La Justicia Electoral ha comenzado a profundizar en los posibles lazos entre el economista liberal José Luis Espert y el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido a pedido de la Justicia estadounidense bajo acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero.

El fiscal Ramiro González ha solicitado a la jueza María Servini que determine si existe una causa penal que investigue los presuntos aportes de Machado a la campaña presidencial de Espert en 2019, lo que podría derivar en graves implicaciones legales.

Una conexión preocupante

El empresario Fred Machado fue arrestado el 15 de abril en Neuquén, justo antes de abordar un vuelo a Buenos Aires. Su captura se produjo tras la emisión de una alerta roja de Interpol, luego de que un tribunal del distrito este de Texas lo acusara de integrar una red criminal vinculada al narcotráfico y el lavado de activos. Machado enfrenta cargos por delitos como fraude informático, defraudación al Estado, contrabando y adulteración de matrículas de aviones, según la investigación judicial en Estados Unidos.

A los pocos días de su detención, comenzaron a surgir informaciones dentro del entorno liberal que vinculaban a Machado con la campaña de Espert. Esta conexión derivó en una denuncia penal contra el economista y su excompañero de fórmula, Luis Rosales, por presuntos delitos de encubrimiento y asociación ilícita.

Aportes de campaña bajo la lupa

El fiscal González, quien además había solicitado la suspensión de los fondos del partido Unite por la Libertad debido a irregularidades en su rendición de cuentas, ahora ha pedido a la jueza Servini que se certifique si existen registros de aportes económicos de Machado a la campaña de Espert. Se buscan pruebas que determinen fechas, montos y cuentas utilizadas para realizar estas transacciones.

Según la información declarada ante la Justicia Electoral, el partido Unite aseguró que los más de 60 millones de pesos recibidos para la campaña provinieron exclusivamente de fondos públicos. Sin embargo, diversas fuentes que participaron en la campaña afirman que Machado habría facilitado aviones y vehículos para el traslado del candidato y su equipo, recursos que no figuran en la rendición de gastos.

Uno de los episodios más llamativos en este contexto es el ataque con piedras que sufrió una camioneta en la que viajaban Espert y Rosales pocos días antes de las PASO. Según registros vehiculares, el Jeep Grand Cherokee utilizado en ese momento pertenecía a Claudio Cicarelli, primo de Machado, lo que refuerza la sospecha sobre la participación del empresario en la campaña.

Espert minimiza la relación

Desde el entorno del economista niegan cualquier tipo de financiamiento por parte de Machado y solo reconocen un viaje en abril de 2019, fuera del período de campaña, en el que Espert utilizó un avión facilitado por el empresario para trasladarse a Viedma, Río Negro, donde presentó su libro. “Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”, declaró Espert en ese momento.

No obstante, dentro del sector liberal algunos dirigentes aseguran que la presencia de Machado fue una constante durante la campaña, y que Espert se mostraba abiertamente orgulloso de esta relación. Ahora, el economista busca distanciarse del empresario detenido, asegurando que desconocía por completo sus actividades ilícitas.

Un partido con irregularidades

Otro aspecto que complica la situación es la estructura partidaria a través de la cual Espert pudo competir en las elecciones. Luego de que el partido Unir le retirara su apoyo, el economista recurrió a Unite por la Libertad, liderado por José Bonacci, quien “alquiló” la estructura partidaria a Espert. Ahora, la Justicia debe determinar si la rendición de gastos del partido Unite fue manipulada para ocultar aportes privados, incluyendo los presuntamente realizados por Machado.

La investigación judicial seguirá avanzando para esclarecer el posible financiamiento ilegal en la campaña de Espert y su relación con un empresario vinculado al narcotráfico. Mientras tanto, el economista intenta despegarse de un escándalo que podría tener graves consecuencias políticas y judiciales.

Respaldado por La Fraternidad y la UTA, Luis Barrionuevo promovió la profundización de las medidas de lucha contra el Gobierno. Además cruzó a Patricia Bullrich por su denuncia.

