A pesar de que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el incremento de tarifas, repentinamente decidió dar marcha atrás culpando al ente regulador por el “error”.

En una nueva muestra de desorganización y contradicciones, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un incremento en las tarifas eléctricas de hasta un 12% para usuarios de ingresos bajos y medios. Sin embargo, tras el fuerte rechazo que generó la medida, apenas unas horas después decidió retroceder y justificó el cambio alegando un “error” del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El martes 4 de febrero, el ENRE oficializó los nuevos cuadros tarifarios, reflejados en las Resoluciones 119 y 120/2025, que establecían subas superiores a las previamente anunciadas por el Gobierno. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los aumentos resultaban mucho más altos de lo esperado, lo que generó malestar entre los usuarios.

Ante la reacción negativa, la Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, salió a aclarar que la resolución del ENRE había sido un “error” y que se corregirían los valores. Según el Gobierno, la reducción de subsidios para hogares de ingresos bajos y medios debía aplicarse de manera escalonada durante todo el año, y no de forma abrupta en febrero como indicaba el documento oficial.

Este episodio deja en evidencia la falta de coordinación dentro del Ejecutivo y plantea interrogantes sobre la transparencia en la toma de decisiones. ¿Nadie revisa lo que se publica en el Boletín Oficial? ¿O si pasaba, pasaba? ¿La medida se retrotrajo ante el escenario electoral?. Ahora, se espera una nueva resolución para definir qué pasará finalmente con el precio de la electricidad.

“¿Para qué mierda está el Ministerio de Seguridad? ¿Qué tienen en la cabeza?”, apuntó Alonso contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que está a cargo del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF).

El actor Diego Alonso, conocido por su papel de “El Pollo” en la serie Okupas, denunció la falta de acción del gobierno nacional ante los incendios que devastan la Patagonia. Apuntó especialmente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acusó de negligente por viajar a Disney en medio de la crisis.

Alonso fue entrevistado en LN+ y ahí hizo su descargo contra Bullrich y el presidente Javier Milei. “El Ministerio de Seguridad, ¿para qué mierda está? ¿Después de esto cuántos años vamos a esperar para que se sepa quién fue el que lo hizo? Ellos no lo pueden averiguar pero si insultás a alguno de los políticos en las redes te cae la policía en tu casa”

Fuertes criticas a Bullrich

El actor también puntualizó en el rol de la ministra de seguridad quien tiene a su cargo el Plan Nacional de Manejo del Fuego: “Te fuiste a Disney para que se junten los ratones con los ratones, dejémonos de joder”, disparó Alonso en diálogo con El Destape Radio. También destacó que “sus nietos la recordarán por dejar quemar la Patagonia, no por ir a Disney”.

El actor perdió su casa en El Bolsón a causa del fuego y criticó duramente al presidente Javier Milei, a quien tildó de “gordito mamarracho que se la pasa en Twitter” y “paparulo”. Además, rechazó que el desastre sea solo consecuencia del cambio climático y denunció que los incendios fueron provocados intencionalmente con bombas molotov. “Después sabremos por qué, pero ahora lo urgente es ayudar”, concluyó.

En lugar de reclamar por la inacción del Gobierno Nacional y gestionar mejor sus propios recursos, el gobernador Ignacio “nacho” Torres afirma que los incendios son culpa de “personas del conurbano bonaerense”.

Mientras los incendios forestales arrasan con miles de hectáreas en la Patagonia y los brigadistas luchan sin descanso contra el fuego, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en lugar de centrarse en gestionar soluciones reales, decidió desviar la atención con acusaciones infundadas. En un discurso carente de pruebas y con un tono que parece guionado por el macrismo, Torres responsabilizó a “gente del conurbano bonaerense” por el inicio de las llamas que afectan a la provincia.

Sin ofrecer evidencia alguna, el gobernador del PRO afirmó que los responsables de los incendios “se amparan en falsas banderas para cometer delitos y usurpar tierras”, en un burdo y evidente intento por criminalizar a habitantes de la provincia de Buenos Aires. En contraste, Torres aseguró que las comunidades mapuches y tehuelches locales apoyan su gestión, trazando una división sin sustento entre “los buenos” y “los malos”, sin más argumento que su propio discurso.

