En pleno desfinanciamiento militar, la Dirección de Remonta y Veterinaria lanzó una insólita licitación privada donde el Estado no pagará con pesos, sino con fruta fresca cosechada en Mendoza.

En un hecho inédito que expone con crudeza la falta de presupuesto y liquidez, el Ejército Argentino oficializó un mecanismo de contratación digno de la era del trueque: ofrece pagar con toneladas de membrillo fresco la compra de repuestos para una camioneta. La ingeniería administrativa fue impulsada por la Dirección de Remonta y Veterinaria a través de la Licitación Privada N° 84/13-0216-LPR26, con el fin de reparar una Chevrolet S10 modelo 2010 perteneciente al establecimiento Cuadro Nacional, en San Rafael, Mendoza.

La particularidad de la convocatoria es que el contrato se adjudicará al proveedor que “ofrezca recibir la menor cantidad de membrillos” a cambio del listado de 31 autopartes solicitadas, que incluyen desde kits de embrague hasta pastillas de freno. Al tratarse de una permuta directa de bienes perecederos que la fuerza no pudo colocar en el mercado, el sistema informático de compras del Estado (COMPR.AR) se vio colapsado técnicamente, obligando a los oferentes a fijar un precio artificial de $0,000001 para poder cargar sus propuestas en una plataforma que no está diseñada para el comercio en especies.

Desde el Ejército salieron a justificar la operación asegurando que el mecanismo es “jurídicamente válido, transparente y económicamente razonable”. Sin embargo, en los pasillos de las Fuerzas Armadas la medida causó un fuerte malestar y se leyó como una muestra del ahogo presupuestario extremo que sufren las delegaciones del interior, justo en una semana donde la cúpula militar viene reclamando de forma abierta inversiones en tecnología ante el ministro de Defensa. La insólita licitación cierra el próximo 27 de mayo, día en que se sabrá cuántos kilos de fruta vale el tren delantero de una 4×4 oficial.

El empresario Gerardo Ferreyra, exvicepresidente de Electroingeniería SA, lanzó explosivas declaraciones que vuelven a poner bajo la lupa el origen y la construcción de la denominada “causa Cuadernos”, el expediente judicial impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri y utilizado para perseguir y proscribir políticamente a Cristina Fernández de Kirchner.

En declaraciones radiales, Ferreyra describió con detalles cómo fue presionado por el fiscal federal Carlos Stornelli para que se acogiera a la figura del arrepentido y declarara contra la expresidenta y el exmandatario Néstor Kirchner. “Tenía que decir que colaboré con ‘los mugrientos’”, reveló el empresario sobre la frase que, asegura, escuchó directamente de boca del fiscal.

La declaración golpea el corazón de una causa que durante años fue presentada mediáticamente como el mayor escándalo de corrupción de la Argentina, pero que desde sus inicios acumuló denuncias por irregularidades, extorsiones y utilización política de la Justicia. Ferreyra sostuvo que todo el expediente “se organizó con fines políticos, no jurídicos”, y denunció que existió un mecanismo sistemático de coerción para fabricar testimonios contra dirigentes kirchneristas.

Según contó, las presiones comenzaron apenas fue detenido e incomunicado. Después de tres días, fue llevado a declarar ante Stornelli. “Me dijo que la ley del arrepentido la estaban estrenando y que si colaboraba me iba con mi familia; si no, iba a ir preso”, recordó. Cuando preguntó de qué debía arrepentirse, recibió la respuesta que terminó revelando públicamente: debía admitir supuestas maniobras de corrupción junto a “los mugrientos”, en referencia a los Kirchner.

Ferreyra aseguró que se negó a mentir y rechazó firmar declaraciones falsas sobre sobreprecios o pago de coimas. “No tenía nada de qué arrepentirme”, afirmó. Sus palabras reavivan las denuncias sobre el uso de la prisión preventiva como método de presión psicológica y disciplinamiento judicial durante el macrismo.