Luis Barrionuevo no se quedó callado ante las acusaciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y respondió con contundencia. El dirigente gremial rechazó de plano cualquier vínculo con la organización de la marcha de jubilados del pasado 12 de marzo y le exigió a la funcionaria que se retracte en un plazo de 24 horas o, de lo contrario, iniciará acciones legales. Paralelamente, redobló la apuesta contra el Gobierno al reclamarle a la CGT que extienda las jornadas de lucha y movilización.

Respaldado por La Fraternidad y la UTA, Barrionuevo impulsó la profundización del conflicto con el Ejecutivo y solicitó que la huelga sea de 36 horas a partir del 9 de abril. Además, exigió que la CGT adelante su proceso de renovación de autoridades. Estas definiciones surgieron en un almuerzo realizado en el Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina (SOMRA), donde participaron 22 organizaciones sindicales que coincidieron en la necesidad de endurecer las medidas de fuerza.

La respuesta de Barrionuevo a Bullrich no dejó lugar a dudas. Mediante una carta documento, el líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) la intimó a presentar pruebas o retractarse públicamente a través de una conferencia de prensa. “Usted carece de todo fundamento para expresarse como lo ha hecho”, afirmó el documento firmado por su apoderado, Horacio Ferro Méndez. Además, advirtió que, en caso de no recibir respuesta, avanzará con acciones civiles por daños y perjuicios.

Lejos de amedrentarse, Barrionuevo reforzó su ofensiva gremial y, junto con otros sindicatos, delineó un plan de lucha centrado en paritarias libres, aumento a jubilados, reconstrucción de la industria nacional y el financiamiento de las obras sociales sindicales. En ese contexto, propuso formalmente al Consejo Directivo de la CGT la convocatoria a un paro con movilización de 36 horas, que incluiría garantizar el transporte para los trabajadores que participen en la protesta.

Con esta jugada, Barrionuevo no solo enfrenta directamente a Bullrich, sino que también presiona a la CGT para que eleve el nivel de confrontación con el Gobierno, marcando un nuevo capítulo en la disputa sindical y política.

Mientras hoy acusa de “terroristas” y “desestabilizadores” a quienes se manifiestan contra la crisis de los jubilados y ordena reprimir con dureza, en el pasado fue una de las principales impulsoras de movilizaciones opositoras con consignas abiertamente destituyentes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha vuelto a quedar en evidencia por su doble vara a la hora de evaluar las protestas sociales. Mientras hoy acusa de “terroristas” y “desestabilizadores” a quienes se manifiestan contra la crisis de los jubilados y ordena reprimir con dureza, en el pasado fue una de las principales impulsoras de movilizaciones opositoras con consignas abiertamente destituyentes.

⭕️ | ARCHIVO DEMOLEDOR: Así, Patricia Bullrich CONVOCABA A LA LUCHA CALLEJERA EN 2013.

‼️ La precursora del “que las hace, las paga”, LAS HIZO TODA SU VIDA. DE MONTONERA A REPRESORA SIN ESCALAS. NO TIENE CARA.

❌ LA HIPOCRESÍA AVANZA. pic.twitter.com/6QX8TEQsly

— Diagonales (@diagonalesweb) March 18, 2025

En las redes comenzó a circular un video de 2013 en el que Bullrich, entonces diputada, convocaba a la ciudadanía a sumarse a “la lucha callejera” contra el gobierno de Cristina Kirchner, llamando a movilizarse para “lograr un cambio” y “terminar con la lógica populista”. En aquella ocasión, promovió un masivo cacerolazo que desembocó en Plaza de Mayo, en el marco de la discusión sobre la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo.

“Te pedimos que salgas a la calle, que te movilices, que trabajes, que colabores”, decía Bullrich en el video, alentando la protesta como un derecho legítimo. Hoy, desde el gobierno de Javier Milei, criminaliza a quienes ejercen ese mismo derecho, exigiendo mano dura y justificando la represión policial contra manifestantes que reclaman por los derechos de los jubilados.

No es la primera vez que su postura cambia según la conveniencia política. Durante la pandemia, Bullrich también incentivó las movilizaciones contra las restricciones sanitarias e incluso participó de una escandalosa quema de barbijos en el Obelisco. Sin embargo, ahora que está en el poder, pretende imponer un orden represivo donde la protesta es válida solo cuando le sirve políticamente.

