En los últimos doce meses se perdieron 141.700 puestos de trabajo registrados en relación de dependencia, mientras que desde el inicio de la gestión libertaria la cifra asciende a 329.600 empleos menos, entre el sector público y el privado.

Los datos surgen de un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado sobre la base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y muestran que la recuperación del mercado laboral sigue siendo esquiva. Aunque aumenta la cantidad de personas que trabajan, el crecimiento se explica principalmente por ocupaciones precarias e informales, mientras el empleo registrado continúa en retroceso.

El monotributo, que incorporó 49.500 nuevos inscriptos en el último año y 150.100 desde diciembre de 2023, no logra compensar la pérdida de puestos asalariados. La tendencia refleja un proceso de sustitución de empleo formal por modalidades laborales más inestables y con menor protección social.

Este deterioro también golpea al sistema previsional y de seguridad social. Según el informe, hay 622.300 aportantes menos mientras que los beneficiarios aumentaron en 426.261 personas, una combinación que agrava la presión sobre el financiamiento del sistema.

Los sectores más castigados son, precisamente, los que históricamente generan más empleo. De acuerdo con un relevamiento del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la industria manufacturera perdió alrededor de 83.000 puestos de trabajo, la construcción otros 60.000 y el comercio 33.200, confirmando el impacto de la recesión sobre la economía real.

El informe también advierte un cambio en la estructura productiva. Mientras la industria pierde peso como motor del crecimiento, avanzan actividades como la minería, los hidrocarburos y las finanzas, sectores de alta rentabilidad pero con escasa capacidad para generar empleo masivo. El resultado es una economía que crece en algunos nichos, pero sin traducirse en más trabajo de calidad.

Paralelamente, el empleo informal sigue ganando terreno. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), casi uno de cada dos trabajadores argentinos se desempeña en actividades microinformales, como changas, pequeños comercios, talleres, trabajo doméstico o cuentapropismo sin calificación, consolidando un mercado laboral cada vez más precarizado.

Las expectativas empresarias tampoco anticipan un cambio de tendencia. La última Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC muestra que apenas el 6,2% de los industriales considera buena la situación del sector, mientras predominan las previsiones de menor producción y nuevas caídas del empleo debido a la debilidad de la demanda interna. En ese marco, el Índice de Confianza Empresarial volvió a deteriorarse y se ubicó en -17,8%, reflejando el pesimismo que atraviesa a la industria argentina.

Durante un acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en San Pablo, el mandatario argentino insultó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “ladrón” y “basura socialista”, desatando una inmediata reacción del gobierno brasileño.

La respuesta de Brasilia fue contundente, en pocas horas, el Ministerio de Exteriores convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y el canciller Mauro Vieira citó de urgencia al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para transmitirle el rechazo oficial por las declaraciones de Milei.

Según trascendió, Vieira expresó su profundo malestar y reclamó incluso el relevo del cónsul argentino en San Pablo, Luis Kreckler, por haber organizado la visita presidencial y participado del acto en el que se produjeron los agravios.

Lejos de limitarse a opinar sobre política internacional, Milei intervino de lleno en la campaña electoral brasileña al pedir el voto para Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. En la convención del Partido Liberal (PL), el Presidente argentino alentó a derrotar a lo que definió como “la basura socialista” y volvió a atacar al Foro de San Pablo, al que acusó de buscar “diseminar el comunismo” en un claro discurso alineado con la actual retorica de Washington.

El gesto fue interpretado como un nuevo intento de Milei por alinearse con el bolsonarismo y los sectores más duros de la derecha internacional, aun a costa de deteriorar la relación con el mayor socio económico de la Argentina.

La escalada continuó con nuevos ataques contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien Milei llamó “basura calva” por impedirle visitar a Jair Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario en el marco de la causa por el intento de golpe de Estado de enero de 2023.

Como si el conflicto no fuera suficiente, el Presidente también afirmó, sin presentar evidencia, que el gobierno de Lula financió una supuesta campaña en redes sociales contra la Argentina durante el Mundial. Sin embargo, un informe de Inteligencia Analítica descartó esa versión al concluir que las publicaciones fueron espontáneas y no existió una operación coordinada.

