Metalfor completa un preocupante panorama. La fabricante de maquinaria agrícola busca reducir en alrededor de un 60% el personal de su planta de Marcos Juárez, con la salida de 225 trabajadores sobre una plantilla directa de 375. La empresa había solicitado un Procedimiento Preventivo de Crisis y reconoció dificultades financieras, demoras salariales y un pasivo superior a $52.000 millones.

Además, acumula pedidos de quiebra y evalúa presentarse en concurso preventivo. El fracaso de las negociaciones dejó abierta la posibilidad de nuevos despidos directos.

Los tres casos, aunque responden a situaciones particulares, exhiben una misma tendencia: la pérdida de puestos de trabajo y el achicamiento de capacidades productivas comienzan a dejar de ser hechos aislados para convertirse en una señal de deterioro del entramado industrial argentino.

La combinación de caída de la demanda, dificultades financieras, apertura comercial, pérdida de competitividad y aumento de costos pone contra las cuerdas a empresas que durante décadas formaron parte de la estructura productiva del país.

Mientras el Gobierno sostiene su programa de ajuste y desregulación como vía para transformar la economía, en las fábricas la discusión empieza a tener una consecuencia concreta: menos trabajadores, menos producción y una creciente incertidumbre sobre qué empresas podrán atravesar el nuevo escenario sin cerrar o reducir drásticamente sus operaciones.

El hombre, de 42 años, fue detenido por la Policía Federal y trasladado a Villa María, donde fue liberado horas después. Denunció que el procedimiento estuvo vinculado a una supuesta amenaza contra una senadora y que le secuestraron el celular para peritarlo.

Un grave episodio ocurrido en Río Tercero encendió las alarmas sobre el respeto a la libertad de expresión durante la gestión de Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad. Un hombre de 42 años fue detenido en su domicilio por la Policía Federal y trasladado a Villa María por una supuesta amenaza contra el Gobierno difundida en redes sociales.

El hombre relató que los efectivos tenían una orden de allanamiento y que le hablaron de una amenaza de muerte contra una senadora a la que aseguró no conocer. También contó que le secuestraron el celular para realizar una pericia y que, tras ser liberado horas después, los policías le pidieron disculpas.

La causa continúa abierta y deberá presentarse a indagatoria. Su madre describió el episodio como “de terror” y aseguró: “Todavía nos tiemblan las piernas”.

El caso generó preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad frente a expresiones realizadas en redes y volvió a poner bajo la lupa los límites del poder estatal. Si una crítica o publicación puede derivar en una detención y el secuestro de un teléfono, el episodio plantea una seria alarma sobre la libertad de expresión y el creciente autoritarismo del Gobierno.

Canceló 66 vuelos en cinco días, acumula deudas y reclamos laborales, pasajeros y proveedores, y esta semana podría ingresar en concurso de acreedores. El caso expone los límites del modelo de “libertad” que promovieron el macrismo y el gobierno de Javier Milei.

Flybondi, una de las empresas que durante años fue exhibida como símbolo de la supuesta “revolución de los aviones”, quedó al borde de una convocatoria de acreedores después de atravesar cinco días de severas interrupciones operativas. Entre el jueves 6 y el lunes 10 de agosto canceló 66 vuelos y prácticamente dejó de operar con normalidad.

Según fuentes del sector, la decisión de avanzar con el concurso de acreedores ya estaría tomada y podría definirse formalmente durante esta semana. De confirmarse, la compañía entraría en una nueva etapa para intentar ordenar un cuadro financiero y operativo que viene deteriorándose desde hace meses.

El derrumbe adquiere una dimensión política porque Flybondi fue mucho más que una aerolínea privada: fue presentada como uno de los grandes ejemplos de las políticas de apertura, desregulación y flexibilización del mercado aerocomercial.

La empresa desembarcó en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y fue defendida por el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, como parte de una transformación destinada a introducir competencia y terminar con el supuesto dominio de las compañías tradicionales.

Años después, el gobierno de Javier Milei profundizó esa misma orientación. Con Federico Sturzenegger como uno de sus principales impulsores, la desregulación volvió a convertirse en una de las banderas centrales del oficialismo.

Ahora, una de las empresas que funcionó como vidriera de ese modelo enfrenta una situación límite.

