Las respuestas ambiguas del diputado en una entrevista televisiva, donde evitó confirmar o desmentir si recibió 200.000 dólares de un fideicomiso ligado a Machado, dejaron más dudas que certezas y despertaron un fuerte malestar dentro de La Libertad Avanza (LLA).

La polémica en torno a José Luis Espert y sus presuntos vínculos con el financista Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico, sigue generando tensiones dentro del oficialismo. Las respuestas ambiguas del diputado en una entrevista televisiva, donde evitó confirmar o desmentir si recibió 200.000 dólares de un fideicomiso ligado a Machado, dejaron más dudas que certezas y despertaron un fuerte malestar en La Libertad Avanza (LLA).

La ministra de Seguridad y primera candidata en la Ciudad, Patricia Bullrich, tomó distancia de su aliado y no dudó en exigirle mayor transparencia: “Espert tiene que volver a los medios y contestar claro. Cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas”, advirtió.

“Espert tiene que volver a hablar y contestar claro”

Bullrich está DESESPERADA por despegarse porque Espert la está hundiendo en las encuestas. pic.twitter.com/lnxZhY8agt

— Marian Herrera (@marianherrrera) October 2, 2025

Si bien Bullrich intentó matizar señalando que en 2019, cuando Espert fue candidato a Presidente, “podría no haber sabido” de los vínculos ilegales de Machado, también cuestionó su actitud frente a las cámaras: “Tuvo una posición cerrada de no decir exactamente las cosas que sucedieron”.

El malestar en el Gobierno no solo radica en la opacidad de las explicaciones de Espert, sino también en la necesidad de blindar al Presidente frente a un escándalo que la oposición ya busca capitalizar. “Cada uno tiene que hacer su aporte, no puede ser que sea el Presidente el que tenga que hablar del candidato a diputado. Somos nosotros los que tenemos que trabajar sobre esto”, subrayó Bullrich.

La candidata insistió en que LLA tiene “una vara muy alta” frente a la sociedad y que sus dirigentes no pueden permitirse zonas grises en temas vinculados al narcotráfico: “José Luis tiene que volver y ser claro. Es lo que yo pienso”.

Mientras Espert sigue dando evasivas, la incomodidad puertas adentro es cada vez más notoria. El traspié de Espert lo dejó expuesto y reavivó las dudas sobre su rol en el espacio oficialista en plena campaña.

La ministra de Seguridad se despegó de su aliado en LLA y lo obligó a responder por las denuncias que lo vinculan con el financista narco, poniendo en evidencia la crisis interna dentro del Gobierno.

El escándalo por los nexos entre José Luis Espert y Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, estalló dentro de La Libertad Avanza y dejó expuesto al diputado bonaerense. La propia ministra de Seguridad y candidata oficialista, Patricia Bullrich, rompió el silencio y le exigió que aclare de inmediato su relación con el financista señalado por la justicia de Estados Unidos.

En diálogo con Radio La Red, Bullrich se desmarcó de su aliado político y fue tajante: “Nosotros que combatimos el narco con todo no podemos aceptar conductas de personas aliadas al narco. Hay que aclararlo ya”. Sus palabras pusieron contra las cuerdas a Espert, justo cuando enfrenta la denuncia judicial presentada por Juan Grabois que lo vincula directamente con aportes de Machado.

El malestar en LLA creció todavía más luego de que se confirmara que Espert viajó en el avión privado de Machado e incluso lo agradeció públicamente en 2019 por financiar uno de sus actos políticos. A esto se suman las revelaciones de fiscales de Texas que rastrearon una transferencia por 200 mil dólares de Machado y su socia al entorno del economista, lo que deja sin sustento su victimización mediática.

Pese a la gravedad de las acusaciones, Espert se limitó a hablar de “campaña sucia”, apelando a un libreto repetido que poco convence. Sin embargo, la comparación con casos anteriores, como el de Enrique Olivera o Patricia Bullrich en 2017, no logró ocultar la diferencia sustancial: en esta oportunidad existen pruebas documentadas y testimonios que lo comprometen seriamente.

El pedido de Bullrich deja en evidencia las tensiones internas del oficialismo y la fragilidad de Espert, cuya figura queda cada vez más atada a un escándalo de financiamiento narco. La pregunta que queda flotando es si Milei y La Libertad Avanza seguirán blindando a un candidato señalado por recibir dinero del crimen organizado o si finalmente reconocerán que en sus filas hay algo más que “campaña sucia”.

El Archivo Provincial de la Memoria impulsa junto a un equipo interdisciplinario un proyecto que recupera relatos y experiencias de comunidades originarias en esa provincia del Noroeste.

