La energía eléctrica se incrementó casi 760% para los sectores de ingresos medios del AMBA en un año.

Los permanentes tarifazos aplicados por el Gobierno para reducir los subsidios a los servicios públicos ha golpeado duramente el poder adquisitivo de la clase media, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el último año, el costo de la electricidad para los sectores de ingresos medios ha registrado un alza cercana al 760%, un porcentaje ampliamente superior al incremento salarial, que rondó el 154% en el mismo período. Este desfasaje ha erosionado la capacidad de consumo y ha ampliado las desigualdades económicas.

El Foro Multisectorial Contra los Tarifazos, que agrupa a representantes de Pymes, usuarios, sindicatos y cooperativas, alertó sobre las consecuencias de este esquema tarifario “impagable”, que continúa debilitando el poder de compra de los sectores medios.

En el caso del gas, el panorama no es más alentador. La clase media ha enfrentado incrementos de casi el 199% en un año, mientras que los sectores de bajos ingresos vieron un alza del 226%. Esto ha duplicado en menos de un año el impacto de los costos de energía y transporte en el presupuesto familiar de los asalariados del sector formal privado.

La inflación también se ha visto afectada. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, el índice de precios al consumidor (IPC) acumuló un aumento del 152%, pero los precios regulados, como las tarifas de servicios, crecieron un 235%, intensificando la presión inflacionaria y los gastos básicos de las familias.

Este incremento tarifario ha sido especialmente regresivo para los sectores medios y bajos. Aunque los hogares de ingresos altos (Nivel 1) han afrontado menores subidas, el sector medio (Nivel 3) ha tenido que asumir incrementos significativos, con subsidios que disminuyen progresivamente y con ingresos que crecen a un ritmo considerablemente menor que las tarifas. Como resultado, los sectores medios, al igual que los de menores ingresos, se ven obligados a destinar una porción creciente de sus ingresos a cubrir servicios básicos, profundizando así la pérdida de su poder adquisitivo y acentuando las brechas de desigualdad en el país.

“Hemos vuelto a las peores épocas del país”, denunció la madre del detenido.

La actuación del Ministerio de Seguridad bajo la gestión de Patricia Bullrich demostró una preocupante falta de seriedad y apego a los procedimientos legales en el caso de Maximiliano Ariel Acosta, un laburante quien fue encarcelado injustamente durante más de 20 días. Acosta fue detenido por Gendarmería en un control sobre la Ruta Nacional 7 en Mendoza, tras ser acusado de transportar “cocaína” oculta en frascos de talco. Sin embargo, posteriormente se comprobó que la sustancia no era droga, sino simplemente talco, y Acosta fue liberado después de haber sufrido un proceso judicial innecesario y traumático.

Durante su detención, Acosta fue tratado como un narcotraficante, sometido a maltrato y privado de acceso a sus pertenencias básicas, incluso del derecho a utilizar el baño. La situación llegó a tal punto que, según denunció su madre, Laura, en medios locales, la fiscalía prometió protegerlo, pero lo abandonó sin apoyo. Al momento de su liberación, Acosta quedó solo, sin dinero y sin información sobre su paradero, hasta que tuvo que depender de la ayuda de un automovilista para llegar a la ciudad de Mendoza.

MUCHO TALCO, POCO EFICIENT-E

Un hombre intentó burlar un control en Mendoza, llevando más de 2kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia. Pero la Gendarmería lo descubrió rápidamente gracias a su nerviosismo y actitud sospechosa.

¡La… pic.twitter.com/nWmdEauzmQ

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 6, 2024

A pesar del error, Bullrich, lejos de reconocer la gravedad del caso, había celebrado la detención en redes sociales con una frase irónica: “Mucho talco, poco eficient-e”, y presentó el incidente como un logro en su “lucha contra el narcotráfico”. Este caso resalta no solo la falta de rigurosidad en los controles de seguridad y la falta de protocolos confiables para la verificación de sustancias, sino también una preocupante insensibilidad y ligereza en el manejo de situaciones que afectan la vida de ciudadanos inocentes, en este caso privando de la libertad a un hombre durante más de 20 días.

