En un durísimo editorial, la emblemática publicación liberal británica cuestionó la agresividad del Presidente, alertó sobre la dramática caída de los salarios y el empleo, y advirtió que el “experimento” libertario corre riesgo de naufragar en 2027 si insiste con el ajuste a ciegas.

El relato triunfalista del Palacio de Hacienda acaba de sufrir un durísimo golpe de gracia desde el lugar menos esperado. El prestigioso semanario británico The Economist, faro histórico del pensamiento liberal internacional, dedicó una severa editorial a la gestión de Javier Milei bajo una premisa categórica: la Argentina “necesita menos gritos y más crecimiento”. La nota desarma la narrativa oficialista y expone que la pirotecnia verbal del Presidente no alcanza para disimular la profunda parálisis económica que atraviesa el país.

El análisis de la revista inglesa puso el foco en la creciente angustia social provocada por el programa de gobierno, señalando que la pérdida del poder adquisitivo y la destrucción de puestos de trabajo han desplazado a la inflación como la principal preocupación de las familias trabajadoras. Para el medio liberal, la falta de empatía de Milei frente al costo social del ajuste y su constante inclinación a la confrontación mediática reducen significativamente el margen político para sostener su plan económico en el tiempo.

Asimismo, el artículo advierte sobre las contradicciones macroeconómicas de la gestión libertaria, criticando la permanencia de los controles de cambio y las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario para contener artificialmente las divisas. Según la publicación, el afán por controlar la brecha mediante la imposición de torniquetes financieros demuestra que el discurso de libertad de mercado se estrella contra la necesidad desesperada de evitar una corrida inflacionaria de cara a las próximas etapas electorales.

El diagnóstico del medio británico concluye con un presagio que enciende las alarmas en el Gabinete: de no revertir la recesión ni generar puestos de trabajo reales, el “experimento liberal” de Milei se encamina a un rechazo masivo en las urnas que le pondrá punto final a su proyecto político en 2027. La crítica lapidaria demuestra que ni siquiera los sectores económicos más alineados con el libre mercado respaldan un esquema que dogmatiza la miseria y basa su gobernabilidad en el insulto y el ahogo social.

Corporación América presiona para blindar su monopolio sobre las terminales aéreas del país. El estrecho vínculo histórico del Presidente con el grupo económico facilita una maniobra que pretende perpetuar el negocio privado a costa del patrimonio público.

La administración de Javier Milei vuelve a dar muestras de la permeabilidad del Estado frente a los intereses de los grandes grupos concentrados de la economía. Corporación América, el holding comandado por la familia Eurnekian, desplegó una silenciosa pero agresiva estrategia para garantizar la prórroga indefinida y la extensión de las concesiones aeroportuarias que administra en todo el territorio nacional. La maniobra busca petrificar un esquema monopólico sobre el transporte aéreo antes de que vencen los plazos legales vigentes.

El impulso a estas pretensiones empresariales no resulta casual en el mapa político actual. El propio Presidente de la Nación construyó su carrera profesional y mediática como empleado estrella del grupo Eurnekian, mientras que diversos funcionarios de primera línea en el Gabinete libertario registran un pasado reciente en las filas del holding armenio-argentino. Esta captura de los resortes estatales por parte de antiguos ejecutivos corporativos allana el camino para resoluciones a medida de los sectores concentrados.

Desde la oposición y sectores especializados en regulación de servicios públicos advierten sobre las graves irregularidades que implica otorgar beneficios de extensión contractual sin compulsas ni licitaciones transparentes. Garantizar la explotación de las terminales aéreas sin exigencias de inversión acordes ni controles estatales efectivos perpetúa tarifas elevadas para los usuarios y resigna soberanía sobre la infraestructura estratégica del transporte del país.

La sobreactuación del Gobierno a favor de Corporación América contrasta de manera grosera con el discurso de la “libre competencia” y la “desregulación” que el oficialismo agita ante la opinión pública. Mientras se promueve la privatización de empresas estatales y la desprotección del mercado interno, la Casa Rosada consagra un capitalismo de amigos donde los monopolios privados alineados con el Poder Ejecutivo obtienen prebendas y concesiones a medida.

En medio del feroz ajuste fiscal que destruye salarios, jubilaciones y partidas para la educación, el Gobierno libertario destinó un desembolso millonario para adquirir cuatro aeronaves militares y equipamiento bélico a Washington.

