Hoy se conoce la cifra de inflación de enero, según el Indec intervenido por el gobierno de Javier Milei. Será, seguramente, de 2,5% tal como lo exigió Casa Rosada. De hecho, así lo adelantó hace una semana el ministro de Economía, Luis Caputo, el mismo día que se conoció la salida de Marcos Lavagna del Indec.
Según trascendió, de aplicarse la nueva metodología, que el gobierno iba a implementar en enero, el número real de inflación sería 3,5%. Así lo dijeron técnicos del organismos a diferentes medios de comunicación. El gobierno no podía permitirse un golpe así y decidió abandonar la nueva metodología y seguir midiendo con la anterior.
Pero hay más: si Milei hubiera aplicado la nueva metodología en 2025, la inflación hubiera sido 18% más de lo que fue. Ocurre que el INDEC no mide adecuadamente el impacto de los tarifazos en los servicios públicos. Por eso, millones de argentinos se dan cuenta de que no llegan a fin de mes mientras el INDEC les dice que no hay más inflación.
La interrupción del servicio alcanza a 26 líneas del AMBA y podría ampliarse si no se acreditan los haberes adeudados. La medida es por tiempo indeterminado y no fue alcanzada por ninguna conciliación obligatoria.
Un cese de actividades dispuesto por choferes de al menos 26 líneas de colectivos dejó este jueves sin servicio a miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de un reclamo por salarios impagos.
La medida comenzó a la medianoche y fue adoptada por trabajadores que denunciaron la falta de acreditación de los sueldos correspondientes al mes vencido. Según delegados gremiales, el servicio no se restablecerá hasta que los haberes estén depositados en las cuentas, independientemente de anuncios oficiales o compromisos empresariales.
El conflicto se produce en paralelo a tensiones en el sistema de transporte público. Mientras el Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el ámbito ferroviario —lo que dejó sin efecto un paro de trenes previsto para esta semana—, la disposición no alcanza al sector de colectivos involucrado en esta protesta.
Entre las empresas afectadas se encuentran MOQSA (líneas 159, 219, 300, 382, 584, 603 y 619), San Juan Bautista (383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513), MOGSM (333, 407, 437 y 707) y la línea 22. También se encuentran paralizadas las líneas 236, 504 y 634.
En el caso de la línea 216, el servicio funciona de manera parcial: el ramal 166 (Gaona–Aeroparque) opera con normalidad, mientras que los trayectos hacia Palermo permanecen suspendidos.
Desde el sector advirtieron que, de persistir la falta de pago, la protesta podría extenderse a otras líneas en las próximas horas, lo que profundizaría el impacto sobre millones de pasajeros que dependen del transporte público para trasladarse hacia sus lugares de trabajo y estudio.
El conflicto vuelve a exponer la fragilidad del esquema de subsidios y financiamiento del sistema de transporte urbano, en un contexto de ajuste presupuestario y demoras en la transferencia de fondos a las empresas prestatarias.
La Provincia de Buenos Aires sufrió en enero una caída de ingresos por más de $82.000 millones como consecuencia del derrumbe de la coparticipación federal, una situación que pone en evidencia el fuerte impacto del ajuste económico nacional sobre las finanzas provinciales.
El retroceso se explica, en gran medida, por la caída del consumo interno, que golpeó de lleno la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el principal tributo coparticipable. Según datos oficiales, la recaudación de este impuesto se desplomó un12% interanual, arrastrando al conjunto de los recursos que la Nación distribuye automáticamente a las provincias.
El escenario es alarmante: durante el primer mes del año, las transferencias nacionales a las jurisdicciones provinciales se redujeron en promedio un 6,7% interanual, lo que representó un recorte global cercano a los $400.000 millones en comparación con enero de 2025. A este panorama se suma la baja del 2,1% en el resto de los tributos coparticipables, profundizando el deterioro de las cuentas públicas subnacionales.
Desde el Ministerio de Economía bonaerense advirtieron que la pérdida de recursosafecta de manera directa la capacidad financiera del Gobierno bonaerense, en un contexto marcado por el retiro del Estado nacionalde áreas sensibles como la obra pública y la inversión en infraestructura. El ministro Pablo López fue categórico al señalar que la caída de la coparticipación “expone la inviabilidad del modelo económico y el carácter antifederal del Gobierno nacional”, y remarcó que todas las provincias están perdiendo ingresos genuinos mientras se ven obligadas a asumir mayores responsabilidades.
