Visiblemente molesto con el rumbo del Gobierno, Etchecopar aseguró estar “cansado” del Presidente y su entorno, y profundizó sus críticas al afirmar que Milei “sólo tiene corazón para sus perros” y volvió a insistir en que “le chupa un huevo la gente”.

El periodista Baby Etchecopar volvió a apuntar con extrema dureza contra el presidente Javier Milei, al asegurar sin rodeos que “le chupa un huevo la gente y no le importa el hambre”, en una de las críticas más explosivas que se escucharon en los últimos días.

Lejos de quedarse ahí, el conductor redobló la apuesta y desafió públicamente al mandatario a presentarse en su programa para sostener una entrevista sin condicionamientos, con repreguntas y sin acuerdos previos. “Sería interesante verlo con alguien que no tenga las preguntas pautadas ni compromisos económicos con la presidencia, pero eso no va a pasar”, lanzó, cuestionando el esquema de comunicación oficial.

Visiblemente molesto con el rumbo del Gobierno, Etchecopar aseguró estar “cansado” del Presidente y su entorno, y profundizó sus críticas al afirmar que Milei “sólo tiene corazón para sus perros” y volvió a insistir en que “le chupa un huevo la gente”. En uno de los pasajes más duros de su descargo, disparó: “Para los perros tenés corazón, dejate de joder”, poniendo en duda la sensibilidad del mandatario frente a la crisis social.

Criticas a Adorni

El periodista también extendió sus cuestionamientos al resto del gabinete y apuntó contra el vocero presidencial Manuel Adorni, al criticar que haya viajado a Punta del Este en un vuelo privado en lugar de enfocarse en la situación de los jubilados.

En su análisis, Etchecopar enmarcó sus declaraciones dentro de una crítica más amplia al modelo de gestión, al sostener que “no podés gobernar para un Excel mientras la gente la pasa mal”, en referencia al impacto del ajuste económico sobre los sectores más vulnerables.

Finalmente, también cuestionó el tono confrontativo del Presidente y su relación con la prensa: “No podés tratar a todo el que piensa distinto como enemigo”, advirtió. Y cerró con una frase que expone su decepción: “Yo te apoyé, pero esto no era lo que prometiste”

En medio de una llamativa seguidilla de salidas en puestos clave, el Gobierno suma una nueva renuncia: Fernando Bearzi dejó este martes su cargo como director ejecutivo de la ANSES, apenas semanas después de haber asumido en febrero de 2025.

Con su salida, Bearzi se convierte en el tercer funcionario en abandonar la conducción del organismo previsional desde el inicio de la gestión de Milei, consolidando un patrón de alta rotación en una de las áreas más sensibles del Estado.

Según fuentes oficiales, la dimisión fue presentada ante el Ministerio de Capital Humano, que rápidamente anunció a su reemplazante: Guillermo Arancibia. El recambio exprés refuerza la dinámica de cambios constantes dentro del Gobierno.

La ANSES ya había sido escenario de otras salidas resonantes. Antes de Bearzi, dejaron el cargo Mariano de los Heros —quien fue desplazado tras una polémica por la edad jubilatoria— y Osvaldo Giordano, apartado por decisión presidencial en medio de tensiones políticas vinculadas a la votación de la Ley Bases.

La nueva renuncia se da, además, en un contexto de medidas sensibles dentro del organismo. Días atrás se oficializó un plan de retiros voluntarios para reducir personal, impulsado en línea con la política de desregulación que encabeza Federico Sturzenegger. A esto se suma el reciente anuncio del Gobierno de dar de baja 900.000 planes Volver al Trabajo, que serán reemplazados por vouchers de capacitación laboral.

Bearzi, de perfil técnico y cercano al ministro de Economía Luis Caputo, había llegado desde el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES. Su salida profundiza la percepción de inestabilidad en la conducción del organismo.

En este escenario, la designación de Arancibia —quien ya formaba parte de la estructura y tuvo un rol central en la implementación de cambios como la nueva fórmula de movilidad jubilatoria— busca sostener la continuidad de las reformas, aunque en un clima atravesado por conflictos sindicales y reestructuraciones internas.

La sucesión de renuncias en la cúpula de la ANSES se inscribe así en una tendencia más amplia dentro del Gobierno, donde los cambios de funcionarios en áreas estratégicas se han vuelto una constante.

El jefe de Gabinete quedó envuelto en una nueva polémica luego de que trascendiera que los gastos mensuales con tarjetas de crédito vinculadas a su familia superan ampliamente sus ingresos declarados.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la polémica tras conocerse datos sobre los gastos con tarjetas de crédito asociados a su familia. Según revelaciones periodísticas, mientras el funcionario percibe un salario cercano a $3.500.000, los consumos registrados en tarjetas superarían los $17 millones mensuales, una cifra que generó interrogantes sobre el origen de los fondos.

