La disputa económica y geopolítica en el sector energético quedó expuesta con toda crudeza. Paolo Rocca, titular del poderoso grupo Techint, lanzó una advertencia directa al Gobierno: cerrará la planta de Tenaris en Valentín Alsina en la Provincia de Buenos Aires.

El titular del grupo Techint, lanzó una advertencia directa al Gobierno: cerrará la planta de Tenaris en Valentín Alsina si las petroleras de Vaca Muerta optan por importar caños más baratos de China, India u otros mercados.
El mensaje, filtrado en un estratégico off the record, generó fuerte malestar en la Casa Rosada.

La amenaza surge en medio de la licitación que impulsa Southern Energy, un consorcio integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, para abastecer un gasoducto de 400 kilómetros destinado a un ambicioso proyecto de exportación de GNL desde Vaca Muerta. Se trata de un emprendimiento 100% privado, pero Rocca pretende que el Estado intervenga para garantizarle el contrato a Techint, bajo el argumento de defender la industria nacional.

Para las empresas del sector, la jugada es evidente: Rocca intenta forzar al Gobierno a presionar a Southern Energy, amenazando con un conflicto laboral y el cierre de una planta histórica.
“La pregunta obvia es: si no existiera este proyecto, Techint también tendría que cerrar?”, ironizó un empresario energético.

El enojo de Rocca tiene un trasfondo claro: China está disputándole el monopolio de los gasoductos. De hecho, ya llegaron a Río Negro 5.000 toneladas de caños de acero chino —un 40% más baratos que los de Techint, según fuentes del sector— para los primeros tramos del proyecto. A eso se suma el costo extra del transporte que, aseguran, encarece aún más la oferta argentina.

Un reclamo “industrialista” con matices

En su última aparición pública, Rocca elevó el tono contra el Gobierno de Milei, reclamando protección para la industria nacional. Pero su propio modelo de negocios relativiza ese discurso:

• La planta de Alsina no fabrica chapas, solo las enrolla y suelda; las chapas provienen de plantas de Techint en Brasil.
• El holding tributa vía Uruguay y tiene domicilio fiscal en Luxemburgo, una estructura diseñada para alivianar impuestos.
• La planta que ahora amenaza con cerrar funciona “por proyecto” y fue reactivada para el Gasoducto Néstor Kirchner.

El historial del grupo también pesa. En 2022, en la licitación de los caños para el Gasoducto Néstor Kirchner, la china Gezhouba ofrecía mejores precios y condiciones, pero la presión de Rocca terminó modificando los pliegos y trabando el proceso hasta que Techint resultó beneficiada. Ese antecedente, recuerdan en el sector, demuestra que cada vez que aparece un competidor, Techint activa su influencia política para desplazarlo.

Una disputa que escala

El conflicto vuelve a tensar la relación entre las petroleras, el Gobierno y el conglomerado de Rocca. El mensaje es explícito: si China entra con precios más competitivos y el Gobierno no sale en defensa de Techint, Rocca está dispuesto a paralizar la planta de Alsina.

Para muchos actores del sector, eso no es defensa industrial, sino una forma de extorsión abierta, que reproduce la lógica de controlar el negocio energético aun a costa de torcer procesos privados y decisiones técnicas.

El choque deja al descubierto una disputa mayor: la reorganización geopolítica del sector energético argentino, en la que China avanza con peso propio y amenaza un dominio que Techint mantuvo durante décadas.

“Tomaron 60.000 millones de dólares sin hacer el ajuste fiscal”, lanzó el presidente, mientras la transmisión oficial enfocaba a un Caputo visiblemente incomodo, siguiendo el discurso desde la primera fila.

Javier Milei volvió a apuntar contra la gestión económica de Mauricio Macri y, en el intento, dejó visiblemente incómodo a su propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “Tomaron 60.000 millones de dólares sin hacer el ajuste fiscal”, lanzó el presidente, mientras la transmisión oficial enfocaba a un Caputo serio, casi inmóvil, siguiendo el discurso desde la primera fila.

El mandatario cuestionó a quienes comparan su administración con la del macrismo, período en el que Caputo fue secretario y ministro de Finanzas, además de presidente del Banco Central. “Cuando hacen la comparación ‘esto es como 2017’, ¿qué parte es como 2017? Yo quisiera saber qué parte coincide con 2017”, replicó Milei durante un evento empresario, visiblemente molesto.

