Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) y las cámaras pyme cuestionaron el tono del funcionario y le reclamaron al Gobierno abrir un debate sobre los elevados costos que enfrenta producir en el país.

Durante un evento de la Cámara de Agentes de Bolsa, Caputo desestimó los reclamos del sector al afirmar que entre 2011 y 2023 la industria cayó un 10% “a pesar de estar subsidiada” y remató: “Para todos los tarados que hablan de la industria”.

La respuesta fue inmediata. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, sostuvo que “no son declaraciones felices que ayuden al diálogo que tanto se necesita para sacar este país adelante” y remarcó que defender la industria “no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la normalización de la economía”.

Además, advirtió que la industria enfrenta una “competencia desleal” agravada por la apertura de importaciones, la caída del consumo y la retracción de la actividad en numerosos sectores. En ese marco, reclamó avanzar sobre los problemas estructurales que afectan la competitividad, como la presión impositiva, la infraestructura y el acceso al financiamiento. “No estamos defendiendo privilegios; queremos las mismas condiciones para competir”, afirmó.

Rappallini también pidió que el Gobierno valore el rol del empresariado industrial. “Hay que empezar a reconocer al empresario que invierte, innova y exporta. Somos el motor fiscal de la Argentina”, señaló, al tiempo que manifestó su preocupación por la tensión diplomática con Brasil, principal socio comercial del país.

Las cámaras pyme también cuestionaron con dureza al ministro. Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA), su presidente Daniel Rosato acusó a Caputo de desconocer la realidad que atraviesan las fábricas y sostuvo que el verdadero problema no es la industria, sino los costos de producir en Argentina.

“Antes de descalificar a la industria, discutamos cuánto cuesta producir en la Argentina”, reclamó Rosato, quien atribuyó la falta de competitividad a una estructura de costos e impuestos que, según afirmó, no existe en otros países. “No es que las empresas quieran ganar más; producir en Argentina implica una carga que castiga a quienes invierten y generan empleo”, concluyó.

Las críticas llegan en un contexto complejo para la actividad manufacturera. La apertura de importaciones y la caída del consumo ya impactan en numerosos sectores: la metalurgia retrocedió cerca de un 6% en el primer semestre, la industria textil perdió más de 15.000 puestos de trabajo en el último año y la producción automotriz registró en julio una baja del 16% respecto del mismo mes de 2025, un escenario que continúa profundizando los despidos y la crisis del aparato productivo.

En medio del debate por la reforma de la Ley de Tierras, el funcionario afirmó que “la soberanía es un discurso que para nosotros es anticuado” y sostuvo que, si un extranjero quisiera comprar incluso una provincia entera, no debería existir impedimento mientras respete la propiedad privada y las reglas del mercado.

Las afirmaciones despertaron preocupación por el rumbo que propone el Gobierno en materia de recursos estratégicos y control territorial. La postura contrasta con la de numerosas potencias que consideran la defensa de la soberanía, el control de sus recursos naturales y la protección de áreas estratégicas como pilares centrales de sus políticas de desarrollo y seguridad nacional.

Durante una entrevista, Quirno defendió la flexibilización del régimen que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y descartó que ello represente un riesgo para el país. “La soberanía es un discurso que para nosotros es anticuado”, afirmó, al argumentar que la prioridad debe ser atraer inversiones y brindar seguridad jurídica.

Sus declaraciones reavivaron el debate sobre la protección de zonas de frontera, recursos hídricos, minerales y otros activos estratégicos, actualmente alcanzados por regulaciones que buscan preservar el interés nacional frente al avance de capitales extranjeros.

La posición expresada por Quirno va a contramano de la política adoptada por numerosos países desarrollados, que mantienen fuertes restricciones o mecanismos de control sobre la adquisición de tierras y activos estratégicos por parte de inversores extranjeros, especialmente en sectores vinculados a la seguridad nacional, la producción de alimentos, la energía y los recursos naturales.