El dato se conoció en medio de una serie de controversias que involucran al funcionario, entre ellas el viaje a Nueva York junto al presidente Javier Milei y la presencia de su esposa en la comitiva oficial. La situación despertó cuestionamientos públicos porque el nivel de gastos revelado parece muy superior al ingreso que el propio Adorni percibe por su cargo en el Estado.

El caso se suma a otras polémicas recientes vinculadas al entorno del funcionario, como el viaje en avión privado a Punta del Este junto a su familia, que también generó dudas sobre cómo se financiaron esos traslados. Incluso un periodista cercano a Adorni terminó reconociendo públicamente que el vuelo había sido pagado “con plata del Estado”, una declaración que luego intentó corregir pero que agravó el escándalo político.

La controversia ocurre además en un contexto donde el propio Adorni se presenta habitualmente como uno de los principales voceros del discurso oficial contra los privilegios de la política y el uso indebido de recursos públicos. Mientras crecen las críticas y los pedidos de explicaciones, el caso volvió a abrir el debate sobre la coherencia entre el discurso de austeridad del gobierno libertario y las prácticas de algunos de sus funcionarios.

En plena discusión por la reforma laboral, el oficialismo salió a cuestionar a Sturzenegger por el polémico contrato vinculado a su esposa y por su rol en el diseño de las licencias incluidas en el proyecto.

En medio del debate por la reforma laboral, el Gobierno puso el foco en Federico Sturzenegger por un contrato relacionado con su esposa que generó ruido interno y abrió cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso oficial y ciertas decisiones administrativas. El señalamiento se da mientras el Ejecutivo intenta blindar la iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado.

Desde sectores del oficialismo dejaron trascender su malestar por el impacto político del caso y por el momento elegido, justo cuando el proyecto laboral enfrenta resistencias en el Congreso y críticas de sindicatos y gobernadores. La polémica gira en torno a un contrato que habría beneficiado al entorno familiar del economista, lo que desató reproches dentro del propio espacio.

El conflicto no se limitó a ese punto. También surgieron cuestionamientos sobre el diseño de las licencias contempladas en la reforma laboral, un aspecto sensible del proyecto que ya había generado debate público. En ese marco, algunos funcionarios deslizaron que determinadas decisiones técnicas podrían terminar complicando la estrategia parlamentaria.

La situación dejó al descubierto fricciones dentro del oficialismo, que intenta mostrarse cohesionado frente al tratamiento legislativo pero exhibe diferencias en la trastienda. El episodio se suma a otras tensiones que atravesaron el armado libertario en las últimas semanas.

Mientras la reforma laboral avanza hacia Diputados, el Gobierno busca evitar que la controversia escale y afecte las negociaciones políticas necesarias para su aprobación definitiva. Sin embargo, el ruido interno ya forma parte del escenario.

La disputa alrededor de Sturzenegger no sólo expone una discusión puntual sobre un contrato o sobre el alcance de las licencias laborales, sino también las dificultades del oficialismo para sostener un relato de transparencia y orden en medio de una agenda legislativa cargada y políticamente sensible.

Así lo aseguró el abogado Gregorio Dalbón, uno de los primeros denunciantes del caso, que además afirmó que la causa “recién empieza”.

La investigación por una presunta red de coimas y desvíos de fondos públicos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entró en una etapa decisiva. El abogado Gregorio Dalbón, uno de los primeros denunciantes del caso, afirmó que la causa “recién empieza” y que el entramado delictivo no se va a detener en los actuales procesamientos. En declaraciones radiales, sostuvo que el expediente terminará inevitablemente escalando hasta Karina Milei, hermana del Presidente, señalada en los audios que dieron origen a la pesquisa.

“Esto se va a abrir hasta llegar a Karina Milei. Porque lo que decían esos audios, por más que no hayan sido utilizados por una cuestión estratégica del fiscal, es cierto: el 3% iba a Karina Milei”, afirmó Dalbón. Y agregó que uno de los nombres centrales es Sebastián “Nuner” Un, a quien describió como el operador que “llevaba y traía el dinero de la coima a la Casa Rosada”. Para el abogado, ese funcionario “tiene los dedos absolutamente puestos en la parte más espuria del sistema”, y tarde o temprano deberá declarar como arrepentido.

En ese marco, Dalbón fue contundente sobre el mecanismo que puede comprometer a la hermana del Presidente: “La investigación puede llegar a probar su participación con un arrepentido que no se quiera comer 18 años de prisión por ser parte de una asociación ilícita”. Según explicó, varios de los imputados —entre ellos Diego Spagnuolo y otros funcionarios y empresarios— ya estarían evaluando acogerse a esa figura para mejorar su situación procesal. “No tengo ninguna duda de que algunos ya están pensando qué hacer para asegurarse una salida menos grave de la que enfrentan ahora”, advirtió.

