“No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral’”, aseguraba Milei en una entrevista televisiva.
En una muestra más de su inconsistencia discursiva, Javier Milei guarda ahora un elocuente silencio ante la decisión del gobierno de utilizar fondos del FMI con fines electorales, una práctica que él mismo condenó con vehemencia en 2018. En aquel entonces, el economista libertario lanzó duras críticas contra el entonces presidente del Banco Central, Luis Caputo, por querer usar las reservas del FMI para política monetaria. “La tensión con el Fondo es porque Caputo quería usar las reservas para hacer política monetaria. Y el Fondo le dijo: “No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral, fijate que estaban hablando de 20 mil millones de dólares y le dieron solo 5 mil, porque le dijeron basta, no podes patinarte la guita en una ventura electoral”aseguraba Milei en una entrevista televisiva.
El contraste no puede ser más evidente. Hace apenas unos años, Milei denunciaba que el uso de los fondos del FMI con objetivos políticos era una maniobra irresponsable que hipotecaba el futuro del país. Sus discursos se llenaban de frases tajantes sobre la necesidad de evitar la manipulación electoral de los recursos estatales. No obstante, ahora que su gobierno se enfrenta a dificultades económicas y la posibilidad de perder apoyo popular, la utilización de los mismos mecanismos que antes condenaba ya no parece molestarle.
Esta contradicción deja en evidencia la doble vara con la que Milei mide los hechos según su conveniencia política. Mientras que en la oposición se erigía como un defensor intransigente de la disciplina fiscal y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, en el poder parece haber adoptado una visión mucho más pragmática, en la que las críticas del pasado se desvanecen ante la urgencia de sostener su administración.
El silencio de Milei sobre este tema no es un detalle menor. Refleja la transformación de un político que, a pesar de haber construido su imagen sobre la base de la intransigencia ideológica, ahora demuestra que sus principios pueden flexibilizarse cuando las circunstancias lo requieren. La pregunta que queda en el aire es si sus seguidores, aquellos que confiaron en su coherencia, seguirán justificando este cambio o si finalmente comenzarán a cuestionar la verdadera naturaleza de su liderazgo.
Es por la compra de cuatro buques guardacostas al astillero francés Naval Group, con un frondoso historial de corrupción.
La gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad vuelve a quedar envuelta en un escándalo de corrupción tras la denuncia de un presunto fraude millonario en la compra de cuatro buques patrulleros a la empresa francesa Naval Group. La operación, que supera los 325 millones de dólares, ha sido señalada por licitación direccionada, exclusión de astilleros nacionales y posibles sobreprecios, generando un fuerte rechazo en la industria naval argentina.
Este nuevo caso se suma a las denuncias que Bullrich ya enfrentó en su anterior paso por la cartera de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando fue acusada de compras de armamento y equipamiento con sobreprecios y de favorecer a determinados proveedores de origen israelí en licitaciones irregulares.
En 2018, la misma empresa francesa Naval Group –entonces llamada DCNS– vendió cuatro patrulleros tipo OPV-90 clase “Gowind” a la Armada Argentina en una compra directa, con un costo señalado como excesivo, uno de los cuales ya era usado y presentó además problemas en su planta de propulsión. Ahora, nuevamente bajo la gestión de Bullrich, la compañía es beneficiada en un proceso plagado de sospechas.
Una licitación a medida de una empresa con historial de corrupción
La compra de estos cuatro Offshore Patrol Vessel (OPV) fue impulsada inicialmente en noviembre de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, pero Bullrich decidió mantenerla y acelerar el proceso tras asumir en diciembre. A pesar de los reclamos de astilleros argentinos y la Comisión Asesora de la Industria Naval (CAIN), que pedían extender el plazo de la licitación o directamente anularla por favorecer a un proveedor extranjero, el Ministerio de Seguridad avanzó con la adjudicación a Naval Group.
En nuestro país, el Astillero Rio Santiago (ARS) ubicado en la localidad de Ensenada, viene presentando diversos proyectos de buques similares de diseño y producción nacional, que además de tener un costo inferior ocupan mano de obra y trabajo nacional con el consecuente ahorro de divisas.
