El consultor político y exasesor de Javier Milei fue aprehendido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra cuando intentaba salir del país. Las autoridades locales indagan su presunta relación con el atentado a balazos que sufrió la activista Nadia Beller.
El estratega digital cofundador de ‘La Derecha Diario‘ y exasesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, fue detenido por la Policía Boliviana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La aprehensión se ejecutó en el aeropuerto internacional de Viru Viru en momentos en que el consultor se disponía a abordar un vuelo hacia la Argentina, tras quedar bajo la lupa judicial por un atentado armado ocurrido pocas horas antes.
La investigación penal se inició tras el ataque sufirido por la abogada y activista política boliviana Nadia Beller, quien recibió varios impactos de bala durante una agresión armada en Santa Cruz. La víctima permanece internada con pronóstico reservado, mientras los investigadores reconstruyen el móvil del hecho y analizan la relación previa entre Beller y Cerimedo.
Las fuerzas de seguridad e inteligencia locales ordenaron la detención preventiva del operador político argentino para tomarle declaración e investigar si tuvo participación intelectual o material en el intento de homicidio. Las hipótesis policiales giran en torno a posibles desavenencias personales y vínculos operativos en el marco del armado político en la región.
El arresto de Cerimedo genera fuerte impacto tanto en la política boliviana como en la Argentina, dado el rol clave que el consultor desempeñó en las campañas de comunicación y batallas digitales del oficialismo libertario. Las autoridades de ambos países siguen de cerca las actuaciones judiciales mientras se define la situación procesal del detenido en territorio boliviano.
El ex jugador y director técnico de Los Pumas, Santiago Phelan, junto a su socio en la textil Will Der, Armando Anasal, tuvieron que anunciarles este viernes a los 120 trabajadores de la fábrica el cierre de la empresa frente al descalabro económico. La empresa llevaba más de 20 años produciendo en el país. Pero Javier Milei lo hizo: debieron cerrar.
Will Der producía indumentaria deportiva para marcas como Adidas, Puma, Fila y New Balance pero no se pudo sostener ante la apertura indiscriminada de importaciones que afectan a todo el rubro textil. La decisión de los dueños fue bajar las persianas de las plantas que tienen en Las Flores y en General Pacheco.
“Lamentablemente, la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica, el lunes no vengan”, dijo el rugbier. “No había opción de seguir. Seguir iba a ser peor. No es que nosotros colgamos, aflojamos. No somos de esa característica. No hay trabajo en la calle. Piensen la próxima vez a quien votar”, advirtió el empresario ante el llanto de los trabajadores.
“La gestión presidencial tocó su nivel más bajo desde hace más de un año y la imagen negativa del presidente trepó al58,5%”. Así lo señala la última medición de Zentrix Consultora, dada a conocer este fin de semana, en coincidencia con otras mediciones que reflejan el quiebre en la relación entre el gobiern de Javier Milei y la sociedad.
No es el primer sondeo que muestra números muy malos para el gobierno que parece haber perdido el rumbo político y económico. A la crisis de ingresos y empleo, se sumó en el último tiempo la defensa de Milei al corrupto Manuel Adorni, que todavía no pudo justificar gastos por 400 mil dólares.
La crisis de ingresos tiene su ejemplo mayor en el endeudamiento que afecta a millones de familias. Hay 20 millones de argentinos que tienen deudas pero 6 millones están en mora, es decir, no puede pagar. Nunca antes en la historia argentina se dio una situación así. Para el gobierno, la respuesta es sencilla: “Qué se arreglen como puedan”, aseguró Milei.
A través de una resolución del Ministerio de Defensa, el Poder Ejecutivo restringió el acceso a la información pública sobre contrataciones, equipamiento y maniobras militares, encendiendo alarmas sobre la transparencia y el control ciudadano de los fondos públicos.
El Ministerio de Defensa formalizó una medida que amplía significativamente el alcance del secreto militar sobre las operaciones y las contrataciones de equipamiento de las Fuerzas Armadas. Mediante esta disposición, el Gobierno restringió la visibilidad pública de compras, ventas y maniobras operativas, encasillando diversos procedimientos administrativos bajo la figura de reserva de seguridad nacional para evitar la divulgação de datos y montos contractuales.
La resolución impone un velo de confidencialidad sobre los procesos de adquisición y modernización de material bélico, así como sobre los convenios con proveedores de defensa. Con este esquema de opacidad, las licitaciones y adjudicaciones quedan eximidas de los mecanismos habituales de rendición de cuentas, limitando de manera severa el acceso a la información tanto para la ciudadanía como para los organismos de control del Estado.
