La aerolínea low cost enfrenta nuevamente la mirada crítica de las autoridades y la frustración de sus pasajeros, luego de recibir tres actas de infracción de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La aerolínea low cost Flybondi enfrenta nuevamente la mirada crítica de las autoridades y la frustración de sus pasajeros, luego de recibir tres actas de infracción de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La razón: al menos 23 vuelos cancelados y modificaciones en itinerarios sin previo aviso, acumulados entre septiembre y octubre. Los reclamos de los usuarios son numerosos, y la Secretaría de Transporte ya confirmó estas cancelaciones, que han afectado a un gran número de pasajeros.

A pesar de sus planes de expansión, incluyendo la reciente adquisición del servicio de handling que pertenecía a Intercargo y su interés en incrementar vuelos, la operativa de Flybondi deja mucho que desear. Actualmente, la aerolínea conecta Mendoza con Buenos Aires y Córdoba, ofreciendo un vuelo diario y cuatro frecuencias semanales respectivamente. Sin embargo, su deficiente desempeño y la falta de compromiso con los horarios y la información están causando descontento generalizado.

Para la ANAC, el cumplimiento de los servicios “en tiempo y forma” es fundamental, algo que Flybondi sigue sin asegurar a sus pasajeros. De hecho, las infracciones mensuales continúan acumulándose, en un contexto en el que el organismo retomó en junio la aplicación de sanciones luego de la pandemia.

Las faltas de Flybondi incluyen, entre otras, cancelaciones sin aviso, demoras sin compensaciones adecuadas, problemas con equipaje y negaciones de embarque. Los usuarios afectados pueden gestionar sus reclamos sin costo en el sitio oficial de ANAC, aunque la resolución final de este problema pasará, sin dudas, por un cambio profundo en la calidad del servicio que ofrece Flybondi.

La empresa no obstante tendrá la posibilidad de recurrir antes de que se efectúe la sanción de manera efectiva.

El reconocido constitucionalista planteó que el organismo depende del Poder Ejecutivo y su intromisión en las cuentas de las altas casas de estudio “afecta su autonomía”, por lo que planteó que debería realizarlas la Auditoría General de la Nación.

El reconocido constitucionalista Daniel Sabsay se pronunció en contra de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) audite las universidades nacionales, argumentando que este organismo depende del Poder Ejecutivo, lo que podría comprometer la autonomía de las instituciones de educación superior. Sabsay destacó que debería ser la Auditoría General de la Nación, que está vinculada al Congreso, la que se encargue de supervisar el uso de los fondos públicos en estas universidades.

Los fondos de las universidades no pueden ser controlados por la Sigen que depende del ejecutivo y eso afecta su autonomía. Debe hacerlo la Auditoria General de la Nación que depende del Congreso. Se debe rendir cuenta del uso de fondos públicos pero ante el organismo adecuado.

— Daniel Sabsay (@DanielSabsay1) October 27, 2024

“Los fondos de las universidades no pueden estar bajo el control de la SIGEN, ya que su dependencia del Ejecutivo afecta su autonomía. Debe ser la Auditoría General de la Nación, que responde al Congreso, la que lleve a cabo esta labor”, afirmó en su cuenta de X, en contraposición a la disposición del gobierno de Javier Milei.

Asimismo, Sabsay aclaró que es fundamental rendir cuentas sobre el uso de fondos públicos, pero ante el organismo adecuado.

Más caradura no se consigue: Patricia Vázquez (PRO) presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en seguridad vial. pero ella misma tiene un récord de infracciones.

Una diputada del PRO, cercana a Patricia Bullrich, ha desatado la polémica al presentar una propuesta para eliminar el sistema de infracciones viales, una medida que ha generado una ola de críticas. Lo que hace que esta iniciativa sea aún más escandalosa es el hecho de que la legisladora en cuestión acumula una deuda millonaria en multas de tránsito, lo que resalta un caradurismo digno de mención.

