La consultoría Eco Go estimó de manea preliminar, que sumando las demás variables que componen el indicador, la inflación de diciembre trepará al 3.2%.

El inicio de diciembre mostró un marcado aumento en los precios, especialmente en alimentos y servicios esenciales como energía, lo que representa un desafío para los planes del Gobierno de flexibilizar el cepo cambiario. Una de las condiciones clave para avanzar en este objetivo es que la inflación se mantenga durante al menos tres meses en torno al 2,5%, una meta que ahora parece más difícil de alcanzar.

Consultoras privadas reportaron que, en la primera semana de diciembre, los precios de los principales productos alimenticios subieron más del 1%. Eco Go, en su análisis, señaló que los incrementos registrados hacia el cierre de noviembre continuaron en diciembre, con un alza semanal del 1,1%.

“Con este dato y proyectando un aumento promedio del 0,5% para las semanas restantes del mes, la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar alcanzaría el 3,5% en diciembre. Sumando los aumentos en alimentos consumidos fuera del hogar, proyectados en 2,3%, la inflación total del rubro sería del 3,3%”, detalló el informe.

En un panorama más amplio, Eco Go estimó que la inflación general de diciembre podría llegar al 3,2%, aunque advirtió que este dato es preliminar y susceptible a cambios. Factores como la estacionalidad de las fiestas y las vacaciones contribuyen a presionar los precios, con aumentos destacados en carnes, turismo, y otros servicios.

Adicionalmente, se registraron incrementos en rubros clave como prepagas, telefonía celular, electricidad, agua, gas y colegios privados, lo que amplifica el impacto en el bolsillo de los consumidores.

Por medio de un decreto, el Gobierno estableció que a partir de los 18 años, los ciudadanos estarán habilitados para la tenencia y portación de armas de fuego.

El Gobierno argentino, a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei, ha modificado la Ley Nacional de Armas y Explosivos (20.429), reduciendo de 21 a 18 años la edad mínima para la tenencia y portación de armas de uso civil. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 1081/2024, genera preocupación en el contexto actual de violencia que atraviesa el país, donde la juventud es una de las poblaciones más afectadas.

La reforma busca “armonizar la legislación vigente” y reconoce, según el Poder Ejecutivo, la capacidad de los ciudadanos de 18 años para ser legítimos usuarios de armas. Sin embargo, esta decisión se enmarca en una sociedad que enfrenta un incremento en los índices de violencia armada, donde los jóvenes suelen ser víctimas y, en ocasiones, protagonistas de episodios delictivos y hechos de violencia.

Organizaciones civiles, expertos en seguridad han manifestado su alarma ante la posibilidad de que esta flexibilización incremente la circulación de armas y agrave la inseguridad. Diversos estudios señalan que la presencia de armas en manos de la población civil está asociada con un aumento de los conflictos violentos y los incidentes fatales, especialmente entre jóvenes.

La medida se inscribe en un marco más amplio de reformas propuestas por el Ejecutivo, que incluyen simplificar los trámites para la tenencia legal de armas y facilitar su registro o destrucción. Aunque el Gobierno argumenta que estas políticas buscan regularizar la posesión de armas y garantizar derechos individuales, los críticos advierten que podrían tener consecuencias adversas en un país donde las políticas públicas de seguridad aún enfrentan serios desafíos.

En un momento de alta sensibilidad e irritabilidad social, esta decisión pone en el centro del debate la necesidad de equilibrar derechos individuales con políticas de prevención que prioricen la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, como la juventud.

Como parte de un plan de reestructuración la empresa con sede en Estados Unidos despidió a unos 600 trabajadores de sus plantas de acopio en Argentina en apenas 48hs.

La multinacional Cargill, una de las empresas privadas más grandes de Estados Unidos y líder mundial en el comercio de productos agrícolas, anunció una reestructuración global que implica el despido de 8.000 empleados, equivalente al 5% de su plantilla de 164.000 trabajadores. Este ajuste tiene un impacto significativo en Argentina, donde en las últimas 48 horas se produjeron 600 cesantías, afectando principalmente a personal jerárquico y fuera de convenio colectivo.

