Finalmente, Mauricio Macri firmó la capitulación. Este año, no habrá PRO ni color amarillo en una boleta en Ciudad de Buenos Aires. Será la primera vez en 20 años. Triste, solitario y final: Macri debió reconocer que su liderazgo ya no representa ni a los porteños.

Ayer se selló el acuerdo que establece una alianza donde manda Karina Milei, la “repostera”, según le dice despectivamente Macri. El nombre de la nueva fuerza será “Alianza La Libertad Avanza” y tendrá el color violeta.

Finalmente, el PRO podrá ubicar a dos candidatos en los lugares quinto y sexto de la lista de diputados nacionales. Sin embargo, esos lugares solo serían entrables en caso de una muy buena elección. Uno de los nombres que suenan con fuerza es el de Darío Nieto, actual jefe de bloque en la Legislatura, y la diputada Sabrina Ajmechet, impulsada por Patricia Bullrich. Karina vetó a María Eugenia Vidal que no podrá ser candidato.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien había manifestado reparos en sumarse a esta jugada, finalmente aceptó las condiciones y acompañará la firma del acuerdo. La presentación formal será este jueves 7 de agosto, justo antes del cierre del plazo legal para oficializar alianzas.

Los efectivos de seguridad avanzaron sobre los manifestantes que repudian el veto del presidente Javier Milei frente al Congreso, pero luego se retiraron.

Momentos de tensión se vivieron este martes al mediodía durante protesta frente al Congreso en contra del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Durante la manifestación, efectivos de Gendarmería Nacional y la Policía Federal dispusieron varios cordones de seguridad y hubo cruces con los manifestantes.

Cerca de las 12 del mediodía, personal de Gendarmería comenzó a avanzar con sus escudos sobre los manifestantes para evitar que la marcha afecte el tránsito, particularmente, sobre la calle Solís entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.

#REPRESION 👮🏽 Masiva marcha para repudiar el veto de Milei a la emergencia en discapacidad

📌 https://t.co/yO1OKQnRJl pic.twitter.com/euOtUjKz2Q

— ANDigital (@ANDigitalOK) August 5, 2025

En el marco del operativo antipiquetes, los efectivos realizaron un importante cordón junto a personal de la Policía Federal. Tras unos 15 minutos, las fuerzas de seguridad fueron ordenadas a retirarse del lugar.

“Estábamos sobre la calle y nos corrieron. Nos están empujando y atrás hay personas en silla de ruedas”, expresó una manifestante.

“¿Estos son capaces de pegarle a las personas con discapacidad? ¿Hasta eso llegamos? Es vergonzoso, es el país de la vergüenza”, expresó una manifestante indignada ante la presencia de los efectivos, mientras otra pedía que se expresaran sin violencia.

El presidente Javier Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que provocó que integrantes de distintas agrupaciones y familiares realizaran hoy una manifestación frente al Congreso de la Nación.

La Ley buscaba declarar la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026 y crear a su vez una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal. También establecía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores.

En este sentido, el Gobierno sostuvo que la ley implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026.

Expuso que el Congreso la aprobó “de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal, y contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación”.

Las mismas explicaciones se dieron en el Decreto 534/2025, publicado el lunes en el Boletín Oficial, el cual hace referencia en más de veinte ocasiones a las fuentes financiamiento de la ley junto a las que otorgaban aumento a las jubilaciones y reinstalaban la moratoria previsional por dos años.

El gobierno bonaerense explicó que los fondos adeudados se dividen en tres grupos: deudas directas con la provincia, saldos de obras públicas abandonadas y discontinuidad o retrasos en los programas nacionales. 

El Estado bonaerense reclamará ante la Corte Suprema de Justicia la deuda de 12,1 billones de pesos que el Gobierno nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires. Se trata de fondos adeudados por la Casa Rosada por la discontinuidad de programas, saldos de obras públicas y en materia previsional.

La noticia fue confirmada por el gobernador Axel Kicillof, quien sostuvo que esas obligaciones incumplidas por parte de la administración de Javier Milei son parte de “la asfixia económica” a la que el Gobierno nacional somete a las provincias.

El planteo ante el máximo tribunal será formalizado mañana a través de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, en nombre del Estado a cargo de Kicillof. A la vez, están en consonancia con presentaciones similares que hicieron otras provincias.

“Se le va a pedir a la Corte Suprema que se expida sobre su competencia para entender en la causa y que fije una audiencia de partes, tal como hizo con las provincias de Córdoba y Santa Fe”, explicó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

La deuda que se reclamará está dividida en tres grupos: deudas directas con la provincia, saldos de obras públicas abandonadas y discontinuidad o retrasos en los programas nacionales. La sumatoria de esos fondos que el gobierno nacional le niega al Estado provncial es de 12,1 billones de pesos.

