El ministro de Economía, Toto Caputo, echó al secretario de Transporte, Luis Pierrini, tras una denuncia por corrupción que involucra una estafa con los fondos de la tarjeta SUBE. El perjuicio al Estado se calcula en 30 mil millones de pesos mediante la alteración de datos técnicos del sistema de pago electrónico.

Acorralado, el funcionario de origen mendocino no se esforzó mucho por disfrazar su salida y argumentó “motivos personales” para dejar el cargo, resaltó el portal La Política Online.

Pero lo cierto es que el ministro de Economía decidió echarlo luego que se revelara una supuesta estafa de la empresa de colectivos La Nueva Metropol de la familia Zbikoski, que le habría causado al tesoro un perjuicio de 3 mil millones de pesos mensuales durante la gestión de Pierrini.

Sin ningún tipo de control estatal, la empresa La Nueva Metropol alteraba los boletos de los pasajeros para cobrar por recorridos más largos de los que efectivamente realizaban. Eso implicaba cobrar mayores subsidios.

Toto Caputo no tuvo más alternativa que echar a Luis Pierrini luego de que saliera a la luz una denuncia por una presunta estafa en el sistema de subsidios al transporte que habría provocado un perjuicio al Estado de $30 mil millones.

El área de Transporte quedó envuelta en un escándalo de corrupción de dimensiones millonarias que terminó con la expulsión del secretario del área. Toto Caputo no tuvo más alternativa que echar a Luis Pierrini luego de que saliera a la luz una denuncia por una presunta estafa en el sistema de subsidios al transporte que habría provocado un perjuicio al Estado de $30 mil millones.

La denuncia apunta contra la empresa de colectivos La Nueva Metropol, propiedad de la familia Zbikoski, acusada de defraudar al Estado mediante la manipulación de datos del sistema SUBE para inflar artificialmente los subsidios que recibía. Según las estimaciones, la maniobra habría generado un desfalco cercano a los $3 mil millones mensuales durante la gestión de Pierrini, quien no habría tomado ninguna medida pese a las advertencias formales.

Acorralado por la revelación del caso, el funcionario mendocino intentó disimular su salida alegando “motivos personales”, pero en el Ministerio de Economía nadie duda de que se trató de un despido forzado. Caputo decidió avanzar con la eyección de Pierrini tras la denuncia penal presentada por la Asociación Arco (Arco Social), que también alcanza al propio ministro por presuntas irregularidades en la supervisión del sistema de subsidios.

La maniobra denunciada consistía en un corrimiento artificial de validaciones en la tarjeta SUBE, trasladando viajes de tramos cortos a tramos largos. De ese modo, determinadas empresas cobraban mayores subsidios “sin correlato real en pasajeros transportados ni en kilómetros recorridos”, según detalla la presentación judicial.

Alejandro Sebastián Díaz Pascual, integrante de Arco Social, explicó que ya en diciembre de 2025 existieron advertencias técnicas formales presentadas por cámaras empresarias ante la Secretaría de Transporte, pero no se activaron auditorías ni controles efectivos. La denuncia subraya la “responsabilidad por omisión funcional” de las autoridades encargadas de supervisar y ejecutar los subsidios, en especial dentro del Ministerio de Economía.

El caso fue revelado por La Nación, en una investigación de Diego Cabot que detalló cómo La Nueva Metropol alteraba los boletos para simular recorridos más extensos y así cobrar mayores compensaciones estatales. Desde la empresa negaron las acusaciones y aseguraron que la denuncia fue impulsada por el Grupo Dota, que controla cerca del 50% del transporte automotor del AMBA.

Con el aval de Karina Milei, Caputo avanzó en la remoción de Pierrini y ahora evalúa profundizar cambios en todo el sector del transporte, incluida el área aerocomercial, donde la pasividad oficial frente a la crisis de Flybondi ya resulta insostenible.

Como reemplazante fue designado el arquitecto Fernando Herrmann, sin experiencia en transporte y proveniente de la actividad privada, lo que refuerza la idea de que el despido de Pierrini no respondió a una transición ordenada, sino a la necesidad política de cortar de raíz un escándalo de corrupción que amenazaba con escalar.

