Ahora surgieron otras dos jubiladas que habrían actuado como prestamistas en una operatoria vinculada al patrimonio familiar, repitiendo un esquema que ya había despertado fuertes sospechas.
El caso patrimonial que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni parece no tener techo. Cuando las explicaciones ensayadas por el entorno del funcionario todavía no lograron disipar las dudas sobre el origen y la evolución de sus bienes, una nueva revelación vuelve a sacudir el expediente: ahora surgieron otras dos jubiladas que habrían actuado como prestamistas en una operatoria vinculada al patrimonio familiar, repitiendo un esquema que ya había despertado fuertes sospechas.
La documentación conocida en las últimas horas remite a una operación realizada por Jorge Adorni, padre del funcionario, quien habría constituido una hipoteca sobre el departamento familiar para garantizar un préstamo de 22.500 dólares otorgado por dos mujeres jubiladas. El dato no solo resulta llamativo por el monto involucrado para la época, sino también porque las acreedoras no registraban antecedentes en actividades financieras formales, una característica que se repite en otras operaciones investigadas y que profundiza los interrogantes sobre el origen de los fondos.
Según los registros analizados, el dinero habría sido entregado en efectivo en 1996 mediante un contrato privado posteriormente respaldado por una garantía hipotecaria. La operación derivó años más tarde en reclamos judiciales debido a incumplimientos en la devolución del préstamo, dejando una serie de documentos, pagarés y compromisos impagos que hoy vuelven a quedar bajo la lupa.
La historia suma además otro capítulo difícil de explicar. Tras el fallecimiento de Jorge Adorni, Manuel Adorni, su hermano Francisco y su madre solicitaron el levantamiento de la hipoteca para disponer libremente del inmueble. Aunque no existen constancias públicas que acrediten la cancelación de la deuda con las jubiladas, la Justicia levantó la medida en 2023. Dos años después, el departamento fue finalmente inscripto y puesto a la venta por 95.000 dólares. El inmueble, además, no figura en las declaraciones juradas conocidas del actual funcionario.
La aparición de estas nuevas prestamistas se produce cuando todavía persisten las dudas sobre la situación patrimonial del vocero presidencial. A casi un mes de que el presidente Javier Milei prometiera que la declaración jurada actualizada de Adorni era “inminente”, el documento sigue sin presentarse. Mientras tanto, crecen las especulaciones sobre una eventual justificación basada en inversiones en criptomonedas, una explicación que, de concretarse, obligaría al funcionario a aclarar por qué esos activos no habrían sido consignados oportunamente al ingresar al Gobierno.
La investigación que tramita en el juzgado de Ariel Lijo se concentra actualmente en una serie de operaciones inmobiliarias realizadas entre 2024 y 2025. Antes de desembarcar en la administración libertaria, Adorni poseía un departamento en Parque Chacabuco. Sin embargo, posteriormente comenzaron a detectarse nuevas adquisiciones, entre ellas una vivienda de mayor valor en Caballito y una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz, movimientos que marcaron un crecimiento patrimonial significativo.
Uno de los puntos centrales del expediente es la compra de un departamento en Caballito por 230.000 dólares. De acuerdo con la investigación, cerca del 90% de la operación habría sido financiado mediante préstamos otorgados por otras dos mujeres jubiladas que, además, participaron como vendedoras del inmueble. La estructura de la operación, sumada a las diferencias detectadas entre el valor declarado y las estimaciones de mercado, alimentó nuevas sospechas sobre la trazabilidad de los fondos utilizados.
Las dudas también alcanzan a una propiedad ubicada en un country de Exaltación de la Cruz, vinculada a Bettina Julieta Angeletti, esposa del funcionario. Según la hipótesis judicial, la adquisición habría contado con aportes externos cercanos a los 100.000 dólares realizados el mismo día de la compra, una circunstancia que los investigadores analizan como parte de un posible esquema de financiamiento cruzado o simulado.
Cada nuevo documento que aparece parece abrir más preguntas que respuestas. Lo que comenzó como una discusión sobre declaraciones juradas y operaciones inmobiliarias se transformó en una compleja trama de préstamos, jubiladas prestamistas, hipotecas, bienes no declarados y mecanismos de financiamiento difíciles de justificar. Lejos de cerrarse, el caso Adorni continúa acumulando elementos que incrementan la presión política y judicial sobre uno de los funcionarios más visibles del gobierno de Javier Milei.