El Archivo Provincial de la Memoria de Salta, junto a un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Salta, desarrolla el proyecto “Memorias en Vuelo”, una investigación que busca rescatar las voces y experiencias de las comunidades originarias durante los años 60 y 80, atravesados por la violencia política y el Terrorismo de Estado.

La iniciativa, integrada por Julio Flores, Carla Isella y Evelyn Zerpa, con el acompañamiento de la directora del Archivo, Alba Fernández, y el realizador audiovisual Facundo Hessling, apunta a producir materiales sonoros que amplíen el abanico de narrativas históricas en torno a la última dictadura.

El equipo sostiene que la represión de aquellos años no puede limitarse a la definición tradicional de “cívica, militar, eclesiástica y patriarcal”, sino que también debe reconocerse como racista, en tanto profundizó la larga historia de violencias sobre los pueblos indígenas desde la colonización.

“Las investigaciones en las Ciencias Sociales están al servicio del presente, desde nuevos enfoques y preguntas que estimulan el compromiso con el respeto a la Democracia, los Derechos Humanos y la No Repetición de los Crímenes de Lesa Humanidad”, remarcó Fernández.

El proyecto abre un nuevo capítulo en la disputa por la memoria: el de pensar a la Dictadura no solo como un plan económico y represivo contra la clase trabajadora y las organizaciones políticas, sino también como parte de una continuidad histórica de racismo estructural que buscó silenciar a los pueblos originarios.

La crisis económica y la caída del consumo en Argentina están provocando un efecto dominó en el sector empresarial: cada vez más compañías internacionales deciden abandonar el país. El último caso es el de Burger King, que tras 36 años de presencia ininterrumpida anunció la venta de su operación local, lo que pone en riesgo 4.500 puestos de trabajo.

La decisión de la cadena de hamburguesas se suma a la de Carrefour, que meses atrás confirmó su salida para concentrarse en otros mercados más rentables, y a la de la automotriz Mercedes-Benz, que también resolvió reducir o cesar sus operaciones en el país tras décadas de presencia.

Burger King: 36 años de historia en duda

La empresa, que cuenta con más de 110 locales en todo el país, informó que el banco BBVA está negociando con posibles compradores para garantizar la continuidad de la marca y de los empleos. Entre los interesados aparece Inverlat, fondo que ya controla KFC y Wendy’s en Argentina.

Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto. Si no se concreta la venta, la salida definitiva de la cadena abriría un escenario de despidos masivos.

Razones detrás de la retirada

Aunque el grupo mexicano Alsea —operador de Burger King en Argentina— explicó que la venta forma parte de una reestructuración regional, en el caso argentino existen factores específicos que aceleraron la decisión:

• Caída del consumo masivo por la recesión y la pérdida del poder adquisitivo.
• Inflación y suba de tarifas, que golpearon especialmente a los sectores medios y populares, principales clientes de las cadenas de comida rápida.
• Competencia creciente, tanto de Mostaza —que desplazó a Burger King del segundo lugar en el mercado— como de hamburgueserías gourmet y artesanales que captaron al público joven.

Un patrón que preocupa

El retiro de Burger King no es un hecho aislado. La salida de Carrefour y el repliegue de Mercedes-Benz confirman un escenario complejo para las multinacionales en Argentina, donde la inestabilidad macroeconómica, la inflación crónica y la recesión desalientan la inversión de largo plazo.

El impacto no solo es económico, sino también laboral y social, ya que miles de trabajadores y sus familias ven comprometido su futuro ante la retirada de estas compañías.

El exconcejal rosarino y dirigente del partido UNITE, José Bonacci, quien fuera armador político de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, rompió el silencio y lanzó fuertes acusaciones sobre el financiamiento de aquella elección.

Consultado por los presuntos vínculos del actual diputado con el narcotraficante Federico “Fred” Machado —investigado por una transferencia de 200 mil dólares a la campaña—, Bonacci se desligó de toda relación con el empresario y apuntó directamente contra Nazareno Etchepare, a quien señaló como responsable de la reunión con Machado y del manejo de los aportes privados.

«Yo nunca participé de ningún encuentro con Machado. Nuestra tarea fue estrictamente política, usamos los recursos estatales destinados a la impresión y distribución de boletas. Pero cuando empezamos a transitar las candidaturas, lo que percibimos fue un grado de desesperación por conseguir plata para la campaña», declaró Bonacci.

El dirigente fue categórico al afirmar que «si existieron aportes privados, fueron por fuera de la lógica legal». Y agregó: «Ese famoso avión de Machado, que se usó en la campaña, jamás se declaró. Espert debía haber registrado los aportes de promoción de candidato, pero no lo hizo. Fueron muy desprolijos».