La petrolera estatal YPF cerró el trimestre con una facturación de USD 4.643 millones, pero registró una pérdida de USD 198 millones y un flujo de caja negativo de USD 759 millones, datos que contrastaron con el relato oficial de una gestión exitosa encabezada por Horacio Marín. ¿El gobierno de Javier Milei empeora los números de la petrolera para forzar su privatización?

De acuerdo a diferentes medios, en los tres trimestres publicados de 2025, la compañía acumuló pérdidas por USD 150 millones y un flujo de caja libre negativo de USD 2.081 millones.

El dato más sensible fue el salto de la deuda: pasó de USD 6.800 millones en diciembre de 2024 a USD 9.595 millones hacia el cierre de 2025. Fuentes internas estimaron que, con el último trimestre aún pendiente, el pasivo podría rozar los USD 11.000 millones.

El deterioro financiero avanzó en paralelo a una política de venta de activos. YPF vendió el 50% de Profertil por USD 635 millones a Adecoagro, una empresa vinculada a Daniel González, figura clave del área energética. La operación incluyó una compañía con un Ebitda anual cercano a USD 235 millones y fuerte peso estratégico en el mercado de fertilizantes. “Se fumó Profertil para aguantar un año malo de precios y dejó hipotecado un activo estratégico”, ironizó un directivo de la petrolera.

Su paso por la conducción de Nucleoeléctrica Argentina quedó marcado por denuncias internas, contratos bajo sospecha, despidos en áreas técnicas clave y un creciente cuestionamiento político y financiero a la gestión.

El ambicioso “Plan Nuclear” que Demián Reidel prometió como eje estratégico para reposicionar a la Argentina en el mapa energético mundial terminó envuelto en un escándalo de proporciones. Su paso por la conducción de Nucleoeléctrica Argentina quedó marcado por denuncias internas, contratos bajo sospecha, despidos en áreas técnicas clave y un creciente cuestionamiento político y financiero a la gestión.

La controversia estalló en plena avanzada del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional, cuando una licitación clave dejó al descubierto presuntas irregularidades graves. Un gerente de Atucha I–II presentó una denuncia formal ante el Comité de Integridad de la empresa en la que detalló maniobras que derivaron en un aumento del 140% en el contrato del servicio de limpieza: de 4.400 millones de pesos a 10.700 millones por 24 meses. La operación debió ser suspendida tras la repercusión interna del caso.

Según la denuncia, desde una gerencia ocupada por funcionarios de máxima confianza de Reidel se impartió una orden directa al área de compras para “justificar con urgencia la diferencia” de precios. El señalamiento más grave recayó sobre el gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, acusado de presionar de manera directa a personal de menor rango para avalar el monto cuestionado. El texto habla de un accionar intimidatorio y de un clima de disciplinamiento interno.

Los intentos por respaldar la contratación recurrieron a valores de referencia de la Sindicatura General de la Nación, pero técnicos de la propia empresa advirtieron que el monto superaba en casi un 60% esos parámetros. A esto se sumó la desconfianza generada por la designación de un ex gerente de Nucleoeléctrica como síndico, lo que puso en duda la independencia del organismo de control.

El escándalo por los sobreprecios no fue un hecho aislado. La licitación coincidió con una reestructuración interna que incluyó despidos en áreas técnicas estratégicas. Dentro de la empresa crecieron las sospechas de que esos desplazamientos buscaban remover obstáculos a contrataciones direccionadas. Varias fuentes señalaron que algunos de los despedidos se habían negado a convalidar procedimientos irregulares o a incumplir normas internas.

A ese cuadro se sumaron otros contratos polémicos, como el de la migración del sistema SAP, cuyo presupuesto inicial de 600 mil dólares terminó escalando hasta los 7 millones. También se registraron fuertes críticas por el incremento de gastos en viajes, representación y el uso de tarjetas corporativas para pasajes en primera clase, además de reclamos de proveedores por pagos demorados.

Mientras el escándalo crecía puertas adentro, el perfil público de Reidel agravó la situación. En una exposición ante inversores afirmó que “Argentina es un gran país, el problema es que está poblada por argentinos”, una frase que generó rechazo y reforzó las críticas sobre su rol al frente de una empresa estratégica del Estado.

