La cifra es mayor al 5,7% del mismo período de 2023 y apenas más baja que el 7,6% registrado en el segundo trimestre de 2024. Las cifras fueron informadas este miércoles por el Indec.

El desempleo había alcanzado al 6,9% de la población durante el tercer trimestre del 2024 según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El dato implica un crecimiento de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo período del año pasado y una merma de 0,7 puntos respecto al segundo trimestre, lo que refleja que el repunte de la actividad económica comenzó a observarse en el mercado de trabajo. De todos modos, la gran mayoría de los empleos que se crearon durante los últimos meses tuvieron lugar en el sector informal.

El Indec toma los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) sobre los grandes aglomerados urbanos. Si se toma en cuenta el total de todo el país, según la proyección de población del último Censo Nacional, en la Argentina había hasta el trimestre pasado 1.480.000 de desocupados y 2.534.000 subocupados, que son las personas que trabajan menos de 35 horas a la semana por causas involuntarias y buscan hacerlo más tiempo.

Las cifras muestran que hay 145.000 desocupados menos que durante el segundo trimestre de 2024 y 101.9000 desocupados menos respecto al mismo período. Pero en un año la desocupación aumentó en 281.300 y la subocupación en 259.500 personas.

Si bien los datos del mercado de trabajo suelen compararse con los de un año atrás, resulta interesante observar que la mejora del segundo trimestre contra el tercero coincide con los últimos datos de actividad económica. El Indec informó que el Producto Bruto Interno (PBI) cayó 2,1% interanual en el tercer trimestre pero creció 3,9% en la medición intertrimestral desestacionalizada, traccionado por la inversión y el consumo.

De todos modos, en el trimestre el empleo aumentó en 125.600 trabajadores, totalmente en el segmento informal. Sobre 20,8 millones de ocupados, 13,3 millones estaban registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y 7,6 millones en la informalidad.

Respecto de un año antes 13.400 personas dejaron de estar ocupadas (despidos, jubilación, retiros voluntarios, etcétera) con un cuadro extremadamente heterogéneo: bajó en 78.100 en el caso de los puestos en blanco, y subió en 64.700 en los informales (con menor ingreso y productividad).

En el Gobierno aseguran que la recesión ya quedó atrás, por lo que esperan una mejora en la tasa de desocupación durante los próximos meses. De hecho, la proyección oficial es que la economía crezca 5% durante 2025. Habrá que esperar para saber si los nuevos puestos de trabajo continúan traccionados por los informales y monotributistas, o si habrá un incremento en la formalidad.

Dónde hay más desocupados

Además de los datos nacionales, el Indec publica trimestralmente las estadísticas de empleo y desocupación por jurisdicción y región geográfica. En este caso, se encuentran diferencias notables entre algunos de los 31 principales aglomerados urbanos. Sin ir más lejos, dentro del Gran Buenos Aires es muy diferente lo que pasa en CABA, donde la tasa de desempleo es del 4,4% y en el resto de los partidos del Gran Buenos Aires, donde la desocupación es del 8,4%.

Dentro de Cuyo, la tasa de desempleo más alta es la de Gran Mendoza (5,0%) junto con Gran San Juan (5%) y la más baja es la del Gran San Luis (4,1%).

En el Noreste las diferencias son muy significativas. Dentro de esa región está Formosa, con una tasa de desocupación del 2,3%, y está Gran Resistencia, con un 10,9%.

En lo que respecta al Noroeste, sobresale con la desocupación más baja del país la jurisdicción de Santiago del Estero-La Banda (0,9%). En esa misma región, la desocupación más alta se observa en Gran Tucumán-Tafí Viejo (5,5%)

En la región Pampeana, el desempleo más bajo está en el Concordia (4,9%) y el más alto en Gran La Plata (9,7%). En la Patagonia, por su parte, la desocupación oscila entre el 1,2% de Viedma-Carmen de Patagones y el 8,1% de Río Grande.

Un avión despistó y causó al menos dos muertos al impactar en una zona residencial.

