En un descarado apriete mafioso, el gobierno de Milei amenaza con ajustar la salud pública si no se apoya el veto contra el financiamiento universitario.

La embestida ideológica del Gobierno contra las universidades por los fondos esta en plena tensión, con posiciones dispares y varios rounds por delante. El oficialismo ya está trazando diferentes escenarios en caso de que el Congreso rechace el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Sin embargo, lo que subyace en este debate es un claro chantaje por parte del gobierno hacia el Congreso y las provincias.

Desde la Casa Rosada, ya han comenzado a planear estrategias para costear la ley en caso de que se pierda la votación. La primera opción es judicializar la norma, argumentando que incumple el reglamento al no especificar de dónde saldrán los fondos para su financiamiento. Aunque saben que este camino sería lento, con posibles amparos y cautelares, la amenaza está puesta sobre la mesa.

Lo más alarmante es que, si se ven obligados a cumplir con la ley, en LLA ya están considerando recortar fondos de áreas sensibles como Salud. Según fuentes del gobierno, se contempla la posibilidad de reducir programas, achicar estructuras y ajustar los gastos en medicamentos, en lo que parece ser una medida drástica que impactaría directamente en la salud pública y la vida de miles de personas para desviar esos recursos a la educación.

Otra opción es reducir los fondos destinados a la obra pública en el Presupuesto 2025 para redirigirlos a la secretaría de Educación, lo que permitiría que la ley funcione. Este movimiento, sin embargo, genera otra forma de presión: los gobernadores de distintos signos políticos, que dependen de esos fondos para terminar obras prometidas, se verían forzados a aceptar que se recorten recursos de sus provincias para solventar una ley que el oficialismo pretende imponer.

De este modo, el gobierno juega con dos frentes de chantaje: al Congreso, amenazando con judicializar la norma si no se rechaza el veto, y a las provincias, imponiéndoles un recorte en obra pública o en salud si el financiamiento educativo avanza. Esta estrategia revela una clara táctica de presión y coacción para hacer cumplir sus objetivos, independientemente del impacto en áreas críticas del país.

El expresidente expresó que acompañará al oficialismo con el rechazo a la ley de presupuesto universitario.

Mauricio Macri publicó este domingo una ambigua reflexión sobre las universidades, en vísperas de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza buscará defender el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento educativo. En su mensaje, Macri justificó su apoyo al ajuste presupuestario arguyendo que “la defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito y democrático, requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios”, apoyando así la auditoría a las universidades impulsada por el Gobierno nacional, bajo la dirección de Sandra Pettovello.

El expresidente, quien recientemente se reunió en privado con Santiago Caputo, enfrenta un contexto de división dentro de su propio partido. Mientras la expectativa crece sobre cómo votará el bloque del PRO, surgieron mensajes contradictorios desde las filas del partido. Mientras Fernando de Andreis recurrió a la fábula del escorpión y la rana para aludir a la situación, Álvaro González anticipó que votaría en contra del veto. Por otro lado, Diego Santilli salió a anunciar que apoyará la postura de Milei, coincidiendo casi al mismo tiempo con el posteo de Macri.

En el debate televisivo sobre la universidad, quedó claro que la UBA enfrenta una crisis de transparencia; desde 2015 no ha presentado ni una sola factura.

Lo cierto es que acá no se está discutiendo la autonomía universitaria. Tampoco se está cuestionando el acceso a la…

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 6, 2024

El bloque del PRO llega fracturado a la reunión del martes, sin una posición clara de su cúpula. Macri, presidente del PRO, había guardado silencio hasta su reciente publicación, donde criticó a la UBA por una supuesta falta de controles “la UBA enfrenta una crisis de transparencia; desde 2015 no ha presentado ni una sola factura”. También agregó que “lo cierto es que acá no se está discutiendo la autonomía universitaria. Tampoco se está cuestionando el acceso a la universidad ni su funcionamiento. Lo que realmente está en disputa es ‘la suya’: la parte del presupuesto que se desvía hacia la política”.

