El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó a Patricia Bullrich y el gobierno nacional por las cifras de homicidios dolosos difundidas la semana pasada.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional, Javier Milei, y referentes de La Libertad Avanza y el PRO, acusándolos de manipular políticamente el tema de la seguridad y “caranchear con el dolor” de la gente.

Las declaraciones del mandatario bonaerense llegaron tras la difusión de las estadísticas oficiales sobre homicidios dolosos, que indican una baja en la tasa nacional —3,8 por cada 100.000 habitantes en 2024—, calificada por el propio Gobierno como la más baja de Sudamérica y la menor desde que existen registros en el país. Sin embargo, Kicillof advirtió que “cuando ocurre un hecho trágico en la Provincia, desde el Gobierno Nacional se caranchea con el dolor y se explota la angustia de la gente para sacar ventajas políticas”.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Kicillof señaló que en la provincia de Buenos Aires la caída de homicidios fue incluso mayor al promedio nacional, con un descenso del 10,2%. Pero enfatizó que el enfoque del oficialismo nacional sobre el tema resulta oportunista: “La seguridad no se construye con marketing o frases efectistas. La motosierra no lleva protección ni paz a ningún barrio”.

Hace unas horas el Ministerio de Seguridad nacional comunicó que la tasa de homicidios dolosos está en su nivel más bajo en décadas: en lo que va de 2025, el propio Gobierno Nacional celebra una baja en los homicidios del 9,6% con respecto al año anterior. En la Provincia, ese…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 26, 2025

El gobernador también puso en evidencia lo que consideró una contradicción del Gobierno de Javier Milei. “Frente a cada episodio de inseguridad grave, el Presidente se desentiende y afirma que la seguridad es responsabilidad de los gobernadores. ¿En qué quedamos? ¿Es mérito del Gobierno Nacional cuando las cifras mejoran y culpa de las provincias cuando hay problemas?”, cuestionó.

En un tono firme, Kicillof desmintió la narrativa oficialista sobre la situación en territorio bonaerense: “Al licenciado Milei, que le gusta repetir que la provincia ‘es un baño de sangre’, se le escapa una verdad importante: es matemáticamente imposible que los homicidios bajen a nivel nacional si la Provincia —que representa cerca de la mitad del país— fuera realmente un ‘baño de sangre’”.

La seguridad no se construye con marketing o frases efectistas y la motosierra no lleva protección ni paz a ningún barrio. Se necesita coordinación, seriedad y responsabilidad. Es, además, una cuestión de múltiples dimensiones, por lo que necesita una política coordinada de todas…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 26, 2025

El mandatario también apuntó contra la alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, a la que responsabilizó de utilizar el miedo como herramienta de campaña. “Se vienen elecciones, pero no todo vale por un voto”, advirtió, y reclamó que “los funcionarios y candidatos de La Libertad Avanza se abstengan de hacer una explotación política del miedo y del dolor”.

Finalmente, exigió al Gobierno nacional la devolución de los fondos de coparticipación que, según denunció, fueron recortados a la provincia. “Esos recursos, que estaban destinados a cuidar a las y los bonaerenses, equivalen a la compra de 10.000 patrulleros”, remarcó Kicillof, quien insistió en la necesidad de “un Estado sensible, presente y protector”.

La empresa Molinos Rio de la Plata anunció despidos y rebajas salariales, dos medidas drásticas que desde la firma fueron justificadas por “la caída de las ventas”. 

La profunda recesión económica y el desplome del consumo ya impactan de lleno en el corazón del sector alimenticio. Molinos Río de la Plata, una de las compañías más emblemáticas del país y parte del poderoso Grupo Pérez Companc, anunció un fuerte ajuste que incluye despidos y recortes salariales. La firma justificó estas medidas en la caída sostenida de las ventas y en un contexto de precios regulados por debajo del incremento de costos.

