Daniela Calarco, Facundo Gómez, Cristian Valiente, David Sica y Roberto María de la Cruz continúan detenidos por estar en las cercanías del Congreso el día que se debatió la Ley Bases en el Senado.

“Tardamos bastante en caer en la magnitud de lo que estaba pasando. Todos estábamos en esa ignorancia de que ‘mañana lo largan, si no hizo nada, le toman los datos y lo largan”. La policía misma nos decía eso. Pero pasan los días y mi hermano sigue en un penal de máxima seguridad, donde los reclusos conviven con las ratas, las ves pasar por adelante tuyo. Es desesperante… es más que eso, no encuentro palabras para explicar bien lo que se siente. Tenemos que estar tranquilos para transmitirle eso a él, pero a mí se me hace cada vez más difícil”. La que habla es Micaela Gómez, hermana de Facundo, una de las cinco personas que permanecen detenidas desde el 12 de junio pasado, cuando el Senado trató la ley Bases y en las calles la movilización popular fue sofocada con un operativo represivo que incluyó la “caza”, muy al azar según se comprueba en las causas y lo que el fiscal Carlos Stornelli recolectó como pruebas, de 33 personas.   

De ellas, Daniela Calarco, Facundo Gómez, Cristian Valiente, David Sica y Roberto María de la Cruz continúan detenidos desde hace ya casi veinte días, alojados, inéditamente para situaciones de este tipo, en un penal federal, el de Ezeiza, adonde fueron trasladados sin aviso a familiares ni abogados, rompiendo aquellos “primeros días de ignorancia”, en lo que los familiares relatan “como si fuese una película de terror, algo que te cuentan y no podés creer”. Con las denegaciones de excarcelaciones y prisiones preventivas apeladas, a partir del martes podría haber novedades en una causa que sin embargo puede exhibir pocas certezas, cuando nada sigue un patrón ajustado a derecho. Al punto que los mismos exactos argumentos que la jueza María Servini usó para dictar algunas faltas de mérito, los usó en el caso de Gómez para procesarlo, acusado de las mismas supuestas acciones (tirar piedras y traspasar una valla). También inéditamente, se les imputa un delito grave como intimidación pública, que prevee penas de hasta 6 años de prisión. 

Los varones detenidos pasaron por otra situación fuera de toda norma procesal: al llegar al penal fueron desnudados y rociados con gas pimienta. El maltrato de todo tipo fue una norma aplicada ya desde las comisarías, donde entre otras formas de humillación los familiares cuentan que los policías se encargaron de comer delante de los detenidos unas pizzas que ellos les habían comprado juntando plata entre todos, la primera noche a la comisaría. Finalmente, dicen, la amenaza de “ir a parar con los presos comunes” se cumplió, pero terminaron siendo mejor tratados por estos compañeros de celda que por el personal policial y penitenciario.    

Culpables

En el relato de los hechos y sin que medien pruebas en contrario, a excepción de la palabra policial, Facundo Gómez es culpable de haberse apoyado en una de las vallas con las que rodearon el Congreso el día de la represión para atender el llamado de su madre, en Rivadavia y Entre Ríos. “Ella quería ir a la manifestación pero se sentía mal y estaba en cama, estaba tratando de hablar con Facu para ver cómo iba todo y la llamada se cortaba. Finalmente lograron comunicarse y Facu se paró para decirle que ya se estaba yendo la gente y él se estaba por volver, eran las 7 y cuarto. Ahí lo rodean cuatro efectivos y se corta la comunicación. Mi mamá sigue llamando hasta que la atiende un policía y le dice: ‘su hijo está detenido por averiguación de antecedentes, cuando terminemos con esto lo largamos’. Nos preocupamos porque no sabíamos dónde estaba, recién casi a la 1 nos enteramos que lo estaban trasladando a Lugano. Después él nos contó que cuando lo llevaban detenido un fotógrafo al que le rompieron la cámara para que no tome registro le gritó: ¡compañero, decí tu nombre! Ahí la policía le pegó dos piñas en el estómago, para que no hable. Por eso al principio no podíamos encontrarlo”.