Asimismo, Bianco señaló que también se reclamarán en el mismo marco “los fondos previsionales que son 1,6 billones de pesos”. Kicillof explicó que esta no es una deuda con un gobierno” sino “con el bienestar del pueblo de la provincia” de Buenos Aires.

El dinero que Milei les está quitando a las y los bonaerenses ya suma 12,1 billones de pesos entre deuda directa, saldos de obras públicas comprometidas por el Gobierno Nacional en la provincia y la deuda estimada por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales.

A pesar… pic.twitter.com/3OharkFdcA

— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 4, 2025

A través de un informe público, Bianco indicó que la Casa Rosada mantiene una deuda directa de 3 billones de pesos por transferencias de Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), así como también por falta de convenios de asistencia directa, compensaciones fiscales y fondos para educación y la salud: se adeudan fondos para hospitales, programas de salud sexual y reproductiva, y maternidad, entre otras especialidades.

Respecto del reclamo producto de la deuda por saldos de obras públicas comprometidas por Nación con la provincia, el gobernador denunció que hay un objetivo político de parte de Milei: “Quebrar a las provincias”.

Por culpa de esto, en la provincia “se paralizaron 1000 obras en los 135 municipios”, indicó Kicillof y precisó que muchas de ellas “son escuelas sin terminar, hospitales sin refaccionar y rutas abandonadas, que son cada vez más peligrosas”.

“Casi dos años de gobierno y Milei insiste en abandonar la inversión”, apuntó el mandatario provincial y sostuvo que a través del Ministerio de Obras Públicas se impulsaron tareas “en más de 250 barrios en 67 municipios”. “Viviendas, pavimento, cloacas, centros de desarrollo infantil, espacios comunitarios y otras intervenciones para garantizar un hábitat digno a más de 500 mil bonaerenses”, detalló.

En tanto, en materia de la discontinuidad o retrasos en programas financiados por Nación, el monto de la deuda que el gobierno nacional mantiene asciende a los 2,2 millones de pesos.

Según la información oficial, algunos de los fondos que dejaron de financiarse son los de Fortalecimiento Fiscal, Financiamiento Docente (Fonid), de Compensación del Transporte Público y el Programa Acompañar.

También la asistencia alimentaria a comedores, los programas Remediar, Clubes a la Obra, Potenciar Trabajo y la provisión de medicamentos post-trasplante, entre algunos.

Desde Junín, el gobernador bonaerense acusó al Presidente de no estar invirtiendo en el “bienestar” del pueblo, en el marco de la paralización de la obra pública.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, exigió este viernes al presidente Javier Milei que transfiera las obras “paralizadas” en la provincia de Buenos Aires para que la gestión provincial pueda finalizarlas, en el marco de la bloqueo general propuesta por el Gobierno Nacional.

En un tono crítico, el mandatario provincial aseguró que el Gobierno Nacional no está invirtiendo en el “bienestar” del pueblo.

“Si Milei no piensa invertir en el bienestar de nuestro pueblo, exigimos que nos transfieran las obras para poder finalizarlas”, reclamó Kicillof durante la inauguración de un Centro de Atención Primaria de la Salud en el barrio San Cayetano de Junín.

En esa línea, el gobernador denunció que en Junín, al igual que en toda la provincia, existen “muchas obras paralizadas por un Gobierno que no hace ni deja hacer”.

Kicillof también aprovechó la ocasión para referirse a los próximos comicios legislativos provinciales. “Este 7 de septiembre tenemos la oportunidad de ponerle un freno a Milei y volver a priorizar la agenda de la producción y el trabajo”, enfatizó, buscando movilizar a su electorado.

Durante su visita a la ciudad del noreste bonaerense, el gobernador estuvo acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el intendente local, Pablo Petrecca.

Se trata de Maximiliano Cobas dejó su candidatura a concejal luego de ser imputado por agredir a su ex pareja. Quedó marginado de las elecciones del 7 de septiembre próximo.

La Libertad Avanza en la ciudad bonaerense de Lobos atraviesa una crisis interna tras la renuncia de uno de sus candidatos. Maximiliano Cobas, quien ocupaba el quinto lugar en la lista para el Concejo Deliberante, presentó su dimisión luego de que se viralizara un video en el que se lo ve ejerciendo violencia física contra su ex pareja, una mujer de 37 años que ya había radicado una denuncia penal.