Más adelante, el abogado remarcó la gravedad política y social del caso: “Esto no es un error administrativo, es un sistema para robarle al Estado y, lo más miserable, para robarle a los discapacitados”. También subrayó que la causa avanza con pruebas sólidas, sin aprietes ni armados: “Es una investigación limpia, basada en auditorías del propio gobierno y allanamientos positivos. Por eso no va a quedar en estos procesamientos: es la primera etapa”. Con el foco puesto en los arrepentidos y en la ruta del dinero, Dalbón dejó una definición que sacude al poder: “Cuando alguien hable para no ir preso, Karina Milei va a caer”.

La Justicia federal dictó procesamientos en la investigación por un entramado de corrupción dentro de ANDIS que incluye sobornos, fraudes y manejos irregulares de contrataciones públicas, con implicancias que podrían ir más allá del ex titular del organismo.

El juez federal Sebastián Casanello procesó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, junto a otros 18 acusados, por una causa que investiga un esquema de presunta asociación ilícita, coimas y fraude contra la administración pública en la adjudicación de contratos y la compra de insumos y medicamentos destinados a personas con discapacidad.

Según la resolución judicial, Spagnuolo y los demás imputados integraron una organización que direccionaba licitaciones y negoció contrataciones en beneficio propio y de terceros, en detrimento de fondos públicos. El procesamiento incluye cargos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo, además de embargos millonarios sobre bienes de los acusados.

El fallo también señala que la agencia fue utilizada como una vía de enriquecimiento ilícito por parte de los acusados, al tiempo que alertó que el esquema delictivo podría haber tenido otro nivel de complicidades más allá de los imputados actuales, con indicios de expansión hacia otras áreas y actores dentro y fuera del organismo.

La causa, que se inició tras la aparición de audios y pruebas que advertían sobre irregularidades en la compra de medicamentos y servicios, incluyó en su análisis documentación financiera, comunicaciones internas y testimonios que permitieron reconstruir parte de la dinámica delictiva.

El procesamiento de Spagnuolo y de los demás acusados representa uno de los golpes judiciales más significativos en torno a la ANDIS y la gestión de recursos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. La investigación continúa y, según advierte el propio juez, podría dar lugar a nuevas imputaciones y ampliaciones del expediente conforme se sigan analizando pruebas.

El jefe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, presentó su renuncia tras años al frente del organismo, en medio de tensiones por el manejo de estadísticas oficiales y la continuidad de una crisis institucional que ya había llevado a otras salidas de cargos clave en el Gobierno.

Marco Lavagna presentó su renuncia a la dirección general del INDEC, el organismo oficial encargado de las estadísticas públicas, poniendo fin a su gestión luego de varios años al frente de la institución. La decisión se da en un contexto de críticas por la forma en que se manejan los datos oficiales y tras una serie de salidas de funcionarios que marcaron una fuerte rotación en cargos clave del Gobierno.

La renuncia fue formalizada ante el Ministerio de Economía, y según fuentes oficiales, Lavagna expresó que su salida se produce por motivos personales y para dar paso a una renovación del equipo técnico del organismo. Sin embargo, la decisión se conoce en un momento de fuerte presión política sobre las cifras oficiales y cuestionamientos a la credibilidad de algunos indicadores clave de la economía argentina.

El INDEC ha sido centro de debates durante los últimos años, especialmente por el manejo de estadísticas de inflación y empleo, y por la percepción de sectores económicos y sociales sobre la transparencia de los datos. La salida de Lavagna se suma así a una serie de cambios de gabinete y salidas de colaboradores en áreas sensibles del Estado.

Desde distintos sectores de la oposición aprovecharon la renuncia para vincularla con la situación general del país, en la que la falta de resultados económicos claros y la inestabilidad institucional se reflejan en la rotación de funcionarios con responsabilidades estratégicas.

Con la partida de Lavagna, la conducción del INDEC quedará a cargo de un reemplazo que deberá enfrentar no sólo los desafíos técnicos de la recopilación y difusión de estadísticas, sino también la presión de distintos actores políticos y sociales que exigen mayor claridad y confiabilidad en los números oficiales.

La salida de Marco Lavagna del INDEC se suma a un contexto de continuos cambios en posiciones de gestión pública, reforzando la percepción de una administración con dificultades para sostener equipos técnicos estables en áreas clave.

Los bomberos voluntarios de Trelew denunciaron que el Gobierno nacional no entregó los fondos necesarios para hacer frente a los incendios forestales que afectan la Patagonia.