Según Milei, la gestión de su exsocio político nunca aplicó un verdadero ajuste: “Básicamente nunca se hizo el ajuste fiscal. Cuando Macri recibió el gobierno, en lugar de hacerlo, aumentó el déficit fiscal. En ningún momento lo corrigió y solamente lo disimuló con endeudamiento”. Acto seguido, remarcó: “Durante el gobierno de Macri se tomaron 60.000 millones de dólares netos”.

La escena se completó con un Caputo que, a pesar de haber sido uno de los principales responsables del ciclo de endeudamiento macrista que incluyo el regreso del FMI—durante sus dos años y medio al frente de Finanzas—, debía escuchar las acusaciones en silencio. La transmisión oficial lo mostró dos veces con gesto adusto, reforzando la tensión del momento.

El antecedente: cuando Milei acusó a Caputo de “fumarse” 15.000 millones de dólares

No es la primera vez que Milei apunta contra Caputo por su desempeño durante el macrismo. En un video del año 2018, que volvió a viralizarse, el actual presidente afirma: “Caputo se fumó más de 15.000 millones de dólares de reservas”. Según criticaba entonces, su accionar como titular del Banco Central fue “irresponsable e ineficiente” y lo señalaba como uno de los responsables del llamado “28D” y del “despiole de las Leliq”.

La crisis industrial en Argentina se profundizó de manera acelerada bajo la presidencia de Javier Milei. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 cerraron 19.164 empresas, lo que equivale a casi 30 firmas por día, y se destruyeron 276.000 empleos formales.

La apertura indiscriminada de importaciones, combinada con la ausencia de un plan productivo que sostenga a las pymes y a la industria nacional, está erosionando el tejido productivo y reconfigurando el mercado laboral con efectos duraderos.

Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), analizados por el CEPA, muestran que la caída de la demanda interna, el derrumbe del consumo y la competencia de productos importados desplazan a miles de empresas locales, especialmente pymes orientadas al mercado interno. Al ritmo actual, el país pierde 432 empleos registrados por día desde el ballotage de 2023.

A este panorama se suma el relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA), que registró en agosto una nueva caída del empleo asalariado formal: 33.000 puestos menos respecto a 2024. El acumulado entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 alcanza 224.000 bajas, con Buenos Aires y CABA como los distritos más golpeados.

Pymes en caída libre y avance de la precarización

“La demanda agregada depende en gran medida del consumo interno, que representa entre el 60% y 70% de la economía. El Gobierno recortó salarios reales, jubilaciones y poder adquisitivo; sin consumo, no hay recuperación posible”, explicó el economista Nicolás Taiariol (CEPA).

Según el especialista, las empresas que más cierran son pymes vinculadas al mercado interno: comercio, servicios, logística, construcción y actividades administrativas. Pero el impacto no siempre aparece de inmediato en las cifras de desempleo formal: crecen las changas, el cuentapropismo forzado y el trabajo sin registrar.

El deterioro de la calidad laboral también fue detectado por el Centro CIFRA-CTA, que registró un aumento de 338.800 trabajadores no asalariados en dos años. El caso Whirlpool se convirtió en símbolo: mientras avanzaban los despidos, muchos trabajadores completaban formularios para apps de reparto o transporte.

Despidos en multinacionales y la ola importadora: plantas que cierran para reemplazar producción por bienes extranjeros

El proceso de desindustrialización se aceleró durante octubre y noviembre de 2025. La multinacional Whirlpool cerró su planta de Pilar, despidió a 220 empleados y reemplazó producción nacional por importaciones asiáticas. En Rosario, Electrolux mantiene suspensiones que afectan a 400 trabajadores.

La mexicana Mabe cerró su planta de Río Segundo (Córdoba) y despidió a 200 personas, mientras que en Pilar la estadounidense Magnera dejó sin empleo a 100 trabajadores. El sector textil sufre un impacto aún más profundo: 333 empresas cerradas y 14.000 empleos perdidos entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, según ProTejer.

La industria metalúrgica, por su parte, perdió 60.000 puestos, con una utilización de capacidad instalada del 44,3%, niveles comparables a la pandemia. En Santa Fe, la fábrica DBT-Cramaco directamente abandonó la producción para convertirse en una distribuidora de productos importados desde China, mientras la importación de bienes metalúrgicos terminados creció 70% en 2025.

