La medida busca aumentar la oferta de viviendas para los alquileres, y de esa manera bajar el precio de los arriendos.

El Gobierno busca la manera de bajar los precios de los alquileres por lo que analiza aumentar la oferta a partir de colocar un impuesto a las viviendas desocupadas, según informó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

“El mercado no asigna bien los recursos. El propietario no obtiene del alquiler la renta que razonablemente podría tener por el capital que compromete, y el inquilino no puede pagar esa renta“, evaluó el secretario.

El problema afecta ambos lados del mostrador, los dueños no quieren alquilar porque no obtienen las ganancias esperadas y los inquilinos encuentran altos y poca oferta.

Según la idea del gobierno, luego de analizar las problemáticas del sector, se buscará encontrar una herramienta que beneficie al sector.

Implementar el impuesto alentaría a que más viviendas ingresen al mercado de alquileres, bajaría los precios y haría las viviendas más accesibles mientras que permitiría a los dueños recibir rentas razonables.

Diferentes organizaciones marcharon a la sede del Ministerio para reclamar nuevas aperturas de los programas sociales y que la cartera “cumpla los acuerdos”.

Las agrupaciones, encabezadas por el Polo Obrero en el bloque de Unidad Piquetera, prometieron una protesta masiva.

La semana pasada, funcionarios del ministerio de Desarrollo Social se reunieron con varios dirigentes de la Unidad Piquetera en la que se debatieron los reclamos centrales que llevaron los referentes territoriales.

La cartera les adelantó que no tenía previsto aumentar la cantidad de beneficiarios en “Potenciar Trabajo“, y la decisión de cerrar el cupo de beneficiarios produjo la movilización de este martes de las organizaciones piqueteras.

“Ante la grave situación que vivimos en las barriadas populares, con falta de trabajo genuino, exigimos que el Ministerio (de Desarrollo Social) cumpla los acuerdos con los trabajadores desocupados”, señaló el MST Teresa Vive, una de las organizaciones convocantes, a través de un comunicado.

La familia Macri le debe una fortuna al estado nacional.

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, reclamó a ese tribunal que confirme la quiebra de la empresa Correo Argentino SA, propiedad de la familia del expresidente Mauricio Macri. La empresa le debe una fortuna al Estado nacional que no está dispuesta a pagar.

La representante del ministerio público fiscal emitió un dictamen de 137 páginas en el que remarcó que el decreto de quiebra es inapelable, por lo que, sostuvo, le fue mal concedido ese recurso a la compañía controlada por Sociedades Macri (Scoma), empresa que tiene entre sus accionistas a hermanos y sobrinos del exmandatario.

“La ley concursal no prevé la posibilidad de apelar ese decisorio. (…) Solicito en consecuencia se declare mal concedido el recurso”, sostuvo la magistrada en el dictamen que firmó a fines de diciembre pero que trascendió luego de una nota periodística publicada por el diario Página/12.

Durante su gobierno, Mauricio Macri intentó condonarle la deuda de miles de millones de pesos a la empresa… de su propia familia. Juez y parte. El caso fue un escándalo nacional que obligó al entonces mandatario a retractarse. Ahora, la Justicia pide la quiebra de la empresa. La estafa del siglo.

Se trata de la causa que inició el gobierno de Mauricio Macri a partir de una denuncia del exministro de Energía y extitular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por presuntas irregularidades en obra pública de Santa Cruz.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, declarará este martes como testigo en el juicio oral por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez y en el que la principal acusada es la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

El jefe de Estado está citado a las 9.30 horas en los tribunales de Comodoro Py y será el único testigo de la audiencia y a pesar de poder declarar por escrito, decidió concurrir personalmente: fue convocado por haber sido jefe de Gabinete de Cristina Kirchner cuando era presidenta de la Nación y en ese rol intervenía en la redistribución de partidas presupuestarias, entre ellas de la obra pública, uno de los temas que se investiga en el juicio.

El juicio arrancó en mayo de 2019 y se juzga si hubo irregularidades en la concesión de las 52 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Entre ellas sobreprecios, la falta de terminaron de varias obras a pesar de que se pagaron en su totalidad y la falta de antecedentes de las empresas de Báez para ganar las licitaciones.

Los acusados en el juicio de la obra pública son 13: Cristina Kirchner, Báez, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros ex funcionarios nacionales y provinciales.

