En medio de un marcado deterioro del mercado interno y un aumento sostenido de la desocupación, el Gobierno nacional calificó de “marginal” la suba del desempleo registrada en el primer trimestre de 2025, minimizando así una tendencia alarmante que afecta cada vez a más argentinos.

“El 0,2% (comparando con el primer trimestre de 2024) es una suba marginal, porque hay más argentinos que buscan trabajar, por cuestiones salariales”, argumentó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa. Según el Gobierno, el incremento responde a una mayor participación laboral y no a la destrucción de empleo, una afirmación que contrasta con los datos oficiales.

El INDEC reveló que la desocupación trepó al 7,9% en los primeros tres meses del año, afectando a 1,1 millones de personas. Este es el nivel más alto desde que Javier Milei asumió la presidencia, y representa un salto de 1,5 puntos porcentuales respecto al último trimestre de 2024. Además, en tan solo tres meses, más de 300.000 personas perdieron su empleo, según las estadísticas oficiales.

Pese a ello, el Gobierno insiste en que se trata de una “cuestión técnica” derivada de una mayor cantidad de personas en búsqueda activa de empleo. Adorni incluso sugirió que la comparación adecuada es la interanual para evitar “distorsiones estacionales”, ignorando el fuerte impacto que las políticas económicas del oficialismo han tenido en el empleo formal.

El informe del INDEC también advierte sobre el aumento de la subocupación y la informalidad. La presión total sobre el mercado laboral —que incluye desocupados, subocupados y trabajadores que buscan cambiar de empleo— alcanza ya al 29,7% de la población activa. En tanto, el 42% de los trabajadores se desempeñan en condiciones informales, sin aportes jubilatorios ni derechos laborales básicos.

Las mujeres continúan siendo las más afectadas, con una tasa de desocupación del 9% frente al 7% de los varones. Las regiones más golpeadas son el Gran Buenos Aires y la región Pampeana, con tasas del 9,1% y 7,4% respectivamente. También se observa una clara desigualdad según el tamaño de los aglomerados urbanos: las ciudades de más de 500.000 habitantes registran una desocupación del 8,5%, frente al 5% de los centros urbanos más pequeños.

A pesar de este panorama, el discurso oficial se enfoca en tecnicismos para relativizar los datos. Mientras tanto, el mercado interno continúa en franco retroceso, golpeado por la caída del consumo, el cierre de empresas y una economía que aún no encuentra señales claras de recuperación.

Los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se disparan por encima de la inflación y ya representan el 60% del salario promedio de un trabajador formal, profundizando la crisis habitacional que golpea de lleno a la clase media, cada vez más lejos de acceder a una vivienda propia.

Los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se disparan por encima de la inflación y ya representan el 60% del salario promedio de un trabajador formal, profundizando la crisis habitacional que golpea de lleno a la clase media, cada vez más lejos de acceder a una vivienda propia. Así lo advierte un reciente informe del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).

Según el Monitor de Acceso a la Vivienda, en lo que va de 2025 los alquileres acumulan una suba del 16,9%, por encima de la inflación general (12,9%) y del índice del rubro vivienda (14,1%). Esto demuestra una presión persistente sobre los hogares inquilinos, aun en un contexto de desaceleración inflacionaria.

Para mayo, se necesitaron 2,7 salarios mínimos (equivalente a $832.140) para alquilar un departamento de dos ambientes en CABA, mientras que el salario mínimo se ubicaba en $308.200. En el caso de los adultos mayores, tampoco la situación es más favorable: el costo de un alquiler representó 2,3 jubilaciones mínimas con bono, lo que refleja un escenario de alta vulnerabilidad para quienes perciben ingresos fijos y limitados.

La situación no mejora siquiera entre los trabajadores formales. Según datos del RIPTE, en abril el costo de alquilar un departamento de dos ambientes consumía el 60% del salario promedio. Y esto sin considerar expensas ni servicios, lo que pone en evidencia que incluso quienes cuentan con empleos registrados enfrentan serias dificultades para sostener un alquiler en el mercado formal.

Las expensas también continúan en alza. En mayo alcanzaron un promedio de $140.108, lo que implicó un incremento mensual del 2,35% y representa un 16,85% adicional sobre el valor del alquiler. En los primeros cinco meses del año ya acumulan una suba cercana al 5%, pero si se compara con el mismo mes de 2024, el aumento supera el 88%, arrastrado por costos de mantenimiento, servicios e impuestos.