En ese sentido, el funcionario subrayó que el ajuste sobre las transferencias automáticas fuerza a los distritos a suplir la ausencia de la Nación en áreas estratégicas, generando una presión adicional sobre presupuestos ya tensionados.
Crece la tensión entre Provincia y Nación
Los datos se conocen en medio de un clima de creciente tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, en el marco de las negociaciones por la reforma laboral que se debatirá en el Senado. Uno de los puntos de mayor conflicto es la reducción del impuesto a las ganancias de las sociedades comerciales, una iniciativa que las provincias rechazan por su impacto directo y negativo sobre la coparticipación, y que amenaza con profundizar aún más el desfinanciamiento del interior del país.
Las autoridades bonaerenses reabrieron las negociaciones paritarias y aunque hubo un ofrecimiento, no lograron cerrar un acuerdo con los trabajadores.
La Provincia reabrió este jueves las paritarias con los gremios de docentes y estatales y les ofreció un incremento salarial del 2% respecto a los sueldos de enero, que se cobraron con aumento tras el último acuerdo alcanzado días atrás para dar por cerrada la negociación de 2025.
En primer turno, los docentes se reunieron virtualmente con los representantes bonaerenses y en el segundo lo hicieron los trabajadores alcanzados por la Ley N°10.430. Los dos sectores recepcionaron la oferta y una promesa de retomar la discusión en marzo, pero la propuesta no cayó nada bien entre los representantes sindicales, quienes decidieron rechazarla de plano y volvieron a exigir un aumento acorde con la inflación.
La convocatoria había sido realizada por la administración de Axel Kicillof a los sindicatos que representan a la mayor parte de los trabajadores del Estado provincial, con el objetivo de continuar el diálogo salarial iniciado semanas atrás.
El llamado llegó poco tiempo después del acuerdo que dio por cerrada la paritaria de 2025 y permitió avanzar sobre el primer aumento del año. Ese entendimiento había contemplado los reclamos gremiales y habilitó además la apertura de la negociación correspondiente a 2026.
La discusión paritaria sigue con foco en la inflación
Los gremios llegaron al encuentro con la intención de discutir “la cláusula destinada a compensar progresivamente los puntos para cerrar el 2025 en niveles acordes a la inflación”.
Los trabajadores reclaman una cláusula destinada a compensar progresivamente los porcentajes perdidos con la inflación
El último acuerdo incluyó una propuesta mejorada por parte de la Provincia, compuesta por un retroactivo a diciembre, el proporcional del medio aguinaldo y un 3% en enero, calculado sobre los haberes vigentes a octubre. De ese modo, los trabajadores percibieron un incremento del 4,5% en los salarios de enero.
Desde el Gobierno bonaerense remarcaron que el entendimiento se alcanzó en un contexto fiscal complejo, marcado por el recorte de transferencias no automáticas de Nación y la caída de la recaudación, aunque ratificaron el compromiso de sostener las condiciones laborales de los trabajadores estatales.
La necesidad de acordar con los docentes
El Gobierno provincial necesita cerrar un acuerdo con los docentes para evitar que el conflicto salarial demore el inicio de las clases. Por ese motivo, en la reunión anterior en la que se llegó a un acuerdo, también se acordó reabrir la negociación en febrero, para que el aumento que se acuerde este mes se cobre en los primeros días de marzo.
Por su parte, los docentes buscan plantear reuniones paritarias bimestrales que les permitan sortear la aceleración de la inflación, ya un acuerdo por un plazo mayor podría terminar perjudicándolos, mermando sus sueldos.
Según trascendió, las autoridades provinciales tienen la intención de cerrar un acuerdo la próxima semana, para lo cual deberá elaborar una propuesta que permita a docentes y estatales no perder contra la inflación actual y recuperar, al menos en parte, el porcentaje perdido en 2025.
La empresa SIAM, perteneciente al Grupo Newsan, despidió a la totalidad de sus trabajadores en las plantas de Avellaneda y Monte Chingolo (Lanús), en un contexto marcado por la caída de las ventas y el ajuste generalizado que atraviesa la industria nacional.
