Patricia Bullrich viene recibiendo reclamos de Gendarmería por los bajos sueldos. La funcionaria les prometió que le iban a aumentar el sueldo “cuando el país crezca” e incluso les prometió viviendas.

La situación en las fuerzas de seguridad se vuelve cada vez más tensa, con un malestar palpable entre los uniformados, quienes exigen una urgente recomposición salarial ante lo que consideran una total falta de respuestas concretas por parte del Ministerio de Seguridad. Este lunes, familiares de prefectos y agentes de la Policía Federal se sumaron al reclamo que ya venía siendo levantado por los gendarmes, exigiendo un aumento de sueldo que les permita cubrir las necesidades básicas, y manifestándose en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.

La crítica situación salarial afecta principalmente a aquellos con sueldos más bajos, con algunos agentes señalando que sus ingresos no superan lo que cobra un vigilador privado o un playero de estación de servicio. “Imaginate el resto de los que tienen sueldos más bajos”, relató al portal LPO un oficial que trabaja en Rosario, donde las fuerzas federales se enfrentan a bandas narco. La manifestación refleja un profundo malestar por la falta de respuestas por parte del Ministerio de Seguridad, que, en lugar de ofrecer soluciones claras, se limita a promesas de aumentos vinculados al crecimiento económico del país y a la oferta de viviendas del plan Procrear, que el mismo gobierno eliminó.

El gobierno nacional, y más específicamente la ministra Patricia Bullrich, ha recibido constantes reclamos de las fuerzas, quienes, pese a la promesa de aumentos salariales, han visto solo un ínfimo incremento del 5%, insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Este aumento no solo está lejos de satisfacer las expectativas de los uniformados, sino que también ha generado un sentimiento de frustración y desmoralización, especialmente entre los jóvenes que, según señalan algunos agentes retirados, están perdiendo el interés por el trabajo debido a los bajos salarios.

El malestar es tal que, desde el Ministerio de Seguridad, se han tomado medidas desesperadas, enviando instrucciones a los jefes de las dependencias para que comuniquen a las fuerzas que “se ha avanzado en la recomposición salarial”, lo que resulta poco creíble para los propios agentes. “Es la primera vez que nos mandan a aclarar el tema porque temen que el descontento se salga de control”, afirmaron desde el interior de las fuerzas.

Por su parte, las tensiones dentro del gobierno también juegan un papel clave en la falta de soluciones. Mientras Bullrich aparenta tener buenas relaciones con las fuerzas, la postura inflexible del ministro de Economía, Toto Caputo, quien se ve presionado para mostrar a Javier Milei que tiene controlado el déficit fiscal, limita las posibilidades de cumplir con las promesas hechas a los uniformados. A pesar de los compromisos de mejorar los salarios en las fuerzas de Seguridad y Defensa, la realidad es que los aumentos han sido mínimos, insuficientes para mejorar la calidad de vida de los agentes que arriesgan sus vidas a diario.

En este contexto, el malestar sigue creciendo y las promesas incumplidas solo alimentan la desconfianza. La incertidumbre sobre el futuro salarial y la falta de soluciones reales agravan la situación, dejando a los uniformados con un sentimiento de abandono por parte del gobierno.

Empresas clave como Surcos, Nestlé y Bioceres atraviesan serias dificultades financieras, mientras que la caída de ventas y la incertidumbre económica generan un escenario cada vez más complejo.

El sector agroindustrial argentino enfrenta una crisis inédita que ya se traduce en despidos masivos, cierres temporales de plantas y pérdidas millonarias. Empresas clave como Surcos, Nestlé y Bioceres atraviesan serias dificultades financieras, mientras que la caída de ventas y la incertidumbre económica generan un escenario cada vez más complejo.

