El caso es tan insólito como grave: el Municipio no tuvo que aportar ni un solo peso para la obra. Sin embargo, en una muestra de mezquindad y desprecio por la salud pública, el intendente libertario rechazó hacerse cargo del centro sanitario y hasta pidió que se devolvieran las tierras donde fue construido.

En un hecho que indigna por lo absurdo y que pone en evidencia la peligrosa radicalización ideológica de algunos dirigentes, el intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, se niega a poner en funcionamiento un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) completamente nuevo, construido por el gobierno de Axel Kicillof, solo porque proviene de una gestión política distinta.

El caso es tan insólito como grave: el Municipio no tuvo que aportar ni un solo peso para la obra. Sin embargo, en una muestra de desprecio por la salud pública, Egüen rechazó hacerse cargo del centro sanitario y hasta pidió que se devolvieran las tierras donde fue construido. Una decisión que deja a más de 23.000 vecinos como rehenes de un capricho ideológico.

Inauguramos el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en #25deMayo para brindarles a los vecinos una atención cercana y de calidad, el número 185 que finalizamos para seguir fortaleciendo el derecho a la salud en cada distrito.

Es el primer CAPS del que nos vamos a hacer… pic.twitter.com/pV6PS4cSr6

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 21, 2025

El CAPS cuenta con consultorios totalmente equipados, médicos generalistas, odontólogos, ginecología, salud mental, promotores sanitarios y personal de enfermería, todo listo para brindar atención primaria inmediata a la comunidad. Pero el intendente, alineado con La Libertad Avanza, prefirió cerrar las puertas antes que aceptar una obra proveniente de un gobierno que no es de su signo político.

Frente a esta negativa, el Gobierno de la Provincia anunció que asumirá la gestión directa del centro de salud para garantizar el acceso de los vecinos a la atención médica. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, expresó su sorpresa y tristeza:

“Es la primera vez que nos pasa en seis años de gestión. Siempre las diferencias políticas se pusieron a un lado para priorizar la salud. Esto es una pésima decisión de gestión”.

En una mañana con sensaciones encontradas, inauguramos el centro de salud 185 de @BAProvincia en 25 de Mayo. Enorme alegría por que el sistema de atención primaria crezca, amplíe sus prestaciones y garantice más y mejor salud, pero totalmente sorprendido por el rechazo municipal… pic.twitter.com/izGFqUIm5D

— Nicolás Kreplak (@nkreplak) May 21, 2025

La actitud de Egüen no es un hecho aislado. El jefe comunal, que abandonó Juntos por el Cambio para sumarse a las filas libertarias, ya protagonizó otros episodios polémicos, como amenazas a vecinos y despidos masivos de promotores de salud. Su gestión también frenó obras educativas y sociales, en línea con el negacionismo del Estado que pregona el oficialismo nacional.

La negativa a utilizar un centro de salud por cuestiones ideológicas no solo es insólita: es cruel y peligrosa. En un país donde la salud pública sigue siendo un derecho esencial, usar a la población como rehén política es una forma de violencia institucional que no puede naturalizarse ni pasar desapercibida.

Mientras el intendente juega a mostrarse “más libertario que nadie”, son los vecinos quienes sufren las consecuencias. Porque en 25 de Mayo, como en tantos otros lugares, la necesidad no tiene partido político, pero el abandono sí tiene responsables.

Advierten que el gobierno de Javier Milei ha decidido paralizar importantes obras hídricas, a pesar de contar con más de 75 millones de dólares ya disponibles para financiarlas.

Las graves inundaciones que afectaron recientemente al norte de la provincia de Buenos Aires fueron, en gran medida, inevitables debido a la intensidad de las lluvias. Sin embargo, el impacto pudo haberse mitigado con obras de infraestructura adecuadas que favorezcan el escurrimiento del exceso de agua. Es precisamente ese tipo de obras las que el gobierno de Javier Milei ha decidido paralizar, a pesar de contar con más de 75 millones de dólares ya disponibles para financiarlas.

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, creado en 2001 por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo mediante el decreto 1381/01, nació para hacer frente a los daños de la gran inundación que ese año azotó zonas productivas de Buenos Aires. Desde entonces, se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido (GNC) destinado a vehículos automotores.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, este fondo fue clave para impulsar proyectos como el Plan Maestro de la Cuenca del Salado y el reacondicionamiento del Canal San Antonio-Arroyo de las Tortugas, en el límite entre Córdoba y Santa Fe. Estas obras, aunque con interrupciones, continuaron en la gestión de Alberto Fernández.

