Ecuador envió un mensaje contundente en las urnas. En el referéndum celebrado este domingo, la ciudadanía rechazó dos de las propuestas más ambiciosas del presidente Daniel Noboa: permitir la instalación de bases militares estadounidenses y un proceso de reforma total de la Constitución.

El resultado supone un golpe político significativo para Noboa, un mandatario conservador cercano a la administración Trump. El presidente había presionado a la Corte Constitucional para habilitar la consulta sobre una posible Asamblea Constituyente, pero el 60% de los votantes terminó por rechazar sus iniciativas. Tras conocerse los resultados, Noboa afirmó en la red X que su gobierno “respetará la voluntad del pueblo” y continuará trabajando por “el país que todos merecen”.

Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano.

Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país…

— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 17, 2025

Un país estratégico bajo presión de Washington

Con 18 millones de habitantes, Ecuador se ha convertido en un corredor clave para el tráfico de cocaína proveniente de Colombia y Perú. La violencia vinculada al narcotráfico ha escalado hasta niveles alarmantes, con ataques a candidatos, alcaldes y periodistas en regiones disputadas por bandas criminales.

En este contexto, Noboa había buscado reforzar la cooperación con Estados Unidos. Durante recientes reuniones con altos funcionarios estadounidenses, incluso ofreció a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitar instalaciones militares en la costa ecuatoriana que —de aprobarse el referéndum— podrían albergar tropas norteamericanas. “La cooperación internacional es la única manera de desmantelar estas redes criminales transnacionales”, declaró el presidente tras ejercer su voto.

Lo que estaba en juego: Constitución, representación y bases militares

Desde el retorno a la democracia en 1979, Ecuador ha tenido tres constituciones. Noboa insistía en que el país necesitaba otra para enfrentar la delincuencia con más herramientas legales, endurecer las penas y reforzar el control fronterizo. Pero sus críticos advertían que una nueva Carta Magna no resolvería problemas estructurales como la inseguridad o la falta de servicios básicos, y temían que debilitara la supervisión institucional del Ejecutivo. La ciudadanía compartió esas reservas: la propuesta fue rechazada de manera amplia.

El referéndum también incluía reducir la financiación estatal a los partidos y recortar la Asamblea Nacional de 151 a 73 legisladores. Tampoco estas medidas, justificadas por el Gobierno como una vía para ahorrar recursos, convencieron a la población. Los opositores argumentaban que afectarían la representatividad política, especialmente de sectores populares con menor capacidad de financiar campañas.

La propuesta de bases militares, punto más delicado del referéndum

El Gobierno contemplaba la instalación de dos bases estadounidenses: una en Manta —donde ya operó una base norteamericana entre 1999 y 2009— y otra en Salinas, ambas en la costa. La secretaria Kristi Noem visitó ambos lugares en dos viajes efectuados en apenas tres meses.

Sin embargo, cualquier presencia militar extranjera dependía del referéndum, debido a la prohibición vigente desde la Constitución de 2008, impulsada por Rafael Correa. Aunque Ecuador albergó bases estadounidenses en Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde en Manta, las autoridades ya habían descartado reabrir instalaciones en las islas.

Rafael Correa celebra el triunfo del NO: “La Constitución de Montecristi ha sido ratificada por segunda vez por el pueblo” – Confirmado https://t.co/l5cWhuj3Hm

— Rafael Correa (@MashiRafael) November 17, 2025

Manta, por su parte, continúa siendo un punto estratégico: allí convergen operaciones de grupos criminales que despachan grandes cargamentos de cocaína hacia Centroamérica mediante “narcolanchas”.

Argentina atraviesa un fenómeno devastador que, pese a su magnitud, permanece casi invisible en la agenda pública: el país alcanzó en 2024 un récord histórico de 4.249 suicidios, según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

Esto significa que cada dos horas y cuatro minutos una persona se quita la vida, consolidando al suicidio como la principal causa de muerte violenta, por encima de los siniestros viales y muy por encima de los homicidios.