El titular de la SIGEN, designado por el gobierno para auditar las universidades, dejó atónitos a todos al declarar que su salario de $3.200.000 mensuales “no le alcanza”.

El titular de la SIGEN, designado por el gobierno de Javier Milei para auditar las universidades, dejó atónitos a todos al declarar que su salario de $3.200.000 mensuales “no le alcanza”, generando una fuerte indignación entre docentes universitarios con años de formación y trayectoria que apenas si ganas 200 mil pesos. Argumentando su situación económica, mencionó gastos como la educación de sus hijas, expensas, y el impuesto inmobiliario en Buenos Aires, duplicado recientemente. “Tengo el sueldo congelado desde diciembre, y estoy aportando mis ahorros”, señaló el funcionario, en un lamento que desató fuertes críticas dada la abismal diferencia con el sueldo promedio de un docente universitario.

"Miguel Blanco":
Por las declaraciones del titular de la SIGEN pic.twitter.com/UpZXm2juPv

— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 29, 2024

Este funcionario, responsable de liderar auditorías que se interpretan como un intento de desviar la atención del ajuste presupuestario en educación, justificó su salario alegando que, a diferencia de los docentes que “tienen otras actividades”, su cargo de Secretario de Estado exige una responsabilidad que amerita una compensación mucho mayor. Sin sonrojarse, afirmó que la jerarquía de su rol no puede compararse con la de un docente, quienes perciben cerca de $200.000 mensuales, un monto notablemente inferior y muy por debajo de la línea de pobreza.

Aludiendo a la UBA, el funcionario insinuó que la universidad cuenta con fondos suficientes y desestimó los reclamos de desfinanciamiento. Sin embargo, la realidad que viven los docentes es otra: con incrementos salariales que no alcanzan a la inflación, los ingresos de muchos de ellos rondan niveles de indigencia. La situación fue denunciada por los gremios, que señalaron la ausencia de negociación paritaria.

Luego de la expulsión de la ministra de Relaciones Exteriores, el gobierno publicó un comunicado oficial en el que advierte que irá contra los “impulsores de agendas enemigas de la libertad”.

El gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha medidas que evocan la era macartista, delineando la existencia de enemigos internos bajo el manto de la “defensa de la libertad”. La reciente expulsión de la canciller Diana Mondino, tras el voto argentino en la ONU en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba, ha servido de catalizador para un endurecimiento en el manejo de la diplomacia. En respuesta a lo sucedido, el presidente Milei anunció una auditoría en la Cancillería destinada a identificar a quienes considera promotores de “agendas enemigas de la libertad”, lanzando una persecución ideológica contra aquellos funcionarios cuyas visiones no se alinean con la política oficial.

La decisión, que remarca la imposición de un alineamiento ideológico rígido en el servicio diplomático, fue confirmada en un comunicado oficial, en el cual se subrayó la necesidad de una política exterior que represente “valores de libertad, soberanía y derechos individuales” característicos de las democracias occidentales. El mensaje fue claro: el Estado argentino bajo la dirección de Milei defenderá dichos principios en el ámbito internacional, y para ello se propone depurar el cuerpo diplomático de posibles opositores internos.

Un ejército de trolls en respaldo del presidente

La reacción del mandatario en redes sociales fue acompañada por su ejército de trolls, que rápidamente reprodujeron mensajes de apoyo a la “limpieza” en Cancillería, con afirmaciones que advertían: “Nadie tiene el puesto asegurado”, “Se tienen que aggiornar a los valores de LLA”, y “El que no entienda esta política, que se dedique a otra cosa”. Estas manifestaciones son prueba de un clima de persecución ideológica, donde las ideas y posturas disidentes son vistas como una amenaza directa y deben ser eliminadas para salvaguardar una “libertad” que no admite divergencia.

Luego de que el Gobierno festejara una ligera baja el mes pasado ahora vuelven a aumentar fuerte todos los combustibles. En algunas provincias el incremento puede ser incluso mayor.