Su propuesta sugiere liberar a los conductores de las sanciones por infracciones, una acción que no solo pone en riesgo la seguridad vial, sino que también plantea serias dudas sobre la motivación detrás de su plan. Mientras intenta presentar esta idea como un acto de justicia para los ciudadanos, resulta evidente que, en el fondo, busca evadir las consecuencias de sus propias acciones ya que la legisladora debe cifras millonarias en infracciones viales que ella misma cometió. Este tipo de doble discurso es profundamente preocupante, especialmente viniendo de una figura pública que debería servir como modelo de responsabilidad y en especial cuando desde el espacio PRO/Libertario se suele criticar el denominado “modelo de la casta”.

Además, al ignorar su propia situación como deudora de multas, la diputada envía un mensaje peligroso: que las reglas son flexibles y que aquellos en posiciones de poder pueden sortear las consecuencias de sus infracciones. Esta actitud no solo menoscaba la confianza del público en las instituciones, sino que también refuerza la percepción de que los políticos suelen actuar en su propio interés en lugar de trabajar por el bien común.

Al promover esta eliminación del sistema de infracciones, la diputada no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que también expone su falta de compromiso con la justicia y la legalidad. Su comportamiento es un claro ejemplo de cómo algunos funcionarios con doble discurso buscan beneficiarse a sí mismos, a expensas de la integridad del sistema que están llamados a proteger. En resumen, su propuesta es un reflejo de una ética política cuestionable, que prioriza los intereses personales sobre las necesidades de la sociedad.

Guillermo Francos insistió con la modificación del sistema electoral, pero aceptó que a La Libertad Avanza no le dan los números para llevar el debate al recinto.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que, a pesar de las intenciones del gobierno de eliminar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), no cuentan con el respaldo suficiente en el Congreso para avanzar en esa dirección. En declaraciones radiales, Francos señaló que el oficialismo enfrenta una fuerte resistencia legislativa, ya que la mayoría de los legisladores no comparte la idea de eliminar las elecciones primarias. Esto ha puesto un freno a la propuesta del gobierno de Javier Milei, que esperaba simplificar el proceso electoral y reducir costos.

Las PASO, implementadas en 2009 con el propósito de democratizar la selección de candidatos y ordenar la oferta electoral, han sido objeto de debate en los últimos años. Algunos sectores cuestionan su efectividad y consideran que han perdido su propósito original, mientras que otros defienden su importancia para garantizar la participación ciudadana en las internas partidarias. Ante esta división de posturas, el gobierno se encuentra sin los votos necesarios para realizar la reforma en el corto plazo.

Francos sugirió que, debido a esta falta de apoyo, el gobierno podría esperar un cambio en la composición del Congreso tras las elecciones de 2025, con la expectativa de que una nueva configuración parlamentaria permita avanzar no sólo en la eliminación de las PASO, sino también en otras reformas políticas que están en la agenda oficial. “Los tiempos se van acotando y no queda tiempo para tomar esta decisión; veo difícil que podamos llegar a un entendimiento en este tema”, reconoció el jefe de Gabinete. Hasta ahora, la fecha de las próximas elecciones está prevista para agosto, sin modificaciones en el sistema vigente.

En el marco de las elecciones en el vecino país desarrolladas el domingo, el expresidente oriental respondió la consulta sobre cómo ve a la Argentina, y sostuvo: “Por ahora hay más pobres que antes”.

El expresidente de Uruguay Pepe Mujica criticó al gobierno de Javier Milei cuando se dirigió a emitir su voto en las elecciones que ese país lleva adelante este domingo. En ese contexto, señaló que en la Argentina “la pobreza creció” y que “mañana capaz que (Milei) reacciona” pero por ahora hay más pobres que antes”.

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica emitió fuertes críticas hacia el gobierno de Javier Milei al hablar sobre la situación actual en Argentina durante las elecciones de Uruguay. Mujica, en declaraciones a la prensa tras emitir su voto, señaló su preocupación por el aumento de la pobreza en el país vecino bajo la administración de Milei, comentando que “la pobreza creció” y que “mañana capaz que reacciona”.

En su mensaje, Mujica cuestionó la falta de propuestas de fondo en la campaña argentina y las dificultades de la democracia en tiempos de cambio. Hizo un llamado a cuidar las instituciones democráticas, subrayando que, si bien la democracia “tiene muchos defectos” y “nos promete igualdad que no cumple”, sigue siendo el mejor sistema logrado hasta ahora.