David Sica vive en situación de calle y es culpable de haber querido pasar por la zona para llegar a la iglesia San Expedito, en Mitre y Azcuénaga, a buscar comida y abrigo. La suya fue de las primeras detenciones, ocurrió cerca de las 2 de la tarde. La policía le dijo que tenía que dar toda una vuelta porque la cuadra estaba vallada, y él intentó cortar camino por un lugar por donde estaba algo abierta la fila de vallas. Ahí quedó detenido. 

Cristian Valiente es culpable de otra mala idea: contó que encontró tirado un aerosol químico de los que usa la policía para gasear a los manifestantes, y se lo guardó en la mochila. La pieza tiene un track de ministerio de Defensa, con su código de lote, y un detalle: la fecha de vencimiento estaba expirada. No lo usó ni tenía pensado usarlo. Como la etiqueta dice: “Granada de mano. Gas de hostigamiento. Candela”, se difundió a la prensa que el hombre “llevaba una granada”. 

Muy culpables

Daniela Calarco reúne una serie de condiciones que su abogado entiende que fueron tomadas en la acusación como “un disvalor”: es militante social y al momento de la detención llevaba una pechera de su agrupación, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Llevaba también un pañuelo verde de la campaña por el derecho al aborto. En su mochila llevaba además volantes de su agrupación y un libro sobre la Esma. Todo esto fue inventariado en el planteo de la fiscalía con un marcado acento acusatorio.

Pueden consignarse más “disvalores” condenatorios de esta mujer que en marzo fue despedida de la Secretaría de Niñez, que defiende la lucha ambiental y que como lesbiana integra el colectivo LGBT contra el que este gobierno ha apuntado de diversas maneras. La acusan de intimidacion pública y estrago doloso por un supuesto intento de generar un incendio. “Ninguno de los hechos se ha consumado. Al principio no había nada de prueba documental, solo relatos de policías. Ahora hay fotos y videos, una captura de pantalla de una cámara de TN que se hizo viral, que muestra que se prenden unos papeles, viene un viejito y los apaga, así de grave fue. Tampoco hay nada secuestrado, es todo insostenible”, plantea Vázquez, defensor de Calarco. 

Dice que Daniela “está fortalecida, está bien, se siente acompañada. La visitan sus compañeras, su pareja, la llaman las ex detenidas que estuvieron con ella. Hay mucho apoyo de organismos, mucha presencia, ayer la visitó María Máximo, responsable del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Hubo mucha solidaridad, juntamos 78 mil firmas, se presentó un amicus curiae encabezado por Pérez Esquivel, el Serpaj, Amnesty Internacional. Es una situación muy dura e injusta pero ella la asume con ánimo militante”, relata. 

La visita

Facundo Gómez tiene un hijo de 14 años. Trabaja en Plaza Serrano con su madre, que comenzó hace veinte años a vender café en carritos, principalmente a los feriantes. También hace repartos, changas. No es la primera manifestación a la que iba, solía ir con sus hermanas, a veces con su madre, que también quería ir ese 12 de junio, pero se sentía mal.

Ahora comparte pabellón en Ezeiza con David Sica y Cristian Valiente, hace unos días los cambiaron de pabellón, también juntos. La familia se ha organizado y su hermana Micaela es la encargada de ir a visitarlo: “Hay mucho que hacer por su liberación, mientras tanto hay que seguir trabajando porque no queda otra, y además no queremos que mi mamá ni mi sobrino tengan que pasar por eso“, dice con tristeza, relatando el extenuante periplo de horas, requisas y papeleos que debe pasar para cada ingreso a la vista. 

“Facu es una persona que se sabe amoldar, un pibe que se hace querer, y dentro del penal logró tener su lugar, que lo respeten y respetar. El está bien en ese sentido. Pero por mucho que pueda rescatar y ver eso positivo, ahí adentro sigue siendo una cárcel, las condiciones son terribles. El me dice que no me preocupe y no puedo dejar de pensar en todo lo horrible que está viviendo. Sé que duermen con ratas, que come mal, que el abrigo no alcanza y a la noche pasa frío, que en este nuevo pabellón ahora son muchos y si hay una llamada tiene que ser corta, pensar en todo eso me da mucha angustia. También lo bajonea ver que a otros los van liberando y él, que está en la misma, va quedando. Es desesperante porque no hay explicación. La verdad nunca nos imaginamos, ni remotamente, que nos iba a tocar pasar por este infierno”, se angustia. 