La escasez de unidades disponibles en alquiler también complica el panorama. La oferta continúa en niveles bajos, con una caída interanual del 20%. Si bien en mayo se contabilizaron 17.287 unidades en alquiler permanente, ese leve repunte mensual del 4,4% no alcanza a revertir la tendencia general.

Otro factor que agrega presión es la dolarización parcial del mercado. Aunque en mayo se redujo al 38,7% la proporción de publicaciones en dólares —el nivel más bajo desde octubre de 2024—, desde el CEM advierten que no se trata de una desdolarización estructural, sino de una estrategia circunstancial en un contexto de incertidumbre económica.

Finalmente, la distribución territorial de la oferta también revela una desigualdad creciente. Las unidades se concentran mayoritariamente en barrios del norte de la ciudad como Palermo, Recoleta, Belgrano y Caballito, donde el valor del metro cuadrado es más alto. Esto limita gravemente las posibilidades de acceso a una vivienda en condiciones dignas para amplios sectores de la clase media y trabajadora.

El gobierno de Javier Milei ha decidido vivir de prestado, confiando en el endeudamiento sistemático como tabla de salvación para sostener reservas y cumplir con exigencias externas.

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia y Luis Caputo al Ministerio de Economía, la deuda pública argentina se incrementó en más de USD 35.463 millones, según datos del Instituto de Análisis de Gobierno (IAG). Este aumento refleja una estrategia oficial centrada en endeudarse para cumplir con metas del FMI, a costa de comprometer aún más la estabilidad financiera del país.

El aumento incluye tanto deuda en moneda extranjera como en pesos. A mayo de 2025, el stock de deuda bruta nacional ascendió a USD 461.019 millones, sin contar mecanismos adicionales implementados para engrosar reservas como: emisiones de deuda en dólares por hasta USD 1.000 millones mensuales, un nuevo REPO con bancos extranjeros por USD 2.000 millones, y la reactivación del BOPREAL, todo lo cual supone aún más deuda.

Más deuda para cumplir con el FMI

El nuevo programa con el FMI implicó una suba en los compromisos de pago por USD 17.000 millones adicionales respecto al acuerdo de 2022, según explicó el investigador Hernán Herrera. La baja en el stock de deuda registrada entre abril y mayo fue solo aparente: se trató del pago de Letras Intransferibles al BCRA, lo que cambió deuda intraestatal por deuda con el FMI, mucho más exigente en términos de soberanía y condiciones.

En el último año, la deuda bruta en situación de pago normal creció USD 25.273 millones, debido principalmente al aumento de deuda en pesos (equivalente a USD 25.105 millones), mientras que la deuda en dólares apenas bajó USD 90 millones, según estimaciones privadas.

El riesgo detrás de la estrategia

Aunque algunos indicadores de deuda sobre PBI y reservas mejoraron levemente (por ejemplo, la deuda como porcentaje del PBI bajó del 100% al 70%), esto se logró mediante ingresos de divisas del FMI que inflaron artificialmente las reservas. De hecho, la deuda en moneda extranjera llegó a superar el 1.100% del nivel de reservas antes de caer a menos de 700%, aún una cifra alarmante.

El intento de reforzar reservas mediante licitaciones en dólares y flexibilización de restricciones a inversores externos tiene un costo elevado: más deuda, y mayor exposición a flujos volátiles de capital. A ello se suma un nuevo REPO de USD 2.000 millones con siete bancos internacionales, y la emisión de bonos en pesos suscribibles en dólares.

El aval del FMI y un déjà vu con el pasado

El FMI celebró estas medidas, calificándolas como “importantes avances” para la desinflación y la reconstrucción de reservas. Sin embargo, lo que desde Washington se aplaude, en Argentina revive recuerdos del pasado. La estrategia de Caputo hoy remite a su propio rol durante el gobierno de Mauricio Macri: en ambos casos, se recurrió al FMI para sostener reservas, sin controles de capital firmes y con mayor exposición al endeudamiento.

