El presidente Javier Milei echó a casi todo el personal civil de la Quinta de Olivos furioso porque uno de sus perros se descompuso y se filtró que el gobierno gastó más de 500 millones de pesos en comprar carne para el Presidente y sus funcionarios.

La explicación oficial es que se trata de un cambio en la seguridad de Milei, pero esto no explica por qué se despidió a personal civil que viene trabajando con presidentes hace décadas, reseñaron diferentes medios. El delirio del presidente ya es total: ¿está bien?

Milei enfureció cuando vio la filtración de la compra de 29 toneladas de carne por un valor de 500 millones de pesos, a una empresa ligada a su hermana Karina. Total normalidad.

En medio del escándalo, Milei dispuso el despido hasta del jardinero, que había sido nombrado como intendente de la residencia. Solo quedan el electricista y cuatro civiles más, a los que por ahora no les buscó reemplazo pero temen por su fuente laboral.

La denuncia apunta a posibles sobresueldos, falsos viáticos, cobros fantasmas y utilización de CUIL de personas retiradas. La Justicia investiga quiénes participaron y cuál fue el destino de los fondos.

El escándalo que sacude a la Armada suma nuevos elementos y pone bajo la lupa un mecanismo de pago que habría permitido canalizar al menos $1.270 millones en acreditaciones presuntamente irregulares durante varios años. La información fue difundida por la periodista Cecilia Boufflet en el programa WiFi y ya forma parte de una investigación judicial que busca determinar el alcance de las maniobras denunciadas.

Entre las irregularidades bajo análisis aparecen supuestos sobresueldos, falsos viáticos, cobros a personas que no prestaban servicios y el uso de CUIL correspondientes a personal retirado. La magnitud de las cifras y la extensión temporal de las operaciones abren interrogantes sobre los controles existentes dentro de la estructura encargada de liquidar y acreditar los haberes.

Uno de los principales señalados es el capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista. Según las actuaciones administrativas, habría reconocido que efectuaba manualmente determinadas acreditaciones y que intervenía en la definición de sus destinatarios e importes. Su eventual responsabilidad, al igual que la del resto de las personas involucradas, deberá ser establecida por la Justicia.

Uno de los puntos más sensibles de la investigación es que cuatro personas sin vínculo aparente con la Armada habrían recibido 184 acreditaciones por un total de $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto detectado. Entre ellas figura María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff, quien habría recibido 46 transferencias por $152.259.495,86.

La auditoría también detectó otras situaciones que quedaron bajo investigación, entre ellas pagos simultáneos de haberes en el país y en el exterior y acreditaciones a familiares durante períodos de licencia sin goce de sueldo. Cada caso deberá ser analizado dentro de la causa para determinar si existieron efectivamente irregularidades y responsabilidades penales.

El impacto económico del caso también resulta significativo. Hasta el momento fueron restituidos $42.574.267,63, mientras que, según la denuncia, permanecen pendientes de recuperación $938.574.300,25. La Armada dispuso además el relevamiento preventivo del personal involucrado, preservó los equipos utilizados para procesar los pagos y modificó el circuito administrativo para separar las tareas de liquidación, acreditación y conciliación.

La denuncia fue presentada por el jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio, y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 2. Ahora la investigación deberá establecer cómo funcionó el mecanismo, quiénes intervinieron, cuál fue el perjuicio concreto para el Estado y si el monto involucrado supera los casi $1.000 millones actualmente documentados.

Mientras tanto, algunas fuentes estiman que el perjuicio podría alcanzar los $1.500 millones, aunque esa cifra todavía no fue confirmada judicialmente. La investigación pone así bajo escrutinio los mecanismos de control de los recursos públicos dentro de la Armada y plantea un interrogante central: cómo fue posible que acreditaciones millonarias presuntamente irregulares se mantuvieran durante años sin ser detectadas por los controles internos.

La tasa de desocupación alcanzó al 7,9% en el segundo trimestre y ya acumula tres subas trimestrales consecutivas. El dato, que representa a unos 1,2 millones de personas, expone una creciente tensión entre el discurso del Gobierno sobre el mercado laboral y una realidad marcada por más personas buscando trabajo, mayor informalidad y empleos de menor calidad.