Lejos de asumir la responsabilidad de reforzar políticas de prevención y respuesta ante emergencias ambientales, Torres optó por instalar una narrativa que apunta contra sectores específicos de la población. Su declaración se suma a una estrategia discursiva cada vez más frecuente en sectores de la derecha, que buscan estigmatizar al conurbano bonaerense y desviar la atención de las falencias de gestión y la crisis económica en que se halla el país.

Mientras tanto, los incendios continúan avanzando y la falta de recursos para combatirlos sigue siendo una problemática urgente. En vez de invertir esfuerzos en coordinar ayuda efectiva y reforzar medidas de protección ambiental, el gobernador prefiere apelar a teorías sin pruebas y alimentar discursos de división con claro tinte de oportunismo político, sin aportar soluciones concretas a la crisis que enfrenta Chubut. Por su parte, lejos de colaborar con la provincia, desde el gobierno nacional continúan insistiendo en que no hace falta defender al medioambiente y que la agenda ecológica es parte del movimiento “woke” con el que Javier Milei busca librar una “batalla cultural”.

Por octava vez desde que inició su mandato, el presidente Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos para participar de una nueva cumbre conservadora yanqui de la CPAC.

Argentina enfrenta una crisis sin precedentes con la mitad del país sumido en la oscuridad debido a apagones masivos y vastas regiones afectadas por incendios forestales que arrasan comunidades y ecosistemas. Sin embargo, ante la desesperación de miles de ciudadanos, el gobierno nacional permanece inactivo, sin ofrecer soluciones ni recursos para contener la emergencia. En este contexto crítico, el presidente Javier Milei ha decidido, por octava vez desde el inicio de su mandato, abandonar el país para asistir a una cumbre ideológica de grupos conservadores en Estados Unidos que no reportan ningún beneficio económico para Argentina.

El jefe de Estado libertario viajará nuevamente el 19 de febrero a Washington DC para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en un intento por consolidarse como un referente de la derecha internacional. Mientras tanto, brigadistas y voluntarios luchan contra los incendios con recursos insuficientes y millones de argentinos padecen cortes de luz sin respuestas del gobierno que solo pide aguantar y no usar aire acondicionado.

Desde la Casa Rosada no descartan que Milei busque reunirse con figuras clave del gobierno republicano, incluyendo a Donald Trump y al empresario Elon Musk, a quien ha defendido recientemente de críticas internacionales. En su primera actividad oficial tras regresar de un viaje previo a EE.UU., Milei aprovechó un acto por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto para volver a respaldar a Musk y elogiar a Trump, dejando en claro sus prioridades políticas.

Mientras el país sufre apagones y crisis ambientales sin respuestas oficiales, Milei ha utilizado su plataforma en redes sociales para atacar al progresismo y reforzar su alineamiento con sectores ultraconservadores. En una publicación reciente, defendió a Musk y lanzó amenazas contra sus opositores con mensajes cargados de agresividad ideológica. La falta de acción gubernamental frente a la crisis interna, contrastada con su constante atención a la política internacional de derecha, ha profundizado la indignación en amplios sectores de la sociedad.

Para este 2025, Milei también tiene previsto otro viaje internacional, esta vez a Israel en marzo, donde recibirá el “Premio Nobel Judío” por su apoyo al régimen genocida de Israel. Así, mientras el país enfrenta múltiples crisis sin liderazgo ni respuestas concretas, el presidente continúa priorizando su agenda personal en el extranjero, dejando a la deriva a los argentinos que sufren las consecuencias de su inacción.

La idea que se maneja es que se deje de fabricar vehículos en la Argentina y que se comience a importar directamente desde México.

La crisis en la industria automotriz argentina se profundiza con la inminente salida de Nissan del país. La automotriz japonesa se suma a una creciente lista de empresas que achican sus plantas, suspenden proyectos o directamente abandonan Argentina ante la falta de políticas productivas y un contexto económico adverso.