Esta decisión genera profunda preocupación por la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos y por el margen de discrecionalidad que otorga al Poder Ejecutivo en el manejo del presupuesto del área. El desmantelamiento de los canales de acceso a la información pública contraviene normativas históricas que garantizan el control democrático sobre el gasto estatal y las contrataciones del sector público.
La medida se suma a una serie de disposiciones de la gestión libertaria orientadas a restringir el control ciudadano y la fiscalización institucional sobre áreas sensibles de la administración central. Al blindar las decisiones presupuestarias y operativas de las Fuerzas Armadas, el Gobierno consolida un modelo de gestión caracterizado por el secretismo en la asignación de fondos y el debilitamiento de las herramientas de acceso a la información.
La gestión de Javier Milei, en alianza con el PRO y el think tank internacional Political Network for Values, busca desmantelar los avances en igualdad de género, la ESI y el aborto legal, a pesar de que las encuestas confirman un amplio consenso social en favor de estos derechos.
El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su agenda ideológica ultraconservadora al oficializar la adhesión de Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra, una plataforma internacional impulsada originalmente por Donald Trump con el objetivo de presionar en organismos multilaterales contra el derecho al aborto. La medida, suscrita por el canciller Pablo Quirno y el embajador Peter Lamelas, fue mantenida en reserva por el Ejecutivo durante tres días y solo se dio a conocer luego de que la información trascendiera en la prensa de Estados Unidos.
Esta decisión se enmarca en una estrategia de articulación territorial y política junto a sectores de La Libertad Avanza, el PRO y plataformas transnacionales como la Political Network for Values (PNFV). En un reciente encuentro realizado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, funcionarios nacionales y porteños se reunieron con referentes globales de la extrema derecha para promover la denominada “familia tradicional” y coordinar acciones orientadas a la eliminación de políticas públicas vinculadas a la Educación Sexual Integral (ESI) y los derechos de la comunidad LGBTI+.
Durante la jornada organizativa en la capital, legisladores y dirigentes alineados con el oficialismo expresaron abiertamente su intención de impulsar reformas legislativas para hacer retroceder las conquistas sociales alcanzadas en las últimas dos décadas. Entre las proyecciones planteadas por los sectores convocantes se encuentra la intención explícita de revisar y buscar la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), intentando disputar los consensos culturales en la opinión pública.
Sin embargo, las narrativas del oficialismo chocan de manera directa con las posturas mayoritarias de la sociedad argentina. Diversos estudios de opinión pública, como los desarrollados por el observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), revelan que 7 de cada 10 argentinos respaldan el matrimonio igualitario y que más del 80% apoya el acceso a anticonceptivos y el financiamiento estatal para la prevención de la violencia de género.
A pesar de la ofensiva institucional del Ejecutivo para instalar su agenda en organismos internacionales, los indicadores sociales demuestran que los consensos en torno a la igualdad, la justicia social y los derechos sexuales y reproductivos se mantienen firmes en la ciudadanía, configurando un freno democrático ante los intentos de regresión normativa.
El gobierno libertario apela a artilugios legales para congelar los fondos de las casas de estudio, violando la división de poderes y provocando un grave deterioro en la educación pública y la investigación científica.
El gobierno de Javier Milei mantiene una postura de abierta confrontación contra la educación pública argentina al sostener una asfixia presupuestaria que roza la inconstitucionalidad. Un informe de Página12 reveló que a 300 días de la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) —ratificada por el Congreso tras rechazar el veto presidencial—, el Poder Ejecutivo insiste en desconocer un mandato legislativo obligatorio y desoír las órdenes de la Justicia Federal, vulnerando los principios fundamentales de la división de poderes y el Estado de Derecho.
Desde la perspectiva legal y constitucional, una ley sancionada y ratificada por el Poder Legislativo no constituye una sugerencia ni una carta de intenciones, sino una obligación estatal ineludible. La estrategia del oficialismo de dilatar la asignación de recursos mediante artilugios jurídicos y actas paritarias insuficientes representa un grave atropello a la institucionalidad republicana, donde el Ejecutivo pretende colocarse por encima de las decisiones de los otros poderes del Estado.
Esta política de recorte sistemático, calificada por referentes académicos como un proceso de “cientificidio”, no responde a un mero ajuste contable, sino a un plan deliberado de desmantelamiento de la producción de conocimiento soberano. El congelamiento salarial ha provocado que docentes e investigadores perciban ingresos por debajo de la línea de pobreza, desencadenando la renuncia masiva de más de diez mil profesionales e investigadores de las universidades nacionales desde el inicio de la gestión libertaria.