Al referirse específicamente a la realidad argentina, el expresidente advirtió sobre el “costo de la transformación” que promueve el gobierno de Milei, que, según su opinión, ha llevado a un aumento en la cantidad de personas en situación de pobreza en los últimos meses. Esta situación, dijo Mujica, genera un ambiente de “relación con bastante filo” entre ambos países, abogando por mantener la cooperación pese a las tensiones actuales.

Finalmente, Mujica, quien sigue activo en la política a pesar de sus problemas de salud, se despidió con una reflexión sobre su propia lucha: “Estoy casi en los 90 y peleando con un cáncer. No tengo ganas de irme, pero estoy jodido”, compartió, en un testimonio que mezcla su habitual franqueza con una crítica profunda al contexto político argentino.

Elecciones en Uruguay

El candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, se impuso en las elecciones del domingo en Uruguay con un 42% de los votos. Sin embargo, el líder de la coalición de izquierda no alcanzó el 50% más uno necesario para ganar en primera vuelta, por lo que enfrentará en un balotaje el próximo 24 de noviembre a Álvaro Delgado, del oficialista Partido Nacional, quien terminó segundo con el 28% de los votos, según proyecciones de la Corte Electoral de Uruguay.

Detrás de Orsi y Delgado quedó Andrés Ojeda, del Partido Colorado, junto a otros ocho candidatos que también aspiraban a la presidencia. Orsi, de 57 años, había consolidado su liderazgo en el Frente Amplio tras vencer cómodamente en la interna de la coalición el pasado 30 de junio, eligiendo como compañera de fórmula a Carolina Cosse. Su candidatura cuenta con el respaldo fundamental del expresidente José Mujica, quien, debido a su recuperación de un cáncer de esófago, tuvo una participación pública limitada en esta campaña.

La segunda vuelta promete ser decisiva en la configuración política de Uruguay. La ciudadanía, además de esperar los resultados finales del conteo de votos en la Corte Electoral, observa atentamente cómo quedará conformado el Parlamento, lo que determinará si el Frente Amplio o el Partido Nacional contarán con una mayoría en las cámaras. En el balotaje, para ganar la presidencia, uno de los candidatos deberá lograr una mayoría simple de votos, lo que define una elección crucial para el futuro político y social del país.

La asamblea Interfacultades celebrada en Plaza de Mayo resolvió convocar a una tercera Marcha Federal Universitaria para el 12 de noviembre.

Centros de estudiantes y agrupaciones de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA) realizaron una Asamblea Interfacultades en Plaza de Mayo, en la que decidieron intensificar las medidas de fuerza ante el aumento de la conflictividad con el gobierno. Como parte de estas resoluciones, convocaron a una tercera Marcha Federal Universitaria para el 12 de noviembre.

La Asamblea, realizada este sábado en Plaza de Mayo, reunió a representantes de estas universidades para analizar acciones frente a la crisis generada por el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, así como ante su insistencia en implementar auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en las universidades. Las decisiones tomadas reflejan el descontento creciente en el ámbito académico y denuncian un ambiente de persecución ideológica por parte del gobierno.

El secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (CeFyL), Luca Bonfante, informó en su cuenta de X (ex Twitter) que la Asamblea aprobó organizar un corte en las universidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el viernes 1° de noviembre en el Obelisco, seguido de una movilización a Plaza de Mayo y una marcha a la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), donde exigirán la convocatoria a un paro nacional el mismo día de la Marcha Federal Universitaria.

En cuanto a la organización de la Marcha Federal, la Asamblea acordó reunirse el martes 5 de noviembre a las 17 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para coordinar la participación de centros de estudiantes y gremios docentes y no docentes de todo el país.

Además, como parte del plan de lucha, se acordó llevar a cabo tomas y permanencias en las facultades de distintas universidades entre el 28 y el 30 de octubre, junto con clases públicas en las instituciones superiores del AMBA hasta el final del cuatrimestre, en un esfuerzo por visibilizar el deterioro en el financiamiento de la educación y rechazar la interferencia ideológica del gobierno en las universidades.