Su doble discurso es evidente: cuando era opositora, llamaba a la rebelión en las calles. Hoy, en el gobierno, pretende silenciar cualquier manifestación con gas lacrimógeno y palos.

La iniciativa es fuertemente cuestionada al tratarse de mercadería que se le incautó a trabajadores ambulantes, quitándoles de esa forma su principal fuente de trabajo en la calle. 

En una decisión tan repudiable como oportunista, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que donará a los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca mercadería que previamente fue incautada a vendedores ambulantes en operativos policiales.

La vocera del Ejecutivo porteño, Laura Alonso, confirmó en sus redes sociales que parte de lo decomisado en el operativo de Flores será enviado a la ciudad bonaerense. Sin embargo, esta aparente “solidaridad” encubre una estrategia que no solo se aprovecha de la tragedia de los bahienses, sino que además se construye sobre la persecución sistemática a quienes se ganan la vida día a día en las calles vendiendo su mercadería para poder sobrevivir a la difícil situación económica que atraviesa el país.

Días atrás, el propio jefe de Gobierno, Jorge Macri, había asegurado que el GCBA estaba a disposición de Bahía Blanca para asistir a los afectados por el temporal. Pero ahora, en lugar de aportar recursos propios, deciden “donar” bienes arrebatados a miles de trabajadores precarizados, utilizando su sufrimiento como moneda de cambio para construir un falso discurso de solidaridad.

Desde distintos sectores ya expresaron su rechazo a esta medida. La legisladora del PTS en el Frente de Izquierda, Andrea D’Atri, denunció la maniobra con contundencia: “El Gobierno de la Ciudad se ‘solidariza’ con Bahía Blanca enviando la mercadería que su Policía le roba a los trabajadores ambulantes, los que tienen las vidas más precarizadas en la Ciudad más rica del país”, criticó en sus redes sociales.

El gobCABA se "solidariza" con Bahía Blanca enviando la mercadería que su Policía le roba a los trabajadores ambulantes, los que tienen las vidas más precarizadas en la Ciudad más rica del país.
Bahienses, no se sorprendan si les llegan anteojos de sol y paltas.
Son esta basura https://t.co/xpamEQj2xm

— Andrea D'Atri (@andreadatri) March 17, 2025

Las imágenes de la Policía de la Ciudad persiguiendo, reprimiendo y decomisando la mercadería de los vendedores ambulantes han circulado ampliamente en redes sociales. Desde puestos de venta en las plazas porteñas hasta trabajadores independientes que intentan subsistir en la vía pública, todos son blanco de una política que criminaliza el trabajo informal y despoja a miles de familias de su sustento.

El Gobierno porteño, lejos de brindar soluciones reales, elige profundizar la precarización y luego lucrar políticamente con los bienes obtenidos a costa de los sectores más vulnerables. Una estrategia indigna que merece el más amplio repudio.

En una entrevista, Francisco Oneto propuso decretar el estado de sitio en Buenos Aires, desatando burlas y críticas por su grave desconocimiento del marco legal argentino.

El insólito momento ocurrió cuando Oneto afirmó sin titubeos: “Yo soy intendente de la CABA y decreto el estado de sitio. Por supuesto que sí”. Ante la repregunta de si era consciente de que esa potestad corresponde exclusivamente al Presidente, Oneto insistió: “No, porque el estado de sitio se decreta por regiones”.

Sin embargo, el artículo 23 de la Constitución Nacional es claro: el estado de sitio solo puede ser declarado por el Poder Ejecutivo Nacional en caso de conmoción interior o ataque exterior, jamás por un intendente o gobernador. La afirmación de Oneto desató una ola de críticas por su ignorancia sobre los principios básicos del sistema institucional argentino.

Defensa de la represión y desinformación

Durante la misma entrevista, Oneto defendió la represión llevada a cabo por el Ministerio de Seguridad en la marcha de jubilados en Plaza Congreso. Al minimizar la detención de manifestantes sin causa, incluso de un niño de 12 años, declaró: “Si vas todos los días a tomar mate a la Plaza Congreso, dudo que justo ese día fueras”, evidenciando un intento de justificar la violencia estatal.