La firma de fitosanitarios Surcos, que recientemente ingresó en concurso de acreedores junto con Los Grobo y SanCor, despidió al 20% de su plantilla, reduciendo su personal de 220 a 170 trabajadores. A su vez, la multinacional Nestlé anunció la paralización temporal de su planta de Villa Nueva, Córdoba, hasta fines de marzo, afectando a 183 empleados. La compañía argumentó una drástica caída en las exportaciones y la necesidad de adecuarse a la demanda local, lo que la obligó a conceder vacaciones anticipadas a su personal.

Por su parte, Bioceres advirtió sobre una reducción significativa en sus previsiones de ventas e ingresos para el segundo semestre de la campaña 2024/2025 y no descarta despidos. La biotecnológica argentina señaló que las difíciles condiciones económicas, el cambio en el comportamiento de compra de los productores y el exceso de inventarios están impactando de manera directa en su rentabilidad.

La crisis también golpea a la industria de la maquinaria agrícola, donde las ventas cayeron un 13,4% en enero en comparación con diciembre, generando preocupación en los fabricantes. A pesar de algunos signos de recuperación interanual, la incertidumbre económica y el retraso tecnológico del sector amenazan con profundizar la recesión.

La combinación de factores como la volatilidad macroeconómica, la caída del consumo, la sequía y la apertura de importaciones ha llevado al agro argentino a uno de sus momentos más críticos. Con empresas al borde del colapso y una ola de despidos en aumento, el panorama para el 2025 se presenta incierto y con pocas señales de recuperación en el corto plazo.

El gobernador bonaerense respondió a un pedido de asistencia del Gobierno Nacional, realizado a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, para colaborar en la lucha contra los incendios que están arrasando con el sur del país.

En respuesta a un pedido del Gobierno Nacional a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reafirmó su compromiso en la lucha contra los incendios que arrasan el sur del país, enviando recursos humanos y materiales para colaborar en las zonas afectadas.

“Desde la Provincia de Buenos Aires reforzamos la ayuda para combatir los incendios en la Patagonia”, anunció Kicillof en sus redes sociales, subrayando la disposición del gobierno bonaerense para asistir en la emergencia sin especulaciones políticas.

En respuesta a un pedido del Gobierno nacional a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, desde la Provincia de Buenos Aires reforzamos la ayuda para colaborar en el combate de los incendios en la Patagonia.

Enviamos 110 efectivos, 17 vehículos y equipamiento forestal y… pic.twitter.com/1fIVP0rCES

— Axel Kicillof (@Kicillofok) February 9, 2025

La provincia aportó 110 efectivos, 17 vehículos y equipamiento forestal y logístico en Aluminé, Neuquén, además de reforzar el apoyo en Río Negro con 26 brigadistas y cinco móviles adicionales, que se suman a los enviados previamente a El Bolsón. También participan en el operativo personal de Defensa Civil bonaerense, bomberos de la Policía y voluntarios, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad provincial.

El gobernador destacó que Buenos Aires siempre estará dispuesta a cooperar ante emergencias de esta magnitud y remarcó la importancia de la solidaridad entre provincias. Su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, agradeció públicamente el apoyo, señalando que el trabajo conjunto ha sido clave para fortalecer el combate del fuego en un momento crítico.

Advierten que la medida oficializada por Donald Trump será un golpe muy duro para industrias clave del sector como Aluar y el Grupo Techint.

Mientras el presidente argentino Javier Milei mantiene su apuesta por un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, la administración de Donald Trump toma el camino opuesto: la imposición de nuevos aranceles del 25% a las importaciones de aluminio y acero argentino. La medida, que afectará exportaciones por unos USD 600 millones anuales, pone en jaque a empresas clave del sector y deja en evidencia la falta de reciprocidad en la relación comercial entre ambos países.

El impacto más fuerte lo sufrirá Aluar, la única productora de aluminio en Argentina, que el año pasado exportó USD 530 millones a Estados Unidos, lo que representa el 40% de su producción. También serán alcanzadas Ternium y Tenaris, del Grupo Techint, que en 2024 enviaron más de USD 100 millones en acero al mercado estadounidense.

