Un informe publicado por la Facultad de Ciencias Económicas señala que los indigentes se duplicaron como consecuencia de las políticas de ajuste de Javier Milei.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha publicado un informe alarmante que muestra cómo las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei han impactado desproporcionadamente en el aumento de la indigencia en Argentina, especialmente entre la población joven. Según la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, los datos del primer trimestre de 2024 revelan que la indigencia ha crecido a un ritmo significativamente mayor que la pobreza, destacando un aumento del 131% en la población indigente en un año, frente al 43,3% en el incremento de personas en situación de pobreza.

Este informe, parte de la serie “Pobreza e Indigencia en Argentina” del Centro para la Recuperación Argentina, precisa que de 2023 a 2024, 11,4% de la población pasó de una situación de pobreza a la de indigencia. La aceleración en el crecimiento de la indigencia refleja cómo las medidas económicas actuales han intensificado la vulnerabilidad de los sectores más pobres. Para el segundo trimestre de 2024, la indigencia alcanzó el 20,3% de la población, con un crecimiento sin precedentes en la pobreza, que se elevó al 55%.

La situación es particularmente crítica entre los jóvenes de 14 a 29 años, donde la indigencia aumentó en un 7,2% en los últimos seis meses, afectando de manera desproporcionada a este grupo que representa casi un cuarto de la población. El mercado laboral para jóvenes sigue mostrando una tasa de empleo baja y una fuerte brecha de género, con una tasa de empleo del 34% para mujeres jóvenes y del 45,2% para hombres jóvenes, en contraste con el 44,3% de la tasa de empleo general.

Estos datos ponen en evidencia la difícil situación de la juventud argentina, que enfrenta niveles de pobreza y falta de empleo sin precedentes en una coyuntura donde el ajuste económico ha restringido las oportunidades de mejora y ha agudizado las desigualdades.

El presidente Javier Milei confirmo que buscará destruir las bases de datos de las 300.000 cuentas de argentinos que blanquearon USD 19.000 millones.

El Gobierno de Javier Milei ha confirmado su intención de destruir las bases de datos de 300,000 cuentas de argentinos que blanquearon capitales por un total de 19,000 millones de dólares, una medida que podría tener graves implicaciones al facilitar el lavado de dinero y beneficiar indirectamente al crimen organizado, incluido el narcotráfico. Al eliminar estos registros, se reduciría significativamente la capacidad de fiscalización, abriendo la puerta a que fondos de origen ilícito se integren al sistema financiero sin controles adecuados.

Sebastián Domínguez, experto en impuestos y CEO de SDC Asesores Tributarios, criticó esta iniciativa, sugiriendo que la información debería encriptarse en lugar de destruirse, para preservar el secreto fiscal pero permitir una eventual verificación. Domínguez advirtió que los datos deben estar disponibles para investigar casos sospechosos, lo que sería imposible si los registros desaparecen.

Alejandro “Topo” Rodríguez, exdiputado y director del Instituto Consenso Federal, calificó la medida como “gravísima” y alertó sobre las consecuencias institucionales y legales. Señaló que el presidente no tiene facultades para destruir estos documentos de manera arbitraria, lo que podría incluso constituir un delito al eliminar evidencia de posibles delitos fiscales o financieros.

Rodríguez también advirtió que esta medida enviaría una señal negativa a la comunidad internacional, en un momento en el que otros países refuerzan sus controles contra el lavado de activos. En este contexto, el blanqueo promovido por el gobierno de Milei podría facilitar que fondos provenientes de actividades ilegales se “blanqueen” y circulen sin restricciones, brindando indirectamente una vía de legitimación para el dinero vinculado al narcotráfico y otras organizaciones criminales, lo que haría del discurso de la lucha contra el narcotráfico un simple show para la tribuna.