Cadenas comerciales también retroceden: cierres de locales de Cencosud, Yaguar y Frávega suman más despidos, y la quiebra de La Suipachense y ARSA dejó a 540 familias sin ingresos. En Tierra del Fuego, la electrónica enfrenta un futuro incierto ante la eliminación total de aranceles a celulares importados desde enero.

Crisis del empleo y dudas sobre los “sectores del futuro”

Para Matías Ghidini, especialista en mercado laboral, el mercado “está trabado y en retroceso”, con despidos selectivos y una recuperación que “será lenta y dependerá de reformas laborales pendientes”. Aunque minería, hidrocarburos, finanzas y sectores digitales aparecen como polos de crecimiento, su capacidad para absorber la pérdida industrial es limitada.

Federico Machado (Consultora Open) anticipa “un desempleo mayor al de los últimos años” y advierte que la destrucción industrial no será compensada por los sectores ganadores del modelo exportador.

El presidente de APYME, Julián Moreno, resume el cuadro: “El resultado electoral confirmó un camino de desindustrialización. Se profundiza la recesión en todas las actividades vinculadas al mercado interno. Los cierres y despidos se multiplican sin que exista un horizonte alternativo. Es lamentable”.

Crece la alarma por la suba de casos de tos convulsa y sífilis en Argentina: especialistas denuncian la falta de campañas de vacunación y prevención.

Argentina atraviesa un preocupante escenario sanitario marcado por el resurgimiento explosivo de la tos convulsa y el récord histórico de contagios de sífilis, dos enfermedades que avanzan con fuerza en medio de una caída sostenida en las coberturas de vacunación y una notoria ausencia de campañas de prevención.

Tos convulsa: más de 600 casos y siete muertes en menos de un año

El último Boletín Epidemiológico nacional encendió las alertas: más de 600 casos de tos convulsa (coqueluche) fueron confirmados en lo que va de 2025, junto a siete muertes en menores de dos años. La cifra triplica los registros del año anterior y deja en evidencia un brote que se expande con rapidez, alimentado por el déficit de inmunización infantil.

En Argentina, más de 115.000 lactantes no cuentan con sus esquemas de vacunación completos, un dato que especialistas califican como “crítico” para explicar la gravedad del brote. La enfermedad, altamente contagiosa, puede causar complicaciones severas en bebés, como neumonía, convulsiones e incluso daño neurológico.

Las provincias más afectadas son Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mendoza, Santa Fe, Tierra del Fuego y CABA, con transmisión que ya abarca también a adolescentes y adultos. En Santa Fe, por ejemplo, se reportaron 57 casos, la mayoría en Rosario, y se confirmó la muerte de un bebé cuya madre no había sido vacunada durante el embarazo.

Caída en la vacunación: un factor determinante

Los datos oficiales muestran descensos alarmantes en vacunas obligatorias:

• La quíntuple y la antipoliomielítica para los 6 meses bajaron cerca de 10 puntos respecto de la prepandemia.
• La cobertura de la triple bacteriana acelular (dTpa) en adolescentes de 11 años se desplomó del 82% al 54%.
• Entre embarazadas, la inmunización alcanza apenas el 69%.

Los profesionales advierten que sin campañas públicas sostenidas, el brote puede intensificarse durante 2025 y 2026.

Sífilis: cifras récord y fuerte aumento entre jóvenes

En paralelo, el país enfrenta un crecimiento histórico de la sífilis, que volvió a marcar picos inéditos. Solo en las primeras 44 semanas de 2025 se registraron 36.702 casos, un 20,5% más que en el mismo período de 2024. La tendencia preocupa especialmente entre adolescentes, donde los contagios aumentaron más del 20%.

El 76% de todos los casos se concentra en personas de 15 a 30 años, con mayor impacto en mujeres jóvenes. Las provincias con tasas más elevadas son Córdoba (220 casos por cada 100 mil habitantes), San Luis, Jujuy, Chaco y Tierra del Fuego.

A pesar de que existen campañas sobre el uso del preservativo, los especialistas remarcan que la ausencia de acciones coordinadas y sostenidas desde el Estado, junto a la desinformación y la baja percepción del riesgo, explican el avance de esta infección de transmisión sexual.