Desde la planta ubicada en Esteban Echeverría, la Comisión Interna denunció que la empresa puso en marcha un proceso de reducción de personal que “deja la operación en la ilegalidad” y compromete seriamente la seguridad laboral. “Quieren producir lo mismo con menos trabajadores, lo que pone en riesgo la salud de quienes permanecen y condena al desempleo a cientos de familias”, alertó Luciano Greco, delegado gremial.

Según el gremio, la empresa pretende recortar adicionales salariales de convenio y achicar la planta de personal, afectando a unos 200 puestos de trabajo. Estas decisiones, afirman los trabajadores, se dan en un contexto de creciente precarización, donde incluso se estarían ocultando denuncias de accidentes laborales ante la ART y desconociendo licencias médicas.

La empresa, por su parte, informó que atraviesa un delicado momento financiero. En su último balance, reportó una pérdida neta de $5.460 millones durante el primer trimestre del año. Molinos explicó que esta caída se debe a un consumo interno deprimido y a que los precios de sus productos aumentaron apenas un 8,4% interanual, frente a una inflación del 55,9%, mientras que sus costos escalaron un 24% en el mismo período.

A pesar de haber logrado un leve repunte del 6,1% en volumen de ventas, la compañía no logró sostener su rentabilidad, lo que derivó en un fuerte ajuste que ahora impacta directamente en sus trabajadores.

En un país donde la crisis golpea transversalmente a la industria, el caso de Molinos Río de la Plata evidencia que ni las empresas más grandes y consolidadas son inmunes al deterioro económico. El conflicto laboral abierto en sus plantas no solo expone el drama del empleo en la Argentina actual, sino que también refleja cómo la política económica nacional y la caída del consumo están erosionando la capacidad productiva de sectores clave.

Aprovechando la visita oficial de Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. y figura envuelta en múltiples controversias por sus posturas conspirativas, el Ministerio de Salud argentino anunció una serie de reformas estructurales que siguen los mandatos impuestos desde Washington.

El gobierno de Javier profundiza su alineamiento incondicional con los Estados Unidos, y esta vez lo hace en un área clave de la soberanía nacional: el sistema de salud. Aprovechando la visita oficial de Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. y figura envuelta en múltiples controversias por sus posturas antivacunas, el Ministerio de Salud argentino anunció una serie de reformas estructurales que siguen de cerca el modelo impulsado desde Washington, expandiendo las áreas de injerencia como ya sucedió con seguridad, energía y defensa.

Presentadas como una “modernización basada en evidencia científica”, las medidas apuntan a una “revisión profunda” del funcionamiento de los organismos nacionales de salud. Bajo el discurso de combatir la burocracia y actualizar normas, se abre paso a una reforma que responde más a la agenda de intereses extranjeros que a las necesidades del pueblo argentino. Todo esto sucede mientras el gobierno formaliza su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alejándose de consensos sanitarios internacionales y acercándose peligrosamente a posturas pseudocientíficas que han generado preocupación global.

La reunión entre Kennedy Jr. y los ministros Mario Lugones y Federico Sturzenegger dejó en claro la sintonía ideológica: desregulación de obras sociales y prepagas, promoción de biosimilares sin regulación firme, implementación de receta electrónica, y reducción de estructuras estatales. Esta hoja de ruta no es otra cosa que una reproducción del modelo estadounidense que Kennedy Jr. viene promoviendo, incluso a costa de miles de empleos en la FDA y los CDC en su propio país.

Resulta alarmante que una figura tan cuestionada como Kennedy Jr., acusado de difundir desinformación sobre vacunas, con teorías desacreditadas incluso por su propia familia, sea recibida como socio estratégico para reconfigurar el sistema sanitario argentino.

Sus afirmaciones infundadas sobre el autismo, la seguridad de las vacunas, y su campaña contra la inmunización han sido refutadas ampliamente por la comunidad científica internacional. Sin embargo, es ahora él quien parece tener influencia directa sobre las políticas de salud pública en nuestro país.