Mientras los incendios forestales avanzaban sobre la Patagonia y ponían en riesgo miles de hectáreas, el Gobierno nacional de Javier Milei decidió no reforzar los fondos destinados a los cuerpos de bomberos voluntarios. En Trelew, uno de los puntos más afectados por la crisis ígnea, la situación fue expuesta con crudeza: no hubo partidas especiales, no hubo refuerzos y no hubo respuestas frente a una emergencia que exigía acción inmediata.

Desde el cuartel local fueron directos: “No existe aporte extraordinario del Gobierno nacional para afrontar los incendios. Estamos trabajando con lo mínimo indispensable”, advirtieron. Más adelante, remarcaron que el esfuerzo cotidiano se sostuvo casi exclusivamente con recursos propios, donaciones y el compromiso de los brigadistas, en un contexto donde el fuego avanzaba más rápido que la asistencia oficial.

En el mismo tono, señalaron que la falta de apoyo no fue un problema aislado, sino parte de una política de ajuste que golpeó incluso en situaciones críticas. “Estamos operando al límite”, explicaron, con equipos desgastados, personal exhausto y sin el respaldo económico que debería garantizar el Estado nacional en una catástrofe ambiental de esta magnitud.

Finalmente, el cuadro dejó en evidencia el contraste entre el discurso libertario y la realidad: mientras el Gobierno hablaba de eficiencia y recorte, en el territorio los bomberos enfrentaron el fuego sin recursos. La emergencia no encontró un Estado presente, sino una administración que eligió mirar para otro lado cuando más falta hacía intervenir.

En medio de un escándalo que sigue creciendo, el Gobierno sigue sin brindar explicaciones claras sobre el destino de 5.000 millones de dólares en oro físico pertenecientes al Banco Central.

Mientras el Ejecutivo intenta cerrar el año con anuncios positivos sobre la marcha de la economía, el caso del oro del Banco Central se convirtió en uno de los temas más polémicos del momento político y financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente, Javier Milei, continúan rehusándose a dar explicaciones precisas sobre el paradero y el uso de 5.000 millones de dólares en lingotes de oro que fueron trasladados fuera del país.

La operación, que consistió en cargar lingotes de oro en un avión comercial para llevarlos al exterior, no dejó contratos formales ni documentación pública que respalde la transacción, según fuentes vinculadas a la auditoría y al análisis de las reservas. El vacío de información oficial generó una fuerte reacción de economistas, sectores de la oposición y especialistas en finanzas internacionales.

En declaraciones públicas, tanto Milei como Caputo se limitaron a asegurar que la operación forma parte de maniobras de gestión de reservas, pero no ofrecieron detalles concretos sobre quién autorizó el movimiento, con qué contrapartes se hizo ni cuál fue el destino final de esos activos. Esta ausencia de transparencia alimenta sospechas sobre la intención detrás de la decisión y pone en cuestión la estrategia del Banco Central bajo el actual gobierno.

Los críticos del Ejecutivo advierten que la falta de documentación contractual y de explicaciones claras no solo contradice estándares básicos de administración de activos públicos, sino que además expone la economía argentina a riesgos innecesarios en un contexto de fragilidad macroeconómica. La transparencia en el manejo de las reservas es clave para la confianza de mercados e inversores, sostienen.

El caso del oro se suma a una serie de otros debates sobre la gestión de las reservas internacionales y el manejo de activos estratégicos del Estado, un terreno que ya venía siendo cuestionado por la comunidad económica debido a la magnitud de las operaciones realizadas sin información pública suficiente.

Con el avance de 2026 y el inicio del nuevo periodo legislativo, la controversia por el destino del oro del Banco Central promete seguir en la agenda pública, con llamados desde distintos sectores a que el Gobierno brinde respuestas claras y documentación respaldatoria sobre una operación que, hasta ahora, permanece opaca.

El ministro de Economía, Toto Caputo, echó al secretario de Transporte, Luis Pierrini, tras una denuncia por corrupción que involucra una estafa con los fondos de la tarjeta SUBE. El perjuicio al Estado se calcula en 30 mil millones de pesos mediante la alteración de datos técnicos del sistema de pago electrónico.

Acorralado, el funcionario de origen mendocino no se esforzó mucho por disfrazar su salida y argumentó “motivos personales” para dejar el cargo, resaltó el portal La Política Online.

Pero lo cierto es que el ministro de Economía decidió echarlo luego que se revelara una supuesta estafa de la empresa de colectivos La Nueva Metropol de la familia Zbikoski, que le habría causado al tesoro un perjuicio de 3 mil millones de pesos mensuales durante la gestión de Pierrini.

Sin ningún tipo de control estatal, la empresa La Nueva Metropol alteraba los boletos de los pasajeros para cobrar por recorridos más largos de los que efectivamente realizaban. Eso implicaba cobrar mayores subsidios.