Este mensaje de Macri parece sugerir un apoyo implícito al veto de Milei, aunque sin una directiva explícita para el bloque liderado por Cristian Ritondo. Se anticipa un panorama de ausencias, abstenciones y votos cruzados en la sesión del miércoles.

La hipocresía de Macri

Llama la atención, sin embargo, la insistencia de Macri en la transparencia de los recursos universitarios mientras evita abordar el hecho de que su gobierno contrajo el mayor préstamo de la historia del FMI, sin auditorías claras ni rendiciones de cuentas precisas sobre el destino de esos fondos. La contradicción es evidente: exige controles rigurosos en instituciones académicas, pero omite referirse al préstamo que hundió a la economía Argentina generando toda clase de problemas macroeconómicos.

En plena avanzada judicial y política, Casación filtró la decisión de confirmar la condena a seis años de prisión de la expresidenta. No hay antecedentes de una filtración de ese tipo sin uso de condicionales y con detalles de cada voto.

La trama de Comodoro Py, alineada principalmente con el macrismo, acaba de protagonizar un adelanto inédito: hasta en la tapa de los matutinos adictos se publicó que Cristina Fernández de Kirchner será condenada a seis años de prisión en la llamada causa Vialidad. El periodista Raúl Kollmann reveló que el juez Gustavo Hornos, visitante de Mauricio Macri en la Casa Rosada y doblemente acusado por violencia de género y hasta violación, ya había adelantado su voto en agosto, pronunciándose por elevar la condena a 12 años, sosteniendo que en las obras viales de Santa Cruz, CFK fue jefa de una asociación ilícita.

Según lo publicado este fin de semana por varios medios afines al macrismo, Mariano Borinsky —otro visitante de Macri en Olivos y Casa Rosada— y Diego Barroetaveña, un firme integrante de la corriente macrista de los jueces, se inclinan por confirmar los seis años de prisión que se dictaron al final del juicio oral.

El abogado de la expresidenta presentó varios escritos este lunes, uno señalando que la grosera filtración coincide con los brutales ataques del presidente Javier Milei contra Cristina y que, además, se vulneró el obligatorio secreto de la deliberación de los jueces, lo que haría el fallo pasible de nulidad. En concreto, el letrado sostiene que hay una indebida intromisión de sectores políticos y mediáticos, como lo detalló Kollmann.

Desde un punto de vista judicial, Cristina quedaría en la misma situación que Carlos Menem en la causa del contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Kollmann recordó que, curiosamente, en aquel expediente el ahora camarista Borinsky fue el fiscal a lo largo de todo el proceso, y que en ese caso la Corte dio vuelta el fallo, resultando Menem absuelto. Algo similar ocurrió en Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva: procesado, encarcelado, y luego absuelto por el máximo tribunal.

Está cantado que el defensor de Cristina, Carlos Alberto Beraldi, presentará el recurso extraordinario para que el caso llegue a la Corte Suprema, aunque los tiempos allí son imprevisibles. Kollmann subrayó que la semana pasada, la Corte confirmó las condenas de Enrique Mathov y Rubén Santos por la represión de diciembre de 2001. El juicio terminó en 2016, la condena en Casación fue en 2020, y el máximo tribunal tardó cuatro años en confirmarlo. Nada menos que 23 años en total.

Las filtraciones de fallos en Comodoro Py no son inhabituales, lo que ocurrió ahora no tiene precedentes: se anticipan sin vacilaciones y sin condicionales los votos de los tres magistrados, dos por confirmar la condena a seis años de prisión y uno por agravarla a 12 años.