El aumento estuvo impulsado por subas en frutas, lácteos, huevo, bebidas e infusiones.

Un fuerte repunte en los precios de los alimentos durante la última semana de octubre ha complicado aún más las perspectivas del gobierno en su lucha contra la inflación. Un informe privado muestra que el costo de los alimentos se disparó un 1,7% entre el jueves 17 y el miércoles 23, la mayor suba semanal desde julio. Este salto estuvo liderado por aumentos en frutas (5,7%), lácteos y huevos (4,6%), y bebidas e infusiones (4,2%), lo que ha elevado el promedio mensual de aumento en alimentos a 2,3% y la variación de “punta a punta” en las últimas cuatro semanas al 3,3%.

Hasta la tercera semana de octubre, los precios de alimentos incluso mostraban una ligera deflación de 0,1%, alentando la esperanza de que la inflación mensual podría cerrar por debajo del 3%. Sin embargo, los datos de la cuarta semana de octubre de la consultora LCG indican una aceleración inesperada. Otras consultoras han registrado incrementos también: Orlando Ferreres encontró una variación de 2,1% en las primeras tres semanas del mes; PriceStats reportó una inflación acumulada del 2,36% al 20 de octubre, la más baja en tres años; y Eco GO estimó una suba del 3,2% en alimentos en la tercera semana, proyectando un cierre mensual en torno al 3%.

Este aumento de precios en los alimentos se produce en un contexto de inflación alta, afectando tanto los costos de vida como la capacidad del gobierno para cumplir sus metas de estabilización económica.

“Detrás de la falsa discusión sobre la rendición de cuentas hay un verdadero ataque ideológico” denunció el comunicado de la casa de estudios.

El gobierno nacional ha planteado una serie de medidas bajo el argumento de promover accountability y rendición de cuentas en instituciones públicas, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA). Sin embargo, en lugar de una genuina supervisión de la transparencia y eficiencia de sus funciones, la UBA y diversos sectores académicos perciben que estas medidas esconden la intención de ejercer un control político sobre la universidad, con el objetivo de disciplinar y condicionar su autonomía recurriendo incluso a la asfixia económica. Este conflicto pone en tensión los principios fundamentales de la autonomía universitaria y la libertad académica, claves para la independencia de la institución.

El contexto de las auditorías de la SIGEN

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo de auditoría dependiente del Poder Ejecutivo, ha sido designada para realizar auditorías sobre el funcionamiento de la UBA, justificando su actuación en la supuesta necesidad de garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. No obstante, la UBA señala que este organismo no posee competencias sobre las universidades nacionales, dado que, por ley, estas instituciones tienen autonomía administrativa y académica, consagrada en la Constitución Nacional. Tradicionalmente, la supervisión de estas entidades corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), que se encuentra bajo la órbita del Congreso Nacional y no depende del Poder Ejecutivo. La AGN además es un organismo de mayor pluralidad en su composición y no esta subordinada a ningún poder ni funcionario, siendo un organismo auxiliar del Congreso Nacional, lo que le brinda mayor garantía de transparencia en relación con la SIGEN que depende de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y por lo tanto sus procedimientos podrían estar viciados o tener cierto sesgo político.

Los riesgos para la autonomía universitaria

La universidad argumenta que el verdadero propósito detrás de estas medidas es avanzar hacia una intervención encubierta, limitando su autonomía y estableciendo un modelo de control que pueda ser utilizado para influir en decisiones académicas y administrativas. En este sentido, el gobierno podría tener la capacidad de intervenir en los planes de estudio, proyectos de investigación, y en la selección de personal docente o administrativo, socavando la independencia de la universidad para tomar decisiones en base a criterios exclusivamente académicos.

SÍ a las auditorias, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas.

Por el derecho a la educación universitaria libre, gratuita y de excelencia.