Un escenario que exige acción urgente

El aumento simultáneo de tos convulsa y sífilis muestra un patrón común: la falta de políticas públicas de prevención, desde vacunación hasta educación sexual.

Profesionales y sociedades médicas coinciden en que es imprescindible:

• Reactivar y reforzar campañas de vacunación en todo el país.
• Garantizar el acceso a preservativos y test rápidos.
• Fortalecer la comunicación pública sobre enfermedades prevenibles.
• Recuperar los niveles de inmunización previos a la pandemia.

Sin estas medidas, advierten, el país podría enfrentar brotes más extensos y mayores tasas de complicaciones y muertes evitables.

En un contexto de ajuste severo sobre educación, ciencia y jubilaciones, el Poder Ejecutivo dispuso una ampliación de más de $26 mil millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La decisión se formalizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que destinó $26.117.900.000 adicionales al organismo.

Desde la Casa Rosada justificaron la medida alegando que la SIDE se había quedado sin fondos como consecuencia de la prórroga del presupuesto 2024, y que la mayor parte de la partida —casi $20.000 millones— corresponde al pago de sueldos del personal. “No es un aumento técnicamente”, insistieron, sino una compensación para que el organismo pueda completar sus gastos hasta fin de año.

La ampliación despertó controversia luego de que el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez cuestionara en redes sociales la aparición de ítems como “$350 millones para cubiertas”, “$300 millones para prendas de vestir” y “$40 millones para utensilios de cocina y comedor”.

Voceros de Inteligencia respondieron que esos conceptos provienen de los nomencladores del sistema de administración pública, que suelen agrupar gastos diversos bajo categorías generales. A modo de ejemplo, señalaron que “utensilios de cocina” puede incluir la compra de hornos u otros equipamientos de alto valor para bases distribuidas en el país, y que el rubro “cubiertas” engloba gastos más amplios vinculados a la extensa flota vehicular del organismo.

CONGELAMIENTO A JUBILADOS Y AUMENTO PARA LA SIDE

A través del Decreto 848/2025, hoy el Presidente @JMilei fijó en 70.000 pesos, para el mes de diciembre, el valor del bono que se paga a los jubilados que cobran la mínima.

El monto se mantiene totalmente congelado desde hace… pic.twitter.com/3KdMBmEkfI

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) December 1, 2025

La SIDE atraviesa además tensiones internas en su cúpula. El actual director, Sergio Neiffert, designado en junio de 2024 tras la salida de Silvestre Sívori, quedó envuelto en una polémica por una fuerte discusión doméstica con su subordinado, José Lago Rodríguez.
A esto se suma que Lago Rodríguez está siendo investigado por la División de Asuntos Internos por un viaje a Azerbaiyán realizado en septiembre junto a Alejandro Colombo, director del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA). Según el sitio Sección País, ese viaje —financiado con fondos reservados y presentado como misión oficial para asistir a un foro— habría tenido como verdadero objetivo presenciar una carrera de Fórmula 1 en la que compitió el piloto argentino Franco Colapinto.

Un serio accidente involucró este mediodía al avión Basler BT-67 (LV-VYL) del Grupo Mirgor, empresa vinculada a la familia Caputo, luego de que la aeronave sufriera una violenta salida de pista en el Aeropuerto Internacional de Río Grande durante un vuelo de entrenamiento previo al inicio de la temporada antártica.

El BT-67, recientemente incorporado por Mirgor para su nueva operación aérea bajo la marca Voyal, quedó gravemente dañado, con afectaciones visibles en hélices y tren de aterrizaje. Aunque la tripulación resultó ilesa, las imágenes que circularon en redes y grupos aeronáuticos muestran el aparato detenido fuera de la pista en una posición que confirma la magnitud del incidente.

La aeronave había arribado al país hace pocas semanas y había sido repintada en FAdeA como parte de los preparativos para participar en vuelos logísticos y turísticos hacia la Antártida. Este vuelo formaba parte de las prácticas iniciales de una temporada que ahora queda severamente comprometida.

Según informó el propio Grupo Mirgor (Clan Caputo), el despiste ocurrió durante la carrera de despegue tras un vuelo previo desde Ushuaia. El avión, operado por tripulaciones civiles —pilotos ex-Fuerza Aérea Argentina—, debía comenzar en los próximos días sus primeras misiones hacia bases argentinas del continente blanco. La Junta de Investigación de Incidentes será la encargada de determinar las causas.