Desde el ámbito financiero también aparecieron cuestionamientos. Analistas recordaron la conocida máxima atribuida a Warren Buffett —“nunca pierdas plata”— y señalaron que ese principio no parece haberse reflejado ni en los antecedentes privados de Reidel ni en su gestión actual en Nucleoeléctrica.

El escándalo por los sobreprecios en Atucha dejó a Reidel en la cuerda floja. En el propio gobierno trascendió que el directorio de la empresa evaluó forzar su salida, aunque el funcionario logró sostenerse gracias a respaldos políticos de peso. Sin embargo, la crisis expuso con crudeza el contraste entre los anuncios grandilocuentes del “Plan Nuclear” y una realidad atravesada por proyectos paralizados, como el CAREM, el congelamiento de Atucha III (donde se reconocen presiones directas de los Estados Unidos) y promesas de inversiones internacionales que nunca se concretaron.

Lejos de consolidar una política nuclear sólida, la gestión de Reidel terminó bajo una lupa cada vez más intensa. El “Plan Nuclear” que prometía modernización y liderazgo tecnológico quedó asociado a denuncias de corrupción, contratos inflados y un escándalo que golpea de lleno la credibilidad de Nucleoeléctrica y del proceso de privatización impulsado por el Gobierno.

Por Ale Orellana R.

Más allá de lo obvio, el Principio de No Intervención, consagrado en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y desarrollado en las resoluciones 2131 y 2625 de la Asamblea General, fue claramente avasallado por el gobierno de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

El presidente venezolano Nicolás Maduro fue secuestrado por fuerzas estadounidenses, sin posibilidad alguna de defensa, mediación diplomática ni resguardo jurídico. Un hecho de extrema gravedad institucional que rompe, sin eufemismos, con los pilares básicos del derecho internacional contemporáneo.

Trump, fiel a su estilo, tampoco pareció interesado en respetar las propias leyes de su país. La Constitución de los Estados Unidos establece con claridad que cualquier acción bélica debe contar con la aprobación del Congreso. Desde los ataques a embarcaciones venezolanas hasta el secuestro ilegal de un jefe de Estado, nada de eso ocurrió. Semanas atrás, el propio Trump declaró que no era necesario pasar por el Congreso, minimizando el asunto como una formalidad irrelevante.

Una de las excusas reiteradas para justificar la agresión fue el narcotráfico. Sin embargo, la realidad —y el propio discurso del mandatario— deja en evidencia que se trata apenas de una coartada.

El llamado “fenómeno zombi” que afecta a varias ciudades estadounidenses está vinculado al consumo masivo de fentanilo, cuya producción base no se origina en Venezuela. De acuerdo con datos de la DEA, el principal productor mundial de esa sustancia es China, no Caracas. El argumento sanitario, entonces, se desmorona por sí solo.

Hay otro dato imposible de soslayar: hace apenas un mes, Trump indultó al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, responsable —de manera probada— del ingreso de unas 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante su mandato. La vara moral, como siempre, se acomoda según la conveniencia geopolítica.

Dicho esto, el foco debe correrse del análisis coyuntural del gobierno de Maduro. Lo central es comprender qué intereses mueven a un imperio en decadencia, encabezado por Donald Trump, a quien aquí llamaremos por lo que es: un presidófilo, para quienes prefieren distraerse con tecnicismos.

El 3 de enero de 2026, Trump fue explícito: anunció que “recuperará” el petróleo venezolano, alegando que fue la tecnología estadounidense la que modernizó su extracción. Un razonamiento colonial clásico, donde la inversión privada justifica el saqueo y la soberanía ajena se convierte en un estorbo.

Los números explican mucho. Estados Unidos posee reservas petroleras estimadas en 74 mil millones de barriles, suficientes —en el mejor de los casos— para unos 15 años. Venezuela, en cambio, cuenta con 304 mil millones de barriles, lo que equivale a más de 900 años de reservas. Para 2026, Washington enfrentará una caída histórica de su disponibilidad energética, agravada por su nivel de consumo.

La historia reciente confirma el patrón:

Irak (1991 y 2003), Libia (1986 y 2011), Irán (1987), Afganistán (2001), Kuwait (1991) y ahora Venezuela (2026). Todos escenarios distintos, un mismo denominador común: petróleo y control geopolítico. Venezuela, Irán e Irak integran el podio de países con mayores reservas del mundo. Las conclusiones son inevitables.