Ninguna de estas cinco personas -una de ellas, como se contó, en situación de calle- tiene recursos para hacer frente al embargo de 500.000 pesos que les fijó el juzgado. Pero en su afán de ir por más, el fiscal Stornelli pidió aumentar el monto. Mientras, sin presentar nuevas pruebas, apeló las faltas de mérito de 7 de los 33 detenidos, para quienes también pide prisión preventiva. 

Los abogados hablan de dislates jurídicos, de inexistencia de delito, de “manotazos” de la fiscalía. Hasta la jueza ha consignado la evidente “orfandad de pruebas”. Pero Facundo, Daniela, David, Cristian y Roberto van a cumplir veinte días presos por haber ido a manifestarse contra la aprobación de una ley, o simplemente por intentar pasar cerca del Congreso.  

Fuente: Por Karina Micheletto para Página 12

El presidente Javier Milei relativizó la necesidad de que los jubilados y jubiladas necesiten del bono de 70 mil pesos. “No vamos a mentirles dándole cosas que no hay”, afirmó.

El presidente Javier Milei relativizó la necesidad de que los jubilados y jubiladas necesiten del bono de 70 mil pesos que se les otorgó para paliar el bajo valor de sus haberes, que están por debajo de la línea de indigencia. Y no solo eso, sino que se negó a confirmar que ese aporte extra vuelva a otorgarse: “No vamos a mentirles dándole cosas que no hay”, dijo.

Lo que hizo el mandatario al ser consultado al respecto fue supeditar la entrega de otro bono a los avatares del equilibrio fiscal, no así de las necesidades de quienes no llegan a fin de mes y deben recortar su economía doméstica, ya mutilada.

“El bono es discrecional. Solo habrá bonos en función de cómo viene la situación y cómo vienen los números fiscales”, definió durante una entrevista televisiva en la que le restó importancia al tema.

En mayo pasado, la administración nacional otorgó un bono de 70 mil pesos a los jubilados que sirvió como complemento de los haberes mínimos. Como no se había actualizado la fórmula jubilatoria ajustada por inflación, puso ese monto sobre la mesa para paliar los magros ingresos.

Pero a pesar de ese aporte, el objetivo de mantener o mejorar el poder adquisitivo de jubilados y jubiladas no se cumplió. La capacidad de compra siguió horadándose con los tarifazos y aumentos de alimentos, ropa y medicamentos que triplicaron y en algunos casos cuadruplicaron los índices de inflación de los últimos meses.

Fuente: Pagina 12

Son datos correspondientes al primer trimestre de 2024. Según la consultora Vectorial, este indicador está relacionado con la reducción del salario real.

Los efectos de la devaluación en los precios y la reducción de los ingresos tuvieron un impacto significativo en el consumo, debido a las restricciones presupuestarias de las familias. Esto se reflejó claramente en el sector de electrodomésticos y artículos para el hogar, donde las ventas disminuyeron un 45,3% en el primer trimestre de 2024 en comparación con el último trimestre de 2023, y un 40,1% en comparación con el mismo período del año anterior.

Estos datos provienen de un informe realizado por la consultora Vectorial. Además, las ventas apenas superaron en un 2,2% el nivel mínimo registrado al inicio de la pandemia.

El estudio clasificó el sector en cuatro categorías principales: Línea blanca, Electrónica, Tecnología y Pequeños Electrodomésticos. Según el informe, todos los segmentos experimentaron disminuciones respecto al primer trimestre de 2023: Línea blanca (-40,9%), Electrónica (-50,0%), Tecnología (-42,8%) y Pequeños Electrodomésticos (-36,6%).

Las compras de electrodomésticos y artículos del hogar con tarjetas de débito y crédito también cayeron un 26,2% en comparación con el mismo período del año anterior y un 15,3% respecto al último trimestre de 2023. Esta caída ocurrió a pesar de los programas de incentivos “Ahora” y “Cuota Simple”, cuya participación en el total de las compras con tarjeta de crédito disminuyó del 20,3% al 14,9%.

La caída en las ventas estuvo relacionada con la reducción real del salario en el sector registrado durante el inicio del gobierno de Javier Milei, con una pérdida del 15,7% entre diciembre y marzo. Esta tendencia fue similar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde las ventas disminuyeron un 50,9% en el primer trimestre de 2024. En los 24 partidos del Gran Buenos Aires (GBA) y en el resto del país, las ventas también se redujeron, aunque en menor medida: -44,3% y -46,6%, respectivamente.

