Además, el mandatario se refirió a la segmentación de los subsidios a la energía y aclaró que no se trata de una “imposición del Fondo Monetario Internacional”.

El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves desde Francia, que “los sectores más débiles van a seguir siendo atendidos con subsidios” a la energía, en tanto que “el 10 por ciento más pudiente dejará de ser subsidiado” con la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los mismos, y aclaró que no se trata de una “imposición del Fondo Monetario Internacional” sino que está contenido en el programa económico del Gobierno.

“Los aumentos suponen la aplicación de la segmentación. El 10 por ciento más pudiente, que se ve beneficiado con subsidios, deja de ser subsidiado, lo cual es una medida muy progresiva en términos económicos. Hace que el que tiene pague”, dijo Fernández esta tarde en una rueda de prensa en la embajada argentina en París.

En la última escala de su gira por Europa -el martes estuvo en España y el miércoles en Alemania-, el Presidente habló de la implementación de la segmentación de los subsidios, en una semana que estuvo marcada por las audiencias públicas encabezadas por la secretaría de Energía.

“Los sectores más débiles van a seguir siendo atendidos con subsidios”, ratificó el Presidente al hablar con los periodistas argentinos que cubren la gira por Europa.

En cuanto a los aumentos, dijo que están “vinculados a los salarios, a cómo evolucionan” y aclaró que “nunca el aumento de tarifas puede ser mas alto que el aumento salarial de las personas, lo cual tiene un criterio distributivo muy grande, y es un porcentaje menor”.

“Esto que estamos haciendo está en el programa económico. No es una imposición del Fondo. Creemos que es necesario hacerlo. Es muy difícil pensar que la economía pueda seguir subsidiando a los más ricos cuando vemos como se ha desatado un conflicto energético a partir de guerra y los precios de la energía se han disparado”, explicó el Presidente.

“Estamos muy convencidos de que estamos en el camino correcto”, concluyó Fernández sobre el tema tarifas.

El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, con dinero de ciudadanos argentinos que fue fugado al exterior.

El Senado de la Nación debatirá este jueves en sesión ordinaria el proyecto de ley impulsado por el oficialismo para pagar la deuda de más de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contraída por el gobierno del expresidente Mauricio Macri en 2018, con dinero de ciudadanos argentinos que fue fugado al exterior.

La sesión fue convocada anoche por un Decreto Parlamentario firmado por la presidenta Provisional del Senado, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, quien encabezará la reunión parlamentaria porque la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en ejercicio de la Presidencia de la Nación a raíz de la gira que realiza por Europa el presidente Alberto Fernández.

Los senadores fueron citados a la sesión, prevista para este jueves a las 14, con un temario acordado con la oposición en el que se incluyen varios temas entre los que figuran también diversos proyectos de Declaración en homenaje a la gesta de Malvinas, al cumplirse 40 años de la guerra en el Atlántico Sur.

Sin embargo, el asunto principal será el proyecto impulsado por el Frente de Todos para pagar la deuda adquirida durante la presidencia de Macri con el FMI.

El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.

En el temario, los legisladores también buscarán aprobar un proyecto por el que se reconoce el Tratado Interprovincial de Creación de la Región Norte Grande Argentino.

Además, fueron incluidos en el plan de labor varios acuerdos internacionales, entre los que se destacan el reconocimiento de títulos de grado de Educación Superior en el ámbito del Mercosur.

En una reunión conjunta, la Comisión de Industria y la Comisión de Presupuesto y Hacienda avanzarán en el Proyecto de Ley de Compre Argentino y Desarrollo para Proveedores, enviado por el Poder Ejecutivo.

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Luego de la negativa por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la negociación por los fondos del traspaso de la Policía a la Ciudad, el ministro del Interior advirtió que desde Nación, “Respetamos la ley y un minucioso informe técnico”.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se refirió este miércoles a la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos del traspaso de la Policía a la órbita porteña y dijo lamentar que las autoridades de esa jurisdicción “crean estar por encima de la ley”.

Mientras desarrolla actividades en la provincia de La Rioja y a través de su cuenta en la red social Twitter, el funcionario nacional sostuvo que durante los siete encuentros mantenidos, la Casa Rosada mostró “predisposición y propuestas superadoras” para “alcanzar un acuerdo justo en el reparto de los recursos con el resto de las provincias y cumpliendo con el artículo 2 de la Ley 27.606”.