La llegada de Milei a la Casa Rosada significó un virtual cierre del grifo del fideicomiso: las obras hídricas fueron prácticamente paralizadas, pero el ingreso de fondos jamás se interrumpió. Según datos oficiales, solo en 2024 el Fondo registró ingresos por 98.538 millones de pesos —93.403 millones provenientes directamente de los bolsillos de automovilistas y transportistas—, mientras que a fines de 2023 ya acumulaba un saldo de 85.129 millones de pesos, equivalentes a más de 75 millones de dólares al tipo de cambio actual.

Pese a tener esa suma a disposición, no se ha dado ninguna explicación oficial sobre la drástica reducción en la inversión en infraestructura. Además, al tratarse de un fideicomiso no auditado, el gobierno tiene libertad para redirigir esos recursos sin rendición de cuentas clara, lo que abre interrogantes sobre su uso actual.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, desactivó numerosos fideicomisos en el último año, el de Infraestructura Hídrica se mantiene activo. Liquidarlo implicaría un ingreso inmediato al Tesoro, pero también eliminaría la vía de recaudación que representa el impuesto específico sobre combustibles. Así, el gobierno mantiene una fuente de fondos sin destino preciso ni ejecución visible.

En definitiva, mientras miles de hectáreas permanecen bajo agua y la amenaza climática persiste, no hay razones técnicas ni financieras que justifiquen la paralización de obras vitales. Salvo, claro, que los fondos estén siendo utilizados con otros fines, lejos del objetivo original del fideicomiso.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este martes que el presidente Javier Milei vetará cualquier proyecto de ley que implique un aumento en el gasto público, en particular el incremento de las jubilaciones que podría ser aprobado esta semana en la Cámara de Diputados.

Durante su participación en el foro empresarial de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Francos fue enfático:
“Estamos convencidos de que toda norma que se apruebe y que vaya contra alguno de los ejes básicos de nuestra política, el Presidente la va a vetar”, afirmó al ser consultado sobre la posible sanción de una ley que aumente los haberes jubilatorios.

La advertencia llega en la antesala del debate legislativo previsto para este miércoles, en el que diputados de distintos bloques podrían avanzar con una actualización de los montos que perciben los jubilados, una medida rechazada por el Ejecutivo por su supuesto impacto fiscal.

Francos justificó la postura del Gobierno al sostener que cualquier medida que genere déficit va en contra del rumbo económico adoptado por la administración de Milei: “Sabemos que son las reglas de juego del sistema democrático y tenemos que lidiar con eso, pero no vamos a ceder en los principios que sostienen nuestro programa”, afirmó.

En otro tramo de su exposición, el jefe de ministros señaló que el Gobierno necesita fortalecer su respaldo legislativo para avanzar con su plan de reformas estructurales.
“El objetivo fundamental es conseguir apoyo parlamentario, que es lo que nos ha faltado. Necesitamos más fuerza para encarar las reformas de segunda generación”, dijo.

Además, recordó que Milei tiene previsto un plan de reformas escalonado: “El Presidente decía en campaña: ‘tengo reformas de primera, de segunda y de tercera generación, y cada una tiene su momento’” pateando de esta forma de manera indefinida la recomposición de los haberes percibidos por los jubilados los cuales luchan por subsistir.

Francos destacó que medidas como el DNU 70/23 y la Ley Bases fueron parte del primer paquete de reformas, pero señaló que los cambios más profundos, como la reforma laboral y tributaria, requieren de mayor consenso político:
“Hay que simplificar el sistema tributario argentino, pero para eso se necesita una base parlamentaria más sólida”, concluyó.

El diputado libertario y parlamentario del Mercosur, Alfredo Olmedo, fue denunciado por mantener a trabajadores rurales en condiciones de semiesclavitud en una finca de su propiedad ubicada en La Rioja.

El diputado libertario y actual parlamentario del Mercosur, Alfredo Olmedo, fue denunciado formalmente luego de que una inspección realizada en una de sus fincas olivícolas de La Rioja revelara la existencia de trabajadores rurales en condiciones precarias, indignas e inhumanas.

El operativo fue llevado a cabo por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), en conjunto con la Secretaría de Trabajo de La Rioja y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). La intervención tuvo lugar en la finca “Alfredo H. Olmedo S.A.”, ubicada en las afueras de la capital riojana, dedicada a la producción de aceitunas.