La planta de Santa Isabel en Córdoba, donde se fabrican las pickups Nissan Frontier y Renault Alaskan, se encuentra en una situación crítica. Según información proveniente de autopartistas y del sindicato SMATA, el fin de la producción de Nissan en Argentina parece inevitable. La imposibilidad de competir con los costos de México y Brasil, la nula estabilidad macroeconómica, la apertura indiscriminada de importaciones y la falta de una estrategia industrial clara han sido factores determinantes en la decisión de la automotriz de cesar su actividad en el país el 31 de diciembre de 2025.

El impacto es devastador para el empleo: 600 trabajadores de la planta de Santa Isabel verán comprometidos sus puestos de trabajo. La cancelación del Proyecto H60E, que contemplaba una inversión de 200 millones de dólares para la producción de nuevos modelos en Argentina, aceleró la decisión de Nissan de abandonar la producción local. Mientras tanto, el proyecto seguirá adelante en México y Tailandia, dejando al país fuera del mapa productivo de la marca.

La producción de la pick-up Frontier/Navara y su gemela Renault Alaskan lleva meses en crisis, con reducciones drásticas en la producción: de 35 mil unidades anuales a solo 12 mil. El plan original de 2017 contemplaba la fabricación de tres pickups en Santa Isabel, pero la cancelación de la Clase X de Mercedes-Benz, sumada a la baja demanda, profundizó la crisis. Con la retirada de Nissan, Renault quedaría con el control total de la planta, aunque la continuidad de sus propios modelos Logan, Sandero y Stepway también es incierta, dado que la producción en Brasil de estos vehículos ya se encuentra en su fase final.

El retiro de Nissan no es un hecho aislado, sino parte de una crisis generalizada en la industria automotriz argentina. La combinación de políticas erráticas, costos elevados y falta de previsibilidad está empujando a las grandes automotrices a reducir o eliminar su presencia en el país. En Santa Isabel, el clima laboral es tenso, con personal suspendido y programas de actividad reducidos, que contemplan semanas enteras sin producción y suspensiones rotativas. El gremio SMATA ya ha tomado medidas de fuerza y ha advertido sobre las consecuencias de este colapso.

El caso de Nissan es un reflejo de lo que está ocurriendo en toda la industria automotriz argentina. Las terminales y autopartistas están en crisis, con recortes de personal, cierre de proyectos y reducción de inversiones. Sin una estrategia industrial clara, el país está perdiendo su capacidad productiva en un sector clave para la economía y el empleo. La incertidumbre reina en el sector, y el futuro de la producción automotriz en Argentina es cada vez más sombrío.

Se registran cortes de suministro en al menos ocho provincias argentinas, también hay cortes en la Ciudad de Buenos Aires.

El apagón masivo que dejó sin electricidad a ocho provincias argentinas en medio de una ola de calor extremo expone el colapso de la política energética del gobierno. Mientras las tarifas de luz se disparan mes a mes, el servicio se deteriora a niveles alarmantes y el sistema es incapaz de soportar la mínima exigencia de demanda.

Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes y Chaco quedaron a oscuras este lunes en el día más caluroso del verano, con temperaturas superiores a los 40°C y una sensación térmica de 38,9°C en el AMBA. A pesar de que el sector energético ya preveía un récord de consumo, el sistema volvió a fallar y el apagón frenó el pico de demanda, dejando en evidencia su fragilidad y falta de planes de contingencia eficaces.

Según la transportista Transnoa, el problema se debió a un “incidente por mínima frecuencia”, e inmediatamente las autoridades salieron a pedirle a la gente que consuma menos energía en lugar de ofrecer soluciones concretas. La recomendación oficial: no usar el aire acondicionado por encima de los 24 grados y evitar el uso simultáneo de electrodomésticos.

Pero los problemas no solo afectan al norte del país. En el AMBA, miles de usuarios de Edesur y Edenor también sufrieron cortes de luz en barrios como Caballito, Villa Crespo, Constitución, Belgrano y Recoleta, además de municipios del conurbano como Berazategui, Lomas de Zamora y La Matanza.

