Trabajadores de la empresa Raízen, que comercializa combustibles bajo la marca Shell, denunciaron diez despidos durante el mes de enero.

La crisis económica que atraviesa Argentina comienza a afectar incluso a sectores estratégicos y de mayor solidez como el energético, poniendo en riesgo fuentes de empleo y exponiendo la fragilidad del mercado laboral. En los últimos días, trabajadores de la refinería Dock Sud, operada por Raízen Argentina, denunciaron el despido de al menos diez empleados sin causa justificada, generando protestas y medidas de fuerza.

El 13 de enero, la empresa que comercializa combustibles bajo la marca Shell impidió el ingreso de los trabajadores a la planta, desatando un conflicto laboral que expone la tensión creciente en la industria. Según denunciaron los afectados, los despidos no solo fueron arbitrarios, sino que además alcanzaron a empleados con licencias médicas vigentes y a brigadistas encargados de tareas de rescate en situaciones de emergencia.

“La empresa no puede explicar por qué nos despide. No hay crisis en Raízen, al contrario, tienen ganancias multimillonarias. Esto es un ataque contra quienes defienden los derechos laborales”, expresaron los trabajadores en un comunicado. También denunciaron que la intención de la empresa es precarizar las condiciones laborales y debilitar la organización sindical dentro de la refinería.

El conflicto se inscribe en un contexto de ajuste económico generalizado. Mientras el gobierno de Javier Milei promueve una desregulación del mercado y reformas laborales, diversas empresas han aprovechado el escenario para avanzar con despidos y recortes. En este caso, la situación resulta especialmente alarmante por tratarse de un sector clave en la exportación de combustibles y en el abastecimiento interno de energía.

Los trabajadores despedidos y sus compañeros han llevado adelante protestas y movilizaciones en las calles cercanas a la refinería, con el respaldo de distintos sindicatos y organizaciones sociales. Exigen la reincorporación inmediata de los afectados y advierten sobre el impacto que esta situación podría tener en futuras negociaciones laborales dentro del sector.

Desde 2018, Raízen opera las actividades de refinación y comercialización de Shell en Argentina, Brasil y Paraguay. La firma, un joint venture entre Shell y la brasileña Cosan, ha sido señalada por los trabajadores como una de las tantas compañías que, amparadas en la coyuntura económica actual, han decidido avanzar con despidos masivos sin justificación real.

Mientras el conflicto sigue escalando, los despidos en Dock Sud reflejan cómo la crisis económica impacta en sectores estratégicos, incluso en aquellos relacionados con la demanda energética y la exportación de combustibles, afectando no solo a los trabajadores, sino también a la estabilidad productiva del país.

En los últimos días, la planta argentina de Toyota ubicada en el partido de Zárate ha comenzado una nueva ola de despidos sin causa que amenaza con extenderse en los próximos meses.

La profundización de la crisis económica en Argentina comienza a dejar fuertes secuelas en la industria automotriz, con despidos masivos que reflejan el deterioro del sector. En los últimos días, la planta de Toyota en Zárate inició una nueva ola de despidos sin causa, afectando inicialmente a una veintena de trabajadores, aunque fuentes internas advierten que la cifra podría escalar hasta 200 empleados en el corto plazo.

La caída de la demanda y el contexto recesivo que atraviesa el país bajo el gobierno de Javier Milei han forzado a la automotriz japonesa a realizar ajustes en su plantilla. Aunque la empresa ha intentado mitigar el impacto con programas de retiros voluntarios, la magnitud de la crisis ha llevado a decisiones más drásticas, generando incertidumbre entre los trabajadores.

Los despidos han sido acompañados de indemnizaciones agravadas, una estrategia que busca evitar conflictos gremiales, pero que no disimula la gravedad de la situación. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) ha alertado que este tipo de ajustes no son exclusivos de Toyota. Otras automotrices como General Motors también han comenzado a reducir personal en sus plantas, lo que evidencia la delicada situación del sector.

Desde el gremio advierten que la continuidad de la crisis amenaza con un mayor ajuste en la industria automotriz, poniendo en peligro cientos de empleos en un mercado que enfrenta una caída en las ventas y dificultades para sostener la producción. Mientras tanto, los trabajadores despedidos se enfrentan a un panorama desolador, con pocas opciones de reinserción laboral en un país donde el desempleo sigue en ascenso.