La crisis trasciende el ámbito de las aulas y golpea directamente a los servicios esenciales que prestan las casas de estudio a la sociedad. La red de hospitales escuela y facultades de Ciencias Médicas, que atiende a más de 1,5 millones de pacientes en todo el país y realiza intervenciones de alta complejidad, opera bajo un desfinanciamiento crítico que pone en peligro la atención sanitaria y la formación de los futuros profesionales de la salud.
Frente al avance del desguace estatal y las descalificaciones del Presidente hacia la comunidad académica, los gremios y la Federación Universitaria Argentina impulsan un plan de lucha nacional con paros y movilizaciones. La defensa de la universidad pública se consolida así no solo como un reclamo presupuestario, sino como una batalla fundamental para garantizar el derecho a la educación, la investigación científica y el desarrollo soberano de la Argentina.
La metodología que el Gobierno había anunciado para actualizar la medición de precios fue descartada en enero y, tras la salida de Marco Lavagna del INDEC, el organismo continúa utilizando una canasta basada en consumos de 2004. Un recálculo de la consultora Qualy muestra que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la inflación acumulada habría sido 15,5 puntos porcentuales mayor con la canasta actualizada.
El Gobierno de Javier Milei exhibe la desaceleración de la inflación como uno de los principales logros de su gestión. Sin embargo, detrás del índice oficial aparece una discusión metodológica que puede modificar de manera significativa la fotografía de la economía: si se hubiera aplicado la nueva metodología que el propio Gobierno había anunciado y que finalmente dio de baja en enero, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 sería considerablemente más alta.
El INDEC había previsto abandonar la vieja canasta de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004 y reemplazarla por una estructura actualizada a partir de la ENGHo 2017/18. El cambio finalmente no se concretó y estuvo acompañado por la salida de Marco Lavagna de la conducción del organismo.
El impacto de la decisión puede observarse al recalcular mes a mes el índice utilizando las ponderaciones de la canasta actualizada. Según un trabajo de la consultora Qualy, la inflación oficial acumulada desde el comienzo del Gobierno de Milei alcanza el 328,8%, mientras que con la metodología actualizada habría llegado al 344,3%: una diferencia de 15,5 puntos porcentuales.
Aunque la distancia entre ambas mediciones puede parecer marginal cuando se observa cada mes por separado, el efecto acumulativo termina siendo considerable. De hecho, solamente en tres meses el índice recalculado arrojó una variación inferior a la medición oficial. En el resto, la metodología actualizada registró una inflación mayor.
La diferencia más pronunciada se produjo en enero de 2024, cuando alcanzó 0,6 puntos porcentuales. En julio, en cambio, la brecha fue mucho menor: el INDEC informó una inflación del 2,11%, mientras que la canasta actualizada habría arrojado un 2,14%.
La explicación está en los cambios en los hábitos de consumo que incorpora la nueva estructura. La metodología actualizada otorga un peso significativamente mayor a los servicios, un componente que ganó relevancia en el gasto de los hogares argentinos durante los últimos años y que la vieja canasta de 2004 no refleja adecuadamente.
Incluso cuando los precios de algunos bienes y servicios aumentaron menos en julio bajo la nueva medición, la mayor ponderación de los servicios modificó el resultado final. En otras palabras, no se trata simplemente de que los precios individuales sean mayores, sino de qué importancia se les asigna dentro del presupuesto real de las familias.
El dato vuelve a poner bajo la lupa la estadística oficial con la que el Gobierno busca mostrar una supuesta normalización de la economía. Una canasta construida sobre patrones de consumo de hace más de dos décadas difícilmente pueda reflejar con precisión cuánto cuesta vivir en la Argentina de 2026, especialmente después de los fuertes cambios en tarifas, alquileres, transporte y servicios registrados en los últimos años.
La discusión, por lo tanto, excede una cuestión técnica. Mientras la Casa Rosada utiliza el índice oficial para exhibir una inflación en descenso, una metodología actualizada muestra queel deterioro acumulado de los precios podría ser bastante mayor.
El contraste resulta incómodo para el Gobierno: la inflación puede desacelerarse en términos mensuales y, al mismo tiempo, estar siendo medida con una estructura de consumo que ya quedó vieja. La diferencia de 15,5 puntos acumulada desde el inicio de la gestión abre así un interrogante sobre cuánto hay de mejora efectiva y cuánto de maquillaje estadístico en la imagen de estabilización que intenta instalar el Gobierno.
A dos años del inicio del Gobierno de Javier Milei, el funcionario reconoció que la recuperación económica todavía no alcanza a todos los sectores, pero pidió tiempo para que los supuestos beneficios del modelo finalmente lleguen al conjunto de la economía.