La trama geopolítica de la causa cuadernos

Pero el empresario fue más allá y vinculó el armado de la causa Cuadernos con intereses geopolíticos internacionales. Según explicó, la ofensiva judicial apuntó especialmente contra empresarios argentinos que trabajaban con capitales chinos en proyectos estratégicos de infraestructura y financiamiento. “Había que sacar a China de la región”, sostuvo, al señalar que Electroingeniería participó en acuerdos vinculados a represas, centrales energéticas y obras ferroviarias impulsadas junto al gigante asiático.

En ese sentido, Ferreyra relacionó la causa con una avanzada regional que también tuvo expresiones en Brasil y Ecuador. Recordó el proceso judicial que terminó con la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva y mencionó la existencia de investigaciones similares en otros países latinoamericanos. Para el empresario, existió una estrategia coordinada para desplazar gobiernos populares y perseguir dirigentes que promovían vínculos económicos independientes de Estados Unidos.

Las confesiones del exdirectivo de Electroingeniería vuelven a alimentar las denuncias de lawfare realizadas en reiteradas oportunidades por Cristina Fernández de Kirchner, quien sostuvo que la causa Cuadernos fue utilizada como herramienta de persecución política, condicionamiento electoral y proscripción.

Mientras el juicio oral continúa avanzando, las revelaciones de Ferreyra abren nuevos interrogantes sobre el accionar de fiscales, jueces y operadores judiciales durante la etapa de instrucción. También dejan expuesto el funcionamiento de un entramado político, judicial y mediático que, según denunció, buscó construir condenas anticipadas antes que investigar hechos concretos.

La intervención de Javier Milei no alcanzó para apaciguar la furibunda interna de La Libertad Avanza. Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo salieron a ratificar sus acusaciones contra Martín Menem y exhibieron una pericia técnica donde supuestamente se acredita que el titular de la Cámara de Diputados operaba desde una cuenta anónima de la red social X (@PeriodistaRufus) contra miembros del gobierno nacional, incluído el Presidente y su hermana Karina.

“El Jefe tiene un olor tremendo”, “El presidente quiere renunciar, está desquiciado”, escribió @periodistarufus, supuestamente vinculada a Menem. Milei igualmente salió a defender al hombre cercano a Karina Milei.

La réplica del sector de Caputo no tardó en llegar. El personaje Gordo Dan insistió con el tema y “demostró” con una “pericia” que la cuenta polémica sí pertenecía a Menem. Lejos de bancar la línea de Milei y dar por cerrado el tema, el tuitero libertario decidió seguir la pelea contra Menem y Karina. La guerra no parece tener fin.

El director del Hospital San Martín de La Plata, Luis Pedersoli, habló sobre la crisis de la salud pública en todo el país. “Jamás estuvimos en una situación, se toman decisiones impensadas, como el cierre del plan Remediar o la falta de vacunas. Decisiones que ya generan daño pero a largo plazo va a ser terrible”, explicó.

“Vemos cómo la crisis económica hace que la gente se vaya de las prepagas y vuelva al hospital público. La situación es muy grave”, describió.

En ese sentido, el especialista agregó: “Nunca pensamos que un gobierno de cualquier color podría cerrar un programa como el Remediar. Hay enfermos oncológicos que no reciben sus remedios. Para un enfermo crónico es como le quites el agua. Es tremendo”, cerró.

El Ejército Argentino lanzó una llamativa licitación para permutar miles de kilos de membrillo por autopartes destinadas a reparar una camioneta oficial en Mendoza.

El Ejército Argentino puso en marcha una inusual licitación privada que generó sorpresa por su particular modalidad: ofrecerá hasta 70 toneladas de membrillo a cambio de repuestos mecánicos para reparar una camioneta oficial.

La convocatoria fue realizada por la Dirección de Remonta y Veterinaria y contempla la entrega de miles de kilos de fruta para conseguir las autopartes necesarias para una Chevrolet S10 4×4 modelo 2010 perteneciente al establecimiento militar Cuadro Nacional, ubicado en San Rafael, Mendoza.