El Gobierno de Javier Milei aplicará desde febrero un nuevo recorte en los subsidios en las tarifas de luz y de gas natural a unos 9,5 millones de hogares que pertenecen a los segmentos de ingresos medios y bajos.

El Gobierno de Javier Milei aplicará desde febrero un nuevo recorte en los subsidios a las tarifas de electricidad y gas natural, afectando a 9,5 millones de hogares de ingresos medios y bajos. Esta medida se suma a un aumento en las boletas, que el próximo mes tendrán una suba del 1,5% en electricidad y del 1,6% en gas, encareciendo aún más el costo de vida para millones de argentinos.

Las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial oficializan un ajuste en la bonificación que reciben los usuarios sobre el precio de la energía. A partir de ahora, los hogares de menores ingresos (Nivel 2) verán reducida su bonificación del 71,2% al 65%, mientras que los de ingresos medios (Nivel 3) la verán bajar del 55,94% al 50%. En el caso del gas natural, el recorte será del 55% al 50% para el Nivel 3, mientras que los de menores ingresos tendrán una leve mejora del 64% al 65%.

Este ajuste se enmarca dentro del plan del ministro de Economía, Luis Caputo, para reducir el gasto en subsidios y avanzar hacia el equilibrio fiscal aunque en la practica implica una transferencia fenomenal de recursos a las empresas, mientras que para los hogares que dependen de estas ayudas para afrontar sus facturas, el impacto será inmediato y se traducirá en una mayor presión sobre sus ingresos.

Los datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) indican que hasta diciembre 9,5 millones de usuarios de energía eléctrica recibían subsidios, de los cuales 6,3 millones pertenecen al Nivel 2 y 3,2 millones al Nivel 3. En el caso del gas, 5,3 millones de hogares accedían a la ayuda estatal, con 3,1 millones en el Nivel 2 y 2,2 millones en el Nivel 3.

Además del recorte en los subsidios, el Gobierno evalúa reducir el límite de consumo bonificado: actualmente, los usuarios de Nivel 2 tienen cubiertos hasta 350 kWh por mes y los de Nivel 3 hasta 250 kWh mensuales, pero podrían verse disminuidos en los próximos meses.

Mientras el Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan frenar la inflación y sanear las cuentas públicas, la realidad es que millones de familias deberán afrontar boletas más caras en un contexto de creciente pérdida del poder adquisitivo. Con la economía aún golpeada por la recesión y la caída del consumo, el ajuste tarifario aparece como una nueva carga sobre los sectores más vulnerables.

Patricia Bullrich, ha puesto sus ojos en una “solución” que parece sacada de un manual distópico o de la edad media: convertir barrios en fortalezas mediante muros y rejas que cierren calles por las noches.

Mientras la inseguridad aumenta al calor de la crisis económica y sigue golpeando a las principales ciudades del país, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha puesto sus ojos en una “solución” que parece sacada de un manual distópico: convertir barrios en fortalezas mediante muros y rejas que cierren calles por las noches. La iniciativa, impulsada en la ciudad cordobesa de Villa Allende, propone bloquear la circulación nocturna con barreras físicas en nombre de la seguridad, un concepto que recuerda más a la fragmentación de zonas de conflicto o guetos que a una política pública moderna.

Reunión entre el Gobierno Nacional y la Intendencia de Villa Allende, Córdoba

En el marco de una reunión celebrada en la Casa Rosada, el Intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, junto al Secretario de Gobierno, Felipe Crespo, se reunieron con la Ministra de Seguridad, Patricia… pic.twitter.com/7bjaeZtUu4

— Ministerio de Seguridad (@MinSeguridad_Ar) January 28, 2025

Ayer, Bullrich se reunió con el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, para discutir este extravagante plan, que busca restringir el acceso a determinadas calles, dejando solo a los residentes con el derecho de moverse libremente. También estuvo presente Santiago Caputo, asesor presidencial, quien tomó nota del proyecto, como si estuvieran descubriendo una estrategia de vanguardia en vez de una idea más propia de la Edad Media que del siglo XXI.

¿Controles policiales o ciudades sitiadas?

Según se explicó en la reunión, el plan consiste en instalar rejas y muros en calles residenciales, bloqueando el tránsito de vehículos “extraños” por las noches, con la esperanza de que esto reduzca el delito. La apertura y cierre de estos accesos quedaría en manos del municipio, financiado con un nuevo impuesto para los vecinos, quienes tendrían que adecuarse a rutas predeterminadas y controles para llegar a las arterias principales.