Además, respaldó el uso de la fuerza policial sin distinción de edad, asegurando que un menor con una bomba molotov “es igual de peligroso que un adulto”, ignorando completamente las garantías procesales y la especial protección que la ley argentina otorga a los niños y adolescentes.

Repercusiones y críticas

Las declaraciones de Oneto generaron un fuerte rechazo en redes sociales y entre especialistas en derecho constitucional, quienes calificaron sus dichos como un “papelón jurídico”. Para un abogado que aspira a cargos públicos, el desconocimiento de la Constitución resulta alarmante y pone en duda su capacidad para interpretar y respetar el orden institucional del país.

Lorena Villaverde, diputada nacional de La Libertad Avanza, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse que enfrenta una causa en Estados Unidos por tenencia y trafico de cocaína. Además, en Argentina está vinculada a denuncias por estafas y lavado de dinero.

El escándalo cobró fuerza en la última sesión de la Cámara de Diputados, cuando el legislador opositor Martín Soria exhibió documentación oficial que confirmaría la acusación contra Villaverde en el estado de Florida. “Tráfico de cocaína, de 400 a 150 kilogramos”, sostuvo Soria, mientras los legisladores libertarios abandonaban el recinto en medio de murmullos y tensión.

Pero la situación judicial de Villaverde no se limita al ámbito internacional. En Argentina, la diputada también está bajo la lupa por presuntas estafas relacionadas con la venta de terrenos en Las Grutas (Río Negro), así como una causa por lavado de dinero que derivó en allanamientos en 2017.

“Lamento tener que mostrar estas cosas sobre una diputada de esta Cámara, pero cada vez que puede me ataca personalmente. No solo enfrenta causas por narcotráfico, también tiene problemas con la justicia argentina”, afirmó Soria con ironía.

Las revelaciones sobre Villaverde han puesto en una posición incómoda al bloque libertario, que optó por retirarse del debate. Mientras tanto, la diputada sigue en la mira por su historial judicial y el impacto de estas denuncias en su rol legislativo.

En febrero, las compras en supermercados y comercios de barrio registraron su 15° mes consecutivo de caída, confirmando la depresión de uno de los indicadores más duros de la economía.

A pesar de una desaceleración en la inflación, la baja en la adquisición de productos esenciales se mantiene, con un retroceso del 9,8% interanual en supermercados y del 12,6% en almacenes de barrio.

La tendencia negativa no da señales de revertirse en el corto plazo. El consumo masivo ya había cerrado 2024 con una retracción del 13,9%, marcando uno de los peores registros desde la crisis de 2001. En este contexto, febrero agravó la situación con un nuevo descenso que afectó a todos los rubros de la canasta básica.

Golpe a los comercios de proximidad

Los almacenes de barrio y autoservicios fueron los más castigados. Luego de haber caído un 13% en enero, en febrero registraron una nueva baja del 12,6%, evidenciando la dificultad de estos negocios para competir con las promociones de las grandes cadenas de supermercados. Estas últimas, aunque también en declive, lograron atenuar la caída con un retroceso menor del 6,5%, comparado con el 7,2% de enero.

A nivel geográfico, el Interior del país fue la región más golpeada, con una contracción del 10,5% en las ventas, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la baja fue del 9,4%.

Bebidas y productos impulsivos, los más afectados

Los productos más perjudicados fueron nuevamente las bebidas, tanto alcohólicas como sin alcohol, con caídas del 16,2% y 18,8% respectivamente. Ni las Fiestas ni el calor de los meses de verano lograron sostener su consumo. A estos se sumaron los productos de compra impulsiva, como golosinas, alfajores y cigarrillos, con una baja del 10,5%.

También se registraron descensos en artículos de limpieza del hogar y cuidado personal (-9,7% y -8%, respectivamente), mientras que los productos básicos de desayuno y merienda se contrajeron un 7,7%. Los alimentos perecederos mostraron una disminución del 3,3% y otros productos de la canasta alimentaria cayeron un 4,9%.