Bajo la figura de “finalización de contrato”, la compañía avanzó con desvinculaciones masivas y de efecto inmediato, una modalidad que los trabajadores denuncian como despidos encubiertos. La medida paralizó la actividad en ambas plantas y dejó sin empleo a decenas de familias del sur del conurbano bonaerense.
Según relataron los empleados, en las últimas horas la firma dispuso suspensiones para febrero y dio de baja todos los contratos vigentes. Muchos de los trabajadores afectados tenían cerca de un año de antigüedad y fueron notificados sin previo aviso. “Nos hablan de finalización de contrato, pero es un despido masivo”, señalaron.
Desde la empresa justificaron la decisión en el marco de la crisis económica nacional, la caída del consumo y la existencia de stock acumulado para varios meses. Sin embargo, la situación se replica en numerosas fábricas del país, donde el ajuste empresario se traduce en suspensiones, cierres y pérdida de puestos de trabajo, consolidando un escenario de creciente desindustrialización.
El conflicto derivó en una asamblea en la planta de Avellaneda, donde alrededor de 150 trabajadores reclamaron la reincorporación. La protesta contó con la presencia de delegados y dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Avellaneda. Desde el sindicato informaron que se acordó un esquema de suspensiones para la mitad del personal efectivo, con el pago del 85% del salario, mientras el resto cubriría tareas en planta. No obstante, los trabajadores denuncian que, en los hechos, todos los contratos fueron dados de baja.
El caso de SIAM-Newsan vuelve a exponer el impacto del actual rumbo económico sobre el empleo industrial y refuerza una tendencia que no se detiene: despidos masivos, precarización laboral y un deterioro acelerado del entramado productivo en los principales polos fabriles del país.
El cabo Miguel Ángel Montiel se manifestó uniformado en Casa Rosada. Denuncia el robo de los adicionales y una “caja” negra en la comisaría de Belgrano Norte.
Una situación de máxima tensión se vive desde esta mañana en los alrededores de la Casa Rosada. Un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) se presentó uniformado y portando su arma reglamentaria frente a la reja perimetral de Balcarce 50 para realizar una protesta en solitario contra la propia fuerza.
El incidente comenzó a las 10:40 de este miércoles 4 de febrero, cuando el Cabo Miguel Ángel Montiel se apostó frente a la entrada principal con una pancarta. El oficial, que reviste servicio en la Comisaría Belgrano Norte, reclama por supuestas “irregularidades en la Institución”.
Hay un Policía Federal ESPOSADO en la Casa Rosada reclamando que frenen LA CORRUPCIÓN en la PFA y mejoren sus sueldos. Este gobierno decía que venía a revitalizar a las Fuerzas de Seguridad jajjajjja los mandan a reprimir jubilados por una pizza pic.twitter.com/nw092wwqgQ
El reclamo de Montiel apunta directamente a una presunta trama de corrupción con los servicios de policía adicional. Según trascendió, el efectivo denuncia que “se roban los adicionales” y que se cobran servicios que no se realizan.
La acusación detalla una maniobra de “empleados fantasmas” en los operativos de seguridad paga. “Dicen que hay 30 efectivos y en realidad hay 5”, aseguran fuentes cercanas al reclamo, indicando que el dinero restante “va a caja”, en referencia a una recaudación ilegal por parte de los superiores.
La presencia de un efectivo armado protestando a metros del despacho presidencial activó los protocolos de seguridad de la Casa Militar.
La Fraternidad confirmó un paro de 24 horas ante el estancamiento de las paritarias y la falta de respuestas del Gobierno. Denuncian que los sueldos quedaron pulverizados por la inflación y que ya no alcanza para vivir.
El sindicato La Fraternidad, que agrupa a los conductores de trenes, anunció la realización de un paro de actividades por 24 horas este jueves, ante la falta de avances en las negociaciones paritarias que vienen manteniendo con las autoridades del Ministerio de Trabajo y representantes del sector ferroviario.
La medida de fuerza fue confirmada por las autoridades del gremio tras considerar que las últimas reuniones paritarias no arrojaron resultados concretos respecto a los reclamos de los trabajadores por mejoras salariales y condiciones laborales, en un contexto de inflación que erosiona el poder adquisitivo del salario.
Desde La Fraternidad explicaron que la decisión de parar los servicios ferroviarios busca presionar para lograr un acuerdo que contemple aumentos reales que compensen la pérdida de ingresos que los trabajadores vienen sufriendo, y subrayaron que el estancamiento de las negociaciones llevó al sindicato a adoptar esta medida de fuerza.