El gobierno sigue sin respuestas mientras el país se enfrenta a un sistema eléctrico colapsado. La falta de inversión, la incapacidad de garantizar un suministro estable y la constante suba de tarifas dejan a los usuarios en una situación insostenible: pagan cada vez más por un servicio cada vez peor.

Federico Ramos Nápoli, hasta ahora secretario de Karina Milei en el sector de comunicación digital, pegó el salto desde la Secretaría General de la Presidencia, al sector de energía atómica.

En una nueva muestra de designaciones arbitrarias dentro del gobierno de Javier Milei, Federico Ramos Nápoli, un abogado sin experiencia en energía nuclear, fue nombrado al frente de Dioxitek, la empresa estatal encargada de producir y abastecer el combustible necesario para el funcionamiento de las centrales nucleares del país. A pesar de no contar con la formación ni la trayectoria necesarias para el puesto, percibirá un sueldo mensual de 6,5 millones de pesos, en un contexto de ajuste salarial y despidos en diversos sectores del Estado.

El nuevo funcionario llega a este cargo tras desempeñarse como secretario de Karina Milei en el área de comunicación digital, un ámbito completamente ajeno a la actividad nuclear. Antes de eso, su experiencia laboral se limitaba a trabajos en la Casa de la Moneda, asesorías en la AFIP y el Banco Central, sin ninguna vinculación con la industria energética. Su nombramiento rompe con la práctica habitual de que el puesto sea ocupado por profesionales con formación y experiencia en el sector nuclear, algo esencial en una empresa de alta especialización científica y tecnológica.

Dioxitek: una empresa estratégica en manos inexpertas

Dioxitek es una empresa clave dentro del complejo nuclear argentino. Se encarga de la producción de polvo de dióxido de uranio, un insumo fundamental para la fabricación de los elementos combustibles que utilizan las centrales nucleares de Embalse y Atucha. También produce fuentes selladas de Cobalto 60, utilizadas para la esterilización de insumos médicos, el tratamiento de enfermedades como el cáncer y la preservación de alimentos.

Por la importancia de sus actividades, la conducción de la empresa históricamente ha recaído en especialistas del sector con conocimientos técnicos y experiencia en la industria. Sin embargo, la llegada de Ramos Nápoli representa un quiebre en esa lógica, colocando al frente de la compañía a un funcionario cuyo único mérito parece ser su cercanía con el círculo íntimo del poder libertario.

Mientras el gobierno ajusta, aumentan los sueldos de los propios

La decisión del gobierno de Milei resulta aún más polémica si se considera el contexto en el que se da: mientras se eliminan subsidios, se congelan salarios y se despide personal en distintos organismos del Estado, se otorgan sueldos millonarios a militantes sin credenciales para ocupar cargos estratégicos.

Dioxitek no ha estado exenta de la motosierra libertaria. Sus instalaciones en Formosa han sido reducidas al mínimo en cuanto a personal, y el año pasado el gobierno despidió a 36 técnicos especializados. Además, la paralización de la obra pública ha dejado a la empresa con cuantiosas deudas y ha frenado la construcción de una nueva planta de producción de dióxido de uranio.

Sin embargo, mientras se recorta el presupuesto en ciencia y tecnología y se limita la inversión en el sector nuclear, el gobierno no tiene reparos en asignar un sueldo millonario a un abogado sin antecedentes en la materia. La contradicción es evidente: no hay recursos para el desarrollo del sector, pero sí para sostener funcionarios leales a la causa libertaria.

Un patrón que se repite

Este nombramiento no es un hecho aislado, sino parte de un patrón en el que se premia la militancia libertaria por sobre la idoneidad. A lo largo de la gestión de Milei, se han visto casos similares de designaciones en áreas sensibles del Estado, donde personas sin la preparación adecuada han sido colocadas en puestos de gran responsabilidad, generando preocupación sobre el impacto que esto podría tener en sectores estratégicos del país.

