Según la documentación aportada por el abogado Jeremías Rodríguez, “se crearon estructuras financieras para proteger propiedades adquiridas en Florida, Estados Unidos”.

La Justicia argentina ha iniciado una investigación sobre Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y figura de máxima confianza de Mauricio Macri, por presunto ocultamiento de propiedades y uso de estructuras financieras en el extranjero. El juez Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano analizan una denuncia que involucra a Ritondo, su esposa Romina Diago, y una red de sociedades offshore utilizadas para adquirir bienes inmuebles en Miami, Florida, por un valor estimado en USD 2.600.000.

La denuncia, presentada por el abogado Jeremías Rodríguez, incluye acusaciones de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, tráfico de influencias y violaciones al orden económico y financiero. Según la documentación aportada, el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de María Eugenia Vidal y su pareja “habrían utilizado estas estructuras para ocultar activos y no declararlos como lo exige la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”. Diago habría gestionado propiedades en Miami a través de entidades registradas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y Delaware, incumpliendo las normas de transparencia exigidas por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

El entramado financiero y las propiedades

El informe señala que Diago adquirió en 2014 la sociedad Sunstar Point, utilizada para comprar una propiedad en Florida valuada en USD 650.000. Esta sociedad operaba bajo un fideicomiso llamado Warwick Trust, que Diago constituyó y administraba. El fideicomiso era revocable, permitiéndole a Diago mantener el control total sobre los bienes, mientras que Ritondo figuraba como su eventual sucesor en la administración de estos activos.

Además, Diago estuvo vinculada a otras entidades offshore, como Ilustre LLC y Goformore LLC, que gestionaron propiedades valuadas en más de USD 1.500.000 en Miami. Entre los inmuebles destacados están tres departamentos adquiridos entre 2013 y 2015, con precios que oscilan entre USD 446.900 y USD 656.900.

Implicaciones políticas y legales

La denuncia sostiene que, al estar casado, Ritondo debía incluir estos bienes en sus declaraciones juradas como funcionario público. El abogado Rodríguez argumenta que el diputado “no podía desconocer el régimen normativo” y lo acusa de “omitir intencionalmente” activos que forman parte de la sociedad conyugal.

El caso, basado en investigaciones del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y ElDiarioAR, también menciona la participación de agentes fiduciarios que facilitaron la creación y administración de estas sociedades en jurisdicciones reconocidas por su opacidad fiscal.

Con esta investigación, Ritondo enfrenta un escrutinio judicial que podría tener repercusiones no solo legales, sino también políticas, dado su rol destacado dentro del PRO y su cercanía al expresidente Mauricio Macri.

Siguiendo el “modelo peruano”, el ministro Federico Sturzenegger dispuso que cualquier persona con vehículo, seguro y VTV pueda prestar el servicio de transporte.

El Gobierno argentino ha anunciado una polémica medida que permite a cualquier persona con vehículo, seguro y VTV prestar servicios de transporte de pasajeros. Según las autoridades, esta iniciativa busca fomentar la competencia y aumentar la oferta de servicios. Sin embargo, tanto organizaciones de seguridad vial como sindicatos han advertido que esta desregulación podría tener graves consecuencias para la seguridad, el trabajo y la organización del transporte público, replicando errores vistos en otros países como Perú con altos niveles de precarización y riesgo.

Retrocesos en seguridad vial y profesionalismo

La medida implica que cualquier ciudadano con un vehículo pueda registrarse mediante un trámite online, recibiendo autorización para operar en apenas cinco días. No se exige capacitación específica ni experiencia, lo que ha generado críticas desde distintos sectores. Diego Molina, miembro de la ONG Conduciendo a Conciencia y familiar de una víctima de la tragedia del Colegio Ecos, señaló que esta política es un retroceso alarmante en términos de seguridad vial. “Esto minimiza la importancia de la capacitación profesional y pone en riesgo vidas. No hemos aprendido nada de tragedias como la nuestra”, lamentó.

A quienes tengan vehículos grandes o pequeños (con seguro y revisión vehicular aprobada), los invitamos a convertirse en proveedores de transporte de pasajeros. El Decreto 883/24 había liberado el tránsito interjurisdiccional así como el de las conexiones aeroportuarias, dando… pic.twitter.com/fPrn9D9rJM

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 10, 2024

Molina recordó los avances logrados tras el accidente de 2006, como la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la ley de Alcohol Cero, avances que, en su opinión, podrían verse anulados por esta desregulación. “Llenás un formulario y ya podés trasladar vidas. Es un absurdo. El Estado abdica su responsabilidad en garantizar seguridad y profesionalismo”.