Antes del nuevo acuerdo con el FMI, el cronograma de pagos para los próximos 10 años era de USD 55.363 millones. Con el nuevo programa, la cifra asciende a USD 72.487 millones, incluyendo pagos por capital, intereses y sobrecargos, con vencimientos especialmente abultados desde 2028.

El gobierno de Milei ha decidido vivir de prestado, confiando en el endeudamiento como tabla de salvación para sostener reservas y cumplir con exigencias externas. Pero esta política, lejos de resolver los desequilibrios de fondo, profundiza la dependencia financiera y posterga soluciones estructurales, al tiempo que Argentina se hunde en un espiral de deuda que amenaza su futuro económico constituyendo una pesada herencia para gobiernos futuros y para el país en su conjunto.

Bajo el título “Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos”, el PJ bonaerense acusó al presidente Javier Milei de abandonar a los damnificados y de priorizar una agenda ajena a las necesidades del pueblo.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires lanzó un contundente comunicado en repudio al veto presidencial a la ley que declaraba zona de emergencia y catástrofe a Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectadas por las inundaciones de marzo pasado. Bajo el título “Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos”, el PJ bonaerense acusó al presidente Javier Milei de abandonar a los damnificados y de priorizar su alineamiento con agendas internacionales ajenas a la realidad nacional y las necesidades del pueblo.

La crítica se desató luego de que Milei vetara la Ley 27.790, aprobada con una amplia mayoría en el Congreso (153 votos a favor y solo 32 en contra, todos de La Libertad Avanza), que preveía la creación de un fondo de emergencia de $200.000 millones para asistir a las zonas afectadas por el temporal.

El Ejecutivo justificó el veto a través del Decreto 424/2025 —publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado también por Guillermo Francos y Patricia Bullrich— argumentando que ya se habían tomado medidas similares mediante el Decreto 238/25, que habilitó un fondo de asistencia y el pago del “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”. Según el gobierno, más del 85% de los beneficiarios ya recibieron ese subsidio.

Sin embargo, el PJ bonaerense respondió con dureza. Señalaron que el nuevo proyecto contemplaba también créditos para reconstrucción de viviendas y edificios públicos, y que el veto presidencial “deja a miles de vecinos sin la asistencia que necesitan para recomponerse de una tragedia”.

“El fondo especial vetado por Milei y sus secuaces estaba destinado a reparar los daños que dejó una catástrofe. Pero una vez más, el gobierno nacional elige mirar para otro lado cuando se trata de asistir a los sectores más vulnerables”, sentenciaron desde el peronismo bonaerense.

Además, cuestionaron los argumentos técnicos del gobierno para excluir a Coronel Rosales de la ayuda: “Según ellos, como el Servicio Meteorológico Nacional indicó que Bahía Blanca fue la más afectada, los otros municipios quedan fuera. Una lógica perversa que desconoce la dimensión humana de una catástrofe”, expresaron.

El comunicado culmina con un mensaje especialmente crítico hacia el ministro de Economía, Luis Caputo:
“La ayuda por una emergencia es un gasto para el gobierno nacional, no sorprende. Avanzan con la gente afuera. El mismo día que el endeudador de Caputo se alista para recibir al FMI con sus mejores galas, Milei le niega a los bonaerenses la asistencia necesaria para reconstruir sus vidas”.

Se cae otra mentira del gobierno de Javier Milei que se cansó de repetir que todos los empleados públicos son “vagos”, que “no trabajan” o “no están formados” para su trabajo. Una evaluación realizada a casi 50 mil trabajadores estatales desmiente la narrativa libertaria.

Según datos oficiales, ya se tomaron 45.889 evaluaciones generales, de las cuales se aprobaron 43.047 y solo 2.842 no alcanzaron el puntaje mínimo requerido. Es un nivel de aprobación del 94%. ¿Y ahora?

Aprobar la “Evaluación General de Conocimientos y Competencias”, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, es un requisito obligatorio para poder trabajar en la Administración Pública Nacional.

El líder del Frente Renovador reunió a su tropa en la antesala del armado electoral y lanzó señales unitarias. Pidió evitar mezquindades y advirtió sobre la necesidad de construir una estrategia sólida para enfrentar a Milei.

En un gesto que combinó respaldo, presión y advertencia, Sergio Massa reunió a los principales dirigentes del Frente Renovador para delinear su estrategia electoral y marcar su posición en la interna del peronismo. A pocas horas de que el PJ defina su hoja de ruta, el excandidato presidencial buscó condicionar el armado con un mensaje claro: “La unidad se construye con generosidad”.