El endurecimiento comercial de Trump contrasta con la visión aperturista de Milei, quien ha hecho de su alineamiento automático con Estados Unidos un eje central de su política exterior. Sin embargo, lejos de avanzar en un acuerdo que beneficie a la Argentina, Washington refuerza barreras comerciales que pueden extenderse a otros sectores.

Con Macri paso lo mismo

La situación recuerda los antecedentes de la relación entre Argentina y Trump: en 2018, su administración impuso aranceles similares que incluyo otros productos como los limones, aunque el gobierno de Mauricio Macri logró un acuerdo de exención parcial. Sin embargo, en 2019, a días de la salida de Macri, Trump restableció los aranceles de manera abrupta.

Ahora, el escenario se repite, pero con un gobierno argentino que apuesta ciegamente a profundizar sus lazos de subordinación con la Casa Blanca. Habrá que ver si Milei logra revertir la medida o si su estrategia de acercamiento a Trump termina generando más costos que beneficios para la economía argentina, en especial cuando el gobierno libertario por decidió desde hace tiempo renunciar a otros bloques comerciales como los BRICS o proponer el desmantelamiento del MERCOSUR (cuyo acuerdo de libre comercio con la Unión Europea aun esta lejos de materializarse) y apostar todo a una nueva era de “relaciones carnales” con los Estados Unidos.

Durante 2024 cada argentino comió cerca de 5 kilos menos de las tres carnes.

Según la estadística oficial, cada argentino comió casi 5 kilos menos de carne (y no solo vacuna) en 2024
Los funcionarios de todos los gobiernos y los integrantes de la cadena ganadera suelen argumentar que la caída en el consumo de carne vacuna en la Argentina no es un problema sino casi una virtud porque al mismo compás crecen los consumos de otras carnes sustitutas, como la de pollo y la de cerdo. Esto bien puede haber sido así en los últimos años, pero en 2024 se terminó ese verso: según la estadística oficial, cada argentino comió cerca de 5 kilos menos de esas tres carnes, aún cuando sus precios crecieron bastante menos que la inflación.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca acaba de cerrar su estadística sobre 2024, con los datos de diciembre, y allí se expone que no es cierto aquello de que la carne aviar y la porcina reemplazaron el porcentaje de carne vacuna que una población cada vez más empobrecida debió resignar.

En el caso de la carne vacuna, la más emblemática en la dieta de los argentinos, el gobierno oficializó un consumo promedio en los doce meses del año pasado de 47,69 kilos anuales por habitante. Esto implicó que de una producción total de carne de 3,18 millones de toneladas, se quedaron aquí 2,245 millones, mientras que otras 933 mil toneladas se exportaron.

Respecto de 2023, cuando el consumo per cápita de carne vacuna se había ubicado en 52,24 kilos anuales, la caída de la ingesta fue de 4,50 kilos en solo un año, cerca del 8,8%.

Cualquier país sensato se preocuparía por estos indicadores, sobre todo porque ese es un promedio y significa que mientras los sectores más adinerados pudieron sostener sus niveles de consumo o incluso incrementarlos, hay una gran franja de argentinos pobres que seguramente redujeron su ingesta de carne vacuna mucho más ese 8,8%. Cualquier gobierno sensible con la economía popular organizaría planes alimentarios para evitar que la carne falte de las infancias en las zonas más vulnerables.

Pero los funcionarios suelen ignorar este tipo de indicadores e incluso es funcional a eso el discursos de una buena parte de la industria frigorífica y la comunidad ganadera, que ven con buenos ojos una caída del consumo local de carne en la creencia de que cada kilo que se come de menos aquí es un kilo de carne que se puede liberar para la exportación. En efecto, el año pasado las exportaciones rozaron el 30% de la producción, cuando históricamente ese porcentaje era del 25%

En una actitud bastante discutible, ya que históricamente los argentinos han sido sus mejores clientes, la cadena de ganados y carnes minimiza estas caídas en el consumo argumentando que la necesidad de proteínas animales está bien cubierta por la oferta de carnes sustitutas a la bovina. Como se dijo, esto puede haber sido así. Pero en 2024, luego del fuerte ajuste lanzado por el gobierno de Milei, esa explicación no corre.