El modelo peruano y sus riesgos

Esta flexibilización tiene similitudes preocupantes con la desregulación implementada en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori. En aquel país, la liberalización del transporte derivó en la proliferación de vehículos precarios como las “combis”, y en un sistema caótico caracterizado por la falta de planificación, inseguridad y efectos adversos en la calidad de vida de los ciudadanos.

Entre las consecuencias observadas en Perú se destacan:

• Inseguridad vial: Conductores sin capacitación operaban en condiciones de riesgo, llevando a un aumento de accidentes y fatalidades.
• Desorganización y falta de control: Los recorridos y tarifas eran establecidos de manera arbitraria, generando incertidumbre para los pasajeros, además de falta de puntualidad del servicio.
• Impacto ambiental: Los vehículos, en su mayoría antiguos y contaminantes, agravaron los problemas de polución en las ciudades.
• Precarización laboral: La competencia desleal afectó a los conductores profesionales y fomentó la informalidad.

La falta de regulación en Perú transformó el transporte público en un sistema caótico donde la prioridad dejó de ser el bienestar del pasajero. Estas lecciones deberían servir como advertencia para Argentina.

Repercusiones laborales y sociales

El sindicato de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) calificó la medida como “inconstitucional” y advirtió sobre su impacto en las condiciones laborales. “El chofer profesional se distingue por su formación, y eso no puede ser reemplazado por una persona sin preparación”, declaró Roberto Fernández, líder del gremio. Además, señaló que la desregulación podría aumentar las jornadas laborales hasta niveles insostenibles.

Por su parte, los taxistas consideraron esta medida como “un paso hacia el tercer mundo”. Según José Ibarra, titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, la liberalización precariza el trabajo y pone en riesgo a los pasajeros al no garantizar estándares mínimos de seguridad y capacitación.

El peligro de repetir errores

Si bien el Gobierno presenta esta medida como un avance hacia la modernización del transporte, las experiencias internacionales sugieren lo contrario. La desregulación, en lugar de fomentar un mercado eficiente, puede derivar en un sistema inseguro y desorganizado, con altos costos para la sociedad.

En lugar de avanzar hacia un modelo sustentable y seguro, Argentina podría estar retrocediendo hacia un escenario caótico y peligroso, similar al que enfrenta la India, Perú o México. Las políticas de transporte deben priorizar la vida y el bienestar de los ciudadanos por encima de cualquier cálculo económico.

Desde Naciones Unidas y la ONG Human Right Watch rechazaron la intención de que los jueces de la Corte Suprema de Justicia sean designados por decreto.

La intención del gobierno argentino de nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema, en caso de no lograr el aval del Senado, ha generado una fuerte reacción internacional. Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, expresó su preocupación por lo que considera una amenaza a la separación de poderes en el país.

“He tomado nota de las preocupantes noticias de que el Gobierno de Argentina supuestamente podría estar considerando nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto”, afirmó Satterthwaite en su cuenta de X. La relatora subrayó que el principio de legalidad exige respetar los procedimientos constitucionales para preservar la independencia judicial.

He tomado nota de las preocupantes noticias de que el Gobierno de #Argentina supuestamente podría estar considerando nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto.

Recuerdo que el principio de legalidad exige que se sigan los procedimientos constitucionales al designar jueces,…

— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) December 13, 2024

El artículo de la Constitución que permite al presidente llenar vacantes mediante decretos en comisión durante el receso legislativo ha sido objeto de controversias. Según expertos, esta disposición no debería aplicarse a los jueces de la Corte Suprema, ya que no se consideran “empleos” en el sentido que la norma establece. Además, la vacante de la Corte que busca ser cubierta no ocurrió durante el actual receso legislativo, lo que pone en duda la validez del mecanismo propuesto.

El antecedente de Macri

Este escenario recuerda un antecedente polémico: en 2015, el expresidente Mauricio Macri intentó designar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto presidencial, amparándose en la misma disposición constitucional. En ese entonces, organizaciones de derechos humanos y juristas, incluyendo Human Rights Watch, criticaron duramente la medida por considerarla contraria a los principios republicanos. Sin embargo, los jueces designados por Macri no asumieron hasta obtener el respaldo de dos tercios del Senado, seis meses después.