Allí se relevaron 63 trabajadores rurales, muchos de ellos migrantes, que se encontraban cumpliendo tareas de cosecha. Según el informe de los inspectores, los trabajadores vivían en albergues precarios, sin ventilación ni condiciones mínimas de salubridad, y dormían junto a letrinas improvisadas, expuestos a focos de infección y sin acceso a agua potable, duchas, o baños adecuados.

Desde UATRE calificaron la situación como un caso de explotación laboral y violación sistemática de los derechos humanos. “Lo que encontramos son personas tratadas como si fueran herramientas descartables, no trabajadores. Esto es servidumbre moderna”, señalaron desde el gremio.

El dirigente libertario, conocido por su discurso de “mano dura”, su campera amarilla y su insistencia en valores como el mérito, la religión y la austeridad, ahora enfrenta una denuncia por mantener en su propio establecimiento a trabajadores en condiciones que rozan la esclavitud moderna.

“Dormían entre letrinas, sin agua ni condiciones de higiene”

El informe oficial indica que los peones vivían hacinados en estructuras precarias, muchas de ellas sin techo firme ni protección contra las inclemencias climáticas. La comida era escasa y de baja calidad, y los trabajadores no tenían acceso a elementos básicos de higiene ni a protección para su tarea agrícola, lo que agrava aún más la situación ante los estándares legales.

La UATRE señaló que esta inspección es parte de una intensificación de controles que el gremio viene realizando en todo el país para combatir la informalidad y la explotación rural. Solo en los primeros cuatro meses del año, el sindicato ya relevó más de 2.500 trabajadores y presentó 133 denuncias por irregularidades laborales.

Hipocresía y contradicción en el discurso público de Olmedo

La denuncia contra Olmedo expone una grave contradicción entre su discurso público y las condiciones en las que desarrolla su actividad privada. Mientras en el Parlamento del Mercosur (de cuya presidencia fue recientemente destituido) y en los medios promueve ideas de libertad individual, religión, trabajo duro y respeto por la ley, en su propia finca se violaban principios elementales de legalidad y dignidad humana.

Diversas organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos manifestaron su repudio y exigieron una investigación judicial profunda, además de sanciones ejemplares si se comprueba la responsabilidad del parlamentario.

“Hay que terminar con la impunidad de quienes se amparan en cargos públicos para beneficiarse económicamente a costa de la miseria de otros”, expresaron desde sectores sindicales.

En una actitud totalmente repudiable, la notera de TN Giuliana Salguero, trato de forma despectiva a las victimas de la inundación en San Antonio de Areco por no ser asistida. Los vecinos indignados le salieron al cruce y la acusaron de lucrar con la tragedia.

La cobertura del devastador temporal en San Antonio de Areco tomó un giro inesperado y lamentable luego de que Giuliana Salguero, cronista del canal TN, fuera duramente cuestionada por su actitud hacia las víctimas del desastre. Lejos de mostrar empatía, la periodista publicó en sus redes sociales un video en el que se quejaba por su ropa mojada y por no haber recibido asistencia mientras cubría la emergencia, lo que generó un profundo rechazo en la comunidad local.

Según trascendió, Salguero intentó subirse a un bote destinado exclusivamente a evacuar damnificados y transportar provisiones. Ante la negativa de los rescatistas, reaccionó con enojo y desató una ola de comentarios críticos en redes sociales. Como si fuera poco, luego se filtraron mensajes y audios en los que la notera respondía de forma despectiva a los vecinos que habían perdido todo y que, con justa razón, expresaron su malestar.

💥 UNA NOTERA DE TN SE CRUZÓ CON LAS VÍCTIMAS DE LAS INUNDACIONES

Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/xBHglxWxSd

— América TV (@AmericaTV) May 19, 2025

“Una vergüenza es que vos te dediques a escribirme, ridículo. Si te jode mucho el rating lo que podés hacer es comprarte cómics, boludo. O mirar TikToks”, contestó Salguero a un vecino que le cuestionó su actitud. En otro mensaje, con tono sarcástico, agregó: “La próxima, no llamen a los medios nacionales. Besos”.

Las respuestas de la periodista fueron interpretadas por muchos como una falta de sensibilidad y profesionalismo, en un contexto donde cientos de familias lo perdieron todo. La situación generó una fuerte reacción en redes sociales y medios de comunicación, donde se multiplicaron los pedidos de disculpas públicas por parte del canal y de la cronista.

Mientras San Antonio de Areco intenta recuperarse del temporal, lo sucedido deja al descubierto una actitud repudiable e inaceptable por parte de quien debía informar con respeto y humanidad, no faltarles el respeto a las víctimas.

