Ajuste brutal.

La quita de subsidios por parte del Gobierno nacional llevó a que las facturas de la luz llegaran con fuertes aumentos. Y con el nuevo cuatro tarifario se esperan más incrementos en los próximos meses. En medio de este crítico panorama, la administración de Javier Milei busca implementar tarifas por franjas horarias como reguladoras de demanda eléctrica.

En ese sentido, Casa Rosada evalúa pedirle a la gente que use los aparatos electrónicos de mayor consumo en horarios con menos demanda, lo que derivaría en una menor costo. En ese sentido, deslizó la posibilidad de que hogares argentinos utilicen el lavarropas después de la medianoche al considerar que este electrodoméstico como otros de uso común (secarropas, plancha, horno eléctrico, computadoras portátiles) requieren de un alto consumo eléctrico.

El relato del gobierno pasó de “ser como Irlanda o Alemania en 10 años” a pedir un ajuste brutal que incluye gente comiendo en las iglesias y lavarropas funcionando a las 3 de la mañana. Algo tiene que cambiar.

Se trata del registro que ahora dejó de funcionar dentro del ENRE para evitar el corte de suministro eléctrico en hogares donde es vital para la salud de uno o más de sus habitantes.

El gobierno de Javier Milei dio este jueves un paso más en su plan de ajuste y ahora resolvió eliminar el registro de electrodependientes que permitía que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) agilizara los reclamos ante las distribuidoras eléctricas para garantizar la rápida realización de las obras necesarias y evitar el corte de suministro eléctrico en hogares donde es vital para la salud de uno o más de sus habitantes.

Así quedó plasmado en las Resoluciones 329/2024 y 330/2024 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma el interventor del ENRE, Dario Oscar Arrué.

En la primera de esas resoluciones el Gobierno dio más tiempo a las distribuidoras eléctricas para responder ante la falta de suministro eléctrico. Hasta hoy Edenor y Edesur tenías 48 horas para responder a una denuncia por falta de energía en un hogar electrodependiente. Estas 48 horas eran contadas a partir del momento en que se realizaba la denuncia sin importar si se trataba de días hábiles o inhábiles.

Ahora el gobierno libertario les otorgó a las empresas distribuidoras hasta dos días hábiles desde el momento en que se radicó la denuncia. Es decir que un electrodependiente que se queda sin suministro eléctrico un sábado a la mañana por ejemplo, en uno de esos fines de semana extra largos de 4 días por un feriado y un feriado puente, debería esperar hasta el viernes siguiente para ver si le restituyen el servicio.

En tanto, en la Resolución 330/2024 se dispuso la derogación de las Resoluciones 97/2021; 254/ 2023 y 472/2023 que garantizaban la visibilidad ante el ENRE de los hogares con electrodependientes y una rápida respuesta de parte de las distribuidoras eléctricas en caso de un corte en el suministro eléctrico así como prioridad paralas obras necesarias que les permitan estar conectados a una Fuente Alternativa de Energía (FAE). Este registro no existe más.

El gobierno de Milei aprobó un nuevo procedimiento para la respuesta de estos casos aunque sin celeridad que requiere estas situaciones. De hecho, en el artículo 5 de la nueva medida se dispone la “aplicación de sanciones por incumplimiento del plazo máximo de 30 días hábiles fijado” para que las distribuidoras eléctrica adecuen y dispongan la conexión de la Fuente Alternativa de Energía. Es decir que las distribuidoras tendrán ahora hasta 30 días para responder a los reclamos, pasados los cuales serán pasibles de ser sancionadas.

La semana pasada la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED) habían advertido que el gobierno de Milei estaba preparando el terreno para eliminar el registro de electrodependientes, cosa que se confirmó este jueves.

En este sentido, el portal Tiempo Argentino dialogó con Mauro Stefanizzi, presidente de la AAdED, quien alertó sobre el aumento de rechazos en las renovaciones, que se hacen cada dos años, del registro para electrodependientes.