Discurso del Presidente Javier Milei en el acto de lanzamiento de la candidatura a presidente de Flávio Bolsonaro, en Brasil. pic.twitter.com/YB28LEXrHC

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 26, 2026

En lugar de aportar pruebas, la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” del Gobierno evitó responder sobre el origen de esa acusación y se limitó a recordar la visita que Lula realizó el año pasado a Cristina Fernández de Kirchner.

Las críticas no tardaron en llegar desde ambos lados de la frontera. El gobernador bonaerense Axel Kicillof sostuvo que “da vergüenza ajena ver al presidente Milei insultar al Gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país”. En Brasil, el Partido de los Trabajadores consideró que el mandatario argentino “no está a la altura de la dignidad del cargo”, mientras que dirigentes del PDT y del PSOL se sumaron al repudio. También el presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, calificó los dichos de Milei como “irrespetuosos”.

No es la primera vez que Milei provoca un conflicto con Brasil. En 2024 ya había generado una fuerte tensión al ausentarse de la Cumbre del Mercosur para asistir a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) junto a Jair Bolsonaro. Ahora, con insultos directos contra Lula e injerencia en la campaña electoral brasileña, el Presidente vuelve a comprometer una relación estratégica para la Argentina en medio de una delicada situación económica y comercial.

Choferes de colectivos y delegados gremiales denunciaron que empresas de transporte, en base a directivas atribuidas al Gobierno Nacional, comenzaron a retirar de las unidades la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas”, una medida que consideran parte de una bajada de línea desmalvinizadora.

Trabajadores de distintas líneas, entre ellas las del Grupo DOTA, aseguraron haber recibido órdenes para despegar mapas, banderas y calcomanías alusivas a Malvinas de los laterales de los colectivos. Según los testimonios, la remoción de las insignias también comenzó a realizarse en formaciones ferroviarias, lo que amplió la preocupación entre los gremios del transporte.

La norma vigente establece que la leyenda debe exhibirse en un lugar visible en colectivos urbanos, servicios de media y larga distancia, trenes, barcos y aeronaves que operen dentro o fuera del país, por lo que los denunciantes sostienen que su eliminación no solo implica un fuerte gesto simbólico, sino también un eventual incumplimiento de la legislación.

Los choferes vinculan esta decisión con la incomodidad que mostró el gobierno de Javier Milei luego de que la Selección Argentina exhibiera una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” durante el Mundial 2026, en el partido frente a Inglaterra. Afirman que la presunta orden para retirar las insignias comenzó a circular después de aquel encuentro, reforzando la percepción de que existe una intención de reducir la presencia de la causa Malvinas en los espacios públicos.

Lejos de apagarse, el gesto de la Selección fue replicado por otros equipos del fútbol argentino. Argentinos Juniors salió al campo de juego con la bandera antes de su partido frente a Sarmiento por el Torneo Clausura, mientras que Tigre hizo lo propio en su encuentro por la Copa Sudamericana frente a Nacional de Uruguay. Para quienes impulsan la denuncia, la decisión de retirar la leyenda de colectivos y trenes contrasta con el respaldo que la causa Malvinas sigue encontrando en distintos ámbitos de la sociedad y reabre el debate sobre el lugar que ocupa el reclamo de soberanía en la agenda del Gobierno nacional.

Pese a los reiterados gestos de respaldo político hacia el mandatario estadounidense y a la expectativa del Gobierno de obtener un trato preferencial, la administración norteamericana confirmó que los productos argentinos también quedarán alcanzados por el nuevo esquema de aranceles que comenzará a regir desde este viernes.

La medida fue oficializada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que incluyó a la Argentina dentro del grupo de 60 países alcanzados por la nueva política comercial impulsada por la Casa Blanca tras investigaciones vinculadas a prácticas comerciales y controles sobre el trabajo forzoso.

En concreto, las exportaciones argentinas deberán pagar un arancel general del 10% para ingresar al mercado estadounidense, el mismo nivel que regirá para países como Canadá, México, India, Indonesia, Malasia, Ecuador y el Reino Unido.

La decisión constituye un nuevo revés para la estrategia internacional de Milei, quien apostó por un alineamiento casi automático con Washington bajo la premisa de que esa cercanía abriría oportunidades comerciales y facilitaría un tratamiento diferencial para la Argentina. Sin embargo, la administración Trump dejó en claro que la afinidad política no pesa a la hora de definir medidas destinadas a proteger los intereses económicos de Estados Unidos.