En cuanto a la afectación por canales de venta, los pequeños comercios y cadenas fueron los más impactados, con una caída del 80% durante el primer trimestre de este año. Las grandes superficies comerciales también experimentaron una disminución en las ventas, con una caída del 37,5% en comparación con el primer trimestre de 2023 y un 47,1% respecto al último trimestre de 2023.

El comercio en línea se consolidó como un canal importante, representando casi el 32% de las ventas totales del sector entre 2021 y 2023. Sin embargo, la consultora Vectorial advirtió que el aumento de los costos logísticos podría dificultar la comercialización en línea de productos con precios más bajos.

Fuente: Infonews

Las remarcaciones de precios en lácteos y carnes explican el 70% de la inflación mensual de alimentos, según datos de la consultora LCG.

Los aumentos en los lácteos y las carnes fueron los que más impactaron en la canasta de alimentos. Una mirada en las heladeras de productos lácteos muestra que fueron los que más subieron en la cuarta semana de junio, según el índice LCG y los que explican buena parte de la inflación en alimentos en el sexto mes del año.

Según las mediciones de esta consultora, los productos lácteos y huevos lideraron las subas con 2,3% en la variación semanal de la cuarta semana de junio. Seguidos por los aceites 1,9% y los productos panificados y pastas 1,8%. Pero esta suba de los lácteos, sólo en la cuarta semana tuvo una incidencia del 0,31% en el índice de Alimentos y Bebidas de LCG. 

“Carnes y lácteos explican el 70% de la inflación mensual de alimentos”, remarcó la consultora LCG. La suba en lácteos y huevos fue de 7,5% (variación promedio de las últimas cuatro semanas a la cuarta semana de junio de 2024). Mientras que carne fue de 5,4%. La incidencia de las cuatro últimas semanas de junio fue por las subas de la carne 1,68% y de los lácteos y huevos 1,01%, según el índice LCG Alimentos y bebidas.

El alza de precios en el sector lácteo no se detiene e impacta en el consumo. Sólo en el primer trimestre las ventas de productos lácteos ya habían mostrado una caída del 18,7% en el volumen de productos, según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina.

Desde el sector de los productores lácteos analizan la situación “hay una mayor participación del sector comercial en el mercado interno en los últimos tiempos, que afecta tanto al sector primario, como al industrial…Hasta hace poco tiempo los controles de precios domésticos de los productos lácteos generaban un fuerte retraso de precios, hoy la estrepitosa caída del poder adquisitivo de los consumidores, la primarización del consumo con productos más básicos de menor valor agregado/unitario, productos alternativos, informalidad impositiva (posiblemente el más grave de todos ellos por su crecimiento) y excesivos márgenes/costos comerciales  (gran diferencial entre los precios minoristas y mayoristas). Por suerte para la cadena, se ha revertido la situación adversa que tenía el mercado externo, con los derechos de exportación  (hoy suspendidos) y el retraso cambiario (mejorado significativamente por el Decreto 28/24)”, explicó el informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina.

Los lácteos en la góndola

No alcanzan  con las promociones que intentan ofrecer los supermercados, los precios  no ayudan a que las familias puedan seguir consumiendo productos lácteos. Joaquín está parado frente a las heladeras con lácteos desde hace varios minutos, recorre los productos, los precios, los toma y compara las cantidades y finalmente se decide. Busca un yogurt con cereales y la diferencia en precios va de $824 (porque hay una marca en super oferta) a $2284, depende la marca, si son crujientes o flak, si se compran dos unidades y la segunda va al 70%. Pero en general, un yogurt con cereales no baja de $1.000. Casi un mismo producto de 150 a 166 gramos puede casi triplicar su precio.

Fuente: BAE Negocios

Por: Orlando Lara Pineda*

“… Nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras… Si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia quien quiera oír que oiga”. Litto Nebbia.