El procedimiento quedó formalizado bajo la Licitación Privada N° 84/13-0216-LPR26 y tiene una particularidad que llamó la atención: la adjudicación no se definirá por el menor precio en dinero, sino por el proveedor que solicite menos kilos de membrillo a cambio de los repuestos.

Debido a que el sistema estatal COMPR.AR no contempla operaciones de trueque o canje no monetario, el pliego obliga a los oferentes a cargar un valor simbólico de $0,000001 para poder avanzar administrativamente con las propuestas.

Entre los elementos solicitados aparecen filtros, semiejes, amortiguadores, piezas de dirección, componentes de freno, kit de embrague, bomba de agua, tensor de correa y distintos repuestos mecánicos destinados a poner nuevamente en funcionamiento el vehículo oficial.

Según la documentación oficial, el proveedor adjudicado tendrá un plazo máximo de 30 días para entregar todas las autopartes y, recién después de cumplir con esa obligación, podrá retirar la fruta. Además, deberá hacerse cargo de los costos de traslado, impuestos y eventual comercialización de los membrillos.

El pliego también establece que las autopartes deberán contar con una garantía mínima de seis meses y prevé sanciones económicas ante demoras o incumplimientos.

La insólita operatoria quedó validada a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y lleva las firmas de autoridades militares responsables del proceso administrativo.

La inflación mayorista pegó un fuerte salto en abril y encendió señales de alerta para el Gobierno. El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una suba del 5,2%, muy por encima del 2,6% que marcó la inflación minorista, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El dato implicó una aceleración de 1,8 puntos porcentuales respecto de marzo y obligó al ministro de Economía, Luis Caputo, a salir a explicar públicamente las causas del incremento.

En términos interanuales, la inflación mayorista acumuló un avance de 30,8%, mientras que en el primer cuatrimestre del año alcanzó el 11,6%. El fuerte despegue del índice reflejó el impacto de los precios internacionales de la energía, especialmente del petróleo y sus derivados, sobre la estructura de costos de la economía.

El IPIM mostró una suba mensual impulsada principalmente por los productos nacionales, que aumentaron 5,3%, mientras que los importados avanzaron 2,5%. La presión más fuerte provino de sectores ligados a la cadena hidrocarburífera, que explicaron gran parte de la aceleración inflacionaria.

Frente al dato, Caputo utilizó sus redes sociales para relativizar el impacto y atribuyó el salto a factores externos. El ministro sostuvo que cerca del 85% de la variación estuvo vinculada al aumento del petróleo y productos asociados, en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

“Si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados”, afirmó el funcionario. Según detalló, las divisiones de Petróleo Crudo y Gas, Productos Refinados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico y Sustancias y Productos Químicos aportaron 4,4 puntos de los 5,2% registrados en el nivel general.

Caputo incluso aseguró que, excluyendo esos rubros afectados por el shock externo, la variación del resto del índice habría sido cercana al 1,1% mensual, con un acumulado de 4,4% en lo que va del año y 23% interanual.

Sin embargo, otros indicadores mayoristas también mostraron una aceleración. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos internos, subió 4,8% en abril, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) avanzó otro 4,8%, impulsado principalmente por el incremento de 7,5% en productos primarios.

Los datos reflejan que la presión inflacionaria no proviene solamente de factores tributarios o regulados, sino de un encarecimiento más profundo en los costos de producción, que podría trasladarse a los consumidores en los próximos meses.

Entre los rubros con mayores aumentos se destacaron Petróleo crudo y gas (22,9%), Productos pesqueros (16,8%), Productos refinados del petróleo (13,6%), Productos de caucho y plástico (7,4%) y Sustancias y productos químicos (5,1%). Cuatro de los cinco sectores que más subieron están vinculados directa o indirectamente con la industria energética.

El panorama hacia mayo también aparece condicionado por el frente externo. La escalada del conflicto en Medio Oriente ya comenzó a impactar en los precios internacionales de la energía y amenaza con trasladarse a los costos locales. Según estimaciones privadas, el valor de importación del Gas Natural Licuado (GNL) y del gasoil podría aumentar hasta un 30% durante el invierno.