Pollo y cerdo también a la baja

Siempre según la estadística pública, el consumo de carne de pollo también retrocedió el año pasado, y mal puede haber reemplazado la baja de la carne vacuna. Terminó diciembre con un promedio de 45,20 kilos anuales por habitantes, que contra los 45,85 kilos de un año atrás implican una caída de 1,4%. O mejor dicho, de medio kilo anual per cápita.

Y en el caso del cerdo, el consumo oficializado cerró el mes de diciembre en 17,13 kilos anuales por habitante, un 1,4% por encima de los 16,72 kilos de fines de 2023. Es decir, aunque la ingesta de carne porcina creció unos cientos de gramos, no llegó a compensar el declive de las otras dos carnes.

Por eso el título: cada argentino comió en 2024 cerca de 5 kilos menos de las tres carnes.

Sumadas, estas tres proteínas animales llegan a significar un consumo per cápita de 110 ,2 kilos anuales, que por cierto es uno de los más elevados del mundo. En 2023 habían sido 114,81 kilos.

Vale preguntarse qué hubiera sucedido con estos indicadores si los precios de la carne porcina, aviar y vacuna hubieran evolucionado a la par de la inflación general, que llegó a ser de 117% en todo 2024. Por fortuna, quedaron bastante atrás de eso, ya que la carne de bovino subió apenas 70% y las otras dos lo hicieron entre 80 y 90%.

Mediante un decreto publicado este lunes, el Gobierno dio el primer paso formal para la privatización del sistema ferroviario, se prevé incluso la venta de todo el material rodante propiedad del Estado nacional.

Con la publicación del decreto 67/2025, el Gobierno de Javier Milei ha dado un paso definitivo en la privatización del sistema ferroviario de cargas, iniciando el proceso de concesión de Trenes Argentinos Cargas (TAC). Esta medida no solo implica la entrega de la operación y administración de las vías a operadores privados, sino también el remate del material rodante que el Estado había adquirido con fondos públicos en los últimos años.

El decreto establece que la privatización se llevará a cabo mediante la “desintegración vertical” del sistema, fragmentando la red ferroviaria en lotes y concesionando por separado la infraestructura, los talleres y el material rodante. No obstante, una de las decisiones más controvertidas es la venta de locomotoras y vagones del Estado mediante subasta pública. Los ingresos obtenidos de estas ventas serán destinados a financiar obras en las vías concesionadas, lo que implica que bienes adquiridos con recursos nacionales serán liquidados en favor de operadores privados.

Este esquema profundiza el desmantelamiento del sistema ferroviario, superando incluso la política de concesiones de los años 90, cuando el Estado mantenía la propiedad del material rodante. Al privatizar no solo la operación sino también los activos físicos, el Gobierno elimina cualquier posibilidad futura de que el Estado recupere la administración de las cargas ferroviarias, dejándolo sin herramientas para intervenir en caso de incumplimientos o fracasos de las concesionarias.

El material rodante a subastar incluye locomotoras y vagones adquiridos en el marco de los acuerdos de financiación con China, los cuales permitieron renovar y ampliar la flota del sistema de cargas, especialmente en las líneas Belgrano y San Martín. Sin embargo, algunos de estos equipos aún no han sido completamente pagados, lo que podría generar trabas legales para su venta inmediata.

La medida también despierta interrogantes sobre su encuadre legal. La privatización de TAC choca con la ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos, sancionada en 2015, que establece el acceso abierto a la infraestructura ferroviaria y la integración del sistema bajo administración estatal. Además, el desmembramiento del sistema ferroviario añade una nueva capa de fragmentación a un sector que ya ha sufrido las consecuencias de la falta de inversión privada en los corredores concesionados.

