La central obrera confirma el arranque de un plan de lucha escalonado contra el Gobierno, con movilizaciones conjuntas y la posible concreción de un paro general hacia fines de año.

Tal como se había anticipado, la Confederación General del Trabajo (CGT) pone en marcha un plan de confrontación contra el Gobierno de largo plazo, que se extenderá al menos hasta noviembre y que podría desembocar en un paro general, posibilidad que hasta ahora los dirigentes de Azopardo habían descartado.

Mediante sus canales oficiales, la central obrera ratificó su regreso a las calles este miércoles, cuando lidera una manifestación junto a las dos CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), en respaldo a los jubilados.

A qué hora marchan la CGT, las dos CTA y la UTEP hoy con los jubilados

La convocatoria, difundida bajo el lema «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados», fijó la concentración a las 15 horas en Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, frente a la Plaza del Congreso. Desde allí, las organizaciones exigirán la defensa de los haberes previsionales, el sostenimiento de los ingresos y condiciones dignas para los adultos mayores.

La movilización no constituye un acto aislado, sino que se inscribe en un cronograma de acciones acordadas entre las centrales sindicales y los movimientos sociales, tras una serie de reuniones en las que resolvieron actuar de manera unificada frente al rumbo económico del Gobierno nacional. Este acercamiento se consolida luego de que la UTEP anticipara una nueva etapa de protestas por el cierre del programa «Volver al Trabajo».

El objetivo del espacio es sostener un proceso creciente de participación sindical y social. En ese marco, distintos dirigentes ya adelantaron que el plan de lucha podría escalar hacia nuevas medidas de fuerza. Entre ellas, cobra fuerza la posibilidad de convocar a un paro general, alternativa que comenzó a debatirse en los encuentros entre las centrales y que dependerá de la evolución del conflicto y la respuesta oficial a los reclamos.

Las fechas que se barajan para esa medida son noviembre o la primera quincena de diciembre. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, mencionó la posibilidad de «una gran marcha y paro» antes o durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, mientras que en la CGT inclinarían la balanza hacia diciembre.

De este modo, la jornada del miércoles se perfila como el puntapié inicial de una nueva etapa de confrontación entre el movimiento obrero organizado y el Ejecutivo nacional, con una estrategia basada en la unidad gremial y social para incrementar la presión en la vía pública.

La movilización se realizará este miércoles frente al Congreso y contará con la participación de la CGT, las dos CTA, organizaciones sociales y agrupaciones de jubilados, en una nueva protesta contra las políticas económicas del Gobierno nacional.

La Confederación General del Trabajo (CGT), Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diversos movimientos sociales marcharán este miércoles 22 de julio hacia el Congreso de la Nación junto a organizaciones de jubilados para reclamar mejoras en los haberes previsionales y rechazar las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

La convocatoria busca respaldar la tradicional protesta que los jubilados realizan cada semana frente al Palacio Legislativo y sumar a distintos sectores sindicales y sociales en una jornada de protesta que se prevé multitudinaria.

La CGT confirmó su participación como parte del plan de lucha que viene desarrollando en los últimos meses contra distintas medidas económicas y laborales impulsadas por la administración nacional.

A la movilización también se sumarán las CTA, movimientos territoriales, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles y representantes de distintos sectores sindicales que buscan mostrar una acción coordinada frente al Gobierno.

Organizaciones sociales se movilizarán al Congreso: cuáles son los reclamos ante el Gobierno

La protesta se desarrollará en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las centrales obreras, luego de diversos cruces por la reforma laboral, el financiamiento sindical y las políticas de ajuste implementadas desde la Casa Rosada.

Entre los principales reclamos figuran la recomposición de las jubilaciones, la actualización de bonos para los adultos mayores y el rechazo a las políticas de ajuste que, según las organizaciones convocantes, afectan el poder adquisitivo de trabajadores activos y pasivos.

Los organizadores sostienen que la situación de los jubilados se agravó por la inflación acumulada y por el impacto de los recortes presupuestarios, por lo que consideran necesario mantener la presión en las calles para obtener respuestas oficiales.

Desde las organizaciones convocantes adelantaron que la marcha buscará expresar la unidad de distintos sectores del movimiento obrero y social en defensa de los jubilados y en rechazo a las medidas económicas oficiales, en una nueva demostración de fuerza frente al Congreso Nacional.

El Gobierno designó al exsecretario de Comunicación y Prensa Javier Lanari como nuevo director del Banco de la Nación Argentina. La decisión fue formalizada en el Boletín Oficial tras la salida de Gonzalo Pascual del directorio de la entidad, donde se estableció que ocupará el cargo “para completar un período de ley que vence el 4 de febrero de 2028”. Lanari era el segundo de Manuel Adorni, acusado en múltiples causas por corrupción.