La inflación mayorista repuntó al 2,8% en abril por mayor alza de productos importados, frente al 1,5% que había registrado en marzo, de acuerdo a lo informado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La inflación mayorista registró en abril su mayor nivel en siete meses, al alcanzar un 2,8%, impulsada principalmente por el fuerte aumento en los precios de los productos importados. Así lo informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que confirmó una aceleración respecto al 1,5% registrado en marzo.

El organismo detalló que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) mostró una suba del 2,8% mensual, la más elevada desde agosto de 2024. Esta variación fue resultado de un incremento del 6,0% en los “Productos importados” y un alza del 2,6% en los “Productos nacionales”.

Con este dato, la inflación mayorista acumula un aumento del 7,7% en los primeros cuatro meses de 2025, mientras que en términos interanuales el incremento alcanza el 27%.

Entre los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM durante abril fueron “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,31%), “Alimentos y bebidas” (0,27%), “Productos refinados del petróleo” (0,23%), “Máquinas y equipos” (0,18%) y “Tabaco” (0,18%).

En el acumulado del año, los productos importados también muestran un mayor impacto inflacionario (8,4%) frente a los nacionales (7,6%). En este último grupo se destacaron los aumentos en Tabaco (11,7%), Impresiones y reproducción de grabaciones (9,6%) y Alimentos y bebidas (9,1%).

Por su parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, también subió un 2,8% en abril. Esta variación respondió a un aumento del 2,5% en los productos nacionales y del 6,1% en los importados. En lo que va del año, el IPIB acumula una suba del 7,8% y registra una variación interanual del 25,5%.

En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide exclusivamente la producción local sin considerar impuestos ni importaciones, avanzó un 2,5% en abril. Esta suba fue impulsada por un alza del 0,4% en los productos primarios y del 3,4% en los manufacturados y la energía eléctrica. El IPP acumula en 2025 una variación del 7,9% y una suba interanual del 27,6%.

Construcción

En abril, el costo de la construcción registró un incremento del 0,5 % respecto al mes anterior y del 43,1 % en comparación con el mismo mes del año pasado. Según datos del organismo de estadísticas, esta suba se explica por el alza del 2,9 % en el rubro “Materiales” y del 1,7 % en “Gastos generales”, mientras que el ítem “Mano de obra” mostró una caída del 1,9 %.

Dentro del segmento laboral, los salarios formales descendieron un 2,6 %, mientras que los pagos por subcontratación de trabajadores aumentaron un 1,3 % en relación a marzo.

En contraste con los salarios, los materiales continuaron en alza. Entre los productos que más aumentaron se destacan: maderas en bruto y madera para techos y pisos (9,1 %), artefactos eléctricos, iluminación y porteros eléctricos (7,4 %), electrobombas (6,9 %) y productos aislantes (5,7 %).

La medida, oficializada mediante el Decreto 332/2025 y firmada por el propio mandatario junto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aparece justo cuando avanzaban investigaciones por posibles delitos vinculados al círculo presidencial.

En una decisión que genera serias sospechas de encubrimiento, el Gobierno nacional resolvió disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para indagar sobre la polémica criptomoneda $LIBRA, promocionada públicamente por el presidente Javier Milei. La medida, oficializada mediante el Decreto 332/2025 y firmada por el propio mandatario junto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aparece justo cuando avanzaban investigaciones por posibles delitos vinculados al círculo presidencial.

Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que la UTI “cumplió con las tareas asignadas” y que toda la información ya fue remitida al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos informes oficiales ni se conocen las conclusiones de la unidad disuelta. Tampoco se ha revelado la identidad de los desarrolladores de $LIBRA ni si existieron vínculos entre ellos y funcionarios del Gobierno.

El cierre de la unidad se produce en un contexto de creciente tensión política: Cúneo Libarona volvió a ausentarse ante la Cámara de Diputados, que lo había citado para dar explicaciones sobre el escándalo. También faltó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La falta de rendición de cuentas por parte de los funcionarios clave refuerza la idea de que se busca blindar al Presidente y su entorno de eventuales consecuencias judiciales.

La UTI había sido creada por el Decreto 114/2025, encomendando a la Oficina Anticorrupción la tarea de investigar posibles irregularidades o hechos de corrupción relacionados con el criptoactivo. Bajo la conducción de María Florencia Zicavo, la unidad tenía amplias facultades para solicitar información a organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, y estaba encargada de responder a los requerimientos del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

Ahora, con su disolución prematura y sin informes disponibles, crecen las sospechas de que el Gobierno busca enterrar el caso antes de que puedan esclarecerse responsabilidades. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal continúa con la investigación, pero sin el respaldo de una estructura creada específicamente para ello.