La supuesta “eficiencia” que promueve Kennedy —basada en recortes, privatizaciones y un Estado ausente— ya ha mostrado sus consecuencias en EE.UU.: un sistema costoso, desigual, y con pobres resultados sanitarios. Exportar ese modelo a la Argentina no es solo un acto de imprudencia, sino una claudicación de la soberanía sanitaria.

Así, con cada paso, el gobierno de Javier no hace más que confirmar su vocación de subordinación: desde las decisiones económicas hasta las políticas de salud, el Estado argentino se entrega sin condiciones a los intereses de Washington, incluso cuando estos van en contra de la evidencia, la salud pública y los derechos de la ciudadanía.

Milei lo puso a frente de la empresa de energía nuclear NASA. Cobra tres veces más que el Presidente, pero en su gestión no registra avances de hecho incluso se canceló el proyecto CAREM, la primera central nuclear de potencia 100% argentina.

Demian Reidel, amigo personal de Javier Milei y actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), cobra más de $14 millones mensuales mientras el Plan Nuclear que él mismo encabeza sigue completamente paralizado. Fue nombrado el 23 de abril y desde entonces no hay avances concretos, más allá de viajes y discursos vacíos.

Con un sueldo que triplica el del propio Presidente y supera ampliamente al de ministros, jueces y legisladores, Reidel se convirtió en uno de los funcionarios mejor pagos del país, en plena era del “ajuste más grande de la historia”. Todo esto, mientras no presenta resultados y frena proyectos clave para el desarrollo energético nacional.

Por presión de Estados Unidos —según señalan fuentes cercanas al sector—, Reidel habría congelado el proyecto CAREM, el reactor modular 100% argentino que representa uno de los hitos más ambiciosos del sistema científico-tecnológico local. El desarrollo de este reactor estaba en una etapa crítica de construcción, pero quedó suspendido sin una explicación clara a nivel oficial.

El contraste con el discurso libertario no podría ser más evidente: mientras miles de trabajadores del Estado fueron despedidos y se recortan fondos a ciencia, educación y salud, un asesor presidencial cobra más de 46 veces el salario mínimo y encabeza un plan que no avanza.

El Plan Nuclear, presentado con bombos y platillos en diciembre junto al jefe del OIEA, Rafael Grossi, no cuenta con respaldo en la comunidad científica y ha sido cuestionado por sus objetivos vagos y poco realistas. Ni siquiera hay precisiones sobre la anunciada “ciudad nuclear en la Patagonia”.

Reidel se mostró recientemente en Francia, en reuniones con empresarios y acompañado por el embajador argentino, Ian Sielecki. Desde allí volvió a repetir su intención de construir reactores modulares en cinco años, aunque no detalló ni financiamiento, ni cronograma, ni capacidad técnica nacional para semejante ambición.

Mientras tanto, Nucleoeléctrica sigue en funcionamiento gracias al esfuerzo de casi 3.000 trabajadores, que cobran un salario promedio muy inferior al del presidente de la empresa, y genera el 10% de la matriz eléctrica del país. En lo que va del año, facturó más de $264 mil millones sin recibir transferencias del Tesoro.

La única certeza, por ahora, es que Reidel cobra su sueldo religiosamente cada mes. Y que el Plan Nuclear, como su Consejo de Asesores, está en vía muerta.

El gobierno de Milei redujo drásticamente los montos de las becas Pogresar en un 44%, utilizadas por sectores de bajos ingresos para reducir la desigualdad educativa.

El gobierno de Javier Milei continúa profundizando el ajuste sobre los sectores más vulnerables. En lo que va de su gestión, ya fueron recortados 500 mil beneficiarios del programa Progresar, una política pública clave para garantizar el derecho a la educación de jóvenes de sectores populares.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), además de la brutal reducción en la cobertura, el poder adquisitivo de las becas se desplomó un 44%, producto del congelamiento de los montos y la aceleración inflacionaria. Esta combinación de recortes y licuación se traduce en un ahorro fiscal acumulado de casi 90% en términos reales hasta fin de 2024, una cifra que revela con claridad hacia dónde se dirige el plan de ajuste.