En su testimonio, Bonacci describió un clima marcado por la búsqueda frenética de financiamiento:

«Estaban desesperados por ver una moneda. Ante eso, nosotros nos concentramos en lo político y en los aportes estatales, porque no queríamos cometer los mismos errores de los liberales: sentarse con cualquiera, sin importar de dónde venía el dinero».

Finalmente, trazó un diagnóstico más amplio sobre la lógica que, según él, domina en ciertos espacios libertarios: «Cuando no hay cuadros políticos ni militancia real, todo termina monetizándose. Lo vi en campaña: dirigentes que no buscaban transformar nada, sino asegurarse una moneda o un cargo. Esa es la política que hacen muchos de los liberales».

El Congreso y Plaza de Mayo son escenario este miércoles de diversas protestas contra el Gobierno libertario por sus vetos.

En lo que se espera otra jornada de tensión para el Gobierno de Javier Milei, este miércoles se llevan a cabo diferentes movilizaciones contra el ajuste libertario, encabezadas por jubilados, organizaciones sociales y personas con discapacidad y familiares.

Por un lado, organizaciones de jubilados y pensionados, con el apoyo de centrales obreras, han convocado a una nueva movilización este miércoles a las 16 horas frente al Congreso. La protesta se realiza en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno y, específicamente, contra el veto presidencial a la ley que disponía aumentos para el sector previsional.

La CTA Autónoma, liderada por Hugo Godoy, hizo un llamado a la acción a través de sus redes sociales: “Por nuestros derechos, contra la represión y en defensa de la democracia, levantamos la voz: ¡No votemos a Milei! Este miércoles 1 a las 15 nos encontramos en la puerta del Cine Gaumont junto a la Multisectorial en Defensa de la Seguridad Social”.

Un rato antes, el mismo miércoles desde las 11 horas, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a movilizarse a Plaza de Mayo para exigir la inmediata aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo pero postergada en su ejecución.

“La postergación de esta ley constituye una grave vulneración de derechos y un debilitamiento de nuestra democracia. Una norma votada y aprobada por el Congreso debe cumplirse: los derechos no pueden quedar a discreción del Gobierno“, lamentaron desde el Foro.

Las movilizaciones ocurre a menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En un intento de mitigar el descontento, el Gobierno anunció en las últimas horas un programa de descuentos exclusivos para jubilados y pensionados.

Este programa, implementado por el Ministerio de Capital Humano a través de la ANSeS, ofrece beneficios en unos 7.000 comercios adheridos, incluyendo los principales supermercados del país. Los descuentos incluyen un 10% sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos casos, un 20% en perfumería y limpieza. Sin embargo, las organizaciones sociales mantienen la protesta, priorizando el rechazo al veto de la ley de aumentos.

La venta de combustibles registró una marcada caída en agosto, reflejando el impacto de la crisis económica en el consumo local y en la producción.

Según datos de la Secretaría de Energía procesados por la consultora Politikón Chaco, las estaciones de servicio despacharon 1.420.350 metros cúbicos, cifra que muestra un retroceso del 3% respecto de julio y evidencia un estancamiento en comparación con agosto de 2024, cuando apenas se observó un aumento interanual del 0,4%.

El escenario revela un consumo debilitado: mantener un vehículo se ha vuelto cada vez más difícil en la Argentina de La Libertad Avanza, lo que obliga a las familias a reducir o postergar visitas a las estaciones de servicio.

En la comparación interanual, 16 jurisdicciones del país sufrieron caídas en sus ventas, mientras que solo ocho registraron aumentos. Los mayores retrocesos se dieron en CABA (-11,7%), Misiones (-10,6%) y Santa Cruz (-6,5%), en tanto que Santiago del Estero (+10,6%), Buenos Aires (+7%) y San Juan (+6,8%) lograron cerrar en alza.

Por tipo de combustible, las naftas crecieron un 3% interanual, mientras que el gasoil cayó un 2,7%, con un fuerte contraste entre el gasoil premium (+10%) y el común (-9%).

En cuanto al mercado, YPF lideró con el 55,1% de participación, con un crecimiento anual del 4,9%. Shell quedó segunda con 22,6%, aunque sufrió una baja del 7,6%.

Desde el sector, los expendedores nucleados en Expendedores Unidos advirtieron que la actividad enfrenta una “severa crisis de rentabilidad”, marcada por la suba de costos operativos, administrativos, sindicales e impositivos, sin recuperación de la demanda. El comunicado alertó además que este panorama pone en riesgo la sustentabilidad de las estaciones de servicio en todo el país.

El escándalo por los presuntos vínculos entre el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, y el empresario acusado de narcotráfico y lavado de activos, Federico “Fred” Machado, sigue sumando declaraciones polémicas en torno al candidato libertario.

Clara Montero Barré, ex armadora de la campaña presidencial de Espert en 2019, rompió el silencio desde Qatar y aseguró que el economista libertario se enriqueció tras su acercamiento con Machado. “En todo el proceso de campaña cambió su nivel de vida drásticamente, desde que Fred empezó a darle plata. Claramente Espert se la estaba quedando para él”, denunció en diálogo con el medio PERFIL.

Montero Barré, que se desempeñó como jefa de prensa y buscadora de aportantes durante esa campaña, fue categórica: “Espert no me gustó de entrada. Me parece un mercenario. Duré dos meses en la campaña y renuncié después de las PASO, pero lo debería haber hecho antes”.

La ex colaboradora afirmó que las revelaciones del periodista Marcelo Longobardi sobre la trama Machado son ciertas y que ella misma intentó coordinar un encuentro en Nueva York, aunque nunca se concretó. Además, respaldó los dichos de la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien en 2023 ya había denunciado irregularidades en la campaña de Espert: “Se quedaron con plata de campaña y tuvieron problemas con narcos”, había declarado la legisladora.

Estas nuevas acusaciones golpean de lleno la figura de Espert dentro de La Libertad Avanza, donde ya circulan voces que reclaman su renuncia. La denuncia de Montero Barré no solo agrava su situación judicial y política, sino que también reaviva tensiones internas en el espacio oficialista.

La crisis cambiaria volvió a sacudir a la economía argentina. Este martes, mientras el Gobierno celebraba en redes el anuncio de la Casa Blanca sobre el próximo encuentro entre Javier Milei y Donald Trump, los mercados mostraron otra cara: todas las cotizaciones del dólar treparon con fuerza. El oficial cerró en $1.400, el blue en $1.445, el MEP en $1.476 y el contado con liquidación en $1.514. El movimiento intradiario fue todavía más brusco: al mediodía el minorista rozó los $1.465, un salto del 6% en pocas horas, para luego caer hasta $1.365 tras la aparición de fuertes órdenes de venta que el mercado atribuyó a la mano del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Esa intervención le costó al Banco Central USD 748 millones en reservas. Hay plata para la timba financiera.

En paralelo, la decisión de Cocos de suspender la venta de dólares oficiales —tras una orden directa de su banco proveedor— alimentó la percepción de un “cepo de facto” impuesto a las billeteras virtuales. La noticia corrió rápido y dejó en evidencia que el Gobierno libertario, pese a su prédica de libre mercado, está echando mano a restricciones cada vez más severas para contener la tensión cambiaria.

El impacto financiero no se hizo esperar: el riesgo país saltó 7,9% y se ubicó en 1.204 puntos básicos, el nivel más alto en meses. La promesa de Caputo era clara: con el anuncio de un rescate del Tesoro, el índice debía desplomarse hasta la zona de los 400 puntos, allanando el regreso de la Argentina a los mercados internacionales y el acceso a los USD 14 mil millones necesarios para afrontar los vencimientos de 2026. No pasó: los mercados financieros saben que la bomba de deuda que generó Caputo no tiene sustentabilidad.

El contraste entre lo que dice el gobierno y la realidad es brutal: mientras la narrativa oficial busca sostener la imagen de éxito político (el gobierno habla de “milagro”), la economía envía señales de agotamiento que difícilmente puedan disimularse. El tiempo empieza a terminarse.

El gobierno libertario volvió a intervenir en el mercado cambiario, esta vez de manera indirecta: el Banco Central ordenó a los bancos que operan con billeteras digitales suspender la venta de dólar oficial. La medida impactó de inmediato en plataformas como Cocos, Mercado Pago y Ualá, que debieron interrumpir el servicio.

La primera en dar la noticia fue Cocos. Su CEO, Ariel Sbdar —quien en su momento se mostró como un entusiasta del proyecto de Javier Milei— reveló en la red X lo ocurrido cuando un usuario le consultó por la operatoria: “Nos pidieron apagar”, fue la escueta respuesta que terminó confirmando la restricción. Hasta ayer, Sbdar era uno de los emprendedores que defendía los avances de la libertad. Otros tiempos.

Horas más tarde, la empresa emitió un comunicado en el que precisó: “A las 12.30, el banco proveedor solicitó a Cocos cortar el servicio de operatoria de dólar oficial, el cual permanecerá suspendido hasta nuevo aviso. No se ha informado el motivo de dicha solicitud”.

La decisión llega en un contexto de fuerte presión cambiaria por un esquema económico que solo se basa en deuda y especulación. Ese esquema no cierra y el propio mercado financiero lo sabe. El apoyo de Estados Unidos solo se redujo a tuits y reuniones pero no a plata. El modelo así como está no cierra. Y todos los saben.