A pesar de la controversia, el ministro de Economía, Luis Caputo, extendió el plazo para la primera fase del blanqueo hasta el 8 de noviembre de 2024, debido a inconvenientes técnicos. Las fases subsiguientes se extenderán hasta mayo de 2025, lo que permite que nuevos contribuyentes regularicen sus activos bajo el actual régimen de blanqueo.

“La caída en las ventas promedia el 50%, la mitad de lo que vendíamos el año pasado” destacó el referente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA).

Más de 10,000 kioscos cerraron en Argentina este año, un reflejo del colapso económico que atraviesa el país bajo la administración de Javier Milei. Los representantes del sector señalan que los incrementos en los alquileres y las tarifas de servicios esenciales, junto con una alarmante caída en el consumo, están llevando a la quiebra a miles de pequeños comerciantes.

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) informó que el 10% de estos pequeños comercios ha cerrado en los primeros diez meses del año. El impacto de las políticas económicas actuales ha sido devastador para el mercado interno, afectando severamente las ventas y reduciendo al mínimo las expectativas de recuperación. La situación actual recuerda la crisis de cierres masivos que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando desaparecieron más de 33,000 kioscos, casi un tercio de los negocios existentes en ese momento.

Según Néstor Acuña, vicepresidente segundo de la UKRA, las ventas han caído en un 50% respecto al año pasado, y la supervivencia de los kioscos depende en gran medida de promociones y descuentos. Incluso fechas especiales para el rubro, como Halloween, que tradicionalmente impulsa la venta de golosinas, no fueron suficientes para revertir la tendencia a la baja en el consumo.

A la crisis se suma el aumento en los costos de servicios básicos como luz, agua y gas, además del fenómeno de los “kioscos paralelos”, donde los vecinos que buscan hacerse de unos pesos de diferencia para llegar a fin de mes habilitan ventanas de sus casas para vender productos y mercaderías, generando competencia informal y desplazando a los comerciantes establecidos. Frente a este panorama, el futuro del sector es sombrío, sin señales de mejora en el corto plazo.

En 2023 Javier Milei pasó de $21 millones a $125 millones. Ahora también apareció una caja de ahorro con U$S65 mil dólares. Al resto del gabinete tampoco le va mal.

El presidente Javier Milei “ya la está viendo”. Mientras la mayoría de los argentinos enfrentan una pérdida significativa de su poder adquisitivo y sus patrimonios se ven pulverizados por la inflación, el presidente registró un crecimiento patrimonial sorprendente en el último año. Milei inició el 2023 con bienes valuados en $21 millones y, al cierre de diciembre, su fortuna había escalado a $125 millones, un incremento del 495%, más del doble de la inflación del año pasado.

El salto en su riqueza se explica en gran parte por sus activos en dólares. A comienzos de 2023, Milei tenía U$S 20.000 en efectivo, que para fines de año se habían quintuplicado en valor en pesos. A esto se sumó una caja de ahorro que reveló a fin de año con U$S 65.000 adicionales, equivalentes a $52 millones en su última declaración jurada. Estos considerables ingresos “propios” contrastan con la situación de la mayoría, cuyos ahorros en pesos se desvalorizan cada día.

El resto del gabinete también le ganó a la inflación

A diferencia de Milei, otros miembros de su gabinete tuvieron también considerables incrementos. Su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, incrementó su patrimonio en un 74% y mantiene deudas bancarias. Sin embargo, el ministro de Economía, Toto Caputo, es por lejos el que más logró “ganarle” a la inflación con un crecimiento patrimonial de 2042%, alcanzando $15.9 mil millones.

Este notable crecimiento patrimonial de Milei y su entorno levanta interrogantes, dado que el mandatario llegó al poder prometiendo cambios radicales en la economía para aliviar la situación de todos los argentinos. Mientras la mayoría ve cómo su patrimonio se desvanece, Milei parece haber encontrado la forma de salir ganando en un contexto adverso para el resto del país.