Este miércoles al mediodía, un avión privado despistó y se incendió tras impactar en una zona residencial cercana al aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, se confirmaron al menos dos víctimas fatales.

Según información preliminar, la aeronave involucrada sería un Challenger 300, matrícula LV-GOK, que regresaba a Buenos Aires tras un viaje a Punta del Este.

Testigos indicaron que el avión aterrizó en la cabecera 05 de la pista, pero, por razones aún desconocidas, no logró detenerse. La aeronave cruzó la reja de contención del aeropuerto y chocó contra varias viviendas ubicadas en el barrio contiguo.

“El avión entró pasado a la pista y, por alguna circunstancia, no pudo frenar. Terminó despistándose e impactando contra casas al lado del aeropuerto”, explicaron a Infobae.

Por el momento, las identidades de las víctimas no han sido confirmadas, mientras que las autoridades trabajan en la zona para evaluar los daños y determinar las causas del accidente.

Omar Maturano dijo que el paro por 24 horas es “la única” salida frente a la intransigencia del Gobierno. Cuál es el conflicto y el horario, duración y líneas afectadas por la medida de fuerza

El gremio de maquinistas La Fraternidad llevará a cabo mañana un paro de trenes a nivel nacional en reclamo de mejoras salariales, al advertir que esa medida de fuerza es la “única salida ante el aumento irrisorio”.

El paro tendrá lugar desde las 00 hasta las 23:59 de este miércoles, pero ocasionará mayor impacta en la líneas urbanas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como el Roca, Mitre, San Martín, Urquiza, Belgrano Sur y Sarmiento.

“Después de 90 días sin recibir una respuesta por parte de los funcionarios públicos, el sindicato La Fraternidad decidió llevar a cabo un paro de actividades total para el próximo miércoles 18 de diciembre, por 24 horas, en todo el territorio nacional”, anunció el gremio en un comunicado.

El secretario general del gremio, Omar Maturano, afirmó que el paro “es la única salida que nos queda” frente a un aumento salarial “irrisorio” ofrecido por el Gobierno.

Maturano explicó que el salario promedio de un maquinista oscila “entre 1.200.000 y 1.400.000 pesos”, por lo que el aumento ofrecido por el Gobierno “representa 400 pesos por día”, y sostuvo que “con eso no te compras ni un alfajor”.

“Nos dan el 1% en noviembre y el 2,5% en diciembre, y decidimos que es irrisorio, una dádiva”, mientras que el salario de los conductores de locomotoras “se deterioró aproximadamente en un 46 por ciento” en el último año.

Maturano señaló que “no queremos parar, el paro nos cuesta 60.000 pesos porque nos descuentan el día, y seguramente perjudicamos a un montón de gente, pero es la única salida que nos queda”.

Agregó que los delegados gremiales están “cansados de ir a las estaciones de trenes a volantear y pegar afiches”, y dijo que desde el sector sindical no cuentan con “la gran comunicación del Gobierno, con trolls pagos y fanáticos que hacen todo ese trabajo de denigrar al trabajador”.

La Fraternidad había señalado la semana pasada que el gobierno de Javier Milei “desconoce” la inflación de septiembre y octubre porque ofrece “aumentos irrisorios” para noviembre, del 1%, y diciembre, del 2,5%, así como tampoco “reconoce el 46% perdido desde el inicio de la gestión”.

El gremio lanzó críticas también contra la oposición y la calificó de estar “confundida” y “sin rumbo”, mientras “los trabajadores estaremos alerta custodiando los auténticos valores y conquistas heredadas de nuestra doctrina y para el pueblo trabajador”.

El juez Ramos Padilla detectó 316 aportes falsos por más de $122 millones actualizados, usados en la elección que apoyaron Macri y Vidal.

El juez federal electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, procesó a los responsables económicos de la campaña de Cambiemos en 2017 por rendir aportes falsos de personas que negaron haber realizado esos pagos. La investigación determinó que al menos 316 aportes irregulares sumaron $1.962.325 de aquel año, equivalentes a $122 millones actualizados según el IPC del INDEC.