Para muchos, el cierre de la UTI no es más que una jugada para garantizar la impunidad presidencial en uno de los mayores escándalos financieros de esta gestión.

El presidente Javier Milei volvió a desatar una fuerte polémica al elogiar nuevamente a los evasores fiscales y burlarse abiertamente de quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.

En una entrevista reciente, el mandatario defendió sin reparos el nuevo esquema de blanqueo de capitales —que permitiría ingresar dólares al sistema sin pagar impuestos ni explicar su origen— y lanzó duras críticas contra los contribuyentes: “Quizás no tuvieron el talento o las agallas para salir del sistema”, afirmó.

Con un tono desafiante, Milei calificó de “ofensivo” el término contribuyente, y señaló que no tiene intención de premiar ni compensar a quienes pagan sus impuestos: “El que pudo zafar, genial”, declaró. Fue más allá aún al insinuar que si más personas hubieran evadido, el sistema político habría colapsado: “Si todos hubieran logrado hacer lo mismo, quizás los políticos hubieran dejado de robarnos”, disparó.

Fiel a su ideología libertaria, el presidente reiteró que “los impuestos son un robo” y sostuvo que quienes evadieron no cometieron ningún delito desconociendo el enorme daño que genera la evasión impositiva en los países en vías de desarrollo. En su visión, los argentinos que guardaron dólares fuera del sistema simplemente intentaron protegerse del “impuesto inflacionario” y de las “garras del Estado”.

¿A medida del narco? un blanqueo sin preguntas ni impuestos

En cuanto al plan económico, Milei explicó que el nuevo blanqueo de capitales permitirá ingresar dólares sin cuestionamientos sobre su origen: “A mí no me importa en lo más mínimo. Lo económico se resuelve con economía, lo penal en la Justicia”, declaró, minimizando incluso la posibilidad de que los fondos provengan de actividades ilícitas. “Al narcotráfico lo combatimos con Seguridad y Defensa, no con economía”, añadió.

Según el presidente, la medida será anunciada una vez que cuente con blindaje legal, y está siendo elaborada por el Ministerio de Economía, el Banco Central, ARCA y el Ministerio de Justicia. Estiman que hay entre 200.000 y 400.000 millones de dólares fuera del sistema que podrían “revolucionar la economía” si se liberan.

Lejos de un objetivo recaudatorio, Milei presentó la iniciativa como un acto de “liberación”: un mecanismo para que los argentinos “usen su dinero” sin penalidades ni controles.

Las declaraciones generaron un fuerte revuelo político y social, al poner en duda desde la propia presidencia la legitimidad del sistema tributario y al elogiar abiertamente prácticas que tradicionalmente se consideran delitos fiscales.

En un escenario de participación históricamente baja, el vocero presidencial Manuel Adorni logró una resonante victoria para La Libertad Avanza, imponiéndose en la mayoría de las comunas, incluso en bastiones tradicionales del PRO.

Las elecciones legislativas de este domingo 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires marcaron un hito político y social. En un escenario que se caracterizó por una participación históricamente baja y alta fragmentación partidaria, el vocero presidencial Manuel Adorni logró una resonante victoria para La Libertad Avanza, imponiéndose en la mayoría de las comunas, incluso en bastiones tradicionales del PRO. A pesar del contexto de apatía ciudadana, Adorni capitalizó el respaldo al oficialismo nacional y se consolidó como la nueva figura dominante del escenario porteño.

Una jornada marcada por la apatía y la baja participación

Según datos oficiales del Instituto de Gestión Electoral, la participación fue del 56 %, la más baja en 28 años. Esto representa una caída de 20 puntos con respecto a las elecciones generales de 2023 y más de 17 puntos comparado con las legislativas de 2021. Este fenómeno de creciente ausentismo no fue exclusivo de CABA: otras provincias como Santa Fe, Chaco, Salta y San Luis también registraron cifras preocupantemente bajas. Analistas señalan el desencanto con la política, la falta de competitividad y la insatisfacción social como causas de esta tendencia.

Buena performance de Leandro Santoro

En ese marco, Leandro Santoro, líder de Es Ahora Buenos Aires, protagonizó una destacada performance y quedó en segundo lugar por un margen muy estrecho, mostrándose como el principal contrapeso urbano a La Libertad Avanza. Su espacio ganó en seis comunas, ubicadas en zonas históricamente progresistas y populares.

