Mientras avanza el ajuste presupuestario a la educación y las jubilaciones, Milei firmará un decreto para aumentar los abultados sueldos de los funcionarios de su gabinete.

Javier Milei firmará este martes un decreto que habilita el aumento de los sueldos de los funcionarios de mayor jerarquía del Estado, en un contexto marcado por un brutal ajuste sobre la educación pública, las jubilaciones y el gasto social. La medida será publicada el viernes 2 de enero en el Boletín Oficial y alcanzará a cargos como el presidente, la vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios.

Según reconocen en la Casa Rosada, el decreto contemplará la recomposición salarial correspondiente a todo el período sin aumentos, aunque aclaran que no superará la actualización percibida por los empleados estatales. Aun así, la decisión contrasta con la continuidad de políticas de recorte que impactan de lleno en jubilados, universidades y sistemas educativos de todo el país.

Desde Balcarce 50 argumentan que los salarios de los altos funcionarios perdieron cerca del 60% de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión. La inflación acumulada durante 2024 fue del 117,8% y, con los últimos datos disponibles, el IPC registra un 27,9% adicional en 2025 hasta noviembre.

Actualmente, el esquema salarial establece sueldos brutos mensuales de alrededor de $4 millones para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta, $3,58 millones para los ministros, $3,2 millones para los secretarios y $2,8 millones para los subsecretarios. En el Congreso, los diputados perciben cerca de $7 millones y los senadores alcanzan los $9,5 millones.

Las discusiones internas por la actualización salarial atravesaron todo 2025, con reclamos directos al Presidente. En el Gobierno evitaron avanzar con la medida antes de las elecciones de octubre y resolvieron postergarla hasta el inicio del nuevo año.

Desde el Ejecutivo sostienen que el congelamiento salarial afectó el funcionamiento interno de la gestión y la conformación de equipos técnicos, al ampliarse la brecha con el sector privado. Sin embargo, la firma del decreto se produce mientras continúan los recortes presupuestarios y la pérdida del poder adquisitivo de jubilaciones y salarios docentes, profundizando el impacto social del ajuste.

El texto final fue consensuado entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Un antecedente similar había sido revertido meses atrás tras el desplazamiento del exsecretario Armando Guibert y la derogación de la suba.

Según investigaciones periodísticas, el Banco Central cargó USD 5.000 millones en lingotes de oro en un avión comercial en plena madrugada, sin dejar rastro documental, sin contratos, sin papeles, sin auditoría posible. Total normalidad en la Argentina de Javier Milei y Luis Caputo. ¿Para el periodismo “independiente” no es tapa de diario?

Lo grave es que desde el Banco admitieron oficialmente ante la Auditoría General de la Nación que durante todo 2024 no existieron contratos registrados por el envío de oro al exterior. Ni ahora ni al cierre del año pasado. Pero tampoco dicen si el oro está en el Banco Central…

“Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen”, señalaron desde la entidad monetaria en la nota enviada a la Auditoría. La postura oficial fue al extremo al afirmar que no se elaboraron informes jurídicos porque, directamente, “no hay contratos”. Este punto deberá ahora ser ratificado en sede judicial. Y la Justicia exige explicaciones.

La respuesta dejó sin sustento cualquier intento de auditoría sobre una operatoria valuada en USD 4.981 millones. Sin contratos, no hay nada que revisar. Como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran evaporado.

Ahora el expediente escaló al plano judicial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Central entregar información precisa. Señaló que las excepciones al acceso a la información pública no pueden depender de una decisión unilateral del funcionario obligado. Si el Estado alega confidencialidad, debe probar un daño concreto. No alcanza con invocar riesgos genéricos.

En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de auditoría tras la jura de nuevos auditores.

El Banco Central informó que no existen contratos que sustenten el envío del oro argentino a Londres lo que arroja un manto de dudas sobre la operación impulsada por Toto Caputo.

El Banco Central admitió oficialmente que no existen contratos que respalden el envío de los lingotes de oro argentinos al exterior, una confesión que deja a las autoridades económicas al borde de una investigación penal. En una respuesta formal a la Auditoría General de la Nación (AGN), la entidad fue categórica: “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen”. La inexistencia de respaldo contractual abre un flanco judicial de enorme gravedad.