A esto se suman nuevos incrementos regulados, como las subas en colectivos del AMBA, peajes y tarifas de gas, factores que podrían dificultar la desaceleración inflacionaria que el Gobierno esperaba consolidar.

En ese contexto, las consultoras advierten que la moderación del IPC de abril podría haber sido transitoria. Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) señalan que recién en agosto la inflación mensual podría perforar el 2%, mientras persiste la incertidumbre sobre el impacto de la energía, los combustibles y la volatilidad internacional en la dinámica de precios.

La convocatoria, que tendrá su acto central en Plaza de Mayo, buscará visibilizar el impacto de los recortes presupuestarios sobre hospitales, centros de salud y programas esenciales de atención médica.

La Marcha Federal en defensa de la Salud Pública reunirá este miércoles a sindicatos, organizaciones sociales y trabajadores del sistema sanitario en una masiva movilización contra las políticas de ajuste y desfinanciamiento impulsadas por el gobierno nacional. La convocatoria, que tendrá su acto central en Plaza de Mayo, buscará visibilizar el impacto de los recortes presupuestarios sobre hospitales, centros de salud y programas esenciales de atención médica.

Bajo la consigna “La salud no puede esperar”, la movilización partirá a las 13 desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo, donde se leerá un documento conjunto. La protesta se inscribe en una creciente ola de reclamos contra las medidas económicas del Gobierno, en línea con las recientes manifestaciones universitarias en defensa de la educación pública.

Las organizaciones convocantes denunciaron un “creciente deterioro del sistema sanitario” y alertaron sobre el desfinanciamiento de políticas públicas clave. Entre los principales reclamos señalaron la interrupción del programa Remediar, las dificultades en la distribución de vacunas del calendario nacional y el abandono de políticas de salud mental.

“Estamos viendo cómo el ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento”, afirmó Manuel Fonseca, referente del Foro por el Derecho a la Salud, espacio que reúne a profesionales, trabajadores y usuarios del sistema sanitario.

Desde la CTA Autónoma advirtieron que entre 2023 y 2025 el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Salud sufrió una caída del 34%, a lo que se sumó un recorte administrativo de $63.000 millones en mayo de 2026. Según denunciaron, la reducción de recursos ya tiene consecuencias concretas sobre la atención sanitaria y las condiciones laborales del sector.

En la misma línea, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su respaldo a la marcha y sostuvo que el sistema sanitario atraviesa un “profundo deterioro” producto de las políticas de ajuste. “La salud pública es un pilar democrático y no puede ser una variable de ajuste”, remarcaron desde la entidad.

Por su parte, desde el gobierno bonaerense de Axel Kicillof señalaron que desde fines de 2023 unas 742 mil personas dejaron de pagar su obra social o prepaga debido al fuerte incremento de cuotas, que alcanzó el 398% en ese período. También alertaron sobre el aumento de la demanda en hospitales públicos y la presión sobre las camas de terapia intensiva.

En paralelo a la movilización sanitaria, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará cortes sobre la Avenida General Paz para denunciar el cierre de 25.000 pequeñas y medianas empresas durante la actual gestión nacional. “Milei ha dañado más que la pandemia”, afirmó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, al cuestionar el impacto económico y social de las políticas oficiales.

La familia denuncia que el militante saharaui desapareció en la ruta a Canarias tras ser lanzado al mar por los tripulantes de la embarcación. Piden a España que investigue el caso.

Lo que comenzó como un desesperado intento por sobrevivir a la persecución política y la asfixia económica en el Sáhara Occidental, ha terminado en una denuncia de desaparición y abandono de persona en aguas del Atlántico. El Uali Mohamed Fadel Lehbib ha denunciado formalmente la desaparición de su hermano, el reconocido activista Daha Mohemad Fadel Lehbib, asegurando que fue arrojado al mar por los responsables de la embarcación en la que viajaba hacia Canarias. 