Las medidas alcanzan a trabajadores de distintas áreas, incluidas las plantas de procesamiento, los sectores logísticos y comerciales, donde la mayoría del personal no está protegido por acuerdos sindicales. Este escenario agrava la ya delicada situación laboral en el país, sumido en un contexto de creciente incertidumbre económica y altos índices de desocupación.

En Santa Fe, una provincia clave para las operaciones de Cargill, se ubican plantas de procesamiento de oleaginosas en San Martín y Villa Gobernador Gálvez, instalaciones de nutrición animal en Venado Tuerto y terminales portuarias en varias localidades estratégicas. El impacto de los despidos ha generado tensiones en estas zonas, donde la actividad agroindustrial es un pilar económico.

El gremio Asociación de Supervisores de la Industria Biodiesel de la República Argentina (Asiabra), que recientemente obtuvo reconocimiento legal, denunció los despidos ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe y convocó a una audiencia el próximo lunes. Cristian Romero, secretario general del gremio, señaló que ya se están realizando asambleas y evaluando medidas de acción.

Mientras tanto, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, que representa a trabajadores de planta, aclaró que los despidos no afectaron al personal aceitero. Sin embargo, la incertidumbre persiste, dado el alcance global de la reestructuración de Cargill y su potencial impacto en las operaciones locales.

La situación no solo expone la vulnerabilidad de los trabajadores fuera de convenio, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad del sector agroindustrial para sostener el empleo en un momento crítico para la economía argentina.

Los trabajadores fueron notificados por llamada telefónica, pero aún no recibieron telegramas de despido. Se manifiestan en las puertas de la planta.

El fabricante de cosméticos Avon, bajo la propiedad de la firma brasileña Natura, cerró su planta de distribución en San Fernando, provincia de Buenos Aires, dejando a 278 trabajadores sin empleo. La decisión forma parte de un plan de reestructuración que busca centralizar la logística en una planta ubicada en Garín, partido de Escobar.

Los empleados fueron notificados el fin de semana por llamadas telefónicas y esperan recibir sus telegramas de despido durante esta semana. El cierre tomó por sorpresa al personal, que hasta hace pocos días cumplía tareas para abastecer el mercado local y exportar a países como Chile, Uruguay y Paraguay.

El Sindicato de Perfumistas, bajo cuyo convenio trabajaban los despedidos, aún no ha emitido un comunicado oficial, aunque se encuentra en negociaciones para garantizar indemnizaciones con beneficios adicionales. Entre los afectados hay trabajadores con décadas de antigüedad, algunos cercanos a la jubilación y empleadas en situaciones de vulnerabilidad, como embarazadas y madres de hijos con discapacidad.

La noticia generó indignación entre los despedidos, quienes se manifestaron frente a la planta exigiendo respuestas del sindicato. Una de las trabajadoras expresó su frustración: “Nos echaron como ratas. El viernes salimos tranquilos y el lunes nos quitaron el pan de la boca. Tenemos deudas, hijos y tratamientos que costear”.

El cierre de la planta de San Fernando se suma a un plan de retiros voluntarios que la empresa implementó meses atrás, considerado por algunos como un preludio de los despidos masivos. En tanto, Natura planea contratar personal eventual para su planta en Garín, lo que permitiría a la empresa evitar costos asociados al convenio colectivo del Sindicato de Perfumistas.

La medida refleja el impacto de la crisis económica y las flexibilizaciones laborales impulsadas por el gobierno nacional que han generado descontento en el ámbito sindical y social. Este episodio deja en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores ante cambios estructurales de las grandes empresas y la necesidad de respuestas efectivas para proteger sus derechos.

“Si el Gobierno quiere liquidar, vaciar o cerrar Aerolíneas Argentinas, si quiere vendérsela a una empresa extranjera; la provincia de Buenos Aires no lo va a permitir” afirmo el gobernador.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que la provincia de Buenos Aires comenzará a trabajar en alternativas para evitar que el gobierno de Javier Milei avance en la privatización de Aerolíneas Argentinas. En un contundente mensaje, afirmó: “Aerolíneas Argentinas no se vende, la patria no se vende”, destacando que ya se están explorando mecanismos como la transferencia o venta de acciones hacia las provincias para garantizar que la aerolínea de bandera siga en manos públicas.