Cinco días, 66 vuelos cancelados

Los números de los últimos días muestran la magnitud del colapso operativo:

• Jueves 6 de agosto: 14 vuelos cancelados.
• Viernes 7: 14 vuelos cancelados.
• Sábado 8: 12 vuelos cancelados.
• Domingo 9: 12 vuelos cancelados.
• Lunes 10: 14 vuelos cancelados.

En total, 66 vuelos cancelados en apenas cinco días.

El problema no comenzó esta semana. En mayo, Flybondi transportó un 66% menos de pasajeros que un año antes y llegó a operar con apenas tres aeronaves, pese a haber alcanzado una flota de 13 aviones.

La compañía también perdió participación en el mercado doméstico. Según exempleados citados en el material, actualmente transportaría alrededor del 6% de los pasajeros locales.

La postal resulta difícil de conciliar con la promesa que acompañó durante años a la expansión de las low cost: más competencia, más vuelos y pasajes más accesibles.

Más de 700 ex trabajadores esperan cobrar

El deterioro también golpeó de lleno a los trabajadores.

Más de 700 exempleados llevan más de tres meses sin cobrar indemnizaciones correspondientes a despidos sin causa o acuerdos de retiro voluntario. Algunos convenios fueron homologados ante el SECLO y otros firmados ante escribano, pero los pagos continúan pendientes y varios de los afectados ya recurrieron a la Justicia.

La situación alcanza también al personal que continúa trabajando en la empresa. Según el documento difundido, hay trabajadores que todavía no cobraron los salarios correspondientes a junio y julio ni el aguinaldo.

A esto se suma la falta de pago de aportes, que habría provocado problemas de cobertura de medicina prepaga y obra social tanto para empleados actuales como para exempleados.

Pasajeros, proveedores y organismos estatales, en la lista de acreedores

Los problemas tampoco terminan en el frente laboral.

Flybondi acumula reclamos de pasajeros por cancelaciones y reembolsos pendientes, mientras distintos proveedores llevan meses esperando cobrar pese a que, en algunos casos, ya se habían establecido planes de pago.

También existen deudas con organismos y empresas estatales por tasas e impuestos.

En paralelo, distintas provincias aplicaron multas por incumplimientos vinculados con los pasajeros. Las sanciones de Río Negro, Neuquén y la provincia de Buenos Aires alcanzarían unos $630 millones, según el material difundido.

La lista de conflictos crece al mismo tiempo que la capacidad operativa de la empresa se reduce.

De la “revolución de los aviones” al concurso de acreedores

El caso de Flybondi expone una contradicción difícil de ocultar.

Durante el macrismo, la llegada de las low cost fue presentada como una muestra de modernización del mercado aerocomercial. Con Milei, la desregulación volvió a ser reivindicada como una herramienta para liberar fuerzas privadas y ampliar la competencia.

Flybondi ocupó un lugar privilegiado en ese relato.

Pero el presente de la compañía ofrece una imagen muy diferente: menos aviones, menos pasajeros, vuelos cancelados, trabajadores que reclaman salarios e indemnizaciones, proveedores impagos, pasajeros esperando respuestas y una posible convocatoria de acreedores.

La llamada “libertad de volar” queda así frente a una prueba mucho más concreta que cualquier discurso oficial: garantizar que los aviones efectivamente vuelen, que los trabajadores cobren y que los pasajeros reciban el servicio por el que pagaron.

El problema ya no parece ser solamente una dificultad puntual de una empresa. También obliga a revisar qué ocurre cuando la desregulación es presentada como solución para todos los problemas, pero una compañía convertida en ejemplo del modelo termina al borde de una crisis financiera y operativa de enormes proporciones.

Una nueva etapa, pero ninguna garantía

Si finalmente Flybondi ingresa en concurso de acreedores, se abrirá un proceso destinado a ordenar sus deudas y determinar cómo continuará su actividad.

Pero el concurso, por sí mismo, no resolverá el problema central: la compañía lleva cinco días sin operar con normalidad y acumuló 66 cancelaciones en apenas una semana.

Las próximas horas serán decisivas.