La constante escalada en los precios de los combustibles sigue afectando de manera directa a los consumidores y sectores productivos del país, en medio de una falta de políticas que permitan desacoplar los precios internos del mercado internacional. Este viernes 1 de noviembre se aplicará un nuevo incremento promedio del 4% en el precio de las naftas y el gasoil en todo el territorio nacional, impulsado por la devaluación, el alza de los biocombustibles y el aumento de los impuestos a los combustibles. En algunas provincias, donde los costos logísticos agregan una presión adicional, el ajuste podría llegar hasta el 10%.

La situación se agrava debido a la dependencia de los precios internos de la cotización internacional del barril de Brent, utilizado como referencia para el crudo en Argentina. Ante la falta de una política de desacople, cualquier alza en el mercado global se traslada directamente al precio local, encareciendo la cadena productiva y afectando a consumidores y empresas. Horacio Marín, presidente de YPF, explicó que esta dependencia implica que los combustibles suben cuando el crudo internacional se encarece, mientras que una baja en el precio del crudo apenas mitiga el impacto acumulado de los aumentos anteriores.

También aumentan los biocombustibles

Además, la Secretaría de Energía ha establecido un nuevo incremento en el precio de adquisición del biodiésel, que ahora alcanza los $1.004.562 por tonelada para su mezcla con gasoil, junto con un aumento del 2% en el bioetanol de caña de azúcar, cuyo valor alcanza $670,564 por litro. Estas alzas, sumadas a la posible actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), incrementarán aún más los costos en noviembre.

Con una acumulación de aumentos en las naftas de casi el 90% en lo que va del año, los consumidores enfrentan serias dificultades, y el consumo de combustibles ha caído un 11,77% en septiembre. Esta tendencia refleja el impacto de la falta de políticas que estabilicen los precios internos frente a las fluctuaciones internacionales, afectando el poder adquisitivo y la competitividad de la economía local.

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas votó una resolución para elevar la propuesta al Congreso Nacional. Si se votara, y la mayoría acepta el aumento de fondos, no se puede vetar.

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA ha aprobado una resolución para impulsar una consulta popular vinculante sobre el aumento del presupuesto universitario, con la intención de asegurar el financiamiento adecuado para el funcionamiento de las universidades en 2025. Con el apoyo unánime del Consejo Directivo, la propuesta busca que la Cámara de Diputados elabore y presente un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario acorde a las necesidades expresadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Además, solicita que ambas cámaras del Congreso Nacional sancionen una ley que convoque a una consulta popular vinculante para refrendar dicha iniciativa.

La resolución recuerda que el presupuesto 2025, presentado por el Poder Ejecutivo, destina solo 3,95 billones de pesos al sistema universitario, apenas cubriendo la mitad de los 7,2 billones calculados por el CIN como necesarios. También se subraya que la herramienta de consulta popular vinculante, establecida en el artículo 40 de la Constitución Nacional y reglamentada por la Ley 25.432, permite que una vez aprobada y votada favorablemente por la ciudadanía, el proyecto no pueda ser vetado y se convierta en ley de inmediato.

En el contexto de un creciente conflicto educativo, con paros docentes y movilizaciones previstas, la comunidad universitaria defiende la importancia de este recurso democrático para enfrentar los recortes presupuestarios. Claudio Lozarsa, de la Universidad de Avellaneda, advirtió que el recorte de fondos afectará salarios y recursos esenciales, destacando la disparidad entre el presupuesto actual y las necesidades reales del sistema educativo.

A través de su cuenta personal de X, la ex mandataria publicó un texto en el que rememoró el lanzamiento la Asignación Universal por Hijo.

Cristina Fernández de Kirchner recordó y celebró los 15 años de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en un mensaje en redes sociales, subrayando la relevancia de esta política social, lanzada el 29 de octubre de 2009, que, según explicó, “permitió que los hijos de los trabajadores informales o desocupados tuvieran el mismo reconocimiento económico que los hijos de los trabajadores formales”. Destacó que el objetivo principal de la AUH fue siempre el de brindar apoyo directo a los sectores más vulnerables, y que su implementación fue considerada un modelo a nivel mundial tanto por su impacto como por la forma en que se distribuye: sin intermediarios y de manera directa.