La acusaciones sobre la actual vicepresidenta afirman que parte del dinero de las obras volvían a los Kirchner en los alquileres. Por ese hecho se inició la causa “Hotesur-Los Sauces” en la que Cristina Kirchner y Báez fueron enviados a juicio oral. En diciembre pasado, el Tribunal Oral Federal 5 los sobreseyó y esa decisión está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

Los kits serán distribuidos en forma gratuita “con la finalidad de reducir muertes infantiles domiciliarias y contribuir a la salud física y mental”.

El Gobierno nacional informó este martes que se fabricarán 14.000 kits de Cuna-moisés y Accesorios, que se habrán en las cárceles y será distribuidos en forma gratuita “con la finalidad de reducir muertes infantiles domiciliarias y contribuir a la salud física y mental”.

Mediante la Decisión Administrativa 175/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial, con las firmas del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se decidió aprobar “la Contratación Directa Interadministrativa N° 80-0116-CDI21 del Ministerio de Salud para la adquisición de 14.000 Kits de Cuna-moisés y Accesorios con el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal”.

En el texto oficial se marca que la fabricación de las 14 mil cunas “tienen la finalidad de reducir las muertes infantiles domiciliarias y contribuir tanto a la salud física y mental, como así también al pleno desarrollo del lactante, en el marco de la Estrategia Nacional de Sueño Seguro del Lactante en virtud del ‘Plan 1000 días'”.

El costo total, según se informó en forma oficial, será de 277.200.000 de pesos y el Ministerio de Salud de la Nación se hará cargo de los gastos.

Así lo expresaron organizaciones políticas y ambientales en el segundo día de la audiencia pública sobre este proyecto, que es impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Organizaciones políticas y ambientales advirtieron este lunes que el Distrito Joven de la Costanera Norte porteña “no está destinado a resolver los problemas de la juventud“, si no a “enmascarar un nuevo negocio inmobiliario”.

Acorde a lo que plantean las organizaciones que se oponen al proyecto, se trata de una “privatización de una superficie cuatro veces mayor a la que pretenden vender del predio de Costa Salguero” Sin contabilizar la superficie que se destinará a estacionamientos para estas concesiones.

Por otra parte, los testimonios de distintos participantes de la audiencia pública consideraran que “el Master Plan no ofrece la continuidad de grandes parques públicos sino la acumulación de retazos verdes entre los edificios de las concesiones”. Además, plantean que esos fragmentos verdes serán proyectados para ser funcionales a las concesiones de los privados.

Federico Winokur, del Nuevo Mas, dijo que el proyecto Distrito Joven “no está destinado a resolver problemas de la juventud”, ya que su nombre busca “enmascarar un negocio nuevo inmobiliario”.

Winokur, quien fue precandidato a diputado nacional en 2021, agregó que el plan es “contrario a la voluntad popular”, y exigió que se “escuchen las movilizaciones que se vienen haciendo desde hace más de un año” contra la privatización de la costanera.

El “Distrito Joven” es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que fue aprobada en la Legislatura en 2018 y abarca cinco sectores de la Costanera Norte, los cuales comienzan en el Parque de la Memoria y finalizan en Costa Salguero, con unos siete kilómetros de extensión, pasando frente al Aeroparque metropolitano.

De acuerdo a lo informado en la audiencia pública por voceros del Ejecutivo local, el plan incluye 73,09 hectáreas, de las cuales 14,1 serán concesionadas y 58,9 se destinarán a “espacios públicos parquizados”.

En las áreas concesionadas podrán instalarse locales gastronómicos y bailables o espacios para actividades culturales y deportivas, entre otros usos.

Gregorio Dalbón presentó una denuncia por “mal desempeño de sus funciones y prevaricato” contra el magistrado a cargo de la causa, luego de que rechazara los últimos pedidos de la fiscalía.

Los padres de Lucas González, el joven de 17 años asesinado de un balazo policial en Barracas, pidieron el juicio político del juez Martin del Viso por “mal desempeño de sus funciones y prevaricato”. El magistrado, quien fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura, había rechazado el miércoles otro pedido de detención formulado por el fiscal Leonel Gómez Barbella.

La presentación contra el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7 se hizo pasadas las 11 ante la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo. “Listo camino al @cmagistratura Del Viso denunciado!”, escribió minutos antes de la presentación Gregorio Dalbón, abogado de los padres de Lucas.

En su denuncia, Dalbón indicó que el juez “dictó resoluciones arbitrarias, infundadas, basadas en hechos falsos“, y destacó “la peligrosidad procesal que conlleva mantener en libertad a imputados que formaron parte de un ardid delictual que termino con la vida de un niño de 17 años y mantuvo en privación ilegal de la libertad a menores de edad”.