Cristina y su abogado Beraldi no parecen pensar lo mismo que la línea oficial de Comodoro Py. Kollmann señaló que Beraldi presentó un escrito denunciando intromisiones políticas y mediáticas. El letrado citó dos hechos: el discurso de Milei en el acto de lanzamiento de La Libertad Avanza, exhortando a los magistrados a ratificar la condena de Cristina, y la nota de La Nación que afirmaba que en el transcurso de la semana se confirmaría la condena, describiendo cada uno de los votos redactados por los jueces.

Finalmente, Kollmann reveló que el fallo, según los medios vinculados al macrismo, saldría esta semana para amortiguar la marcha de los universitarios. Sin embargo, Beraldi ya anticipó que presentará un recurso extraordinario, lo que suspendería los efectos de la condena hasta que la Corte Suprema tome una resolución.

La ex presidenta utilizó una vez más sus redes sociales y utilizando un archivo del ex ministro macrista Nicolás Dujovne dejó mal parado al ministro Caputo. Mirá el video.

Cristina Fernández de Kirchner y Luis Caputo protagonizaron un tenso cruce en la red social X, que escaló rápidamente a acusaciones y chicanas sobre la deuda argentina. Todo comenzó el lunes, cuando el ministro de Economía respondió con dureza a las críticas de la exvicepresidenta sobre el manejo de la deuda, generando una serie de réplicas que incluyeron insultos y agravios. Este martes, Cristina retomó el tema en otro extenso posteo, donde arrancó: “Espero que hoy esté menos misógino y agresivo que ayer”.

En su publicación, Cristina compartió un video del exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en el que este se refería al nivel de endeudamiento que recibió el gobierno de Mauricio Macri en 2015. La exmandataria escribió: “¿Vió que tenía razón? No hay que ser mentiroso con los números, sobre todo cuando hay tanto registro y testimonio. Dos más dos es cuatro; y los números de la deuda de la Argentina al 2015 revelaban el desendeudamiento operado en los 12 años anteriores. Escuche lo que decía Dujovne, Ministro de Hacienda y colega suyo en el gabinete de su ex jefe, Mauricio Macri, acerca del nivel de endeudamiento que tenía el Estado, las empresas y las familias en Argentina cuando terminamos nuestro gobierno en diciembre del 2015”.

Luego, apuntó al DNU 846 emitido por el actual Gobierno, que permite reestructurar deuda sin pasar por el Congreso: “¿Sabe qué pasa con el decreto que publicaron ayer y les da patente de corso para reestructurar la deuda sin pasar por el Congreso? No queremos que vuelvan a empapelar a los argentinos con títulos de deuda por montos y tasas de interés impagables, como hizo Sturzenegger en 2001 con el Megacanje que terminó en default”.

Finalmente, cerró con una fuerte crítica: “Ministro… Si está fracasando otra vez (sería difícil tener un resultado diferente con las mismas políticas), hágase cargo y no se enoje con nosotros”.

En paralelo, la exmandataria también vinculó este cruce con los incendios que asolan Córdoba. En otro mensaje en sus redes sociales, disparó contra la administración de Javier Milei: “ARGENTINA BAJO FUEGO. De los fuegos del presente”. En este contexto, recordó la Ley de Manejo del Fuego aprobada en 2020, promovida por su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y criticó la falta de implementación en Córdoba: “Estaría bueno que Córdoba adecuara su normativa provincial en la materia a la Ley nacional”.

Además, denunció que desde diciembre de 2023 el Gobierno Nacional no publica el reporte diario de incendios: “Esto es especialmente importante en un contexto de crisis climática y mayor ocurrencia de eventos extremos (a los que el Presidente directamente niega). Por si eso no bastara, en el primer trimestre de 2024, el Gobierno Nacional no ejecutó un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego”.

Finalmente, Cristina volvió a referirse al DNU 846: “Hoy se publicó el decreto 846/2024, que elimina los requisitos para canjear o reestructurar deuda pública. Esto es: para canjear o reestructurar deuda existente deberían mejorar monto, tasa o plazo. ¿Cuál es la urgencia de este decreto si la modificación central ya está en el Congreso? ¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI?”.