Para los que decían que se iba por la canaleta de la droga

Hoy, 29 de octubre, se cumplen 15 años del anuncio y puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que permitió que los hijos de los trabajadores informales o desocupados, tuvieran el mismo reconocimiento…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 29, 2024

La exmandataria también cuestionó fuertemente al actual gobierno de Javier Milei, quien, a pesar de su discurso en favor de recortar programas sociales, no pudo “pasarle la motosierra” a la AUH. Cristina enfatizó que la grave situación económica y social generada por las políticas de Milei lo obligó no solo a mantener la AUH, sino también a duplicar su monto, aunque esto lo desvinculó del sistema original de fomento al trabajo formal. Según sus palabras, esta medida introduce una nueva forma de desigualdad al aumentar la AUH sin articularla con el sistema de asignaciones de los trabajadores registrados.

Cristina resaltó la importancia del contexto en que la AUH fue implementada, recordando que hace 15 años, quienes percibían el mismo monto de asignación por hijo que la AUH en el sistema formal no se encontraban en situación de pobreza. Para ella, la situación actual es una señal de deterioro, pues, bajo el actual gobierno, el país ha retrocedido en términos de bienestar social y económica. “La enorme diferencia entre hoy y hace 15 años, es que en aquel momento los trabajadores registrados del primer tramo salarial que cobraban el mismo monto de asignación por hijo que la AUH, NO ERAN POBRES. Que la cuenten como quieran”, concluyó.

El mensaje de Cristina Kirchner recalca no solo el valor que la AUH ha tenido para las familias vulnerables, sino también cómo se ha convertido en un recurso vital en un contexto que, según ella, ha sido agravado por las decisiones económicas del gobierno actual. Para la expresidenta, la AUH representa mucho más que una ayuda monetaria; es una política de inclusión social que en su momento fue pionera en la región y que, incluso hoy, continúa siendo un pilar para miles de familias.

Comienza a registrarse un aumento en la cantidad de personas que, ante la imposibilidad de afrontar los costos de pagar un alquiler, recurren a geriátricos estatales.

La crisis económica actual y las políticas de ajuste del gobierno están llevando a los jubilados a situaciones de extrema vulnerabilidad. Según un informe de la Fundación Tejido Urbano, el porcentaje de adultos mayores que deben alquilar se ha duplicado en los últimos 20 años. Ante los elevados costos de los alquileres, muchos se ven obligados a recurrir a geriátricos estatales, al no poder cubrir los gastos de una vivienda independiente.

Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, advirtió sobre la creciente cantidad de jubilados que, sin problemas de salud, terminan internados en hogares públicos debido a la falta de medios económicos para sostener una vida autónoma. “En los hogares públicos hay mucha gente que termina internada porque no puede sostener su vida. Son, entre comillas, “enfermos sociales” que no pueden mantenerse económicamente”, explicó.

El alquiler representa actualmente el 22% de la canasta de un jubilado, que según la Defensoría ronda los $912.584, mientras que la jubilación mínima, con el bono incluido, asciende apenas a $314.320. Esta cifra apenas cubre los costos de una pensión básica, que hoy supera los $200.000 al mes. Ante esta situación, los adultos mayores se ven atrapados entre el pago de la vivienda o la cobertura de otras necesidades esenciales como alimentación y medicamentos.

El informe de Tejido Urbano muestra que, en el primer trimestre de 2024, más de 359 mil adultos mayores alquilaban, lo que representa el 7,2% de esta población y un fenómeno alarmante de “inquilinización” de la tercera edad. Además, destaca que el 51,3% de los adultos mayores vive solo o con su cónyuge, y entre ellos predomina la “feminización de la soledad”, ya que el 57,4% son mujeres.