Mientras el discurso oficial insiste de forma sistemática en que “no hay plata” para financiar a las universidades públicas, actualizar los haberes previsionales o reactivar la obra pública paralizada, la administración de Javier Milei dio un nuevo paso en su alineamiento geopolítico con la compra de cuatro helicópteros de guerra UH-60L Black Hawk a Estados Unidos. La operación, aprobada por el Departamento de Estado norteamericano, implica un desembolso estimado en 140 millones de dólares para material bélico.

La transacción fue celebrada públicamente por el embajador estadounidense Peter Lamelas y contempla el envío inicial de cuatro unidades reacondicionadas, además de repuestos, motores, sistemas de navegación avanzada y capacitación para las Fuerzas Armadas. Desde Washington destacaron que el acuerdo busca reforzar la seguridad de un “aliado importante” en Sudamérica, dejando al descubierto la subordinación de la política exterior argentina a los intereses de la Casa Blanca.

El desvío de cuantiosos recursos económicos hacia el reequipamiento militar contrasta fuertemente con la realidad que atraviesan los sectores más vulnerables del país. Para la gestión libertaria, la prioridad fiscal no reside en atender la emergencia social ni en sostener las capacidades productivas de la economía, sino en profundizar una agenda de militarización y sobreactuación ideológica que solo reporta beneficios políticos para la potencia del norte.

Esta nueva adquisición se suma a una serie de desembolsos en materia de defensa que exponen la doble vara del Poder Ejecutivo en el manejo del gasto público. Mientras se recortan los medicamentos a jubilados y se ahoga financieramente a las provincias, la Casa Rosada demuestra que los fondos estatales sí aparecen cuando se trata de cumplir con los compromisos y exigencias de la agenda geopolítica estadounidense.

Pese a los intentos del oficialismo por tomar distancia del estratega digital tras su detención en Bolivia, los registros de acceso revelan un flujo constante del consultor a los despachos del Poder Ejecutivo.

Luego de que la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia por el atentado contra la abogada Nadia Beller sacudiera el escenario político, los registros oficiales de la Casa Rosada dejaron al descubierto el estrecho vínculo que el estratega digital mantuvo con el gobierno de Javier Milei. Los libros de ingreso a la sede de Gobierno confirman que el consultor ingresó al menos en 12 oportunidades desde el inicio de la gestión libertaria.

Las visitas registradas desacreditan la narrativa de ciertos sectores del oficialismo que buscaron presentar a Cerimedo como un actor externo o desvinculado de la toma de decisiones. El estratega no solo mantenía contacto cotidiano en el ecosistema de redes sociales y batallas culturales del espacio, sino que caminaba con habitualidad por los pasillos de Balcarce 50 para reunirse con altos funcionarios y coordinar la comunicación oficial.

El paso frecuente del consultor por los despachos del Poder Ejecutivo coincide con momentos clave de la gestión, en los que la estrategia digital del Gobierno desplegó campañas agresivas contra la oposición y sectores críticos. Las planillas de acceso exponen una cercanía operativa insostenible de negar ante la opinión pública.

El hallazgo de estos ingresos sistemáticos suma presión e incomodidad al Gobierno, que intenta capear las repercusiones internacionales del caso Judicial que involucra a Cerimedo en el exterior. La evidencia de los registros vuelve a poner bajo la lupa la red de influencias y el nivel de injerencia que los operadores digitales informales tienen en las decisiones del Estado.

Se filtraron los explosivos mensajes que Javier Milei le habría enviado a Agustín Laje luego de que el titular de la Fundación Faro cuestionara el rumbo económico del Gobierno. “Hijo de puta”, “traidor” y “ya vas a ver” habrían sido algunas de las expresiones utilizadas por el Presidente, que luego bloqueó al dirigente.

El episodio, revelado por el periodista Alejandro Bercovich en C5N, expone una severa crisis interna en el entorno presidencial y muestra hasta qué punto las críticas sobre la marcha de la economía generan tensión dentro del oficialismo.

Según el relato, Milei se encontraba en la Quinta de Olivos cuando vio una entrevista de Laje, uno de sus principales defensores ideológicos y referentes de la denominada “batalla cultural” libertaria. El politólogo había marcado diferencias con el Gobierno y advertido sobre el deterioro de la situación social y económica.