🛬 Se despistó un avión en el aeropuerto de Río Grande (Tierra del Fuego). Fue durante un vuelo de entrenamiento de pilotos. La aeronave pertenece al Grupo Mirgor y ninguno de los tres tripulantes resultó herido. pic.twitter.com/F9huvqKcNc

— Capital de Noticias (@capdenoticias) December 1, 2025

Un avión de la segunda guerra mundial modernizado

El LV-VYL es una conversión Basler BT-67, un modelo derivado del histórico Douglas C-47A Skytrain fabricado en 1944 y posteriormente modernizado con mejoras estructurales, turbohélices PT6A-67R y aviónica actualizada, lo que lo vuelve apto para operaciones exigentes en climas extremos. El aparato había completado ensayos en EE.UU. y recientemente una campaña de pruebas en FAdeA.

El accidente deja a Mirgor sin su principal plataforma para los vuelos antárticos planificados para este verano austral. Con el avión fuera de servicio y a la espera de evaluar si puede ser recuperado, la compañía enfrentará la necesidad de buscar alternativas o, más probablemente, postergar su operación hasta la próxima temporada.

En medio de una inusual y descomunal escalada militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluye la movilización inédita de activos navales, aéreos y de inteligencia, el presidente Donald Trump confirmó que mantuvo una conversación telefónica con el líder venezolano Nicolás Maduro.

El diálogo tuvo lugar el domingo, en un contexto de máxima tensión regional y de fuerte presión política y militar por parte de Washington.

A bordo del Air Force One, Trump reconoció ante la prensa que la llamada existió. “La respuesta es sí”, dijo ante la consulta directa. Sin detallar el contenido del intercambio —al que calificó como un asunto “muy complicado”—, el mandatario agregó: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”.

La confirmación se produjo mientras crecían versiones sobre posibles negociaciones entre ambos gobiernos. Sin embargo, un vocero estadounidense descartó por completo que se esté considerando un encuentro bilateral para negociar una transición política en Venezuela. “Es un invento”, aseguró una fuente consultada por Infobae. Según ese mismo funcionario, Trump, acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio, amenazaron a Maduro con que Estados Unidos intensificará la presión militar si no abandona el poder.

Durante el diálogo con periodistas, Trump también se refirió al cierre del espacio aéreo venezolano, una decisión que atribuyó a que su gobierno no considera a Venezuela un país “amistoso”. Aunque evitó confirmar si esta medida anticipa acciones militares inminentes, pidió “no interpretar nada”. Añadió que en los últimos años habría ingresado a Estados Unidos un elevado número de personas provenientes de “cárceles, pandillas y redes de narcotráfico” venezolanas.

La decisión de Washington motivó que seis aerolíneas internacionales suspendieran sus vuelos hacia y desde Venezuela. Como represalia, el gobierno de Maduro revocó sus permisos y acusó a las compañías de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por Estados Unidos”.

Mientras la tensión bilateral escala y la presencia militar estadounidense en el Caribe alcanza niveles sin precedentes, los principales líderes opositores de Venezuela, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, aguardan que se produzca un cambio decisivo que permita iniciar una transición democrática y pacífica en el país.

Los números son contundentes y desarman cualquier intento de relato oficial: en los últimos dos años, las jubilaciones y pensiones en Argentina sufrieron una caída real del 10,3%, incluso después de contabilizar el bono de $70.000.

Lejos de una recuperación, los haberes mínimos continúan perdiendo contra la inflación, y lo mismo ocurre con otros beneficios previsionales. Las Pensiones No Contributivas (PNC) encabezan el deterioro, con una caída aún más profunda del 15,8% en su poder real.

Un diciembre que confirma el retroceso

El aumento previsto para diciembre no alcanza para revertir el daño acumulado. Para el grupo mayoritario —unos 5 millones de beneficiarios que dependen del bono de $70.000— la pérdida acumulada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 llegará al 10,3%.

Y la situación es todavía peor para otros sectores:

• PUAM: caída real del 13,9%.
• PNC: derrumbe del 15,8%.

En todos los casos, las pérdidas superan a las sufridas bajo administraciones anteriores. La realidad medida en datos contradice la narrativa oficial sobre una supuesta recomposición.