La desocupación volvió a subir y alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato representa a alrededor de 1,2 millones de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente.

El registro adquiere especial relevancia por su evolución: se trata de la tercera suba trimestral consecutiva, luego del 6,6% registrado en el tercer trimestre de 2025. Al mismo tiempo, la tasa de actividad llegó al 48,9% y la tasa de empleo se ubicó en 45%, equivalente a unos 13,6 millones de personas.

La fotografía del mercado laboral también muestra otro dato de alerta: la informalidad aumentó un punto porcentual interanual, mientras que entre los trabajadores informales creció especialmente el peso del cuentapropismo. Según Daniel Schteingart, director de Fundar, la informalidad pasó del 43% al 45% en el último año, en un escenario en el que cayó el empleo formal y aumentó el informal.

El dato laboral contrasta particularmente con las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien cuestionó la idea de que el Estado deba crear puestos de trabajo y planteó: “¿Para qué voy a crear puestos de trabajo si la cantidad de gente no cambia?”. La pregunta presidencial queda así enfrentada con un mercado laboral en el que cada vez más personas salen a buscar empleo y no encuentran una ocupación.

#DatoINDEC
Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 48,9%, 45% y 7,9%, respectivamente, en el 2° trimestre de 2026https://t.co/WCIHuhJXtb pic.twitter.com/uLaPBOouSW

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 17, 2026

La discusión no pasa solamente por la cantidad de puestos de trabajo, sino también por qué tipo de empleo se está generando. El economista Diego Piccardo señaló que durante el trimestre se incorporaron 338.000 personas al mercado laboral, mientras que 265.000 consiguieron una ocupación. La diferencia —73.000 personas— explica el incremento de la desocupación.

Piccardo también destacó el deterioro de la composición del empleo: la informalidad habría alcanzado el 45%, con un incremento estimado de 348.000 trabajadores informales. En ese sentido, sostuvo que el mercado laboral está atravesando una recomposición hacia formas de ocupación con menor estabilidad.

La mayor presión sobre los hogares también aparece detrás de estos números. Cuando los ingresos pierden capacidad para sostener el presupuesto familiar, más integrantes pueden verse obligados a incorporarse al mercado laboral. Si la economía no genera suficientes puestos de trabajo capaces de absorber esa nueva oferta, la tasa de desocupación aumenta aunque también crezca la cantidad de personas dispuestas a trabajar.

El fenómeno resulta especialmente visible en algunas regiones. Las mayores tasas de desocupación se registraron en Gran Rosario, con 11,5%; Gran Córdoba, con 10,5%; y Mar del Plata, con 9,9%. En los aglomerados del interior, además, la desocupación aumentó 0,8 puntos porcentuales frente al trimestre anterior, hasta alcanzar el 7,6%.

Para el CEPEC, los indicadores reflejan una mayor presión sobre el mercado laboral: no solo aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo sin conseguirlo, sino también quienes necesitan incrementar sus horas trabajadas o recurrir a una segunda ocupación.

Así, el 7,9% de desocupación funciona como una señal de alerta sobre una de las principales tensiones del modelo económico: mientras desde el Gobierno se relativiza la necesidad de generar puestos de trabajo, los datos oficiales muestran una mayor presión sobre el mercado laboral, un crecimiento de la informalidad y dificultades para transformar el aumento de la población económicamente activa en empleo estable.

Enfurecido por la difusión de una compra multimillonaria de insumos gastronómicos de alta gama para la Quinta Presidencial, Milei activó una cacería de brujas interna para echar a los responsables de la filtración. El episodio expone la doble vara de un Gobierno que exige austeridad mientras mantiene privilegios opacos.