Massa, principal socio político de Axel Kicillof en la Provincia, no evitó el pase de facturas. Reconoció que es “lógico” que el gobernador quiera liderar la campaña, pero cuestionó la falta de amplitud en el armado. Según trascendió del encuentro, el tigrense espera que sea el propio Kicillof quien proponga a los principales candidatos, aunque puso en duda que “tengan tamaño político” para afrontar una elección “doblemente nacionalizada”.

“El dilema es peronismo o Milei”, simplificó Massa ante sus dirigentes, trazando el eje que buscará instalar en la campaña. En el mismo tono, exigió ordenar el frente electoral desde lo legal y lo político: evitar impugnaciones, incorporar a todos los sectores y construir una junta electoral que evite el caos que generaría una interna sin PASO.

La convocatoria reunió a más de 230 concejales bonaerenses, 7 diputados nacionales del FR, 11 legisladores provinciales y 15 intendentes. También participaron dirigentes de peso en la estructura del massismo como Sebastián Galmarini, Micaela Ferraro y Martín Marinucci.

En el cierre, Massa pidió preparar propuestas concretas sobre empleo, seguridad y producción, y fue categórico: “El peronismo será digital o no será”. La frase resume su apuesta por aggiornar la militancia y al mismo tiempo ordenar el juego político: menos rosca, más estrategia. Y, sobre todo, menos egos.

Sin respuestas oficiales y frente a salarios por debajo de la línea de pobreza, los trabajadores del principal hospital pediátrico del país realizan una nueva medida de fuerza. Acusan al Gobierno de Milei de mentir y buscar el vaciamiento del sistema de salud.

El personal del Hospital Garrahan inició este miércoles un nuevo paro general en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a lo que consideran un “plan deliberado de desmantelamiento” del sistema público de salud por parte del gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza comenzó a las 7 de la mañana y fue acompañada por un festival solidario que se extenderá hasta las 22. “Es una respuesta a la guerra que el Gobierno está emprendiendo contra el principal hospital pediátrico del país”, señaló Alejandro Lipcovich, delegado de ATE y secretario general de la Junta Interna.

El reclamo central es que el salario básico ascienda a $1.800.000, monto que, según los trabajadores, apenas cubre las necesidades mínimas ante la pérdida del poder adquisitivo. “Nos quieren hacer creer que un salario de $380.000 es digno, cuando no alcanza ni para la canasta básica”, denunció Lipcovich.

Desde ATE también desmintieron las afirmaciones de funcionarios que aseguraron que la mayoría del personal del hospital es administrativo: “Representan apenas el 10% del total, y los datos son oficiales”, remarcaron.

Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE Garrahan, advirtió que el conflicto se profundizará: “El plan de lucha sigue. Esto no es solo por salario: es por la defensa del hospital y del sistema público. El gobierno quiere vaciar el Garrahan, pero se encuentra con una resistencia que crece cada día”.

La protesta suma respaldo social y visibiliza las consecuencias del ajuste aplicado sobre uno de los sectores más sensibles: la salud infantil. Mientras el presidente Milei insiste con el recorte del gasto público como “único camino posible”, trabajadores esenciales denuncian abandono y falta de interlocución real con las autoridades.

El riesgo país es un indicador de la multinacional financiera de Morgan Stanley que define cuán riesgoso es el país para los mercados financieros y el endeudamiento. Cuanto más alto riesgo país, más cara es la deuda que un país puede tomar. De allí que Javier Milei esperaba una cifra por debajo de 450 puntos, pero sigue en 700. ¿El mercado financiero ve que el modelo de Luis Caputo no funciona?

El modelo libertario se basa básicamente en el endeudamiento porque no genera dólares genuinos gracias a las exportaciones mientras suben las importaciones y crece el turismo en el exterior. Sin deuda, habrá colapso.

Los mercados saben con claridad que la estrategia oficial de un dólar a 1000 pesos es insostenible, como se vio en los últimos días cuando la divisa norteamericana empezó a moverse al alza. ¿Todos descuentan que habrá una devaluación luego de las elecciones?