Una travesía marcada por la tragedia 

Daha partió el pasado jueves 7 de mayo desde la ciudad ocupada de Bojador con destino a Las Palmas. En la patera viajaban otras 62 personas de origen marroquí y de la región de África subsahariana. Según los cálculos de navegación, la llegada estaba prevista para el sábado; sin embargo, el silencio cayó sobre la familia Lahbib hasta el domingo, cuando lograron que un sobreviviente rompiera el hermetismo sobre la travesía. El testimonio recabado por la familia es escalofriante: según este pasajero, la embarcación arribó a las costas canarias, pero Daha nunca llegó a tierra firme. El testigo afirma que se produjo un altercado entre el activista saharaui, el capitán de la patera y el hermano de este último. En medio de la disputa, los responsables de la nave lo habrían lanzado por la borda, abandonándolo a su suerte en pleno océano. 

De la resistencia política al exilio forzado 

La desaparición de Daha es el capítulo más oscuro en una vida dedicada a la causa saharaui. Tras haber sido preso político en 2010 por participar en el campamento de Gdeim Izik y protagonizar huelgas de hambre en El Guerguerat, el régimen marroquí lo había condenado a la marginación absoluta, impidiéndole estudiar o acceder a empleos legales. A sus 35 años de edad, la decisión de subirse a una patera no fue una elección, sino una vía de escape, por la asfixia económica que le impedía mantener a su hijo de apenas cuatro años. 

Exigencia de justicia al Gobierno de España 

Ante la gravedad de los hechos, El Uali Mohemad Fedal Lehbib ha hecho un llamamiento urgente a las autoridades españolas. 

La familia exige que el Gobierno de España inicie de inmediato las averiguaciones pertinentes para: 

● Esclarecer los testimonios de los 62 pasajeros que llegaron a las islas. 

● Identificar y detener al capitán de la embarcación y a su cómplice. 

● Activar protocolos de búsqueda o recuperación en la zona donde se produjo el presunto crimen. 

Esta situación ha generado una profunda conmoción, no solo por la crueldad del relato, sino porque el caso de Daha Mohamad Fadal Lahbib sintetiza la doble desprotección del pueblo saharaui: la persecución política en su tierra ocupada por el régimen marroquí y la violencia mafiosa en las rutas migratorias. 

La mirada está puesta ahora en las autoridades de Las Palmas y en el sistema judicial español, esperando que los testimonios de los otros 62 pasajeros permitan reconstruir la verdad y que este crimen en alta mar no quede sumergido en el olvido. 

El gobierno de quedó envuelto en una fuerte controversia tras firmar un acuerdo militar con Estados Unidos que habilita durante cinco años el patrullaje y monitoreo del Mar Argentino Sur por parte de fuerzas vinculadas a la Armada norteamericana. La decisión generó críticas por considerar que implica una cesión de soberanía sobre un área estratégica para el país.

El convenio no fue anunciado por la Casa Rosada ni por el Ministerio de Defensa argentino, sino directamente por el, organismo del Departamento de Defensa estadounidense encargado de las operaciones militares en América Latina y el Caribe. El dato alimentó las críticas opositoras sobre la relación asimétrica entre ambos gobiernos y el alineamiento automático de Milei con Washington.

El programa fue presentado bajo el nombre de “Protección de los Bienes Comunes Globales”, una definición que despertó especial rechazo porque el propio Comando Sur describió al Atlántico Sur como un “bien común global”, relativizando el carácter soberano del Mar Argentino y de una región atravesada por disputas geopolíticas, recursos estratégicos y la cuestión Malvinas donde persiste la ocupación militar británica.

La Carta de Intención fue firmada por el contraalmirante Carlos Sardiello, en representación de las Fuerzas Navales del Comando Sur y la Cuarta Flota estadounidense, junto al almirante Juan Carlos Romay por la Armada Argentina. Según Washington, el objetivo será “fortalecer la seguridad regional” y combatir amenazas marítimas mediante intercambio tecnológico, asistencia operativa y entrenamiento militar.

La primera etapa contempla la entrega de equipamiento de vigilancia para aeronaves argentinas, aunque el plan prevé una creciente participación estadounidense a través de tecnología, capacitación y tareas de control marítimo en el Atlántico Sur.