La incorporación de Lanari se hizo efectiva con fecha retroactiva al 25 de junio de 2026, aunque la medida recién fue oficializada este martes. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. Lanari, a quienes muchos consideran un ñoqui VIP, ganará más de 10 millones de pesos. La casta no tiene miedo.

El desembarco de Lanari en el Banco Nación ya había trascendido semanas atrás, luego de los cambios impulsados por el Gobierno en el área de comunicación.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, no se aguantó la ansiedad y viajó a Estados Unidos para ver la final de la Copa del Mundo a pesar de que las entradas cotizan más de 30 mil dólares en la reventa. ¿De dónde sacó tanta plata? Inexplicable.

El senador viajó desobedeciendo a Javier y Karina Milei que habían bajado la orden política de que ningún funcionario libertario fuera al torneo para evitar una imagen asociada a los privilegios de la casta, caracterización que parece incluirlos desde el escándalo Adorni, entre otros. Por supuesto, no le hizo caso.

Por suerte, el mundial ya terminó para los libertarios que finalmente fue más incómodo de lo que pensaban con una selección que terminó mostrando una bandera de Malvinas cuando el gobierno había bajado la línea de que no podían entrar con pancartas referidas al tema que más incomoda a Milei, que llegó a elogar a Margaret Thatcher.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata cuestionó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por una medida vinculada a la cooperación con el FBI y aseguró que desconoce el mandato constitucional sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata lanzó un duro comunicado contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, al cuestionar su actuación en el marco de la cooperación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y acusarla de incumplir la Constitución Nacional.

Desde la organización sostuvieron que la funcionaria “ahora se puso la gorra del FBI” y remarcaron que, como integrante del Gobierno argentino, “debe cumplir con la Constitución Nacional”. En ese sentido, recordaron la Disposición Transitoria Primera, que ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, además de establecer que su recuperación constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

El CECIM aseguró que la ministra “se olvida” de ese mandato constitucional y la calificó como una funcionaria “colonizada”. En el mismo comunicado, la entidad expresó: “Qué vergüenza que nos das… reprimís a jubilados y Malvinas entregás”.

Las críticas se producen en medio de la polémica generada por la profundización de los vínculos entre el Ministerio de Seguridad y organismos estadounidenses, una decisión que distintos sectores cuestionan por considerar que puede afectar la autonomía del país en materia de seguridad y soberanía.

El pronunciamiento del CECIM vuelve a poner en el centro del debate la política del Gobierno nacional respecto de la cuestión Malvinas, un tema que para los excombatientes constituye una causa permanente y un compromiso establecido por la propia Constitución Nacional.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un nuevo aumento del 15% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), una medida que elevará a $70.000 millones la inversión mensual destinada a garantizar la alimentación de más de 2,5 millones de estudiantes en escuelas bonaerenses.

El anuncio fue realizado durante la conferencia de prensa encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto a los ministros de Economía, Pablo López, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Según explicó Bianco, la actualización fue definida de manera conjunta entre las áreas de Desarrollo de la Comunidad y Economía, y lleva el incremento acumulado del programa en lo que va del año a casi el 50%.

Desde la administración de Axel Kicillof remarcaron que el aumento no responde únicamente a la inflación, sino que representa una mejora real de los recursos destinados al SAE, considerado hoy la principal política alimentaria de la provincia.

Además, el Gobierno destacó la expansión que tuvo el programa durante la actual gestión. Desde 2019, casi se triplicó la cantidad de estudiantes que almuerzan en establecimientos educativos bonaerenses, incorporando a 500.000 chicos y chicas al sistema de comedor escolar.

La inversión también alcanzó la infraestructura destinada a la alimentación en las escuelas. En estos años se construyeron, refaccionaron o mejoraron 400 comedores escolares, mientras que otros 40 permanecen en ejecución. A ello se suman $9.000 millones destinados a equipamiento gastronómico para establecimientos educativos de los 135 municipios de la provincia, beneficiando a unas 7.500 escuelas, cerca del 70% del total.

En ese marco, el ministro Andrés Larroque calificó la decisión como “un esfuerzo inmenso” de la Provincia para fortalecer la política alimentaria escolar y cuestionó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional en el financiamiento de programas que garantizan un plato de comida diario a miles de niños y adolescentes.

Durante la conferencia, Bianco también realizó un balance del programa Puentes, que cumplió cuatro años de funcionamiento. Según detalló, la iniciativa ya articula con 25 universidades, ofrece 368 carreras, cuenta con 53 centros universitarios, supera los 21.000 estudiantes y registra casi 3.000 egresados.