El hecho ocurrió la noche del miércoles, cuando Cobas ingresó por la fuerza a una vivienda ubicada en la calle Soldado Azcárate al 1100, en presencia de dos menores. La situación motivó la intervención policial y dio lugar a la apertura de una causa judicial en la que el excandidato fue imputado. Además, la Justicia dictó medidas de protección a favor de la víctima.

Tras la difusión del video y la repercusión pública, el partido emitió un comunicado en el que confirmó la renuncia “voluntaria e indeclinable” de Cobas y expresó su rechazo a cualquier tipo de violencia. “Sostenemos los principios de la vida, la libertad y la propiedad privada, y exigimos a nuestros integrantes un compromiso ético con las normas de convivencia republicana”, señalaron desde LLA Lobos.

La lista continuará sin modificaciones en su composición general: Sergio Estrada, primer concejal suplente, pasará a ocupar el quinto lugar en la boleta para las elecciones municipales del 7 de septiembre.

El abogado es uno de los querellantes en la causa en Estados Unidos contra el presidente Javier Milei y su hermana por la megaestafa con criptomonedas.

Juan Grabois se presentó como querellante ante la justicia de los Estados Unidos y presentó un dato clave contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que podría comprometerla en la causa por la megaestafa de $LIBRA, que le hizo perder sus fondos a cientos de inversionistas en el mercado de las criptomonedas.

“Cuando surge esta estafa tuvimos la iniciativa de convocar a todas las personas que habían sido estafadas, entre ellas hay cuatro argentinos que fueron estafados por Milei, que confiaba y lo respetaban y que perdieron sus ahorros“, reveló Juan Grabois este jueves, durante una comunicación con el programa “De Una”, por C5N.

“Nos presentamos como querellantes, tenemos acceso al expediente y pedimos medida de prueba que, para mi sorpresa, el fiscal (Eduardo) Taiano lo hizo: ha secuestrado material informático, digital, pidió informes a los hoteles en los que hicieron las reuniones en los que Karina recibió las valijas“, reveló el abogado y dirigente social, que es abiertamente opositor a Javier Milei en lo político.

“También pudimos transferir parte de esa información a uno de los abogados que está en Estados Unidos, en una ‘class action’, que es una acción colectiva de muchos damnificados que es civil y penal al mismo tiempo. Están hasta las manos porque hay varios delitos”, agregó.

Juan Grabois confirmó que busca hacer foco “particularmente en el delito de tráfico de influencias, que es Karina Milei con los empresarios, vendiendo reuniones con el Presidente para hacer negocios privados”.

Las reuniones en Casa Rosada entre Javier Milei y Hayden Davis, uno de los acusados del escándalo de las criptomonedas, habrían sido orquestadas de esta manera, y su organización ya figura en la causa tramitada en Estados Unidos.

Grabois también tiene su interés en las “negociaciones incompatibles con la función publica, que ya está probado: es el tuit del Presidente que la propia jueza norteamericana dice que fue condición sine qua non para que se configure la estafa, no se podría haber hecho sin ese tuit“.

El tuit en cuestión fue publicado el 14 de febrero pasado por el presidente Javier Milei en su perfil de X, aunque después lo borró para evitar recibir más comentarios sobre la desastrosa inversión en criptomonedas que “difundió” sin promocionar, como quiso instalar su defensa.

“El tercer delito es la estafa en sí misma”, siguió Juan Grabois: “decir que vas a invertir en la producción de la Argentina y en realidad no estás comprando un activo, sino un jarrón roto, algo que al día siguiente no va a valer nada y perdiste toda tu plata”, resaltó.

“Karina Milei está imputada y es la que más complicada está porque Milei tiene sus fueros, ella no. Tranquilamente podría estar en prisión preventiva“, sentenció el abogado.

Aunque todavía no puede ser demandado por ser presidente, la justicia estadounidense ya dejó claro que sin su participación, el escándalo de $LIBRA no habría existido.

La ampliación de una demanda colectiva presentada en Nueva York contra los creadores del token $LIBRA puso al presidente Javier Milei en el centro de una estafa multimillonaria que perjudicó a más de 40.000 inversores. En el escrito judicial, el nombre del mandatario aparece al menos 19 veces, y también se menciona a su hermana y secretaria general, Karina Milei, como facilitadora de los encuentros entre el empresario cripto Hayden Davis y el jefe de Estado. Aunque la causa no puede dirigirse formalmente contra Milei por su inmunidad como presidente, los demandantes afirman que su rol fue determinante.