“Se están rechazando a numerosos electrodependientes que utilizan respiradores (CPAP) con el argumento de que estos dispositivos ‘poseen una batería externa’. Esto no solo contraviene la ley, sino que además pone en peligro vidas, ya que frecuentemente esas baterías se encuentran completamente descargadas”, alertó Stefanizzi.

Y siguió: “la ley no solo garantiza el derecho a disponer de una fuente alternativa de energía en caso de cortes de luz, sino que también deben tener un tratamiento tarifario gratuito. Y si estas personas, aunque estén conectadas durante 12 horas al día, no pueden costear la factura debido a los aumentos tarifarios, también corren riesgos, ya que esto podría traducirse en cortes de luz, explica. Esta condición ha generado inquietud en las familias, exacerbada por la falta de atención presencial en el Ministerio de Salud. La denuncia de la asociación sobre este tema no ha obtenido una respuesta satisfactoria”.

Además, Stefanizzi alertó sobre los fuertes aumentos en el servicio eléctrico de hasta un 300% para aquellos que no estén inscritos o no sean aceptados en el registro de electrodependientes.

La Cámara Federal rechazó el recurso de apelación presentado por el Ministerio de Capital Humano por el escándalo de los alimentos acopiados.

La Cámara Federal rechazó el recurso de apelación presentado por el Ministerio de Capital Humano por el escándalo por los alimentos acopiados y ratificaron la decisión del juez Sebastián Casanello para que el Gobierno elabore un plan de distribución.

“Ganamos la apelación. Sorpresas te da la vida. Contala como quieras Pettovello, pero repartí la comida. Nosotros, sin miedo, hasta que no falte pan en ninguna mesa”, escribió Juan Grabois en su cuenta de Twitter, quien celebró el fallo firmado por por los jueces Martín Irurzun, Guillermo Farah y Roberto José Boico.

De esta forma la Cámara Federal confirma la medida ordenada por el juez Sebastián Casanello dónde le solicita al Ministerio de Capital Humano elaborar “un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.

Además, en la apelación realizada por el Gobierno señalaban que consideraban que el fallo era “arbitrario y contradictorio” e implicaba “una intromisión del Poder Judicial dentro de la esfera de actuación del Poder Ejecutivo Nacional”.

Esto, también fue rechazado por la Cámara Federal, al sostener que “no están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria sino, lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos”.

Es en reclamo por mejoras salariales y la restitución del FONID.

Tras la negativa en la Cámara de Diputados nacional para tratar el presupuesto universitario, continúa este miércoles el paro nacional docente en reclamo de mejoras salariales, la actualización de los fondos para el funcionamiento de las casas de altos estudios y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

En ese sentido, el paro nacional docente de 48 horas que inició el pasado martes fue convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN), luego de que el gobierno nacional de Javier Milei ofreciera la misma propuesta salarial, que semanas atrás los gremios educativos habían rechazado por considerarlo insuficiente.

“El Gobierno no realizó ninguna propuesta concreta que diera respuesta a la pérdida salarial que mantiene a más de la mitad de trabajadores docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza”, expresaron desde los gremios que nuclean a los docentes universitarios.

Además, desde la administración libertaria tampoco respondieron a las demandas de los representantes sindicales de la comunidad educativa que incluía una la actualización de la garantía salarial, así como la restitución del FONID y los fondos de capacitación.

“Este Frente motorizó en la histórica marcha universitaria del 23 de abril un pliego que incorporaba la actualización de gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, celebramos este principio de solución que otorgó el Gobierno pero alertamos a la ciudadanía que los mismos representan solo el 10% del total del presupuesto universitario“, afirmó el FSUN.

Además, desde el FSUN explicaron que el 90% restante del presupuesto universitario corresponde a los salarios de quienes trabajan en las universidades nacionales y que este aspecto sigue sin resolución por parte del Gobierno.

“El Gobierno nacional tiene la responsabilidad de ofrecer una propuesta que permita a docentes y no docentes cumplir con su trabajo, sin salarios dignos no hay posibilidad de una universidad pública de calidad, defendemos colectivamente la universidad pública”, sostuvieron los docentes universitarios.