La narrativa del ajuste draconiano y la austeridad republicana volvió a resquebrajarse en las entrañas del poder. Tras la difusión pública de una escandalosa licitación para la compra de más de 29 toneladas de carne e insumos gastronómicos de primera calidad destinados a la residencia de Quinta de Olivos, la respuesta de Javier Milei no fue dar explicaciones a la sociedad, sino lanzar una implacable purga interna para castigar a los funcionarios y empleados sospechados de haber filtrado la información a la prensa.

El malestar en la Casa Rosada y en la residencia oficial alcanzó niveles críticos cuando los detalles del desproporcionado gasto en cortes vacunos, achuras y delicatessen salieron a la luz. Mientras el discurso oficial exige sacrificios inéditos a los jubilados, vacía los comedores comunitarios y congeló los presupuestos de las universidades aduciendo que “no hay plata”, las contrataciones del Poder Ejecutivo demuestran que la billetera estatal permanece abultada y generosa a la hora de garantizar el confort de la cúpula gobernante.

Lejos de asumir el costo político de una erogación injustificable en pleno pico de recesión social, la mesa chica del Presidente optó por el camino de la paranoia y el castigo. A través de la Secretaría General de la Presidencia, se iniciaron sumarios, revisiones de teléfonos y desplazamientos de personal en el área de intendencia de Olivos, en un desesperado intento por cerrar los canales de información que exponen las contradicciones más groseras del gabinete libertario.

Esta cacería de brujas dentro del propio aparato estatal deja al descubierto la verdadera naturaleza de la gestión: la obsesión por el blindaje mediático y el control del relato por sobre la ética pública. Mientras el Gobierno intenta tapar el sol con las manos persiguiendo empleados, la filtración de las 29 toneladas de carne deja una marca imborrable en la opinión pública, ratificando que el ajuste salvaje que pregona el oficialismo es solo para las familias trabajadoras y nunca para la casta que habita Olivos.

La designación de un filósofo troll para armar la narrativa oficial derivó en un papelón inédito. Salieron a la luz viejos tuits donde destrozaba al Presidente y las internas volaron por los aires en el área de comunicación.

El circo de la comunicación oficial sumó un capítulo de comedia negra que deja al descubierto la improvisación total del Gobierno. La incorporación de Martín Polakiewicz, licenciado en filosofía traído para redactar los discursos presidenciales desató un incendio de proporciones en Balcarce 50: el nuevo “guionista” de Javier Milei pasaba sus días en redes sociales acusando al propio mandatario de “chorro o boludo”. La filtración dejó en ridículo a todo el aparato de propaganda libertario.

El hallazgo de los carpetazos digitales convirtió la oficina de comunicación en un hervidero de acusaciones cruzadas y operaciones de fuego amigo. Lejos de funcionar como un equipo profesional, la cúpula del relato libertario quedó atrapada en una cacería de brujas para ver quién dejó pasar semejante infiltrado, mientras en los pasillos de la Casa Rosada los funcionarios intentaban a las apuradas borrar el rastro digital del recién llegado.

El caso expone la miseria de un ecosistema que recluta militantes de teclado y operadores de redes sin el más mínimo filtro de idoneidad. Para defender el modelo de ajuste e insulto, el oficialismo terminó contratando a personajes que en la privacidad de su perfil no solo no creían en el proyecto, sino que profesaban un desprecio abierto por la figura del Jefe de Estado.

El verdadero escándalo no es solo el tuit, sino lo que revela sobre la fragilidad del Gobierno. Mientras las familias argentinas hacen malabares para llegar a fin de mes golpeadas por la recesión y los aumentos, la cúpula del poder pierde el tiempo en internas de camarilla por nombramientos de militantes que, hasta ayer no más, usaban las mismas redes para insultar al Presidente.

El Gobierno de Javier Milei presentó sus proyecciones para el dólar, la inflación y la actividad económica en el Presupuesto 2027. Sin embargo, en el mismo proyecto incluyó recortes drásticos en las áreas de Discapacidad y Educación que afectarían, principalmente, a las personas que reciben pensiones no contributivas por discapacidad y a las universidades nacionales, que quedarían con una partida inferior a la que solicitaron para el próximo año. El ajuste es imparable.