La firma francesa acumula denuncias internacionales por sobornos y corrupción en contratos militares en países como Malasia, India y Brasil. En 2017, fue señalada en el “Ranking de Corrupción Militar” elaborado por la Fletcher School de la Universidad de Tufts, lo que refuerza las sospechas sobre la transparencia de la licitación argentina.
Sospechas de fraude y perjuicio para la industria nacional
El ingeniero naval Raúl Podetti, quien llevó el caso a la justicia federal ante el juzgado de María Servini, denunció que la compra de los barcos implica una “defraudación millonaria” en dólares, ya que al construirse al menos uno de los barcos en el extranjero, se evitan impuestos nacionales por valores de entre 20 y 30 millones de dólares por unidad.
Lancha de Instrucción de Cadetes para la Armada (LICA) construida por Astillero Rio Santiago, cuyo potencial sigue siendo ignorado en beneficio de costosos contratos en el extranjero.
Además, Podetti señala que el astillero argentino SPI, al que se le asignó la construcción de tres de los barcos, no tiene la capacidad técnica para llevar a cabo el proyecto. “No dispone del equipamiento necesario para botar un barco de 85 metros de eslora”, advirtió. Esto refuerza la sospecha de que la maniobra podría derivar en que los buques sean fabricados íntegramente en Francia y luego importados, evadiendo impuestos.
Por otro lado, los denunciantes cuestionan la necesidad de la compra, ya que la Prefectura Naval Argentina cuenta con cuatro patrulleros similares en la Base de Mar del Plata con pocas horas de navegación, lo que hace que la adquisición parezca más una operación comercial favoreciendo a Naval Group que una necesidad real de modernización.
OPV 90 clase Gowind de origen francés en servicio con la Armada Argentina, prefectura adquiriría buques de la misma clase.
Vínculos con el acuerdo entre Milei y Macron
El proceso de compra de estos barcos tomó aún más velocidad tras la reunión entre el presidente Javier Milei y su par francés Emmanuel Macron en noviembre de 2023. En ese encuentro, ambos mandatarios cerraron un acuerdo que incluye la adquisición de submarinos y patrulleros por una suma total de aproximadamente 2 mil millones de dólares, financiados por Francia.
Este vínculo diplomático genera aún más suspicacias sobre la falta de competencia real en la licitación y el rol de la gestión de Bullrich en favorecer a la empresa francesa, desestimando los reclamos del sector naval argentino.
Un patrón de corrupción repetido
Este escándalo refuerza el patrón de irregularidades que ya rodearon a Bullrich en el pasado. Durante el gobierno de Macri,su gestión en Seguridad fue cuestionada por compras directas de equipamiento militar con sobreprecios y adjudicaciones a proveedores sin licitación competitiva. En 2018, la compra de los patrulleros a Naval Group ya había sido señalada por haber costado el doble de su valor de mercado.A esto se suma el escandalo durante esos mismos años por la compra de cinco viejos cazabombarderos “Super Etendard Modernisé” (SEM) que llegaron totalmente fuera de servicio y que aun permanecen postrados en los hangares de la Aviación Naval de la Armada con futuro incierto.
Ahora, con una nueva denuncia en curso, la ministra vuelve a estar en el centro de un posible esquema de corrupción estructural dentro del Ministerio de Seguridad. Mientras la justicia investiga si se trata de un “delito en curso”, como sugirió la jueza Servini, las sospechas sobre la transparencia de la operación siguen creciendo.
La inversión extranjera directa en Argentina sufrió una fuerte caída en los últimos meses, con una salida neta de casi 1.700 millones de dólares en el primer trimestre del año, según datos del Banco Central (BCRA).
En febrero, la fuga de capitales alcanzó los 1.050 millones de dólares, reflejando la falta de confianza del sector privado en el actual contexto económico. Esta tendencia no solo debilita las ya escasas reservas internacionales, que perforaron el nivel de los 26 mil millones de dólares, sino que también agrava las dificultades del país para atraer inversiones a largo plazo.
El deterioro de la inversión extranjera directa es un factor clave para el crecimiento económico, ya que estos capitales suelen estar destinados a sectores estratégicos como la industria, la infraestructura y la tecnología. La persistente incertidumbre económica, junto con la elevada carga tributaria y la inestabilidad normativa, desalienta la llegada de nuevas inversiones, afectando tanto la creación de empleo como la modernización del aparato productivo.
