“Ya es la cuarta vez que lo solicito. Apenas terminado el proceso electoral del 7 de septiembre, lo primero que hice fue pedir públicamente trabajar juntos de manera efectiva”, afirmó el gobernador.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof insistió en su pedido de mantener una reunión con el presidente Javier Milei para abordar temas de infraestructura que dependen del Gobierno nacional. “Ya es la cuarta vez que lo solicito. Apenas terminado el proceso electoral del 7 de septiembre, lo primero que hice fue pedir públicamente trabajar juntos de manera efectiva”, remarcó.

Durante su participación en el 8° Congreso Internacional de Coninagro, Kicillof advirtió sobre la “incertidumbre macroeconómica” y criticó que la gestión nacional priorice variables financieras sin atender la situación de productores, pymes y cooperativas. “No puede ser que a la macroeconomía no le importe la microeconomía”, subrayó.

El mandatario destacó la obra pública provincial como motor de desarrollo y permanencia en el interior bonaerense, con inversiones en caminos rurales, conectividad y escuelas. También reclamó la reactivación del dragado de la Cuenca del Salado, paralizado por la Nación pese a contar con créditos internacionales. Según Carbap, dos millones de hectáreas están hoy bajo agua en Buenos Aires, afectando gravemente al sector productivo.

En materia agropecuaria, defendió políticas segmentadas para pequeños y medianos productores y resaltó el papel de las cooperativas como “herramienta fundamental para sostener la vida en el interior”. A la vez, cuestionó el sesgo del Gobierno nacional hacia la concentración económica y el monopolio.

Sobre su vínculo con Milei, Kicillof reiteró que mantiene la disposición al diálogo: “Respeto las diferencias, pero como gobernador de la provincia más grande del país tengo la obligación de pedir una reunión de trabajo. Todavía no tuve esa oportunidad”.

El proyecto de Presupuesto 2026 del Gobierno expone un panorama inquietante: la economía argentina enfrentará un déficit comercial persistente hasta 2028, aun en un contexto de crecimiento exportador.

Según los datos oficiales, las exportaciones crecerán en sectores estratégicos como el agro, la minería y Vaca Muerta. Sin embargo, las importaciones aumentarán aún más rápido, erosionando cualquier posibilidad de equilibrio. El resultado es un saldo comercial negativo sostenido, que contrasta con el superávit estimado para 2024.

La administración de Javier Milei proyecta un crecimiento del 5,4% en 2025 y 5% en 2026, pero este repunte se traduciría en mayor demanda de importaciones. Además, un tipo de cambio que se movería con lentitud dejaría un peso más apreciado hacia 2028, afectando la competitividad. Para ese año, el déficit comercial treparía a casi USD 7.000 millones, frente a un superávit superior a USD 16.600 millones previsto para 2024.

Proyecciones poco realistas

Consultoras como Equilibra y Abeceb advierten que las proyecciones oficiales son excesivamente optimistas. Anticipan un crecimiento del PBI más bajo, cuestionan la sustentabilidad del superávit primario y alertan sobre la fragilidad cambiaria. A esto se suma la presión por acumular reservas en el Banco Central, lo que genera dudas sobre la viabilidad del plan.

Comercio exterior bajo presión

El déficit proyectado responde al exceso de importaciones, incluso con exportaciones en ascenso. Para Equilibra, resulta improbable mantener un crecimiento del comercio exterior del 8% anual. La apertura de importaciones y el avance del comercio electrónico también amenazan a la industria local, restando margen de recuperación al sector productivo.

Incertidumbre en empleo y consumo

Con salarios en retroceso, bajo crédito y un consumo limitado por políticas fiscales restrictivas, el escenario hacia adelante luce complejo. El Presupuesto 2026 se presenta como un plan de crecimiento, pero las señales de déficit, debilidad cambiaria y dudas de financiamiento dibujan un horizonte plagado de incertidumbre para la economía argentina.

Alejandro Álvarez, uno de los principales impulsores del recorte a las universidades, hizo política en la UBA a pesar de no haber logrado ingresar a la Facultad de Ciencia Política. En la actualidad es profesor interino en el CBC, ya que nunca concursó.