El caso de Federico Ramos Nápoli es solo un ejemplo más de cómo el gobierno de La Libertad Avanza prioriza la fidelidad ideológica sobre la capacidad técnica, incluso en áreas donde la falta de experiencia puede tener consecuencias graves. En un país con una larga tradición en el desarrollo de la energía nuclear, poner al frente de una empresa clave a alguien sin conocimientos en la materia no solo es irresponsable, sino que pone en riesgo la continuidad y seguridad de una industria fundamental para el futuro energético de Argentina.

El periodista ultra macrista festejó un discurso a favor de la dictadura cívico militar argentina. “Esta señora es lo mejor de la vida”, tuiteó, minutos después borró el tuit pero ya era tarde.

El periodista oficialista generó una ola de críticas al celebrar las declaraciones de una mujer que defendió la dictadura militar durante la Marcha del Orgullo Antifascista y Antiracista.

Jonatan Viale quedó en el centro de la polémica luego de compartir y elogiar en redes sociales a una anciana que, en plena marcha LGTB del sábado, reivindicó al genocida Jorge Rafael Videla y la última dictadura militar.

En el video, la mujer visiblemente trastornada y confundida, entrevistada por un móvil de C5N, expresó su rechazo a la manifestación y cuestionó a quienes protestaban contra el discurso homofóbico de Javier Milei en Davos. “Videla se quedó corto”, lanzó sin reparos, desatando indignación. Además, aseguró que había asistido a la movilización porque “estamos en democracia y la gente puede decir lo que quiere”, mientras sostenía una pancarta contra el gobernador Axel Kicillof.

El comentario final de la mujer, abiertamente apologético de la dictadura, llevó a la periodista que la entrevistaba a cortar el diálogo. Sin embargo, Viale decidió destacar la escena y celebrarla en su cuenta de Twitter con un efusivo: “Ah, pero esta señora es lo mejor de la vida”.

El comentario no pasó desapercibido y rápidamente fue blanco de repudio en redes sociales. Usuarios de todas las tendencias lo criticaron por avalar una reivindicación del terrorismo de Estado. Pese a la ola de cuestionamientos, Viale optó por borrar el tuit, pero las capturas de pantalla ya circulaban ampliamente, amplificando el escándalo.

La controversia se suma a sus declaraciones del día anterior, cuando había minimizado la manifestación contra Milei al calificarla como “una joda”. En esta ocasión, sin embargo, la reacción fue contundente: su intento de elogiar a una defensora de la dictadura solo sirvió para reforzar el rechazo generalizado en su contra.

La hermana del presidente intentó contraponer su actividad proselitista a la multitudinaria marcha antifascista, pero la convocatoria fue decepcionante: “había mas vendedores de panchos que gente afiliándose”, afirmó un militante libertario.

La hermana del presidente intentó contraponer su convocatoria a la Marcha Federal Antifascista, pero la falta de interés fue evidente y la asistencia, paupérrima.

El intento de Karina Milei por demostrar fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires terminó en un estrepitoso fracaso. La “jornada de afiliación masiva” organizada por La Libertad Avanza este sábado en la Plaza Arenales de Villa Devoto no logró despertar el interés del público y apenas reunió a un puñado de seguidores. Pese al esfuerzo de la dirigencia libertaria y la movilización de militantes, en el mejor momento no lograron superar las 200 personas, una cifra irrisoria para un evento de esta magnitud.

El acto, pensado para competir directamente con la multitudinaria Marcha Federal Antifascista, quedó opacado no solo por la escasa asistencia, sino también por la indiferencia de los vecinos. Mientras la manifestación opositora recorría la Avenida de Mayo con miles de personas, el evento de Karina Milei languidecía en una plaza con más transeúntes ocasionales y vendedores ambulantes que interesados en afiliarse.

Ni siquiera la presencia de figuras clave del mileismo, como la diputada Lilia Lemoine, la nueva jefa del bloque en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, y el cineasta oficialista Santiago Oría, logró salvar la jornada. De hecho, Oría tuvo que recurrir a planos cerrados para evitar que las imágenes evidenciaran la desolación del acto.