¿Que son los global commons?

El termino tiene su origen en el derecho anglosajón bajo cuyo significado histórico remitía a las tierras y recursos de usufructo comunal, pero que en las últimas décadas se ha tornado más dinámico en cuanto a su alcance incluyendo a espacios sujetos a una débil jurisdicción estatal como así también a aquellos donde la misma es inexistente, pasando de esta manera a formar parte de las agendas de seguridad de las potencias de la angloesfera que se atribuyen para si mismas la necesidad de “protegerlos y controlarlos”.

Críticas por “entrega de soberanía”

Desde distintos sectores políticos advirtieron que el acuerdo representa una avanzada extranjera sobre una zona estratégica bajo jurisdicción argentina. Uno de los primeros en cuestionarlo fue el ministro bonaerense, quien rechazó que el Mar Argentino pueda ser catalogado como un espacio internacional.

“El Mar Argentino no es un bien común global. Es un espacio donde la Argentina tiene la obligación de ejercer jurisdicción propia y custodiar sus recursos”, expresó el funcionario, quien además acusó al gobierno nacional de convertir el Atlántico Sur en un área de entrenamiento y monitoreo para potencias extranjeras.

La Armada Argentina firmó hoy con EE.UU. un programa para la “protección global de bienes comunes”. El anuncio ni siquiera fue comunicado oficialmente por el Ministerio de Defensa argentino. Lo hicieron exclusivamente la Embajada de EE.UU. y el Comando Sur.

El Mar Argentino no… pic.twitter.com/fNiv7yzA2J

— Carli Bianco (@Carli_Bianco) May 19, 2026

Bianco vinculó además la firma del acuerdo con el avance de intereses petroleros sobre las Islas Malvinas. Ese mismo día, la petrolera canadiense anunció su incorporación al consorcio integrado por la israelí y la británica, que planea explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte a partir de 2028.

Para sectores opositores, mientras empresas extranjeras avanzan sobre recursos estratégicos en torno a Malvinas, el gobierno argentino profundiza acuerdos militares con Estados Unidos sin impulsar acciones diplomáticas firmes contra la explotación petrolera en territorio en disputa.

Un alineamiento militar cada vez más profundo

El acuerdo firmado ahora aparece como un nuevo eslabón en la creciente cercanía entre la administración Milei y las Fuerzas Armadas estadounidenses. En abril, el presidente visitó el portaaviones frente a las costas de Mar del Plata durante ejercicios conjuntos organizados por el Comando Sur.

La relación con Washington también incluyó reuniones con la exjefa del Comando Sur, y posteriormente con su sucesor, con quien el gobierno coordinó despliegues militares regionales y ejercicios conjuntos, además en dichos encuentros quedó patente el interés de Washington por tutelar las infraestructuras estratégicas del país como la base naval conjunta de Ushuaia.

En octubre de 2025, Milei autorizó además el ingreso de tropas estadounidenses en mediante decreto, evitando el tratamiento legislativo requerido por la normativa vigente para ejercicios militares extranjeros, a lo que se suma diversos acuerdos en materia de ciberseguridad y ciberdefensa entre ellos con la polémica empresa Palantir señalada por ser un tentáculo de la CIA.

“Atlántico Sur” o “Mar Argentino”: la disputa por el sentido

La polémica también dejó expuesta una discusión geopolítica de fondo. Mientras Washington habla de “Atlántico Sur” y de “bienes comunes globales”, los críticos remarcan que se trata concretamente del, un espacio bajo soberanía nacional y parte integral de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La diferencia no es solamente semántica. Para especialistas y dirigentes opositores, definir la región como un “espacio global” diluye la jurisdicción argentina y legitima la intervención de potencias extranjeras sobre un territorio estratégico por sus recursos pesqueros, energéticos y su cercanía con las Islas Malvinas, el cruce bioceánico en el estrecho de Magallanes y la Antártida.

En ese contexto, el acuerdo firmado por Milei reavivó el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la región y sobre los límites del alineamiento argentino con Washington en materia de defensa y soberanía.