Sin embargo, mientras la atención social y mediática se concentra casi exclusivamente en la inseguridad y los choques de tránsito, este drama silencioso —alimentado por la crisis económica y un creciente sentimiento de frustración colectiva— avanza sin ocupar el lugar urgente que merece en el debate público.

Una epidemia invisible: cada día 22 personas intentan quitarse la vida

Las cifras de mortalidad son solo la punta del iceberg. Datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud indican que 22 personas por día ingresan al sistema sanitario tras un intento de suicidio. Esto implica que, por cada muerte, al menos dos personas sobreviven, revelando una crisis de salud mental sin precedentes.

Esta epidemia silenciosa se sostiene sobre dos pilares que hoy se retroalimentan:

1. El deterioro material acelerado (despidos, inflación, recesión, caída del poder adquisitivo).
2. El colapso subjetivo, impulsado por una cultura de éxito individual inalcanzable en medio del empobrecimiento general.

Un récord que estalla bajo la crisis y la frustración social

La tendencia ya venía en ascenso desde 2017, pero bajo el gobierno de Javier Milei las cifras escalaron hasta niveles nunca vistos. El 2024 marcó el número más alto de suicidios registrados y los primeros indicadores de 2025 anticipan que la curva no se está desacelerando.

La combinación explosiva entre recesión, pérdida masiva de ingresos y el desfinanciamiento de políticas de salud mental creó un escenario en el que miles de personas perciben que no tienen salida posible.

La tiranía del éxito en tiempos de pobreza

Los especialistas coinciden en que las causas económicas explican solo una parte del problema. El resto se juega en el plano simbólico: vivimos en un ecosistema que exige éxito permanente, productividad ilimitada y bienestar constante, una exigencia imposible en un país donde la mayoría lucha por llegar a fin de mes.

Las redes sociales —especialmente Instagram y las plataformas construidas en torno a la imagen— funcionan como amplificadoras del malestar: muestran vidas perfectas y cuerpos perfectos, mientras millones atraviesan una realidad precaria y angustiante. Esta distancia entre lo que “deberíamos ser” y lo que realmente podemos ser profundiza la frustración, la sensación de fracaso y el aislamiento social.

El impacto de la hiperconectividad y la validación constante

Desde 2010, con la masificación del smartphone y el diseño adictivo del “scroll infinito” y el “like”, las tasas de depresión y desesperanza entre adolescentes y jóvenes se dispararon. La vida mediada por pantallas —y por la exigencia de mostrarse siempre feliz— erosionó la capacidad de soportar la incertidumbre, el aburrimiento y el malestar.

Este fenómeno global golpea especialmente fuerte en Argentina, donde la fragilidad económica deja a millones sin redes de contención emocional, comunitaria o estatal.

Mientras el mundo baja sus tasas, Argentina sube

La Organización Mundial de la Salud muestra que, en gran parte del planeta, las tasas de suicidio vienen cayendo gracias a estrategias preventivas robustas y estados de bienestar sólidos. En contraste, América Latina —y especialmente Argentina— exhibe una tendencia opuesta, marcada por desigualdad creciente y políticas insuficientes de salud mental.

A diferencia de los países que amortiguan las crisis con fuertes redes sociales y económicas, Argentina combina:

• inestabilidad económica crónica,
• caída abrupta de ingresos,
• recortes en prevención,
• y discursos que exaltan el éxito individual mientras la mayoría se empobrece.

El resultado: entre 2023 y 2024 se produjo la mayor suba interanual de suicidios de la historia reciente del país.

El mercado laboral profundizó su deterioro durante agosto, evidenciando una tendencia que atraviesa toda la gestión de Javier Milei. En ese mes se destruyeron 13.062 empleos registrados, según la medición desestacionalizada del SIPA.

El mercado laboral profundizó su deterioro durante agosto, evidenciando una tendencia que atraviesa toda la gestión de Javier Milei. En ese mes se destruyeron 13.062 empleos registrados, según la medición desestacionalizada del SIPA, mientras que el monotributo aportó solo 5.539 nuevos inscriptos, insuficientes incluso para cubrir la mitad del retroceso.

Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el país perdió 223.796 puestos asalariados, lo que implica una caída del 2,2% del empleo formal. En ese mismo período, la inscripción al monotributo creció un 6% (121.740 personas), una cifra que evidencia que parte de los trabajadores expulsados del empleo con derechos se reinsertaron en esquemas más precarios, sin aportes jubilatorios completos, obra social garantizada ni vacaciones pagas.

Una destrucción de empleo que se acelera

La caída del trabajo registrado se intensificó en 2025, con seis meses de bajas en los primeros ocho del año. En agosto, el sector privado fue el más afectado, con 10.555 empleos menos, seguido por el sector público (1.735) y el empleo en casas particulares (772). Este deterioro coincidió con un clima económico marcado por volatilidad en las tasas de interés tras la eliminación de las LEFIs y un crédito que se frenó abruptamente.

Desde el inicio del gobierno libertario, los sectores más golpeados fueron:

• Casas particulares: -5,3% (-24.714 puestos)
• Sector privado: -2,2% (-138.573 puestos)
• Sector público: -1,7% (-60.509 puestos)

Un 2025 sin señales de alivio

A lo largo del año, la economía mostró estancamiento, salarios reales deprimidos y un clima de incertidumbre preelectoral. Aunque la actividad repuntó un 0,3% en agosto, el rebote fue menor al observado meses atrás. Los salarios registrados aún estaban 4,74% por debajo del nivel de llegada de Milei.

El economista Luis Campos (CTA-A) advirtió que la dinámica del trabajo privado es “preocupante”: tras un leve repunte en el segundo semestre de 2024, la recuperación se frenó a comienzos de 2025 y desde junio comenzó una nueva fase de destrucción.

En términos interanuales, el sector privado se encuentra en su peor nivel en años: se perdieron 177.648 empleos entre agosto de 2023 y agosto de 2025, quedando por debajo incluso de los niveles de 2015. La industria manufacturera encabeza las bajas con 47.319 empleos menos (-3,95%).

Santa Cruz, el caso más crítico

A nivel provincial, Santa Cruz concentra la caída más dramática: desde noviembre de 2023, el empleo cayó 14,95% (-9.087 puestos), un mínimo histórico. Le siguen La Rioja (-11,25%) y Formosa (-8,16%). Los sectores más golpeados fueron minería, construcción y servicios vinculados a la extracción de petróleo y gas.

A pesar de que desde mayo los salarios promedio mostraron una mejora real de 4%, el nivel sigue siendo claramente insuficiente: la mitad de los asalariados cobra menos de $1.115.735 de bolsillo.

Sin perspectivas de recuperación

Los datos adelantados por la Encuesta de Indicadores Laborales no anticipan mejoras en el corto plazo. Incluso en los grandes centros urbanos, la perspectiva continúa siendo negativa.

Campos sintetiza el panorama:

“Si la economía no repunta, el empleo no va a crecer, por más cambios regresivos en la legislación laboral. Por ahora, el mercado de trabajo sigue dando malas noticias”.

Durante una exposición en un evento organizado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Cavallo advirtió que el rumbo actual “no es viable” y puso en duda los pilares conceptuales y operativos del plan oficial.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo volvió a aparecer en la escena pública con un mensaje directo al corazón del programa económico del presidente Javier Milei. Durante una exposición en un evento organizado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Cavallo advirtió que el rumbo actual “no es viable” y puso en duda los pilares conceptuales y operativos del plan oficial.

“Ningún país del mundo tiene un sistema anarcocapitalista”, sentenció al iniciar su análisis. Según explicó, la economía argentina necesita una reorganización profunda, pero dentro de un marco donde el Estado siga cumpliendo funciones esenciales. “Tiene que quedar muy claro cuál es el ámbito del sector estatal, que no puede dejar de existir”, afirmó, al rechazar el ideal anarcocapitalista que —según interpretó— inspira al gobierno de Milei.

Cavallo insistió en que todos los países desarrollados combinan iniciativa privada con un sector público eficiente. “La idea del anarcocapitalismo es una mala idea. Todos los países del mundo tienen un sector estatal que cumple funciones específicas y debe ser financiado”, subrayó. A la vez, pidió que la actividad privada opere sin interferencias y bajo reglas de competencia propias de “una economía abierta”.