En ese sentido, Dalbón aseguró que el juez Del Viso “ha sido imparcial hasta que alguna rara orden o situación lo frenó“.

“Espero no sea la política manifestó ya que nunca quise que esto escale políticamente, pero la prueba de ADN con las dos policías Miño y Fariña es contundente. Es más, ahora la tiene completa. Cuando un juez desempeña mal su función es pasible de juicio político. Y, cuando dicta resoluciones en contra del derecho, comete el delito de prevaricato”, expresó el letrado.

El abogado de la familia de Lucas indicó que la denuncia contra Del Viso fue a pedido de Cintia y Héctor, padres de Lucas, quienes esperan que reciba “la sanción que le corresponda”.

Escándalo en Mar del Plata: el juez Martín a los abrazos con una de las partes involucradas.

El juez Santiago Martín y el abogado ambientalista José Esain aparecen sonriendo junto al constitucionalista ultramacrista Daniel Sabsay, quien fue encargado de tuitear la imagen. El primero, frenó la exploración offshore en Mar del Plata. El segundo, presentó el amparo que terminó en ese fallo.

El encuentro podría derivar en un pedido de recusación contra el magistrado, ya que muestra su clara simpatía por una de las partes en el asunto. 

El viernes pasado, Martín frenó el proyecto de exploración offshore en Mar del Plata con argumentos insólitos. Al otro día, se mostró con el abogado ambientalista Esain, quien fue uno de los que había solicitado que no se autorice el proyecto de la noruega Equinor en las costas bonaerenses, reseñó AGENCIA PACO URONDO.

“Poco después del dictado de la sentencia que frenó la explotación petrolífera en las costas de Mar del Plata junto al autor, el juez Santiago Martín. Honra a la Justicia argentina. Feliz de compartir la mesa con él y con el gran ambientalista José Esain. BRAVO. No lo olvidemos”, escribió Sabsay a las 2:31 de la tarde en sus redes sociales.

La imagen generó polémica porque el juez pareciera estar celebrando su fallo junto a uno de los activistas que más viene accionando para intentar frenar la explotación offshore. Esain es uno de los abogados que presentó uno de los amparos, aseguró el portal especializado en energía Econojournal. 

El Gobierno informó que serán inoculados un reducido grupo de personas. Sería el segundo país de la región en adoptar esta medida sanitaria.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación confirmaron que la cuarta dosis será aplicada a personas inmunocomprometidas y a los mayores de 50 años que recibieron esquema completo de Sinopharm.

“Estos son los que tienen indicado la dosis adicional y a los cuatro meses de la misma recibirán el refuerzo”, indicaron.

La decisión está indicada “en los lineamientos del 27 de octubre y el 10 del noviembre. A todas las personas a las cuales se le indica dosis adicional, recibirán la dosis de refuerzo despues de 4 meses, es decir que esa sería su dosis de refuerzo”, precisaron.

in embargo, aún no trascendió desde cuándo comenzará a aplicarse la cuarta dosis de la vacuna. Las dosis adicionales comenzaron a aplicarse en noviembre. Por ello la “cuarta” podría empezar a ser aplicada recién en marzo próximo.

La dosis adicional se aplica cuando la respuesta inmune inicial es probablemente insuficiente, mientras que las de refuerzo se da luego de un esquema primario con respuesta inmune inicial suficiente, teniendo en cuenta la posible disminución de la respuesta en el tiempo.

La aplicación de una cuarta dosis de las vacunas contra el coronavirus comenzó en las últimas semanas en distintos países del mundo, uno de ellos de la región.

Para la economía argentina, la “pandemia” macrista fue peor que el convid.

Según datos oficiales de la AFIP, la “pandemia” macrista fue peor que la de coronavirus para la economía argentina. Por el ajuste brutal de Cambiemos, se perdieron 2 mil empresas más que durante la tragedia por el COVID. Tremendo.

Según el organismo de recaudación, durante los cuatro años que van del 2016 al 2019, cerraron en Argentina 24.537 empresas. ¿No era que el macrismo era pro-sector privado?

Entre 2020 y 2021, durante la pandemia de COVID, las empresas que colapsaron fueron 22 mil. Un 10% menos. Queda claro que para la economía argentina, las políticas de ajuste macrista fue mucho peor que el coronavirus, que obligó a restricciones muy fuertes.

A pesar de un discurso pro-economía, el macrismo demostró que sus políticas llevan a lo contrario: crisis de la actividad, cierre de empresas, caída del empleo y aumento de la pobreza y la indigencia. En 2019, el Congreso debió declarar la emergencia alimentaria, algo que no pasaba desde la brutal crisis de 2001.