La paralización impactará en los servicios de trenes de pasajeros y de cargas que dependen de los conductores nucleados en el gremio, generando inconvenientes para usuarios y empresas en diferentes ramales del sistema ferroviario, y obligará a los pasajeros a reprogramar sus viajes o recurrir a medios alternativos de transporte.
La situación se inscribe en un panorama más amplio de conflicto laboral en diversas actividades del país, donde sindicatos reclaman recomposiciones salariales en línea con el aumento de precios y con condiciones de trabajo dignas, mientras que los representantes del Gobierno sostienen la necesidad de equilibrar las cuentas públicas en medio de restricciones presupuestarias.
El paro de 24 horas anunciado por La Fraternidad representa así una nueva señal de alerta por parte de los trabajadores del sector, que reclaman soluciones urgentes ante un proceso de negociación que, hasta ahora, no logró destrabarse y que promete mantener las tensiones con el Poder Ejecutivo en los próximos días.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó este lunes el envío de un contingente de 40 brigadistas y 17 vehículos de alta complejidad a Chubut para combatir los incendios forestales en Puerto Patriada y Laguna Villarino.
La provincia de Buenos Aires envió brigadistas y equipamiento pesado a Chubut en medio de los incendios forestales que no dan tregua. La medida responde a una solicitud de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y se enmarca en el Sistema Federal de Manejo del Fuego. En una muestra de “solidaridad federal y compromiso con la preservación ambiental”, el Ministerio de Seguridad bonaerense desplegó este último fin de semana un operativo de asistencia inmediata para colaborar en la extinción de los incendios que afectan al sur del país.
Tras la solicitud y la aprobación de los protocolos correspondientes, el gobernador Axel Kicillof dispuso el envío de recursos humanos y logísticos especializados. La decisión no es menor: ocurre en el mismo momento en que los brigadistas locales de Chubut reclaman por la falta de equipamiento nuevo y el retraso en el pago de fondos nacionales del ejercicio 2025, lo que convierte al contingente bonaerense en un refuerzo vital para la primera línea de fuego.
ESTAMOS DONDE TENEMOS QUE ESTAR 🇦🇷
Frente a la emergencia de incendios forestales en #Chubut, y respondiendo a la solicitud de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Gobernador @Kicillofok ordenó el despliegue inmediato de ayuda operativa.
El contingente: Especialistas para el “terreno hostil”
El despliegue coordinado por la Dirección Provincial de Defensa Civil movilizó un cuerpo de 40 combatientes especializados en incendios forestales. Este equipo no solo está compuesto por personal de apoyo, sino por cuadros técnicos críticos: motosierristas, motobombistas y personal táctico, todos certificados para operar en condiciones de fatiga extrema y topografía de montaña.
Dada la complejidad geográfica de la zona, se decidió el envío de una flota de 17 vehículos adaptados, diseñada para romper el aislamiento de las zonas de bosque cerrado:
14 camionetas (4×2 y 4×4): Destinadas al transporte rápido de personal y logística de suministros.
Un Camión Autobomba 4×4 URO: Una unidad de gran potencia diseñada específicamente para penetración profunda en terrenos hostiles donde el suelo es inestable.
Dos Vehículos UTV con kit forestal: Equipos ligeros esenciales para llegar a las denominadas “zonas rojas”, donde las pendientes y la densidad de la vegetación impiden el paso de vehículos convencionales.
Objetivos tácticos: Puerto Patriada y Laguna Villarino
El contingente bonaerense tiene como objetivo prioritario el incendio de Puerto Patriada y el sector de Laguna Villarino, dos de las zonas más críticas de la cordillera chubutense. En estos puntos, el comportamiento del fuego ha sido calificado como “extremo” debido a la acumulación de biomasa seca y los vientos cambiantes que han caracterizado este cierre de enero.
“Esta colaboración constituye un ejemplo de solidaridad y profesionalismo en el marco de la emergencia climática que afecta la región patagónica”, destaca el informe oficial de la operación. La llegada de los 40 especialistas bonaerenses busca dar un respiro a las cuadrillas locales que llevan casi 60 días de combate ininterrumpido. Este movimiento refuerza la idea de un sistema de defensa civil bonaerense con capacidad de proyección nacional, en un momento donde la descentralización de la respuesta a emergencias está en el centro del debate político.