Las críticas sostienen que considerar la soberanía como un concepto “anticuado” implica relegar una herramienta utilizada por muchas de las principales economías del mundo para resguardar intereses estratégicos y orientar sus modelos de desarrollo.

Otra controversia: las acusaciones contra Brasil

En la misma jornada, Quirno también quedó envuelto en otra polémica al admitir que no posee pruebas para sostener la acusación formulada previamente por el presidente Javier Milei, quien había señalado al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva como responsable de financiar una supuesta campaña contra Argentina en redes sociales.

Consultado sobre esas afirmaciones, el funcionario reconoció que, si bien detectaron actividad proveniente de Brasil, no podía afirmar que hubiera sido financiada por el gobierno brasileño. “No tengo pruebas para incriminar a nadie”, admitió, marcando una diferencia con la acusación realizada por el Presidente.

El Gobierno debió retirar el capítulo sobre tierras

Mientras tanto, la iniciativa para modificar la Ley de Tierras sufrió un revés en el Congreso. Ante la falta de votos en el Senado, el oficialismo decidió retirar el capítulo referido a la extranjerización de tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y avanzar por separado con esa discusión.

El rechazo reunió a legisladores de distintos espacios, organizaciones ambientales y sectores vinculados a la defensa del territorio, que advirtieron sobre las implicancias que una mayor apertura a la compra de tierras por parte de extranjeros podría tener para la soberanía y el control de recursos estratégicos del país.

El último informe Latam Pulse Argentina de julio, elaborado por Atlas Intel y Bloomberg, confirma un deterioro en la imagen de Javier Milei. El estudio, realizado entre el 30 de julio y el 3 de agosto sobre una muestra nacional de 1.120 personas, muestra que la desaprobación del mandatario supera ampliamente a la aprobación y que la mayoría de los argentinos califica negativamente la gestión nacional. El 70% de los consultados cree que su situación económica es mala.

La encuesta registra que el 62,4% desaprueba el desempeño de Milei, mientras que el 37,1% lo aprueba y apenas un 0,5% no expresó una opinión. Se trata del peor registro de aprobación de la serie histórica incluida en el informe y confirma una tendencia descendente que la consultora viene observando durante los últimos meses. 

La evaluación de la gestión también es desfavorable para el líder libertario. El 54,7% considera que el gobierno es “malo o muy malo”, mientras que el 30,1% lo califica como “excelente o bueno” y el 15,1% lo define como “regular”. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aprovechó la inauguración del nuevo Centro de Salud Ramón Carrillo en la ciudad de Bolívar para lanzar un duro cuestionamiento contra el gobierno de Javier Milei, al que acusó de quitarle recursos a las provincias para beneficiar al sistema financiero y a sectores económicos privilegiados.

Acompañado por el intendente Eduardo “Bali” Bucca y los ministros provinciales Nicolás Kreplak, Gabriel Katopodis, Daniela Vilar y Jésica Rey, Kicillof sostuvo que la administración nacional lleva adelante un ajuste que golpea a la educación, la salud y la obra pública mientras desvía los fondos públicos hacia otros intereses.

“Es un robo que nos saque los recursos y se los dé a los bancos, a la timba, a las empresas extranjeras y a sus amigos”, afirmó el mandatario provincial. En la misma línea, aseguró que el Gobierno nacional “le roba recursos al pueblo de la provincia de Buenos Aires” al retener fondos que históricamente regresaban a las jurisdicciones mediante obras, escuelas, hospitales y programas sociales.

Kicillof recordó que la provincia de Buenos Aires genera cerca del 40% del Producto Bruto del país y aporta una proporción similar de la recaudación tributaria nacional. Sin embargo, cuestionó que esos recursos “no son propiedad del Gobierno nacional” y denunció que la gestión libertaria interrumpió las transferencias destinadas a infraestructura, educación y salud.