El joven de 21 años que fue baleado durante un operativo encubierto en noviembre de 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri y en pleno mandato de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad.

La Justicia confirmó las penas máximas para los gendarmes Gastón Ramón Riva, Pablo Damián Domínguez, Maximiliano Rubén Echegaray, Lucas Matías Martínez y Federico Gabriel Velázquez , sentenciados en diciembre de 2023 por su participación en el asesinato de Rafael Nahuel , ocurrido durante un operativo policial ilegal en el marco del desalojo del predio Benetton en Bariloche.

El hecho tuvo lugar el 25 de noviembre de 2017 , durante una violenta represión contra una comunidad mapuche que ocupaba tierras reclamadas históricamente. Nahuel murió tras recibir un disparo en el pecho , mientras se encontraba en un sendero entre árboles, sin armas ni indicios de enfrentamiento directo.

“Con esta confirmación judicial, se hace justicia después de más de seis años de lucha”, expresó Sofía Yáñez , abogada de la familia Nahuel.

Durante todo el proceso, la familia denunció obstaculización por parte del Estado , incluyendo demoras en la entrega de información, falta de acceso a pruebas clave y hostigamiento mediático contra sus representantes.

El caso también puso en evidencia la política de criminalización de la protesta social impulsada por el gobierno de Cambiemos , liderado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich , quienes durante esos años promovieron una agenda de seguridad dura, militarización de conflictos sociales y limitación de derechos.

Aunque el tribunal rechazó otros cargos como asociación ilícita o formación de un grupo parapolicial, la confirmación de las condenas es considerada un hito en la lucha contra la impunidad estatal.

La madre de Rafael, María del Carmen Ledesma , afirmó: “Por fin se reconoció que mi hijo no murió por casualidad, sino por un crimen de Estado”.

La muerte de Rafael Nahuel sigue siendo un capítulo trágico y simbólico de cómo ciertas políticas de seguridad terminan costando vidas inocentes. Ahora, la Justicia dio un paso adelante. La memoria sigue exigiendo verdad y justicia.

Sin respuesta aún por parte de la gestión de Javier Milei, trabajadores y residentes del reconocido centro de salud volverán a frenar sus actividades.

Los trabajadores del Hospital Garrahan llevarán a cabo un nuevo paro este miércoles 25 de junio a partir de las 7 de la mañana. La protesta tiene como objetivo principal exigir mejoras salariales al gobierno de Javier Milei, cuya principal demanda apunta a que el sueldo básico ascienda a $1.800.000.

Además de la huelga, los trabajadores han organizado un festival con fines benéficos para visibilizar su situación y recaudar apoyo: “Desde las 9 hasta las 22 con estos artistas solidarios y más también”, reza la invitación lanzada a través de Instagram por Alejandro Lipcovich, delegado de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) en el Hospital Garrahan y Secretario General de la Junta Interna del mismo hospital.

En torno a la medida de fuerza de este miércoles, Lipcovich sostuvo: “Es una respuesta a la guerra que el Gobierno está emprendiendo contra el principal hospital pediátrico del país, las barbaridades que vienen diciendo sus funcionarios, incluidas flagrantes mentiras”.

En esa dirección, recalcó: “Dijeron que el personal administrativo es mayoría, cuando representa solo al 10% del total, según las estadísticas oficiales de una institución que está controlada en su gestión por el gobierno desde diciembre de 2023″.

Seguidamente, continuó su crítica hacia Javier Milei y su gestión, señalando “la aberración de que un salario superior a los $380.000 superaría la línea de pobreza” y el planteamiento de “que las residencias deberían ser sin salario” como un completo error, ya que eso “desmantelaría por completo el sistema público de salud”.

Por su parte, Gerardo Oroz -secretario adjunto de ATE Garrahan- manifestó: “Nuestro pedido de un salario inicial de $1.800.000 es equivalente a la defensa del hospital. Por eso, el plan de lucha se profundizará. Exigimos que cesen las maniobras dilatorias y se concrete una propuesta concreta por parte del gobierno y las autoridades”.

Y cerró asegurando que el plan libertario es “vaciar el Garrahan y desmantelar al sistema de salud, pero se están encontrando un gran obstáculo” que es “la pelea de sus trabajadores por salario y condiciones de trabajo logró un apoyo sin precedentes”.