El pedido de la UIA: volver a tener políticas industriales
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) advierten que, mientras el mundo desarrollado refuerza sus estrategias industriales en un contexto de creciente proteccionismo y competencia global, Argentina avanza en la dirección opuesta. La entidad insiste en la necesidad urgente de implementar un plan industrial integral que permita mejorar la competitividad del sector productivo y fortalecer las cadenas de valor estratégicas.
El informe del Centro de Estudios UIA destaca que países como Estados Unidos, la Unión Europea y China han intensificado sus políticas industriales, combinando incentivos con medidas proteccionistas para impulsar la producción local. En contraste, la falta de un plan industrial sólido en Argentina pone en riesgo la generación de empleo y el desarrollo tecnológico, aumentando la vulnerabilidad del sector manufacturero frente a la competencia internacional.
La UIA subraya que los cambios estructurales en la economía mundial, como la digitalización, la transición energética y la reconfiguración de las cadenas de suministro debido a las tensiones geopolíticas, requieren una estrategia industrial clara para no quedar relegados en el nuevo orden global. Sin políticas activas para incentivar la producción nacional, Argentina corre el riesgo de perder oportunidades estratégicas para el desarrollo y la generación de empleo de calidad.
A pesar del ordenamiento de algunas variables macroeconómicas y de la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), los inversores extranjeros continúan mostrando cautela. La inestabilidad normativa, la ausencia de incentivos adecuados y la falta de previsibilidad económica desalientan la llegada de nuevos capitales. En este escenario, la UIA reitera que es imperativo que el gobierno tome medidas concretas para revertir esta tendencia y generar un entorno favorable para la inversión y el desarrollo productivo. De lo contrario, Argentina seguirá perdiendo competitividad y profundizando su dependencia de sectores de baja productividad en un contexto internacional cada vez más desafiante que compite por el dominio de las tecnologías de frontera y trabajos de alta calidad.
El Poder Ejecutivo destinó $195.000 millones a beneficios impositivos para empresas Tech, con Mercado Libre como principal beneficiario.
En un contexto de ajuste fiscal que golpea a sectores clave y deja a muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) al borde del cierre, el Gobierno ha decidido otorgar exenciones impositivas por $195.000 millones a empresas del sector tecnológico, con Mercado Libre como principal beneficiaria. La medida, tomada por decreto, generó fuertes críticas debido a que prioriza a grandes corporaciones con utilidades millonarias que en muchos casos se giran al exterior, mientras otros sectores productivos se enfrentan a crecientes costos, una merma en el consumo y los efectos de la apertura importadora.
El decreto, publicado la semana pasada en simultáneo con la jornada de protestas y represión en el Congreso, amplía en un 30% el presupuesto destinado al régimen de Economía del Conocimiento en comparación con el año anterior, superando en 10 puntos la inflación proyectada. En contraste, el Presupuesto 2025 prevé aumentos mucho menores en áreas esenciales: solo un 1,7% para Capital Humano, 2,3% para Defensa y 3,6% para el Poder Judicial.
Este régimen, creado en 2019 como una evolución de la Ley de Software, otorga beneficios fiscales a empresas dedicadas a la exportación de software, biotecnología y otros servicios tecnológicos. Sin embargo, aunque su objetivo inicial era fomentar la innovación y el empleo, su implementación ha favorecido principalmente a grandes compañías. Mercado Libre, que en los últimos tres años recibió USD 250 millones en incentivos, es el mayor beneficiario. A pesar de que el Gobierno no ha transparentado la información, fuentes del sector confirman que la empresa fundada por Marcos Galperin concentra buena parte de estos subsidios. En 2024, la compañía reportó ingresos por USD 21.000 millones y una valuación de USD 105.000 millones, pero destinó solo USD 75 millones a inversiones en Argentina, una cifra similar a lo que percibe en subsidios fiscales.
El esquema ofrece dos beneficios principales: un reintegro de contribuciones patronales y una reducción del impuesto a las ganancias, que alcanza el 20% para grandes empresas y el 60% para las más pequeñas. Sin embargo, el impacto real en las pymes es limitado, ya que según datos oficiales, 76 grandes compañías concentraban en 2023 el 50% de los empleados alcanzados por el régimen y absorbieron la mitad del cupo fiscal.