La posible finalización de la moratoria previsional, según los cálculos presupuestarios del gobierno para 2025, afectaría especialmente a las mujeres mayores, quienes han tenido menos oportunidades laborales y, en su mayoría, debieron recurrir a la moratoria para obtener una jubilación. De hecho, el 40,5% de los adultos mayores que viven solos se encuentra en el decil más bajo de ingresos, lo que refleja una situación económica sumamente frágil.

A esto se suma que el bono compensatorio, congelado desde marzo, está perdiendo valor frente a la inflación. En términos reales, la última actualización apenas alcanzó un 1,2%, mientras que la inflación interanual supera el 100%. Esto implica que, de marzo a octubre, el complemento ha disminuido como proporción del haber mínimo, pasando del 34% al 22,2%.

Tejido Urbano también advierte que el alto costo de los alquileres y de los servicios básicos plantea serios interrogantes sobre el tipo de vivienda a la que pueden acceder los jubilados y sobre la posibilidad de cubrir otras necesidades después de pagar el alquiler. Incluso para aquellos que son propietarios, las expensas aumentaron un 133% en el último año, superando por 30 puntos porcentuales la inflación acumulada. Esta realidad obliga a cada vez más jubilados propietarios a recurrir a comedores comunitarios, ya que deben decidir entre mantener el inmueble o cubrir sus necesidades alimentarias.

Los programas de subsidio, como “Vivir en Casa” del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco logran compensar la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones. El monto máximo de estos subsidios, de $60.000, resulta insuficiente frente a los costos de vida actuales. Como señala Semino, “los únicos programas efectivos que se mantienen son los que se arman desde la comunidad”, en un esfuerzo de organizaciones civiles para cubrir las necesidades de los adultos mayores.

La Asociación Civil Años – Espacio Gerontovida, fundada por Semino, ha impulsado proyectos comunitarios en el interior del país, donde voluntarios logran restaurar y mantener hogares comunitarios para los jubilados más vulnerables. Sin embargo, la situación de los “pueblos chicos, que se van transformando en pueblos de viejos”, refleja una realidad alarmante para los jubilados que quedan solos, dependiendo únicamente de la jubilación mínima para sobrevivir en condiciones cada vez más precarias.

El complejo agroexportador obtuvo ganancias por 4900%. Mientras el plato de guiso para los sectores populares se incrementó en 151% en los últimos diez meses.

Pese a la caída del consumo en supermercados, los oligopolios agroexportadores y las grandes empresas alimentarias han sido los grandes beneficiarios del modelo económico impulsado por el gobierno libertario. Según el informe “Rascar la olla”, realizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y el CELS, las empresas del sector alimentario incrementaron sus ganancias en un 1.300%, mientras que el complejo agroexportador obtuvo márgenes de hasta el 4.900% en apenas unos meses.

El análisis expone el desmantelamiento de políticas agroalimentarias durante el gobierno de Javier Milei, detallando cómo una serie de reformas y eliminaciones de programas públicos han reforzado el poder de los grupos económicos concentrados. En este contexto, mientras el consumo de alimentos en supermercados cayó un 16%, los precios de productos básicos se dispararon. Un plato de guiso, por ejemplo, aumentó un 151% entre noviembre de 2023 y julio de 2024, resultando cada vez menos accesible para la población, especialmente para quienes dependen de salarios mínimos o jubilaciones.

El informe, elaborado entre noviembre de 2023 y julio de 2024 por especialistas del IGEO-UBA, divide su análisis en tres ejes: producción, acceso y apoyo gubernamental. En estos temas, destaca cómo el modelo económico actual ha impulsado la concentración del sistema agroalimentario, eliminando programas de apoyo a la Agricultura Familiar Campesina Indígena (AFCI) y debilitando la asistencia alimentaria. Esto se ejemplifica con la cancelación de programas como Pro Huerta, que había sido una fuente clave de apoyo técnico y financiero para la producción de alimentos comunitarios durante más de tres décadas.