El fiasco se da en un contexto de negociaciones entre el oficialismo y el PRO de Mauricio Macri por el armado electoral de 2025. Lejos de consolidarse como una fuerza dominante en la Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza sufrió un traspié que deja en evidencia sus dificultades para expandir su base de apoyo.

JAJAJAJAJAJAJ boludo la photoshopearon tanto a Karina que ahora se parece a Myriam Bregman 💀 pic.twitter.com/8FLDlXobd8

— TUGO News (@TugoNews) February 1, 2025

Para colmo, la campaña de difusión también se convirtió en motivo de burla. La imagen promocional, que pretendía generar expectativa con la silueta de Karina Milei, terminó siendo comparada en redes sociales con la diputada de izquierda Myriam Bregman. Como ironizó un militante libertario presente en el acto: “Había más pancheros que gente para afiliarse”.

El resultado es innegable: la apuesta de Karina Milei fracasó estrepitosamente, dejando en evidencia las dificultades del oficialismo para sostener su influencia más allá de las redes sociales y en especial la poca convocatoria que genera la figura de “el jefe”.

El rompehielos británico se paseo frente a las costas argentinas con la bandera del gobierno de ocupación ilegal de las Islas Malvinas, ante el silencio absoluto del ministerio de Luis Petri y en la Cancillería.

Mientras el Gobierno de Javier Milei se muestra intransigente con Bolivia y levanta banderas de soberanía en sus discursos, el Reino Unido continúa vulnerando la soberanía argentina en el Atlántico Sur con la complicidad del silencio oficial.

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur denunció la presencia del rompehielos británico RRS Sir David Attenborough en aguas argentinas, enarbolando la bandera ilegal de “Falklands”. La embarcación navegó por el estrecho de Le Maire, que separa la Isla Grande de Tierra del Fuego de la Isla de los Estados, tras partir desde el archipiélago ocupado con destino a la base antártica británica de Rothera.

Ante este hecho, la provincia reclamó una postura más firme del Gobierno nacional en la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, manifestó su preocupación por lo que calificó como un “nuevo avasallamiento británico”. A través de sus redes sociales, sostuvo que es urgente adoptar medidas más contundentes frente a estas acciones unilaterales que vulneran los derechos argentinos en la región.

Dachary explicó que, si bien el buque tiene permitido transitar por el estrecho de Le Maire amparado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, este tipo de episodios afectan los intereses nacionales. “La pregunta es: ¿Tenemos forma de remediarlo? Sí. ¿Cómo? Mediante la creación de normas internas complementarias que restrinjan dichos permisos de paso a buques de entidades no reconocidas por nuestro país. Esto permitiría, mínimamente, que navíos que enarbolen la ilegítima bandera de nuestras Islas Malvinas no naveguen en aguas territoriales no usurpadas”, manifestó.

En esta misma línea, anunció la elaboración de un proyecto de ley que será presentado en el Congreso, con el objetivo de reforzar la defensa de la soberanía argentina.

Atento al nuevo avasallamiento británico con la presencia del rompehielos y buque científico RRS Sir David Attenborough en nuestras costas, con bandera ilegal, es imperativo adoptar
una política de estado más firme y decidida ante estos sistemáticos actos unilaterales que… pic.twitter.com/aBrP4lnfiw

— Andrés Dachary (@ADachary) January 30, 2025

Incursiones británicas y la pasividad del Gobierno

Hace unos días, diputados de Unión por la Patria solicitaron al Poder Ejecutivo que brinde explicaciones sobre un vuelo de la Real Fuerza Aérea británica que se habría acercado a rutas comerciales argentinas. La inquietud surgió a raíz del trayecto del Airbus 400M matrícula ZM42, que partió desde una base de la OTAN en las Islas Malvinas y generó preocupación por su proximidad con aviones de Aerolíneas Argentinas y Flybondi en el Atlántico Sur.