Respuesta de Luis Caputo:

El ministro de Economía, Luis Caputo, no se quedó callado y respondió con dureza a través de la misma plataforma: “Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de Economía. Primero heredaste 2 puntos de superávit fiscal y los convertiste en 7 de déficit”. Caputo continuó su ataque señalando: “Luego Macri te dejó casi equilibrio primario y lo volviste a llevar a 5 puntos de déficit. Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía”.

El cruce continuó con una nueva respuesta de Cristina, quien arremetió: “Como ministro de Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como Ministro de Milei, la verdad que no la tenía… Se ve que es contagioso”.

La expresidenta también recordó un video donde el actual presidente, Javier Milei, criticaba a Caputo antes de nombrarlo como su ministro: “¡Mirá lo que decía de vos tu jefe actual, bobo!”.

El gobierno creó la Secretaría de Comunicación y Medios y ubicó al vocero en un nuevo cargo con rango ministerial que le permite reportar directamente a Presidencia.

Tras modificar el organigrama del Estado, el presidente Javier Milei oficializó este jueves el ascenso de Manuel Adorni como Secretario de Comunicación y Medios, un cargo con rango ministerial que le permite reportar directamente a Presidencia.

El Decreto 840/2024, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y su Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, establece la renuncia de Adorni al cargo de Subsecretario de Vocería y Comunicación de Gobierno, que dependía de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei. En su lugar, Adorni fue designado como Secretario de Comunicación y Medios, lo que implica que ahora responde directamente al Presidente y ya no a Karina Milei.

Este ascenso, otorgado a menos de un año de haber asumido como vocero presidencial, reconoce el alineamiento incondicional de Adorni con las políticas de ajuste del Gobierno, consolidándolo dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.

Con rango ministerial, Adorni pasará a percibir un salario superior a los 3,5 millones de pesos mensuales, mientras que su antigua subsecretaría tiene un presupuesto de más de 300 millones de pesos al mes.

Adorni se suma a otros funcionarios de alto rango como Karina Milei, el secretario de Legal y Técnica Javier Herrera Bravo, el secretario de Prensa Eduardo Serenellini, y el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, quienes también tienen estatus ministerial.

Este cambio en la estructura estatal amplía la influencia de Adorni en el Gobierno, ya que se convierte en uno de los dos funcionarios vinculados a la comunicación oficial con rango ministerial, junto a Serenellini, actual titular de la Secretaría de Prensa.

El ascenso de Adorni refleja su creciente relevancia dentro del Ejecutivo. Su área ha aumentado su personal, incorporando decenas de trabajadores y consolidando siete direcciones nacionales, 14 direcciones simples y 16 coordinaciones. Además de liderar las conferencias de prensa matutinas, Adorni ha pasado a formar parte de la “mesa chica” del Gobierno, el grupo de confianza de Milei, compuesto por los hermanos Milei, el asesor Santiago Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y el titular de Diputados, Martín Menem.

El Gobierno de Javier Milei cedió ante la presión de los gobernadores y redujo el ajuste propuesto en el Presupuesto 2025 de U$S 60.000 millones a U$S 20.000 millones.

Tras la presentación del Presupuesto 2025 por parte del presidente Javier Milei, el Gobierno mantuvo su primer encuentro con los gobernadores, quienes manifestaron su preocupación por los fondos adeudados y la paralización de obras públicas. Sin embargo, lo más relevante fue la marcha atrás del Ejecutivo en cuanto al ajuste fiscal.

Inicialmente, el Presidente había pedido un recorte de U$S 60.000 millones a las provincias, como parte de su plan para reducir el gasto público. Sin embargo, durante la reunión, desde el gobierno aclararon que esa cifra “es una meta a futuro”. El diputado libertario José Luis Espert terminó reconociendo que el recorte proyectado en la Ley de Presupuesto 2025 sería en realidad de U$S 20.000 millones, una diferencia significativa con lo anunciado por Milei.