Por su parte la vicepresidenta Victoria Villarruel, experimentó un notable aumento en su patrimonio, que creció un 560% en un año, alcanzando los $36,8 millones. A pesar de que es uno de los patrimonios más bajos en el gabinete, casi el 90% de su valor proviene de sus propiedades en Buenos Aires, que pasaron de valer $2,2 millones a $33,1 millones. Además, declaró tener $1,7 millones y U$S 2.000 en efectivo.

En el otro extremo, Gerardo Werthein, el nuevo canciller, encabeza la lista de los funcionarios más ricos del gabinete, con un patrimonio declarado de $83 mil millones. Sus bienes incluyen propiedades en Buenos Aires, Madrid, Punta del Este y terrenos en Maldonado, Uruguay, además de vehículos de lujo. Werthein también posee ahorros en efectivo y depósitos por $5.173 millones, junto con créditos en fideicomisos y fondos de inversión.

Con estos datos, el patrimonio combinado de los principales funcionarios del gabinete suma alrededor de $99.117 millones, lo cual destaca una marcada desigualdad patrimonial en el entorno gubernamental.

Las subas promediarán entre el 2,5 % y el 3 % y se verán reflejadas en las boletas con fecha de vencimiento en diciembre.

A partir de noviembre, el Gobierno de Javier Milei ha implementado un significativo ajuste en las tarifas de electricidad y gas, como parte de su estrategia para reducir subsidios y enfrentar la inflación, aunque estas subas impactarán de lleno en el bolsillo de los consumidores. Los incrementos aprobados, que incluyen una subida del 2,5% en la electricidad y un 2,7% en el gas natural, fueron oficializados mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

La Resolución 905/2024 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), firmada por Darío Arrué, establece este incremento para EDENOR S.A., afectando a todos los usuarios residenciales. A partir del 1 de noviembre de 2024, la tarifa final reflejará el aumento de costos de transporte y distribución, lo cual representa una carga adicional para los hogares que ya enfrentan altos costos de vida.

Este ajuste tarifario introduce un esquema escalonado para dividir a los usuarios en tres niveles según sus ingresos. Los de Nivel 1, de ingresos altos, no recibirán bonificaciones y pagarán la tarifa plena. Los usuarios de Nivel 2, de ingresos bajos, podrán acceder a una bonificación de hasta el 71,92% si mantienen un consumo máximo de 350 kWh/mes. Por otro lado, los usuarios de Nivel 3, de ingresos medios, recibirán un descuento del 55,94% con un tope de consumo de 250 kWh/mes, aunque aquellos en los segmentos R1 y R2 que consuman hasta 400 kWh/mes podrán ver una reducción promedio del 44% en comparación con los usuarios de Nivel 1.

De igual modo, el gas natural verá un aumento en su tarifa a partir de la Resolución 737/2024 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), con un alza de 2,7% en los costos de transporte y distribución para METROGAS S.A. El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó esta medida como “razonable y prudente” en el contexto inflacionario, aunque el ajuste significa un esfuerzo adicional para los usuarios que ya lidian con facturas elevadas.

Las resoluciones instruyen a las empresas a detallar en las facturas los costos específicos, como el Costo del Mercado Eléctrico Mayorista y los subsidios estatales, con el fin de “garantizar la transparencia”. Este ajuste estará vigente hasta el 30 de abril de 2025, afectando la economía de los hogares de manera sensible durante los próximos meses.

Según la Encuesta Radar Pyme del 3° Trimestre del 2024, el 84,2% de los empresarios afirma que la economía está en recesión y que el ajuste lo paga la industria.

El sector industrial argentino se encuentra sumido en un profundo pesimismo ante la situación económica actual y la falta de acciones concretas por parte del gobierno. Según la Encuesta Radar Pyme del tercer trimestre de 2024, realizada por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), un alarmante 84,2% de los empresarios considera que el país se encuentra en recesión o incluso en depresión económica. Esta percepción negativa se desprende de la consulta realizada a 400 empresas en 22 provincias, en la que el 57,5% calificó el panorama como de recesión y el 26,8% como de depresión.