Cabe destacar que, en paralelo a la jornada de protesta de los docentes universitarios, la Cámara de Diputados rechazó tratar este martes las demandas educativas pendientes en la sesión especial que la Unión Cívica Radical (UCR) convocó para restituir la fórmula jubilatoria, la cual la administración de Javier Milei derogó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

En concreto, a la hora de la votación nominal, para incluir en el temario del día el presupuesto universitario, la actualización salarial a docentes y la restitución del FONID, el radicalismo no acompañó el pedido de Unión por la Patria alegando que ya había sido pedida una sesión especial para tratar esos temas el próximo 3 de julio.

Según afirman desde los pasillos del Parlamento, el pedido fue suscripto por los diputados boina blanca Rodrigo de Loredo, Marcela Antola, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Soledad Carrizo, Mariela Coletta, Melina Giorgi, Lisandro Nieri, Fabio Quetglas, Roberto Sánchez, Danya Tavela y Pamela Verasay.

En ese contexto, los docentes nucleados en la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la CONADU Histórica, la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Confederación de trabajadores de la educación (CTERA), la Federación de Asociaciones Gremiales Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), continuarán con el paro nacional.

El impacto de la quita de subsidios energéticos significará una suba del orden del 200% en las boletas de luz y gas que pagan actualmente los sectores se ingresos medios y bajos.

El gobierno de Javier Milei acaba de concretar el movimiento de pinza con el que terminará de liquidar el bolsillo de trabajadores, jubilados y sectores más postergados, precisamente los mismos que cargan sobre sus espaldas casi todo el peso del ajuste y licuación de ingresos. Es que, tras subir las tarifas de luz y gas, ahora acaba de oficializar la baja de los subsidios y se espera un fuerte impacto en las boletas.

A partir de las Resoluciones 90/2024; 91/2024 y 92/2024 publicadas hoy en el Boletín Oficial, 7 de cada 10 hogares percibirán topes de consumo subsidiado más bajos y el impacto en las boletas podría superar el 200%.

La baja en los topes de los subsidios comenzó a regir a partir de junio en el marco de la transición hacia un nuevo esquema de asistencia que impulsa el gobierno de Milei y que apunta a que de manera progresiva los usuarios paguen el precio completo de la energía y se asista, hasta cierto nivel, a los sectores más vulnerables.

En la actualidad, y a partir del esquema de segmentación de subsidios vigente, existen tres tipos de hogares: los de ingresos altos (N1), ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3). Los N2 y N3 cubren solo una pequeña parte de los costos de la energía que consumen, que es uno de los ítems de las facturas, además del costo de transporte, de distribución y los impuestos nacionales, municipales y provinciales.

Ahora los N1 al igual que comercios e industrias, pagarán el 100% del costo de la electricidad, lo que redundará en un incremento final del 20% aproximadamente. Los N3 tendrán una bonificación del 71,9% y los N2 del 55,9% sobre ese precio en la factura.

A modo ilustrativo de las boletas finales, la Secretaría de Energía de Eduardo Rodríguez Chirilo realizó una estimación de incrementos considerando consumos promedios residenciales de 260 KWh:

• N1 pasará de 24.710 pesos a 30.355 pesos (22,8%).
• N3 pasará de 6.585 pesos a 16.850 pesos (155,9%).
• N2 pasará de 6.295 pesos a 12.545 pesos (99,3%).

Por otro lado se dispusieron nuevos topes de consumo con subsidio. Eso implica que los usuarios N2 y N3 que excedan esos límites, pagarán más caro por la electricidad y las boletas podrían ser incluso más pesadas.

Así, para la demanda de usuarios categorizados en el Nivel 2 el límite del consumo base se fijó en 350 kWh/mes. Este segmento no tenía tope de consumo con subsidios con el esquema que regía desde 2022 y que ahora modificó el Gobierno. Para las zonas frías el límite será de 700 kWh/mes.

En tanto, para la demanda de usuarios categorizados en el Nivel 3, el límite del consumo base se fija en 250 kWh/mes. Estos hogares tenían hasta hoy subsidiado hasta 400 KWh. Para las zonas frías será de 500 kWh/mes.