Según explicó la USTR, los nuevos gravámenes forman parte de una política orientada a sancionar a los países que, según la evaluación de Washington, no implementan mecanismos suficientes para impedir el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso. La decisión se apoyó en investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta utilizada por Estados Unidos para responder a prácticas que considera desleales o distorsivas para el comercio internacional.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que el objetivo de la medida es “corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora”.

Aunque la resolución contempla la posibilidad de otorgar excepciones a determinados sectores o países que acrediten controles efectivos sobre estas prácticas, hasta el momento Washington no precisó cuáles podrían beneficiarse de ese tratamiento especial, por lo que la Argentina continuará alcanzada por el arancel general del 10%.

Los nuevos aranceles comenzarán a regir este viernes, una vez vencido el régimen transitorio que Estados Unidos había establecido tras la suspensión judicial del esquema anterior de tarifas globales promovido por Trump. La normativa también prevé aranceles de entre el 10% y el 12,5% para productos provenientes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza, mientras que otros países enfrentarán una tasa general del 12,5%.

Si bien algunos bienes considerados estratégicos quedarán exceptuados para evitar problemas de abastecimiento o impactos sobre la producción estadounidense, la decisión confirma que el alineamiento político del Gobierno argentino no alcanzó para obtener un trato diferencial. En materia comercial, la administración Trump volvió a priorizar la defensa de los intereses de Estados Unidos por encima de las afinidades ideológicas con la Casa Rosada.

El empresario Aldo Lo Russo cuestionó el optimismo del viceministro José Luis Daza y advirtió que la crisis golpea de lleno a las pymes. “La calle no está viendo lo que dice el Gobierno”, afirmó, mientras recordó los casos de Metalfor y Sancor como ejemplos del deterioro productivo.

El empresario pyme Aldo Lo Russo salió al cruce de las declaraciones del viceministro de Economía, José Luis Daza, quien aseguró que en la economía argentina “ya están los brotes verdes”. Para el industrial, la realidad es exactamente la opuesta: “No hay plata en la calle, no se ve un brote verde y la actividad está completamente parada”.

Daza había utilizado la expresión popularizada durante el gobierno de Mauricio Macri para celebrar la mejora en la calificación de la deuda argentina otorgada por Moody’s. Sin embargo, las afirmaciones del funcionario fueron rápidamente cuestionadas por Lo Russo, quien aseguró que el panorama que enfrentan las empresas y los trabajadores está muy lejos de ese optimismo.

“Acabo de hablar con un cliente, también de ideas liberales, que me decía: ‘Es la primera vez que voy a cobrar 400 mil pesos y vuelvo con apenas 200 mil'”, relató el empresario en declaraciones al canal de streaming Ahora Play, como ejemplo de las dificultades que atraviesan los comercios.

“No hay plata en la calle. La actividad está completamente parada, no se ve un brote verde. A veces me parece que estas cosas son de muy mal gusto desde la perspectiva de quienes trabajan, sean de la ideología que sean, porque la calle no está viendo eso“, remarcó.

Para reforzar su diagnóstico, Lo Russo mencionó la situación de empresas emblemáticas de la producción nacional. Recordó que Metalfor, fabricante de maquinaria agrícola, atraviesa una profunda crisis pese a haber invertido durante años en tecnología e innovación. “Hoy está muerta”, afirmó, en referencia a la empresa cordobesa que recientemente despidió a 35 trabajadores en su planta de Noetinger.

También apuntó al sector lácteo y citó el caso de Sancor, además de otras firmas como Verónica y numerosas industrias más pequeñas, cuya actividad depende en gran medida del mercado interno. “Están quebradas”, sostuvo, al advertir que la falta de consumo y la paralización de la economía siguen agravando la situación de las pymes argentinas.

En un nuevo intento por captar los denominados “dólares del colchón”, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó junto a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal.

Durante el anuncio, insistió en que quienes mantienen sus ahorros fuera del sistema financiero están tomando “una muy mala decisión económica”.

El funcionario explicó que el proyecto incorpora cuatro modificaciones respecto de la iniciativa original, aunque aseguró que mantiene el mismo objetivo: incentivar que los ahorristas vuelquen sus dólares al circuito formal y al sistema bancario.