Más de 37 mil vecinos de Bolívar van a contar con una atención de salud más cercana y de calidad gracias al nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud Ramón Carrillo, el primero del distrito. Una obra que fortalece la prevención y permitirá descomprimir la demanda del Hospital… pic.twitter.com/job1Kx7PxC

— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 5, 2026

El gobernador también señaló que la Provincia presentó un reclamo ante la Corte Suprema por los fondos retenidos y calificó la política de coparticipación del Ejecutivo como “injusta” y perjudicial para los bonaerenses. “Nos han cortado todo, a nosotros y al resto de las provincias”, enfatizó.

Las declaraciones fueron realizadas durante la inauguración del Centro de Salud Ramón Carrillo, un edificio de aproximadamente 500 metros cuadrados que contará con consultorios de clínica médica, ginecología, odontología y pediatría, además de vacunatorio y farmacia. En la jornada también se entregaron escrituras a familias del distrito y equipamiento para el municipio, entre ellos un camión destinado a la planta de reciclado local.

En medio de la fuerte polémica por el proyecto del Gobierno nacional para flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros, salió a la luz un dato que genera cuestionamientos sobre uno de los principales referentes de La Libertad Avanza en el Senado. Se trata de Joaquín Benegas Lynch, quien figura como fundador y director de una empresa dedicada al asesoramiento y gestión de operaciones inmobiliarias rurales para inversores internacionales.

La firma, denominada Glocal Terra, se presenta como una compañía especializada en la compra, venta, administración y valuación de campos en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Según la información pública de la empresa, su objetivo es brindar asesoramiento estratégico a inversores interesados en el mercado de tierras de la región, con un sitio web orientado al público internacional y disponible en inglés. La noticia cobró relevancia porque Benegas Lynch integra el bloque oficialista que impulsa la modificación de la legislación sobre tierras rurales.

El debate se produce mientras el Gobierno de Javier Milei busca modificar la normativa vigente sobre la propiedad de tierras rurales. La propuesta original eliminaba las restricciones existentes para la adquisición por parte de extranjeros, aunque luego el Poder Ejecutivo presentó un texto alternativo que mantiene límites, pero los amplía del 15% al 25% de la superficie rural en manos foráneas, tras encontrar resistencias políticas en el Senado.

La coincidencia entre la actividad privada del legislador y el tratamiento parlamentario del proyecto abrió interrogantes entre sectores de la oposición y organizaciones que cuestionan la reforma por considerar que favorece la extranjerización de tierras estratégicas. Hasta el momento no se informó de manera pública que exista una investigación judicial ni una resolución de organismos de control sobre la actividad empresarial del senador vinculada a este tema. La discusión, por ahora, se concentra en el plano político y ético, en torno a un posible conflicto de intereses.

En la Casa Rosada la responsabilizan directamente por el revés legislativo y aseguran que ocultó el verdadero panorama de apoyos, lo que terminó exponiendo al oficialismo a una derrota que pudo haberse evitado.

Según trascendió desde el entorno presidencial, Bullrich sostuvo hasta último momento que contaba con los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger. Sin embargo, la situación comenzó a derrumbarse cuando Diego Santilli se comunicó con la senadora salteña Flavia Royón, quien le confirmó que rechazaría el proyecto, pese a que la ministra la contabilizaba como un voto favorable.

La decisión de Royón respondió al cambio de postura del gobernador Gustavo Sáenz, quien se sumó a otros mandatarios provinciales que rechazaron una norma que había generado un fuerte rechazo social y amenazaba con convertirse en un nuevo foco de conflicto para el Gobierno.

El malestar en Balcarce 50 creció aún más cuando quedó al descubierto que Bullrich tampoco había informado que el senador mendocino Rodolfo Suárez no asistiría a la sesión para evitar votar la iniciativa. A esas bajas se sumaron los anuncios de la tucumana Beatriz Ávila y de la neuquina Julieta Corroza, quienes también decidieron votar en contra, dejando sin chances al oficialismo.

Con ese escenario, la Casa Rosada optó por retirar el capítulo referido a la extranjerización de tierras antes de sufrir una derrota en el recinto. La decisión fue interpretada como un intento de minimizar el costo político de una negociación que ya estaba perdida.