El proyecto, que será sometido a una suerte de consulta popular, podría fracasar si el 40% de los habitantes se opone. Aun así, la propuesta revela una visión preocupante de la seguridad: en vez de abordar el problema con mejores políticas de prevención, inversión en fuerzas de seguridad y justicia eficiente, Bullrich y sus aliados parecen apostar por dividir las ciudades en sectores amurallados, como si el país estuviera en estado de guerra o conmoción interna.

Más que una solución, este tipo de medidas generan un peligroso precedente: la normalización de la fragmentación urbana y la privatización del espacio público en nombre de la seguridad. La pregunta es inevitable: ¿cuál será el próximo paso? ¿Checkpoints militares en los barrios? ¿Ciudades con toque de queda? ¿O se trata de un nuevo negocio encubierto para empresarios amigos?.

En un contexto donde la inseguridad requiere respuestas serias y efectivas, la idea de levantar muros solo refuerza la desigualdad y el miedo, sin resolver las causas de fondo. Pero para el Gobierno, al parecer, la seguridad no pasa por construir un país más justo, sino por encerrarnos detrás de rejas.

Los pedidos de seguros por desempleo subieron 60% en el 2024, en medio de la recesión y el ajuste.

El derrumbe de la economía en 2024 quedó reflejado en el alarmante aumento de los pedidos de subsidios por desempleo, que se dispararon un 60% en medio de una recesión profunda y un brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei. Durante el año, 174.335 trabajadores despedidos sin causa comenzaron a cobrar la prestación por desempleo, un número que marca un récord histórico en la última década, según datos de la Seguridad Social.

La magnitud de la crisis se evidencia al comparar con los años anteriores: las solicitudes de subsidios casi duplicaron las 108.942 de 2023 y son más del doble de las 86.268 de 2022. Sectores clave de la economía, como la construcción (54.046 despidos), la industria manufacturera (36.233) y el comercio (28.790), fueron duramente golpeados, dejando a miles de trabajadores sin empleo en un contexto de fuerte contracción del consumo y desplome de la actividad.

El impacto en el empleo es aún más dramático al observar que en diciembre de 2024, pese a la rotación laboral y las bajas en el seguro, 102.549 personas aún dependían de esta prestación, cuyo pago promedio fue de apenas $214.822, cifra insuficiente frente a una inflación galopante que erosionó el poder adquisitivo de los beneficiarios.

La política de ajuste del gobierno también dejó en evidencia las limitaciones del sistema de subsidios, ya que a pesar de la normativa que establece que la prestación por desempleo debe equivaler al 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses de trabajo, un tope fijado por el Consejo del Salario Mínimo impidió que muchos despedidos cobraran ese porcentaje, generando una pérdida adicional de ingresos en plena crisis.

Con el desempleo en ascenso y sin señales de recuperación económica a corto plazo, el panorama laboral en Argentina se torna cada vez más sombrío. La combinación de recesión, caída del consumo y despidos masivos proyecta un 2025 igualmente desafiante para los trabajadores, que enfrentan un mercado laboral devastado por las políticas de ajuste.

Un militante libertario se hizo tendencia en X (ex Twitter) tras tener que padecer en carne propia las supuestas ventajas de la desregulación. “Esto es un manoseo”, afirmó, cansado de que las low cost le cancelen los vuelos.

Un ferviente defensor de la desregulación aérea y crítico acérrimo de Aerolíneas Argentinas quedó expuesto en redes sociales luego de sufrir en carne propia los problemas de las low cost que tanto defendía. Marcos Palazzolo, militante de Libres y Republicanos (espacio que fusiona a La Libertad Avanza con el PRO), se volvió tendencia en X (ex Twitter) tras desatar una furiosa queja contra Flybondi y JetSmart, las mismas aerolíneas que promovía como alternativa a la compañía de bandera.