En un contexto donde Argentina ha ratificado tratados internacionales que exigen un proceso transparente y acorde con la división de poderes, la iniciativa del gobierno actual de Javier Milei ha provocado una reacción que trasciende las fronteras. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, instó al presidente a “demostrar respeto por la independencia judicial trabajando con el Senado para lograr los acuerdos necesarios en lugar de recurrir a nombramientos por decreto”.

Mientras el gobierno insiste en esta polémica vía, Naciones Unidas y otros actores internacionales recuerdan que cualquier debilitamiento en los procesos de designación de jueces puede poner en jaque la independencia del Poder Judicial, un pilar fundamental de la democracia.

Gobierno en crisis: la maniobra para proteger a Kueider desata renovadas tensiones con Villarruel.

Desde la Casa Rosada, se percibe una clara estrategia para desvincular al senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares de dudoso origen sin declarar, de las graves acusaciones en su contra. Mientras los abogados del legislador buscan impugnar la sesión en la que se votó su expulsión, Santiago Caputo, asesor cercano a Javier Milei, ha lanzado una campaña de desprestigio contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, sembrando dudas sobre la validez de dicha sesión.

Caputo sostiene que Villarruel no cumplió con su obligación constitucional de asumir la Presidencia durante el viaje de Milei a Italia. Según la versión de la Casa Rosada, Villarruel habría sido notificada con suficiente antelación, algo que su entorno niega, argumentando que el traspaso oficial se produjo a las 19:00 horas, mucho después de la sesión. Este vacío temporal, interpretado como acefalía, ha generado un fuerte debate entre constitucionalistas y una nueva pugna política dentro del oficialismo.

El asesor presidencial filtró documentos y supuestas conversaciones privadas para respaldar su versión que pretenden dejar mal parada a la vicepresidenta. Sin embargo, estas acciones no han ido más allá del plano mediático, ya que de momento ningún funcionario del gobierno ha impulsado formalmente la anulación de la sesión, lo que evita una crisis institucional de mayor envergadura.

La presión de Caputo por salvar a Kueider no solo revela un intento por proteger a un aliado clave, sino también el temor de que el escándalo se extienda. Fuentes en el Senado y fiscales paraguayos han señalado que Kueider podría poseer información comprometedora que podría involucrar a figuras de alto nivel. Esto llevó a declaraciones como las de la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien ironizó: “Tienen miedo de que Kueider cante más que Valeria Lynch”, y al contundente consejo del senador José Mayans: “Le recomiendo que no salga ni al balcón; sabe demasiado”.

Mientras tanto, el enfrentamiento entre Milei y Villarruel parece intensificarse. La vice, cada vez más distanciada del presidente, enfrenta un desgaste político considerable, avivado por esta última controversia. La fractura interna del oficialismo, sumada a las maniobras desesperadas para salvar a Kueider, deja al gobierno en una posición delicada frente a la opinión pública y la justicia.

Según datos oficiales, la cantidad de personas en situación de calle saltó de 3.286 en noviembre de 2023 a 4.416 en noviembre de este año. Pero las organizaciones advierten que la cifra real es más del doble.

En un contexto de crisis económica y social, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el distrito más rico del país, enfrenta un alarmante aumento del 35% en su población en situación de calle. Según datos oficiales, las personas sin techo pasaron de 3.286 en noviembre de 2023 a 4.416 un año después. Sin embargo, organizaciones sociales como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Proyecto 7 estiman que la cifra real supera las 12.000 personas, lo que incluye a un número creciente de familias con niños y personas mayores.

Esta crisis ocurre durante la primera gestión de Jorge Macri como jefe de Gobierno porteño, quien ha implementado una polémica campaña para “limpiar las calles de indigentes”. Estas medidas, que incluyen operativos policiales y la remoción forzosa de personas, han generado críticas generalizadas por parte de defensores de derechos humanos, que denuncian un trato deshumanizante y un aumento del 500% en la violencia institucional hacia esta población.

Hay casi tres veces más gente viviendo en las calles de Buenos Aires que en 2019.

El censo de este mes estableció que viven 4.416 personas, 2.682 más que en 2019. Un pueblo entero vive en las calles de la ciudad. Estos números abrumadores nos dan una idea del tamaño del… pic.twitter.com/TuDz62LoVs

— Clara Muzzio (@claramuzzio) December 6, 2024

Más pobreza en la Ciudad más rica

CABA, donde la pobreza afecta al 32,1% de sus habitantes (989.000 personas) y la indigencia al 13,5% (417.000), muestra los niveles más altos de precarización social de la última década. Este deterioro ha llevado a un aumento notable de personas que recurren a organizaciones por comida o refugio, incluso aquellas que aún tienen vivienda pero no pueden sostener los costos básicos.