En ese marco, Caputo volvió a poner el foco sobre los dólares atesorados por los argentinos y afirmó que “la razón por la que hacemos esto es porque para las personas tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio porque los dólares pierden valor. Es una muy mala decisión económica tener los dólares bajo el colchón”.

Según explicó el ministro, los cambios incorporados al texto fueron realizados luego de recibir observaciones de especialistas en materia tributaria, aunque remarcó que el espíritu de la iniciativa permanece intacto: lograr que los ahorros en dólares que hoy permanecen fuera del sistema ingresen a la economía formal.

Mientras les pide a los argentinos sacar los dólares del colchón, Caputo mantiene al menos US$ 2,9 millones declarados en el exterior

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a insistir en que los argentinos saquen los denominados “dólares del colchón” y los incorporen al sistema financiero, cabe recordar que durante la conferencia de presentación de la nueva Ley de Inocencia Fiscal quedó expuesta una contradicción: el propio funcionario mantiene una parte importante de su patrimonio declarada fuera del país.

La situación quedó en evidencia cuando un periodista le preguntó cuántos dólares tenía en el exterior. Visiblemente molesto, Caputo interpretó inicialmente que se insinuaba que tenía dinero “en el colchón” sin declarar y exigió que el periodista rectificara la pregunta. Una vez aclarado que la consulta era por los fondos declarados en el extranjero, respondió que cualquier persona es libre de tener su dinero en la Argentina o fuera del país, siempre que esté debidamente declarado y pague los impuestos correspondientes.

De acuerdo con su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente al cierre de 2023, Caputo informó depósitos en el exterior por aproximadamente US$ 2,9 millones, distribuidos en cuentas de Estados Unidos y otros países. Esa cifra representa un fuerte incremento respecto del comienzo de ese año, cuando esos activos ascendían a unos US$ 470.000.

La declaración jurada de 2024 todavía no fue publicada, por lo que no existe información oficial actualizada sobre la composición de su patrimonio.

El episodio cobró especial relevancia porque se produjo inmediatamente después de que el ministro afirmara que “es una muy mala decisión económica tener los dólares bajo el colchón” y reclamara a los ahorristas que vuelquen sus divisas al sistema financiero local, mientras él mismo defendió el derecho a mantener parte de su patrimonio fuera del país.

En la AFA crecen las sospechas de que Mauricio Macri habría instigado y promovido la amenaza de una dura sanción de la FIFA contra la Selección Argentina, una maniobra que, según dirigentes cercanos a Claudio “Chiqui” Tapia, buscó desestabilizar al plantel antes de la final del Mundial y golpear políticamente a la conducción del fútbol argentino.

La hipótesis comenzó a tomar fuerza luego de que trascendiera que los futbolistas fueron advertidos sobre una posible suspensión de hasta diez años por haber desplegado una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras la victoria frente a Inglaterra. Aunque nunca se oficializó ninguna sanción, familiares de los jugadores aseguraron que la amenaza existió y que el episodio afectó anímicamente al plantel antes del encuentro decisivo con España.

En los clubes alineados con Tapia sostienen que Macri habría utilizado sus vínculos dentro de la FIFA para hacer llegar esa advertencia, con el objetivo de erosionar la imagen del presidente de la AFA y favorecer una ofensiva política para desplazarlo. El expresidente ocupa desde 2020 la presidencia de la Fundación FIFA, designado por Gianni Infantino, una posición que le permite mantener estrechos contactos con dirigentes de peso en el fútbol internacional.

La sospecha se enmarca en la disputa por el futuro del fútbol argentino. En la AFA consideran que Macri integra el sector que impulsa el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y que, para avanzar con ese proyecto, necesita debilitar a Tapia y a la actual conducción de la entidad.

Las versiones también se alimentaron por la difusión de información sobre una supuesta orden judicial de Estados Unidos para secuestrar el teléfono celular de Tapia, una noticia publicada por medios nacionales y luego desmentida por la AFA. En realidad, la investigación judicial estadounidense apunta a Guillermo Tofoni, denunciante de Tapia y viejo aliado de Macri, a quien un juez le ordenó explicar la filtración de documentación protegida por normas de confidencialidad y disponer la devolución o destrucción de ese material.