La desinversión y el abandono del sector ferroviario de cargas por parte del capital privado en las últimas décadas fueron las razones principales por las que el Estado tuvo que retomar la operación de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Gracias a las inversiones estatales, se logró revertir parcialmente el deterioro de la infraestructura y aumentar la cantidad de cargas transportadas. Ahora, esas inversiones financiadas con fondos públicos serán entregadas a operadores privados, sin garantía alguna de que se mantengan o amplíen las mejoras logradas en la última década.

La privatización de TAC y el remate de su material rodante no solo marcan la entrega del sistema ferroviario de cargas al sector privado, sino que también eliminan cualquier posibilidad de que el Estado intervenga ante el posible incumplimiento de las concesiones. Con esta decisión, el Gobierno desmantela de manera irreversible un recurso estratégico para el desarrollo productivo del país y abre la puerta a una nueva crisis ferroviaria.

Bullrich trató de “inútil y panelista de TV” al ministro de seguridad porteño y este le reprochó la falta de obras.

La fuga de seis presos de la Comisaría Vecinal 6 A de Caballito desató un nuevo enfrentamiento entre la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff. Lejos de articular respuestas concretas, el cruce entre ambos dejó en evidencia la falta de coordinación y la tendencia a deslindar responsabilidades en lugar de abordar soluciones de fondo.

Bullrich criticó con dureza a Wolff a través de sus redes sociales, acusándolo de no asumir la responsabilidad sobre los detenidos y de limitarse a justificarse sin resolver el problema. “Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy”, disparó la ministra de Milei. También le reprochó que la Ciudad no se haga cargo de los presos bajo su órbita, como sí ocurre en las provincias.

Ministro @WolffWaldo, si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, NO FEDERALES, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad, ¿por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el… pic.twitter.com/y676IkQGC1

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 10, 2025

En respuesta, Wolff convocó a una conferencia de prensa en la que atribuyó la crisis carcelaria porteña a la superpoblación y a la falta de infraestructura penitenciaria. Además, denunció que la reciente fuga no fue un escape convencional, sino un acto de “connivencia y negligencia”. “Para nosotros no es una fuga. Si hay connivencia, no fue una fuga, sino que les abrieron la puerta”, sostuvo.

El ministro porteño también se defendió asegurando que la Ciudad carga con un problema heredado del gobierno nacional anterior y que los detenidos deberían estar en cárceles federales. “El 95% de los 2300 detenidos en alcaidías y comisarías de la Ciudad cometieron delitos juzgados por la Justicia nacional y les corresponde cumplir condena en cárceles federales”, señaló, denunciando que la situación le cuesta a la Ciudad 100 millones de dólares al año y la pérdida de más de 3000 efectivos policiales en tareas de custodia.

Patricia, sin mentiras ni chicanas.

Los detenidos tienen que estar en cárceles federales. Lo saben todos.
Tenían que estar en la época en que Garrigós de Rebori manejaba el SPF y tienen que estar hoy.

El 95% de los 2300 detenidos que están en alcaidias y comisarías de la… https://t.co/ihC3mOUh19

— Waldo Wolff (@WolffWaldo) February 10, 2025

Lejos de apaciguarse, el cruce continuó con nuevas acusaciones de Bullrich, quien insistió en que la Ciudad ya había firmado un convenio para la transferencia de los detenidos y que, en lugar de resolver el problema, Wolff busca deslindar responsabilidades. “¿Por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden?”, cuestionó la ministra.

Sin acuerdos a la vista y con la crisis penitenciaria en escalada, la disputa entre Bullrich y Wolff dejó en evidencia una gestión fragmentada y una preocupante falta de soluciones estructurales. Mientras tanto, la seguridad en la Ciudad sigue siendo rehén de un intercambio de reproches sin resultados concretos.