La historia no comenzó esta semana. En julio del año pasado, cuando se reveló que Luis Caputo y Santiago Bausili habían sacado las reservas de oro del país en un operativo reservado, se inició una secuencia de silencios, evasivas y negativas oficiales. Hoy, esa estrategia quedó desmentida por el propio Banco Central.

Durante la madrugada, en un procedimiento sin precedentes, el Central cargó lingotes de oro valuados en cerca de USD 5.000 millones en un avión comercial y los envió al exterior sin dejar rastro documental: sin contratos, sin informes jurídicos, sin registros administrativos y sin posibilidad de auditoría. Una escena más propia de una novela policial que de la gestión de activos estratégicos del Estado. Pero ocurrió.

¿Donde está el oro?

Lo más grave es que el Banco Central reconoció ante la AGN que durante todo 2024 no existieron contratos registrados por el envío del oro. Ni al momento de la operatoria ni al cierre del ejercicio. La respuesta oficial fue aún más extrema: no se elaboraron dictámenes legales porque, directamente, “no hay contratos”. Este punto deberá ahora ser evaluado en sede judicial, donde ya se exigen explicaciones.

La admisión deja sin sustento cualquier intento de auditoría sobre una operación valuada en USD 4.981 millones. Sin contratos, no hay nada que auditar. Como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran evaporado.

La presunción de delito se apoya en hechos concretos. Los funcionarios del Banco Central no administran bienes privados: custodian activos públicos. La falta de respaldo contractual no es un error administrativo menor, sino un elemento que puede configurar responsabilidad penal. Cuando un activo estratégico pierde trazabilidad, la responsabilidad deja de ser institucional y pasa a ser personal.

El expediente ya escaló al plano judicial y el margen para seguir ocultando información se reduce. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Central entregar información precisa y fue explícita en su reproche: las excepciones al acceso a la información pública no pueden depender de una decisión unilateral del funcionario obligado. Si el Estado invoca confidencialidad, debe demostrar un daño concreto. No alcanza con alegar riesgos genéricos.

En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de auditoría tras la jura de los nuevos auditores.

El contexto internacional vuelve todo aún más sensible. El oro cotiza cerca de los USD 4.400 la onza, un récord histórico que funciona como salvavidas contable para un Banco Central con reservas líquidas en rojo. Según estimaciones de LCG, las reservas netas reales rondarían los USD 18.000 millones negativos. Sin el efecto precio del oro, el agujero sería todavía mayor.

La paradoja es evidente: los lingotes siguen computando como reservas aunque nadie diga dónde están. No se sabe si están en Londres, en Basilea, si generan algún rendimiento o si fueron entregados como garantía para obtener dólares frescos.

Carlos Rodríguez, uno de los arquitectos del programa económico de Javier Milei durante la campaña y desplazado al asumir el gobierno, calificó el episodio como “simplemente insólito”. Advirtió que el oro podría haber sido usado como garantía de un préstamo ya consumido y reclamó conocer la ubicación exacta de todos los activos y pasivos del Central.

Rodríguez fue más allá: además del oro, exigió información sobre los dólares de los encajes bancarios y la publicación de la serie semanal de reservas internacionales netas según la metodología del FMI.

En ese marco, crece la sospecha del mercado sobre el pago del vencimiento de USD 1.000 millones de Bopreal con depósitos de los ahorristas. Con reservas netas negativas por USD 18.000 millones, la única caja líquida disponible serían los encajes bancarios. El resto —swap con China y créditos del Fondo— no se puede usar.

La embajada argentina en Tegucigalpa opera como plataforma de respaldo político y diplomático a la maniobra que busca consumar un fraude electoral en Honduras. En un esquema de intromisión indirecta, Buenos Aires aparece como actor funcional a la estrategia de la derecha local y a la tutela estadounidense sobre el proceso electoral.

Por Santiago Masetti/ Según registros informáticos difundidos por medios locales, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ana Paola Hall y Cossette López —representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente— fueron ubicadas en la Embajada Argentina en Tegucigalpa en momentos clave del conflicto institucional. El dato no es menor: se produjo tras la ruptura del pleno del CNE y luego de que el consejero oficialista Marlon Ochoa denunciara penalmente a ambas funcionarias ante el Ministerio Público.