En junio de 2008 José Manuel “Mel” Zelaya, presidente de Honduras solicitó a la Ministra de Trabajo, Mayra Mejía del Cid, una primera idea de escenarios para la negociación anual en la Comisión Tripartita del Salario Mínimo del sector privado en diciembre de ese año. La ministra Mejía, con quien trabajaba como asesor, me solicitó un borrador de un par de páginas para el presidente con la propuesta del gobierno para la negociación.

Con base en la idea fundamental del gobierno del “Poder Ciudadano” retomamos los valores del ingreso familiar de la “Línea de la Pobreza” y el número de personas trabajadoras por hogar – que estima anualmente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Así calculamos un salario mínimo digno del “Poder Ciudadano” de 5,500 lempiras mensuales (289 USD) que al menos igualara la Línea de la Pobreza.

Unos días después, llegaba a mi oficina luego de almorzar y en la radio me sorprendió el anuncio del presidente Zelaya ante los medios de comunicación afirmando que, teniendo en cuenta la premisa del “Poder Ciudadano”, era indispensable un salario digno para la participación política activa de la ciudadanía por lo que había decidido establecer un salario mínimo mensual para todos los empleados públicos de 5,500 lempiras, justo la cifra propuesta.

De un plumazo se acababa la crisis del gremio de las enfermeras que llevaba meses de medidas de fuerza y que la prensa opositora cubría con fuertes críticas. El nuevo salario duplicaba el salario de las enfermeras auxiliares, las peor pagadas. Otras demandas, como la gestión de turnos, descansos y material fueron pronto resueltas. Con esta acción osada de duplicar el salario mínimo de los empleados públicos, el gobierno incrementaba en menos del 5% el presupuesto de salarios del Estado y resolvía una deuda histórica. De esa manera se establecía un referente para la futura negociación anual en la Comisión Tripartita del salario mínimo del sector privado.

Todo esto ocurría en un contexto de creciente conflicto del gobierno con el empresariado y las fuerzas conservadoras de Honduras. Desde el inicio del gobierno de Mel Zelaya en 2006 se habían impulsado salidas heterodoxas a contramano del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial: subsidios a la energía y la educación, transferencias a la población en extrema pobreza, reducción de los márgenes de ganancia de las compañías trasnacionales importadoras de combustibles, y la revisión de las concesiones sobre la tierra y los recursos naturales otorgadas anteriormente a terratenientes y grupos financieros concentrados.

En respuesta, Mel sumaba apoyo popular al ampliar el diálogo e incorporar las propuestas de los movimientos estudiantiles, políticos, feministas, sindicatos, pueblos originarios, campesinos y ambientalistas agrupados en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular.

La crisis financiera mundial del 2008 había producido fuertes aumentos de los precios internacionales de los combustibles y alimentos por lo que el gobierno exploraba varias alternativas para financiar la importación de combustibles, entre estas la adhesión a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) que presidia Venezuela – bajo el liderazgo de Hugo Chávez – y que ofrecía financiamiento a largo plazo para importar combustibles, equipo agrícola y alimentos; y aliviar la presión sobre la balanza de pagos.

En agosto de 2008 el gobierno de Zelaya daría un paso crucial convocando a una gran movilización popular en la que anuncia la adhesión de Honduras al ALBA con la presencia de los presidentes Hugo Chávez (Venezuela); Evo Morales (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage.

Ese segundo semestre de 2008 preparamos el informe base para la negociación salarial. La primera disputa fue con la tecnocracia del Banco Central de Honduras (BCH) que ante los escenarios de aumento salarial predecía una subida incontrolada de la “inflación”. Nos reunimos con el personal del BCH y argumentamos que, debido a la desigual distribución del ingreso nacional, el aumento salarial tendría un efecto en la inflación mucho menor al que el BCH había estimado. Es que el 15% de los trabajadores con salarios por encima del salario mínimo se quedaban con el 75% de la masa salarial de los trabajadores; y, en el otro extremo, el 85% de los trabajadores que ganaban el salario mínimo o menos, sumaban una masa salarial de apenas el 25%.

La propuesta presentada por el gobierno, a su vez, estimaba que el aumento salarial tendría un impacto decisivo en el aumento del consumo interno y en la multiplicación de la actividad económica. Se eliminaban las 8 categorías según actividades económicas en que se dividía el salario mínimo, ya que no existían evidencias significativas de diferencias de productividad que las justificaran. La propuesta solo incluía dos categorías: trabajadores urbanos y rurales, atendiendo a las diferencias en el costo de vida.