En la previa al debate por los vetos en el Congreso, Alejandro Álvarez, actual Secretario de Políticas Universitarias del gobierno de Javier Milei, acusó a los rectores de universidades nacionales de percibir “sueldos millonarios” y cuestionó con dureza la política universitaria. Sin embargo, su propio paso por la Universidad de Buenos Aires está rodeado de inconsistencias.

Álvarez, uno de los principales impulsores del recorte presupuestario a las universidades, nunca logró ingresar formalmente a la carrera de Ciencia Política en la UBA y, según fuentes académicas, no aprobó ni una sola materia del Ciclo Básico Común (CBC). A pesar de ello, hoy se desempeña como profesor interino en el mismo ciclo, cargo al que accedió sin haber concursado.

Aunque el funcionario desmintió haber hecho militancia estudiantil, distintos testigos lo recuerdan como uno de los fundadores de la agrupación La Vallese, con fuerte presencia en la Facultad de Ciencias Sociales. “Jamás fui estudiante de la UBA, jamás hice política en la UBA”, se defendió Álvarez en redes sociales. Sin embargo, excompañeros sostienen que fue desplazado de la agrupación que ayudó a crear, la cual posteriormente se transformó en la UES.

La controversia se suma a otros antecedentes de funcionarios del actual gobierno con trayectorias universitarias fallidas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, permaneció casi siete años en la Universidad Nacional de La Plata, donde fue reprobado varias veces en materias clave como Macroeconomía, Microeconomía y Álgebra II. Recién en 2005, al ingresar a la UADE, pudo completar la carrera de Contador Público en cinco años.

Para críticos del oficialismo, el caso de Álvarez evidencia una fuerte contradicción: quienes encabezan el ajuste y deslegitimación de la universidad pública no lograron completar, o siquiera atravesar con éxito, sus propios estudios en el sistema que hoy cuestionan.

Lejos de la desinflación que insiste en mostrar el oficialismo, el INDEC informó este miércoles que la inflación mayorista trepó en agosto al 3,1%, el registro más alto de los últimos meses.

El dato encendió alertas porque se ubicó muy por encima de la tendencia que buscaba consolidar el Gobierno. El aumento estuvo impulsado tanto por los productos nacionales, que en promedio subieron un 3,1%, como por los importados, que avanzaron un 2,9%.

En el desglose de los productos nacionales, los primarios registraron un alza del 4,4%, los manufacturados un 2,8% y la energía eléctrica apenas un 0,1%. Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron los agropecuarios, los refinados del petróleo, vehículos y repuestos, sustancias químicas, textiles y alimentos y bebidas, que subieron hasta un 1,6%.

#DatoINDEC
Los precios mayoristas aumentaron 3,1% en agosto de 2025 respecto del mes previo y 22,1% interanual https://t.co/RcX4uh2FjI pic.twitter.com/QRwcpJUKbp

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 17, 2025

El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un incremento del 3,3%, mientras que el índice de precios básicos del productor (IPP) escaló 3,5%, impulsado por un fuerte aumento de los productos primarios (5,9%).

La cifra genera inquietud dentro del propio Gobierno. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, han señalado que los precios mayoristas suelen anticipar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que se espera un impacto en la inflación minorista de septiembre.

En la comparación interanual, los precios mayoristas acumulan una suba del 22,1%, y en lo que va de 2025 ya se incrementaron un 15,7%.

Para Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, los datos confirman una aceleración: “Ya en septiembre nuestros relevamientos muestran que el IPC se ubicaría en torno al 2,5% o algo más. No vemos aún un salto cambiario como en otras etapas, pero sí una aceleración inflacionaria que refleja la pérdida de poder adquisitivo de la moneda”, advirtió.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan lanzó una grave denuncia: acusan al Gobierno de retener y colocar en fondos de inversión 40 mil millones de pesos pertenecientes al hospital pediátrico.

“Los funcionarios que dicen que no hay plata se guardaron 40 mil millones”, afirmó Norma Lezana, secretaria general del gremio, al revelar que una parte de la recaudación del hospital terminó en un “fondo de inversión de (Luis) Caputo”, en lugar de destinarse a salarios e infraestructura.

Según explicó, el dinero retenido corresponde a la facturación del llamado tercer pagador (obras sociales y prepagas), que representa el 35% de las prácticas médicas realizadas en el hospital. Esos fondos, que deberían reforzar salarios bajo el concepto de “recursos genuinos” y financiar obras, habrían sido desviados al Fondo de Inversión Carlos Pellegrini, administrado por el Banco Nación.