A pesar de que el presupuesto 2025 proyecta alcanzar a 1,5 millones de estudiantes, en 2024 el programa apenas llega a un millón, incluso contando con una asignación presupuestaria mayor en términos reales. Lejos de revertir la situación, el CEPA advierte que el ajuste continuará: para este año se estima una reducción adicional del 18% y no se descartan nuevos recortes en el número de beneficiarios.

El valor real de la beca también cayó de manera dramática: mientras que para equiparar el poder adquisitivo de abril de 2015, un estudiante debería recibir hoy $127.186 mensuales, actualmente perciben solo $35 mil, un monto que queda muy por debajo de cualquier umbral de dignidad educativa.

El desfinanciamiento del programa y el achicamiento de su alcance son una muestra más de que el ajuste no es “parejo”, sino que recae de forma directa y desproporcionada sobre quienes más necesitan del Estado para garantizar derechos básicos como la educación.

El programa Progresar, creado en 2014, tiene como objetivo brindar apoyo económico a jóvenes de entre 18 y 24 años que estudian y pertenecen a hogares con ingresos bajos, siendo un instrumento fundamental para reducir la desigualdad educativa. Actualmente se compone de tres líneas: Progresar Obligatorio (secundario), Progresar Superior (niveles terciario y universitario), y Progresar Trabajo (formación profesional).

Con los actuales recortes, la política educativa inclusiva que representaba Progresar está siendo vaciada, en el marco de un plan de ajuste que, una vez más, golpea primero y más fuerte a los sectores populares.

Con el presidente Javier Milei y todos sus ministros presentes, el arzobispo hizo un crudo diagnóstico de la situación social y política del país, denunció la inequidad estructural, criticó el avance del odio y reclamó con fuerza el regreso del diálogo y la empatía.

En una intervención cargada de gravedad y firmeza, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció un discurso demoledor durante el Tedeum celebrado este 25 de mayo en la Catedral Metropolitana. Con el presidente Javier Milei y todos sus ministros presentes, el líder religioso hizo un crudo diagnóstico de la situación social y política del país, denunció la inequidad estructural, criticó el avance del odio y reclamó con fuerza el regreso del diálogo y la empatía.

“Argentina sangra”, afirmó sin eufemismos. “Sangra por las heridas de la inequidad, del individualismo, de la desconfianza y de la falta de sentido de comunidad.” Sus palabras resonaron con fuerza en un templo colmado de tensión, en contraste con la fría actitud del Presidente, quien evitó incluso le negó el saludo a su vicepresidenta Victoria Villarruel y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

García Cuerva no esquivó ningún tema: habló de la exclusión, de los jubilados olvidados, de las personas en situación de calle, de los jóvenes atrapados por el narcotráfico, y del dolor silenciado de millones. “Nuestro país también sangra —dijo— por las promesas incumplidas, por los años de estafas electorales que nos hicieron perder las ganas de participar.”

Con un tono severo, cuestionó a quienes ejercen el poder desde la lejanía social: “Argentina sangra en la inequidad entre los que lo laburan todo y los que viven de privilegios, alejados de la calle, del transporte público, del precio real de las cosas.” Sin mencionar nombres, sus palabras fueron claramente dirigidas a la élite gobernante, señalando la desconexión con la vida cotidiana de la mayoría.

El arzobispo también arremetió contra el clima de odio y violencia verbal: “Hemos pasado todos los límites. La descalificación, el destrato y la difamación se han vuelto moneda corriente. Necesitamos frenar urgentemente el odio y recuperar la cultura del encuentro.”

Sin perder la esperanza, afirmó con fuerza que “Argentina no está muerta, está adormecida por la indiferencia y el individualismo”, y apeló a construir un país desde la fraternidad y la memoria colectiva, recordando las palabras del Papa Francisco y del Premio Nobel Elie Wiesel.

“Basta de arrastrarnos en el barro del odio”, sentenció. “Es hora de levantarnos como Nación, pero no a empujones ni con un ‘sálvese quien pueda’. Es con todos, mirándonos a la cara, reconociendo el rostro concreto del otro.”