Históricamente, la negociación salarial en la Comisión Tripartita se prolongaba con interminables reuniones con el disenso entre obreros y empresarios; mientras que los funcionarios de gobierno se abstenían de votar y prevalecía un empate. Finalmente, se remitía un acta con el impasse en la negociación al ejecutivo y el presidente aprobaba un aumento salarial de compromiso, en general más cercano a la pretensión salarial patronal.

Es por eso por lo que los tres burócratas de carrera del Ministerio de Trabajo, que tenían la representación formal en la Comisión Tripartita, no salían de su asombro cuando se les comunicó la decisión del Ejecutivo de votar junto con los trabajadores. Temerosos de la reacción patronal vacilaban en firmar el acta favorable al aumento porque los técnicos y los representantes del empresariado presagiaban una situación obscura para el país combinando ruegos y amenazas. Hizo falta una llamada de Mel en altavoz para reafirmar la decisión.

En 1974 había sido la última vez que los representantes de gobierno habían votado junto con los obreros en la Comisión Tripartita, aprobando un aumento histórico del salario mínimo que alcanzó los 100 Lempiras (50 USD) mensuales; durante el gobierno militar reformista de Oswaldo López Arellano, que además fortaleció el papel del Estado en la regulación de la economía y realizó la más amplia “Reforma Agraria”.

Era la tarde del 24 de diciembre llegamos a “Casa de Gobierno” junto con la Ministra Mejía del Cid, con los cuadros y cálculos finales de diferentes escenarios debajo del brazo para presentarlos al Presidente Zelaya. Luego de algunas consultas con empresarios y miembros de su gabinete Mel nos dijo que íbamos con el aumento.

Esa víspera de navidad de 2008 en cadena nacional, Mayra Mejía del Cid, Ministra de Trabajo anunciaba junto con Manuel Zelaya un aumento salarial histórico de carácter general para los trabajadores de Honduras de 5,500 lempiras mensuales (289 USD) en las áreas urbanas y de 4,055 lempiras mensuales (213 USD) en las áreas rurales. Un aumento promedio del 60% que para algunas categorías fue de cerca del 100%.

La clase obrera debió esperar 34 años para que se repitiera un aumentó de esa dimensión. El nuevo salario mínimo implicaba que anualmente cerca de 2% del PIB de Honduras (200 millones de USD) pasarían de los bolsillos de los empresarios a los de la ciudadanía de a pie en Honduras. La disputa central por el reparto de la ganancia entre trabajadores y empresarios se resolvía con una redistribución del ingreso nacional en favor de las mayorías empobrecidas.

La reacción del empresariado trasnacional y nacional no se dejó esperar. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentó un amparo legal ante la Corte Suprema de Justicia. A solicitud de la Ministra Mejía del Cid redacté un borrador del escrito de respuesta en el que se justificaba la legalidad y la procedencia del aumento salarial y se rebatían uno a uno los argumentos del empresariado. La Corte desestimó el recurso del sector privado.

Durante el primer semestre de 2009 el poder político y económico empresarial concentrado de Honduras desarrolló una clásica campaña anticomunista desde los medios de comunicación corporativos, con campos pagados suscritos por asociaciones apócrifas y ONGs financiadas desde el exterior.

En junio de 2009 el poder judicial decidió prohibir la consulta popular programada para el domingo 28 de junio por el gobierno- denominada la “4ta urna”-; que indagaría si las mayorías estaban a favor de consultar a la población en las elecciones de noviembre 2009 sobre el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente, para refundar la Nación. Ante la prohibición el gobierno de Zelaya, acuerpado por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, reafirmó la apuesta por la consulta popular.

En 1975, unos meses después del aumento al salario mínimo, y mientras se planeaban nuevas expropiaciones de tierra a la compañía bananera Standard Fruit Co. “Chiquita Banana”; el presidente López Arellano fue obligado a renunciar luego de que se desató un escándalo mediático, el Bananagate, revelando el soborno de 2.5 millones de USD que había recibido de la empresa bananera para no incrementar el impuesto por caja de banano. La información fue convenientemente filtrada a la prensa por la misma empresa bananera responsable del soborno y que a la larga fue eximida de responsabilidad.