La causa abarca las elecciones primarias y generales de 2017, donde Esteban Bullrich y Gladys González fueron candidatos a senadores nacionales y Graciela Ocaña encabezó la lista de diputados. En esa elección, Cambiemos, respaldado por el entonces presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, venció a la lista encabezada por Cristina Fernández de Kirchner.

Los procesados son Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chabán y Alfredo Irigoin, responsables económicos de la campaña. Fueron acusados de falsedad ideológica de documento público y omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos de campaña. Además, Ramos Padilla ordenó embargos de entre 30 y 50 millones de pesos sobre sus bienes.

La investigación reveló que el 37% de los aportes analizados eran falsos, con montos que iban desde $700 hasta $22.000. Además, el 90% de los fondos fue manejado en efectivo, una práctica prohibida desde 2019. El juez destacó que la maniobra involucró a personas vulnerables, beneficiarios de programas sociales o ciudadanos sin capacidad económica para aportar.

“Jamás aportaría plata a nadie porque estoy sola con mis tres hijas y apenas llego a fin de mes”, declaró una de las supuestas aportantes. Otra mujer, que cobraba $4.800 del Programa Hogar, fue registrada con un aporte de $2.000.

Ramos Padilla remarcó que no se trató de un error, sino de una maniobra deliberada para ocultar el origen de los fondos. Asimismo, señaló que aún se desconoce la procedencia de gran parte del dinero utilizado en la campaña, por lo que ordenó continuar con la investigación.

El magistrado también rechazó un planteo de los procesados que pedía suspender la causa hasta que la Corte Suprema resolviera el control electoral. Argumentó que acceder a esa solicitud significaría otorgarles privilegios de inmunidad inadmisibles.

Así lo reveló un estudio de la Dirección Provincial de Tecnología que encuestó a 90.332 estudiantes de entre 12 y 19 años de los 135 municipios bonaerenses.

Una encuesta masiva realizada por el Gobierno bonaerense sobre consumos digitales y ludopatía arrojó resultados preocupantes: casi 2 de cada 10 adolescentes entrevistados admitió haber apostado al menos una vez, mientras que más del 60% afirmó conocer personas que participan frecuentemente en apuestas.

La Encuesta de Bienestar Digital, elaborada por la Dirección Provincial de Tecnología de la Información, se basó en un relevamiento sobre 90.332 estudiantes de entre 12 y 19 años de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en uno de los estudios más grandes del país sobre esta problemática.

El informe fue presentado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la Salud, Julieta Calmels.

Entre los datos más relevantes, se destacó que:

• El 60,4% de los encuestados indicó conocer personas que realizan apuestas en línea.
• El 19,1% admitió haber apostado al menos una vez.
• El 3,7% realiza apuestas al menos una vez al mes.
• El 1,8% apuesta semanalmente.

Los apostadores frecuentes reportaron enfrentar consecuencias preocupantes, como ansiedad, insomnio y problemas financieros debido a esta actividad.

Durante la presentación, Carlos Bianco subrayó la magnitud del relevamiento: “Con más de 90 mil entrevistados, se trata de una de las encuestas más grandes que se hayan hecho en la historia de nuestro país sobre esta problemática”. Además, reflexionó sobre el contexto actual y la creciente presión social: “Hay un discurso de época que empuja a nuestros pibes y pibas a realizar apuestas en plataformas para ganar dinero rápido y con poco esfuerzo”. Y advirtió que “la ludopatía no es un problema que pueda solucionarse desde el mercado”.

Por su parte, Julieta Calmels brindó detalles sobre el Programa de Prevención y Abordaje en Ludopatía, que desde su lanzamiento en julio ya alcanzó a más de 14.000 bonaerenses. La funcionaria explicó que el programa se estructura en tres ejes principales:

1. Espacios de atención y tratamiento para quienes padecen esta problemática.
2. Formación de trabajadoras y trabajadores de la salud para una intervención adecuada.
3. Estrategias de intervención territorial, con un enfoque comunitario y de prevención activa.