La empresa que alguna vez fue presentada como símbolo de la “revolución de los aviones” enfrenta ahora una situación que parece muy alejada de aquella promesa de eficiencia, competencia y libertad.

El modelo que el macrismo inauguró y el gobierno libertario profundizó tiene, en Flybondi, una de sus vidrieras más incómodas: la empresa que debía demostrar las virtudes de la desregulación ahora podría terminar en concurso de acreedores.

El vocero de la Cámara de Medianos Empresarios (CAME), Salvador Femenia, le respondió a Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, quien cuestionó el último informe de la CAME sobre caída del consumo. Galperín aseguro que las compras en Mercado Libre suben. ¿Pero cuánto representan?

“Vemos que el salario no recupera y que el gobierno ha logrado estabilizar varias patas económicas, pero falta una: la del consumo”, aseguró Femenia. “Nosotros hacemos un muestreo que es válido a nivel país. Están perfectamente identificadas las causas de por qué estamos como estamos”, explicó.

En la misma línea, le respondió al libertario Galperín: “El consumo masivo está cayendo. Si creciera, crecería la recaudación y eso no pasa”.

Por último, insistió: “La plataforma puede crecer, pero no hay una migración del consumo cotidiano a las plataformas. La gente no compra lo de todos los días en Mercado Libre”.

El intendente de Tres de Febrero, en el Gran Buenos Aires, Diego Valenzuela mostró un cuadro donde quiso contar que la política libertaria funciona: le salió mal.

En X publicó un informe de la Universidad de San Martín (Unsam) relativo al panorama del empleo industrial en el conurbano a partir del cual celebró que Tres de Febrero generó 365 puestos industriales en un año y medio, entre enero de 2024 y junio de 2025. “Con la misma macroeconomía, algunos municipios crean y otros pierden empleo”, dijo.

Lo curioso es que el cuadro muestra con claridad que el 70% de los municipios del GBA están en rojo, con pérdida de empleo, y solo un puñado de municipios logró crear puestos, aunque en números extremadamente bajos. Tres de Febrero, por caso, generó 400 puestos en un año para una población que supera las 300 mil personas. Nada.

Pero si hacen las cuentas globales, de 20 municipios que había en el informe, te daba que se generaron solo 1400 empleos mientras se perdieron 10700 en un año. Es decir: 9000 empleos netos menos. El modelo de Milei no funciona y no hay mano que pueda tapar el sol.

Mientras las rutas nacionales acumulan deterioro, obras paralizadas y falta de mantenimiento, el Gobierno reconoció que utiliza para ordenar las cuentas públicas recursos que por ley deberían destinarse exclusivamente a la infraestructura vial. Más de $1 billón permanece colocado en inversiones financieras mientras las rutas siguen esperando obras.

El Gobierno de Javier Milei reconoció que una parte de los fondos recaudados específicamente para construir, reparar y mantener las rutas nacionales es utilizada para sostener el “equilibrio fiscal”. La admisión fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien confirmó que el Ministerio de Economía dispone de recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), pese a que tienen un destino legal específico.

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas”, admitió Ravier, para luego reconocer que “la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”.

La revelación adquiere especial gravedad en un contexto en el que las rutas nacionales atraviesan una situación cada vez más crítica, con tramos deteriorados, obras inconclusas y una infraestructura que requiere mantenimiento permanente. El problema no es solamente económico: el deterioro de las rutas representa un riesgo concreto para quienes diariamente deben utilizarlas y para el transporte de cargas que sostiene buena parte de la actividad productiva del país.

Rutas x votos:

Durante los primeros cinco meses de este año, el Ministerio de Economía giró más de $33.000 millones para obras viales a un puñado de provincias cuyos legisladores acompañaron, de inmediato, al oficialismo en las sesiones más sensibles del Congreso.

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— Hugo Alconada Mon (@halconada) August 11, 2026

Más de $1 billón que no llegó a las rutas

El SisVial se financia con una porción del impuesto a los combustibles líquidos y tiene un objetivo legal preciso: financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional. Sin embargo, desde la llegada de Milei al Gobierno, la subejecución de esos recursos alcanza el 73,8%.