La madrugada del 28 de junio de 2009, unos meses después del aumento histórico al salario mínimo y luego de que el gobierno había resuelto devolver a los campesinos del Valle del Aguan tierras que empresarios les habían arrebatado; el poder económico y eclesiástico conservador y las Fuerzas Armadas ejecutaron el golpe cívico militar. Simularon la renuncia del presidente Zelaya, lo secuestraron y trasladaron a Costa Rica – previa parada técnica en la base militar Estadounidense de Palmerola en Honduras. Este sería el punto de partida de un prolongado movimiento social y político de resistencia liderado por el Frente Nacional de Resistencia Popular.

Con esta medida, las empresas podrán aumentar las tarifas sin intervención estatal.

El gobierno de Javier Milei sigue adelante en su política de desregular todos los mercados sin importar cuán concentrados estén. Así sucedió en el inicio de su gobierno con las prepagas que demostraron funcionar como un oligopolio que, lejos de competir, fijaron los aumentos en sus tarifas de manera coordinada. Ahora el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) liberó a las empresas que prestan los servicios de internet, celular y TV por cable para que fijen sus tarifas sin intervención del Estado.

Lo hizo por medio de la Resolución 13/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del interventor del Enacom, Juan Martín Ozores.

De esta manera el Gobierno eliminó todas las regulaciones de la gestión anterior liderada por Claudio Ambrosini que le imponían tope a las tarifas de internet, celulares y cable y fijaban un límite a las empresas para los aumentos del 5% y de hasta el 10% mensual.

Esta decisión responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020 que había declarado a los servicios TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como “servicios públicos esenciales y estratégicos”, otorgando al ENACOM la facultad de regular sus tarifas.

Con la nueva disposición, las empresas de telecomunicaciones recuperan la capacidad de fijar libremente sus precios, algo que el organismo regulador justifica como necesario para “salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia”. Algo que, ya pudo comprobar con las prepagas, no sucede en los mercados concentrados.

Los datos fueron revelados por el último informe de la encuestadora privada Proyección Consultores.

Una fuerte recesión en la actividad económica, niveles de inflación muy altos todavía, notable desplome en el consumo, tasas de desempleo alarmantes y que siguen creciendo, todo confluye para que el poder adquisitivo de los argentinos sea fuertemente impactado. Los datos fueron revelados por el último informe de la encuestadora privada Proyección Consultores, que indican que llegando a la mitad de año, junio se presenta empeorando los registros de la cantidad de familias que tienen serias dificultades para llegar a fin de mes. En concreto, son más los argentinos que no pueden hacer frente a los gastos básicos cotidianos.

Se conocieron hace apenas horas los datos oficiales que dan cuenta del nivel de desempleo: la desocupación se incrementó durante el primer trimestre del año alcanzando la alarmante cifra del 7,7% de la población económicamente activa (PEA). Esto representó, una suba del 0,8 puntos porcentuales comparado con el mismo periodo del 2023, a la vez que es la medición que revela el nivel más alto de desocupación desde el 2021, cuando se atravesaba la paralización total por la pandemia de Covid-19.

Al analizarse el desagregado de la encuesta, ante la pregunta concreta ¿Cuál de las opciones representa mejor la situación económica de su hogar en la actualidad? Se desprende que en junio el mayor porcentaje de los argentinos tiene complicaciones para pagar sus gastos y consumos cotidianos hogareños. El informe de Proyección Consultores mostró que aumentó significativamente la cantidad de personas que ve negativamente impactado su poder adquisitivo lo que le impide llegar a cubrir los gastos básicos de hogar.

Precisamente, el 27,8% respondió “no llegamos a fin de mes”, mientras que en el mes anterior es decir, para mayo de este año las personas que estaban en esta situación totalizaron el 24%. En paralelo, el 36,9% refirió “tenemos que achicar gastos para llegar a fin de mes”, a la vez que el 28,9% dijo “nos alcanza para lo que necesitamos”. Por consiguiente, un 64,7% está con problemas económicos para solventar sus gastos cotidianos mensuales, y tan solo el 6,3% respondió “podemos ahorrar”. Un ínfimo porcentaje de la población con capacidad de ahorro frente a una inmensa mayoría con dificultades para llegar a fin de mes, ello pese al reciente “desaceleramiento” de la inflación.