En tanto, Alberto Sileoni anticipó que a partir de marzo de 2025 se profundizará el trabajo en las escuelas con capacitaciones a docentes, talleres de salud mental y producción de materiales. “Haremos un abordaje con los actores más involucrados, que incluirá sesiones de sensibilización con las familias y proyectos con las y los jóvenes”, detalló Sileoni. Además, destacó el rol del Consejo Consultivo de Estudiantes, que facilitará acuerdos institucionales y promoverá convivencias en entornos digitales saludables.

Bianco dio detalles sobre la encuesta de ludopatía infantil y dio precisiones sobre los trabajos que llevará a cabo el Ejecutivo bonaerense.

Este lunes en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dio detalles sobre los resultados de la encuesta que obtuvo la administración de Axel Kicillof en torno a la ludopatía infantil y dio precisiones sobre los trabajos que llevará a cabo el Ejecutivo bonaerense para combatir la problemática que se vio incrementada en los últimos meses. En concreto, casi el 4 % de la muestra total, apuesta al menos una vez por mes.

“El dato que nos preocupa más es que la plataforma que usan los menores de edad, y que no podrían ingresar a las plataformas legales, la que usan es legal. Ya nos contactamos con esa plataforma y con otras porque no podrían ingresar, nosotros pensamos que lo hacían en plataformas ilegales”, precisó el Ministro bonaerense y aclaró que estas empresas deberán incorporar las restricciones de datos biométricos correspondientes.

Cabe señalar que, la encuesta autoadministrada que sirvió para recabar los datos sobre la ludopatía infantil se realizó entre el 4 y 9 de noviembre pasados y fue completada por jóvenes de entre 12 y 19 años, con lo cual, la provincia de Buenos Aires obtuvo alrededor de 90.332 respuestas.

Por caso, entre los apostantes frecuentes el Gobierno bonaerense detectó que el 10,5% de ellos, lo hacen al menos una vez al día y el 50%, una vez por semana con el objetivo de ganar dinero para uso personal y divertirse como principales motivaciones personales y, según declararon en la encuesta que se realizó en las diferentes escuelas de la provincia de Buenos Aires el origen principal del dinero fue por ahorros.

La conferencia de prensa que encabezó Bianco en el salón dorado de la Gobernación, ubicada en La Plata, también contó con la participación del director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la Salud bonaerense, Julieta Calmels.

Asimismo, Bianco precisó que en base a los datos que lograron recabar desde la Provincia llevarán a cabo una serie de medidas para luchar contra la ludopatía infantil en el territorio bonaerense. Calmels informó que los principales ejes en los que trabajan desde la Ministerio están basados en la Atención, Acompañamiento y Orientación, en la Formación para trabajadores y en las Estrategias de intervención Estatal.

La Subsecretaria de la cartera bonaerense indicó que el 50% de los jóvenes que se vieron afectados por la ludopatía infantil aún no encontraron una herramienta que les permita revertir la situación, e indicó que desde el Ministerio trabajarán para habilitar espacios que sirvan de contención y detalló que ya iniciaron actividades en articulación con algunos municipios de la provincia de Buenos Aires.

“Vamos a continuar trabajando sobre esto. Los chicos dicen que parte de las consecuencias que produce el juego son dormir mal, enojarse más que afectan en los espacios de aprendizaje, la ansiedad y el cansancio. Es muy importante como los chicos tiene percepción de los efectos que produce el jugar”, detalló Calmels.

Por su parte, Sileoni se refirió a la importancia de que la Dirección tenga incidencia en la búsqueda de una solución para las problemáticas actuales, que en los últimos años se vio afectada por las transformaciones culturales, como la ludopatía infantil, la educación sexual integral, trata, violencia en el noviazgo, que aclaró que no son las tareas originarias que las escuelas debe abordar.

En este sentido, el Director General de Cultura y Educación ponderó el trabajo de los docentes que se capacitan a diario para actualizar la formación profesional y que se preparan para poder abordar las situaciones puntuales que surgen a diario. Sobre ello, dio detalles sobre los espacios de especialización que se abrirán a partir de los próximos meses para poder brindarles herramientas a los educadores de la provincia.