El giro inesperado: de atacar a Aerolíneas a estallar contra Flybondi

Durante todo 2024, Palazzolo utilizó sus redes para instar a los pasajeros a boicotear Aerolíneas Argentinas, sosteniendo que la empresa debía “reventar” y que el futuro de la aviación estaba en el mercado desregulado. En uno de sus posteos, afirmaba con convicción:

“No saquen más vuelos con Aerolíneas Argentinas, que revienten. Yo siempre uso Flybondi, hagan lo mismo, o JetSmart, entre otras”.

pic.twitter.com/xOs7xttk13 Siempre pelotudo vos Marcos. Pero no te preocupes que ya sabemos que no vas a aprender

— Fede del Corro ⭐⭐⭐ (@FededelCorro) January 27, 2025

Sin embargo, su entusiasmo por la competencia privada se desmoronó este lunes cuando Flybondi le canceló su vuelo. Para empeorar la situación, al intentar conseguir una alternativa con JetSmart, su nuevo pasaje también fue cancelado. Desbordado por la situación, Palazzolo descargó su indignación en redes sociales:

“Ahora en Aeroparque: me cancelaron Flybondi, saqué pasaje por JetSmart y cancelan para mañana. La gente no aguanta este manoseo. Esto es una vergüenza”, escribió furioso, sin notar la ironía de su reclamo.

Burlas y memes: las redes no perdonaron la contradicción

El cambio de discurso de Palazzolo no pasó desapercibido. Su queja fue recibida con una ola de respuestas sarcásticas, recordándole sus constantes ataques a Aerolíneas Argentinas y su férrea defensa de las low cost. Entre memes y burlas, los usuarios de X le remarcaron la paradoja de pedir “cielos abiertos” sin garantizar el cumplimiento efectivo de los vuelos.

Mientras tanto, Flybondi continúa con problemas para sostener su cronograma, dejando en evidencia que la desregulación no siempre significa mejor servicio. Quizás ahora Palazzolo se lo piense dos veces antes de hacer campaña contra la aerolínea de bandera.

El ministro de economía santafecino advirtió que solo en diciembre, en la plataforma de ventas de Mercado Libre se detectaron casi 40.000 operaciones en negro en materia tributaria provincial.

El Gobierno de Santa Fe expuso maniobras evasoras en la plataforma de comercio electrónico más grande del país. Según denunció el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, durante diciembre se detectaron casi 40.000 operaciones sin declarar en términos tributarios, lo que representa un serio perjuicio para el fisco santafesino y una competencia desleal contra los comercios que cumplen con sus obligaciones.

La revelación surgió luego de que Mercado Libre y el sector fintech elevaran un reclamo sobre la presión tributaria en Argentina, con el argumento de que las regulaciones fiscales afectan la competitividad del sector financiero. Sin embargo, Olivares respondió con datos concretos: lejos de ser víctimas del sistema impositivo, las plataformas digitales operan al margen de las normativas tributarias y evaden contribuciones millonarias.

Un esquema de evasión que perjudica a la economía provincial

“Son operaciones que le quitan trabajo al comercio santafesino formal”, enfatizó el funcionario, advirtiendo que la evasión fiscal de Mercado Libre no solo impacta en la recaudación provincial, sino que también perjudica a los pequeños y medianos comerciantes que deben competir en condiciones desiguales.

Olivares explicó que Santa Fe no aumentó la alícuota de Ingresos Brutos sobre las ventas a través de plataformas digitales en la Ley Tributaria Provincial sancionada en diciembre de 2024. Sin embargo, sí equiparó la carga impositiva de las billeteras virtuales con la de los bancos, dado que estas también obtienen ganancias a través de intereses por financiamiento de compras, préstamos y otros servicios financieros.

Además, el ministro apuntó contra otro mecanismo mediante el cual Mercado Libre maximiza su rentabilidad a costa de los comerciantes: la retención de fondos durante 48 a 72 horas entre el débito al comprador y el depósito al vendedor, lo que genera ganancias financieras adicionales sin tributar.

Una provincia en alerta ante la competencia desleal

Desde la Administración Tributaria Provincial, Olivares aseguró que se monitorea de forma permanente la evasión en plataformas digitales, ya que su uso indebido representa un riesgo para la producción y el empleo local. “Estamos cuidando el trabajo y la producción santafesina cuando se la afecta desde la actividad en negro”, afirmó.

Asimismo, reiteró que la provincia trabaja en medidas que reduzcan la carga tributaria sobre los sectores productivos y que incentiven la inversión y la creación de empleo genuino en Santa Fe. Sin embargo, advirtió que, para lograr un sistema tributario más equitativo, las plataformas digitales también deben hacer su parte y adecuar sus condiciones de servicio a estándares internacionales de transparencia y competencia justa.