¿Qué se espera de la economía?

El relevamiento de la consultora privada también hizo un sondeo respecto de las expectativas: ¿Cómo creé que estará la economía de su hogar en los próximos seis meses?, fue la pregunta concreta. Las expectativas sobre la economía hogareña en los meses que quedan del 2024, revelan que el 44,7% de los argentinos cree que empeorará, mientras el 34,9% estima que mejorará a la vez que el 20,4% respondió que no lo sabe. Dentro del universo que piensa que la economía hogareña empeorará en lo que resta del año, se compone de un 14,8 que dice que estará “igual de mal”, un 14,4% “peor” y un 15,5% “mucho peor”.

Fuente: Perfil

Ley Bases y represión.

El Gobierno Nacional conformó una Unidad de Seguridad Productiva dependiente del Ministerio de Seguridad con el objetivo de aumentar el despliegue de las Fuerzas de Seguridad en las provincias y así blindar a las actividades mineras y petrolíferas de los reclamos y las resistencias ciudadanas. Esa unidad se desprende de la votación de la ley Bases. Muy grave.

La norma está alineada con el proyecto gubernamental próximo a convertirse en Ley, donde se contempla la explotación de los recursos y el extractivismo. El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) justamente asegura una reducción de impuestos y facilidades especiales para las inversiones del sector. Entre las facilidades, por lo visto, está la de reprimir cualquier protesta social contra esas producciones. Muchas veces se las cuestiona por su impacto ambiental.

Con la Resolución 499/2024 firmada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich el pasado 10 de junio, se habilitará una mayor protección a los intereses empresariales de las empresas referidas a Vaca Muerta en Neuquén y las provincias con litio y resistencias sociales, como en Jujuy (Salinas Grandes) y Catamarca.

La norma estipula en cuanto a la selección de los sectores o empresas que reciban el apoyo de la Unidad de Seguridad Productiva que será una decisión que quedará “exclusivamente a criterio de esta cartera o de las órdenes que recibiere del Poder Ejecutivo”. Tendrán en cuenta a la hora de actuar, la repercusión de los hechos de inseguridad en el “quehacer racional” y en la opinión pública.

Esta Unidad de Seguridad Productiva estará dentro de la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial. La creación está justificada por el Gobierno debido a que existen actividades productivas prioritarias para el Gobierno, donde se asegurará la plena actividad: “Existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de una seguridad especial”.

La responsabilidad primaria de la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial es diseñar y ejecutar las acciones necesarias entre la Subsecretaría y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para comprobar el cumplimiento de las políticas de seguridad.

La semana pasada, la divisa informal había alcanzado su récord al llegar a los $1.300. Este lunes, trepó a un nuevo máximo histórico. 

El dólar blue cotiza este lunes a $1.300 para la compra y $1.330 para la venta en las “cuevas” de la Ciudad de Buenos Aires, $10 más que el cierre del miércoles. 

La semana pasada, la divisa informal había alcanzado su récord al llegar a los $1.300, pero hoy cotiza en un nuevo máximo histórico. En lo que va del año acumula un aumento del 33%.

La brecha entre el dólar blue y el dólar oficial de la pizarra del Banco Nación es del 40%, mientras que con el dólar mayorista del 46,23%. 

En 2023, el dólar blue acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022 el dólar informal avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

Pero en 2021, el dólar blue registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).

Emisión récord.

“Hay algunas declaraciones de Milei que realmente sorprenden. Dijo que va a sacar una ley para que el que emita moneda sea juzgado por delito de lesa humanidad. Bueno, le diría que tiene que ir preso él, porque la emisión que está haciendo el Banco Central es fenomenal”, aseguró el economista neoliberal Roberto Cachanosky.

“Desde diciembre hasta ahora aumentó un 120% la base monetaria. En abril aumentó el 14%, en mayo el 16% y otro 16% en lo que va del mes. Si uno proyecta esta emisión, te vas al diablo, te vas a una híper”, aseguró.

“La inflación está en 4,2% porque se está pisando el tipo de cambio, que es un problema serio, y se postergaron aumento de tarifas. Pero si siguen a este ritmo de emisión, cuando corrijan precios y liberen tarifas se van a tener que olvidar de eso”, describió el economista que nadie puede vincular con el peronismo o la izquierda.