La crisis política que sacude a Honduras tras las elecciones generales del 30 de noviembre sumó en las últimas horas un elemento de gravedad regional: la participación activa del gobierno de Javier Milei en el entramado que busca consolidar un golpe de Estado electoral en el país centroamericano. Lejos de un rol neutral, la Argentina emerge como pieza auxiliar en una operación que no puede exhibir a sus verdaderos promotores como protagonistas visibles.

Que asuntos estrictamente electorales se tramiten en una sede diplomática extranjera expone el carácter opaco de la maniobra y refuerza las denuncias de injerencia externa. En este esquema, el gobierno argentino cumple un rol de cobertura política y logística, ofreciendo un espacio “amigo” para avanzar en decisiones que no resisten la luz pública ni el control institucional hondureño.

Ochoa, representante del partido Libertad y Refundación (Libre), fue categórico al rechazar la validación de unos resultados que calificó de fraudulentos. Denunció que Hall y López intentan emitir la declaratoria oficial sin concluir el escrutinio, dejando sin resolver más de 10 mil actas con inconsistencias y cerca de 300 impugnaciones. “No voy a firmar un fraude, aunque me lleven a punta de bala”, advirtió, al tiempo que exigió un conteo voto por voto de las más de 19 mil urnas del nivel presidencial.

El magistrado también apuntó contra la tutela extranjera del proceso y señaló que Honduras no puede aceptar sanciones, presiones ni lineamientos de gobiernos externos. En su denuncia ante la Fiscalía, presentó audios que, según afirmó, revelan un plan coordinado de manipulación electoral, con participación de actores locales y foráneos, incluyendo a un expresidente condenado por narcotráfico y a operadores políticos vinculados a la derecha tradicional.

En ese entramado, el rol de Ana Paola Hall y Cossette López resulta central. Ambas consejeras avanzaron de manera unilateral, sin convocar al pleno del CNE, y quedaron en el centro de las acusaciones por intentar consumar una declaratoria irregular. Su presencia en la embajada argentina no solo agrava las sospechas, sino que compromete directamente a la administración Milei en un proceso que vulnera la soberanía hondureña.

La derecha local —encarnada por el Partido Nacional, el Partido Liberal— apelaron a repetir el libreto de los fraudes electorales de 2013 y 2017: manipulación del sistema de transmisión de resultados, descarte de actas desfavorables y proclamación exprés de un ganador funcional al statu quo. Esta vez, sin embargo, el esquema incorpora nuevos intermediarios para disimular la intromisión directa de Estados Unidos, cada vez más cuestionada por su historial en la región.

El respaldo argentino no es ingenuo ni aislado. Responde a una alineación ideológica y geopolítica del gobierno de Milei con los sectores más reaccionarios de Honduras, del continente y con las estrategias de desestabilización contra proyectos populares. Al actuar como actor secundario —pero decisivo—, la Argentina aporta legitimidad aparente a una operación que, de otro modo, quedaría expuesta como una intervención grosera.

Honduras atraviesa horas decisivas. Lo que está en juego no es solo el resultado de una elección, sino la posibilidad de defender la voluntad popular frente a un golpe electoral en marcha. En ese escenario, la participación del gobierno argentino marca un punto de inflexión preocupante: por primera vez en décadas, Buenos Aires deja de ser observador para convertirse en engranaje activo de una maniobra contra la democracia latinoamericana.

La Justicia federal ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que informe el destino de los lingotes de oro enviados al exterior durante la gestión de Luis Caputo, luego de que el organismo se negara de manera reiterada a brindar esa información y alegara una “reserva total” sin fundamentos suficientes.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó este lunes un fallo de primera instancia y dio lugar al amparo presentado por la Asociación Bancaria en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. El tribunal consideró que el BCRA vulneró los principios de transparencia y máxima divulgación al negar sistemáticamente los datos requeridos.