El contraste: quienes no reciben el bono

Paradójicamente, el único grupo que muestra mejoras es el de los 2 millones de jubilados que no cobran el bono. Para ellos, los ingresos mejoraron hasta un 13,2% real, recuperando una parte de lo perdido en años previos.

Cifras nominales frente a una inflación del 185%

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025:

• Haber mínimo + bono: $160.713 → $410.888 (+155,7%)
• PUAM: $139.570 → $342.704 (+145,5%)
• PNC: $128.599 → $308.616 (+140%)

Con una inflación acumulada que rondará el 185%, estas subas nominales explican la pérdida real.
A esto se suma un dato clave: el bono está congelado en hasta $70.000 desde marzo de 2024. Si se hubiera actualizado, debería superar los $160.000 en diciembre de 2025. Además, no forma parte del haber, ni cuenta para el aguinaldo, profundizando el deterioro mensual.

Una década de retrocesos: del 2017 a hoy

Cuando se amplía la mirada al período 2017–2025, la caída estructural se vuelve evidente. Frente al punto más alto del poder adquisitivo de la última década:

Sumado todo el período:

• Jubilados con bono: pérdida real acumulada del 33%.
• PUAM y PNC: pérdidas aún mayores.
• Jubilados sin bono: pese a la mejora reciente, siguen cerca del –40% respecto de 2017.

La Justicia reclama, el Gobierno dilata

El deterioro previsional ya tiene eco judicial. Diversos fallos de primera y segunda instancia en Salta, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata ordenaron reparar las pérdidas.
Aunque ANSES ajustó haberes en casos con sentencia firme, ha demorado el pago de retroactivos, lo que afecta directamente a adultos mayores que esperan definiciones urgentes.
A esto se suma el veto presidencial a la ley previsional recientemente aprobada, que contemplaba un aumento del 7,5% y la actualización del bono a $130.000.

El ajuste por inflación no alcanza

Un documento de la OCDE advierte que los países que actualizan solo por inflación sufren una pérdida del 17% respecto de la evolución salarial. Argentina no es la excepción.

El Gobierno reconoce que los haberes perdieron valor durante las gestiones anteriores, pero no adopta medidas para reparar esas pérdidas. La movilidad atada únicamente a la inflación consolida la caída histórica y excluye a los jubilados de cualquier mejora ligada al crecimiento económico o al aumento salarial.

No hay relato que pueda opacar lo que muestran las cifras:
los jubilados y pensionados que dependen del haber mínimo y del bono están hoy peor que hace dos años, y mucho peor que en 2017.

A partir de este lunes 1 de diciembre entrará en vigencia un nuevo incremento en los boletos de transporte público y en los peajes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el objetivo oficial de “recomponer el atraso de la tarifa”.

El ajuste será del 4,3% en la Ciudad de Buenos Aires y se sumará un 10% adicional en la Provincia de Buenos Aires.

Aumentos en la Ciudad de Buenos Aires

El nuevo esquema impactará en los colectivos porteños, el subte y los peajes. La Ciudad viene aplicando una actualización mensual equivalente al 2% más la inflación, por lo que el alza acumulada para diciembre llega al 4,3%.

En el transporte público, el boleto mínimo de colectivo pasará a costar $593,52. En el caso del subte, el valor por viaje aumentará a $1.206.

En cuanto a los peajes porteños, los valores en hora pico para autos quedarán en:

• $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo.
• $2.042,38 en la Illia.

Aumentos en la Provincia de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense, el boleto mínimo de colectivo ascenderá a $658, tras aplicarse el mismo aumento que en la Ciudad más un 10% extra agregado por la Provincia para diciembre.

Este reajuste genera tres tarifas distintas dentro del AMBA, ya que los colectivos de jurisdicción nacional tuvieron una suba previa en noviembre, fijando el boleto mínimo en $494,83.

Tarifas completas de colectivos porteños

En las 30 líneas administradas por el Gobierno de la Ciudad, las nuevas tarifas quedan así:

• $593,52 para trayectos de 0 a 3 km
• $659,50 entre 3 y 6 km
• $710,31 entre 6 y 12 km
• $761,15 entre 12 y 27 km

Las autoridades porteñas justifican el aumento en la necesidad de actualizar costos y sostener el plan de “modernización” de la flota de más de 1.600 unidades, que incluye validadores multipago, cámaras de seguridad y mejoras operativas. Además, avanzan en un proceso de reconversión hacia vehículos eléctricos o a gas, que será obligatorio a partir de 2027 para reemplazos de unidades.