La dirigente gremial calificó el hecho como un “escándalo” y señaló que los trabajadores del Garrahan están “conmocionados”. Al mismo tiempo, denunció que desde la conducción del hospital respondieron de manera cínica que, si la acusación es cierta, “hagan un juicio”.

La diputada Victoria Tolosa Paz respaldó la denuncia y apuntó directamente al ministro de Economía: “El Gobierno de Javier Milei entregó ese dinero a Caputo para mantener el dólar barato, desviándolo de su función principal, que era reforzar el presupuesto del Garrahan y los sueldos de sus trabajadores”.

Lezana advirtió que la situación impacta de lleno en las condiciones laborales: “Ese dinero debe ir al bolsillo de los trabajadores y a las obras que necesita el hospital. Hoy los salarios arrastran una pérdida del 70% desde noviembre de 2023, y mientras tanto nos dicen que no hay plata”.

La APyT anunció que continuará con medidas de visibilización y movilización, junto a la comunidad hospitalaria, familiares y organizaciones sociales y de derechos humanos, para exigir que se restituyan los fondos y se termine con lo que califican como una estafa contra los trabajadores y contra la salud pública pediátrica.

El presidente Javier Milei recibió este martes un revés parlamentario sin precedentes: la Cámara de Diputados derribó por amplísimas mayorías sus vetos al financiamiento universitario y a la ley de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan.

El golpe político se consumó gracias al frente común que articularon el peronismo, el bloque de Miguel Ángel Pichetto, los distintos sectores del radicalismo y la izquierda, con el respaldo clave de legisladores que responden a gobernadores y ex aliados desencantados de la Casa Rosada.

Los resultados dejaron en evidencia la magnitud de la derrota oficialista:

• Garrahan: 181 votos contra el veto presidencial y apenas 60 a favor.
• Universidades: 174 votos contra el veto y 67 a favor.

Se trata de una de las votaciones más adversas que haya enfrentado un presidente en la historia reciente, y deja al gobierno libertario en una situación de extrema fragilidad parlamentaria y de desprestigio social.

El volantazo de bloques que hasta hace poco se mostraban cercanos al oficialismo fue decisivo: el MID, la bancada de Marcela Pagano, los misioneros de Carlos Rovira, las diputadas sanjuaninas de Marcelo Orrego y, en una sorpresa final, legisladores santafesinos cercanos a Patricia Bullrich.

Pese a los intentos de Balcarce 50 por instalar la idea de un trasfondo “golpista”, voces de peso como la de Pichetto desmontaron ese argumento y remarcaron que el objetivo era garantizar recursos razonables para las universidades y el Garrahan en 2025. “Si este Congreso no tenía sensibilidad, se entraba en una crisis terminal en la educación superior y en un estandarte de la salud pública”, advirtió el exsenador.

El oficialismo intentó negociar hasta último momento con los gobernadores, ofreciendo fondos a través de ATN, pero la jugada terminó en un fracaso rotundo y marcó la primera gran caída del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.

La jornada legislativa quedó marcada como un hito: el Congreso, con apoyos transversales y mayorías abrumadoras, infligió a Javier Milei una paliza histórica y decisiva que desnuda la debilidad política del oficialismo y anticipa un escenario de fuerte aislamiento para el presidente.

El ex presidente Eduardo Duhalde lanzó una fuerte advertencia sobre el futuro político de Javier Milei, al señalar que una derrota electoral en octubre podría poner en riesgo la continuidad de su mandato.

“Es muy posible que peligre la continuidad del Presidente si pierde en octubre”, afirmó en diálogo con El Destape 1070, al analizar la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Según sostuvo, un revés electoral dejaría a Milei en “una situación muy difícil”, agravada por los juicios por corrupción que lo rodean y por el enojo creciente de la ciudadanía.

Duhalde también apuntó contra la interpretación oficialista de los resultados: “Milei no hace una lectura correcta del resultado electoral, pero tampoco sé qué podría hacer cuando el gran problema que tienen ellos está vinculado con la corrupción y con el enojo de la gente”.