La encuesta también evidencia la percepción de que las promesas presidenciales han quedado lejos de materializarse. Un 73,7% de los encuestados afirmó que el ajuste económico lo están soportando principalmente las pymes y los trabajadores, mientras que un 20,8% indicó que lo están haciendo de manera parcial. Estas cifras subrayan el desencanto y la preocupación en un sector que esperaba medidas de alivio, pero que, por el contrario, percibe que la carga del ajuste recae sobre sus hombros lo que se suma a los efectos devastadores de una posible apertura importadora en los próximos meses.

Aunque se ha mencionado que la flexibilización laboral podría beneficiar a las pymes, las opiniones están divididas. Mientras el 43,8% cree que podría tener algún impacto positivo, un 34,5% sostiene que esta medida es irrelevante o desconocida, lo que denota una falta de confianza en las reformas propuestas y en su capacidad para mejorar la situación.

En contraste con el estancamiento económico, las pymes han logrado aumentar sus exportaciones en un 23,5%, alcanzando los 7.369 millones de dólares en el período de enero a septiembre de 2024, lo que representa el 12,2% de las exportaciones nacionales. Sin embargo, esta cifra positiva parece insuficiente para contrarrestar el clima de frustración y la percepción de inacción gubernamental frente a los retos económicos que enfrenta el país y compensar el derrumbe del mercado interno.

El pasado jueves, la firma norteamericana ARC Energy terminó de formalizar su oferta por el 85% de acciones que el Estado tenía en venta y devino en un llamado a licitación a principios de octubre.

Luego de un período de especulaciones y trámites, el Gobierno finalmente avanzó en la re-privatización de IMPSA, una empresa estratégica para el sector nuclear y energético de Argentina. El pasado jueves, la firma estadounidense ARC Energy formalizó su oferta por el 85% de las acciones que el Estado había puesto en venta, convirtiéndose en el único postor en un proceso que abrió una licitación pública en octubre.

IMPSA, especializada en el desarrollo de componentes para energía nuclear, de hidrocarburos y renovable (produciendo entre otras cosas turbinas para hidroeléctricas), es clave en el abastecimiento y mantenimiento del programa nuclear y de generación de energía en el país. La venta de esta empresa a un inversor extranjero despierta preocupación sobre la sostenibilidad a largo plazo de estos sectores estratégicos, al quedar en manos de una firma con sede en Texas, sin un compromiso explícito de continuidad en las políticas y objetivos nacionales de soberanía energética.

El grupo ARC Energy, que anticipó una inversión de capital de 30 millones de dólares, fue el único interesado que llegó hasta el final del proceso, tras el retiro de otros posibles postores. En julio, la empresa había firmado un acta-acuerdo con el gobierno nacional, que controla el 63,7% de IMPSA, y con el gobernador Alfredo Cornejo, quien representa el 21,2% de participación de la Provincia de Mendoza.

Desde el inicio del proceso, el Gobierno ha impulsado la privatización de empresas con participación estatal, y la venta de IMPSA representa un caso testigo. Esta decisión genera incertidumbre sobre el futuro de una compañía vital para los proyectos de energía y tecnología nuclear de Argentina, así como sobre su posible impacto en la autonomía del país en el ámbito de la generación energética.

El canal macrista paso un informe en el cual acusaban a profesores de Derecho Laboral de la UBA por “actividades de adoctrinamiento” pero todo resulto ser una fake news.

El canal LN+, identificado con el macrismo, emitió recientemente un informe en el que acusaba a varios profesores de Derecho Laboral de la Universidad de Buenos Aires de ser “adoctrinadores” en el aula. En el informe, se señaló a modo de escrache a reconocidos titulares de cátedra, como Pablo Arnaldo Topet, Héctor Omar García, Juan Pablo Mugnolo, Guillermo Gianibelli y Mariano Recalde, argumentando que sus enseñanzas tendrían un sesgo ideológico favorable al sindicalismo y a ciertos sectores de la política argentina. Sin embargo, estas acusaciones resultaron ser infundadas y fueron rápidamente rechazadas por diversas asociaciones de abogados y académicos.