La indignación alcanzó también a los bloques aliados. Varios legisladores reprocharon a Bullrich haberlos expuesto asegurando que existían los votos suficientes. “Si no tenés los 37, no nos hagas quedar pegados para terminar empatando”, habría sido el reclamo de una de las senadoras que acompañaba al oficialismo.

El episodio profundizó la desconfianza que Javier y Karina Milei mantienen hacia Bullrich. En el Gobierno afirman que la sucesión de errores políticos, las filtraciones de sus enfrentamientos con Victoria Villarruel y ahora el manejo de la negociación por la ley de tierras deterioraron aún más su relación con la cúpula libertaria.

En la Casa Rosada aseguran que el ocultamiento de la falta de apoyos obligó incluso al Presidente a modificar su agenda internacional para intentar neutralizar una eventual intervención de Villarruel en la sesión, una maniobra que terminó resultando inútil y que incrementó el enojo contra la ministra. El fracaso legislativo dejó así una nueva herida en el oficialismo y profundizó la interna entre Bullrich y el círculo más cercano de los Milei.

Un fuerte escándalo político sacude al oficialismo luego de que se conociera que el senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, integra una empresa dedicada a asesorar a inversores extranjeros para la compra de tierras rurales, mientras impulsaba un proyecto que pretendía flexibilizar los límites a la extranjerización de esos inmuebles.

La revelación motivó a la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, a presentar una impugnación ante la Presidencia del Senado para exigir que Benegas Lynch se abstenga de participar del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Según sostuvo, el legislador enfrenta un “severo conflicto de intereses” que compromete su imparcialidad y vulnera los principios de ética pública.

La denuncia señala que Benegas Lynch es fundador y director de Glocal Terra, una firma que ofrece asesoramiento a inversores extranjeros interesados en adquirir terrenos agrícolas, campos, áreas de conservación y fincas de lujo en la Argentina. De acuerdo con la presentación, el objeto social de la empresa incluye la intermediación y el asesoramiento comercial, legal y financiero para la compra de inmuebles y tierras rurales por parte de capitales extranjeros.

¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros.

Presenté una impugnación contra el senador libertario Benegas Lynch por un evidente conflicto de intereses: no puede debatir ni votar el proyecto sobre Inviolabilidad siendo… pic.twitter.com/Ht66dTH84n

— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) August 5, 2026

El planteo cobra especial relevancia porque el proyecto impulsado por el Gobierno contemplaba originalmente modificar la Ley de Tierras para elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de extranjeros. Si bien ese capítulo fue retirado a último momento por la resistencia de bloques aliados, la oposición sostiene que la iniciativa habría generado un beneficio económico directo para la actividad desarrollada por la empresa vinculada al senador libertario.

En su presentación, Di Tullio pidió que Benegas Lynch no intervenga en el debate, no firme dictámenes y se abstenga de votar la iniciativa. Argumentó que cualquier flexibilización de la normativa sobre la adquisición de tierras por extranjeros impactaría directamente en el negocio de Glocal Terra, incrementando sus oportunidades comerciales y sus beneficios económicos.

“La situación configura una directa y manifiesta colisión entre el interés público y el interés privado del legislador”, sostuvo la senadora, quien fundamentó su planteo en el artículo 66 de la Constitución Nacional y en la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública.

La denuncia suma un nuevo frente de conflicto para el oficialismo y vuelve a poner bajo la lupa la reforma de la Ley de Tierras, luego de que el Gobierno se viera obligado a retirar el capítulo más controvertido del proyecto ante la falta de respaldo político y las crecientes denuncias sobre los intereses económicos que orbitaban detrás de la iniciativa.

El presidente Javier Milei anticipó para el jueves su viaje a Ecuador y Colombia para que Victoria Villarruel tenga que asumir la presidencia provisoria en su reemplazo y no pueda conducir la sesión del Senado en la que debería votarse la ley de tierras.