El proyecto, impulsado por la diputada Ana María Ianni, señala que el hecho tuvo lugar el 13 de enero a las 14:20. Según el portal Agenda Malvinas, el avión militar voló a unos 64 kilómetros de la ruta comercial, en una zona cercana a la provincia de Santa Cruz. Uno de los aspectos más llamativos del incidente es que, en el momento de mayor aproximación a los vuelos argentinos, el avión apagó su transpondedor. Esto impidió determinar con exactitud la distancia real con las aeronaves comerciales, lo que hace sospechar que la separación pudo haber sido aún menor. Los registros del vuelo fueron verificados a través de la plataforma Flightradar24 y fuentes periodísticas.

En el documento, los legisladores remarcan la importancia de proteger la soberanía nacional y solicitan al Gobierno que investigue el hecho. Además, advierten que este tipo de acciones por parte del Reino Unido generan malestar en la región patagónica, en particular en Santa Cruz, donde la cuestión territorial es un tema sensible. Por ello, exigen que se adopten medidas concretas y se informe al Congreso sobre los resultados de la investigación.

El caso del James Cook

En diciembre pasado, al buque británico de investigación científica RRS James Cook se le había rechazado la solicitud de efectuar investigaciones oceanográficas en aguas de jurisdicción argentina.

El 20 de agosto, la Embajada del Reino Unido en Argentina presentó una solicitud para que el buque “James Cook”, de pabellón británico, realizara campañas de investigación científica marina en aguas jurisdiccionales nacionales entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Sin embargo, la Dirección General de Consejería Legal Internacional (DICOL) de la Cancillería argentina advirtió que la solicitud no cumplía con la antelación mínima requerida y que dificultaba el desarrollo normal del procedimiento de autorización.

A pesar de esto, la Armada y el Servicio de Hidrografía Naval elevaron una opinión en la que aseguraban que las tareas científico-técnicas previstas por el buque no vulneraban los intereses nacionales ni la capacidad de control y vigilancia del Estado argentino. Además, se permitió el embarque de un oficial naval argentino en calidad de observador. Llamativamente el informe agregó: “Los datos oceanográficos a colectar durante el tránsito del buque (conductividad, temperatura y profundidad, así como los análisis de corrientes) tienen aplicación militar y pueden ser usados en los ámbitos de defensa”.

El buque de investigación RRS James Cook pertenece al Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural (NERC), un organismo público dependiente del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología del gobierno británico.

El Radar de la empresa Leo Labs

La observación realizada por la Armada sobre las capacidades duales del RSS James Cook, recuerda también al caso de la antena radar de la empresa británica Leo Labs en Tierra del Fuego, la cual fue suspendida por el gobierno anterior por su potencial de uso dual (civil-militar) tal como quedó demostrado en un informe técnico del ministerio de defensa entonces encabezado por Jorge Taiana y también según los datos publicados por la misma empresa que son de acceso publico.

El informe del ministerio destacaba entre otros aspectos:  “pueden brindar alerta temprana y Conciencia Situacional Espacial (SSA por sus siglas en inglés) en la órbita baja en la Argentina. Esto significa que, desde nuestro propio territorio nacional, podrá monitorear la actividad satelital argentina tanto civil como militar (actividad que utiliza proyectos de satélites de órbita baja). Interceptar datos, comunicaciones y observar objetivos terrestres, marítimos o detectar aeronaves” …”La banda de operación declarada por la empresa coincide con la banda de operación de las estaciones terrenas de emisión y recepción de datos en banda S, recepción en banda X y K de los satélites argentinos”.

El “Área Marina Protegida” (AMP) de Georgias decretada unilateralmente por el Reino Unido en 2024.