Finalmente, con tono casi de súplica, García Cuerva cerró con un llamado urgente a la unidad: “Las nuevas generaciones merecen un país reconciliado, curado y de pie. Que el pan que compartamos no sea el pan duro del odio ni el pan viejo de la indiferencia, sino el pan vivo de la esperanza.”

Su homilía, profunda y valiente, dejó en claro que la Iglesia no se mantendrá en silencio ante el dolor del pueblo. Y aunque no lo nombró directamente, el mensaje fue un abierto y contundente llamado de atención al rumbo que hoy toma el país bajo el actual gobierno.

En nombre del ajuste pero con una clara finalidad ideológica, Javier Milei, elimino por decreto el organismo que tiene como objetivos la investigación y divulgación de la obra del creador de la bandera y uno de los máximos proceres del país.

En un acto que ha generado una profunda indignación en amplios sectores de la sociedad y académicos, el gobierno de Javier Milei dispuso por decreto la disolución y fusión de organismos dedicados a la preservación y difusión de la historia argentina, en lo que se perfila como una ofensiva de revanchismo ideológico sin precedentes. El Decreto 346/2025, publicado en el Boletín Oficial, ordena la eliminación del Instituto Nacional Belgraniano, junto al Instituto Browniano y el Instituto Newberiano, tres pilares en la transmisión de la memoria de figuras fundacionales como Manuel Belgrano, Guillermo Brown y Jorge Newbery.

La medida, ejecutada de manera unilateral, ha sido interpretada como parte de un claro plan de vaciamiento cultural y aniquilación simbólica del pasado nacional, mientras el presidente enaltece a figuras como Thatcher. A estos cierres se suman el desmantelamiento del Instituto Juan Domingo Perón y de la Comisión de Homenaje al expresidente, lo que refuerza la idea de una avanzada contra las tradiciones históricas del país, especialmente aquellas que representan proyectos políticos populares y soberanos.

El Instituto Nacional Belgraniano, creado oficialmente durante el gobierno de Carlos Menem —a quien Milei ha elogiado como el “mejor presidente” desde la democracia—, venía cumpliendo desde 1944 una función clave en la investigación y difusión de la figura del creador de la bandera. Su eliminación, realizada en plena Semana de Mayo, ha sido calificada como un acto provocador y de desprecio hacia los símbolos patrios.

“Esto no tiene justificación alguna. Es una afrenta al patrimonio histórico y cultural del país”, denunció Felipe Pigna, historiador y especialista en la vida de Belgrano, quien subrayó que el Instituto ha producido material documental invaluable durante décadas.

La decisión ha generado estupor incluso entre referentes de otros institutos afectados. Diego Barovero, presidente del Instituto Yrigoyeneano, señaló: “Se trata de una medida infundada, arbitraria y técnicamente deficiente. Además, un decreto no puede anular lo establecido por ley, lo cual demuestra una preocupante improvisación jurídica”. También advirtió que esta medida responde a una estrategia sistemática de borrar de la memoria colectiva figuras como Hipólito Yrigoyen, a quienes Milei ha descalificado públicamente.

Historiadores como Hilda Sabato y Roy Hora también manifestaron su preocupación por la concentración de decisiones culturales en manos del Ejecutivo y por la falta de supervisión y control ciudadano. “Estas decisiones unilaterales reflejan una visión estrecha, sectaria y autoritaria de la cultura, concebida como campo de batalla antes que como un espacio plural”, alertó Hora.

Mientras el vocero presidencial, Manuel Adorni, se limitó a anunciar la absorción de otros organismos como el Museo de la ex ESMA, omitió deliberadamente informar sobre el cierre de los institutos históricos, confirmando así que el ajuste no es meramente económico, sino que persigue una lógica de disciplinamiento ideológico.