Además de Mercado Libre, entre las empresas que reciben estos beneficios se encuentran Globant, Accenture, Despegar y Capgemini. En el sector financiero y sindical han surgido fuertes críticas a la medida, señalando que los subsidios terminan beneficiando a un grupo reducido de firmas con sede en el exterior o en paraísos fiscales. “Año a año, los subsidios quedan en manos de grandes corporaciones que no reinvierten en el país”, denunció Esteban Sargiotto, director del Observatorio del Trabajo Informático (OTI). Desde esta entidad también se cuestiona la falta de transparencia en la asignación de los recursos y la ausencia de un convenio colectivo para los trabajadores del sector.
Sin embargo, para muchas pymes que enfrentan costos crecientes, tasas de interés elevadas y una caída en el consumo, la medida resulta un nuevo golpe. Mientras ellas luchan por no bajar sus persianas, las grandes empresas continúan recibiendo beneficios millonarios que no necesariamente se traducen en un mayor desarrollo productivo dentro del país.
La industria automotriz argentina enfrenta una crisis sin precedentes con despidos masivos y el cierre de líneas de producción en Toyota y Nissan, impulsados por la retracción del mercado interno y un cambio en la estrategia productiva de las empresas.
Toyota: Un Modelo de Expansión Convertido en Símbolo de Ajuste
La automotriz japonesa Toyota, que hasta hace poco era un motor de crecimiento industrial en Argentina, se ha transformado en un ejemplo de ajuste drástico. Desde enero de 2025, la empresa viene llevando a cabo despidos masivos en su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires.
Las desvinculaciones afectan tanto a operarios como a supervisores, incluyendo empleados con hasta dos décadas de antigüedad. Incluso representantes gremiales han sido alcanzados por el ajuste: de los 70 delegados que el gremio de mecánicos SMATA tenía en la empresa, solo quedan siete.
“Te llaman antes del turno de ingreso para avisarte que estás desvinculado por estructuración y te pagan lo que corresponde legalmente”, reveló una fuente interna. Se estima que la compañía ya ha despedido al menos a 150 trabajadores en lo que va del año y prevé una reducción mínima de 200 puestos en el corto plazo, debido a la caída de la demanda y a la automatización de ciertos procesos productivos.
“Te llaman antes del turno de ingreso para avisarte que estás desvinculado por estructuración y te pagan lo que corresponde legalmente”, destacaron fuentes gremiales.
Nissan: Fin de la Producción Local y Reducción de Personal
En paralelo, Nissan Argentina anunció su decisión de discontinuar la producción de la pickup Frontier en el país para fines de 2025, cerrando así un ciclo de ocho años de fabricación local. La medida responde a una estrategia global de la compañía y a la caída de ventas en el mercado interno y en destinos de exportación clave como Chile y Colombia.
El impacto ya se hace sentir en la planta de Santa Isabel, Córdoba, donde las suspensiones y planes de retiros voluntarios avanzan a un ritmo preocupante. “El año comenzó con un solo turno operativo, lo que implicó la suspensión de un turno completo”, afirmó Maximiliano Ponce, secretario de SMATA Córdoba. Actualmente, 120 trabajadores están suspendidos cobrando el 70% de su salario sin asistir a la planta, mientras que otros 400 operarios continúan trabajando, aunque sin certezas sobre su futuro.
Impacto en la Industria Autopartista
El cese de producción de Toyota y Nissan también afecta a los proveedores locales, con riesgo de cierre para varias empresas del sector autopartista. Un caso emblemático es el de Maxion Montich SA, fabricante de chasis para la Frontier y la Alaskan, que quedará fuera del nuevo esquema productivo de Renault a partir de 2026.
La fábrica Santa Isabel está transformándose en una planta con perfil exportador para vehículos utilitarios. Kangoo y Niágara serán los únicos modelos en producción en los próximos años.
La preocupación crece entre los autopartistas debido a la proliferación de proyectos industriales con un bajo nivel de integración nacional. “Al menos dos proyectos que incluyen vehículos chinos ensamblados en Argentina sin muchas partes locales están a punto de ser anunciados. Esto reducirá la escala de producción y perjudicará a toda la industria”, advirtieron fuentes del sector.
La crisis en Toyota y Nissan marca un punto de inflexión en la industria automotriz argentina, con un futuro incierto para miles de trabajadores y proveedores que dependen de la producción local.