“A pesar del esfuerzo manifestado desde el Gobierno nacional para alcanzar un acuerdo (…) hoy cerramos la etapa de negociaciones solicitada por la Corte Suprema de Justicia sin arribar a una solución conjunta“, explicó.

Sobre las propuestas, De Pedro dijo que en el encuentro de este miércoles se realizó una última propuesta -también rechazada por la Ciudad- que tiene en cuenta el dictamen emitido por la Comisión Federal de Impuestos el jueves de la semana pasada, en el que se sostiene que el monto de transferencia al año 2021 debía ser $43 mil millones.

Ese informe, contrario a los intereses de la Ciudad, fue aprobado por los representantes de 21 gobiernos provinciales, entre ellos, varios aliados políticos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Lamentamos que las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios. Respetamos la ley y un minucioso informe técnico. No hacerlo sería convalidar una ilegalidad del Gobierno anterior y una arbitrariedad para con todas las provincias”, añadió el Ministro del Interior.

El funcionario afirmó que la decisión del Gobierno de Macri de casi triplicar los fondos para la Ciudad “atentaba contra el federalismo y lastimaba los intereses de todas las provincias, además del empleo en todo el país”, mientras se ve “cómo se sigue concentrando la riqueza argentina alrededor del puerto de Buenos Aires”.

A pesar del apoyo que sumó el Gobierno Nacional, que incluyó a aliados políticos del jefe porteño, el gobierno de Rodríguez Larreta se negó a cerrar el conflicto.

Finalmente, los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires concluyeron este miércoles las negociaciones por los fondos correspondientes al traspaso de la Policía a la órbita porteña sin haber alcanzado un acuerdo y ahora será la Corte Suprema de Justicia la que deberá fallar en el diferendo entre las partes.

La reunión se concretó en la misma jornada en que vence la extensión del plazo otorgado por el máximo tribunal y luego de que el viernes pasado veintiún provincias aprobaran un informe de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) que contradice la posición de la Ciudad en el reclamo.

Fueron menos de 50 minutos los que duró el encuentro en el que Casa Rosada estuvo representada por la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y la administración porteña por su jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

Luego del mencionado dictamen de la CFI y de las declaraciones de la mayoría de los gobernadores, incluso de aliados políticos del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, apoyando a la Nación, la Ciudad motorizó un nuevo encuentro que, tal como se esperaba, no tuvo resultados positivos.

Será ahora el máximo tribunal el que deberá emitir un fallo, que podría ser precedido por una medida cautelar.

Tal como había adelantado Télam hace dos semanas, fuentes del Gobierno porteño confirmaron que si bien “hubo avances en algunos puntos, como un nuevo mecanismo para la transferencia de los recursos y la actualización” por inflación, no hubo acuerdo por el monto a transferir.

Durante la mañana, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió al tema y recordó que “a pocos días de asumir, el expresidente Mauricio Macri resolvió multiplicar por más de 3 la coparticipación a CABA de manera injustificada, sin ninguna razón”.

“Fue un favor a Larreta porque la Ciudad es el lugar donde el macrismo hace pie. CABA se vio beneficiada y los gobernadores protestaron porque son recursos que hay que distribuir entre todas las provincias en base a la situación social, necesidades de infraestructura y cantidad de habitantes”, dijo y señaló que “Macri le dio a la Ciudad jerarquía de provincia, lo cual no es”.

Además, recordó que el exministro del Interior, “Rogelio Frigerio, reconoció que era un error y dijo que iban a ir para atrás, pero lo bajaron a 3,50 diciendo que era para pagar la transferencia de las fuerzas de seguridad”.

En tanto, un grupo de 17 gobernadores emitió un documento en el que advirtió a la Corte Suprema que “el federalismo no se negocia” y manifestó la “profunda preocupación por la injerencia indebida” por parte del máximo tribunal en la causa iniciada por la ciudad de Buenos Aires por los recursos otorgados en el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña durante la gestión de Cambiemos y luego modificado por el actual Gobierno.

“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes”, señala el texto firmado por 17 mandatarios provinciales, dado a conocer este miércoles.

Tras una serie de encuentros informativos, la Comisión de Legislación General trabaja hoy en la mejora de la Ley 27.551 de Alquileres, en busca de dictamen.