La jugada del Presidente busca evitar que la Vicepresidenta tenga chances de desempatar con su voto, al frente de la Cámara Alta, si el debate se emparda, como ocurrió con la Ley Bases en junio de 2024.

En aquella ocasión, Villarruel le sacó provecho a la paridad entre el oficialismo y sus aliados contra la oposición y brindó un discurso en el que se erigía como salvadora del gobierno. Por supuesto, esa postura cayó pésimo en Casa Rosada, donde ya la acusaban de conspirar contra Milei. El oficialismo no quiere repetir aquella foto.

Confirmaron la visita del papa León XIV para noviembre a la Argentina. El Vaticano comunicó que la gira regional comprende además etapas en Uruguay y Perú y fue aceptada por las autoridades. Visitará Capital Federal, Córdoba y Luján, en la provincia de Buenos Aires. Incomodidad en el gobierno de Javier Milei.

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximo, según se confirmó este miércoles desde el Vaticano en un comunicado: “El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que “el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países”, señaló el escrito.

Para el gobierno nacional es una situación incómoda, ya que Milei llegó a decir que el Papa Francisco, anterior a León XIV era el “diablo”. Además, cuestiona la doctrina social de la iglesia católica y cualquier idea vinculada con la solidaridad y el bien de común, todos valores sobre los que reflexionará el Obispo de Roma.

La situación de José Luis Espert sumó un nuevo revés luego de que la Justicia de Estados Unidos declarara culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico a Federico “Fred” Machado, el empresario que financió su campaña presidencial de 2019 y que mantiene un estrecho vínculo con el economista libertario.

La resolución fue dictada por el juez federal Amos L. Mazzant, del Tribunal del Distrito Este de Texas, quien homologó la declaración de culpabilidad presentada por Machado tras el acuerdo alcanzado con la fiscalía estadounidense. Aunque la pena aún deberá definirse una vez concluido el informe pre-sentencial, la responsabilidad penal del empresario ya quedó establecida.

La condena representa un nuevo golpe para Espert, ya que Machado no solo fue uno de los principales aportantes de su campaña presidencial, sino que además su nombre aparece en una investigación por lavado de dinero que involucra al legislador argentino.

Durante el proceso judicial, Machado admitió haber encabezado un esquema de fraude mediante el cual captó millones de dólares de inversores ofreciendo la venta de aeronaves que en realidad nunca estuvieron disponibles. La maniobra se realizaba a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, radicadas en Florida.

Como parte del acuerdo con la fiscalía, el empresario consiguió que se retirara el cargo de narcotráfico que pesaba sobre él desde 2020, un delito que contemplaba una pena mínima obligatoria de diez años de prisión. A cambio, aceptó declararse culpable por lavado de dinero y fraude electrónico, dos delitos que prevén penas de hasta veinte años de cárcel cada uno, además de multas y el decomiso de bienes.

El expediente estadounidense tiene una derivación directa en la Argentina. Entre las pruebas incorporadas por la fiscalía de Texas figura una transferencia de 200.000 dólares enviada a José Luis Espert en enero de 2020 a través del Bank of America, operación vinculada a una aeronave utilizada por Machado en sus viajes al país.

Ese giro de dinero es investigado por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, en una causa por presunto lavado de dinero en la que Espert se encuentra imputado. El diputado sostiene que el pago correspondía a una supuesta consultoría por un proyecto minero en Guatemala que finalmente no prosperó debido a la pandemia, aunque la investigación judicial continúa en trámite.

Las revelaciones sobre el financiamiento recibido de Machado tuvieron además un fuerte impacto político. Tras conocerse la magnitud del vínculo económico entre ambos, Espert desistió de competir como principal candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Mientras la Justicia estadounidense avanza hacia la sentencia definitiva contra Machado, la condena del empresario vuelve a colocar bajo escrutinio la relación que mantuvo con Espert y agrega un nuevo elemento de presión sobre la situación judicial y política del economista libertario.