“Fue un fraude público extraordinario”, afirman los abogados que representan a los estafados, y señalan como elemento clave el posteo de Milei en redes sociales el 14 de febrero de 2025. En ese mensaje, el Presidente vinculó a $LIBRA con un supuesto proyecto de inversión para fomentar la economía argentina, lo que, según la presentación, generó una ola de confianza entre miles de inversores que luego lo perdieron todo. “Creyeron que existía un proyecto legítimo respaldado por su gobierno”, afirman los demandantes.

Hayden Davis, principal acusado junto al ex CEO de Meteora Benjamin Chow, alardeó ante otros empresarios de “tener control sobre Milei” y ser capaz de negociar cualquier acuerdo a través de él. En mensajes privados filtrados a la prensa, llegó a afirmar: “Le mandé dinero a la hermana y él firma todo lo que yo digo”. En la demanda también se cita un brindis de Davis en el Four Seasons tras una visita a la Casa Rosada, celebrando un supuesto acuerdo con el Presidente argentino.

El documento judicial detalla cómo Davis y Chow diseñaron un esquema para quedarse con más del 95% de los tokens en circulación, inflar artificialmente su precio, y luego venderlos rápidamente al público. El resultado fue un colapso total de $LIBRA en cuestión de horas. Los acusados se habrían alzado con cientos de millones de dólares, mientras los inversores quedaron con las manos vacías. Nunca existió ninguna inversión en emprendimientos argentinos, como había sugerido el gobierno.

La acusación en EE.UU. se basa en la Ley RICO, una norma utilizada para perseguir redes criminales organizadas. Esta herramienta legal —invocada irónicamente en Argentina por la propia Patricia Bullrich— describe una “empresa criminal” con planificación empresarial. Según los denunciantes, Davis y Chow actuaron con una estrategia minuciosa de fraude financiero, respaldados en imagen por la figura presidencial de Milei.

La jueza Jennifer Rochon convocó una audiencia clave para el 19 de agosto, donde podría avanzar el reconocimiento formal de la demanda colectiva. Mientras tanto, la justicia argentina sigue sin moverse: en Comodoro Py, la causa avanza a paso lento, sin indagatorias ni definiciones, pese a las pruebas acumuladas. En ambos países, sin embargo, crece la presión sobre el Presidente, señalado por los inversores como la pieza central de una estafa que pudo evitarse.

Rechazaron el decreto que ordena su cierre y advirtieron que se trata de un “retroceso institucional” que pone en riesgo vidas. La ANSV es un organismo técnico, autofinanciado y con resultados comprobables en la reducción de la siniestralidad vial.

Trabajadores y trabajadoras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) difundieron un duro pronunciamiento contra el decreto 461/2025 del Gobierno nacional que ordena la disolución del organismo y la transferencia de sus funciones a Gendarmería. Aseguran que se trata de una decisión “política, legal y técnicamente errónea” que pone en riesgo vidas humanas, rompe la articulación federal en materia de seguridad vial y elimina un organismo “eficiente, autofinanciado y con resultados concretos”.

Creada por ley en 2008, la ANSV no depende del presupuesto nacional ni genera gasto fiscal, ya que se financia con el 1% de las primas de seguros. En estos años logró una fuerte reducción de la siniestralidad vial: según los datos oficiales, las víctimas fatales bajaron de 5.361 en 2008 a 3.894 en 2024. Solo en el último año, se realizaron 70.000 operativos y se controlaron más de 3 millones de vehículos.

Entre sus funciones, destacan los controles de alcoholemia y velocidad con tecnología homologada, el scoring nacional, la asistencia a víctimas de siniestros a través de la línea 149, y auditorías a talleres, médicos y centros de RTO.

Según denunciaron los trabajadores, la Gendarmería “no tiene formación vial, ni equipamiento propio, ni potestad legal en gran parte del país”, y su participación actual en los operativos no supera el 6%. Además, el informe en el que se basó el decreto contiene datos erróneos y tergiversaciones: “Cita normas anteriores a la creación de la ANSV, confunde roles y exagera su participación operativa”, señalaron.

“La seguridad vial no es un gasto ni una burocracia: es una política pública con resultados verificables y alineada con estándares internacionales. Es una inversión en vidas”, concluyen en el comunicado firmado por todo el personal del organismo, que cuenta con apenas 700 trabajadores en todo el país.

“Sería muy difícil que esto se concrete en menos de un año”, aseguró la propia secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem tras reunirse con el presidente.