El gobierno de Javier Milei ha decidido poner fin a la moratoria previsional, una política que permitió a cientos de miles de argentinos poder acceder a una jubilación.

El gobierno de Javier Milei ha decidido poner fin a la moratoria previsional, una herramienta que permitió a cientos de miles de argentinos acceder a una jubilación a pesar de no contar con los 30 años de aportes exigidos. A partir del 23 de marzo de 2025, sin esos años de contribuciones, será imposible jubilarse, dejando a una gran parte de la población sin protección en la vejez.

La confirmación llegó por parte del titular de la ANSES, Mariano de los Heros, durante una exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Al ser consultado por la diputada Julia Strada sobre el destino de quienes no logren reunir los aportes necesarios, el funcionario ratificó que el Gobierno no tiene previsto prorrogar el plan. “La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto”, aseguró, dejando en claro que la eliminación del sistema es una decisión política.

Un golpe a la seguridad previsional

La moratoria previsional vigente, sancionada en 2023, permitió que hombres y mujeres en edad de jubilarse pudieran completar sus aportes mediante un plan de pagos, evitando quedar excluidos del sistema. Se estimaba que alrededor de 800.000 personas iban a poder regularizar su situación con este mecanismo. Solo en 2024, más de 313.000 personas accedieron a la jubilación gracias a este esquema, el cual ahora será eliminado sin una alternativa real para quienes quedan fuera del sistema.

Desde el Gobierno insisten en que quienes no lleguen a los 30 años de aportes podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pero esta prestación es del 80% de la jubilación mínima y no incluye beneficios clave, como la pensión por viudez.

El fin de un derecho previsional

El impacto de esta medida afectará principalmente a las mujeres, ya que muchas de ellas han trabajado en la informalidad o se han dedicado al trabajo doméstico no remunerado, lo que dificulta completar los años de aportes requeridos. También perjudicará a quienes atravesaron largos períodos de desempleo o trabajaron en condiciones precarias sin acceso a aportes jubilatorios.

La eliminación de la moratoria previsional deja en evidencia el ajuste que el Gobierno de Milei está aplicando sobre los sectores más vulnerables. Sin una vía para regularizar sus aportes, miles de personas quedarán desprotegidas en su vejez, perdiendo el derecho a una jubilación y quedando relegadas a una pensión reducida o, en el peor de los casos, sin ningún ingreso previsional.

Un índice privado de comercialización de productos exhibió una contracción de 4,14% durante el primer mes de 2025. Preocupación en el sector.

A pesar de las repetidas afirmaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre una supuesta recuperación económica en marcha, los datos concretos indican que la mejora aún no se siente en sectores clave como la construcción. En enero de 2025, la venta de insumos para la industria registró una nueva caída del 4,14% en términos desestacionalizados, lo que confirma que la actividad sigue sin mostrar signos claros de reactivación.

El Índice Construya (IC), elaborado por un conjunto de doce empresas líderes del sector, reflejó un leve incremento del 3,3% en la comparación interanual. Sin embargo, esta suba responde más a la baja base de comparación que a un verdadero crecimiento sostenido. En enero de 2024, la economía atravesaba una de sus peores crisis tras la fuerte devaluación del 118% y una inflación mensual que alcanzó el 20,6%, lo que había desplomado la demanda en todos los rubros.

Hoy, con un tipo de cambio más estable y una inflación desacelerándose, la construcción sigue sin encontrar el impulso necesario para salir del estancamiento. “Si bien el inicio de 2025 muestra un incremento en el nivel de entrega de insumos en relación con enero del año pasado, las ventas aún no alcanzan el ritmo esperado”, señalaron desde el Grupo Construya. Esto demuestra que la recuperación, tantas veces anunciada, todavía no se refleja en el sector.