Organizaciones como la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el Grupo de Estudios de Derechos Social, la Asociación de Judiciales Bonaerense y la Asociación de Derecho Sindical se expresaron en contra del informe, defendiendo la libertad de cátedra y la independencia académica. Consideraron que las afirmaciones de LN+ buscan desprestigiar no solo a estos profesionales, sino también a la universidad pública en su conjunto, mediante una campaña de desinformación.

Desde la Asociación de Derecho Sindical calificaron las acusaciones de “falsas, maliciosas y sumamente dañinas” para la imagen y la institucionalidad de la Universidad de Buenos Aires y de todas las universidades públicas del país. Señalaron que esta campaña de fake news responde a una estrategia de comunicación para erosionar la confianza en la educación pública.

El Grupo de Estudios de Derechos Social también expresó un “enérgico repudio” a las acusaciones de adoctrinamiento, defendiendo la libertad de cátedra y el respeto a la trayectoria académica de los profesores involucrados. En el mismo sentido, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas condenó las afirmaciones infundadas, señalándolas como un ataque directo e injustificado hacia los docentes titulares de Derecho Laboral en la UBA.

Estas asociaciones recordaron que el estudio del Derecho Laboral en Argentina incluye necesariamente el análisis de cuestiones políticas y sindicales, fundamentales para comprender el contexto laboral y legislativo del país. La formación universitaria en Derecho Laboral está orientada a desarrollar profesionales críticos y comprometidos con la defensa de los derechos laborales, más allá de las acusaciones sin fundamento que buscan desprestigiar a la educación pública y desacreditar a sus docentes.

El piloto tuvo un caótico aterrizaje en Aeroparque con 179 pasajeros a bordo y salió sin revisión a Mendoza.

Este grave incidente ocurrió durante el fin de semana e involucro a un avión de la low cost Flybondi en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, la aeronave aterrizó de forma muy violenta e irregular con 179 pasajeros a bordo y estuvo cerca de un grave accidente, este nuevo incidente ha incrementado la ola de cuestionamientos sobre los procedimientos de seguridad de la aerolínea. Tras la arriesgada maniobra de aterrizaje, la aeronave continuó su operación hacia Mendoza sin someterse a una revisión técnica, lo que generó preocupación por la seguridad de quienes estaban a bordo.

Fuentes expertas en la industria explicaron al portal LPO que, aunque la revisión no siempre es obligatoria cuando puede atribuirse a un error humano, Flybondi toma decisiones que no siempre garantizan la seguridad de sus aviones. Mientras que otras aerolíneas, como Aerolíneas Argentinas, cuentan con técnicos en cada aeropuerto para realizar inspecciones antes de cada vuelo, Flybondi dispone de un número limitado de técnicos para todo el país. Esto implica que los pocos técnicos disponibles deben desplazarse continuamente ante incidentes en distintos aeropuertos.

Este avión de FlyBondi (LVKJD) que aterrizó de esta manera ayer en Aeroparque, con 179 pasajeros a bordo, ahora se encuentra operativo en Mendoza. Nunca fue retirado de servicio, nunca fue inspeccionado, nunca internivo la Junta de Seguridad en el Transporte @JSTsucesos. pic.twitter.com/FRcXFfWRJ3

— Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) November 2, 2024

La empresa fue una de las principales beneficiarias de la política de “cielos abiertos” impulsada en 2015 por Mauricio Macri, una medida que el actual gobierno libertario también apoya junto con la propuesta de privatización de Aerolíneas Argentinas. Durante ese periodo, Flybondi presentó diversas irregularidades que llevaron a algunos trabajadores del sector aéreo a negarse a aprobar planes de vuelo, debido a la preocupación por las posibles repercusiones legales en caso de un accidente.