La incapacidad del presidente para responder a sus expectativas ha provocado un quiebre que amenaza con debilitar uno de sus principales sostenes políticos.
Las últimas encuestas nacionales reflejan un cambio preocupante para Javier Milei: su imagen se deteriora con rapidez entre los jóvenes, uno de los pilares de su base electoral en 2023. La incapacidad del presidente para responder a sus expectativas ha provocado un quiebre que amenaza con debilitar su sostén político.
Según un relevamiento conjunto de lasconsultoras Alaska y Trespuntozero, la gestión de Milei acumula un 55,1% de rechazo a nivel nacional y casi la mitad de los encuestados (47,6%) califica su desempeño como “muy malo”. La imagen positiva, por su parte, ha caído al 42%, consolidando un descenso que genera preocupación dentro de La Libertad Avanza.
Los jóvenes le dan la espalda: la primera gran fractura
El sector de 16 a 29 años, que en noviembre de 2024 respaldaba a Milei con un 63,9% de imagen positiva, ahora muestra una caída abrupta al 51,4%. Al mismo tiempo, el rechazo en esta franja etaria trepó al 48,5%, una cifra que evidencia el desencanto y la frustración de un sector que apostó por el presidente como alternativa al sistema tradicional.
El retroceso de Milei entre los jóvenes no es casualidad. Las promesas de transformación rápida y de mejora económica no se han materializado, y el ajuste ha golpeado con fuerza a la clase media y a los sectores juveniles. La falta de respuestas concretas a las demandas de empleo, educación y estabilidad económica ha erosionado la confianza de aquellos que lo vieron como un agente de cambio.
Un desgaste que se profundiza en otros sectores
El informe también resalta que el rechazo a Milei es más pronunciado entre las mujeres y los sectores de la clase media con educación secundaria completa. El 59% de las mujeres desaprueba su gestión, mientras que en los hombres la caída es más lenta, aunque también en descenso.
Además, las diferencias geográficas muestran un debilitamiento específico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la imagen positiva de Milei cae al 39,2%. En el interior del país, aunque el apoyo es ligeramente mayor (43,2%), la tendencia también es descendente.
Un futuro incierto para el oficialismo
Desde su pico de aprobación en noviembre de 2024 (51,5%), la imagen de Milei ha registrado un descenso constante. Pero es la fractura con el voto joven la que podría marcar un punto de inflexión en su futuro político. Sin la adhesión de quienes lo vieron como una esperanza de cambio, el presidente enfrenta un desafío clave para sostener su proyecto de cara a las elecciones de 2025.
El desencanto creciente refleja una realidad innegable: el desgaste del discurso libertario ante la falta de resultados tangibles. La incapacidad de Milei para cumplir las expectativas de sus votantes más fervientes deja en evidencia una crisis que podría redefinir el panorama político en los próximos meses.
El periodista Reynaldo Sietecase pidió que el ministro de economia libertario sea postulado al Guinness mundial como el mayor endeudador de un país. “Cumple todos los requisitos del récord”.
El ministro de Economía de Argentina, Luis “Toto” Caputo, podría alcanzar un nuevo hito en su carrera financiera: ser reconocido oficialmente por el Guinness World Records como el mayor endeudador serial de la historia. La iniciativa fue impulsada por el periodista Reynaldo Sietecase, quien confirmó que su equipo inició un trámite formal para que el organismo internacional evalúe el desempeño del funcionario libertario en esta peculiar categoría.
Durante su programa de radio, Sietecase aclaró que la solicitud no es una broma ni una puesta en escena, sino una gestión oficial para que se reconozca el récord de Caputo en la toma de deuda pública. “Cumple con todos los requisitos: es medible, verificable, rompible y de interés global”, sostuvo el periodista, en alusión a los criterios de Guinness.
🗣️ TOTO CAPUTO AL RÉCORD GUINNESS: CAMPEÓN MUNDIAL DEL ENDEUDAMIENTO@Sietecase y el equipo de #LIM solicitó al Guinness World Records que el ministro de Economía sea reconocido como el hombre que más endeudó a un país. pic.twitter.com/tzYOM4FToG
En tono irónico pero con intenciones críticas, el equipo del programa repasó las condiciones necesarias para que un récord sea homologado, destacando que la hazaña debe ser registrada con evidencia clara y representar un hecho sin precedentes. “Esperamos que el que lo supere no sea el propio Caputo”, señalaron con mordacidad.