Mientras tanto, el impacto de estas maniobras sigue profundizando la brecha entre los grandes jugadores del comercio electrónico y los comercios tradicionales, que afrontan costos impositivos y operativos cada vez más elevados sin el respaldo de esquemas de evasión o retención de fondos.

En enero de 2025, un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesita $144.775 para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar. 

Este gasto aumentó 3% con respecto del mes anterior y 345% en comparación con el mismo mes de 2024, de acuerdo con un informe de Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA – Conicet).

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una familia necesita nada menos que 144.700 pesos por mes solo para cubrir los servicios públicos. Un monto que crece sin freno y que pone en jaque la economía de millones de hogares.

Porque claro, ¿quién necesita un sueldo digno cuando puede destinar una parte cada vez más grande de sus ingresos a pagar tarifas “razonables” que aumentan mes tras mes?

En enero de 2025, el costo total de la canasta de servicios básicos (energía eléctrica, gas, transporte y agua potable) se disparó un 345% en comparación con el mismo mes de 2024. Un incremento sin precedentes que, lejos de mejorar la calidad de vida, profundiza el ajuste sobre la mayoría de la población.

Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA – Conicet), el desglose de los aumentos muestra cifras alarmantes:

• Energía eléctrica: +270%
• Gas: +559%
• Transporte: +385%

¿Casualidad? Difícil. Lo cierto es que los aumentos recaen con mayor peso sobre los sectores de menores ingresos, a los que ni siquiera se menciona en las políticas oficiales.

Salarios que no acompañan y un esfuerzo cada vez mayor para llegar a fin de mes

Para ponerlo en perspectiva, estos servicios básicos representan el 11,7% de un salario promedio, estimado en 1.238.608 pesos. La diferencia es que, mientras los servicios no paran de subir, los salarios corren muy por detrás, sin ningún ajuste proporcional que alivie el impacto de la inflación.

El transporte, por su parte, se lleva la mayor tajada del gasto en servicios, representando un 39% del total. Como si moverse dentro de la ciudad fuera un privilegio y no una necesidad diaria para millones de trabajadores.

Un Estado que se “desentiende” de los más vulnerables

A pesar de la creciente presión sobre los bolsillos de la población, el Estado sigue reduciendo su participación en el sostenimiento de los servicios públicos. Actualmente, cubre apenas el 47% del costo, dejando que la mayor parte del impacto recaiga sobre los usuarios.

Mientras tanto, la capacidad adquisitiva de los argentinos sigue cayendo a un ritmo alarmante, y el acceso a lo más básico—luz, gas, transporte—se convierte en un desafío diario. El costo de vida no deja de subir, pero la única variable que parece no ajustarse en la misma dirección es el salario.

El Gobierno nacional confirmó que solicitó al Banco Mundial la cancelación del crédito de 600 millones de dólares para la electrificación y modernización integral de la línea Belgrano Sur ya que no la consideran una obra prioritaria.

A pesar de la promesa de que “el ajuste lo paga la casta”, el Gobierno continúa aplicando recortes en áreas clave que afectan directamente a la población trabajadora. Esta vez, la Secretaría de Transporte canceló el crédito de 600 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial para la electrificación de la línea Belgrano Sur, una de las más postergadas del sistema ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y utilizada diariamente por miles de trabajadores.

La obra, que estaba prevista en el Plan de Modernización del Transporte, incluía la electrificación de la traza desde González Catán hasta la estación Sáenz, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Además, contemplaba la renovación de vías, la construcción de subestaciones eléctricas, la modernización de talleres, mejoras en señalamiento y la compra de nuevas formaciones eléctricas. El objetivo era reducir tiempos de viaje, mejorar la seguridad operativa y aumentar la capacidad del servicio.

Un ajuste que golpea la movilidad de los trabajadores

Desde el Ministerio de Economía justificaron la cancelación del crédito alegando que los fondos serán redestinados a programas de asistencia social. Sin embargo, la eliminación de este proyecto forma parte de un patrón más amplio de ajuste en la infraestructura ferroviaria, que también incluyó la cancelación del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la electrificación del ferrocarril San Martín.

El recorte en el Belgrano Sur es especialmente crítico porque esta línea presta servicio en algunas de las zonas más postergadas del conurbano bonaerense, donde el acceso a un transporte eficiente y económico es fundamental para la movilidad de los sectores populares. Actualmente, la falta de electrificación obliga a utilizar formaciones diésel, más lentas, costosas y contaminantes, lo que impacta negativamente en la calidad del servicio y en la economía cotidiana de los usuarios.