Los hechos se encadenaron con precisión quirúrgica. Tras las elecciones venezolanas de 2024, Estados Unidos reactivó sanciones petroleras. En agosto de 2025, Trump desplegó 4.000 soldados en el Caribe con la excusa del narcotráfico. Desde octubre, se intensificaron los ataques a embarcaciones. En diciembre, llegó el bloqueo total. El 1° de enero de 2026, Venezuela anunció el refuerzo de su defensa. Dos días después, tropas estadounidenses secuestraron a Maduro y a Cilia Flores, atacaron zonas civiles y profanaron el mausoleo de Hugo Chávez.

Ese mismo día, Trump anunció la intervención directa sobre las reservas petroleras venezolanas. Nada fue improvisado.

Entre 2002 y 2009, Hugo Chávez estatizó la producción petrolera y devolvió al Estado el control de PDVSA. Las empresas estadounidenses que se negaron a ceder ese control fueron expropiadas. Chávez no robó nada: recuperó lo que era del pueblo venezolano. Hoy, Trump reclama “lo que es suyo” con la lógica del patrón que vuelve por la hacienda perdida.

El problema no termina en Venezuela. México, Colombia, Cuba y Groenlandia ya figuran en el radar discursivo del presidente estadounidense. Mientras tanto, los medios hegemónicos celebran, y una parte de la opinión pública aplaude, desclasada y sin memoria.

El cierre es incómodo, pero necesario: bajo la bandera de la lucha contra las drogas, mientras sus propias calles se llenan de miseria, adicción y expulsiones violentas; mientras separa familias, deporta niños y abandona ciudades enteras, Donald Trump no combate el narcotráfico ni defiende la democracia. Hace lo que Estados Unidos ha hecho siempre cuando el poder se le escurre entre los dedos: saquear recursos ajenos, imponer por la fuerza lo que ya no puede sostener por consenso y dejar, allí donde pisa, un cementerio o un manicomio. La historia no absuelve imperios: los expone.

El especialista en integración regional Francisco González habló con sobre las repercusiones del ataque norteamericano en Venezuela. “La situación ahora está tranquila pero se siente una presión constante. Como un peligro constante. No se sabe qué puede pasar”, dijo.

“Sabemos que hay una amenaza real, que puede pasar cualquier otro ataque, sobre todo en Caracas, la capital del país, donde pasaron los hechos del 3 de enero. Venezuela no tenía una experiencia bélica así. Fue un ataque sobre zonas civiles con muchos muertes”, agregó en diálogo AM 530.

“Hay marchas todos los días, los diferentes colectivos se están movilizando en todo el país. En Estados Unidos hay ‘anuncios’ todos los días, como negociaciones que parecen darse sin tener en cuenta a Venezuela. Trump le está hablando a su base social. Los acuerdos con Chevron existen desde antes”, explicó.

El presidente estadounidense insistió en que Groenlandia es vital para la “seguridad nacional” de Estados Unidos y no descartó explorar opciones, incluida la fuerza, para ejercer control sobre ese vasto territorio autónomo danés, generando rechazo entre aliados europeos y líderes groenlandeses.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, volvió a situar a Groenlandia en el centro de un foco de crisis internacional al reafirmar que su país “necesita” ese territorio ártico por motivos de seguridad nacional, una postura que ha tensado las relaciones con Dinamarca y otras capitales europeas que rechazan cualquier intento de control unilateral.

Trump, en declaraciones recogidas en múltiples medios, subrayó que el archipiélago, perteneciente al Reino de Dinamarca, es estratégico frente a la presencia de potencias como Rusia y China en el Ártico, y consideró que Washington debe asegurar su posición allí incluso si eso requiere asumir un papel directo.

La Casa Blanca confirmó que se evalúan “diversas opciones” para avanzar en ese objetivo, con funcionarios señalando que el uso de las fuerzas armadas no está descartado como herramienta para responder a lo que describen como una amenaza a la seguridad estadounidense.

Estas declaraciones provocaron una rápida reacción desde Europa. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, insistió en que Groenlandia “pertenece a su pueblo” y que cualquier decisión sobre su estatus debe ser tomada por Dinamarca y la propia Groenlandia, respaldando firmemente la vigencia del derecho internacional.