Pero donde su crítica tomó un tono más técnico fue al referirse a la política cambiaria y a la capacidad del ministro de Economía, Luis Caputo, de sostenerla. Cavallo advirtió que el Banco Central carece de los recursos para garantizar la estabilidad del esquema actual. “Es imposible que la economía funcione con reservas negativas”, alertó. Y fue aún más directo: “¿Quién le va a creer al ministro de Economía que puede asegurar el techo de la banda cambiaria si no tiene divisas para intervenir?”.

También se refirió a la promesa de dolarización de Milei, a la que consideró inviable en el contexto actual: “No estamos en condiciones de pensar en un sistema totalmente dolarizado. Lo que puede funcionar es un sistema bimonetario sin restricciones, donde coexistan el peso y el dólar”.

En el tramo final, lanzó una advertencia adicional vinculada al respaldo internacional que el Gobierno asegura tener: “Aunque estén Trump y Bessent detrás, la acumulación de reservas es ineludible”. Y remató con una crítica al ex presidente estadounidense: “Ojalá el Gobierno argentino no imite la política económica de Trump. Es un modo discrecional e inconducente para la Argentina”.

Ambos casos revelan los signos más visibles de una economía en deterioro: caída del consumo, deudas impagables, pérdida de empleos y cierre de empresas emblemáticas.

La economía argentina atraviesa un momento crítico que golpea de lleno a la producción, el comercio y el empleo. En los últimos días, dos noticias ilustran con crudeza el deterioro del panorama: la quiebra de La Suipachense, histórica fábrica de lácteos, y el cierre masivo de locales de Vea, cadena de supermercados del grupo chileno Cencosud. Ambos casos revelan los signos más visibles de una economía en recesión: caída del consumo, deudas impagables, pérdida de empleos y cierre de empresas emblemáticas.

Una tradición que se apaga: quiebra de La Suipachense

Después de más de 75 años de historia, la fábrica de lácteos La Suipachense dejó de existir. La justicia comercial de Mercedes decretó la quiebra de Conosur S.A., firma vinculada al grupo lácteo Maralac, responsable de la planta desde 2012. La decisión deja en la calle a 140 trabajadores, símbolo del impacto social que la crisis industrial está provocando en todo el país.

La empresa había cesado sus actividades hacía tres meses y fue intimada a presentar un plan de crisis que nunca llegó. Las deudas eran insostenibles: más de 8.400 millones de pesos en cheques rechazados y otros 1.000 millones en aportes impagos al gremio Atilra.

La justicia también impuso restricciones para evitar la fuga del empresario venezolano Jorge Luis Borges León, responsable de la firma. La quiebra de La Suipachense no solo implica la pérdida de empleos, sino el colapso de una marca tradicional de la lechería nacional, otro golpe a la producción alimentaria argentina.

El derrumbe del consumo: Cencosud cierra supermercados Vea y despide personal

Mientras tanto, la chilena Cencosud —uno de los principales grupos del supermercadismo nacional— acelera su reducción de operaciones en la Argentina. En un contexto de caída del poder adquisitivo, menor consumo y costos operativos en alza, la empresa cerró en los últimos meses más de 20 sucursales de sus cadenas Vea, Easy y Blaisten en distintas provincias.

En Tucumán, Mendoza, San Juan, Buenos Aires y Catamarca se repite el mismo escenario: locales vacíos, góndolas cerradas y decenas de trabajadores despedidos. Solo el cierre del Easy de La Tablada significó 55 empleos directos menos, mientras que en San Pedro se perdieron otros 30 puestos.

“El cierre responde a un déficit operativo sostenido y al alto costo de los alquileres, que se duplicaron en pocos meses”, explicó el Sindicato de Empleados de Comercio. La situación refleja lo que ya se siente en todo el país: “Antes la gente llenaba el chango, hoy compra lo del día”, lamentó un dirigente gremial.