Tofoni mantiene desde hace años una estrecha relación con el expresidente, quien además no oculta su intención de volver a tener influencia en Boca Juniors y ha respaldado públicamente la implementación de las SAD como modelo para el fútbol argentino.

A ese contexto se sumaron las críticas de Macri contra los jugadores por exhibir la bandera de Malvinas tras eliminar a Inglaterra. “Hicieron una de más”, afirmó entonces, cuestionando el gesto de la Selección.

Con ese escenario de fondo, en la dirigencia de la AFA sostienen que la amenaza de la FIFA no habría sido un episodio aislado, sino parte de una maniobra política destinada a condicionar al plantel y abrir un frente contra Tapia. “¿Qué le importa a la UEFA la AFA? Detrás de esto está Macri”, deslizan desde el entorno del presidente de la entidad, convencidos de que la advertencia internacional fue utilizada como una herramienta para disputar el poder en el fútbol argentino.

La Argentina perderá otra capacidad industrial estratégica. Pampa Energía confirmó el cierre definitivo de su planta de caucho sintético de Puerto General San Martín, en Santa Fe, la única del país dedicada a esa producción.

La decisión pone en riesgo alrededor de 200 puestos de trabajo y marca el fin de la fabricación nacional de un insumo clave para la industria del neumático y otros sectores.

La empresa inició un proceso de retiros voluntarios que fue rechazado por el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU), que denunció que las desvinculaciones “no son voluntarias” y declaró el estado de alerta y movilización.

“Hoy anuncian el cierre de la única planta de caucho del país”, advirtió el secretario general del gremio, Mauricio Brizuela, quien confirmó que el conflicto será abordado en una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo.

Desde Pampa Energía argumentaron que la decisión responde al derrumbe de la demanda, la pérdida de mercado y el impacto provocado por la paralización de la producción de neumáticos de FATE, uno de los principales clientes de la planta.

“El principal motivo que nos comunicó la empresa es la falta de mercado para los productos”, explicó Brizuela. El dirigente señaló que la situación se agravó en los últimos meses: “FATE era uno de los mayores compradores de Argentina. Antes se llevaba casi 7.000 toneladas mensuales y ahora apenas retiraba unas 250. Eso viene ocurriendo desde hace seis o siete meses”.

El gremio también denunció que ya hubo despidos entre el personal fuera de convenio y que la empresa está convocando a trabajadores para negociar desvinculaciones individuales.

Mientras la compañía atribuye el cierre a la crisis del mercado, medios santafesinos señalaron que la decisión coincide con un período en el que otros negocios de Pampa Energía reciben fuertes inversiones y concentran las expectativas de crecimiento del grupo empresario.

Con este cierre, Argentina deja de producir caucho sintético y suma un nuevo retroceso en su entramado industrial. La desaparición de la única planta del país implica la pérdida de una producción estratégica, mayor dependencia de las importaciones y un nuevo golpe para el empleo industrial en un contexto marcado por el cierre de fábricas y la caída de la actividad manufacturera.

El viceministro de Economía José Luis Daza volvió a utilizar la metáfora que Mauricio Macri convirtió en símbolo de una recuperación que nunca llegó. Aunque admitió que “la gente no llega a fin de mes”, aseguró que la economía ya muestra señales de mejora gracias al equilibrio fiscal.

En una frase que remite de inmediato a uno de los emblemas discursivos del gobierno de Mauricio Macri, el viceministro de Economía, José Luis Daza, afirmó este miércoles que en la Argentina “ya están los brotes verdes”. La expresión, utilizada en 2016 para anunciar una recuperación económica que nunca terminó de percibirse en el bolsillo de la mayoría de los argentinos, volvió a escena de la mano de un funcionario de Javier Milei.

Durante una entrevista con Radio Mitre, Daza reconoció el fuerte deterioro social, aunque defendió el rumbo económico del Gobierno. “Que la gente no llegue a fin de mes es una tragedia. Ser pobre es una tragedia, pero evitamos una catástrofe”, sostuvo al justificar el ajuste aplicado por la administración libertaria.

Según el viceministro, el equilibrio fiscal y el ordenamiento de las principales variables macroeconómicas ya comenzaron a generar las condiciones para una recuperación, aunque admitió que las inversiones y los nuevos empleos “todavía no se ven”. Para ilustrar esa idea recurrió a un proverbio japonés: “Hace más ruido un árbol cayéndose que cien plantitas empezando a crecer”.