“El colapso es total”, advierte Horacio Ávila, referente de Proyecto 7. “Vemos más familias, más chicos, y más adultos mayores que quedan en la calle porque sus ingresos no alcanzan para alquilar, comer y pagar medicamentos. La ciudad más rica del país no puede resolver esta crisis; es inadmisible”.

Políticas de exclusión y estigmatización

Desde el inicio de su gestión, Macri ha vinculado la problemática de las personas sin techo con cuestiones de salud mental y seguridad, promoviendo un enfoque punitivo mediante operativos de desalojo que, según el Registro Unificado de Violencias, ocurren cada dos días en promedio. Además, la falta de vacantes en los Centros de Integración Social (CIS) agrava la situación.

“Estas políticas no solo no resuelven el problema, sino que lo empeoran”, señala Jorgelina Di Iorio, investigadora del Conicet. “La narrativa oficial intenta culpar a otros distritos, pero los datos indican que muchas de estas personas llevan años en la ciudad”.

Emergencia social y derechos incumplidos

Pese a la existencia de leyes nacionales y locales que deberían garantizar derechos básicos para las personas en situación de calle, como la Ley 3.706 y la Ley 27.654, su implementación es prácticamente nula. “El Gobierno porteño opta por criminalizar la pobreza en lugar de abordarla desde una perspectiva de derechos”, denuncia Ávila.

La situación no solo refleja el impacto de políticas insuficientes, sino también un enfoque que prioriza la “limpieza” del espacio público sobre la asistencia social, dejando a miles de personas en la intemperie en una de las ciudades más ricas del continente.

Una asociación civil denunció penalmente al asesor presidencial, Santiago Caputo, y al presidente de YPF, Horacio Marín, por supuestas maniobras fraudulentas con los activos de la compañía.

El titular de YPF, Horacio Marín, y Santiago Caputo, asesor de Javier Milei, enfrentan una denuncia penal por presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación señala maniobras destinadas a desvalorizar activos de la empresa estatal para su posterior venta a precios significativamente inferiores al valor de mercado, en perjuicio del patrimonio público.

La denuncia fue presentada por Alejandro Díaz Pascual ante la fiscalía Federal 10, a cargo de Paloma Ochoa, y es investigada por el juez Sebastián Casanello. Díaz Pascual acusa a Marín de promover una desvalorización de activos de YPF por un total de 1.800 millones de dólares, afectando 55 áreas de explotación de petróleo y gas convencional en provincias como Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según la presentación, esta desvalorización sería el primer paso para favorecer la venta de los activos a compradores específicos vinculados con intereses privados.

Vínculos con Santiago Caputo

La denuncia también apunta a Santiago Caputo, asesor clave de Javier Milei, acusándolo de promover la designación de su socio, Guillermo Garat, como vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF. Según el denunciante, esta estrategia buscaba influir en las decisiones corporativas de la empresa, especialmente en relación con la cesión de pozos convencionales tras su desvalorización.

Además, la denuncia insta a investigar las empresas supuestamente interesadas en adquirir estos activos, subrayando posibles conexiones con grupos vinculados a Caputo.

Sobreprecios y falta de transparencia

La presentación también señala irregularidades en la gestión de recursos públicos, incluyendo la adquisición por parte de Enarsa de 44 millones de metros cúbicos de gas licuado a un precio tres veces mayor que el de mercado, y la falta de licitación pública en el proceso.

La justificación de YPF para la desvalorización de sus activos, que argumenta haber corregido sobrevaloraciones de gestiones anteriores, es calificada como inconsistente por el denunciante. Díaz Pascual subraya que los estados contables de YPF son auditados bajo estrictos estándares internacionales y revisados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, lo que cuestiona la validez de estas afirmaciones.

Un golpe al patrimonio público

“Las maniobras de desvalorización buscan beneficiar a compradores que, una vez adquiridos los activos, los revalorizarían a su precio real de mercado”, acusa la denuncia, resaltando el impacto negativo sobre el valor patrimonial de YPF, una empresa mayoritariamente estatal.

El caso pone bajo escrutinio tanto la gestión de Marín como los vínculos del entorno de Javier Milei, destacando el riesgo de que medidas económicas y privatizaciones afecten gravemente los intereses del Estado en favor de grupos económicos cercanos al poder.