Según un trabajador del sector, los empleados suelen firmar en disconformidad los planes de vuelo de Flybondi para evitar asumir la responsabilidad por las múltiples fallas de la empresa. Explicó que cualquier error en el plan de vuelo puede acarrear responsabilidades legales para los trabajadores individuales, quienes deben responder ante la justicia con sus propios bienes.

Otra fuente señaló que, debido a la falta de revisiones técnicas y controles estrictos, Flybondi está operando con un margen de seguridad mucho más bajo que otras aerolíneas. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y otros organismos solo pueden intervenir si el piloto declara un incidente, lo cual deja una zona gris en la regulación.

El ex presidente de Aerolíneas Argentinas también se pronunció, calificando como una “irresponsabilidad absoluta” la continuidad operativa del avión sin inspección alguna tras el incidente en Aeroparque. Destacó la falta de acción tanto por parte de la aerolínea como de los organismos públicos, y llamó al Gobierno a priorizar la seguridad en el sector.

La venta de Aerolíneas Argentinas sigue en discusión, pero el gobierno aún no cuenta con los votos suficientes para aprobarla. Mientras tanto, los cuestionamientos sobre Flybondi reavivan el debate sobre la regulación y los estándares de seguridad en la aviación argentina.

Los volúmenes despachados de bebidas están por debajo, inclusive de los niveles registrados durante la pandemia.

En un contexto de recesión económica y pérdida de poder adquisitivo, el rubro de bebidas, tanto con como sin alcohol, ha sido uno de los más afectados en el consumo. Las ventas de vinos y cervezas experimentaron caídas significativas, con descensos que superan los niveles de la pandemia, a pesar de las promociones agresivas en supermercados que buscan estimular las ventas.

Según cifras de septiembre, la venta de vinos descendió un 13,5% en comparación con agosto y un 1% en relación al año pasado, mientras que los despachos totales están muy por debajo de los niveles prepandémicos. En el caso de la cerveza, la caída interanual supera el 20%, pese a los esfuerzos de grandes empresas del sector, como Quilmes y CCU, por incrementar el consumo a través de promociones de dos por uno. Sin embargo, las ventas no logran repuntar, y se espera que el verano sea la última oportunidad del año para intentar revertir esta tendencia.

El informe de la consultora Scentia, que analiza el consumo en diferentes canales de venta, muestra que otras bebidas con alcohol también registraron bajas considerables. Los destilados cayeron un 4,5% y los aperitivos casi un 21% en el primer semestre, un reflejo de la disminución en la asistencia a bares y boliches, espacios donde estos productos suelen tener alta demanda.

En cuanto al vino, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) señaló una baja en despachos del 1% interanual en el acumulado enero-septiembre. Daniel Rada, director del Observatorio Vitivinícola, comentó que el volumen actual de ventas se encuentra muy por debajo de los niveles observados en la pandemia, cuando se vendieron 930 millones de litros en 2020. Hoy, el rubro apenas se acerca a los 780 millones. A pesar de que el precio del vino se ha vuelto más competitivo frente a la cerveza, la baja en ventas persiste. Incluso el vino en damajuana y tetra brick ha caído un 33% y 2% respectivamente en el primer semestre, mientras que la venta de espumantes disminuyó un 8,3%.

Las bebidas sin alcohol tampoco han escapado a la crisis. Las ventas de aguas minerales, saborizadas y gaseosas cayeron un 29% interanual en grandes supermercados y un 24% en comercios de cercanía en septiembre. Los supermercados señalan que algunos consumidores han reemplazado estas bebidas con jugos en polvo como una alternativa más económica.

Esta contracción en el consumo de bebidas, impulsada por la recesión económica, evidencia el impacto que la crisis está teniendo en el gasto cotidiano de los sectores medios y bajos, quienes han visto sus ingresos insuficientes para sostener el mismo nivel de consumo.