El pedido llega en un contexto de creciente endeudamiento público, con Caputo como protagonista clave en distintos gobiernos: desde su rol en la administración de Mauricio Macri, donde gestionó el gigantesco préstamo con el FMI, hasta su actual puesto en la gestión de Javier Milei. Si Guinness acepta la postulación, Argentina sumará otro récord a su historia económica, aunque no precisamente uno para celebrar.
El máximo tribunal desestimó los recursos de la coalición que encabeza Mauricio Macri en una causa por irregularidades en los gastos de campaña durante las elecciones en la provincia de Buenos Aires en 2017.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia de la Justicia Electoral que sancionó a la coalición Cambiemos Buenos Aires por irregularidades en los informes finales de campaña de 2017, vinculadas a la utilización de aportantes falsos.
El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por los responsables de los partidos involucrados y confirmó la multa impuesta, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo que deja sin posibilidad de apelación la sanción.
El caso se originó a raíz de una investigación periodística que reveló que 205 personas de bajos ingresos, beneficiarias de planes sociales, figuraban como donantes de fondos a la campaña de Cambiemos cuyo máximo referente era Mauricio Macri. Estas personas aparecían afiliadas al PRO y registradas como aportantes con sumas que iban desde $350 hasta $1.500, sin su conocimiento o consentimiento.
La causa fue tramitada por el juez electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien desaprobó los informes financieros y aplicó multas a los partidos de la alianza. El magistrado cuestionó que la única explicación presentada por la agrupación fue la existencia de supuestos “errores en la carga de datos”, sin aportar pruebas documentales que lo acreditaran. De los 205 casos investigados, 79 personas negaron haber realizado contribuciones, mientras que 19 reconocieron haber hecho aportes, aunque solo una pudo presentar un comprobante.
En 2023, la Cámara Nacional Electoral ratificó la sanción y subrayó la necesidad de garantizar transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. La resolución también dispuso investigar a los posibles responsables de estas irregularidades y estableció la pérdida de los aportes públicos extraordinarios que le hubieran correspondido a la coalición por dicha campaña.
Ante esta decisión, los partidos sancionados recurrieron a la Corte Suprema, argumentando que la Cámara Electoral había ignorado informes rectificatorios y omitido el tratamiento de cuestiones federales. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó el planteo y dejó firme el fallo, consolidando la condena contra Cambiemos por el uso de aportantes truchos en las elecciones de 2017.
La Universidad sueca de Gotemburgo ubicó al país en el grupo de naciones con “autocratización en curso”. El país se degrado en los niveles de participación, derechos y debate público
Un reciente informe de la Universidad de Gotemburgo, una de las instituciones académicas más prestigiosas de Europa, ha emitido una preocupante advertencia sobre la situación política en Argentina. Según el estudio, el país ha sido incluido en el grupo de naciones con “autocratización en curso”, lo que implica un retroceso significativo en la calidad de su democracia. La investigación señala que Argentina ha experimentado un deterioro en aspectos fundamentales como la participación ciudadana, los derechos individuales y el debate público, poniendo en riesgo el pluralismo y la transparencia institucional.
La erosión democrática, también conocida como retroceso democrático, autocratización y desdemocratización, es un declive gradual en la calidad de… https://t.co/RxXoA03zNZ
El informe, titulado “Democracia 2025 – 25 años de Autocratización – ¿Democracia Trumpeada?”, sitúa a Argentina en una categoría inferior a la de las democracias liberales y advierte que, de continuar esta tendencia, podría transformarse en una “autocracia electoral”, donde los comicios siguen realizándose, pero sin las garantías de transparencia y equidad necesarias.
Los datos presentados son contundentes:
El índice de democracia electoral cayó de 0,84 a 0,71 en un año, una pérdida del 15,5%.
El índice liberal, que protege los derechos individuales, disminuyó de 0,80 a 0,76, un retroceso del 5%.
En el índice igualitario, que mide la participación política equitativa, la caída fue del 5,2%.
El índice participativo, que evalúa la implicación de la ciudadanía, descendió un 4,8%.