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En una reunión conjunta, la Comisión de Industria y la Comisión de Presupuesto y Hacienda avanzaron sobre el Proyecto de Ley de Compre Argentino y Desarrollo para Proveedores, enviada por el Poder Ejecutivo Nacional.

La Ley en la que trabajan los diputados es una herramienta de política industrial que permite canalizar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales. Será tratada nuevamente por las comisiones el próximo jueves.

La Subsecretaria de Industria, Julieta Loustau, mencionó: “El objetivo de esta Ley es poder acompañar, incrementar el poder, generar nuevas oportunidades y desarrollos de empresas nacionales, en el fuerte poder de compras públicas que tiene el Estado, generando una estructura más diversificada y competitiva”. También precisó que se busca “Poder avanzar en un aspecto que hoy la ley no contempla, como generar sectores estratégicos e innovadores”.

En el debate en conjunto también se trató la temática de desarrollo sostenible, la producción, y consumo responsable. En línea con dichos ejes, el diputado de Evolución Radical (San Luis), Alejandro Cacace destacó: “Uno de los puntos del Objetivo de Desarrollo Sostenible, es que las adquisiciones públicas en las compras y contrataciones de los estados se tenga en cuenta, de manera preferente, a aquellas empresas que cumplen con las pautas del desarrollo sostenible de la producción y consumo responsable”.

Por su parte, la diputada del Frente de Todos (Río Negro), Susana Graciela Landriscini, explicó: “Quienes estudiamos la industria como motor del desarrollo económico de los países sabemos que en los tiempos actuales, modernizadas las industrias con los nuevos servicios derivados de las tecnologías de información y comunicación, generan una gran oportunidad. Esto no tiene un automatismo en la historia, requiere un tiempo de desarrollo y la promoción del Estado”.

Por Jorge Gres

Cristina Fernández de Kirchner pasó por el Chaco ante una multitud que la esperaba con la devoción y la ilusión de siempre. 

El pasado 6 de Mayo, también se fantaseó con una línea de partida imaginaria, y unos pocos soñaron con respaldos y candidaturas. Sin embargo, nada de esto aún es concreto. Con este inicio, se regodean Jorge Capitanich, Sergio Massa y Daniel Scioli, entre otros que quisieran apuntarse.

Cristina ese día habló de muchas cosas, dejando entrever en todo momento que el peronismo se dobla ,pero no se rompe. Demostró que va dar las discusiones donde corresponde y que mostrará amplitud para negociar en política internacional, incluso con Estados Unidos. Estos encuentros se ven facilitados por el trabajo de Argüello, Taiana y el propio Capitanich.

Es innegable que las tensiones políticas preocupan más afuera que adentro. Pareciera que el albertismo está negando la discusión política de cierta altura y profundidad.  Los por qué habrá que preguntárselos al entorno del actual Presidente.

La vicepresidenta  remarcó el trabajo de Andrés Larroque. Contó que el Presidente solicitó al diputado Máximo Kirchner , que el “Cuervo” fuera el ministro  de Desarrollo Social de la Nación. Todo esto, previo a considerar a Juan Zabaleta para dicho cargo.

CFK mencionó abiertamente el tema económico y en particular a Matías Kulfas y a sus críticas , reflejadas en el libro “Los Tres Kirchnerismos”. Se mencionó también la posibilidad de que el economista Hernán Letcher hubiera ocupado el cargo  de Secretario de Comercio.   Habiendo sido decisión del propio Kulfas, que Letcher no ocupara este rol.

Cristina, enfatizó el daño que se le hace a los más humildes, con las políticas inflacionarias que aplica Guzmán ,con o sin intencionalidad.

En otro orden de cosas , esta semana hemos tenido expresiones como las de Alfredo Casero , demostrando la prepotencia y la “indignación”, propia de la derecha, lo cual coincide con cierto sector de Juntos , que empieza a ver una supuesta inacción de alguno de sus dirigentes y exigen radicalizar la política a toda costa.

Patricia Bullrich o Javier Milei son respuestas a estos intentos de construir desde la indignación y la destrucción previa. La violencia como herramienta de transformación, a pesar de no reconocer lo viejo y lo peligroso de estos actos. Su lógica reside en un lugar superior, desde donde miran la realidad, como si ellos tuvieran derechos adquiridos , inalienables, por encima de los del resto de la sociedad ,defendiendo los intereses de unos pocos, que viven muy bien, en detrimento de otros que viven muy mal.