Bloques temáticos de la encuesta sobre ludopatía infantil

• Identificación de la escuela
• Datos del alumno
• Conectividad
• Uso de dispositivos
• Uso de redes sociales
• Uso de videojuegos
• Uso de inteligencia artificial
• Apuestas online
• Aspectos sociales

“El agua y el saneamiento no son un negocio” escribió Kicillof en su cuenta de la red social X.

El anuncio de la posible privatización del 90% de las acciones de AySA, realizado por su titular Alejo Maxit, generó un fuerte rechazo por parte del gobierno bonaerense, que advirtió sobre las graves implicancias de esta medida para el acceso al agua potable y el saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tanto el gobernador Axel Kicillof como su equipo de gobierno subrayaron que este intento representa un retroceso que recuerda los fracasos de la privatización de los años noventa.

Kicillof expresó su oposición a la iniciativa a través de sus redes sociales, destacando la importancia del rol estatal en garantizar servicios básicos. “El agua y el saneamiento no son un negocio. Sin un Estado que invierta y sostenga la obra pública, sería imposible transformar el sistema sanitario en los 135 municipios bonaerenses”, afirmó. Como ejemplo, mencionó las obras recientes realizadas en el hospital Iriarte de Quilmes, que demuestran cómo la inversión pública puede mejorar la infraestructura en sectores esenciales.

El Presidente de @AySA_Oficial ratifica que la van a privatizar. Eso ya sucedió y salió mal, muy mal.

En su momento quebraron y fundieron una empresa que es social, que debe garantizar el acceso a un derecho básico universal. La consecuencia fue que no hubo obras durante años,… pic.twitter.com/igYDHRGpXi

— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) December 15, 2024

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Gabriel Katopodis, también criticó duramente el modelo propuesto, que se inspira en la experiencia de privatización aplicada en San Pablo, Brasil. Katopodis recordó que, durante la privatización de los años noventa, la falta de obras y el abandono de las redes de agua y cloacas resultaron en un deterioro significativo del servicio. “El gobierno de Javier Milei condena al Gran Buenos Aires y a las regiones más desfavorecidas a no cerrar las brechas de acceso al agua y al saneamiento”, sentenció.

Los logros alcanzados tras la reestatización de AySA en 2006 refuerzan el argumento contra la privatización. Según datos oficiales, la cobertura de agua potable en el AMBA creció del 76% al 85%, mientras que la de cloacas pasó del 57% al 72%. Además, durante la gestión de Malena Galmarini, se realizaron más de 4.000 kilómetros de nuevas redes de agua y 1.300 kilómetros de cloacas, beneficiando a millones de vecinos. Sin embargo, el reciente anuncio de Maxit y las decisiones del gobierno de Milei, como el cierre del ENOHSA, ponen en riesgo estos avances y generan incertidumbre sobre el futuro del servicio.

El debate revive los cuestionamientos al rol del Estado en sectores estratégicos como el acceso al agua potable y al saneamiento, especialmente en un contexto donde los municipios más vulnerables del AMBA dependen de una gestión eficiente y equitativa. Desde la provincia de Buenos Aires, las autoridades reiteran que la privatización no es el camino para garantizar estos derechos básicos y advierten sobre el impacto que esta medida podría tener en las comunidades más necesitadas.

Un informe de la cadena alemana Deutsche Welle (DW) destaca el creciente número de personas en situación de calle y señala a las políticas implementadas por el Gobierno.

La cadena alemana Deutsche Welle emitió un informe contundente titulado “Buenos Aires prohíbe dormir en la calle mientras se agrava la crisis de vivienda”, en el que denuncia la crítica situación de las personas en situación de calle en la capital argentina. El informe no solo expone el aumento de la pobreza en el país, sino que también señala directamente a la administración de Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, por implementar políticas que algunos califican de punitivas y deshumanizantes frente a la problemática.