Tensión creciente con los gremios ferroviarios

El ajuste en el sector ferroviario se da en un contexto de creciente tensión con los sindicatos del sector. En los últimos meses, los gremios ferroviarios han advertido sobre la falta de inversión en infraestructura, el deterioro de las condiciones laborales y la posibilidad de despidos en el sector.

La cancelación de obras estratégicas refuerza el malestar entre los trabajadores del ferrocarril, que han llevado adelante medidas de fuerza en rechazo a las políticas de ajuste. A su vez, la falta de modernización del sistema impacta en los usuarios, que enfrentan viajes más largos, servicios con mayor riesgo de interrupciones y una infraestructura cada vez más deteriorada.

Mientras el Gobierno sostiene el discurso de que “el ajuste lo paga la casta”, las decisiones económicas siguen afectando directamente a los trabajadores y a sectores esenciales de la vida cotidiana, como el transporte público.

El imperdible “show” de Bullrich en Salta: ahora dice que colocará 200 metros de alambre para “cuidar a los argentinos”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la instalación de un insólito cerco de apenas 200 metros en la frontera de Aguas Blancas, Salta, calificándolo como una acción clave para frenar la entrada de cocaína al país. Según la funcionaria, este paso fronterizo es el “punto más álgido de entrada de cocaína”, y el alambrado busca “taponar la zona”. Sin embargo, la medida parece responder más un espectáculo mediático que una estrategia seria y completa para combatir el narcotráfico en una de las fronteras más extensas y porosas del mundo.

Bullrich destacó la presencia de fuerzas de seguridad como Prefectura y Gendarmería, además de la colaboración con la provincia de Salta y el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán. Incluso utilizó términos como “el ladrón cuidando a las gallinas” para dramatizar la situación, en referencia a presuntas complicidades locales. No obstante, su discurso omite una visión integral del problema, enfocándose en soluciones simbólicas y de bajo impacto en lugar de abordar las verdaderas raíces del narcotráfico.

Blanqueos de capitales: ¿Aliados del crimen organizado?

Mientras Bullrich promociona la instalación del cerco como un hito en la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno de Javier Milei avanza con una controvertida medida que podría beneficiar indirectamente al crimen organizado: la destrucción de datos de 300.000 cuentas de argentinos que blanquearon capitales por un total de 19.000 millones de dólares. Según especialistas, esta acción debilita los controles contra el lavado de dinero, facilitando que fondos ilícitos ingresen al sistema financiero sin supervisión adecuada entre ellos los del narcotráfico que la ministra dice querer combatir.

El economista Sebastián Domínguez y el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez han criticado duramente la medida, alertando sobre su impacto negativo en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico. En este contexto, la narrativa de Bullrich contra el crimen organizado pierde credibilidad al no cuestionar las políticas financieras que generan condiciones favorables para el blanqueo de dinero ilegal.

El caso de las SAS: otra omisión conveniente

Una de las herramientas que ha facilitado el lavado de dinero por parte de organizaciones criminales fue la creación de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Bullrich encabezaba el Ministerio de Seguridad. Estas figuras jurídicas, diseñadas para simplificar trámites empresariales, fueron aprovechadas por bandas como “Los Monos” para lavar más de 12.000 millones de pesos, según informes de la Inspección General de Justicia.

Lejos de abordar este antecedente, Bullrich elige centrarse en medidas visibles pero ineficaces, como un alambrado de 200 metros o la militarización de zonas urbanas donde de paso alimenta el negocio de la compra de armas y equipos de seguridad a muy allegados socios israelíes. Estas acciones parecen responder más a un intento de emular en lo escénico modelos de seguridad como el de Bukele en El Salvador o Trump en EEUU, sin una verdadera intención de resolver los problemas estructurales que sostienen al narcotráfico, como el lavado de dinero y las redes financieras que lo hacen rentable.

Las medidas de Bullrich no son más que una puesta en escena, diseñada para generar impacto mediático sin atacar los pilares económicos y políticos del narcotráfico. Mientras se enfoca en construir cercos simbólicos y promover operativos para las cámaras, se evitan discusiones de fondo sobre las políticas fiscales y económicas que fortalecen al crimen organizado. Lejos de ser una lucha genuina contra el narcotráfico, la estrategia de Bullrich evidencia una preocupante desconexión entre el discurso y la realidad.