Entre sus cuestionamientos, Laje sostuvo que “no le estaba mejorando el metro cuadrado a la gente”, advirtió que el péndulo político podía ir “para el otro lado” y remarcó que “la gente no come batalla cultural”. Las declaraciones habrían desatado la furia presidencial.

De acuerdo con Bercovich, Milei totalmente sacado tomó su teléfono y comenzó a enviarle mensajes en mayúsculas, con fuertes insultos y amenazas. Poco después, habría bloqueado al titular de la Fundación Faro, profundizando una crisis que amenazaba con provocar una nueva ruptura dentro del armado libertario.

La intervención de Santiago Caputo

La escalada del conflicto habría obligado a intervenir a Santiago Caputo, uno de los principales operadores políticos del Gobierno, para evitar que Laje abandonara la Fundación Faro, espacio central para el despliegue ideológico y político del oficialismo.

El episodio resulta particularmente significativo porque Laje no es un dirigente opositor: es uno de los principales referentes intelectuales del universo libertario y estuvo estrechamente vinculado a la construcción de la “batalla cultural” impulsada por el Gobierno.

El fuerte enfrentamiento revela así una fractura que va más allá de una disputa personal. Las diferencias sobre la situación económica y social comienzan a atravesar incluso al núcleo de aliados que hasta ahora habían sido fundamentales para defender el proyecto de Milei.

La reacción del Presidente también expone una creciente dificultad para procesar las críticas internas en un momento en que el malestar económico amenaza con convertirse en uno de los principales problemas políticos del oficialismo.

Según Bercovich, el episodio con Laje habría sido apenas un anticipo de la ira que posteriormente Milei descargó en sus discursos ante empresarios. La “batalla cultural” que el Gobierno convirtió en una de sus principales banderas empieza así a chocar con una realidad incómoda: las críticas sobre la economía ya no llegan solamente desde la oposición, sino también desde sus propios aliados.

En medio de un marcado deterioro en los índices de confianza de su gestión y el avance de definiciones legislativas clave, el Presidente reapareció en la sede de Gobierno para bajar línea ante diputados y senadores oficialistas.

Luego de permanecer recluido durante casi un mes en la Quinta Presidencial de Olivos, Javier Milei retomó las actividades presenciales en la Casa Rosada. La reaparición gubernamental se produce en un contexto político adverso, marcado por crecientes tensiones legislativas, internas crecientes en el espacio oficialista y indicadores de opinión pública que señalan caídas significativas en la aprobación de la gestión libertaria.

El retorno del mandatario al despacho presidencial responde a la urgencia del Poder Ejecutivo por ordenar a su propia tropa en el Congreso. Para ello, Milei convocó a una reunión de urgencia con los bloques de diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza, buscando alinear posiciones y fijar las prioridades en la agenda parlamentaria ante proyectos decisivos para la sostenibilidad de su programa de gobierno.

El aislamiento prolongado en la residencia oficial había encendido alarmas dentro y fuera del propio espacio libertario, abonando lecturas sobre el desgaste político del Ejecutivo y la dificultad de la mesa chica presidencial para conducir la coyuntura. La falta de presencia del Presidente en la sede de Gobierno coincidió con el avance de reclamos sociales, cuestionamientos a figuras clave del Gabinete y un escenario económico signado por el descontento social.

Con esta reaparición, la gestión oficialista intenta recuperar la iniciativa política e imprimir volumen institucional a una semana que se prevé compleja en las cámaras. Resta constatar si la reunión con los legisladores propios logrará abroquelar la bancada oficialista frente a una oposición que busca imponer límites a los decretos y proyectos impulsados desde Balcarce 50.

Sin mencionarlo directamente por su nombre, lo señaló como un integrante de la “casta política”, lo acusó de atentar contra la institucionalidad y le exigió que “respete el voto popular”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con dureza al jefe de Gabinete, Diego Santilli, luego de que este le reclamara públicamente que renunciara si no comparte el rumbo del Gobierno. Sin mencionarlo por su nombre, lo señaló como un integrante de la “casta política”, lo acusó de atentar contra la institucionalidad y le exigió que “respete el voto popular”.

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en 2023 y le ganamos pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, escribió Villarruel en su cuenta de X.

La titular del Senado defendió además la legitimidad de la fórmula presidencial que integró junto a Javier Milei y remarcó que ambos fueron elegidos por la ciudadanía. “Esta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”, disparó.

Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria.

Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de…

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 31, 2026

El mensaje llegó después de que Santilli calificara de “barbaridad” y “disparate” las recientes declaraciones de la Vicepresidenta y sostuviera que, si no está de acuerdo con el Gobierno, debería “dar un paso al costado”, formar su propio espacio y competir electoralmente.

La disputa profundiza la crisis interna del oficialismo, que se agravó tras las recientes críticas de Villarruel al presidente Javier Milei. Días atrás, la vicepresidenta expresó su “genuina preocupación” por el estado mental del mandatario y aseguró que el jefe de Estado difunde “persecuciones imaginarias”, en respuesta a acusaciones de la diputada libertaria Lilia Lemoine.

En ese contexto, el enfrentamiento con Santilli volvió a dejar expuesta la creciente fractura dentro del Gobierno nacional.

Después de cuestionar el rumbo del Gobierno al defender la industria nacional y reclamar políticas para sostener el empleo, ahora reivindicó a los docentes y aseguró que “merecen reconocimiento, respeto y una retribución acorde”, en un nuevo mensaje que contrasta con el ajuste impulsado por la Casa Rosada.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con Javier Milei en dos temas centrales de la agenda económica y social. Después de cuestionar el rumbo del Gobierno al defender la industria nacional y reclamar políticas para sostener el empleo, ahora reivindicó a los docentes y aseguró que “merecen reconocimiento, respeto y una retribución acorde”, en un nuevo mensaje que contrasta con el ajuste impulsado por la Casa Rosada.

En el aniversario del Instituto Social Militar Dámaso Centeno, donde cursó sus estudios, la titular del Senado recordó su paso por la institución y aprovechó la ocasión para destacar el papel de los educadores, en un contexto atravesado por el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el financiamiento y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes.

“Nada de eso sería posible sin generaciones de docentes que dedicaron su vida a enseñar. Quienes eligen la educación cumplen una misión fundamental para el futuro de la Nación. Por eso merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan”, expresó Villarruel.

Sus declaraciones llegan pocas semanas después de que la Corte Suprema dejara firme la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una prolongada disputa entre el Gobierno y la comunidad educativa por los recortes presupuestarios.

El pronunciamiento se suma a las diferencias que la vicepresidenta había exhibido durante los actos por el Día de la Independencia en Tucumán. Allí pidió “generar trabajo” y advirtió que no se puede “dejar que las industrias mueran”, además de anticipar que impulsará una agenda legislativa enfocada en el desarrollo productivo, con iniciativas como la Ley de Biocombustibles y medidas para atender los reclamos del Norte Grande.

Tras quedar relegada de la agenda oficial durante el 9 de Julio, Villarruel permaneció en Tucumán para desplegar una actividad propia. Visitó el ingenio La Florida y se reunió con empresarios e industriales que le transmitieron su preocupación por el incremento de los costos energéticos, la apertura de importaciones y la caída de la actividad.

Con estos gestos, la vicepresidenta vuelve a tomar distancia del núcleo duro libertario y consolida un perfil propio, diferenciándose de Javier Milei tanto en materia productiva como en la defensa de la educación y del reconocimiento salarial para los docentes.

Escándalo en Balcarce 50: el video que muestra a Santiago Caputo y al “Gordo Dan” en un presunto circuito de traslado de dinero ilegal. “En cada mochila hay 500 mil dólares”, denunció Mauro Federico.

La filtración de un video exclusivo presentado por el periodista Mauro Federico en FM Delta desató un verdadero terremoto político en las entrañas del Gobierno nacional. Las imágenes muestran en detalle al influyente asesor presidencial, Santiago Caputo, y al streamer y militante ultraoficialista conocido como “Gordo Dan”, ingresando a la Casa Rosada escoltando a un misterioso individuo. Lo escandaloso de la escena radica en las nulas medidas de seguridad con las que se movía este acompañante, quien portaba gorra, anteojos oscuros y una pesada mochila que evadió por completo los registros oficiales de la sede gubernamental.

De acuerdo con la gravísima denuncia pública de Federico, el contenido de ese bolso formaría parte de un circuito de financiamiento ilegal que opera de manera cotidiana en los pasillos del poder. “En cada mochila hay 500 mil dólares y van y vienen”, disparó el periodista sin filtros, exponiendo la existencia de una presunta red de “mochileros” encargados de trasladar astronómicas sumas de dinero en efectivo en plena luz del día. El cronista subrayó la indignación que genera la impunidad del operativo al señalar que cualquier ciudadano común sería retenido de inmediato por las fuerzas de seguridad ante un intento de ingreso de semejantes características.