🗣️"Si el Gobierno pierde en octubre lo pondría en una situación muy difícil"

Eduardo Duhalde se refirió a la continuidad de Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo en caso de perder en las elecciones legislativas nacionales#PaloyZanahoria 🥕 pic.twitter.com/8dsm2zZ6lb

— El Destape 1070 (@eldestape_radio) September 16, 2025

Si bien aclaró que no vislumbra un escenario de Asamblea Legislativa porque “tenemos vicepresidente”, insistió en que la gobernabilidad del oficialismo quedaría seriamente comprometida tras un eventual tropiezo en las urnas.

En cuanto a la política provincial, destacó que el gobernador bonaerense Axel Kicillof “acertó con el desdoblamiento electoral” y consideró que esta estrategia fue clave para la victoria en Buenos Aires: “Sin el desdoblamiento, este resultado no se hubiese dado. Gracias a esto y al triunfo bonaerense, ahora estamos más convencidos de que se puede ganar bien el mes que viene”.

Sobre el plano nacional, Duhalde cuestionó la reciente cadena nacional en la que Milei anunció el envío del Presupuesto 2026 al Congreso. Aunque reconoció que el mandatario “quiere cambiar su forma de ser” y lo notó “muy ordenadito hablando”, remarcó que “no entiende la importancia de la producción” y que el país “está muy quedado en el sector productivo”.

Finalmente, recordó que Milei llegó al poder “por los defectos de los gobiernos anteriores” y puso en duda su optimismo: “Lo veo absolutamente convencido cuando dice que lo peor ya pasó, pero es muy difícil convencer a quienes ya hemos gobernado”.

El presidente Javier Milei incluyó en el proyecto de Presupuesto 2026 la eliminación de la ampliación del régimen de Zona Fría, lo que implica un cambio drástico para millones de usuarios de gas en la provincia de Buenos Aires y en otras regiones del país.

De prosperar la iniciativa, quienes hoy reciben descuentos del 30% y 50% en sus facturas volverán a pagar tarifas plenas en un contexto económico marcado por el ajuste y la pérdida de poder adquisitivo.

La medida figura en el artículo 72 del proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso, donde se derogan los artículos centrales de la Ley 27.637, sancionada en 2021. Esa norma extendió el beneficio original —vigente desde 2002 para zonas de climas extremos como la Patagonia, la Puna y Malargüe— hacia distritos templados y cálidos-templados. Gracias a esa ampliación, más de 3,1 millones de hogares accedieron a tarifas diferenciales en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y San Luis.

Con la derogación propuesta por Milei, solo quedarían dentro del esquema los 850.000 usuarios del régimen original de 2002. El resto perdería los descuentos: 30% para usuarios residenciales y de gas por redes, y 50% para beneficiarios de la Tarifa Social y hogares vulnerables registrados en ANSES.

Desde el Gobierno nacional argumentaron que la medida responde a la necesidad de “racionalizar subsidios” y sostener el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales de la política económica oficial. Sin embargo, para los distritos afectados, el recorte se traducirá en un fuerte impacto en el bolsillo, especialmente en un contexto de inflación persistente y caída del poder adquisitivo.

No es la primera vez que el Ejecutivo avanza sobre el tema. Durante el debate de la Ley Bases, Milei ya había intentado restringir el beneficio exclusivamente a las provincias del sur, aunque la propuesta fue rechazada en el Senado. En mayo, el Gobierno aplicó un ajuste parcial reduciendo los descuentos para usuarios con más de un medidor.

Con el Presupuesto 2026, la apuesta se redobla: municipios bonaerenses como Azul, Olavarría, Saladillo, Bolívar y Tandil, entre muchos otros, quedarían excluidos del beneficio, pese a su alto consumo de gas para calefacción durante gran parte del año.

Rechazo en el Congreso

El diputado bonaerense Gustavo Pulti (Unión por la Patria) cuestionó duramente la decisión de Milei y pidió al Congreso que restituya el beneficio. “Estos descuentos no solo aliviaron el bolsillo de los hogares; también sostuvieron el consumo, ayudaron a las pymes, dieron aire a los comercios y fueron un alivio fundamental para jubilados, pensionados y personas con discapacidad”, señaló.

Repudiamos la decisión de Milei de derogar los beneficios de la Zona Fría y reclamamos al Congreso Nacional que restituya el beneficio.