Este retroceso refleja las dificultades del gobierno de Milei para imponer su agenda de ajuste, obligándolo a ceder ante las presiones de los gobernadores. “Fue una reunión interesante, donde se les explicó parte por parte el presupuesto”, dijeron desde Balcarce 50, intentando bajar el tono al cambio de postura. “Ellos plantearon sus dudas, pero fue una reunión cordial. Todos estuvieron de acuerdo en que hay que eliminar el déficit fiscal”, afirmaron desde el Ejecutivo, aunque quedó claro que el ajuste inicial ya no era viable.

Durante la reunión, encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, surgieron fuertes reclamos por las obras públicas detenidas. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó: “Nos preocupa que se siga pidiendo esfuerzo a las provincias. Santa Fe ha hecho un gran esfuerzo este año para lograr la eficiencia en el manejo de los recursos y alcanzar el equilibrio fiscal”.

En una postura aún más firme, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, declaró: “No vamos a hacer ese ajuste, nosotros no vamos a participar de ese ajuste porque queremos lo contrario”. Otros gobernadores, como los de Córdoba y Chubut, también remarcaron que están dispuestos a colaborar, pero recordaron los fondos adeudados por la Nación y exigieron que el ajuste fiscal se haga dentro del marco legal.

Con este giro inesperado en la propuesta original de ajuste, el gobierno de Milei vuelve a demostrar que sus medidas enfrentan una resistencia significativa en las provincias, obligándolo a reformular su estrategia.

De cara a la presentación del Presupuesto 2025, los mandatarios provinciales exigieron una “distribución más equitativa de los recursos coparticipables entre la Nación y las provincias”.

En una reunión clave celebrada este martes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), los gobernadores de 23 provincias aprovecharon la oportunidad para realizar un reclamo unificado al Gobierno nacional por la “financiación y ejecución” de la obra pública, un tema que genera tensiones entre las provincias y la administración central. Además de ratificar la continuidad de Ignacio Lamothe como secretario general del organismo, los mandatarios provinciales hicieron hincapié en la necesidad de que la Nación cumpla con sus compromisos.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, celebró la reelección de Lamothe a través de redes sociales, destacando su “trabajo impecable” y la respuesta que ha dado a los requerimientos de su provincia. “Felicitaciones por seguir trabajando en pos del desarrollo al que apuntamos”, escribió Quintela. En la misma línea, los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, también expresaron su apoyo a Lamothe, resaltando su “mirada profundamente federal”.

Sin embargo, más allá de los elogios hacia la gestión del secretario general del CFI, la reunión estuvo marcada por los fuertes reclamos hacia el Gobierno nacional. Los gobernadores exigieron que se normalice la “transferencia de las deudas correspondientes a los recursos de las Cajas No Transferidas” y la distribución del Fondo Compensador del Transporte, que se financia con el Impuesto a los Combustibles pero cuya asignación ha sido interrumpida. Estas demandas reflejan la creciente frustración de las provincias ante la falta de recursos para llevar adelante proyectos de infraestructura clave.

De cara a la presentación del Presupuesto 2025, los mandatarios provinciales emitieron un comunicado exigiendo una “distribución más equitativa de los recursos coparticipables entre la Nación y las provincias”. En este sentido, el control del CFI, un organismo clave para el financiamiento de proyectos de desarrollo provincial, se vuelve cada vez más crucial en la búsqueda de mayor autonomía financiera para las provincias.

El respaldo a Lamothe, impuesto por los gobernadores del PJ ante la resistencia del bloque de mandatarios radicales y del PRO, también dejó en evidencia las tensiones internas dentro del arco opositor. El senador nacional Eduardo de Pedro, quien también festejó la continuidad de Lamothe, denunció operaciones mediáticas para desprestigiar tanto al CFI como a La Cámpora. “Una vez más quedó claro que el CFI es de las provincias argentinas, y las decisiones las toman sus gobernadores”, señaló de Pedro.