Perspectivas inciertas para la recuperación

A pesar del panorama negativo, desde la consultora Scentia señalaron que la desaceleración en los precios podría ser un factor que contribuya a estabilizar el consumo en los próximos meses. Sin embargo, las proyecciones para el primer semestre de 2025 siguen siendo débiles, con expectativas de una recuperación recién en la segunda mitad del año.

Las grandes cadenas y empresas del sector prevén una lenta mejora y esperan cerrar el año con un crecimiento del 3% en las unidades vendidas. No obstante, advierten que la contracción del consumo en los primeros meses de 2025 sigue impactando fuertemente en los bolsillos de los argentinos, lo que dificulta una reactivación rápida del sector.

“El uso de la fuerza debe en todo momento respetar los principios internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas”, advirtió

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha expresado su preocupación por el creciente uso de la represión en Argentina y ha instado a las autoridades a investigar los hechos ocurridos durante las protestas del 12 de marzo en Buenos Aires, que dejaron más de 120 manifestantes detenidos y al menos 45 heridos, entre ellos un fotoperiodista quien aun lucha por su vida.

A través de un comunicado emitido el viernes, el representante de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, denunció el uso indiscriminado de la fuerza contra los manifestantes, muchos de los cuales eran adultos mayores que reclamaban pacíficamente mejoras en sus pensiones y en el sistema de salud.

“El uso de la fuerza debe en todo momento respetar los principios internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas”, advirtió Jarab, quien también expresó especial preocupación por el estado de salud del fotógrafo Pablo Grillo, herido en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno.

Además, el representante de la ONU cuestionó la detención masiva de más de cien personas, quienes posteriormente fueron liberadas sin pruebas en su contra, lo que refuerza las denuncias sobre la criminalización de la protesta social en el país. “Recordamos la importancia de la independencia judicial para garantizar los derechos de participación, así como el control de la legalidad de las detenciones y de las actuaciones policiales”, subrayó.

El aumento de la represión en manifestaciones pacíficas y la falta de garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales han generado preocupación en organismos internacionales, que instan a las autoridades argentinas a garantizar el derecho a la protesta sin temor a represalias.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que el paro nacional contra el gobierno de Javier Milei se llevará a cabo el próximo 8 de abril. Además anunció su participación en la movilización del 24 de marzo, Día de la Memoria, donde se espera una masiva presencia ciudadana.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que el paro nacional contra el gobierno de Javier Milei se llevará a cabo el próximo 8 de abril. Esta medida de fuerza, la tercera en lo que va de la gestión, se da en un contexto de creciente violencia institucional, malestar social y una incertidumbre económica que golpea a los trabajadores. Además, la central obrera anunció su participación en la movilización del 24 de marzo, Día de la Memoria, donde se espera una masiva presencia ciudadana.

La fecha del paro fue acordada por los principales dirigentes de la CGT, aunque aún resta definir si incluirá una movilización o se limitará a la paralización de actividades por 24 horas. Este jueves 20 de marzo, el Consejo Directivo de la central sindical se reunirá en su sede de Azopardo para ultimar detalles sobre el operativo de suspensión de actividades y la posible movilización. “La fecha está definida, los detalles se resolverán el jueves”, señalaron fuentes gremiales.

Los dos paros anteriores fueron el 24 de enero y el 9 de mayo de 2024. El primero, que algunos consideraron apresurado, buscó visibilizar el impacto del ajuste económico y los despidos masivos, especialmente en el empleo público. El segundo, con el respaldo de los gremios del transporte, tuvo una mayor incidencia en la actividad económica y social. Desde entonces, la CGT había optado por no convocar nuevas medidas de fuerza, pero el recrudecimiento de la represión en las protestas de jubilados y la irrupción de hinchas de fútbol frente al Congreso en las últimas semanas reactivaron el debate sobre el rol del sindicalismo en la actual coyuntura.

El anuncio del paro se realizó durante el primer Congreso Nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde el dirigente Héctor Daer confirmó la medida y adelantó que el 20 de marzo se definirán los detalles finales. “Este gobierno no se inmuta cuando dice en Davos que va a eliminar el femicidio”, cuestionó Daer, y criticó la postura oficialista de desarticular la justicia social y promover una construcción social individualista.