Subte: más medios de pago y nuevo esquema de subsidios

En el subte, desde diciembre al menos un molinete por estación permite pagar también con tarjetas de débito, crédito y pagos sin contacto, lo que ya representa el 30% de las transacciones, según Emova.

Peajes: aumentos vinculados a obras y subsidios

Los incrementos en los peajes responden, según el Gobierno, a la necesidad de financiar el plan de obras públicas de AUSA, actualmente en sus primeras etapas.
La normativa vigente destina la recaudación de peajes de la siguiente manera:

• 10% para subsidiar la tarifa del subte
• 55% para obras viales
• 5% para la ampliación de la red subterránea
• El 40% restante para gastos operativos y mantenimiento de AUSA

¿Qué pasará en 2026?

El Presupuesto 2026, aprobado recientemente, mantiene el mismo mecanismo de actualización para transportes y autopistas de la Ciudad: ajustes mensuales del 2% más el índice de inflación, garantizando incrementos sostenidos durante todo el próximo año.

Entre noviembre de 2023 (mes previo al cambio de gestión nacional) y agosto de 2025, la Provincia de Buenos Aires perdió 4.660 empleadores y 90.069 trabajadores formales, encadenando 21 meses consecutivos de retroceso.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, reveló un fuerte deterioro del mercado laboral bonaerense durante lo que va del gobierno de Javier Milei. Entre noviembre de 2023 —mes previo al cambio de gestión nacional— y agosto de 2025, la Provincia de Buenos Aires perdió 4.660 empleadores y 90.069 trabajadores formales, encadenando 21 meses consecutivos de retroceso.

La cantidad de empresas con personal registrado cayó de 168.236 a 163.576, lo que representa una baja del 2,8%. La contracción afectó a prácticamente todas las ramas de actividad, especialmente a los sectores productivos con mayor peso en la economía provincial. De manera paralela, los trabajadores registrados pasaron de 3.233.720 a 3.143.651, también con una merma del 2,8%.

La industria manufacturera fue el sector más golpeado en términos absolutos, con 788 empleadores menos. Le siguieron la construcción (-762), comercio y reparación de vehículos (-725), transporte y almacenamiento (-708) y servicios inmobiliarios (-399). En términos porcentuales, los retrocesos más profundos se dieron en servicios extraterritoriales (-11,2%), construcción (-9,7%), actividades artísticas y culturales (-6,7%), servicios inmobiliarios (-6,7%) y transporte (-5,8%).

Solo tres rubros lograron mostrar un crecimiento en la cantidad de empleadores: actividades administrativas y servicios de apoyo (+6,5%), suministro de electricidad y gas (+1,1%) y servicios de asociaciones y personales (+0,9%).

La destrucción de empleo también fue generalizada. La industria volvió a encabezar la caída con 25.950 puestos de trabajo menos, mientras que la construcción —fuertemente afectada por la paralización de la obra pública— perdió 24.407. Transporte y almacenamiento completó el podio con 17.680 bajas.

Otros sectores con fuertes retrocesos fueron enseñanza (-9.436), administración pública (-8.991), actividades administrativas (-5.129) e intermediación financiera (-2.838). En términos porcentuales, la construcción registró la caída más marcada (-18%), seguida de servicios extraterritoriales (-12,1%) y transporte (-8,6%).

Aun en un contexto recesivo, siete actividades lograron sumar trabajadores: comercio (+7.093), agricultura (+2.989), salud (+2.541), minas y canteras (+201), electricidad-gas-agua (+112), servicios profesionales (+40) e información y comunicaciones (prácticamente estable, -359).

Golpe diferencial sobre pymes

La pérdida de empleadores se concentró casi por completo en pequeñas y medianas empresas: el 99,8% de la caída correspondió a firmas de hasta 500 trabajadores (4.652 menos). Las grandes compañías redujeron su número de empleadores apenas en ocho casos.

La destrucción de puestos laborales se distribuyó de forma pareja: 45.680 empleos menos en pymes y 44.389 en grandes empresas. En términos relativos, las firmas con más de 500 empleados recortaron 2,9% de su plantilla y las de menor tamaño 2,7%.