Leé la solicitada ⬇️ pic.twitter.com/JP24DOgM46

— UBAonline (@UBAonline) October 26, 2024

La UBA expresa su preocupación por las repercusiones que esta intervención podría tener en términos de libertad de cátedra y en la formación de pensamiento crítico. El riesgo de que el gobierno busque imponer una línea ideológica específica sobre los contenidos académicos y las actividades de investigación significaría una seria amenaza para el carácter plural y autónomo de la universidad. Esta situación pondría en peligro la misión de la universidad pública, al transformar sus funciones en herramientas al servicio de intereses políticos y partidarios de corto plazo.

Respuesta de la Universidad de Buenos Aires

La UBA ha manifestado públicamente su rechazo a estas medidas, afirmando que la autonomía universitaria no solo es un principio constitucional sino también una condición fundamental para garantizar que la educación superior cumpla su función social de manera libre y sin interferencias. En su comunicado, la universidad remarcó que ya cuenta con mecanismos de auditoría y control externos a través de la AGN y con auditorías privadas que garantizan la rendición de cuentas, sin necesidad de la intervención de la SIGEN que responde al partido gobernante de turno.

Además, la universidad anunció que llevará este conflicto a los tribunales, solicitando que la Justicia defina con claridad las competencias de la SIGEN y reitere la autonomía de las universidades nacionales, así como los límites del Poder Ejecutivo para intervenir en estas instituciones. La UBA sostiene que cualquier intento de modificar esta autonomía vulneraría derechos constitucionales y afectaría la misión educativa de la universidad, que se basa en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la realidad social.

Una amenaza para la educación pública

En un contexto donde la universidad pública enfrenta desafíos en términos de financiamiento y accesibilidad, la UBA advierte que la intervención política y el control excesivo por parte del gobierno podrían conducir a un debilitamiento de la educación pública. La universidad pública en Argentina ha sido un pilar fundamental en la construcción de igualdad de oportunidades, y la UBA representa un símbolo de inclusión, calidad académica y desarrollo social, además de posicionar al país a nivel internacional en ámbitos de prestigio. Cualquier intento de intervenir en su funcionamiento, advierten desde la UBA, pone en riesgo la capacidad de la universidad para mantener sus estándares de calidad y su compromiso con el acceso gratuito y masivo a la educación superior.

Conclusión

El conflicto entre la UBA y el gobierno nacional refleja una tensión más amplia entre los principios de autonomía académica y los intentos de control político sobre instituciones educativas. La UBA considera que el uso de argumentos de rendición de cuentas y transparencia, aunque legítimos en su sentido general, está siendo utilizado en este caso como un pretexto para condicionar y disciplinar a la universidad, amenazando con transformar la educación pública en un instrumento del poder político. En un contexto donde la independencia universitaria es fundamental para la construcción de un pensamiento crítico y plural, la UBA advierte sobre los peligros de esta medida y llama a la sociedad a defender los principios de autonomía y libertad académica como garantía de una educación pública verdaderamente libre.

La diputada libertaria Lilia Lemoine que suele ser vocera directa de Javier Milei reavivó las críticas contra Villarruel y la comparo con Chacho Álvarez el vice de De la Rúa.

La interna en La Libertad Avanza se intensifica con nuevas críticas hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, esta vez encabezadas por la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien en redes sociales la catalogó como “la peor vicepresidente de la historia”. Este episodio evidencia una fractura creciente en el espacio libertario, con un marcado distanciamiento de Villarruel respecto al propio presidente Javier Milei.

El conflicto más reciente surgió a raíz de la colocación de un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado, homenaje promovido por Villarruel el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. La acción generó incomodidad entre ciertos sectores de La Libertad Avanza, y el propio Milei se desmarcó públicamente del tributo mostrando su inconformidad con lo que considera una falta de lealtad de la vicepresidenta.

Te banco. Va juntando porotos la vice. Hace rato se decidió. Ya es la peor vicepresidente de la historia. Peor que el Chacho. Porque el Chacho no llegó colgado de las bolas de Delarua…

— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) October 24, 2024

Lemoine (que suele hablar por Milei) fue directa en su respuesta a la indignación de un usuario en redes sociales, reafirmando su creciente desconfianza hacia Villarruel: “Va juntando porotos la vice. Ya es la peor vicepresidente de la historia”, escribió. Luego, comparó su gestión con la del exvicepresidente de la Alianza, Carlos “Chacho” Álvarez, afirmando que Villarruel era “peor”.