Entre 2024 y mayo de 2026, el fideicomiso recaudó $1.503.252 millones, pero solamente $394.406 millones fueron ejecutados en obras viales. Es decir, apenas una parte de los recursos terminó cumpliendo el propósito para el que fueron recaudados.

Los números muestran la magnitud del desvío: durante 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, solamente el 18,5%.

Para fines de mayo, más de $1 billón permanecía sin ser aplicado a obras viales. De ese total, $1.001.018 millones estaban colocados en inversiones financieras, mientras otros $37.761 millones permanecían inmovilizados en una cuenta corriente. En conjunto, $1.038.779 millones que deberían haber contribuido a mejorar la infraestructura vial no llegaron al asfalto.

El ajuste fiscal a costa de las rutas

La explicación oficial resulta particularmente polémica: mientras el Gobierno presenta el equilibrio fiscal como uno de sus principales logros, utiliza recursos que tienen un destino específico para sostener ese resultado contable.

La contradicción es evidente. Los argentinos pagan impuestos sobre los combustibles que tienen, entre otros objetivos, financiar la infraestructura vial, pero una parte sustancial de ese dinero termina colocada en instrumentos financieros mientras las rutas se deterioran y las obras necesarias quedan postergadas.

Ravier intentó relativizar la situación al asegurar que las rutas “se están manteniendo” y puso como ejemplo la Ruta Nacional 5. Sin embargo, la existencia de tareas puntuales de mantenimiento no responde a la cuestión central: por qué fondos creados legalmente para las rutas permanecen invertidos o son utilizados para otros objetivos mientras la red vial nacional acumula necesidades urgentes.

El caso del SisVial expone así el costo oculto del ajuste: el Gobierno puede mostrar las cuentas públicas ordenadas, pero lo hace postergando inversiones indispensables y acumulando un enorme déficit de infraestructura.

Porque detrás de esos números no hay solamente una cuenta financiera. Hay rutas por las que circulan miles de personas todos los días, obras que no se terminan y una infraestructura cuyo deterioro puede terminar pagándose con accidentes, pérdidas económicas y vidas humanas.

La diputada Marcela Pagano llevó a la Justicia al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y a otros funcionarios por el destino de casi $4 billones del Estado, en una denuncia que incluyó acusaciones de malversación, peculado y presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El conflicto se originó tras la licitación de deuda del 29 de julio, que dejó un excedente de unos $3,8 billones. La polémica creció luego de que el titular del Banco Central, Santiago Bausili, no pudiera precisar inicialmente dónde se encontraba ese dinero y afirmara que los fondos estaban “en algún lado”. Para Pagano, la explicación fue insuficiente y decidió acudir a los tribunales.

“La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra”, disparó la diputada, que reclamó investigar el recorrido de cada peso y apuntó directamente contra la conducción económica del Gobierno.

Pero Pagano fue todavía más lejos. En medio de la escalada, acusó a Caputo de ser un “chorro” y “canalla” y lo vinculó con el controvertido manejo de las reservas de oro del Banco Central. La legisladora llegó a sostener que el ministro “se robó el oro” durante la gestión de Mauricio Macri, una acusación de extrema gravedad que ahora quedó instalada en el centro de la disputa política.

Caputo respondió con una amenaza de querella por calumnias y sostuvo que los fondos son perfectamente rastreables. Desde el Ministerio de Economía explicaron que los $3,8 billones no desaparecieron, sino que fueron depositados en cuentas del Tesoro dentro de bancos comerciales para evitar una inyección masiva de liquidez que pudiera presionar sobre las tasas.

La pelea terminó involucrando directamente a Javier Milei. El Presidente salió en defensa de su ministro y atacó públicamente a Pagano, a quien calificó de “mentirosa serial” y cuestionó duramente por su actividad periodística.

La diputada, lejos de retroceder, redobló sus críticas contra el mandatario. Lo acusó de ser un “mitómano”, cuestionó su gestión económica y afirmó que el poder “develó quién realmente eras”. También lanzó una dura advertencia: “Tus delirios son un peligro para la Nación”.

Así, la disputa por los $4 billones terminó transformándose en una guerra abierta dentro del universo libertario, con una denuncia penal, acusaciones cruzadas, amenazas judiciales y fuertes cuestionamientos sobre el manejo de los fondos públicos y las reservas de oro del país.