En un contexto de crisis económica y creciente demanda de infraestructura, los gobernadores no solo ratificaron a su candidato en el CFI, sino que aprovecharon la oportunidad para enviar un mensaje claro al Gobierno nacional: las provincias necesitan recursos para cumplir con sus responsabilidades y avanzar en proyectos de desarrollo que impacten directamente en la calidad de vida de sus habitantes.

A horas de que comience en Diputados el debate por el el veto presidencial a la movilidad jubilatoria, el Gobierno ubicó a Pablo Yannibelli como rector “organizador” de la UNRT.

A pocas horas de que la Cámara de Diputados trate el veto presidencial a la movilidad jubilatoria, el Gobierno nacional tomó una medida que no pasó desapercibida: oficializó a Pablo Yannibelli, abogado cercano a Rodrigo de Loredo, como rector “organizador” de la Universidad Nacional de Río Tercero (UNRT). La coincidencia temporal no deja lugar a dudas sobre el trasfondo de la decisión, que parece más un movimiento estratégico que una simple formalidad burocrática.

Desde hace meses, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, junto a los diputados radicales Rodrigo De Loredo y Gabriela Brouwer de Koning, impulsaron con insistencia la puesta en marcha de la UNRT. Sin embargo, la respuesta del Gobierno se había postergado durante más de cuatro meses, hasta que, este martes, el Ministerio de Educación, liderado por Sandra Pettovello, emitió una resolución que colocó al frente de la universidad a Yannibelli, hombre de confianza de De Loredo y miembro del espacio Evolución Radical.

Este gesto del oficialismo llega en medio de una crisis interna en la Unión Cívica Radical, que enfrenta un dilema moral cada vez más evidente. Varios de sus diputados, que habían votado a favor de la reforma jubilatoria en el Congreso, ahora se alinean con el veto impuesto por el presidente Javier Milei, en lo que parece un claro intento de congraciarse con el Gobierno a expensas de los derechos de los jubilados. Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi fueron algunos de los que asistieron a una reunión en la Casa Rosada, comprometiéndose a defender el veto presidencial, pese a haber respaldado el proyecto original que pretendía mejorar los ingresos de los jubilados.

La Convención Radical, consciente de la incongruencia, emitió un comunicado crítico hacia sus propios legisladores: “El veto ya está en vigencia y algunos de los diputados que habían votado a favor de la ley, hoy, sin sonrojarse, avisaron que acordarán con el veto presidencial”. La falta de coherencia y la sumisión a los intereses del poder ejecutivo hacen que estos radicales queden expuestos como actores políticos que han abandonado los principios históricos de su partido.

Facundo Manes, uno de los más críticos dentro del radicalismo, no dudó en expresar su indignación: “Los jubilados no son casta. El Gobierno quiere que el ajuste fiscal caiga sobre las espaldas de los adultos mayores. Por eso, vetó totalmente una ley que buscaba recomponer sus haberes tras la devaluación de diciembre. Presidente: ¿en serio cree que los jubilados son la casta?”.

La estrategia del oficialismo de premiar a figuras cercanas a la UCR, como Yannibelli, mientras busca asegurar el apoyo de algunos de sus diputados para sostener el veto, demuestra una política de favores y conveniencias que pone en entredicho el verdadero compromiso de estos legisladores con los ideales que alguna vez defendieron.

A través de sus redes sociales, el funcionario anunció una prohibición para municipios, para las próximas facturas de luz y gas.

Co un llamativo error en X, el ministro de Economía Luis Caputo anunció que los municipios tendrán prohibido la inclusión de impuestos en las boletas de servicios esenciales, como son la luz y el gas.

“Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267 que saldrá mañana en el Boletín Oficial”, indicó el funcionario en su cuenta de X.