En diálogo con Infobae, Daer afirmó que “este Gobierno no cree en el diálogo, no habla con nadie. Dialogar significa ir hacia un horizonte de construcción. Esto no sucedió nunca”. En este clima de confrontación creciente, el paro del 8 de abril se perfila como una de las mayores expresiones de rechazo a la gestión de Milei, con la CGT y otros sectores sindicales y sociales en estado de alerta frente a las políticas oficiales.

El pasado miércoles 5 de marzo tuvimos el primer ejemplo constitutivo de organización social, muy por lejos de los idealismos académicos, al ser las hinchadas de fútbol quienes sin pudor y con desafío declarado rompen con la inercia de los cánticos militantes para hacerlos reales.

Por Joshua Lentulus Aivazian

Mucho se ha hablado sobre la futbolización de la política desde un criterio peyorativo, al sembrar la discordia, con insultos y burlas, entre dos tribunas enfrentadas. Una visión reduccionista para quienes la pasión es entendida como un actor ajeno en el motus de sus acciones. Así se ha percibido el fanatismo históricamente desde aquella visión elitista, porque justamente es algo que no puedes cambiar del individuo, como bien decía el personaje de Pablo Sandoval en “El secreto de sus ojos” “Una persona puede cambiar de nombre, de calle, de cara…pero hay una cosa que no puede cambiar… no puede cambiar de pasión., y aquello que no se puede cambiar, siempre será una amenaza para la casta del arbitraje político y comunicacional.

Imagínese una universidad del entrenamiento instintivo del fanatismo, en donde se enseñe a repudiar la injusticia y las faltas en vivo y en directo, sin pasar por el filtro del sesgo discursivo y comunicacional. En esta universidad, si bien no hay una titulación que certifique una profesión, su formación resulta más resolutiva que la de muchos profesionales. Los egresados no practican una profesión, sino que la encarnan a la espera de responder y reaccionar con un minimalismo moral eficaz y certero, y una vez que el discurso político presidencial parte de la anarquía cautiva de los vulnerables por los bárbaros, la evolución organizativa de la sociedad empieza por su primer eslabón, la comunidad deportiva.

El pasado miércoles 5 de marzo tuvimos el primer ejemplo constitutivo de organización social, muy por lejos de los idealismos académicos, al ser las hinchadas de fútbol quienes sin pudor y con desafío declarado rompen con la inercia de los cánticos militantes para hacerlos reales. La futbolización política se hace social en el ejercicio de las declaraciones, vinculando la pasión con la necesidad de la autodefensa por encima de las deficientes instituciones y organizaciones sociales, siendo constituidas otras en el espíritu de su existencia, la defensa del vulnerable ante la falta del rival. Los valores de una hinchada que da “aguante” a su equipo es más que un mero  acto pasional tribunero, es un ritual del convencimiento sobre la posición moral que  hay que tomar sobre aquello que se encarna y proclama, la justicia y honor de tu equipo.

Atacar el insulto y protestar contra las faltas, mientras se festeja la justicia  de la victoria, en un partido con múltiples atropellos, pero sin arrepentimiento ni  resentimiento. Nunca escucharás a un periodista o referente político instalar un  discurso que lo obligue a exponer la realidad de sus cualidades, lo que una  hinchada si hace por representación de su equipo. Un panelista o referente siempre  cambiará de nombre, de calle, de cara…. y por eso teme y desprecia a quien posee  una identidad que no puede cambiar, su pasión. Y no cualquier pasión, mal entendida desde el fanatismo fratricida o los supremacismos políticos, sino la pasión justiciera de la defensa del honor del vulnerable, nuestros abuelos, quienes en el futuro seremos y aspiramos habitar en la justicia de nuestra dignidad. Dejando como conclusión las sabias palabras de nuestro juglar nacional Charly Garcia, “Pero nunca van a conseguir cambiarme Baby, cambiarme Baby .Viva la rivalidad, siga la rivalidad”