La tensión entre ambas figuras no es nueva. En meses anteriores, Lemoine criticó a Villarruel por su silencio ante la visita de legisladores libertarios a represores detenidos en el penal de Ezeiza, un acto que generó amplias críticas y controversias para el espacio político. Lemoine expresó frustración ante lo que considera una falta de coherencia de Villarruel en relación con su discurso de campaña sobre los crímenes cometidos durante los años de plomo en Argentina.

En agosto, las críticas se profundizaron cuando Villarruel afirmó que reabriría las causas judiciales contra los crímenes cometidos por Montoneros en los años 70, lo que Lemoine calificó de “campaña proselitista”. La diputada cuestionó las prioridades de la vicepresidenta y sugirió que tales declaraciones eran una distracción para evitar enfrentar los problemas del espacio político. Un mes después, Villarruel tomó una medida contundente y bloqueó a Lemoine en redes sociales, intensificando la ya evidente fractura entre ambas.

Estas críticas subrayan una creciente desconfianza y disenso entre Villarruel y los miembros más alineados con la visión de Milei, generando divisiones dentro del movimiento libertario y sembrando dudas sobre la cohesión de La Libertad Avanza en medio de un contexto político y económico de creciente desestabilidad.

En la construcción, el comercio, y la producción agrícola ven en el Estado un actor indispensable para asegurar el desarrollo de infraestructura.

El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) presentó el documento Consensos 2024, con propuestas de inversión privada en infraestructura, en un contexto donde el discurso libertario de desfinanciamiento público contrasta con las necesidades reales de sectores clave de la economía. Desde la llegada al poder de La Libertad Avanza, el financiamiento estatal para proyectos de infraestructura ha sido suspendido, promoviendo un esquema en el que la inversión privada debe cubrir la demanda (lo que aun esta lejos de suceder), mientras la actividad de la construcción permanece prácticamente paralizada.

El CPI, fundado en 2021 por el G6 (integrado por la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural, ADEBA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara de la Construcción y la Unión Industrial Argentina, junto con la UOCRA), propone inversiones en áreas críticas como energía, transporte, logística, y desarrollo urbano. Sin embargo, durante el evento, varios referentes empresariales señalaron que, aunque la colaboración del sector privado es importante, el Estado debería asumir un rol activo para sostener y desarrollar la infraestructura pública.

Natalio Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio, subrayó que, en las principales economías del mundo, el financiamiento de infraestructura pública recae en el Estado. Grinman expresó la preocupación por el estado crítico de las rutas y enfatizó la necesidad de que el Estado colabore en el desarrollo junto al sector privado. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, agregó que mejorar la infraestructura de movilidad y reducir sus costos es una “responsabilidad del gobierno”, sin la cual es difícil aumentar la producción.

Por su parte, Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina, destacó que el crecimiento industrial no puede prosperar sin un entorno en el que la infraestructura esté garantizada. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción y del CPI, recordó que la inversión en infraestructura existente es esencial para evitar futuros costos de recuperación.

Relato vs realidad

La realidad económica subraya una contradicción en el discurso libertario, que aboga por reducir la participación del Estado en la economía, mientras sectores como la construcción, el comercio, y la producción agrícola ven en el Estado un actor indispensable para asegurar el desarrollo de infraestructura básica. Sin un marco de financiamiento mixto, los objetivos de reactivación de estos sectores se ven comprometidos.

Además, representantes de ADEBA y la Bolsa de Comercio coincidieron en que los bancos y el mercado de capitales cuentan con liquidez y están listos para apoyar proyectos, pero insistieron en la necesidad de un entorno de colaboración y transparencia donde el Estado también cumpla sus compromisos.

La UOCRA, en tanto, expresó su expectativa de que el relanzamiento de la obra pública reactive los empleos perdidos y devuelva al trabajo a los 100 mil trabajadores afectados por la parálisis actual, señalando así cómo el discurso de reducción del gasto público colisiona con la necesidad económica de un Estado activo en la infraestructura.