La revelación no solo expone un presunto entramado de corrupción estructural en el corazón de la gestión libertaria, sino que además detonó una feroz crisis de desconfianza y paranoia interna dentro del propio oficialismo. Según relató el propio Mauro Federico, la cúpula gubernamental se encuentra “como loca” intentando rastrear de forma desesperada el origen de las filtraciones. Lejos de tratarse de una investigación externa, los datos provienen del riñón de los propios equipos gubernamentales, quienes decidieron romper el pacto de silencio debido al hartazgo moral ante los manejos discrecionales de las cajas del Estado.

El impacto de este video promete traducirse de forma inmediata en una fuerte escalada de denuncias en los tribunales de Comodoro Py por presunta malversación de fondos públicos y lavado de dinero. En un escenario político ya severamente golpeado por purgas masivas en el aparato comunicacional y el desamparo judicial de exfuncionarios, la aparición de Caputo y el “Gordo Dan” en una maniobra de traslado de divisas sin registrar debilita el relato de transparencia y austeridad del Ejecutivo, colocando al entorno más íntimo del presidente Javier Milei bajo una sospecha terminal.

La salida del exjefe de Gabinete desató un terremoto administrativo. Presentaron un proyecto en el Congreso para obligar a dar un paso al costado a toda la línea de directores, coordinadores y asesores designados bajo su gestión en la estructura de medios de la Casa Rosada.

El derrumbe político de Manuel Adorni promete arrastrar consigo a toda la estructura militante y técnica que montó durante sus meses al frente de la comunicación oficial. Tras formalizarse su renuncia en medio de los escándalos patrimoniales y los pedidos de prisión preventiva, bloques de la oposición presentaron una iniciativa parlamentaria fulminante: exigen la renuncia inmediata e indeclinable de los 249 funcionarios que el exvocero designó en el organigrama de la Jefatura de Gabinete y la Subsecretaría de Vocería.

La jugada busca desmantelar lo que los legisladores denunciantes consideran un “búnker de colocaciones políticas y nepotismo” financiado con recursos públicos. Según el relevamiento que acompaña el pedido, las áreas controladas por Adorni experimentaron una inflación desmedida de cargos jerárquicos —con sueldos millonarios que contrastan con el discurso de austeridad oficial—, distribuidos entre familiares, tuiteros de la militancia libertaria y asesores de confianza.

Los puntos clave del pedido de purga masiva:

• Fin de la “casta tuitera” contratada: El proyecto exige que todos los secretarios, subsecretarios, directores nacionales, coordinadores de área y asesores con contratos temporales o políticos designados por Adorni pongan su renuncia a disposición del Poder Ejecutivo de manera inmediata para facilitar una auditoría integral.
• Denuncias por sobredimensión del área: Los bloques impulsores remarcaron que, mientras el Gobierno aplicaba despidos masivos en ministerios sociales y áreas operativas del Estado, la estructura de comunicación creció de forma injustificada hasta alcanzar los 249 nombramientos jerárquicos, duplicando funciones y delegando tareas institucionales en militantes digitales.
• Auditoría sobre los contratos: En paralelo al pedido de remoción, se solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que inicien un examen de urgencia sobre las contrataciones de la Subsecretaría de Vocería para revisar la legalidad de los perfiles y si existieron incompatibilidades o desvíos de fondos públicos.

Un área acéfala y bajo estricta revisión

La ofensiva legislativa encuentra a las oficinas de prensa de Balcarce 50 en un estado de parálisis total. Tras la eyección del segundo de Adorni días atrás y la posterior renuncia del propio jefe de Gabinete, la primera línea del oficialismo evalúa congelar las vacantes y desarmar el organigrama macro para devolverle el control de los medios públicos y la pauta digital a la Jefatura de Gabinete residual.

Para el Gobierno, sostener a los 249 designados por el funcionario caído representa un costo político insostenible en plena crisis. Con la oposición presionando en el Congreso para ventilar la lista completa de nombres y salarios del “ejército comunicacional” de Adorni, la Casa Rosada se encamina a convalidar una purga masiva para intentar dar vuelta la página de su peor crisis de gestión.