El Gobierno estableció además el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que se trasladará a las tarifas finales. El PIST es el precio del gas que consumen los usuarios, cuyo costo para el período mayo-octubre es de 4 dólares por millón de BTU (unidad de medida británica para el gas).

Los usuarios de N1 (altos ingresos) continuarán pagando 4 dólares por millón de BTU ya que no percibe subsidios.

Los usuarios N2 tendrán una bonificación del 64% sobre el precio que pagan los de altos ingresos, es decir cubrirán 1,6 dólares por millón de BTU. Hasta abril abonaban 0,8 dólares por millón de BTU, por lo que pagarán casi 100% más caro por el gas.

Los residenciales N3 tendrán una bonificación del 55% sobre el PIST, por lo que solo pagarán casi 2 dólares por millón de BTU. Hasta abril pagaban 1,1 dólares por millón de BTU, lo que implica una suba del 81% en ese concepto.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aprobó este martes un incremento del 80% en la dieta de los diputados nacionales con la suba, el nuevo sueldo pasará a ser más de $2,2 millones.

A pesar del aumento que propuso Menem, desde Casa Rosada y casi todos los bloques están en contra, dado que les parece un aumento bajo y pretenden ganar lo mismo que los senadores, que en abril cobraron $7,2 millones con su actualización. Aún así, el riojano se plantó en el 80% para no generar tensiones con el Gobierno nacional, que sigue enarbolando la máxima de que “no hay plata”.

El funcionario buscó que buena parte de los presidentes de los bloques acompañen el aumento pero frente al rechazo de los legisladores, que entienden que es corto el incremento, la resolución llevará la firma de Menem en soledad.

Asimismo, los diputados tampoco quieren cargar con el costo político de un aumento que será “impopular” en la opinión pública, por lo que la salida que se encontró es que la resolución lleve estampada la rúbrica del titular del cuerpo y de nadie más.

Por otro lado, los diputados de la oposición le reclaman a Menem que defienda el accionar de los legisladores y sus salarios en la discusión pública como lo hizo su par en el Senado, Victoria Villarruel.

Con este aumento, y tomando en cuenta una dieta promedio de 1,2 millones de pesos, los 257 legisladores nacionales pasarían a tener, una vez que se completen las tres cuotas, un ingreso promedio de 2.2 millones de pesos bruto.

“La realidad es que estamos muy lejos de lo que cobra un senador y nosotros también tenemos que viajar y tenemos que pagar hoteles”, explicó un diputado nacional a Infobae.

“El 80% de los miembros de la Cámara viven de su dieta y no les alcanza. El desarraigo que está en 300.000 pesos alcanzaba durante el 2023 para pagar un hotel, hoy no se cubre una semana. Si tengo que llamar a una comisión informativa, no viaja nadie”, agregó.

Fuente: Perfil

Así lo reveló un informe de la consultora Focus Market, que detalló que los artículos que más aumentaron el mes pasado.

Los productos de consumo masivo registraron en mayo un aumento interanual de hasta el 462,9%, aunque en ese mes se registraron bajas de entre uno y dos dígitos en algunos artículos.

Así lo reveló un informe de la consultora Focus Market, que detalló que los artículos que más aumentaron en mayo de 2024 contra el mismo mes de 2023 fueron Puré +462,9%, Chocolatados +448%, Cremas dentales +441,8%, Detergente para ropa +435,7%, Desodorantes de ambiente +412%, Suavizantes +408,7%, Sales +399,9%, Maquinitas de afeitar +396,2% y Edulcorantes +381,3%. A contramano, los precios de los yogures cayeron 16,5%, también de manera interanual.

En el “top 10” de los artículos que más subieron con relación a abril de este año se encuentran: Caldos +16,8%, Detergente para ropa +15,3%, Toallas femeninas +14,6%, Cervezas +8,9%, Manteca +8,7%, Detergente +8,5%, Te +6,6%, Maquinitas de afeitar +6,4% y Condimentos +6,4%.