El regreso de una promesa que fracasó

La referencia a los “brotes verdes” inevitablemente recuerda al discurso del macrismo. En 2016, funcionarios como Alfonso Prat-Gay aseguraban que la economía comenzaba a recuperarse gracias al repunte de algunos indicadores y a la obra pública. Sin embargo, aquella expectativa nunca logró traducirse en una mejora sostenida para la mayoría de la población y terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de las promesas incumplidas del gobierno de Cambiemos.

Aunque Daza intenta diferenciarse de aquella gestión y asegura que entonces discrepaba con la política fiscal de Macri, el paralelismo resulta inevitable. Si hace una década el oficialismo hablaba de confianza empresarial y de una inminente “lluvia de inversiones”, hoy el funcionario libertario menciona US$ 140.000 millones en proyectos de inversión y proyecta que Argentina podría recuperar el grado de inversión recién hacia 2031.

Mientras el Gobierno celebra mejoras en la calificación de la deuda y otros indicadores financieros, el propio Daza reconoce que el alivio aún no llega a la economía cotidiana. La distancia entre las variables macroeconómicas y la realidad de los hogares sigue siendo evidente: salarios rezagados, consumo deprimido y una recuperación que, por ahora, vuelve a apoyarse en la promesa de unos “brotes verdes” que muchos argentinos ya escucharon hace casi una década sin que terminaran de florecer.

El director del organismo Nicolás Bronzovich también confirmó que el Gobierno continuará con el desprendimiento de tierras del organismo bajo el argumento de que solo la mitad tiene uso científico, una afirmación cuestionada por especialistas y entidades del sector.

Mientras el Gobierno avanza con el ajuste y el desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, sorprendió con una insólita defensa de los despidos masivos de personal técnico y científico al afirmar que representan “una oportunidad para redoblar esfuerzos”.

Lejos de manifestar preocupación por la pérdida de casi 900 trabajadores altamente capacitados, Bronzovich sostuvo que la reducción de personal permitirá convertir al INTA en “la plataforma de innovación de la Argentina”, pese a que la salida de investigadores, extensionistas y técnicos implica una fuerte pérdida de capacidades para uno de los principales organismos de ciencia y tecnología del país.

En declaraciones a Clarín Rural, el funcionario confirmó además que el Gobierno continuará avanzando con el plan para desprenderse de tierras del instituto. Según explicó, ya fueron desafectadas unas 15.000 hectáreas, equivalentes al 10% del patrimonio territorial del organismo, y anticipó que podrían venderse muchas más.

La justificación oficial resulta tan polémica como llamativa: Bronzovich aseguró que, de las más de 100.000 hectáreas que posee el INTA, apenas unas 50.000 están destinadas a actividades científicas o tecnológicas y que el resto podría dejar de pertenecer al organismo porque, según su criterio, “los productores producen y los investigadores investigan”.

Con ese argumento, adelantó que continuarán revisando cada campo y que toda superficie que el Gobierno considere innecesaria para la investigación será desafectada para otros destinos.

Sin embargo, esa explicación ya fue cuestionada por especialistas y por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), que rechazó la idea de que gran parte de esas tierras carezcan de utilidad. Diversos sectores advierten que numerosos campos cumplen funciones estratégicas para experimentación, conservación, producción de semillas, extensión rural y desarrollo tecnológico.

Las sospechas apuntan además a que detrás del plan de venta de tierras podría existir un importante negocio inmobiliario. Las miradas se concentran sobre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encargada de administrar esos inmuebles y presidida por Nicolás Pakgojz, un dirigente identificado como hombre de confianza del empresario inmobiliario Eduardo Elsztain, uno de los empresarios más cercanos al presidente Javier Milei.

En paralelo, Bronzovich confirmó que 887 trabajadores aceptaron el programa de retiros voluntarios, reduciendo la planta del INTA a alrededor de 5.000 empleados. Lejos de considerar esa pérdida de recursos humanos como un problema para la investigación pública, insistió en que “lo vemos como una oportunidad para que el INTA redoble sus esfuerzos”, una definición que generó fuertes críticas por naturalizar el vaciamiento de un organismo clave para el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la Argentina.