Un reflejo de la crisis económica argentina

Deutsche Welle destacó cómo el aumento de la pobreza, combinado con el encarecimiento de los alquileres, ha empujado a miles de personas a vivir en la vía pública. Según cifras del informe, en Buenos Aires hay actualmente 4.400 personas en situación de calle, un 10% más que el año pasado y 2,5 veces más que hace cinco años. No obstante otras fuentes pertenecientes a ONGs afirman que hay al menos 12.000 personas en tal situación.

El informe incluyó imágenes de desalojos realizados por las autoridades porteñas y testimonios desgarradores de personas afectadas. Una de las entrevistadas relató: “Te quitan las cosas, te pegan. No puedo estar en la calle, pero estoy porque no tengo un buen trabajo”. Otro testimonio señaló que los paradores ofrecidos por el gobierno son inseguros y sucios, lo que lleva a muchas personas a evitarlos, incluso a costa de quedarse en la calle.

Políticas cuestionadas y el enfoque punitivo

La política del gobierno de Jorge Macri establece que quienes no tienen vivienda deben trasladarse a centros de inclusión social o mudarse a otros municipios, una medida que, según el informe, ha sido percibida como un intento de deslindarse del problema social. Además, las autoridades han desalojado campamentos improvisados en varios puntos de la ciudad bajo el lema “La calle no es un lugar para vivir”, frase que se convirtió en un polémico eslogan de la gestión.

En abril, Jorge Macri publicó imágenes en redes sociales mostrando el desalojo de personas en la explanada del Aeroparque Jorge Newbery, calificándolo como una “limpieza del espacio público”. Esta analogía con la basura recolectada generó un fuerte repudio, tanto en el ámbito local como internacional, al ser considerada insensible y despectiva hacia las personas afectadas por la pobreza extrema.

La respuesta del Gobierno porteño y la crisis de imagen de Jorge Macri

Consultado por el informe de Deutsche Welle, el gobierno porteño evitó emitir comentarios al respecto, mientras que continúa responsabilizando a la Provincia de Buenos Aires por el aumento de la población sin hogar, en un poco convincente intento por desligarse del problema.

La situación ha impactado negativamente en la imagen pública de Jorge Macri, quien según las últimas encuestas, figura entre los gobernadores con menor aprobación del país. Este contexto resalta la falta de políticas inclusivas y efectivas para abordar la creciente crisis habitacional y social en la Ciudad de Buenos Aires, en un momento en que la crisis económica nacional profundiza las desigualdades.

A la vez que el gobierno deja sin medicamentos a enfermos terminales y jubilados, ahora el ministerio de Defensa firmó la primera Carta de Oferta y Aceptación para la adquisición de equipos y capacidades destinados al programa F-16.

El ministro de Defensa, Luis Petri, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, firmaron la primera Carta de Oferta y Aceptación (LOA, por sus siglas en inglés) para la adquisición de equipos y capacidades destinados al programa F-16. Según el Ministerio de Defensa, este acuerdo permitirá incorporar tecnología de última generación para la Fuerza Aérea, fortaleciendo áreas como la transmisión de datos, comunicaciones y guerra electrónica.

Sin embargo, la firma de este acuerdo contrasta profundamente con la narrativa oficial del Gobierno, que en reiteradas oportunidades ha afirmado que “no hay plata” para cubrir necesidades urgentes. Mientras que los jubilados y pacientes con enfermedades terminales enfrentan recortes en el acceso a medicamentos, el Estado destina recursos significativos a la compra de armamento en un país que no enfrenta conflictos bélicos.

Prioridades que alarman

La incorporación del F-16 convierte a la Argentina en el 29º país en operar este caza multirol de cuarta generación, reconocido por su sofisticación tecnológica y capacidad ofensiva. Este “salto generacional” en la Fuerza Aérea fue enmarcado por el ministro Petri como parte del “compromiso del presidente Javier Milei con la modernización de las Fuerzas Armadas”.