La supuesta “racionalización del gasto público” con la que el Gobierno justifica estas acciones contrasta con los constantes viajes personales del Presidente al exterior, cuyos costos siguen siendo asumidos por el Estado y los gastos millonarios en tuiteros e “influencers” oficialistas. Lo que se presenta como “eficiencia” es, en realidad, una estrategia de erosión institucional que apunta a socavar la memoria histórica, vaciar el contenido simbólico de los próceres nacionales y borrar cualquier referencia incómoda de verdadero patriotismo para el relato oficialista.

Lo que está en juego no es solamente el destino de varios institutos: es el derecho colectivo a recordar, conocer y debatir nuestro pasado. Frente a este intento de clausura del pensamiento histórico, se alza una resistencia plural que exige revertir estas decisiones y defender la memoria como bien público.

La provincia de Tierra del Fuego, la más austral de la Argentina, está siendo objeto de una avanzada estratégica por parte de Estados Unidos, con la colaboración directa del gobierno de Javier Milei.

Lo que se presenta como una serie de decisiones de política económica o acuerdos de cooperación internacional, en realidad forma parte de una arquitectura geopolítica más amplia: establecer un enclave militar estadounidense en Ushuaia, desmantelar el entramado productivo local y facilitar el despoblamiento paulatino de la isla. Todo esto con un objetivo final: convertir Tierra del Fuego en una plataforma militar al servicio de los intereses de Washington y la OTAN en el Atlántico Sur y la Antártida.

Una provincia en desmantelamiento

El primer paso de esta estrategia ha sido económico. La reciente baja de aranceles a productos electrónicos y electrodomésticos importados, decretada por el Ejecutivo de Milei, golpea de lleno al polo industrial fueguino. Este sector no solo sostiene a miles de familias, sino que representa uno de los últimos focos de desarrollo tecnológico argentino en el sur del país. La medida desmantela de hecho los beneficios contemplados en la Ley 19.640, de promoción económica y fiscal, que fue clave para el crecimiento poblacional y económico de la provincia desde los años 70.

Con esta decisión, el gobierno nacional no solo destruye empleos y expulsa población: prepara el terreno para una reconversión del territorio, donde la presencia civil, industrial y argentina sea mínima, facilitando así la instalación y operación de infraestructura militar extranjera sin resistencia local ni institucional. Vale recordar en relación a este aspecto las declaraciones del asesor presidencial Demian Reidel “el problema de argentina es que está poblada de argentinos”.

El enclave militar en marcha

En abril de 2024, el presidente Milei selló con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, un compromiso clave: la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia con participación militar estadounidense. Esta instalación incluiría un Polo Logístico para operaciones antárticas y, aún más grave, un puerto de aprovisionamiento para submarinos nucleares estadounidenses. Todo esto se desarrollará en una zona de altísimo valor geoestratégico, puerta de entrada natural a la Antártida y frente al territorio usurpado de las Islas Malvinas, donde Gran Bretaña mantiene su principal base militar fuera de Europa con apoyo incondicional de Estados Unidos.

No se trata de una colaboración simbólica o meramente técnica. Se trata del despliegue físico y operativo de fuerzas militares extranjeras en territorio argentino, en una zona sensible para la soberanía nacional y clave para el reclamo sobre Malvinas y la proyección hacia el continente blanco, además de tener graves implicancias para los derechos humanos ya que los militares estadounidenses contarían con el principio de extraterritorialidad y no se someterían a la justica argentina en ningún caso.

Una estrategia mayor: subordinación militar y control territorial

Este no es un caso aislado. Desde hace décadas, Estados Unidos despliega un entramado de más de 800 bases militares en el mundo, con 76 en América Latina. Controlan territorios, recursos, rutas comerciales y gobiernos. En Argentina, la estrategia incluye también:

• Un acuerdo para que tropas estadounidenses integren el Cuerpo de Ingenieros del Ejército argentino y participen en el control de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay.
• El antecedente de la pretendida base militar en Neuquén, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el pretexto de monitorear la estación espacial china.
• Una creciente injerencia sobre la política exterior, defensa y recursos estratégicos del país, que se ve reforzada por el sometimiento financiero a través del Fondo Monetario Internacional.