Los cierres de Vea y Easy no son casos aislados: son parte de un efecto dominó provocado por la caída del consumo masivo, el aumento de los precios y la pérdida del poder adquisitivo. La contracción económica, cada vez más visible en los barrios y las ciudades del interior, se traduce en locales vacíos, menor circulación de dinero y un desempleo en alza.

Un panorama de alarma

La quiebra de La Suipachense y la ola de cierres de Cencosud resumen el rostro más duro de la crisis: fábricas que se apagan, comercios que bajan la persiana, y cientos de trabajadores que se quedan sin ingresos.
En un contexto de inflación persistente, retracción del consumo y falta de crédito, el aparato productivo argentino muestra señales de asfixia.

Cada cierre, cada despido, cada deuda impaga es un recordatorio de que la economía real —la de las pymes, los trabajadores y los consumidores— atraviesa uno de sus momentos más delicados en años.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes a septiembre confirmaron lo que muchos trabajadores ya sienten en el bolsillo: los salarios registrados —que incluyen tanto al sector privado como al público— volvieron a quedar por detrás de la inflación y registraron una caída real cercana al 1%.

Durante el noveno mes del año, las remuneraciones del sector privado formal aumentaron un 1,4% nominal, las del sector público un 1,1% y las del sector informal un 5,7%. En promedio, los salarios registrados subieron apenas 1,3%, por debajo de la inflación del 2,1% medida por el INDEC. En consecuencia, el salario real formal se redujo 0,8% en septiembre, tras haber tenido una leve mejora del 0,5% en agosto.

En contraste, el índice general de salarios —que incluye a los trabajadores informales— mostró un incremento mensual de 2,2% y una suba interanual del 46%, superando al IPC en ambos casos. Desde diciembre de 2024, el indicador acumula un avance de 30,4%.

Según la consultora ACM, “la evolución del salario real comenzó a mostrar una recuperación más gradual, en contraste con la mejora más pronunciada observada durante el segundo semestre de 2024”. Sin embargo, advirtieron que “la dinámica del poder adquisitivo del salario registrado se encuentra estancada, sin variaciones significativas a lo largo del año”.

De mantenerse la actual tendencia de aumentos nominales en torno al 2% mensual y una inflación anual proyectada cercana al 30%, ACM estima que los salarios registrados podrían cerrar el año con una baja de alrededor del 1,3% real. Comparado con el inicio de la actual gestión, esto implicaría una pérdida del 0,4% respecto de noviembre de 2023.

En apenas tres años, la compañía acumuló más de 250 millones de dólares en subsidios y alivios tributarios. Todo esto, pese a que su fundador y principal accionista mantiene su residencia fiscal en Uruguay desde 2019, donde paga impuestos y coordina buena parte del negocio regional.

Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperin, se consolidó este año como una de las principales beneficiarias del régimen de promoción de la Economía del Conocimiento. Según datos oficiales, recibió alrededor de 39.000 millones de pesos en exenciones impositivas y créditos fiscales, lo que representa cerca del 20% del total de beneficios otorgados por el Estado argentino al sector tecnológico. En conjunto, esas exenciones sumaron 195.000 millones de pesos en 2025, un 50% más que el año anterior.

En apenas tres años, la compañía acumuló más de 250 millones de dólares en subsidios y alivios tributarios. Todo esto, pese a que su fundador y principal accionista mantiene su residencia fiscal en Uruguay desde 2019, donde paga impuestos y coordina buena parte del negocio regional. En Argentina, en cambio, sus filiales aprovechan al máximo los regímenes promocionales.

La situación no deja de ser paradójica: una empresa que recibe miles de millones en beneficios fiscales ahora reclama aún más intervención estatal. Su presidente para Argentina, Juan Martín de la Serna, pidió recientemente que el Gobierno frene el avance de las plataformas chinas Shein y Temu, a las que acusa de “competencia desleal” y de “destruir empleo argentino”. En otras palabras, Mercado Libre exige proteccionismo mientras es subsidiada por el mismo Estado del que busca amparo.

Un empresario ironizó ante este medio: “Galperin descubrió que el mercado es libre… hasta que llegan los chinos. Mercado Libre contra el libre mercado: Argentina no lo entenderías”.