El economista publicó la noticia en sus redes sociales, pero cometió un llamativo error al mostrar una boleta. “A modo de ejemplo, ver esta factura de luz, donde lo remarcado en verde ya no podrá facturarse como parte del servicio”, completó.

En el mencionado posteo de Caputo, el tributo de mayor importe corresponde a un impuesto nacional, es decir, el IVA 21%. Justamente ese valor es superior a los otros que se muestran en el ejemplo y que entran en la categoría de impuesto municipal.

Importante! 👇

LOS MUNICIPIOS YA NO PODRÁN INCLUIR IMPUESTOS Y TASAS EN LAS FACTURAS DE SERVICIOS.

Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y… pic.twitter.com/jyld9jSCkE

— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 10, 2024

En tanto, el flamante nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a respaldar la medida de quien fuera su compañero de Gabinete también en el macrismo.

En su cuenta de X, el funcionario sostuvo que “el gasto público provincial y municipal creció tanto en los últimos años porque sus impuestos y tasas se ocultaron en facturas o como un impuesto más. La transparencia fiscal ayudará a generar mayor conciencia fiscal y a bajar el gasto”.

Así lo reveló la fiscal que lleva adelante la causa por pedofilia contra el diputado libertario Germán Kiczka y su hermano Sebastián, quienes fueron trasladados a un penal en Misiones.

La fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), proporcionó detalles sobre el material encontrado en la causa por pedofilia que lideró contra el diputado libertario Germán Kiczka y su hermano Sebastián, quienes fueron trasladados a un penal en Misiones.

En una entrevista, la fiscal, especializada en delitos informáticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se refirió a las imágenes descubiertas en los dispositivos de los hermanos imputados: “Nosotros siempre revisamos las imágenes con mi equipo y, a pesar de que llevamos más de 10 años trabajando en esta temática, nunca dejamos de conmovernos; son realmente tremendas”, comenzó.

“Esta organización, ojalá, terminara en una. Guardianes Digitales por la Niñez es una operación más que venimos llevando a cabo desde hace más de 10 años”, afirmó en diálogo con Eduardo Feinmann.

Dupuy explicó que, aunque las investigaciones se centran en la Ciudad de Buenos Aires, las alertas son de carácter internacional. “En este caso, provienen de una alerta de la Coalición de Rescate Infantil [Child Rescue Coalition] y del International Center of Missing Children, una ONG con la que trabajamos frecuentemente. Estas organizaciones operan a nivel internacional, apoyando la prevención de redes transnacionales de explotación sexual infantil. No estamos hablando de que esto solo sucede en Argentina o en Misiones; por ejemplo, esta operación involucraba a fuerzas del orden de países de Latinoamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile, Colombia y Argentina”, continuó.

Material incautado en los dispositivos de Germán Kiczka

Durante el allanamiento realizado al domicilio del diputado de La Libertad Avanza, Germán Kiczka, se incautaron diversos dispositivos electrónicos. Tras su análisis, se confirmó la existencia de más de 600 videos de abuso sexual infantil, entre los que se encontraban imágenes de bebés recién nacidos, niños y adolescentes. “Estamos hablando de niños desde recién nacidos hasta 13 años, además de algunos otros que tenían entre 13 y 18 años”, detalló.

Dupuy agregó: “Cuando hablamos de explotación sexual infantil, creo que el público no dimensiona lo que significan esas palabras. Estamos viendo cómo adultos abusan sexualmente de niños, niñas o adolescentes”.

Ante la pregunta de si la investigación concluiría con los hermanos Kiczka o si podría haber algún político influyente involucrado, Dupuy afirmó: “Es cuestión de seguir investigando. Decir de antemano que puede haber un político implicado es algo que, como fiscal, no puedo asegurar. Seguramente el juez que interviene y los investigadores tomarán todas las medidas necesarias para profundizar la investigación y llegar a donde se tenga que llegar”. Asimismo, indicó que estos casos no terminan con la persona implicada o con el material encontrado en sus dispositivos de almacenamiento informático.