Durante un acto en la Casa de Gobierno de La Plata con la participación de sectores sindicales, Kicillof subrayó la importancia de Aerolíneas Argentinas para el país. “No estamos en condiciones de que destruyan Aerolíneas otra vez. Con la extensión territorial que tenemos y sin un sistema ferroviario eficiente, no podemos permitir un nuevo vaciamiento como el de los años 90”, afirmó.

El gobernador destacó que trabajará junto a gremios y gobernadores de otras provincias para construir una propuesta que impida la venta de Aerolíneas a intereses extranjeros, calificando de “imposibilidad de gestionar” los intentos del gobierno de Milei por avanzar en la privatización.

No podemos darnos el lujo de que se destruya nuevamente la línea de bandera que tanto nos costó recuperar. Si el Gobierno plantea liquidarla, venderla o cerrarla, que sepa que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no lo va a permitir, que Aerolíneas y la Patria no se…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) December 9, 2024

“Bomba de humo” y críticas al proyecto de privatización

Kicillof calificó los constantes rumores sobre la venta de Aerolíneas como una “bomba de humo” y parte de una “parafernalia política”. Criticó que, pese a las resistencias de gobernadores y sectores sociales, el gobierno nacional insista en iniciativas privatizadoras, señalando antecedentes como el Decreto de Necesidad y Urgencia 70, la Ley Bases y un nuevo proyecto legislativo impulsado por el oficialismo en alianza con sectores del PRO y la UCR.

El gobierno de Milei parece no tener ningún interés en tratar el Presupuesto nacional pero sí en avanzar con la privatización de Aerolíneas, una bomba de humo para distraernos de la gravedad institucional que implica no contar con un rumbo económico para el próximo año. pic.twitter.com/ydM1rv7g6I

— Axel Kicillof (@Kicillofok) December 9, 2024

“Están utilizando a Aerolíneas como caballito de batalla en el plano político, pero la provincia tiene distintos caminos según lo que resuelva el gobierno nacional. Lo que no vamos a permitir es un desastre que perjudique a todo el país”, enfatizó.

Aerolíneas, un activo estratégico para el desarrollo

El mandatario bonaerense refutó los argumentos de que la aerolínea de bandera genera pérdidas, asegurando que en 2023 no recibió asistencia del Tesoro Nacional y que, para la provincia de Buenos Aires, representa un impacto económico positivo de 2.665 millones de dólares gracias a su rol en operaciones aeroportuarias, turismo y conectividad.

“Los beneficios de Aerolíneas superan ampliamente cualquier déficit. Las experiencias de privatización solo trajeron saqueo, con empresas extranjeras apropiándose de rutas, aviones y capacidades. No vamos a permitir otro intento de saqueo con intereses privados inconfesables”, declaró.

Kicillof destacó los logros de Aerolíneas desde su recuperación en 2008, como el mantenimiento de 21 destinos nacionales exclusivos y la importancia de un servicio de calidad frente a las empresas low cost que, según señaló, no cumplen con los estándares necesarios.

La postura de Buenos Aires

El gobernador fue categórico al afirmar que “si el gobierno nacional quiere liquidar, vaciar o vender Aerolíneas Argentinas, la provincia de Buenos Aires no lo permitirá”, subrayando el rol central de la aerolínea en la conectividad, el desarrollo y la equidad territorial de Argentina. La declaración marca el inicio de una firme oposición frente a los planes de privatización, con un mensaje claro: la aerolínea de bandera es una herramienta estratégica que debe protegerse.

Además de la carne vacuna y el pan, otro clásico argentino esta mostrado una caída alarmante en su consumo.

El consumo de vino en Argentina alcanzó su nivel más bajo en seis décadas, reflejando el impacto directo de la pérdida de poder adquisitivo en la dieta cultural de los argentinos. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en los primeros nueve meses de 2024, el consumo cayó un 1,9% en comparación al mismo período del año pasado, con un promedio de 12 litros per cápita.