Tal como lo venimos adelantando, Patricia Bullrich se proyecta con muy buenos números. Es la que tiene mejor imagen dentro del electorado de Juntos y eso preocupa al expresidente Macri y a Horacio Rodríguez Larreta.

El almuerzo de este mediodía , de los líderes del PRO, fue la muestra de una “unidad” que tiene más que ver con la foto que con los hechos fácticos. La discusión de poder y el detentar los recursos de la tan mentada “embajada”, todavía están en danza.

Y en este vaivén de sucesos, fantasías y expectativas, existe una imperiosa necesidad de elegir a alguien que represente a todos en 2023. Los nombres, los empezó a poner CFK sobre la mesa.

Tanto la vicepresidenta, como sus hijos, y otros acusados del caso, habían sido enviados a juicio oral, pero el TOF 5, por mayoría, sobreseyó a todos los imputados. 

La vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, pidieron a la Cámara Federal de Casación Penal que confirme su sobreseimiento en la causa unificada conocida como “Hotesur-Los Sauces”.

Según informó la periodista Vanesa Petrillo, por su parte la Fiscalía solicitó que se revoque el sobreseimiento y que se ordene el juicio oral para todos los acusados.

Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy presentaron un escrito en el que ratificaron los argumentos para el cierre del caso, tal como lo dispuso en noviembre pasado el Tribunal Oral Federal 5.

Los jueces de la Sala I de la Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, son quienes deberán resolver si confirman o no el sobreseimiento.

Cristina, sus hijos, y los otros acusados del caso habían sido enviados a juicio oral, pero el TOF 5, por mayoría, sobreseyó a todos los imputados. El fiscal Diego Velasco apeló esa decisión, por ello el caso debe ser definido por Casación.

Para la defensa no hubo lavado de dinero porque el dinero en cuestión tuvo una “perfecta trazabilidad” y porque los delitos precedentes del lavado fueron desestimados.

Los letrados explicaron que los pagos que las empresas Hotesur y Los Sauces recibieron “estaban bancarizados y fueron efectuados mediante cheques o transferencias bancarias”.

En su presentación, consignaron que el tipo de lavado de dinero que se imputa en la causa no estaba legalmente vigente cuando ocurrieron los hechos, por lo que se debe aplicar la ley penal más benigna a los acusados.

Por su parte, el fiscal de Casación Mario Villar pidió que se revoquen los sobreseimientos y que se haga el juicio oral.

“Las sentencias arbitrarias enmascaran bajo la apariencia de un acto jurídico una decisión desamparada de legalidad, por ello no son sentencias, no dicen el derecho y los que las dictan no actúan como jueces, sino como voluntades subjetivas apartadas del sistema jurídico que deberían defender”, sostuvo.

En noviembre del año pasado, el Tribunal Oral número 5 dictó el sobreseimiento a todos los imputados, entre ellos a Cristina Fernandez de Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa y otras 18 personas. Los jueces dijeron que no existe ninguno de los delitos planteados, no hubo lavado de dinero: los fondos de la obra pública fueron siempre en blanco y los alquileres de Hotesur y Los Sauces también.

La ley otorga a los proveedores nacionales prioridad en las compras públicas y promueve procesos de transferencia tecnológica a favor de las empresas locales, brindando la posibilidad de insertarlos en cadenas globales de valor y favoreciendo su acceso a mercados internacionales.

En una reunión conjunta, la Comisión de Industria y la Comisión de Presupuesto y Hacienda avanzarán sobre el Proyecto de Ley de Compre Argentino y Desarrollo para Proveedores, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. La Ley de Compre Argentino es una herramienta de política industrial que permite canalizar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales.

La ley otorga a los proveedores nacionales prioridad en las compras públicas y promueve procesos de transferencia tecnológica a favor de las empresas locales, brindando la posibilidad de insertarlos en cadenas globales de valor y favoreciendo su acceso a mercados internacionales.

Por otra parte, durante la jornada de este martes se van a constituir las siguientes Comisiones: Vivienda y Ordenamiento Urbano (12:00HS); Legislación del Trabajo (13:00HS); Comisión de Asuntos Constitucionales (14:00HS); Comisión de Justicia (15:00HS); Comisión de Discapacidad (16:00HS); y la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Org. No Gubernamentales (18:00HS).

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