En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V sostuvo que la autoridad monetaria no logró justificar de manera concreta por qué ocultó información clave sobre el envío de lingotes de oro fuera del país. Según el fallo, la negativa oficial se apoyó en “meras afirmaciones genéricas” que impidieron verificar si la reserva invocada era legítima.

“La forma en que la demandada respondió a los requerimientos resulta incompatible con los principios de publicidad, máxima divulgación y transparencia”, afirmaron los magistrados. La Cámara recordó además que el Banco Central también se había negado a informar a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el destino del oro.

El reclamo judicial se originó a partir de varios pedidos de acceso a la información presentados en julio y agosto de 2024, en los que se solicitaban precisiones sobre los envíos de lingotes al exterior, las decisiones administrativas que los autorizaron, los funcionarios intervinientes, los expedientes correspondientes, la contratación de seguros y la eventual intervención de la sindicatura del BCRA.

En primera instancia, el amparo había sido rechazado bajo el argumento de que la difusión de esa información podía afectar la seguridad de las reservas y el funcionamiento del sistema financiero. Sin embargo, la Cámara rechazó ese razonamiento y advirtió que “la configuración de alguna de las excepciones legales no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado”.

El tribunal remarcó que es el Estado quien debe demostrar de forma concreta que la divulgación de los datos solicitados podría causar un daño real a un interés protegido, algo que el Banco Central no hizo. También subrayó que la información reclamada está vinculada a “un asunto de indudable interés público”, como es la administración de las reservas internacionales.

En línea con el dictamen del fiscal general, la Cámara ordenó al BCRA que entregue la información solicitada o que, en su defecto, explique “circunstanciadamente y punto por punto” qué datos no pueden divulgarse, dónde se encuentra actualmente el oro y de qué manera su difusión podría afectar al sistema financiero. Las costas del proceso fueron impuestas al Banco Central.

El empresario detenido por narcotráfico y con pedido de extradición de Estados Unidos rompió el silencio y reconoció haber entregado 200 mil dólares y aviones a Espert. “Su error fue negarme”, dijo.

Por si faltaba una voz para complicar aún más el escándalo de José Luis Espert, este lunes apareció Federico “Fred” Machado, el empresario detenido por narcotráfico y sobre quien pesa un pedido de extradición de la Justicia estadounidense. En diálogo con Radio Rivadavia, Machado confirmó públicamente que financió al excandidato con 200 mil dólares y aviones privados, y aseguró que el diputado de “cárcel o bala” “se metió en una cloaca” al intentar negar el vínculo.

“Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos. En ese momento me parecía un tipo noble, con una causa honesta. Su error fue negarme”, lanzó Machado, dejando sin margen las versiones con las que Espert intentó despegarse del escándalo que lo hundió.

Durante la entrevista, el empresario detenido contó que Espert voló en al menos dos ocasiones con sus aeronaves, una de ellas hacia Viedma, y que incluso llegó a disponer de otro avión durante varios meses para giras políticas y presentaciones de libros. “A Viedma fuimos en mi avión y luego creo que fuimos a Catamarca. Él voló dos veces en ese avión”, precisó.

El testimonio contradice las explicaciones que el propio Espert había dado semanas atrás, cuando minimizó su relación con Machado diciendo que solo había volado una vez.

“Hay fotos, hay testigos. Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo”, agregó Machado, que también habló del entorno libertario que acompañaba al excandidato: Nazareno Etchepare, Clara Montero Barré, Luis Rosales, Dick Morris y Lilia Lemoine, a quienes calificó de “muy bizarros”.

Machado sostuvo además que firmó un contrato con Espert en 2019 por más de 200 mil dólares. “La transferencia se hizo desde Aircraft Guarantly, pero en 2020. El tipo me dio lástima; no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble”, relató.

Incluso se refirió al supuesto “atentado” que Espert había denunciado años atrás, cuando su camioneta fue atacada mientras circulaba por la Villa 31. “No fue un atentado ni fueron tiros. Pasó por la villa y le tiraron dos piedrazos. Esa camioneta era de un primo mío”, dijo Machado, en alusión a Claudio Ciccarelli, señalado como su socio y testaferro, y expareja de Lorena Villaverde, actual diputada de La Libertad Avanza.