Asimismo, confirmó que durante 2026 continuarán en ejecución 24 obras de infraestructura universitaria en distintos municipios y adelantó que el gobernador Axel Kicillof retomará su agenda pública con actividades en La Plata, donde encabezará una entrega de escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa e inaugurará obras en el Complejo de Niñez Abasto.

Por último, el Gobierno bonaerense lanzó oficialmente la temporada turística de invierno con promociones del Banco Provincia para hotelería, gastronomía, transporte, entretenimiento y alquiler de vehículos, además de una agenda de fiestas populares y circuitos turísticos en distintos municipios.

En ese contexto, Bianco volvió a cuestionar la política económica del Gobierno nacional al señalar que la falta de medidas de incentivo para el turismo interno y la pérdida del poder adquisitivo están afectando de manera directa a la actividad durante las vacaciones de invierno.

La Provincia hizo oficial la suba salarial a la Bonaerense que se pagará en dos tramos y va en sintonía con el acuerdo paritario al que llegó con estatales y docentes

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció este lunes un aumento salarial escalonado del 7% para las fuerzas de seguridad, que había sido anticipado este medio. Fue en el marco de una conferencia de prensa realizada por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Economía, Pablo López.

“Al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad de la Provincia recibirán un incremento salarial del 7% que se hará efectivo en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto. También hemos contemplado un incremento de las asignaciones familiares en un 30%”, señaló López.

Este aumento es para los efectivos policiales, tal como se acordó con los trabajadores docentes y de la Ley 10.430, y se calculará respecto a los salarios percibidos en junio.

“Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord”, sostuvo López. Y agregó: “En este contexto, es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses”.

Cómo quedaría la escala salarial de la Policía

Si bien aún no fue publicada oficialmente cómo quedará la escala salarial, se puede proyectarla tomando como referencia la de abril 2026: 

Oficial de Policía
Julio $908.992,95
Agosto $926.307,10

Sargento    
Julio: $913.310,97    
Agosto: $930.707,37

Teniente
Julio: $927.074,21    
Agosto: $944.732,77

Capitán    
Julio: $1.163.662,92    
Agosto: $1.185.827,93

Comisario    
Julio: $1.418.920,62    
Agosto: $1.445.947,68

Comisario General    
Julio: $1.976.408,29    
Agosto: $2.014.054,16

Vale destacar que estos aumentos están relacionados al sueldo básico, por lo que el salario total puede incluir bonificaciones remunerativa, sumas no remunerativa, riesgo profesional, antigüedad, horas CO.RE.S., Policía Adicional, compensación por uniforme y otros conceptos.

En junio, el dólar oficial subió un 5% y sigue manteniendo presión sobre la inflación. Además, el movimiento sobre la moneda norteamericana pone incertidumbre sobre el programa financiero del gobierno de Javier Milei ya que afecta al carry trade que se basa en el dólar frenado.

En mayo la suba de precios fue del 2% y se espera un número similar en junio, aunque por el momento no se espera una baja superior ya que el incremento del dólar presiona sobre los bienes y servicios que cuentan con algún costo en dólares.

Con respecto al carry trade, ese episodio llevó a muchos operadores a dar por terminada la etapa más rentable de la estrategia, pero el panorama comenzó a estabilizarse nuevamente gracias a la moderación del tipo de cambio, el ingreso estacional de divisas del sector agroexportador y la continuidad de las compras de dólares por parte del Banco Central.

En ese contexto, algunos analistas sostienen que el recorrido alcista del dólar podría ser limitado en los próximos meses, lo que vuelve a abrir la puerta para quienes buscan aprovechar las tasas en pesos.

La iniciativa busca regular la actividad de repartidores de aplicaciones como Rappi y Pedidos Ya, además de trabajadores de plataformas de transporte como Uber y Cabify. Incluye seguros obligatorios, mayor transparencia en los ingresos y nuevas obligaciones para las empresas.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para regular el trabajo realizado a través de plataformas digitales de reparto y transporte, como Rappi, Pedidos Ya, Uber y Cabify.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa, establece un marco de derechos y obligaciones para quienes trabajan mediante aplicaciones, aunque respeta las limitaciones impuestas por la reforma laboral nacional, que impide obligar a las empresas a registrar a estos trabajadores bajo relación de dependencia.

Según el Gobierno bonaerense, el objetivo es crear un “piso mínimo de derechos” para un sector que actualmente desarrolla su actividad con escasa regulación. Estimaciones oficiales indican que solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hay alrededor de 500.000 personas que trabajan mediante plataformas, mientras que en todo el país la cifra supera el millón.