En materia de discapacidad, el proyecto modifica la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793 y establece que la pensión no contributiva por discapacidad laboral equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, plantea que el beneficio sea incompatible con un empleo formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado.

El Presupuesto también propone modificar el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. El nomenclador dejaría de establecer valores universales y cada entidad obligada determinaría sus propios montos, mientras que la Nación debería actualizarlos trimestralmente; si no lo hiciera, se aplicaría el índice de inflación del INDEC.

Por último en este sentido, deroga varios artículos de la Ley 27.793. Entre ellos se encuentran disposiciones vinculadas con la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la cobertura de salud, la conversión de oficio de pensiones y la actualización de los aranceles de las prestaciones.

En Educación es todavía más grande y se calcula en el 20% (que se suma al ajuste más grande desde 1983 en educación y ciencia). En el caso de la universidad, el gobierno mileista decidió no cumplir la ley de financiamiento universitario y fue por más: siguió con el recorte de partidas. Un dato brutal: desde que gobierna Milei más de 400 docentes universitarios renunciaron a sus cargos.

El Senado de la nación sesionará este jueves con la idea de discutir el proyecto de Inocencia Fiscal II, la segunda etapa de la ley impulsada por el Gobierno nacional. Sin embargo la noticia política es otra. Por ahora, no se incluirá en el debate la reforma del Banco Central, que cuenta con media sanción en Diputados. Perdió Javier Milei y hay dudas sobre el rol de Patricia Bullrich.

La senadora y presidenta del bloque libertario decidió sacar del temario un tema que es clave para el gobierno porque no tiene los votos de los aliados. No genera mucho entusiasmo votar una reforma que básicamente confirma a las autoridades actuales del Banco Central, todas vinculadas a Milei y Luis Caputo.

Así las cosas, hoy se podría discutir Inocencia Fiscal II – luego del fracaso del I – y la reforma de Biocombustibles, dos proyectos que no cuentan con resolución segura.

El consumo privado volvió a mostrar signos de debilidad en agosto con una baja del 1,2% mensual y del 0,6% interanual. De acuerdo con un relevamiento privado, el indicador acumula nueve meses consecutivos en terreno negativo, reflejando la persistente atonía en las ventas y el gasto de los hogares. El interanual dio todavía peor: una caída del 4,9%. Brutal.

Elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP), el Índice de Consumo Privado (ICP-UP) se publica mensualmente con el objetivo de anticipar las cifras oficiales sobre la evolución del consumo en la Argentina.

El gobierno de Javier Milei parece negar la realidad cada vez más evidente: el consumo está paralizado por una crisis de ingresos muy evidente, que se ve en la mora en los préstamos y también en la caída del consumo. Lejos de querer cambiar el modelo económico, Casa Rosada prefiere insistir con su narrativa. Así se vuelve difícil.

La inflación de alimentos se recalentó al inicio de septiembre y algunas consultoras, en sus proyecciones preliminares, ya prevén que el índice de precios al consumidor (IPC) vuelva al 2%. Los principales catalizadores fueron el precio del pollo, que se disparó 3,3% en la segunda semana, y los panificados, que también pegaron un salto importante. Otra mala noticia para los bolsillos de millones de argentinos.

La medición que más llamó la atención fue la de la consultora LCG, que calculó una variación del 3% semanal, la más alta de 2026 y desde agosto de 2025, según el historial disponible en el informe. Ese salto se dio tras dos semanas de calma, ya que en la previa se había registrado una deflación del 0,7% y, en la anterior, una suba marginal del 0,1%.

En ese contexto, se explica cómo millones de familias necesitan de préstamos para llegar a fin de mes. Con salarios planchados, la inflación que corre al 1/2% mensual corroe ingresos cada vez más magros. Y eso sin entrar en el debate sobre el Indec, que decidió no actualizar su metodología porque no quiere que la inflación sea todavía mayor. El gobierno de Javier Milei no la quiere ver: la culpa no es de los endeudados, es del modelo.