“La inflación en consumo masivo en mayo de 2024 fue del 2,5%, con una variación de precios en la categoría alimentos 2% y limpieza del 1,5%. Por su parte, el aumento promedio de bebidas ha sido 4,8% y cuidado personal 7,7% acelerándose su variación de precios respecto de abril 2024. En el acumulado del año la variación de precios de la canasta de consumo masivo se ubica en un 50% por debajo del promedio de variación de precios de la economía” , señaló el director de Focus Market, Damián Di Pace.

A su criterio, “mientras la confianza del consumidor mejora acorde al menor ritmo de aumento de los precios en la economía, el consumo desacelera su caída pero aún en un signo negativo de dos dígitos. El bolsillo comienza lentamente a estar por encima de la variación de precios mensual de la economía, aunque aún lejos de recuperar el poder adquisitivo”.

Para Di Pace, las promociones, ofertas y descuentos se mantienen firmes en los supermercados, lo mismo que los congelamientos de precios por hasta cinco meses, “lo cual se traduce en un exceso de stock en depósitos y almacenes que es necesario liberar, incentivando el consumo”.

Así lo resolvió el sindicato, tras realizar un Congreso federal. Además habrá otras medida de fuerza para la última semana de junio.

En un multitudinario Congreso Nacional con participación de dirigentes de todo el país, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso de la Nación el día que se trate la Ley Bases en el Senado, y también una medida de fuerza con paros y movilizaciones para la última semana de junio ante la amenaza de despido de miles de trabajadores.

“Si la Ley Bases es aprobada, será una tragedia para los trabajadores. Esta iniciativa que va a ser llevada al recinto contiene una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos, y particularmente en el empleo público contempla un retroceso de manera directa y sin escalas a la última dictadura militar. Se trata de una norma que intenta habilitar el saqueo sin límites de todas las riquezas de nuestro país”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, y agregó: “El día que se debata, nos vamos a movilizar de manera masiva al Congreso para exigirle a los senadores su completo rechazo”.

Además, el sindicato ya definió nuevas medidas de fuerza ante la amenaza de nuevos despidos el 30 de junio anunciados por el Gobierno: “Tenemos que impedir que el Gobierno cumpla con su amenaza de una nueva ola de despidos a fin de junio. Por eso, vamos a realizar una medida de fuerza nacional en los días previos al vencimiento de todos los contratos. El Gobierno sigue empecinado en destruir el empleo público y nosotros lo tenemos que evitar”.

Se trata de más de 60 mil los trabajadores de la planta transitoria del Estado cuyos vínculos laborales fueron renovados tan sólo por 90 días y finalizan a fines de junio por decisión del Gobierno.

Entre otras resoluciones, el sindicato también decidió por unanimidad realizar una nueva Jornada Nacional de Lucha con movilización al Ministerio de Defensa, a Agricultura Familiar y a Expoagro, con fechas a definir.

El jueves 30 de mayo ATE realizó su 67° Congreso Ordinario y, al finalizar, el 56° Congreso Extraordinario. El cónclave se celebró en el teatro Margarita Xirgu, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, lugar donde hace 40 años se comenzaba a consolidar la recuperación del sindicato de las manos de la dictadura.

El evento se realizó en nombre de la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, quien falleció durante el desarrollo del mismo. ATE recordó su firme compromiso por la lucha de los trabajadores en general y de los estatales en particular, participando en más de una ocasión en las actividades realizadas por el sindicato.

Cabe recordar que la Ley Bases incluye entre sus artículos una reforma del Estado que pone en disponibilidad incluso a los trabajadores de la planta permanente, incumpliendo con todas las normas de estabilidad laboral contempladas en la Constitución Nacional.

Terminal Puerto Rosario (TPR) concretó esta semana los primeros despidos. Es a raíz de la fuerte caída de la actividad en los muelles por menores operaciones de exportación y de importación.

La empresa -concesionaria de las terminales I y II del puerto de Rosario- despidió unos 20 supervisores de su planta de personal. Además, cerró el comedor para el personal, lo que también suma cesantías laborales.

Según informó el portal Rosario3, los despidos no alcanzaron a los estibadores que están bajo convenio, en el maco de los acuerdos laborales firmados a fin del año pasado con el sindicato de estibadores (Supa) Rosario. Pero, como muestra de la crisis, hace 7 meses que no contratan personal eventual, una práctica común al momento de las operaciones de carga y descarga.