A esto se suma un historial de conflictos laborales dentro de la compañía: tercerización, contratos eventuales y denuncias de fraude laboral. En 2021, distintos sindicatos acusaron a la empresa de evadir convenios colectivos y de mantener a parte del personal en condiciones precarias.

Así, mientras el Estado le otorga miles de millones en subsidios, Mercado Libre no solo se beneficia del gasto público, sino que además exige barreras para sus competidores. Una paradoja que expone la delgada línea entre el discurso del libre mercado y la práctica del capitalismo protegido.

Ni siquiera los grandes grupos nacionales logran escapar a la recesión: Arcor, emblema industrial de la familia Pagani, acaba de reportar un desplome de sus ganancias netas del 74% en los primeros nueve meses de 2025.

La crisis del consumo interno no da tregua y ya impacta de lleno en las principales empresas alimenticias del país. Ni siquiera los grandes grupos nacionales logran escapar a la recesión: Arcor, emblema industrial de la familia Pagani, acaba de reportar un desplome de sus ganancias netas del 74% en los primeros nueve meses de 2025.

Según su balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la multinacional con sede en Arroyito obtuvo ganancias por $97.772 millones, frente a los $378.245 millones registrados en igual período de 2024. Es decir, una pérdida de $280.473 millones en rentabilidad, acompañada además por una baja en las ventas, que pasaron de $3.884 millones a $3.509 millones interanuales.

El consumo, en caída libre

El retroceso de Arcor se inscribe en una tendencia generalizada: las grandes alimenticias argentinas sufren los efectos de la recesión y la fuerte caída de la demanda en el segundo año de gestión libertaria.

Empresas como Mastellone Hnos. y Molinos Río de la Plata, dos pesos pesados del sector, también exhiben números preocupantes. La dueña de La Serenísima acumula pérdidas por más de $20.000 millones, tras haber ganado $66.985 millones el año anterior. Por su parte, Molinos, del grupo Pérez Companc, reportó una pérdida neta de $37.403 millones, la primera en cuatro años.

Arcor: ganancias operativas estancadas y pérdidas financieras

En el caso de Arcor, la caída de las ganancias no se explica por un deterioro operativo —el resultado operativo se mantuvo casi sin cambios, en torno a los $237.574 millones— sino por el impacto financiero negativo generado por la devaluación real y la desaceleración inflacionaria.
El informe detalla que las pérdidas financieras alcanzaron los $98.698 millones, frente a una ganancia de $421.751 millones en el mismo período de 2024.

Pese a este escenario adverso, la compañía mantiene un discurso optimista, aludiendo a la “solidez de su modelo de integración vertical” y a una “gestión eficiente de costos y gastos estructurales”. Sin embargo, las cifras reflejan un contexto de negocios estancado y un consumo interno en niveles críticos.

Contexto adverso y estrategias de resistencia

El 67,8% de las ventas del grupo proviene del mercado argentino, lo que deja a la empresa fuertemente expuesta a la contracción local. Mientras que las divisiones de golosinas, chocolates y packaging mostraron cierta recuperación, el segmento de alimentos sufrió una marcada caída.

Aun así, Arcor mantuvo su nivel de inversiones, con $150.359 millones destinados a expansión y modernización, y apuesta a sostener su presencia regional y su estructura de liquidez para atravesar el momento.

Un gigante en tiempos de recesión

El derrumbe de las utilidades de Arcor se suma a la lista de señales que confirman que la recesión no discrimina tamaño ni trayectoria. Las grandes empresas nacionales, que históricamente funcionaron como termómetro del consumo, hoy sienten de lleno la contracción del poder adquisitivo y la pérdida de dinamismo del mercado interno.

Aunque el FMI y la CEPAL proyectan un leve repunte económico para Argentina hacia fin de año, las cifras empresariales muestran que el rebote aún no llega al mostrador. Arcor, símbolo del empresariado nacional, se convierte así en un caso testigo de cómo la caída del consumo está erosionando incluso a los gigantes del sector alimenticio.

El secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, remarcó que el hecho “no fue una falla humana” y denunció que el Gobierno no está cumpliendo con la entrega de fondos comprometidos por la emergencia ferroviaria.

El secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, exigió una investigación técnica y administrativa exhaustiva para determinar las causas del descarrilamiento ocurrido el martes en el Ferrocarril Sarmiento, a la altura del barrio de Liniers. El gremialista remarcó que el hecho “no fue una falla humana” y denunció que el Gobierno no está cumpliendo con la entrega de fondos comprometidos por la emergencia ferroviaria.

En diálogo con El Destape 1070, Sobrero explicó que el incidente se produjo cuando un tren que se dirigía hacia Once fue desviado parcialmente por un cambio de vías que se activó mientras la formación se encontraba en movimiento. “Cuando está pasando el tren, se acciona el cambio en los dos últimos vagones. Entonces, dos vagones van por una vía y el resto por otra. Produce un descarrilamiento grande”, relató.

Se descarriló una formación del Tren Sarmiento en Liniers 🔴

🗣️"Hay que hacer una investigación a fondo para saber lo que pasó", enfatizó Rubén Sobrero, Sec. Gral. Unión Ferroviaria Secc. Oeste, porque se "descarta la falla humana"#PaloYZanahoria
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— El Destape 1070 (@eldestape_radio) November 11, 2025

El dirigente subrayó que el sistema de cambio de vías había sido instalado apenas una semana antes del hecho, y que su tecnología está pensada justamente para impedir errores humanos: “Son cambios nuevos, entregados hace una semana. Tienen un enclavamiento que impide que el señalero los accione mientras pasa una formación. Se activó solo, no sabemos cómo, pero podemos asegurar que no fue una falla humana”, sostuvo.

Aunque descartó la hipótesis de sabotaje, Sobrero insistió en la necesidad de esclarecer lo ocurrido: “Hay que hacer una investigación a fondo para saber lo que pasó. Las pericias todavía no están terminadas, por eso el servicio demoró en reanudarse”, explicó.

Finalmente, el dirigente gremial advirtió sobre el deterioro del sistema ferroviario y la falta de recursos para mantenimiento e inversión. “Todavía no salió toda la plata de la emergencia ferroviaria”, lamentó, y señaló que esta situación agrava los riesgos en la operación diaria del servicio.

El deterioro de la clase media argentina se profundiza en el actual contexto económico. La caída del poder adquisitivo, el aumento de los gastos y la pérdida de expectativas de progreso dibujan un panorama cada vez más restrictivo para amplios sectores de la población.

Según un informe del centro de estudios Pensar Lab, el 41% de los argentinos siente que vive peor que sus padres, una percepción que supera ampliamente a quienes creen tener el mismo nivel de vida (27%) o estar mejor (27%). Este dato evidencia una ruptura con la histórica aspiración de movilidad ascendente que caracterizó al país durante gran parte del siglo XX.

La sensación de retroceso se refuerza con otros indicadores: el 63% de los argentinos reconoció haber tenido que resignar consumos para poder sostener sus gastos básicos, y el 55% considera que la clase media se está achicando. Apenas dos de cada diez creen que se mantiene igual y otro 20% que está creciendo.

El estudio muestra también cómo se redefine la autopercepción social: dos de cada tres argentinos se ubican en el último escalón de la clase media o directamente fuera de ella, con un 34% que se identifica como clase media baja y otro 34% que se asume como clase baja alta.

Aun así, persiste un rasgo distintivo: la prepaga es el último consumo que la clase media estaría dispuesta a resignar (28%), un indicador del valor simbólico que conserva la noción de “seguridad” en este sector social.

“Lo que en definitiva compra la clase media, envuelta en disfraces, con fisonomías múltiples, en forma de objetos o servicios, ataviados con marcas, narrativas, eslóganes e imágenes, es, en el fondo, una sola cosa: seguridad”, concluye el informe de Pensar Lab, aludiendo a una identidad social que hoy se sostiene más en el deseo de estabilidad que en la posibilidad real de progreso.