Una decisión que afecta al Partido de General Pueyrredón y al sur y sudeste de la Provincia de Buenos Aires

La Ley 27.637, sancionada en 2021,… pic.twitter.com/hK7gR91BpB

— Gustavo Pulti (@GustavoPulti) September 16, 2025

Según el legislador marplatense, “quitar los descuentos es encarecer la vida diaria y reducir aún más el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones ya deterioradas”. Además, advirtió que la medida “debilitará la actividad económica, profundizará la recesión y golpeará a los sectores más vulnerables”.

Más allá de los discursos oficiales, los números son claros: el Presupuesto 2026 proyecta un nuevo recorte en la inversión destinada a la educación universitaria.

En términos del Producto Bruto Interno (PBI), la partida para el sector pasó de representar el 0,718% en 2023 a 0,569% en 2024, descendió a 0,495% en 2025 y, de acuerdo al proyecto enviado por Javier Milei al Congreso, caerá todavía más en 2026, hasta el 0,462%.

Este retroceso se produce en vísperas de una masiva movilización universitaria convocada para este miércoles 17 en la Plaza de los Dos Congresos, donde se busca respaldar el rechazo parlamentario al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

La comparación histórica tampoco deja lugar a dudas: el nivel de inversión proyectado para 2026 es equivalente al de 2003, cuando el país aún trataba de recuperarse de la crisis de 2001.

El deterioro se refleja también en los salarios docentes, que se redujeron un 29,1% entre noviembre de 2023 y agosto de 2025. Según datos del Consejo Universitario Nacional, alrededor de 10.000 docentes dejaron sus cátedras en los últimos años. El organismo calcula que se necesitarían 7,3 billones de pesos para sostener el sistema en condiciones mínimas, pero el proyecto oficial prevé solo 4,8 billones.

Para Claudio Martínez, periodista y divulgador científico, esta caída presupuestaria revela la raíz del conflicto: “Las universidades son fábricas de conocimiento. Su modelo económico no necesita un país de personas cultas y formadas”.

El debate parlamentario y la movilización social de esta semana marcan un punto de inflexión: no se trata únicamente de un presupuesto, sino de la definición del rumbo que tomará el país en relación con el conocimiento, la innovación y el futuro de la educación pública.

El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al expresidente del Banco Nación durante el gobierno de Macri, Javier González Fraga, y a su entonces vice, Lucas Llach, junto a otros 24 exdirectores del Banco Nación y de la agroexportadora Vicentin, en el marco de la causa que investiga un presunto fraude contra el Estado por más de US$260 millones.

La decisión judicial, tomada tras un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita luego de cinco años de pesquisa, incluyó también la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para los imputados, con el objetivo de evitar maniobras de ocultamiento patrimonial.

Los implicados

Entre los convocados figuran, además de González Fraga y Llach, el exdirector del Nación Carlos Castellani. Por parte de Vicentin fueron citados Daniel Buyatti, Alberto Macua, Herman y Roberto Vicentin, Martín Colombo y Máximo Padoan, integrantes de la cúpula que llevó a la empresa a la cesación de pagos en 2019.

La acusación

De acuerdo con la fiscalía, entre agosto y diciembre de ese año, las autoridades del Banco Nación concedieron créditos irregulares a Vicentin aun cuando la compañía ya acumulaba deudas impagas, había perdido su calificación crediticia y se encontraba en riesgo de default.

La operatoria incluyó la liberación de garantías, la otorgación de nuevos préstamos por más de US$105 millones y la simulación de un plan de cobro que en los hechos favoreció la falta de pago. Parte de esos fondos —alrededor de US$16 millones— habrían sido derivados a cuentas en paraísos fiscales, mientras que otra porción se encubrió mediante facturación apócrifa por casi $223 millones.

El fiscal Pollicita señaló que los funcionarios macristas del Nación “se apartaron deliberadamente de la conducta debida para beneficiar a los empresarios, en claro perjuicio del Estado”.

Lo que viene

Las indagatorias se llevarán a cabo entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre. Están citados exdirectores, gerentes y síndicos del banco, así como los principales responsables de la agroexportadora.

El tribunal destacó la “gran complejidad” de los hechos, que involucran a una de las compañías más influyentes del sector agroindustrial y al mayor banco público del país.

Lo que en su momento se presentó bajo el lema “Somos todos Vicentin”, hoy aparece resignificado: cuando se defrauda al Estado, los estafados “somos todos”.