Mientras el Gobierno difundía imágenes de la avenida Corrientes colmada de personas para cuestionar los diagnósticos sobre la caída del consumo, un informe privado mostró otra cara de la economía: el consumo masivo se desplomó 4,9% interanual en agosto y acumula una baja anual de 3,2%. El índice general también retrocedió y lleva nueve meses consecutivos de caídas.

La postal de una avenida Corrientes llena de gente fue utilizada por el Gobierno como argumento para cuestionar las dificultades que distintos sectores vienen señalando en materia de consumo. El video, registrado con una temperatura de 7 grados y con una importante presencia de personas en la zona de teatros y restaurantes, fue compartido en X bajo el mensaje “7 grados centígrados y esto está lleno de gente”. Javier Milei y Luis Caputo retomaron la publicación para cuestionar la idea de que los hogares atraviesan dificultades para llegar a fin de mes.

Pero los datos agregados vuelven a mostrar una realidad mucho menos alentadora. El Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, registró en agosto una caída mensual de 1,2% y una baja interanual de 0,6%. Con este resultado, acumuló nueve meses consecutivos de variaciones negativas y cerró los primeros ocho meses de 2026 con una contracción de 1,4% frente al mismo período del año pasado.

El deterioro es todavía más marcado cuando se observa el consumo masivo, es decir, las compras frecuentes de productos como carnes, bebidas, lácteos, frutas, verduras, panificados, artículos de limpieza y combustibles. Este segmento, que representa aproximadamente la mitad del gasto de los hogares contemplado por el índice, cayó 4,9% interanual en agosto y acumula una baja de 3,2% en el año. Se trata justamente de bienes vinculados con el consumo cotidiano y no de una actividad excepcional o concentrada en determinados puntos de la ciudad.

El contraste también aparece en los restaurantes. El informe de la UP señaló que el consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró en agosto su sexta caída interanual consecutiva, con un retroceso del 7,1%, y acumuló una contracción del 3,3% en los primeros ocho meses del año. Así, la imagen de una avenida céntrica concurrida no necesariamente refleja una recuperación generalizada del consumo ni permite extrapolar el movimiento de una zona puntual al conjunto de los hogares.

Los números que contradicen la postal oficial

Caputo respondió al video con una referencia irónica a quienes advertían sobre las dificultades para llegar a fin de mes. “Calle Corrientes es un consumo de primera necesidad”, escribió el ministro, al tiempo que señaló la disparidad existente entre los distintos sectores de la economía. Milei, por su parte, también cuestionó la interpretación de que la población estuviera atravesando dificultades generalizadas.

Sin embargo, el comportamiento del consumo masivo muestra que el problema no se resuelve con una imagen de una calle llena de personas. El índice releva el comportamiento agregado de los hogares y muestra una contracción sostenida en uno de los componentes centrales del gasto familiar.

Menos autos y mas motos

El panorama es desigual. Los bienes durables aumentaron 1% interanual en agosto y acumularon una mejora de 1,3% en el año, aunque detrás de ese promedio aparecen comportamientos muy diferentes. Las motos tuvieron un verdadero salto: sus patentamientos crecieron 34,7% interanual en agosto y 42,1% entre enero y agosto. Los autos, en cambio, registraron una caída de 19,3% interanual y acumularon un retroceso de 13,7% en los primeros ocho meses.

Los bienes semidurables también mostraron una mejora de 3,3% interanual en agosto y de 2,7% acumulada en el año. Pero esos incrementos conviven con una caída mucho más significativa en los rubros vinculados al consumo cotidiano: el consumo masivo retrocede 4,9% interanual y los servicios de recreación y turismo disminuyeron 5,7%.

El resultado deja expuesto el contraste entre la economía que puede verse en una postal y la que aparece cuando se observan los datos. Mientras el Gobierno busca mostrar movimiento en las calles como evidencia de una recuperación, el indicador de consumo privado vuelve a caer y el consumo masivo encadena nueve meses de retrocesos. La discusión, en definitiva, no pasa por cuánta gente puede verse caminando por Corrientes una noche, sino por cuánto pueden comprar los hogares de manera sostenida.