Con esta decisión, el máximo tribunal electoral evitó un desembolso de miles de millones de pesos que hubiera implicado volver a imprimir y distribuir todo el material electoral en el distrito más grande del país.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió rechazar la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, luego del pedido surgido tras el narcoescándalo que involucra al economista José Luis Espert. Con esta decisión, el máximo tribunal electoral evitó un desembolso de miles de millones de pesos que hubiera implicado volver a imprimir y distribuir todo el material electoral en el distrito más grande del país.

En su fallo, emitido este lunes, la CNE fue categórica: “En esta etapa del proceso electoral, resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel de Buenos Aires”. De esta manera, la imagen de Espert continuará apareciendo en las boletas de La Libertad Avanza (LLA), pese a los intentos desesperados de sectores que buscaban retirarla tras su incorporación al oficialismo.

El tribunal recordó que el proceso de diseño, aprobación e impresión de las BUP está estrictamente regulado por el Código Electoral Nacional, y que los plazos ya se encontraban “precluidos”, según informó la Junta Electoral Nacional del distrito bonaerense.

Un informe técnico del Correo Argentino fue determinante en la decisión: el organismo había fijado el 16 de octubre como fecha límite para iniciar la distribución del material electoral, y estimó que la reimpresión demandaría al menos cinco días. Con los plazos ya vencidos —el viernes 10 era la última fecha posible—, el pedido de reedición fue presentado fuera de término y sólo pudo ser tratado el domingo 12, tras la opinión del fiscal electoral.

La resolución de la CNE no solo marca un límite procedimental, sino que también impide un gasto multimillonario de recursos públicos en plena etapa electoral, reafirmando la vigencia de las normas y los plazos establecidos.

A más de un año del traslado de parte del oro argentino, el Banco Central impide que la Auditoría General de la Nación verifique su ubicación y destino.

El 2 de septiembre de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que había completado “exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas”. En ese momento, la entidad aseguró que la Auditoría General de la Nación (AGN) contaba con toda la información necesaria para revisar la operación.

Sin embargo, más de un año después, la AGN denuncia que el BCRA no solo omitió entregar los datos solicitados —como la ubicación física del oro, los costos de traslado o los rendimientos financieros—, sino que directamente obstaculizó el acceso al material. Según los auditores, el Banco negó copias, fotografías y hasta la posibilidad de tomar notas durante las inspecciones.

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, expuso ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas que “el proceso de intercambio de notas se ha agotado” y advirtió que el organismo “no puede saber dónde está específicamente el oro” si la autoridad monetaria no coopera.

Fuentes internas de la AGN señalaron que el BCRA se ampara en la confidencialidad para justificar su silencio, pero que ofreció una alternativa inaceptable: permitir la revisión de registros únicamente desde computadoras del Banco, sin posibilidad de copiar, fotografiar o anotar información. Esa condición, sostienen, vuelve técnicamente inviable una auditoría seria.

La falta de transparencia incrementa las sospechas sobre la gestión del presidente del BCRA, Santiago Bausili, ya que circulan versiones que indican que parte del oro habría sido convertido en activos líquidos o redistribuido, sin que el Estado haya explicado dónde están los lingotes.

El conflicto ya llegó al Congreso. La Comisión Bicameral Revisora de Cuentas evalúa citar formalmente a Bausili e incluso iniciar acciones judiciales para forzar la entrega de la información. Además, advierten que las irregularidades no se limitan al oro: el Banco Central tampoco habría brindado datos completos sobre los bonos BOPREAL, otro punto bajo la lupa de los auditores.

La contracción del consumo se consolida como una tendencia persistente. En septiembre, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a registrar una baja, marcando el sexto mes consecutivo de retroceso, según el último informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En un escenario signado por bolsillos ajustados, incertidumbre cambiaria y pérdida de poder adquisitivo, el sector pyme enfrenta crecientes dificultades para sostener sus niveles de actividad. El relevamiento —realizado entre más de 1.100 comercios de todo el país— muestra que en septiembre las ventas, medidas a precios constantes, cayeron 4,2% interanual y 2% frente a agosto. El último registro positivo data de marzo de 2025, cuando se había observado una mínima suba del 0,1%.

Desde CAME señalaron que “septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes”, atribuido a la debilidad del consumo interno, la incertidumbre económica y política, y la falta de estímulos comerciales. A esto se suma el endeudamiento de los hogares y la erosión del ingreso real, que sigue limitando la capacidad de compra de los consumidores.

El pesimismo se refleja también en las expectativas empresarias: seis de cada diez pymes consideran que no es momento para invertir, y más de la mitad proyecta que 2026 será igual o peor que el año actual.

Caídas en todos los rubros, con pocos sectores a salvo

El deterioro del consumo impactó en la mayoría de los rubros relevados por CAME, con descensos generalizados que consolidan una tendencia negativa.

• Alimentos y bebidas: retrocedió 3,1% interanual, afectado por el aumento de costos operativos y la pérdida del poder adquisitivo. Las promociones y descuentos apenas lograron amortiguar la baja.
• Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles: fue uno de los sectores más golpeados, con una caída del 6,2% interanual. El encarecimiento del financiamiento y la postergación de compras mayores marcaron el pulso del mes.
• Calzado y marroquinería: descendió 4,3% interanual. El crédito limitado y la baja disponibilidad de efectivo redujeron la demanda, concentrada en ofertas y liquidaciones.
• Farmacia: registró una baja del 1,4%, afectada por la suba sostenida de precios de medicamentos y la menor cobertura de obras sociales y prepagas.
• Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción: cayó 0,5% interanual. La incertidumbre económica y las tasas de interés altas limitaron la demanda de obras menores.
• Perfumería: mostró una leve mejora mensual (+1,4%) gracias al inicio de la temporada alta, aunque el balance interanual siguió siendo negativo (-6%).
• Textil e indumentaria: volvió a ser el rubro más castigado, con una fuerte caída del 10,9% interanual. El cambio de temporada, los precios altos y la competencia con importados acentuaron la retracción.

Una crisis que se prolonga

Con seis meses consecutivos de baja y sin señales de reactivación a corto plazo, la crisis del consumo se consolida como el principal desafío para el entramado pyme argentino. La caída sostenida en las ventas refleja no solo el impacto de la inflación y la incertidumbre macroeconómica, sino también un cambio en los hábitos de consumo y una creciente restricción en el poder de compra de los hogares.

Mientras tanto, el sector comercial transita el cierre del año con expectativas contenidas y la mirada puesta en un 2026 que, para muchos, podría profundizar el escenario recesivo actual.

El Nobel argentino criticó duramente a la dirigente opositora por “rendirle pleitesía” a Washington y cuestionó que haya pedido una invasión extranjera contra su propio país.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel envió una carta abierta a la venezolana María Corina Machado, reciente receptora de la misma distinción, en la que la acusa de ser “vocera de los intereses de los Estados Unidos” y de haber “traicionado el principio básico de soberanía de los pueblos latinoamericanos”.

El activista argentino, símbolo de los derechos humanos durante la dictadura, planteó un duro cuestionamiento ético y político a Machado, a quien reprochó haber pedido públicamente la intervención militar de Washington contra Venezuela. “¿Cómo podés hablar de paz si reclamás la invasión de tu propio país?”, escribió Pérez Esquivel, en una carta que también denuncia la “sumisión colonial de ciertas élites latinoamericanas” ante el poder norteamericano.

El Nobel recordó que “Estados Unidos no tiene amigos ni aliados, solo intereses” y advirtió que el continente aún paga las consecuencias de las dictaduras impuestas por la Casa Blanca durante la Guerra Fría. “Esas políticas destruyeron nuestras democracias, llenaron de desaparecidos y de exiliados a América Latina. ¿Cómo podés ahora pedirles que vuelvan?”, ironizó.

Pérez Esquivel defendió al gobierno venezolano como “una democracia con contradicciones, pero también con voluntad de soberanía”, y reivindicó la figura de Hugo Chávez como parte de “un proyecto emancipador que los poderosos del norte jamás toleraron”. Señaló además que las sanciones y bloqueos impulsados por Estados Unidos son “formas modernas de guerra” y que el acoso internacional a Caracas busca “sofocar la autodeterminación del pueblo venezolano”.

La carta fue leída en distintos espacios de derechos humanos de la región como una advertencia moral a quienes legitiman la intervención extranjera bajo el discurso de la democracia. “La paz no se construye con misiles ni con tutelas imperiales”, concluye Pérez Esquivel, en una frase que funciona tanto como reproche a Machado como diagnóstico de una época en la que, según el Nobel argentino, “algunos prefieren ser colonia antes que parte de una América Latina libre”.

Con una estrategia dilatoria y sin mayorías propias, el oficialismo apuesta a postergar el debate hasta diciembre mientras la oposición busca forzar la sanción antes del recambio parlamentario.

El tratamiento del Presupuesto 2026 se perfila como una larga maniobra de supervivencia política antes que un debate serio sobre las cuentas públicas. El Gobierno llevará el proyecto al Congreso sin consenso entre las comisiones clave y con la intención evidente de estirar los tiempos hasta que el nuevo mapa legislativo le resulte más favorable.

Lejos de promover una discusión sobre prioridades fiscales o inversiones estratégicas, el oficialismo busca ganar semanas. El texto ingresará al recinto sin dictamen unificado y con advertencias sobre posibles “modificaciones técnicas” de último momento, eufemismo que en la jerga parlamentaria suele anticipar enmiendas improvisadas para contentar aliados circunstanciales.

Desde la oposición denuncian que la Casa Rosada busca congelar la agenda presupuestaria para esquivar los costos de un ajuste que ya golpea a las provincias y amenaza con paralizar programas en salud, educación y obra pública. “No quieren discutir porque saben que el número no les cierra ni política ni socialmente”, admitió un referente de la bancada peronista.

En la práctica, el oficialismo apuesta a dilatar todo lo posible. Sin mayoría en Diputados y con un clima económico adverso, intenta reproducir la lógica que aplicó en otros proyectos sensibles: ganar tiempo, dosificar concesiones y trasladar el costo político al próximo Congreso. Mientras tanto, los gobernadores son nuevamente moneda de cambio en la negociación por partidas y transferencias.

Los bloques opositores, en cambio, ya diagramaron un cronograma propio para forzar el debate. Habrá seis reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda entre el 15 y el 29 de octubre, con la intención de emitir dictamen el 4 de noviembre y llevar el texto al recinto antes de fin de mes.

El oficialismo confía en que el calendario electoral opere como escudo. La oposición, que huele la debilidad del Gobierno, quiere que la rendición de cuentas llegue al recinto antes de diciembre, cuando cambie la composición de las cámaras. En el medio, el país espera un presupuesto que, una vez más, parece destinado a ser rehén de las urgencias políticas y no una hoja de ruta económica.

El gobierno libertario vuelve a quedar envuelto en una controversia, esta vez por la concesión de un nuevo préstamo irregular del Banco Nación a Marcos Patiño Brizuela, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Córdoba y socio del legislador Gabriel Bornoroni.

Según la denuncia, Patiño Brizuela habría recibido un crédito por $164 millones pese a no cumplir con los requisitos de antigüedad exigidos para la categoría de “contratado”, condición necesaria para acceder a ese tipo de financiamiento.
La operación fue aprobada en plena etapa preelectoral, lo que despertó sospechas de un posible financiamiento de campaña encubierto con la complicidad de funcionarios libertarios del Banco Nación.

El caso apunta directamente al presidente de la entidad, Daniel Tillard, quien ya había sido señalado en situaciones similares. En particular, por haber autorizado un préstamo de $225 millones a la diputada rionegrina Lorena Villaverde, también perteneciente al espacio libertario.
Villaverde cobró notoriedad recientemente por su presunta vinculación con el narcotráfico, escándalo que terminó forzando la renuncia de José Luis Espert a su candidatura nacional. La diputada mantiene, además, una causa por tráfico de drogas en Estados Unidos y vínculos con Claudio Ciccarelli, primo del empresario Fred Machado, involucrado en un episodio de violencia narco tras el ataque a una camioneta Jeep que había sido puesta a disposición de Espert.

Banco Nación: una caja política de La Libertad Avanza

No es la primera vez que el Banco Nación aparece en el centro de acusaciones de manejos irregulares. Meses atrás, la institución fue cuestionada por adjudicar una licitación de $400 millones a Tech Security S.R.L., empresa que contaba entre sus accionistas a los hermanos del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes se desprendieron de sus acciones poco antes de su asunción.

La nueva denuncia golpea de lleno la campaña de Patiño Brizuela y profundiza el desgaste de la narrativa “anticasta” que el oficialismo había convertido en bandera. Los reiterados casos de presuntos favores, nepotismo y corrupción comienzan a erosionar la credibilidad del discurso libertario.
Cabe recordar que Patiño Brizuela ya enfrenta una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Es una de las figuras más cercanas a Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza, busca renovar su banca por la Ciudad de Buenos Aires. Este fin de semana volvió al centro de la escena, cuando distintas cuentas difundieron antiguos tuits suyos en los que se leen frases provocadoras sobre la Argentina, el catolicismo y, sobre todo, la causa Malvinas.

El senador bonaerense del PRO, Marcelo Leguizamón, fue uno de los primeros en reaccionar al recuperar un mensaje de 2018 en el que Ajmechet le escribía a Mauricio Macri: “Nos hacés felices con poco, sacá el feriado del día de la Virgen y poné uno por el día de la democracia. De paso, ocupate del temita de la economía. Y estamos”. Muchos de esos tuits hoy aparecen eliminados o con la etiqueta de “página inexistente”, pero los registros de sus palabras permanecen.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Ajmechet eligió la estrategia que mejor domina: la victimización. “Me juzgan por cosas que escribí hace diez años”, dijo. Pero en aquel entonces tenía 35, no 15. Y nunca pidió perdón. No se retractó. No reflexionó. Solo buscó empatía mediática, apelando a la distancia del tiempo como si diez años bastaran para borrar una convicción ideológica.

Ahora mandaron a victimizarse a la basura humana y anti-Argentina de Ajmechet
"Me juzgan por unos tuits de hace 10 años"
Hija de puta, 35 años tenía ya. Dijiste que querés ser colonia, eliminar el Día de los Veteranos de Malvinas y que odiás la bandera Argentina pic.twitter.com/5jJuOg8oVs

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 13, 2025

Uno de sus mensajes más recordados, escrito en 2014, lo deja claro:

“Ojalá pronto el 2 de abril sea simplemente el 2 de abril, un día que la gente va a trabajar y los chicos al colegio.”

No fue una frase ingenua ni un exabrupto. Fue una declaración de principios. Lo que Ajmechet propone —y sigue sosteniendo al no retractarse— es un vaciamiento simbólico: borrar del calendario el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, despojar de sentido el duelo colectivo y relativizar la soberanía.

Infame traidora a la Patria pic.twitter.com/z1Sy9IbSoa

— 𝑭𝒆𝒓𝒏𝒂𝒏𝒅𝒐 (@ComodoroJN) October 12, 2025

Paradójicamente, Ajmechet se presenta como “doctora en historia”, pero su discurso niega la historia misma. Desconoce que la causa Malvinas no es un capricho nacionalista, sino un reclamo de soberanía reconocido por la ONU y sostenido por el consenso democrático desde 1983.

Su falta de arrepentimiento no es un detalle. Es una posición política coherente con el mileísmo, que hoy busca institucionalizar la desmemoria: recortar cultura, eliminar feriados históricos, y transformar la educación y la historia en mercancías. La diputada libertaria encarna esa doctrina desde su banca, con la elegancia académica del negacionismo disfrazado de “opinión personal”.

Ajmechet no está sola. Forma parte de una corriente que reivindica a Margaret Thatcher y que considera la memoria colectiva un obstáculo para el “progreso”. Su tuit “Queremos ser colonia” no fue un lapsus: fue la síntesis perfecta del proyecto político que integra.

Durante la entrevista, nunca pronunció un “me equivoqué” ni un “pido perdón”. No hubo una sola palabra hacia los excombatientes, sus familias o el pueblo argentino. Solo habló de sí misma, de su malestar por ser cuestionada, de su derecho a no rendir cuentas. Pero las palabras importan, sobre todo cuando provienen de una funcionaria pública que debería representar y defender los intereses de la nación.

Olvidar sus dichos sería concederle lo que más desea: que el 2 de abril “sea un día cualquiera”. Recordarlos, en cambio, es una forma de resistencia. Porque la memoria no se negocia, y la soberanía no se terceriza.

Sabrina Ajmechet representa una cara pulida del negacionismo y cipayismo libertario: académica, mediática, políticamente correcta. Pero detrás de esa fachada se esconde el mismo mensaje que su espacio lleva al poder: un desprecio profundo por la historia argentina y por los valores que sostienen su independencia.

La OPS confirmó 350 contagios y 150 muertes en la región. En medio del brote sudamericano, el Gobierno nacional limitó la gratuidad de la vacuna, pero la Provincia de Buenos Aires ratificó que seguirá aplicándola sin costo a quienes viajen a zonas de riesgo. Las sociedades médicas alertan por el avance del virus.

Argentina vuelve a encender las alarmas por la fiebre amarilla, tras el aumento de casos en Sudamérica. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya se registraron 350 contagios en humanos y 150 muertes en Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, con una letalidad del 42%.

En diálogo con Clarín, un funcionario nacional confirmó que el país prepara un plan de acción ante la posibilidad de una epidemia. El brote se da justo cuando el Gobierno nacional decidió restringir la gratuidad de la vacuna, que ahora solo se aplica sin costo en Formosa, Misiones, Corrientes y partes de Chaco, Jujuy y Salta.

La medida —que implicó un recorte del 34% en la compra de dosis y un ahorro estimado en 700 mil dólares— generó críticas de sociedades científicas, que advirtieron sobre el riesgo de nuevos brotes.

“La vacuna sigue siendo gratuita en la Provincia y se aplica en los hospitales públicos a los viajeros que lo requieran”, señalaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense.

Desde la cartera sanitaria provincial aseguraron que el stock de dosis está garantizado y que se reforzarán las campañas de prevención.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación justificó la decisión al señalar que “en Argentina no hay casos autóctonos desde 2009 ni casos en viajeros desde 2018”, aunque reconoció que se monitorea la situación regional de manera constante.

Las sociedades médicas —entre ellas la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE)— pidieron al Gobierno nacional rever la medida y ampliar nuevamente el acceso gratuito, alertando que “no garantizar la inmunización implica un riesgo colectivo que puede evitarse”.

La OPS recomendó alcanzar una cobertura del 95% en zonas de riesgo y reforzar la vigilancia epidemiológica. En territorio bonaerense, las autoridades confían en que la política de vacunación gratuita permitirá contener eventuales contagios importados.

En menos de dos años de gestión, el gobierno de Javier Milei acumula casi 300 mil nuevos trabajadores desocupados del sector privado, según un informe elaborado por el economista y editor José Calero.

Desde diciembre de 2023, 286.391 personas solicitaron la Prestación por Desempleo tras haber sido despedidas sin causa, en la mayoría de los casos por falta de trabajo o recortes empresariales. El dato no contempla a los cerca de 70 mil empleados estatales que también perdieron sus puestos durante el mismo período.

El desempleo golpea con fuerza al sector privado

En los primeros 21 meses de gestión libertaria, la pérdida de empleo se concentró principalmente en la industria manufacturera (26.060 casos), el comercio (23.098) y la construcción (18.776), tres de los sectores más sensibles de la economía real.

De los casi 300 mil despidos, 174.335 ocurrieron durante 2024 y 112.056 en los primeros nueve meses de 2025, reflejando una tendencia sostenida de destrucción de empleo privado.

Mientras tanto, el gobierno sólo difunde los datos vinculados al empleo público, sin reconocer el impacto del ajuste en el mercado laboral privado, donde se concentran las mayores pérdidas.

Prestación por Desempleo: cifras y condiciones

El seguro de desempleo tiene una duración de entre 2 y 12 meses (hasta 18 meses para mayores de 45 años) y equivale al 75% del mejor salario de los últimos seis meses trabajados. En octubre de 2025, el beneficio osciló entre un mínimo de $161.100 y un máximo de $322.200, montos actualizados por la ANSES.

Durante septiembre de 2025, 100.344 personas cobraron esta prestación, con un promedio de $274.324, concentradas mayormente en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La prestación puede solicitarse ante ANSES dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido o finalización de contrato, de forma presencial o en línea a través de www.anses.gob.ar.

El candidato de la Libertad Avanza Diego César Santilli tiene una mansión de más de un millón de dólares en Nordelta. Además, tiene un departamento en Barrio Parque valuado en 600 mil dólares. ¿De qué vive?

Según se informó, Santilli cuenta con más de 30 empresas offshore que suelen usarse para fugar plata sin pagar impuestos en Argentina. Según su propia declaración “el 70% de mis ingresos vienen del sector privado”. Pero nadie le pregunta ni él se ocupó de explicar a qué se dedica en el sector privado.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, un espía – que respondía al propio Macri – armó un informe sobre Santilli donde decía: “Vive como un narco, gasta un millón de dólares por mes. Viajó a Dubai y pagó cash, nadie sabe como vive”. Ese audio está en la justicia.