En ese marco, autoridades de TPR ya avisaron al personal que se vienen cuatro meses de casi nula actividad, con lo cual la situación se puede complicar hacia fin de año.

La menor actividad en los muelles es consecuencia directa de la recesión económica. TPR, a diferencia del resto de los puertos del Gran Rosario, no está concentrado en la carga y descarga de granos sino en cargas generales en contendores, por lo que su performance está ligada a la marcha del consumo interno y la industria, dos sectores que sufren a pleno el parate productivo.

TPR es propiedad mayoritaria de la chilena Ultramar y en menor porcentaje de Vicentin, grupo empresario que tiene su casa matriz en default y que también inició despidos en otra de sus empresas controladas, la láctea Arsa, también con el argumento de la fuerte caída del consumo.

Fuente: Infogremiales

Así lo aseguró un informe elaborado por la Iglesia. En el tercer trimestre del año pasado afectaba al 44,7% de la población.

En el primer trimestre de 2024, en coincidencia con la gestión del presidente Javier Milei, la pobreza afectó al 55% de la población de la Argentina (más de 25 millones de personas) y la indigencia trepó al 17,5% (8 millones).

Así se desprende del informe que presentó Cáritas Argentina denominado “Radiografía de la pobreza en la Argentina: realidad social y solidaridad que es esperanza”, que marca el fuerte crecimiento de las urgencias sociales registrado en los últimos nueve meses.

De acuerdo al estudio del que participó también el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) de la Universidad Católica Argentina, se estima que unos 5 millones de personas cayeron bajo la línea de pobreza, si se toma como referencia el tercer trimestre de 2023, cuando este organismo mostraba un 44,7% de pobreza y un 9,6% de indigencia.

Estos incrementos se atribuyen en gran parte al impacto de la inflación de los últimos meses, que saltó tras la devaluación impulsada en diciembre por Milei, y a la suba principalmente en el rubro alimentos que afectó a los estratos más bajos de la sociedad.

El mismo estudio asegura que unos 7,8 millones de personas están en un estado de pobreza extrema o indigencia, por debajo de la canasta básica alimentaria (CBA).

La inseguridad alimentaria es una de las consecuencias más directas de esta crisis. El 24,7% de las personas en áreas urbanas enfrentan inseguridad alimentaria total, afectando al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. La situación es más grave en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde estos porcentajes son aún mayores. La inseguridad alimentaria severa alcanza al 10,9% de las personas, al 8,8% de los hogares y al 13,9% de los niños, niñas y adolescentes en el país, con cifras que aumentan en el AMBA.

La pobreza también se refleja en la falta de acceso a servicios básicos y en la alta dependencia de las ayudas del Estado. El informe detalla que el 42,6% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentaria. Además, el 50% de los menores asisten a comedores escolares, el 36,7% reciben cajas o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1% de comedores no escolares.

En cuanto a la mortalidad infantil, el informe señala que, aunque ha habido mejoras generales en las últimas décadas, persisten importantes disparidades entre provincias, con los niveles más altos de mortalidad infantil correlacionándose con mayores índices de indigencia monetaria.

El déficit educativo es otro aspecto crítico. El 23% de los niños de 3 a 5 años no asisten a establecimientos educativos formales, el 9,1% de los niños y adolescentes de 6 a 12 años asisten con sobreedad a la escuela primaria, y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no han terminado la secundaria. Estos datos reflejan el impacto negativo de la pobreza en la educación, a pesar del apoyo del sistema de gestión pública y privada.

La “Radiografía de la pobreza”, que expone un severo deterioro en el campo social, se dio a conocer en los días previos a la colecta anual de Cáritas, que se desarrollará el sábado y el domingo próximo en todo el país, para generar conciencia y reunir fondos para sostener programas de comedores, asistencia alimentaria y distintos proyectos de promoción humana que desarrolla la institución. El lema de la colecta, que se hará en las iglesias y colegios, además de la vía digital, es “Tu solidaridad es esperanza”.