El pico más reciente de consumo fue en 2013, con 25,6 litros per cápita. Desde entonces, la tendencia descendente ha llevado a una cifra de apenas 16,7 litros por habitante en 2023, el nivel más bajo desde que existen registros. Las proyecciones a futuro anticipan una contracción aún mayor.

Los justificativos detrás de la caída

Además de la erosión del poder adquisitivo (causa principal), que reduce la capacidad de los consumidores para acceder a productos tradicionales, algunos señalan también el cambio en las preferencias hacia otras bebidas alcohólicas que habría contribuido a este descenso. El vino, históricamente considerado un emblema del consumo argentino, infaltable en las mesas junto al clásico asado, enfrenta desafíos tanto culturales en la forma de nuevos patrones de consumo, pero principalmente económicos, lo que también se ve reflejado en la caída de consumo de la carne vacuna, el pan y la yerba mate.

Ventas y exportaciones

En términos de ventas internas, el INV informó una disminución del 2% respecto al año pasado. Durante 2024, se comercializaron 6,32 millones de hectolitros de vino, frente a los 6,45 millones vendidos en 2023. Las caídas más pronunciadas se observaron en envases populares como:

• Damajuanas: -20,4%
• Bag in box: -28,5%
• Tetra brik: -4,3%
• Latas: -12,3%

Por otro lado, las exportaciones ofrecieron un leve respiro al sector, con un aumento del 5,7% en los primeros 11 meses de 2024. En este período se exportaron 90,3 millones de litros, de los cuales el 75,5% fueron vinos fraccionados (+3,3%) y el 24,5% vinos a granel (+13,7%).

Un desafío para la industria

La industria vitivinícola argentina enfrenta una encrucijada: revitalizar el consumo interno en un contexto de poder adquisitivo deprimido y competir con la creciente demanda de otras bebidas. Aunque las exportaciones ofrecen una oportunidad de crecimiento, la disminución en las ventas locales pone de manifiesto la necesidad de estrategias que conecten nuevamente al consumidor argentino con este símbolo cultural.

Las ventas minoristas fueron 1,7% inferiores comparado con igual mes de 2023, los datos de actividad del Indec de ese mes en dos sectores clave también dieron negativo.

La economía continúa enfrentando dificultades para salir de la recesión, con indicadores clave que mantienen una tendencia negativa. Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) registraron en noviembre una caída del 1,7% interanual, acumulando una contracción del 12,2% en los primeros 11 meses de 2024, según el Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aunque en la comparación mensual crecieron un 3,9%, este repunte lejos esta de representar una tendencia solida y no alcanza para revertir el panorama adverso.

Cinco de los siete rubros relevados por CAME tuvieron caídas interanuales, destacándose Perfumería (-15,4%), Farmacias (-10,4%) y Bazar, decoración y textiles de hogar (-9,4%). Por otro lado, Alimentos y bebidas (+4,4%) y Calzado y marroquinería (+2,6%) lograron cifras positivas.

En tanto, los comerciantes reportaron subas de precios por parte de proveedores, lo que los llevó a implementar promociones para mantener la demanda en diversos sectores. Sin embargo, estas estrategias no fueron suficientes para revertir el desempeño general.

Producción industrial y construcción: sectores golpeados

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) también reflejan un escenario complejo. En octubre, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) cayó un 2% interanual, acumulando una disminución del 11,6% en lo que va del año. Además, respecto a septiembre, la variación fue negativa en un 0,8%.

Por su parte, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró una baja del 24,5% interanual y una caída acumulada del 29% en los primeros 10 meses del año. Los descensos fueron particularmente pronunciados en insumos clave como artículos sanitarios de cerámica (-51,2%), hierro redondo y aceros para la construcción (-32,9%) y hormigón elaborado (-27,3%).

Industria manufacturera: más pérdidas que ganancias

En octubre, 11 de las 16 divisiones de la industria manufacturera registraron caídas interanuales, con descensos de dos dígitos en rubros como productos minerales no metálicos (-16,8%), productos de caucho y plástico (-12%) y productos de metal (-12,3%). Aunque algunos sectores lograron resultados positivos, como refinación del petróleo (+12,4%), vehículos automotores (+4,7%) y alimentos y bebidas (+6,9%), estos repuntes no compensaron el deterioro general.