En paralelo, el gobierno ha creado nuevas políticas que benefician a las grandes corporaciones y limitan el desarrollo de la producción local. Estas medidas incluyen la autorización de eventos transgénicos en soja y maíz, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, y la prohibición de investigaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre temas como cambio climático y sustentabilidad. A su vez, se eliminaron regulaciones importantes para productores medianos y pequeños, tales como el gravamen a productos de vaca y lácteos, y leyes orientadas a la vitivinicultura y la olivicultura, entre otras.

El ajuste impactó en la posibilidad de alimentarse bien.

Con un salario o una jubilación mínimas, es posible preparar casi un tercio menos de porciones de guiso que en noviembre pasado. pic.twitter.com/4ZN2gEioGq

— CELS (@CELS_Argentina) October 25, 2024

Con estos cambios, la participación de los pequeños productores en el precio final se ha reducido drásticamente, mientras que el aumento de precios al consumidor ha sido del 111% en promedio. Sin embargo, este ajuste ha sido insuficiente para proteger a los sectores más vulnerables, ya que el crecimiento de la pobreza e indigencia en el primer semestre de 2024 refleja que los refuerzos presupuestarios para políticas asistenciales como AUH y AUE han tenido un impacto limitado.

Quienes trabajan en comedores o merenderos comunitarios enfrentan cada vez más obstáculos para brindar alimentos. pic.twitter.com/vbuRkj7bJP

— CELS (@CELS_Argentina) October 25, 2024

Como resultado, el desmantelamiento de políticas alimentarias y de apoyo ha afectado directamente a comedores y huertas comunitarias, que ahora enfrentan dificultades para mantener la calidad y cantidad de alimentos que ofrecen. Con una menor asistencia técnica y falta de insumos como semillas, estos espacios ven amenazada su capacidad de sostener el tejido social y enfrentar la crisis alimentaria.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, ha lanzado un ambicioso plan de obras públicas financiado por la empresa estatal AUBASA.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, ha lanzado un ambicioso plan de obras públicas financiado por la empresa estatal AUBASA, con una inversión proyectada de 332 millones de dólares para los próximos tres años. A pesar de la falta de respaldo del gobierno nacional en esta área clave, el gobierno provincial reitera su compromiso de mejorar la infraestructura vial y fortalecer la seguridad en las rutas, asegurando mejores condiciones para quienes transitan diariamente por la región.

El plan contempla importantes mejoras, incluyendo la ampliación de dos tramos de la Autopista Buenos Aires-La Plata y la repavimentación de 200 kilómetros de la Ruta 2, entre Dolores y Mar del Plata, con una inversión aproximada de 113 millones de dólares. Estas obras buscan no solo optimizar la infraestructura vial, sino también asegurar un tránsito fluido y seguro para los usuarios, especialmente en temporadas de alto flujo hacia la Costa Atlántica.

La ampliación de la Autopista Buenos Aires-La Plata se enfocará en la construcción de un cuarto carril en el tramo Hudson-Acceso Sudeste (36,6 kilómetros), a realizarse en 2025, con un presupuesto de 36 millones de dólares. Además, se construirá un tercer carril en el tramo La Plata-Hudson, con una inversión de 20 millones de dólares y un plazo de 10 meses. Estos proyectos estarán acompañados de repavimentaciones en distintos tramos, como los 22 kilómetros entre el peaje Hudson y La Plata (16 millones de dólares) y otros subtramos con dirección a la Ciudad de Buenos Aires, por un valor de casi 10 millones de dólares.

El Ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, subrayó la importancia de esta inversión como un esfuerzo para mejorar la infraestructura provincial, enfatizando el carácter superavitario de AUBASA. Por su parte, el presidente de la empresa, José Arteaga, reafirmó que estas obras no solo modernizarán las rutas sino que incorporarán tecnología avanzada, enfocándose en la innovación y la sustentabilidad para maximizar la eficiencia y seguridad del servicio.

Este programa, que iniciará nuevas obras en 2025 y finalizará en 2027, es una clara muestra del compromiso del gobierno bonaerense con la inversión en infraestructura y desarrollo vial, enfrentando los desafíos sin el respaldo financiero de la administración central y priorizando el bienestar de los ciudadanos de la provincia.