Catástrofe en el PRO

La gran derrotada de la jornada fue la fuerza creada por Mauricio Macri. El PRO, que esta vez compitió bajo el sello Buenos Aires Primero, no ganó en ninguna de las 15 comunas. Incluso en distritos emblemáticos como Recoleta, Belgrano y Palermo, Silvia Lospennato apenas alcanzó el segundo lugar, desplazada por Adorni y acechada de cerca por Santoro.

En la Comuna 2 (Recoleta), símbolo del macrismo, Manuel Adorni se impuso con el 37,90 % de los votos, dejando a Lospennato con un lejano 22,48 %, mientras Santoro alcanzó el 16,54 %. En Palermo (Comuna 14), Adorni volvió a liderar con el 35,06 %, mientras que PRO y Santoro empataron técnicamente con 20,74 % y 20,36 % respectivamente.

Los resultados marcan un giro profundo en el mapa electoral porteño. La Libertad Avanza se impuso en nueve comunas, Es Ahora Buenos Aires en seis, y el PRO quedó completamente relegado. En 2021, el partido amarillo había alcanzado el 46 % de los votos y dominado ampliamente la Ciudad.

Desde el búnker del PRO en San Telmo, Lospennato reconoció la derrota con un tono combativo: “No son los resultados que esperábamos. Esta fue una campaña muy difícil, llena de insultos y noticias falsas. Intentaron quebrarme, pero no lo lograron”.

Más allá de los resultados partidarios, la elección dejó una señal de alerta para todo el sistema político: la participación ciudadana en CABA alcanzó su nivel más bajo desde 1997, reavivando el debate sobre la desafección democrática y el compromiso cívico en la Argentina.

La justicia ratificó el procesamiento del clan Etchevehere, entre los que figuran Sebastián Etchevehere, ex candidato de Milei en Entre Ríos y Luis Miguel Etchevehere, quien fuera ministro de Mauricio Macri, en una causa por vaciamiento y estafa agravada en perjuicio de la histórica empresa periodística El Diario de Paraná

La resolución judicial refuerza las acusaciones por administración fraudulenta contra varios miembros del clan Etchevehere, entre ellos su hermano Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri.

El fallo, firmado por los jueces María de Luján Giorgio, Gustavo Pimentel y Evangelina Bruzzo, confirmó las responsabilidades de Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel Etchevehere, junto a su madre Leonor Marcial, en el vaciamiento de la firma Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), ex propietaria del medio. La denuncia fue impulsada por Dolores Etchevehere, también parte de la familia, quien había acusado a sus hermanos por apropiación indebida de bienes y fondos de la empresa. Ella fue recientemente absuelta en la causa de usurpación del campo familiar, relacionado con el Proyecto Artigas.

Este domingo 18 de mayo se cumplieron siete años del despido masivo e intempestivo de más de 80 trabajadores de El Diario, quienes aún reclaman el pago de indemnizaciones. “Instamos a que la justicia acelere los tiempos”, reclamó Silvio Méndez, uno de los periodistas cesanteados, al recordar el impacto social y humano de la maniobra empresarial que dejó a decenas sin empleo ni reparación.

Los jueces señalaron que los Etchevehere ejecutaron maniobras deliberadas para saquear activos de la empresa y llevarla al colapso económico, tras lo cual iniciaron un concurso de acreedores aún no resuelto por el juez Ángel Moia. Mientras tanto, una posible salida aparece con un grupo empresario rosarino interesado en recuperar el medio y asumir el pasivo laboral.

Un candidato con fuertes vínculos con la dictadura

Sebastián Etchevehere, quien en 2023 fue candidato de Javier Milei en Entre Ríos, está casado con Isabel Rodríguez Varela, hija de Alberto Rodríguez Varela, Ministro de Justicia de la dictadura de Jorge Rafael Videla (1978–1981). Este último no sólo fue funcionario de facto, sino que también fue abogado defensor de Videla durante el histórico Juicio a las Juntas, promoviendo la estrategia de que los tribunales civiles eran “incompetentes” para juzgar crímenes de lesa humanidad.

Rodríguez Varela también se destacó por su militancia en defensa del golpe de Estado y la represión ilegal. Durante una clase pública en la Universidad Católica Argentina (UCA), llegó a invitar al propio Videla, beneficiado por los indultos de Carlos Menem, para defender su visión de una “guerra interna” y justificar los crímenes cometidos entre 1976 y 1983.