La finalidad es clara: subordinar a la Argentina a la agenda de seguridad y dominación regional de Washington, impedir el avance de otras potencias como China y Rusia (en menor medida) en el hemisferio sur, y garantizar el acceso y control sobre recursos naturales de altísimo valor, como el agua dulce, el petróleo, las tierras raras y la pesca en el Atlántico Sur y la Antártida.

La población fueguina: un obstáculo a remover

Para concretar este proyecto militar, la población civil y la industria local son un estorbo. Por eso, el desmantelamiento del aparato productivo mediante políticas de importación indiscriminada, el retiro del Estado y la falta de inversión pública no son errores ni meras consecuencias de un modelo económico liberal: son herramientas deliberadas para despoblar la isla y facilitar la ocupación extranjera sin oposición.

A medida que las fábricas cierren y las familias deban emigrar, quedará una Tierra del Fuego vaciada, sin capacidad de resistencia, ideal para el funcionamiento de una base militar extranjera con plena autonomía operativa y jurídica.

La soberanía en peligro

Con este escenario, la Argentina está a punto de perder el control sobre uno de sus territorios más sensibles desde el punto de vista estratégico, ambiental, político y simbólico. La presencia militar estadounidense en Ushuaia no solo refuerza la presencia británica en Malvinas, sino que blinda el sur contra cualquier intento de desarrollo autónomo, integración regional o defensa soberana.

El silencio cómplice del gobierno nacional y la inacción del provincial configuran una entrega de soberanía sin precedentes desde la última dictadura. Mientras Estados Unidos avanza con planos, acuerdos y financiamiento para la base, la Argentina retrocede hacia una posición de colonia militarizada en el extremo sur del continente.

El Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche declaró al presidente Javier Milei “persona no grata”, al considerar que durante su discurso del pasado 2 de abril puso en duda la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y avaló los argumentos de los ocupantes.

El presidente Javier Milei fue declarado persona no grata en San Carlos de Bariloche, luego de que el Concejo Deliberante aprobara una resolución en rechazo a sus declaraciones sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas. La iniciativa fue impulsada por los concejales Leandro Costa Bruten y Julieta Wallace, quienes denunciaron que el mandatario está “desmalvinizando la Argentina” y promoviendo la autodeterminación de los ocupantes británicos.

La decisión se tomó tras el discurso presidencial del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el que Milei afirmó:

“Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies (…), a punto tal que ellos prefieran ser argentinos”.

Estas palabras fueron interpretadas como una claudicación de los argumentos argentinos ya que pone la decisión de resolución del asunto en manos de los ocupantes implantados por Londres en 1833. Esta situación provoco una ola de críticas por parte de excombatientes, expertos diplomáticos, y sectores políticos que lo acusan de contradecir la posición histórica de la Argentina.

La resolución del Concejo fue aprobada por mayoría (8 votos a favor contra 3 en contra), aunque los concejales alineados con el oficialismo libertario se retiraron de la sesión antes de la votación. “Milei está entregando soberanía y alineándose con la narrativa colonial británica”, sostuvo Costa Bruten durante el debate.

En la misma jornada, se declaró de Interés Municipal al Memorial Museo Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur —aún no inaugurado— y se nombró Ciudadano Ilustre de Bariloche al veterano de guerra Pablo Carballo ex piloto de combate de la Fuerza Aérea Argentina quien enfrento a la flota británica.

Además, la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas presentó una denuncia penal contra el presidente Milei. La acusación, encabezada por su titular Ramón Robles, incluye cargos por “violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la Patria”. Según el escrito, Milei adoptó una postura política “contraria a la Constitución Nacional y a la posición histórica sostenida por la Argentina”, al validar un supuesto derecho de autodeterminación que no aplica a los habitantes de las islas, conforme al derecho internacional y a las resoluciones del Comité de Descolonización de la ONU.

La declaración de persona no grata se convierte así en un fuerte mensaje político desde una ciudad profundamente identificada con la soberanía nacional, que busca reafirmar el compromiso con la causa Malvinas y repudiar cualquier intento de relativizarla.