Un reciente estudio realizado por CB Consultora Opinión Pública posicionó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, como el gobernador con mayor rechazo en todo el país.

Según los datos recopilados en diciembre, su gestión cuenta con una imagen negativa del 52,9%, consolidándose como el dirigente con peor valoración entre los 24 mandatarios provinciales.

El salto de jurisdicción de Jorge Macri, tras su victoria en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, no ha sido bien recibido por los vecinos y vecinas porteñas. Su gestión ha estado marcada por conflictos y deudas que, según el sondeo, se reflejan en un descontento generalizado.

La encuesta, que relevó entre 632 y 895 casos por distrito del 1 al 4 de diciembre, presentó un margen de error del 3% al 4%. Los resultados destacan que, además de liderar en rechazo, Jorge Macri fue el gobernador que más cayó en aprobación con una disminución de 2 puntos porcentuales respecto a noviembre, quedando con un 44,3% de imagen positiva.

Estos datos ponen en evidencia el difícil inicio de Jorge Macri como jefe de Gobierno porteño y su creciente desconexión con el electorado. Su gestión enfrenta un desafío no solo de gobernabilidad, sino también de recuperación de confianza en un contexto de marcada desaprobación social.

El dato surge de un relevamiento nacional. Advierten que en la ciudad se perdieron empleos que no requieren de una alta capacitación. “Hay una merma importante del trabajo en blanco”.

La ciudad de Santa Fe enfrenta un incremento alarmante en los índices de pobreza e indigencia, producto del impacto del rumbo económico y las políticas aplicadas por el Gobierno. Según los datos del Registro Nacional de Personas en Situación de Calle (RenaCalle), en octubre de 2024 se contabilizaron 648 personas en situación de calle, lo que representa un incremento del 28,3% respecto a las 505 registradas en 2023.

Esta cifra refleja una realidad crítica: la pérdida de empleos y la informalidad laboral están llevando a más personas, especialmente adultos jóvenes en edad productiva, a condiciones de extrema vulnerabilidad. Del total registrado, el 85% son hombres en edad de trabajar, mientras que 27 menores de edad también se encuentran en esta situación.

Perfil de la crisis

El relevamiento señala que el 54,1% de las personas en situación de calle tienen entre 19 y 35 años, mientras que el 42% tienen entre 36 y 45 años. Además, se detectaron 64 mujeres en esta condición, incluyendo dos embarazadas. Aunque el 63% de los menores acceden a la educación y el 81,5% cuenta con DNI, las posibilidades de salir de esta situación dependen de la implementación de políticas públicas centradas en el acceso a vivienda, oportunidades laborales y contención interdisciplinaria.

Impacto del desempleo y la informalidad

El secretario de Políticas Sociales del municipio, Hugo Marchetti, advirtió sobre el aumento de la informalidad laboral, señalando la pérdida de empleos no calificados. “Quienes logran subsistir se convierten en feriantes, vendedores ambulantes o realizan trabajos temporales como cortar el pasto”, explicó.

La variabilidad de personas en situación de calle, influenciada por factores estacionales, también refleja un aumento en adultos jóvenes con consumo problemático. A pesar de la gravedad, los recursos destinados a políticas sociales son insuficientes: el presupuesto proyectado para 2025 en esta área es de $13.482 millones, muy por debajo de las cifras asignadas a Gestión Urbana y Ambiente o Seguridad Ciudadana.

Panorama alarmante

El panorama actual contrasta drásticamente con las proyecciones oficiales, que prometen estabilidad económica y mejoras sociales. En cambio, los datos reflejan un agravamiento de la exclusión social en Santa Fe, donde la falta de políticas específicas y recursos suficientes deja a un número creciente de personas en condiciones de indigencia extrema.

La situación en Santa Fe no es aislada, pero su aumento en el último año es un llamado urgente para reorientar las medidas económicas hacia la protección de los sectores más vulnerables. El impacto de estas políticas no solo afecta a quienes están en la calle, sino a toda la estructura social de la ciudad.

La línea de pobreza para una familia promedio fue estimada por el Indec en $ 1.001.466 para noviembre. La mitad de la población no reúne ingresos suficientes para superar ese piso.