En Dinamarca y Nuuk, las autoridades han rechazado de plano los planteos estadounidenses, calificándolos de inaceptables y una amenaza a la soberanía territorial. El primer ministro groenlandés llamó a mantener la calma mientras se busca “restablecer un diálogo constructivo” con Washington, pero reafirmó que Groenlandia no está en venta ni dispuesta a ser objeto de presiones externas.

La polémica por Groenlandia se produce en paralelo a otros focos de fricción entre Estados Unidos y sus aliados, y plantea cuestionamientos sobre el futuro de la cooperación estratégica en el Ártico, así como sobre la credibilidad de las instituciones multilaterales que tradicionalmente han regulado estas disputas.

Analistas internacionales consideran que la insistencia de Trump, además de poner en jaque las normas de soberanía que rigen las relaciones entre Estados, también pone a prueba la cohesión dentro de la OTAN y la capacidad de Europa para responder colectivamente a la presión política y militar de Washington en una región de creciente importancia geopolítica

El anuncio fue realizado la noche del martes a través de la red social Truth Social, donde Trump detalló que el crudo venezolano será vendido a precio de mercado, pero con una condición clave: los fondos obtenidos quedarán bajo control directo de la administración estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a su país, un entendimiento que expone el trasfondo geopolítico de la intervención estadounidense en la nación sudamericana y que va más allá de las narrativas oficiales de defensa de la democracia o lucha contra el terrorismo.

El anuncio fue realizado la noche del martes a través de la red social Truth Social, donde Trump detalló que el crudo venezolano será vendido a precio de mercado, pero con una condición clave: los fondos obtenidos quedarán bajo control directo de la administración estadounidense. “Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”, afirmó.

Trump informó además que ya instruyó al secretario de Energía, Chris Wright, para implementar el plan de manera inmediata. Según precisó, el petróleo será transportado en buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses, consolidando un giro estratégico en la relación energética entre Washington y Caracas.

Negociaciones bajo presión y reconfiguración del mercado

De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, funcionarios de ambos países mantienen conversaciones para reorganizar los flujos de exportación de crudo venezolano hacia refinerías estadounidenses. El objetivo sería redirigir cargamentos originalmente destinados a China y, al mismo tiempo, evitar nuevos recortes en la producción de la estatal PDVSA, seriamente afectada por el bloqueo.

Las negociaciones se intensificaron luego de que Trump exigiera la apertura del sector petrolero venezolano a empresas estadounidenses y privadas, bajo la advertencia de una posible escalada militar en caso de negativa. En este contexto, Venezuela acumula millones de barriles sin poder exportar, tras el endurecimiento de las sanciones impuesto por Washington a mediados de diciembre.

Fuentes del sector energético citadas por Reuters señalaron que Trump busca concretar rápidamente el acuerdo para presentarlo como un logro político y estratégico, incluso a costa de desplazar a China, principal comprador del petróleo venezolano durante la última década.

Chevron, licencias especiales y control de ingresos

Actualmente, las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos se canalizan casi exclusivamente a través de Chevron, que opera bajo una licencia especial otorgada por el propio gobierno estadounidense. La compañía exporta entre 100.000 y 150.000 barriles diarios, mientras el resto de las petroleras internacionales continúan limitadas.

El plan anunciado por Trump contempla que los ingresos por la venta del petróleo sean administrados directamente desde la presidencia de Estados Unidos, una medida que refuerza la dimensión política y estratégica del acuerdo. Paralelamente, Washington y Caracas analizan la posibilidad de realizar subastas para compradores estadounidenses y otorgar nuevas licencias a socios de PDVSA.

En el pasado, este esquema permitió la participación de empresas como Chevron, Eni, Repsol, CNPC y Reliance, algunas de las cuales ya se estarían preparando para recibir nuevos cargamentos.

PDVSA, sanciones y reordenamiento geopolítico

La estatal PDVSA se vio obligada a reducir su producción en los últimos meses debido a la saturación de sus depósitos. Según Reuters, si no logra exportar en el corto plazo, enfrentará nuevos recortes. En contraste, funcionarios estadounidenses celebraron la posibilidad de incrementar el suministro hacia refinerías del Golfo.