A inicios del pasado año, el Reino Unido de Gran Bretaña amplió de manera arbitraria la posesión de inmensos espacios marítimos en el Atlántico Sudoccidental bajo el pretexto ambiental de conformar un Área Marina Protegida (AMP) estableciendo de esta manea restricciones totales a la navegación y pesca sobre casi 170.000km2 adicionales del Mar Austral.  Estas acciones del gobierno de ocupación británico se enmarcan en una agresiva política de fortalecimiento y expansión de su presencia en el Atlántico Sur, la que incluye la construcción de una renovada infraestructura portuaria y logística que busca rivalizar con el proyecto del polo logístico antártico que Argentina decidió llevar adelante en Tierra del Fuego (obra que hoy esta ralentizada y sin mayores novedades sobre su continuidad) que tiene como finalidad ser una puerta de entrada al continente antártico para el país y para terceros, y que se combinará con la recuperación y modernización integral de la base antártica Petrel cuyas características la tornan una pieza estratégica en la política Antártica Argentina.

En este sentido la estrategia británica en el Atlántico Sur busca por un lado apuntalar la proyección de Londres sobre el continente antártico, donde los reclamos territoriales si bien están contenidos por el marco del tratado antártico, vale resaltar que los de Gran Bretaña se superponen casi en su totalidad con los de nuestro país y con buena parte del área ambicionada por Chile. El tratado antártico y sus protocolos si bien no caducan, podrán ser revisados a partir del 2048, quedando la puerta abierta a posibles reformas en cuanto al tipo de actividades que podrían permitirse, entre ellas posibilidades de exploración y explotación de recursos, con el trasfondo de la disputa geopolítica entre China y EEUU donde los recursos naturales tienen un papel central. Llegar a esta instancia desde una posición de fortaleza será fundamental para los actores con intereses en dicho continente y el Reino Unido tomo ya nota de ello.

Por otro lado, la construcción de un puerto de aguas profundas en las islas permitirá al gobierno de ocupación avanzar con sus proyectos extractivistas en los espacios marítimos usurpados, tanto en materia pesquera (la principal fuente de ingresos de las islas) pero en especial los relacionados a los hidrocarburos, además del potencial uso militar de dicha infraestructura.

¿Soberanía o doble discurso?

La política en torno a Malvinas o exacerbado también las diferencias al interior del gobierno libertario, vaste recordar el acuerdo que tuvo como protagonista a la ex canciller Diana Mondino y a su par del Reino Unido, David Lammy. La declaración firmada por ambos establece medidas humanitarias vinculadas a los reclamos de las familias de las víctimas de la guerra de 1982 y una serie de prerrogativas para el Reino Unido como “conservación de pesquerías” y la “reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba”.

El acuerdo Mondino-Lammy, se enmarca en el conocido como “Paraguas de soberanía” que se estableció entre Argentina y el Reino Unido en la declaración conjunta del 19 de octubre de 1989 en Madrid y que significó que ambas partes podían discutir asuntos sobre el Atlántico Sur sin que esto significara una renuncia al reclamo soberano. Sin embargo, en la práctica esta formula permitió que el Reino Unido de Gran Bretaña avanzara de manera unilateral en actividades de pesca y exploración de hidrocarburos, sin que Argentina pudiera evitarlo. La formula aplicada durante el gobierno de Carlos Saul Menem fue nuevamente reflotada durante el gobierno de Mauricio Macri y que se materializo con el comunicado conjunto Foradori-Duncan cuyo contenido no fue tratado en el Congreso Nacional pero que en la practica implicó importantes concesiones a los ocupantes británicos sin ningún beneficio para la Argentina. Este acuerdo firmado por la ex canciller Mondino generó una fuerte reacción de la vicepresidenta Victoria Villarruel quien manifestó su inconformidad a través de un tuit en su cuenta oficial de la red social X.

Todos saben lo que representa Malvinas para mi y que ese es mi límite y me obliga a expedirme.

La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de… pic.twitter.com/XvHauR7ftV

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 27, 2024

Mientras el Gobierno se rasga las vestiduras con discursos de soberanía y endurece su postura con países de la región como Venezuela, Colombia o Bolivia, permite que los británicos sigan avanzando sobre los intereses argentinos en el Atlántico Sur sin mayores consecuencias. La pasividad frente a estas incursiones y la falta de medidas concretas exponen un doble discurso que deja en evidencia quiénes son los verdaderos titiriteros detrás de la política exterior del gobierno libertario.