Villaverde fue detenida en 2002 en Estados Unidos con medio kilo de cocaína, y acumula denuncias por estafas, robo de boletas y un préstamo irregular de casi 300 mil dólares del Banco Nación.

El testimonio de Machado no solo derrumba el relato del oficialismo libertario, sino que deja al descubierto una trama de vínculos entre negocios turbios, narcotráfico y poder político que atraviesa al propio espacio de Javier Milei.

Desde que Milei llegó al poder, más de 18.000 efectivos dejaron las Fuerzas Armadas. Sueldos de miseria, atraso en equipamiento y una obra social colapsada empujan a oficiales, suboficiales y soldados a abandonar los cuarteles.

En menos de dos años, 18.659 militares pidieron la baja de las Fuerzas Armadas. Así lo reveló el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su último informe al Congreso, donde se detalla que 840 oficiales, 2398 suboficiales y 15.421 soldados voluntarios dejaron la carrera militar desde diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei.

La deserción golpea sobre todo al Ejército, que concentra más de 14.000 de las bajas, seguido por la Fuerza Aérea con 2971 y la Armada con 1074. La principal causa es el atraso salarial: un subteniente o un alférez cobra apenas $806.000, mientras que la línea de pobreza ya supera los $1.160.000 para una familia tipo. En muchos casos, los militares reconocen que, pese a la vocación, ya no pueden sostener a sus hogares.

Además del bolsillo, pesa la falta de condiciones mínimas de trabajo. Los soldados siguen usando fusiles FAL de hace 70 años, las municiones son escasas y el equipamiento básico se entrega en cuentagotas. En los propios cuarteles admiten que el deterioro del material bélico es tan evidente que impacta en la motivación y en la profesionalización de las tropas.

La crisis de la obra social Iosfa agrava aún más el panorama: con una deuda de 210.000 millones de pesos, dejó de prestar servicios en varias provincias, dejando a miles de afiliados a la deriva. A eso se suma la fuga de efectivos hacia las policías de Buenos Aires y Córdoba, que ofrecen sueldos que duplican o triplican los salarios militares, mejores condiciones laborales y cobertura médica real.

El relato oficial relativiza la situación, pero en los cuarteles saben que el éxodo no tiene precedentes. “No es un problema nuevo, pero nunca con esta magnitud”, reconoció un general en actividad. En paralelo, Milei y su ministro Luis Petri posan en cenas de camaradería mientras ni los militares se salvan del ajuste: salarios licuados, familias bajo la línea de pobreza y un futuro cada vez más incierto para las Fuerzas Armadas.

La hermana del presidente volvió a hablar en público y fue el foco de burlas en las redes.

La Libertad Avanza realizó este jueves en Tucumán el lanzamiento oficial de su campaña legislativa con un acto en el Club Villa Luján, en la capital provincial. La presidenta del partido, Karina Milei, estuvo acompañada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.

El evento sirvió para presentar a los candidatos locales a diputados nacionales, encabezados por Federico Pelli y Soledad Molinuevo. En su discurso, Karina agradeció a Catalán por su trabajo en el Congreso para aprobar proyectos clave como la Ley Bases y pidió a los tucumanos “confianza y esperanza”, asegurando que los cambios económicos “ya están en marcha y pronto serán más notables”.

Sin embargo, su intervención no pasó desapercibida por un exabrupto que rápidamente se volvió viral en redes sociales: “Quiero agradecer a todos los que están presentes y a todos los que trabajan para que nosotros habramos llegado a este momento de tener nuestro partido nacional”, dijo. La frase generó memes y comentarios irónicos sobre el uso del verbo “habrar”.

Más allá del desliz, Karina resaltó que el partido se encuentra “más fuerte que nunca” para competir en las próximas votaciones y exhortó a seguir apoyando “las ideas del Presidente, que son las ideas de la libertad y el progreso”.

En vivo por TN, un militante libertario agarró un cascote de un volquete y segundos después lo mostró como “ataque kirchnerista”. La opereta quedó registrada frente a cámara.

Un insólito momento quedó registrado durante un móvil en vivo de TN, cuando “Flavio”, un militante libertario al que el propio Luis Majul reconoció como alguien con quien habló “muchas veces”, salió a atacar al kirchnerismo con un insólito acting frente a las cámaras.