Antes del endurecimiento de las sanciones, Estados Unidos procesaba cerca de 500.000 barriles diarios de crudo venezolano, un volumen que Washington ahora busca recuperar en un escenario de reconfiguración energética y geopolítica regional, donde el control de los recursos y de los flujos financieros vuelve a ocupar un lugar central.

El bloque PRO puso en duda el respaldo al polémico Decreto de Necesidad y Urgencia que reforma la Ley de Inteligencia impulsado por La Libertad Avanza, marcando una fuerte interna política en el oficialismo mientras crece el rechazo en distintos sectores de la oposición y la sociedad.

El oficialismo vive una tensa disputa interna a raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 941/2025) que modificó de manera sustancial la Ley de Inteligencia Nacional, ampliando las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y habilitando atribuciones polémicas, como la realización de tareas de contrainteligencia y la aprehensión de personas sin control judicial estricto.

Mientras La Libertad Avanza empuja la medida con el argumento de “modernizar” el sistema de inteligencia, el bloque PRO en la Cámara de Diputados decidió no garantizar su apoyo hasta no conocer los protocolos de aplicación y establecer controles democráticos claros. Los referentes del PRO, liderados por Cristian Ritondo, expresaron su preferencia por evaluar técnicamente las normas que van a regir la implementación antes de convalidar la reforma.

La tensión se agudiza porque el DNU, al ser un decreto de necesidad y urgencia, no puede ser modificado parcialmente en el Congreso: debe ser aprobado o rechazado en bloque. Para el PRO, esta situación deja al partido amarillo en una encrucijada: apoyar sin garantías sería avalar potestades que consideran excesivas; oponerlo por completo implicaría abrir una grieta con LLA dentro del propio oficialismo.

Este manejo cauteloso contrasta con la postura del núcleo duro de La Libertad Avanza, que busca demorar el debate hasta que se definan los protocolos, con la intención de avanzar sin fricciones mayores en la agenda de reformas institucionales. La estrategia de LLA apunta a frenar la embestida opositora y exigir que el DNU sea tratado recién en el período ordinario de sesiones, lo que podría postergar cualquier resolución hasta febrero.

La interna se vuelve más visible en medio del creciente rechazo opositor: bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas e izquierda presentaron acciones legales para que el decreto sea declarado inconstitucional y se frene de inmediato su aplicación, además de reclamar la alta probabilidad de que habilite facultades propias de un “estado policial”.

En este escenario, el PRO parece marcar una distancia estratégica tanto del decreto como del entusiasmo que muestra LLA por avanzar sin diálogo amplio. La jugada política planteada por Ritondo y su bloque expone que el respaldo automático del PRO al Gobierno de Milei ya no está garantizado, y que las tensiones internas del oficialismo podrían complicar más que consolidar la gestión en temas de alta sensibilidad institucional.

Patricia Bullrich sufrió un revés político luego de que la hermana del presidente bajara la designación de Gerardo Milman para evitar tensiones internas y preservar acuerdos parlamentarios del oficialismo.

La exministra Patricia Bullrich atravesó una fuerte derrota política luego de que su intento por ubicar al diputado Gerardo Milman en un cargo clave del Senado fuera bloqueado por Karina Milei, figura central del armado político de La Libertad Avanza.

Milman, uno de los dirigentes más cercanos a Bullrich, había sido impulsado para asumir una función relevante en la Cámara alta, pero su designación fue finalmente descartada por decisión de la secretaria general de la Presidencia, que priorizó evitar conflictos políticos y desordenar las negociaciones en curso.

La maniobra fue interpretada en el entorno de Bullrich como una señal de pérdida de influencia dentro del oficialismo, en un contexto de internas persistentes entre los distintos sectores que integran la coalición de gobierno.

Desde el espacio que responde a Karina Milei señalaron que la decisión buscó sostener una estrategia de equilibrio parlamentario y evitar ruidos innecesarios en el Senado, donde el oficialismo necesita acuerdos para avanzar con su agenda legislativa.

El episodio volvió a exponer las tensiones internas dentro del Gobierno y consolidó el rol de Karina Milei como una de las figuras con mayor poder de decisión, capaz de frenar movimientos de otros dirigentes incluso dentro del propio espacio oficialista.