La mayor preocupación recae en el índice deliberativo, que analiza la calidad del debate público, donde la caída fue del 22,9%.
El estudio también plantea una interrogante fundamental: ¿importa realmente la democracia cuando la atención de la ciudadanía está enfocada en problemas económicos como la inflación, la inseguridad o el desempleo? Históricamente, muchas sociedades han demostrado tolerancia a los retrocesos democráticos cuando estos se presentan junto con estabilidad económica o la promesa de un futuro mejor.
El Varieties of Democracy Institute de la Universidad de Gotemburgo publicó su informe anual sobre las democracias en el mundo en 2024, y ubicó a la Argentina como país "en proceso de autocratización", con retrocesos en todos los componentes del Indice de Democracia Liberal (IDL) pic.twitter.com/B4ExcT0XeQ
La situación de Argentina no es un caso aislado. Según el informe, en 2021, 25 países mostraban signos de autocratización; en 2023, la cifra aumentó a 42 y en 2024, a 45. Argentina se encuentra en una posición intermedia, compartiendo preocupaciones con países como Hungría y Perú, pero mostrando una situación más favorable que la de India o Senegal.
Los expertos advierten sobre el peligro de la “normalización” del retroceso democrático. Como en la fábula de la rana que no percibe el aumento gradual de la temperatura del agua hasta que es demasiado tarde, las sociedades pueden no advertir el deterioro de sus instituciones hasta que la democracia se ha erosionado irreversiblemente.
El informe de la Universidad de Gotemburgo es una señal de alerta. La pregunta es si los ciudadanos argentinos tomarán conciencia del riesgo y exigirán medidas correctivas antes de que la democracia se transforme en un recuerdo del pasado.
La investigación por la criptoestafa $LIBRA, que involucro de lleno al presidente y a su entorno, avanza paulatinamente por orden de la Justicia.
La causa por la criptoestafa vinculada a la memecoin $LIBRA, promovida en redes sociales por el presidente Javier Milei, sigue avanzando en la Justicia. En una nueva medida de investigación, el fiscal federal Eduardo Taiano ordenó analizar el patrimonio actual del mandatario y de su hermana, Karina Milei, junto con otras personas relacionadas con la creación y difusión del token trucho.
Taiano solicitó a la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli, que brinde asistencia para evaluar la evolución patrimonial de Javier Gerardo Milei, Karina Elizabeth Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales desde 2023 hasta la actualidad. La pesquisa apunta a determinar si hubo enriquecimiento ilícito vinculado a maniobras fraudulentas con la criptomoneda.
El foco de la investigación se centra en los retiros masivos de fondos realizados minutos después del lanzamiento del token, cuyo valor se disparó tras ser promovido en redes sociales por Milei. Se estima que la operación generó ganancias millonarias para un grupo reducido de personas con acceso privilegiado a la información.
El caso ha tomado una nueva dimensión con la ampliación de la investigación ordenada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. La magistrada puso bajo la lupa un reposteo realizado por Milei el 17 de febrero, en el que compartió una publicación del financista Darío Epstein explicando cómo adquirir $LIBRA. Este mensaje habría generado un tercer pico de compras, impulsando nuevamente el valor del token en un esquema conocido como “pump and dump”.
En su resolución, Arroyo Salgado subrayó que la causa investiga un “entramado defraudatorio complejo” en el que habrían participado múltiples actores. Según la denuncia presentada, los días 14, 15 y 17 de febrero se habría ejecutado una estrategia fraudulenta para inflar artificialmente el valor de la criptomoneda y generar ganancias extraordinarias para ciertos involucrados.
Como parte de las medidas judiciales, se ordenó el monitoreo en tiempo real de las cuentas vinculadas al equipo creador de $LIBRA, incluyendo la del estadounidense Hayden Davis, principal impulsor de la memecoin y quien se definió como asesor presidencial del gobierno argentino. Fuentes judiciales indicaron que se evalúa el congelamiento de los activos obtenidos mediante estas operaciones sospechosas.
La causa avanza con el objetivo de esclarecer el rol del presidente Milei y su círculo cercano en la maniobra financiera que perjudicó a numerosos inversores, mientras la Justicia profundiza el seguimiento de los movimientos de capital ligados a la criptoestafa.