El gobierno bonaerense salió con dureza a cuestionar al jefe de gabinete Manuel Adorni, luego de que el funcionario libertario celebrara como un “hito” la habilitación para que clínicas y hospitales puedan importar equipamiento médico usado.
Desde la Provincia advirtieron que la medida no sólo implica un retroceso, sino que refleja la falta de inversiones reales en el sistema sanitario argentino.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, fue uno de los primeros en responder públicamente y acusó al Ejecutivo nacional de abandonar la salud pública en lugar de fortalecerla con recursos genuinos. A través de un mensaje en su cuenta de X, ironizó sobre las prioridades del Gobierno:
“¿Qué estás haciendo por la salud del pueblo? ¿Inversión? ¿Hospitales?”, escribió, para luego rematar: “No, algo mucho mejor: se puede traer la chatarra médica que descartan en otros países, pero sin control”.
-¿Qué estás haciendo por la salud del pueblo? ¿Inversión? ¿Hospitales?
– No, algo mucho mejor. Se puede traer la chatarra médica que descartan en otros países, pero sin control. pic.twitter.com/BCUb6bTnWL
Kreplak alertó que permitir el ingreso de equipamiento usado sin regulaciones estrictas puede poner en riesgo la seguridad de pacientes y trabajadores, además de profundizar el deterioro del sistema sanitario.
La crítica llegó después de que Adorni anunciara la medida como un avance. “A partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento usado”, publicó el vocero, defendiendo la iniciativa al afirmar que reducirá “costos y burocracia” y mejorará la calidad del servicio.
Sin embargo, desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que el anuncio expone el rumbo del Gobierno nacional: reemplazar políticas de inversión y fortalecimiento del sistema de salud por medidas que habilitan la llegada de descartes médicos del exterior. El cruce volvió a marcar la tensión creciente entre Nación y Provincia en torno al futuro de la política sanitaria.
El diputado nacional participó de una jornada de visibilización en Parque Avellaneda junto a familias y colectivos que denuncian el desmantelamiento del programa por parte del gobierno de Javier Milei. Alertan por la desvinculación de profesionales y el riesgo directo para la atención de niños y niñas.
Máximo Kirchner participó este domingo de una de las acciones impulsadas por colectivos de familias que buscan frenar el desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política pública clave para la detección temprana y el tratamiento de niñas y niños con patologías cardíacas. La actividad se realizó en Parque Avellaneda, en el marco de una jornada nacional de visibilización convocada por el colectivo Cardiocongénitas Argentinas.
Durante la tarde del domingo 1° de febrero, Kirchner dialogó con familiares y referentes del espacio, quienes expresaron su preocupación por las decisiones del gobierno de Javier Milei, que avanzaron sobre la estructura del programa y afectaron su funcionamiento en todo el país.
Entre las medidas denunciadas, se encuentra la desvinculación de profesionales especializados, como cardiólogos pediátricos que coordinaban el programa a nivel nacional, lo que pone en riesgo la capacidad de respuesta del sistema frente a casos que requieren atención inmediata.
Las familias también recordaron que días atrás mantuvieron reuniones con diputadas y diputados del bloque de Unión por la Patria, donde expusieron el impacto directo de estas decisiones en la vida cotidiana de niños y niñas que necesitan diagnósticos precoces, derivaciones rápidas y tratamientos oportunos.
Para visibilizar la situación, se realizaron acciones simultáneas en plazas y parques de distintas ciudades del país. En cada uno de los encuentros, los colectivos denunciaron el ajuste y el desguace del sistema sanitario, al que definieron como parte de una política de recorte estructural que afecta de forma directa a los sectores más vulnerables.
Además, remarcaron que en 2023 fue sancionada casi por unanimidad la Ley de Cardiopatías Congénitas, que amplió el alcance del programa y garantizó la atención continua de los pacientes, una política que ahora, según denuncian, quedó en crisis por las decisiones del gobierno nacional.
“Nuestros hijos ponen el cuerpo en las terapias, nosotras ponemos el cuerpo en las calles”, expresaron desde el colectivo Cardiocongénitas Argentinas, en una consigna que sintetiza el reclamo y la movilización de las familias frente al riesgo de desmantelamiento del programa.