Reina la incertidumbre

A pesar de los esfuerzos para estimular la actividad económica, los números negativos en sectores clave como el comercio minorista, la construcción y la industria manufacturera subrayan que la salida de la recesión aún no asoma en el horizonte. La recuperación económica sigue siendo frágil, y las perspectivas para los próximos meses dependen de medidas que logren reactivar el consumo y mejorar las condiciones estructurales.

“Es algo histórico, nunca pasamos esto, ni siquiera en el estallido social del 2001”, afirman representantes del sector.

La caída histórica en el consumo de pan y productos de panadería refleja la gravedad de la crisis económica que atraviesa el país. Según datos de la Federación Provincial CIPAM, las ventas de pan cayeron un 53% en lo que va del año, y en algunos segmentos, como pastelería y galletería, las pérdidas superan el 70%. La situación es tan crítica que casi 400 panaderías han cerrado sus puertas este año.

“La caída del consumo es algo sin precedentes, ni siquiera lo vimos durante el estallido social de 2001”, comentó Martín Pinto, secretario de CIPAM. Los panaderos enfrentan una paradoja insostenible: los costos de las materias primas se disparan, pero no pueden trasladar esos aumentos a los precios finales debido a la drástica disminución de la demanda por la perdida de poder adquisitivo de la población.

Fiestas navideñas bajo presión económica

El impacto de la crisis también se siente en la mesa navideña. El precio del pan dulce artesanal ha escalado a niveles exorbitantes, con costos que oscilan entre $20.000 y $40.000 el kilo, dependiendo de la calidad y los ingredientes utilizados. Esto marca un aumento de hasta diez veces en comparación con años anteriores.

El precio de las materias primas, como las nueces y almendras, es uno de los factores determinantes. Gastón Mora, de la Cámara de Panaderos, señaló que “un kilo de cajú llega a $17.000 y el de almendra a $20.000, lo que hace que el pan dulce artesanal se aleje de las posibilidades de muchas familias”.

La situación ha llevado a medidas inusuales, como la venta de pan dulce en rodajas para reducir costos y facilitar el acceso de los consumidores. Sin embargo, esto no alcanza para revertir el panorama sombrío que enfrentan las panaderías, un sector que alguna vez fue símbolo de estabilidad alimentaria y ahora lucha por sobrevivir.

Esta crisis en un producto tan básico como el pan es un reflejo contundente de las dificultades económicas que enfrentan los hogares y los sectores productivos, dejando en evidencia el impacto profundo y generalizado de la recesión.

Coherente con su visión de país primario exportador, el gobierno libertario ordenó desmantelar el programa de promoción a los Parques Industriales creado en 2020.

La administración libertaria de Javier Milei ha decretado la supresión del Programa Nacional para el Desarrollo de los Parques Industriales, creado en 2020 como parte de una política de fomento a la industrialización y el desarrollo regional. Esta decisión se alinea con su visión de limitar el rol del Estado en la economía y priorizar un modelo extractivista centrado en las exportaciones de materias primas.

Un golpe a la política industrial

El programa había sido implementado inicialmente en 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y relanzado en 2020 bajo la presidencia de Alberto Fernández. Estaba destinado a fomentar el desarrollo territorial, la asociatividad empresarial y la generación de empleo a través de incentivos para la creación y expansión de parques industriales.

Entre sus herramientas se encontraban el financiamiento de obras de infraestructura, la radicación de empresas, y la adquisición de terrenos, todo con el objetivo de consolidar la industria nacional y fortalecer las cadenas productivas locales.

Sin embargo, el decreto 1077/2024, firmado por Milei y publicado en el Boletín Oficial, pone fin a estas iniciativas argumentando la necesidad de “optimizar recursos” en el marco de la emergencia económica y social declarada mediante el DNU 70/23.

Un giro en la política económica

El decreto subraya que “la situación económica de los últimos años ha generado desequilibrios profundos” que requieren reestructurar las políticas de promoción industrial. Con esta medida, el gobierno elimina el marco normativo que sostenía a los parques industriales como instrumentos clave para el desarrollo productivo, territorial y social.