Días atrás, en plena cobertura del acto de Javier Milei en Lomas de Zamora —que terminó con corridas y con José Luis Espert, candidato libertario por la tercera sección electoral, huyendo en moto junto a un desconocido—, las cámaras registraron cómo el militante montaba una operación contra el kirchnerismo.

En vivo y en directo se lo vio tomar de un volquete un cascote de gran tamaño. “Ese que está agarrando es el famoso volquete con las piedras. Ese es Flavio, que habló muchas veces con nosotros”, admitió el propio Majul, periodista abiertamente anti-kirchnerista.

Lo más indignante ocurrió segundos después, cuando la movilera de TN lo consultó y él, mostrando la piedra que acababa de levantar, sostuvo sin pudor: “A centímetros de la cabeza del Presidente pasó esta piedra. Son estos kirchneristas que vinieron a agredirnos desde temprano. Esto casi me rompe la cabeza recién, me pegó en la espalda”. Todo, pese a que minutos antes había quedado claro que él mismo había tomado el cascote.

Para rematar la opereta, agitó la piedra frente a cámara y lanzó: “El amor vence al odio dicen, acá está el amor”. Una puesta en escena burda, pero transmitida en directo por la señal macrista.

La investigación judicial sobre la Agencia Nacional de Discapacidad ya compromete a exfuncionarios y salpica a la Casa Rosada. Spagnuolo, Karina Milei y “Lule” Menem en el centro de la tormenta.

La Justicia avanzó con medidas clave en la causa que investiga un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El exdirector Diego Spagnuolo quedó con prohibición de salida del país, mientras el juez Sebastián Casanello ordenó el bloqueo de cajas de seguridad y el secuestro de millonarias sumas de dinero. Los dispositivos electrónicos incautados ya están bajo análisis del fiscal Franco Picardi.

Mensajes borrados y audios comprometedores

Los peritajes a los celulares de Spagnuolo revelaron decenas de mensajes borrados, lo que refuerza las sospechas de que intentó ocultar información sensible. Además, se filtraron nuevos audios donde describió un clima de caos en el oficialismo y mencionó de manera directa a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

La Casa Rosada en silencio y a la defensiva

Tras días de silencio, el gobierno ensayó una defensa precaria. El oficialismo intenta instalar que se trata de una “operación política” vinculada al kirchnerismo, evitando dar explicaciones sobre los hechos concretos. Se reactivó incluso una vieja cuenta oficial de Twitter que borró todos sus tuits para difundir ese argumento.

Milei, entre el negacionismo y el sincericidio

En un acto reciente, el propio presidente sumó combustible al escándalo con una frase que generó estupor: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”, en lo que fue interpretado como un traspié comunicacional o una confesión involuntaria. La frase se volvió viral y desató fuertes críticas de la oposición.

El oficialismo cierra filas

Desde el Congreso, Martín Menem defendió públicamente a su primo Lule y a Karina Milei, asegurando que “pone las manos en el fuego por ellos”. A su vez, Eduardo Menem habló de “una burda operación política”. Sin embargo, las contradicciones internas y las tensiones en la Casa Rosada quedaron expuestas en los propios audios de Spagnuolo.

La oposición pide investigar

En paralelo, diputados de la oposición presentaron un proyecto para crear una comisión investigadora sobre los casos de corrupción y maniobras irregulares en organismos públicos. El objetivo es que el Congreso tome cartas en el asunto y no quede sólo en manos de la Justicia.

Repercusión internacional

El escándalo cruzó las fronteras y medios extranjeros como El País de Uruguay titularon: “Escándalo en Argentina: incautan celular de exjerarca en medio de denuncias contra Javier y Karina Milei”. La proyección internacional del caso añade presión sobre un gobierno que ya enfrenta dificultades económicas y políticas.

Una crisis que recién empieza

Con pruebas en manos de la Justicia, audios comprometedores y una defensa oficial que no despeja dudas, el escándalo de coimas en ANDIS amenaza con convertirse en la mayor crisis política del gobierno de Javier Milei. Cada día aparecen nuevos elementos que ensanchan el caso, y todo indica que lo peor aún está por venir.