Sin embargo, este anuncio llega en un contexto de ajuste brutal para los sectores más vulnerables. Mientras el Gobierno celebra la modernización militar, los jubilados deben lidiar con la reducción de beneficios esenciales, y muchos enfermos terminales enfrentan la imposibilidad de acceder a tratamientos fundamentales.

¿Gasto estratégico o despilfarro?

El contraste resulta evidente: el Ejecutivo gasta en sistemas de armas diseñados para escenarios bélicos que la Argentina no enfrenta, mientras se niega a garantizar derechos básicos. En palabras del Ministerio de Defensa, el acuerdo permitirá “formar y sostener el sistema de armas, incorporando equipos y armamento de última generación”. Pero, ¿a qué costo?

La narrativa oficial justifica este gasto en nombre de la soberanía nacional y la seguridad del territorio, pero los críticos señalan que priorizar armamento en lugar de atender las necesidades urgentes de la población refleja una desconexión con la realidad social del país.

La contradicción del discurso oficial

Mientras el Gobierno insiste en la falta de recursos para atender las demandas básicas de los ciudadanos, avanza en acuerdos millonarios para fortalecer un aparato militar innecesario en el actual escenario nacional. Esta contradicción genera indignación y cuestiona las prioridades de una gestión que celebra adquisiciones internacionales mientras deja a los sectores más vulnerables a la deriva.

El verdadero desafío de la Argentina no está en los cielos, sino en la tierra: en garantizar medicamentos, alimentos y servicios básicos para quienes más los necesitan. Por más que el Gobierno intente justificarlo, es difícil explicar cómo un país con una clara postura pacífica histórica justifica semejante gasto en armamento, mientras ajusta a sus propios ciudadanos.

Tras la cumbre en Moreno, Cristina Kirchner buscará hoy terminar de ponerle el punto final a la interna del PJ y erigir nuevamente al espacio como la alternativa frente a la avanzada neoliberal de Javier Milei.

Cristina Kirchner asumirá esta tarde la presidencia del Partido Justicialista (PJ) nacional en un acto que la tendrá como única oradora y que comenzará a las 17.30 en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, en el barrio porteño de Balvanera.

La asunción tiene lugar luego de la cumbre del PJ este lunes en Moreno, en la que estuvieron presentes la exmandataria, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, el excandidato Sergio Massa y el diputado nacional Máximo Kirchner. El acto se hará en presencia de los consejeros del partido y los cinco vicepresidentes que la acompañarán.

“Hay que darle menos entidad a las risas y los abrazos, y mirar lo institucional: los bloques del peronismo en el Congreso y en la Legislatura siguen unidos y los funcionarios bonaerenses están trabajando en la gestión”, señalaron desde el Instituto Patria, donde remarcaron que la principal coincidencia se dio en torno a las críticas al gobierno de Javier Milei. Aceptan que la interna subió de tono, pero que no tuvo correlato institucional. En otro bando expresaron que en el encuentro fue “de rutina” y “sin mucho contenido”.

Con la asunción se pondrá fin a meses de tensión en la interna por la conducción del partido, luego de lo que fueron las elecciones fallidas contra el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela. El acto tendrá a la exmandataria como la única oradora en la ceremonia, donde también asumirán sus funciones los vicepresidentes y consejeros de la lista Primero la Patria.

También se espera que estén presentes los presidentes de los respectivos PJ provinciales, muchos de ellos gobernadores, como el pampeano Sergio Ziolotto o el formoseño Gildo Insfrán. También se prevén ausencias como las de Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) – ambos fueron criticados por la expresidenta por su cercanía con Javier Milei – y el nombrado Quintela.

El regreso de Cristina a los focos comenzó el pasado el 17 de noviembre cuando encabezó su primer acto como titular del PJ en Santiago del Estero.

La siguiente parada fue en Rosario, en el acto de cierre del Encuentro Nacional de Salud. Allí, Cristina Kirchner evitó cualquier referencia a la discusión interna y se focalizó en confrontar con la gestión libertaria, tras lo que fue la decisión de recortar los medicamentos del PAMI.