Además, se plantea la necesidad de revisar y adaptar las políticas del sector para alinearlas con las “nuevas prioridades económicas”, un mensaje que refuerza el giro hacia un modelo económico basado en la desregulación y la exportación de bienes primarios.

Consecuencias para la industria y el empleo

La eliminación del programa pone en riesgo miles de empleos vinculados a la actividad industrial en los parques, así como la posibilidad de atraer nuevas inversiones. Expertos advierten que la medida profundizará la dependencia de Argentina de la exportación de materias primas, debilitando las capacidades del país para agregar valor y diversificar su matriz productiva.

Organizaciones industriales y regionales han expresado su preocupación por el impacto negativo que esta decisión tendrá en las economías locales y en el desarrollo sustentable, sectores que dependían de este esquema para planificar su crecimiento.

Con la derogación de este programa, el gobierno de Milei confirma un cambio de rumbo en la política económica nacional, marcando distancia de los regímenes de promoción industrial que buscaron, durante más de una década, fortalecer la estructura productiva del país, de esta manera se busca un retorno a una economía estrictamente exportadora de materias primas a la que Milei denomina “la Argentina potencia”, aunque en los países hoy desarrollados el rumbo fue diametralmente opuesto, por ejemplo Donald Trump, la principal referencia de Milei, promueve un férreo proteccionismo industrial con políticas de promoción y arancelarias.

La caída de la construcción no encuentra freno, en octubre perdió 24,5% respecto igual mes en 2023, según datos de Indec.

La actividad de la construcción sigue en franco deterioro, sin señales de recuperación en el corto plazo. Según el último informe del INDEC, en octubre la actividad retrocedió un 24,5% en comparación con el mismo mes de 2023, mientras que en el acumulado de los primeros diez meses del año, la contracción alcanza el 29%. Este desplome solo encuentra paralelismos en los peores momentos de la pandemia.

En términos mensuales, la construcción también mostró una caída del 4% respecto a septiembre, confirmando un patrón de estancamiento tras una tímida recuperación que había comenzado en marzo. Este escenario, que los expertos describen como un “diagrama de raíz cuadrada”, evidencia que el sector está lejos de revertir la tendencia negativa.

El impacto en el empleo y la industria

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, fue categórico al afirmar que “el 2024 está irremediablemente perdido”. Esta visión se refuerza con los datos sobre empleo: en septiembre se registraron 73.000 puestos de trabajo menos en comparación con el mismo mes del año anterior, una caída del 16%. Desde Camarco proyectan que para fin de año la pérdida total podría superar los 100.000 empleos. Además, la mayoría de los trabajadores del sector están contratados de manera informal y perciben salarios cercanos a la línea de pobreza, situación que agrava aún más la crisis social.

Los insumos de la construcción, en picada

El retroceso afecta a todos los insumos del sector, tanto en términos acumulados como en la comparación interanual. Entre las mayores caídas en octubre destacan:

• Artículos sanitarios de cerámica: -51,2%.
• Mosaicos graníticos y calcáreos: -34,9%.
• Hierro redondo y aceros para construcción: -32,9%.
• Hormigón elaborado: -27,3%, insumo clave para obras públicas.
• Ladrillos huecos: -26,3%.

Incluso materiales básicos como el cemento Portland (-19,9%) y el asfalto (-16,6%) reflejan una contracción que afecta tanto a la construcción residencial como a la obra pública.

Un horizonte sin señales de mejora

Además del colapso de la obra pública, la recesión económica generalizada ha paralizado los proyectos privados. La superficie autorizada para construcción cayó un 13,8% en octubre respecto al año anterior, acumulando una contracción del 12,2% en lo que va de 2024.

Por su parte, el Índice Construya, que mide el desempeño de las principales empresas del sector, anticipa para noviembre cifras similares a octubre, con una baja mensual del 3,2% y un desplome interanual del 24,8%.

El panorama es desalentador y confirma que el sector enfrenta uno de los peores momentos de las últimas décadas, sin políticas claras ni incentivos que permitan revertir la tendencia.