Un sector que sigue golpeado y sin señales de reactivación

La construcción es uno de los sectores más afectados por la recesión que golpeó con fuerza durante el primer cuatrimestre de 2024. Según datos del INDEC, la actividad sufrió un derrumbe del 28,5% entre enero y noviembre del año pasado, reflejando la magnitud de la crisis. El Índice Construya, por su parte, reportó una caída anual del 27,2%, dejando en claro que el sector vivió un año de extrema dificultad.

El desempeño del sector en 2024 fue errático: tras una fuerte caída del 16,2% en marzo, la actividad mostró algunos repuntes esporádicos hasta agosto, para luego volver a retroceder en septiembre y octubre. La combinación de un freno en la obra pública, costos elevados en dólares y una retracción del crédito hipotecario golpeó con fuerza a la demanda de materiales y al desarrollo de nuevos proyectos.

Los insumos cuya demanda sigue deprimida incluyen ladrillos cerámicos, cemento, cal, acero, carpintería de aluminio, pinturas, grifería y revestimientos cerámicos, entre otros. La falta de inversión en nuevas construcciones y la incertidumbre económica generan un clima de extrema cautela en el sector.

Las perspectivas siguen siendo inciertas

Desde la industria advierten que la recuperación no será rápida ni automática. “El proceso de reactivación será lento y estará vinculado a la reaparición del crédito hipotecario y la inversión en desarrollos privados”, explicaron desde el Grupo Construya. Sin embargo, hasta ahora, estas condiciones aún no se han materializado.

Mientras la obra pública sigue prácticamente paralizada y la inversión privada avanza con extrema cautela, la construcción continúa esperando señales concretas de recuperación. Por ahora, los datos duros contradicen el optimismo oficial: la reactivación prometida sigue siendo más un anuncio que una realidad palpable.

Los jefes comunales de Unión por la Patria pidieron al Presidente que transfiera los fondos recortados después de que el libertario responsabilizara a Axel Kicillof por los hechos recientes de inseguridad en la provincia.

Los intendentes de la provincia de Buenos Aires han alzado la voz contra el Gobierno nacional, exigiendo la restitución urgente del Fondo de Seguridad, cuyos recortes han profundizado la crisis en medio de un alarmante aumento de la inseguridad. La medida, implementada por la administración de Javier Milei, ha generado un fuerte rechazo por parte de los jefes comunales de Unión por la Patria, quienes denuncian la desfinanciación del Estado provincial y advierten sobre sus graves consecuencias para la protección ciudadana.

“El año pasado, cuando se le recortó ilegalmente, este grupo de intendentes del interior de la Provincia le planteamos este mismo pedido. La desfinanciación al Estado provincial es su principal política de Estado”, expresaron en un comunicado oficial.

Según detallaron, el Gobierno nacional le ha quitado a la provincia de Buenos Aires 749 mil millones de pesos correspondientes al Fondo de Fortalecimiento Fiscal, recursos que podrían haberse destinado a la compra de 10 mil patrulleros o 30 mil cámaras de seguridad para cada uno de los 135 municipios bonaerenses.

“Nosotros, los intendentes, hemos puesto todo lo que tenemos a nuestro alcance para cuidar a nuestros vecinos. Pero nada alcanza sin el apoyo del Estado Nacional. Hoy está en sus manos, señor Presidente; le volvemos a pedir que cumpla con lo que le corresponde: que envíe al Gobierno provincial los fondos destinados a seguridad”, remarcaron los jefes comunales.

El reclamo lleva la firma de los intendentes Francisco Echarren (Castelli), Juan Pablo García (Dolores), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Javier Gastón (Chascomús), Héctor Olivera (Tordillo), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Alberto Gelené (Las Flores).

En la misma línea, el gobernador Axel Kicillof también cuestionó duramente al Gobierno nacional, señalando que “Milei quiere hacer campaña con la inseguridad”, luego del crimen del delivery en Moreno. La tensión entre las autoridades bonaerenses y la Casa Rosada sigue en aumento mientras la provincia enfrenta un panorama cada vez más crítico en materia de seguridad.