El clima social en Argentina se vuelve cada vez más tenso luego de que el presidente Javier Milei firmara un decreto que, limita severamente el derecho constitucional a huelga en amplios sectores laborales. La Confederación General del Trabajo (CGT) respondió con dureza, anunciando que recurrirá a la Justicia y no descarta nuevas medidas de fuerza.

A través del Decreto 340/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno amplió drásticamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales” e introdujo la nueva categoría de “servicios de importancia trascendental”. Esta maniobra implica que, en caso de conflicto, deberá garantizarse entre el 50% y el 75% de la actividad, haciendo inviable cualquier medida de paro efectiva en vastas áreas laborales.

El decreto modifica el artículo 24 de la Ley 25.877 y forma parte del llamado “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”, aunque su alcance excede ampliamente ese sector. Con este cambio, se incorporan como esenciales rubros como la educación primaria y secundaria, el transporte de mercaderías, las telecomunicaciones, los bancos, el comercio electrónico y toda la cadena de exportación, entre muchos otros.

Golpe al derecho de protesta y reacción sindical

Desde el movimiento obrero, la reacción fue inmediata. La CGT denunció que se trata de una avanzada autoritaria para “aniquilar el derecho a huelga”, y advirtió que la central obrera “no permanecerá en silencio”. En un comunicado público, la central expresó:

“El movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sea en los Tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados”.

📢 EL PODER EJECUTIVO QUIERE ELIMINAR EL DERECHO A HUELGA POR DECRETO Y A ESPALDAS DEL PAÍS

👉🏼 El Gobierno Nacional, a través del Decreto 340/2025, intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo pic.twitter.com/uSk5vtjlXL

— CGT (@cgtoficialok) May 21, 2025

Juristas especializados también alzaron la voz. El abogado laboralista Matías Cremonte advirtió que el nuevo decreto viola estándares internacionales y contradice las recomendaciones de la OIT, que considera esencial sólo a los servicios cuya interrupción ponga en peligro la vida o la seguridad de la población. “Este decreto prohíbe la huelga en sectores donde nunca estuvo en riesgo la vida de nadie. Es una herramienta para disciplinar trabajadores y favorecer a empresarios”, señaló.

La conflictividad se profundiza

El decreto, firmado por gran parte del Gabinete, se suma a una serie de decisiones que han generado malestar y creciente conflictividad social. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general Rodolfo Aguiar sostuvo que la norma responde a intereses empresariales y multinacionales:

“Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene una finalidad clara: beneficiar a los patrones. Sin derecho a huelga, estamos condenados a volver a la esclavitud”.

GRAVE!!
EL GOBIERNO ATACA EL DERECHO DE HUELGA!!

ESTE DECRETO FUE PEDIDO POR LAS MULTINACIONALES Y LOS EMPRESARIOS MILLONARIOS!!

El Decreto 340/25 es ilegal. Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene la finalidad concreta de beneficiar a los patrones.… pic.twitter.com/sEBqyecv0j

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) May 21, 2025

ATE también alertó sobre la urgencia del Ejecutivo por avanzar con estas medidas mientras mantiene facultades extraordinarias, y llamó a la resistencia activa frente a lo que calificó como un intento de vaciar los derechos laborales conquistados.

Un contexto de creciente polarización

La decisión del Gobierno de avanzar sin debate parlamentario sobre un derecho constitucional profundiza la fractura política y social del país. Mientras sectores empresarios respaldan la medida como parte de una supuesta “modernización” del mercado laboral, el movimiento obrero, amplios sectores sociales y del arco político la consideran una provocación que erosiona el ya frágil contrato democrático.

Con una movilización de la CGT en preparación, y con presentaciones judiciales en marcha, el conflicto promete escalar. La puja entre el Ejecutivo y los trabajadores por el derecho a la protesta y la organización sindical se instala así como uno de los ejes centrales de la disputa social en el país.