En noviembre, la línea de pobreza para una familia tipo alcanzó los $1.001.466, según datos del INDEC. Sin embargo, una alarmante realidad se impone: cada vez son más las familias argentinas que no logran reunir el ingreso mínimo necesario para cubrir ni siquiera la canasta básica alimentaria (CBA), mucho menos la canasta básica total (CBT). Esta dura situación contrasta de manera drástica con el reciente mensaje presidencial, que apuntó a una supuesta mejora en las condiciones económicas quien además se jactó de un aumento del salario en dólares sin hacer mención a los crecientes costos dolarizados que debe afrontar la sociedad y que no parecen estar contemplados en las mediciones del INDEC.

La CBT, que incluye los bienes y servicios esenciales para una pareja con dos hijos pequeños, aumentó un 1,5% respecto a octubre, acumulando un alza del 102% en lo que va de 2024 y un 156,5% interanual. Por su parte, la CBA, que mide exclusivamente los alimentos necesarios para una correcta nutrición, se ubicó en $439.240, registrando incrementos del 1,1% mensual, 82,5% en el año y 137,4% en comparación con noviembre de 2023.

El impacto de estas cifras es contundente: millones de familias no solo no logran cubrir los costos básicos, sino que ven cómo su poder adquisitivo se erosiona mes a mes. Según el último informe del Indec, en el primer semestre de este año, el 52,9% de la población vivía en la pobreza y el 18,1% en la indigencia. A pesar de la desaceleración de la inflación, el panorama no mejora significativamente para los sectores más vulnerables, que siguen sin poder acceder siquiera a los alimentos esenciales.

La diferencia entre la evolución de la CBA y la CBT revela un fenómeno de “inflación diferencial”. Mientras los alimentos aumentan a un ritmo menor, otros rubros como tarifas y precios regulados impulsan el alza general, dificultando aún más la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades básicas.

El contraste con el mensaje presidencial no puede ser más evidente. Mientras se celebra una desaceleración de la inflación como un logro gubernamental, los datos reflejan que la realidad cotidiana para las familias argentinas es cada vez más compleja, con ingresos que no alcanzan ni para lo mínimo indispensable.

En este contexto, la frase “pobreza millonaria” adquiere un nuevo significado, reflejando un escenario en el que incluso con ingresos que superan el millón de pesos al mes, muchas familias siguen atrapadas en la pobreza estructural.

El fallo impide al organismo dependiente del poder ejecutivo, inmiscuirse en la universidad. Además aseguró que la institución está en regla y presentó todos sus balances a la AGN.

El Gobierno sufrió un revés significativo en su lucha ideológica contra la Universidad de Buenos Aires (UBA). En un fallo contundente, la Justicia rechazó el intento del Poder Ejecutivo, a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), de auditar a la universidad. La resolución subraya la autonomía universitaria y advierte sobre los rasgos de inconstitucionalidad de las medidas propuestas.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, a cargo del juez Santiago Carrillo, desestimó la medida precautoria solicitada por la SIGEN. En su fallo, el magistrado determinó que el control interno de las universidades nacionales, incluido el de la UBA, no es competencia de este organismo, tal como lo establece la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior.

La UBA presentó pruebas que refutan cualquier acusación de falta de transparencia. El fallo destaca que la universidad ha cumplido con todas las normativas de rendición de cuentas, incluyendo la presentación de balances a la Auditoría General de la Nación (AGN). Además, se constató que en el sitio web de la UBA están publicados informes de auditorías internas desde 2015, junto con la normativa aplicable y los manuales de procedimiento.

El juez Carrillo enfatizó que las universidades nacionales poseen un estatus jurídico especial, adquirido en la reforma constitucional de 1994, que protege su autonomía. “La Ley de Educación Superior contiene disposiciones que restringen la injerencia del Poder Ejecutivo Nacional en su ámbito institucional, reservando al Poder Legislativo y Judicial el rol de control sobre sus actos”, subrayó en la resolución.

Este intento de intervención por parte del Gobierno ha sido percibido como un ataque a la autonomía universitaria, un principio central de las universidades públicas. La UBA, por su parte, afirmó que nunca ha cuestionado su obligación de rendir cuentas, pero señaló que la SIGEN carece de competencia para auditarla, ya que su función se limita a organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.

El fallo también desestimó los argumentos de la SIGEN sobre un supuesto peligro de extravío o alteración de documentación por parte de la UBA, calificándolos como “meras conjeturas”.

Este revés judicial no solo frena los planes del Ejecutivo de intervenir en la gestión interna de la UBA, sino que también pone en evidencia la tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales, un conflicto que se suma a las críticas por la política presupuestaria hacia la educación superior y la persecución ideológica al sistema educativo en su conjunto.