Qué busca el proyecto

El ministro Walter Correa sostuvo que la propuesta toma como referencia las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar condiciones básicas de protección.

Además, cuestionó el funcionamiento de los algoritmos utilizados por las plataformas, al señalar que son las empresas las que determinan de manera unilateral la asignación de tareas y el valor de cada viaje o reparto, sin que los trabajadores conozcan cómo se calculan esos criterios.

Punto por punto, qué establece la iniciativa

Entre las principales medidas previstas por el proyecto se destacan:

• Seguro obligatorio contra accidentes de trabajo y cobertura médica integral para todos los trabajadores de plataformas.
• Mayor transparencia sobre cómo se calculan los ingresos y la asignación de tareas mediante los algoritmos.
• Creación de una aplicación oficial para los trabajadores, que incluirá un botón de pánico, un botón de emergencia sanitaria y otros servicios vinculados a la actividad.
• Registro obligatorio de plataformas digitales, donde las empresas deberán inscribirse e informar quiénes trabajan a través de sus aplicaciones.
• Las compañías deberán informar al Estado y a las organizaciones sindicales la cantidad de trabajadores activos, las horas trabajadas, los ingresos promedio, el tipo de contratación y los intermediarios con los que operan.
• Las plataformas estarán obligadas a garantizar espacios adecuados para el descanso, con sanitarios, agua potable, lugares de resguardo climático, puntos para cargar celulares y estacionamiento para bicicletas y motos en sus centros de operación.
• Las empresas deberán contratar un seguro para sus trabajadores, pudiendo hacerlo a través del Banco Provincia o de otra aseguradora.

Microcréditos para repartidores

El proyecto también prevé una articulación con el Banco Provincia para ofrecer líneas de microcréditos destinadas al mantenimiento y reposición de motos, bicicletas, cascos y demás herramientas de trabajo, con el objetivo de facilitar la continuidad de la actividad sin que esos costos recaigan exclusivamente sobre los repartidores.

Inspirado en experiencias internacionales

Desde la administración bonaerense señalaron que la propuesta sigue la tendencia de distintos países que avanzaron en la regulación del trabajo en plataformas digitales.

Para su elaboración se tomaron como referencia las legislaciones vigentes en España y México, además de los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, que considera que las plataformas organizan el trabajo y deben asumir responsabilidades en materia de protección laboral.

Asimismo, el proyecto se apoya en el denominado “fallo Rappi” de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que ratificó las facultades del Ministerio de Trabajo para fiscalizar a las plataformas y reafirmó el principio de primacía de la realidad para analizar posibles relaciones laborales encubiertas.

La Provincia instalará unidades de almacenamiento de energía en cuatro puntos estratégicos del territorio bonaerense para reforzar el sistema eléctrico en épocas de alta demanda. El proyecto reemplazará al Plan Verano, que utilizaba generadores a gasoil.

El gobierno bonaerense de Axel Kicillof destinará más de 31.200 millones de pesos a la implementación de un sistema de almacenamiento de energía en baterías con el objetivo de evitar cortes de luz durante los meses de mayor consumo por las altas temperaturas.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Energía provincial, busca fortalecer la red eléctrica y mejorar la calidad del servicio en zonas consideradas estratégicas, especialmente durante los picos de demanda que se registran en el verano.

El proyecto contempla una potencia instalada de 25 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 125 megavatios hora (MWh), que se distribuirán en cuatro nodos: Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento.

Desde la administración provincial señalaron que el nuevo esquema reemplazará al denominado Plan Verano, un operativo de contingencia que consistía en la instalación temporal de motores alimentados con gasoil para reforzar el suministro eléctrico durante aproximadamente dos meses.

Según explicaron, esos equipos permitían evitar interrupciones del servicio en momentos de máxima demanda, pero ahora esa función será cubierta mediante un sistema de baterías de almacenamiento, una alternativa que consideran más eficiente, permanente, menos costosa y con menor impacto ambiental.

Las obras comenzarán durante el segundo semestre de 2026 y la puesta en funcionamiento de los sistemas está prevista para enero de 2027, con el objetivo de que estén operativos para afrontar la demanda energética del próximo verano.

Desde el área de Energía provincial sostuvieron que “la incorporación de esta tecnología permitirá optimizar el uso de la infraestructura eléctrica existente, reducir restricciones en el sistema de transporte, brindar mayor flexibilidad operativa, facilitar la integración de energías renovables y disminuir la utilización de generación térmica de respaldo”.

El programa será financiado mediante el Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD), a través del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), en un esquema que articula la planificación del Estado provincial con la ejecución operativa de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA).