En pocas semanas, el pasivo en moneda extranjera del BCRA aumentó significativamente, sin explicaciones oficiales sobre los términos de las operaciones que lo originaron. Analistas advierten falta de transparencia y señalan movimientos contables difíciles de rastrear.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) incrementó su deuda en dólares hasta superar los 27.000 millones, en un proceso marcado por escasa información pública y mecanismos financieros que no fueron detallados en los reportes oficiales. La variación se dio en paralelo a la emisión de títulos para importadores y a operaciones de respaldo con bancos internacionales.

La emisión del bono Bopreal, en cuatro series, fue uno de los pilares del aumento del pasivo. Con un valor cercano a los 11.000 millones de dólares, el instrumento fue utilizado para saldar deudas comerciales y habilitar transferencias de utilidades de empresas radicadas en el país.

A ello se sumó un préstamo de entidades financieras del exterior por unos 2.000 millones de dólares, garantizado con activos del Tesoro estadounidense y títulos propios del Central. Los términos de esta operación no figuran en las comunicaciones del organismo.

Otra porción significativa del endeudamiento proviene de los fondos aportados por el Tesoro de Estados Unidos durante la campaña presidencial, utilizados para contener tensiones cambiarias y que luego se incorporaron como obligación en moneda extranjera dentro de los balances del BCRA.

Entre el 23 y el 31 de octubre, los estados contables reflejaron un salto de alrededor de 3.000 millones de dólares en el pasivo en moneda extranjera. En paralelo, se registró una disminución de la deuda en pesos, lo que sugiere un traspaso de obligaciones entre rubros sin aclaración pública.

Especialistas remarcan que el movimiento se da en un contexto donde el Gobierno sostiene que la acumulación de reservas no es prioritaria. Mientras tanto, las compras de divisas provienen exclusivamente del Tesoro y no de la operatoria del Central, que continúa ajustando su posición mediante deuda.

La incertidumbre en torno al verdadero estado patrimonial del organismo alimentó inquietudes en el mercado. La confirmación de una política cambiaria con deslizamiento menor al ritmo inflacionario produjo una caída de acciones argentinas en Nueva York, en una jornada donde la plaza local permaneció cerrada.

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad intentó despegarse de las grabaciones que lo comprometen en presuntos retornos con proveedores. La investigación salpica a figuras centrales del oficialismo libertario y vuelve a exponer tensiones internas en el Gobierno.

La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a tomar impulso esta semana con nuevos allanamientos en distintas provincias y el restablecimiento del secreto de sumario. En una audiencia ante la Cámara Federal, el ex titular del organismo Diego Spagnuolo se desentendió de los audios que lo comprometen y aseguró que se trata de un “montaje” realizado con herramientas de inteligencia artificial.

La defensa, encabezada ahora por el abogado Mauricio D’Alessandro, reclamó la nulidad del expediente al considerar que las comunicaciones fueron obtenidas en el marco de una maniobra de espionaje ilegal. Según sostuvo, las grabaciones que exhiben negociaciones sobre “retornos” con la droguería Suizo Argentina no serían auténticas.

El fiscal Franco Picardi rechazó la presentación y defendió la continuidad de la investigación. Recordó que el material auditivo no es la única fuente de prueba y señaló que Spagnuolo “no había cuestionado la veracidad de su voz hasta ser relevado de su cargo por orden de la Casa Rosada”.

La investigación involucra a integrantes del entorno presidencial, entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, cuya cercanía al jefe de Estado amplifica el impacto político del caso. La reactivación de la causa coincide con un momento de desgaste interno en La Libertad Avanza, frente a las tensiones por el manejo de áreas estratégicas del gobierno nacional.

Mientras la Cámara Federal debe resolver si habilita la nulidad o confirma la continuidad del proceso, el expediente quedó nuevamente bajo reserva. Las fuerzas de seguridad analizan teléfonos, computadoras y documentos incautados en los 25 allanamientos realizados.

El Gobierno intenta contener el costo político del escándalo. Karina Milei recibió este jueves a diputados electos del oficialismo en Casa Rosada, un gesto que buscó exhibir cohesión en medio de la polémica.

Después de haber cerrado el primer semestre con una pérdida de $869 millones, Mastellone Hermanos, propietaria de La Serenísima, profundizó sus números rojos: en los nueve meses terminados el 30 de septiembre acumuló una pérdida neta de $28.431 millones, según el balance presentado ante la CNV. La compañía explicó que el resultado final “está afectado fundamentalmente por el efecto neto que la devaluación del peso produjo en la valuación de nuestros activos y pasivos en moneda extranjera”.

Los motivos de la caída: la baja del consumo interno, en crisis desde enero de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei implementó un ajuste sobre los ingresos de trabajadores y jubilados. Las empresas empiezan a sufir por el ajuste del gobierno libertario.

Como suele ocurrir cada vez que gobiernan los llamados liberales – pasó con la dictadura, el menemismo y el macrismo – el ajuste golpea en primer lugar sobre los trabajadores y los jubilados pero automáticamente se desplaza a las empresas, que pierden rentabilidad por la caída de sus ventas en el mercado local – ¡porque sus consumidores ganan cada vez menos!

A un mes de jurar como diputada electa de La Libertad Avanza, Karen Reichardt admitió que todavía no leyó el reglamento del Congreso, el documento que regula el funcionamiento de la Cámara de Diputados y define los derechos y deberes de sus integrantes. Su explicación fue insólita: “Tiene letra chiquita”.

El texto le fue entregado el martes en la Casa Rosada, durante una reunión entre los legisladores electos de La Libertad Avanza y el presidente Javier Milei, acompañados por Karina Milei, quien ofició de anfitriona. En el encuentro, la hermana del mandatario obsequió a cada dirigente una bolsa con la Constitución Nacional y el reglamento parlamentario.

Dos días después, Reichardt confesó entre risas que el documento seguía cerrado: “Es largo, tedioso y tiene letra chiquita”, comentó.

De la farándula al Congreso

Exvedette, conductora y empresaria, Reichardt es una de las figuras “outsiders” que Javier Milei incorporó a sus listas con la promesa de renovar la política. Con su estilo descontracturado, contó su primera experiencia institucional: “Nos dieron una libreta, una lapicera y el reglamento”, relató con sorpresa.

Pese a su falta de lectura del texto legislativo, la futura diputada se mostró entusiasmada tras el encuentro con el Presidente y su hermana: “Este va a ser el año en que el Congreso más va a trabajar”, aseguró.

“Mejor que López Murphy y Randazzo no estén más”

Fiel a su estilo directo, Reichardt también aprovechó para marcar distancia con los políticos tradicionales: “Mejor que López Murphy y Randazzo no estén más, me harté de escucharlos hablar”, lanzó.

La futura legisladora aclaró que no pretende convertirse en una experta en técnica parlamentaria, sino aportar una mirada ciudadana: “Hay mucho por aprender, claro, pero seguimos el lineamiento del Presidente. Venimos de otro palo, hablamos distinto. Yo hablo como ciudadana”.

Un abogado vinculado a Rappi redacta la reforma laboral y el gobierno de Javier Milei no introducirá mejoras para los trabajadores de plataformas, que seguirán siendo independientes. Al no blanquear la relación de dependencia, no existe derecho a reclamos sindicales. Insólito: el sector con mayor informalidad y menos derechos será el encargado de reformar las leyes laborales. Los trabajadores no deberían entusiasmarse.

Julián de Diego es un abogado especializado en asesoramiento laboral empresario (para mejorar sus ingresos). Entre las compañías que asesora está Rappi, representada formalmente por el Estudio Cárrega. Al igual que todas las plataformas, Rappi no reconoce a sus repartidores como empleados.

En diciembre empezará el debate por una nueva reforma laboral: como ocurrió durante la década de 1990, los empresarios quieren leyes más flexibles para despedir trabajadores y de ese modo, sostienen, aumentará el empleo formal. La década de 1990 terminó al revés, con 25% de desempleo, récord absoluto en la historia del país.

En los pasillos del mercado financiero argentino circula una versión que incomoda al equipo económico: el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habría obtenido una ganancia cercana a los USD 200 millones gracias a un carry trade diseñado a medida por Luis Caputo para contener el dólar en la recta final electoral.

La intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario argentino se mantuvo rodeada de hermetismo total. Ni el Ministerio de Economía ni el Banco Central ofrecieron explicaciones sobre el destino de los pesos que ingresaron ni sobre el origen de los dólares que salieron. Sin embargo, los números del balance semanal del BCRA, con corte al 31 de octubre, dejan rastros elocuentes: las Letras en pesos emitidas cayeron abruptamente de 3 billones a 270 mil millones, una reducción casi idéntica al monto —unos 2,7 billones de pesos— que el Tesoro norteamericano había invertido semanas antes.

Según operadores del mercado, Bessent habría desarmado su posición en pesos y recomprado los dólares que había vendido para estabilizar el tipo de cambio. El silencio oficial alimenta las sospechas: no se sabe bajo qué instrumentos financieros se realizó la operación, ni cuáles fueron las tasas, coberturas o plazos de esas letras.

En los hechos, el BCRA habría tomado los pesos del Tesoro estadounidense y entregado letras que ofrecían algún tipo de tasa preferencial o cobertura cambiaria, garantizando una salida limpia. Coincidentemente, el rubro “Otros pasivos” del Central aumentó casi 2,9 billones de pesos en esa misma semana, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra de ingeniería financiera cuidadosamente planificada.

Para varios analistas, el movimiento sugiere que el Banco Central habría activado un tramo del swap con Estados Unidos, permitiendo a Bessent salir de su posición sin presionar el mercado. “Parece que se activó un tramo del swap con USA. Si no hay aclaraciones, podemos concluir eso”, señaló Fernando Marull. Gabriel Caamaño fue más allá: “Si así fuera, activaron el swap para darle salida a Bessent contra reservas internacionales. Eso implicaría que la intervención del Tesoro fue un anticipo del acuerdo”.

Con ironía, Christian Buteler resumió la jugada: “El Tesoro americano vende 2.000 millones de dólares, luego le presta al BCRA para recomprarlos sin mover el precio y embolsa una ganancia sustancial. Esta sí es una masterclass, con la tuya”. En el mercado calculan que la ganancia neta rondó los USD 200 millones.

El desenlace podría confirmarse pronto. Sebastián Maril anticipó que el Tesoro estadounidense publicará la próxima semana el balance del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF), que incluirá las posiciones al 31 de octubre. Si las especulaciones son correctas, el reporte mostrará posición cero en pesos argentinos, confirmando que Bessent cerró el mes sin riesgo local y con ganancias aseguradas.

“De ser así, el Congreso tendrá menos motivos para cuestionarlo”, concluyó Maril.

El ministro bonaerense de Justicia cuestionó el avance del juicio por la llamada “Causa Cuadernos” y denunció la manipulación del Poder Judicial durante el macrismo para montar una persecución política contra la expresidenta.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, fue categórico al referirse al inicio del juicio oral por la llamada Causa Cuadernos. En diálogo con AM 530, definió el proceso como “un mamarracho” y “una farsa” construida con un único fin: “perseguir a Cristina Fernández de Kirchner utilizando el poder judicial como herramienta política”.

“Esto no es normal, no está bien. Es parte del mamarracho en el que convirtieron a la justicia argentina”, sostuvo Mena, quien además advirtió que “en los últimos años la destruyeron para forzarla al servicio del poder real”.

En esa línea, el ministro denunció que “siempre son los mismos jueces y fiscales” los que aparecen en las causas contra el kirchnerismo. “El Poder Judicial está compuesto por más de 2.500 funcionarios y siempre son los mismos 15 los que arman estos expedientes. Son las marionetas del poder económico”, afirmó.

Mena recordó el inicio de la causa, nacida de fotocopias truchas de supuestos cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, y señaló que todo el proceso “fue armado mediáticamente por el diario La Nación” y sostenido “a fuerza de extorsión y presión sobre empresarios”.

“Metieron presos a más de 70 empresarios para obligarlos a declarar lo que querían escuchar. Usaron la ley del arrepentido como una herramienta de chantaje”, dijo Mena. Además, reveló que “ninguna de las declaraciones fue grabada como exige la ley”, y que los peritajes oficiales detectaron “más de quince tachaduras y cinco puños distintos” en los cuadernos originales.

“El peritaje demostró que los dos cuadernos donde aparece toda la novela no fueron escritos por Centeno. La velocidad de escritura indica que alguien se los dictó”, detalló.

Con contundencia, el ministro bonaerense vinculó esta causa con la condena en la obra pública: “Todo lo que dijimos en Vialidad se repite acá. Es la misma maquinaria judicial y mediática que busca destruir a Cristina”.

Finalmente, Mena fue más allá y apuntó directamente contra el macrismo: “El guion lo escribió el poder político de Mauricio Macri y lo ejecutaron sus jueces de confianza. Lo que buscan es mantener viva una persecución para proscribir al peronismo”.

“Esta justicia ya no administra justicia —cerró—, administra una serie. Está hecha para Netflix, no para la Constitución.”

Testigos revelaron que Julieta Makintach no solo autorizó sino que facilitó las grabaciones del documental sobre el juicio de Diego Maradona “Justicia Divina”.

El mensaje de WhatsApp era breve pero demoledor: “Decile a la custodia que deje filmar a mi gente”. Esa orden, enviada desde el celular de la jueza Julieta Makintach durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, se convirtió este jueves en una prueba palpabale de que la magistrada, tal vez, no fue una víctima de circunstancias ajenas, sino la arquitecta de su propia caída.

En el segundo turno de audiencias del juicio político que podría destituirla, el relato de custodios, camarógrafos y hasta su propia esteticista fue tejiendo una red de evidencias que muestra a una jueza obsesionada con su imagen, dispuesta a violar protocolos y a burlar las propias reglas que debía custodiar.

La puerta giratoria de “los amigos”

Todo comenzó con unos “amigos”. Así los presentó Makintach a la custodia Malene Itati Romero el día que comenzaba el juicio más mediático del país. “Hacelos pasar”, le ordenó. Los “amigos” resultaron ser un equipo de filmación que, como revelaría después el camarógrafo José Ignacio Huarte, tenía instrucciones precisas: “Enfocarse en la jueza” durante el juicio.

Pero la operación había comenzado antes, en el silencio de un domingo. Leonel Dos Santos, otro oficial de custodia, describió cómo la magistrada abrió las puertas del tribunal vacío dos días antes del juicio para que un director de fotografía y una guionista la filmaran caminando por los pasillos como si fuera una escena de película.

Mientras tanto, en las paredes de la misma sala de audiencias, colgaban carteles que prohibían terminantemente filmar o tomar fotografías. Mirta Daniela Barrionuevo, la oficial que los había pegado, confirmó incómoda que eran parte del protocolo estándar que la jueza conocía perfectamente.

La doble vida del teléfono celular

Si los testimonios policiales pintaban un cuadro de complicidad institucional, el de María Eva Soledad Pereyra agregó el matiz de vanidad personal. La esteticista de Makintach reveló que la propia jueza le había enviado el tráiler del documental por WhatsApp, acompañado del mensaje: “Estoy muy copada con los resultados”.

La confesión resultó reveladora: mientras en el tribunal Makintach simulaba sorpresa ante las filmaciones, por fuera compartía orgullosa el material con su círculo íntimo. El documental no era un proyecto ajeno que la había tomado por sorpresa, sino una producción que seguía de cerca y con evidente satisfacción.

El mercado de Diego Maradona

Patricio Llados, el productor audiovisual, aportó la pieza que explicaba el porqué de tanta insistencia en filmar. “Un proyecto vinculado a Maradona tiene valor en el mercado”, declaró con frialdad profesional. “Es Maradona, uno piensa que se verá en todo el mundo”.

La confesión dejó en evidencia la cruda realidad detrás del “proyecto audiovisual”: la muerte del ídolo era, ante todo, un producto comercialmente viable, y la jueza que llevaba el caso era su principal atractivo.

El silencio de las ausencias

En un giro significativo, el jurado anunció la postergación de testigos clave como Verónica Ojeda y Jana Maradona, sugiriendo que las pruebas acumuladas hasta el momento eran tan contundentes que hacían menos urgentes algunas declaraciones.

Mientras la audiencia se levantaba hasta el viernes, el mensaje de WhatsApp de Makintach seguía flotando en el aire del tribunal: “Decile a la custodia que deje filmar a mi gente”. Ocho palabras que, según la acusación, resumen la esencia del caso: una jueza que confundió su papel de magistrada con el de protagonista, y que ahora enfrenta las consecuencias de haber convertido la justicia en un espectáculo.