“Llevamos dos años y no es fácil”, admitió Santilli al ser consultado por los misioneros y argentinos que no llegan a fin de mes, tienen dificultades para pagar la luz o directamente están sin trabajo. Aunque aseguró que “la recuperación va a llegar”, también reconoció que “todavía hay sectores que la están padeciendo” y que “hay problemas”.
La particularidad del planteo oficial apareció cuando Santilli habló de los plazos. Mientras justificó el ajuste señalando que las transformaciones estructurales en otros países demandaron entre tres y siete años, fue mucho más lejos al proyectar los resultados del modelo libertario:“En 30 años, la Argentina crecerá a un ritmo que nunca antes hemos visto”, aseguró.
De este modo, frente a quienes hoy sufren la caída del consumo, la pérdida de ingresos, el desempleo o el aumento de los servicios, la respuesta del Gobierno parece trasladarse cada vez más hacia un futuro lejano. El alivio no sería para mañana ni para el próximo año: según Santilli, habrá que esperar décadas para comprobar el éxito prometido.
El jefe de Gabinete defendió además la idea de que Argentina ya está creciendo, aunque admitió que lo hace de manera desigual: “Crece en algunos sectores y en otros sectores no”. También sostuvo que el país está pasando de una economía que “destruía los sectores productivos” a otra que los fortalece, pese a que el propio funcionario debió reconocer que existen actividades que continúan atravesando dificultades y fábricas que cierran.
Frente a las críticas, Santilli apeló al argumento del “atajo” y afirmó que ese camino llevó al país al 57% de pobreza. También pidió valorar “el esfuerzo” realizado por la sociedad durante estos dos años. Sin embargo, para quienes todavía padecen las consecuencias del ajuste, el mensaje resulta difícil de digerir: el esfuerzo es presente, mientras la promesa de bienestar queda proyectada a 30 años.
Santilli también negó la crisis yerbatera
En Posadas, el jefe de Gabinete también relativizó los problemas de la producción yerbatera y aseguró que el sector no atraviesa una crisis porque “está exportando mucho” y viene batiendo récords. La respuesta volvió a contrastar con los reclamos de los productores, que plantean dificultades concretas en el mercado y cuestionan la situación de la actividad.
Santilli también aseguró que “el 90% de los problemas de los gobernadores está resuelto”, una afirmación que choca con los permanentes reclamos de las provincias por recursos, obras y respuestas del Gobierno nacional.
Ante las consultas por el cierre de fábricas, el funcionario respondió que“también se abren muchas”, sin precisar cuáles ni explicar cómo se compatibiliza ese argumento con las dificultades que atraviesan distintas ramas de la producción.
El mensaje dejado en Misiones fue, en definitiva, el de un Gobierno que reconoce que una parte importante de la sociedad todavía no ve los resultados del ajuste, pero que insiste en que el tiempo terminará dándole la razón. Por ahora, la fecha de vencimiento de la promesa quedó bastante lejos: 30 años de espera para ver la Argentina crecer “a un ritmo que nunca antes hemos visto”
La crisis económica empieza a mostrar su impacto en Córdoba: a siete de cada diez cordobeses se les terminan los ingresos el día 20 de cada mes o antes. Para atravesar los últimos diez días, recortan gastos, buscan trabajos adicionales, atrasan pagos o recurren al crédito. En 2023, Javier Milei sacó en esa provincia el 70% de los votos.
El dato surge de un relevamiento de 1.600 personas mayores de 18 años realizado en junio por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que busca medir cómo los hogares están gestionando la crisis y el deterioro de su capacidad de compra.
El estudio, denominado “La gestión de la crisis en los hogares cordobeses”, fue realizado por el Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC. El resultado que más impactó a los investigadores es precisamente la duración de los ingresos y su efecto sobre lo que empiezan a definir como el “metro cuadrado” de los hogares: el nivel de bienestar más inmediato, que se mide en buena parte por qué tan llena o vacía está la heladera.
La situación de los docentes civiles que trabajan en los institutos educativos de las Fuerzas Armadas es cada vez más crítica y se suma al drama económico que viene los militares activos y retirados. Ganan 500 mil y se endeudan para vivir.
“No se trata solamente de cobrar poco. Se trata de trabajar, cumplir una jornada, formar alumnos, sostener instituciones educativas y, aun así, no llegar a fin de mes”, contó un docente a un medio libertario. La situación para millones de argentinos no da para más.
Por su parte, el gremio ATE describió en mayo la situación del sector como una verdadera “catástrofe salarial” y señaló que existen trabajadores que ni siquiera llegan al día 10 con su sueldo. También estimó una pérdida salarial cercana al 50% en el colectivo de civiles y docentes civiles de las Fuerzas Armadas, Seguridad e IOSFA.