El gobierno de Javier Milei anunció este lunes la firma de una declaración de intención con Estados Unidos para que Argentina vuelva a integrar el Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program), que permitiría a los argentinos ingresar al país norteamericano por hasta 90 días sin necesidad de tramitar una visa tradicional. Sin embargo, lo que el oficialismo presentó como un avance inmediato es, en realidad, un proceso que recién podría completarse dentro de al menos 12 meses.

La propia secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, fue quien puso paños fríos al entusiasmo oficial: “Sería muy difícil que esto se concrete en menos de un año”, dijo tras la reunión en Casa Rosada. Incluso señaló que no recuerda un solo caso en el que un país haya sido incorporado al programa en un plazo más corto. El anuncio, entonces, no implica un cambio real ni inmediato en los requisitos migratorios para los argentinos.

Lo que se firmó es una declaración preliminar que da inicio a un proceso técnico y diplomático que incluye una serie de requisitos exigentes: desde una baja tasa de rechazo de visas hasta la implementación de sistemas de información biométrica, acuerdos de intercambio de datos criminales y capacidad de repatriación. Recién cuando esos estándares sean cumplidos y validados por EE.UU., el país podrá volver a ser parte del programa.

Desde el gobierno argentino admitieron que el objetivo es que la medida esté vigente antes del Mundial 2026, evento que se celebrará parcialmente en Estados Unidos y que podría atraer a miles de turistas argentinos. Mientras tanto, todo sigue igual: quienes deseen viajar al país norteamericano deberán tramitar la visa B1/B2, que actualmente tiene un costo de 435 dólares.

En resumen, el anuncio del gobierno no modifica en lo inmediato las condiciones de ingreso a EE.UU., y lo firmado no es más que un compromiso a trabajar en esa dirección. La “visa libre” que muchos argentinos interpretaron como un beneficio ya concedido es, por ahora, solo una promesa a futuro cuya concreción dependerá del cumplimiento de exigencias bilaterales y del visto bueno de Washington.

La diputada volvió a apuntar contra la vicepresidenta y provocó un fuerte revuelo con una publicación cargada de comparaciones absurdas y acusaciones de traición.

Lilia Lemoine volvió a ubicarse en el centro de la polémica. En su constante enfrentamiento con Victoria Villarruel, la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) publicó un extraño tuit en el que se comparó con la vicepresidenta, aludiendo a su físico y a su forma de hacer política, con una frase que rápidamente generó rechazo: “Se me para al imaginarme en tanga”.

La publicación, despectiva y autorreferencial, generó confusión y burla entre usuarios de redes sociales, que no tardaron en contestarle con ironía o indignación. Todo comenzó cuando un usuario de la red X le cuestionó a Lemoine su obsesión con culpar sistemáticamente a Villarruel de todos los conflictos internos del Gobierno.

Lejos de esquivar la crítica, la legisladora redobló la apuesta y se lanzó con una respuesta provocadora que mezcló sexualización y ataques políticos. El episodio volvió a dejar en evidencia las tensiones cada vez más explícitas entre los distintos sectores del oficialismo, que ya no ocultan sus internas ante la opinión pública.

Lilia Lemoine y Victoria Villarruel alimentan la interna libertaria

El tuit no fue un hecho aislado. Lemoine lleva semanas apuntando contra la vicepresidenta, a quien acusa de haber pactado con referentes del peronismo no alineado con Unión por la Patria. Según su versión, Villarruel estaría tejiendo alianzas con gobernadores y senadores provinciales con el objetivo de consolidar poder en el Senado y eventualmente desplazar a Javier Milei.

En entrevistas recientes, sostuvo que la vice “está construyendo una marca propia para hacer populismo con la imagen que tiene gracias a Milei”. La acusación más grave es que Villarruel estaría actuando en coordinación con el peronismo “para que el Presidente pierda poder”.

Desde el entorno libertario, hay versiones que indican que su gira por provincias como Santa Fe, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero sería parte de esa estrategia. En esta última, incluso se reunió con el gobernador Gerardo Zamora, lo que alimentó las sospechas de una ruptura total con el Ejecutivo.

El Gobierno, por su parte, ha endurecido su postura. En reiteradas oportunidades, el mandatario llamó “traidora” a su vicepresidenta, incluso en actos públicos como la DerechaFest, donde la acusó de ser “bruta” y de actuar por fuera del plan de Gobierno. Desde la vocería presidencial también marcaron distancia: Manuel Adorni declaró que Villarruel “ya no forma parte del proyecto” oficial.

En ese contexto, las declaraciones de Lemoine se suman a un clima cada vez más cargado dentro del espacio gobernante. Con declaraciones llamativas y un tono cada vez más confrontativo, la diputada continúa alimentando el fuego de una interna que parece no tener retorno.