Mientras profundiza el recorte en políticas de discapacidad y avanza con el vaciamiento de la ANDIS, el Gobierno quedó envuelto en un escándalo que expone maniobras para entorpecer una investigación judicial por presuntas coimas y desvío de fondos públicos.

El ajuste brutal en el área de discapacidad no fue un hecho aislado ni una simple decisión administrativa. Más adelante, el intento de cierre y desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad apareció como una jugada política que buscó meter palos en la rueda de una investigación cada vez más incómoda para el oficialismo, atravesada por denuncias de corrupción, audios comprometedores y vínculos directos con el poder.

En el centro del escándalo quedó Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, desplazado luego de quedar involucrado en denuncias por presuntas coimas en la compra de insumos. Su nombre no pasó desapercibido: fue una de las personas que más visitó al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, un dato que reforzó las sospechas sobre el alcance político del entramado investigado.

En el mismo tono, el caso de Ornella Calvete terminó de detonar la indignación pública. En su domicilio se encontraron 700 mil dólares en efectivo, una suma que intentó justificar con explicaciones que no lograron despejar las dudas. Aun así, la imputada pidió su sobreseimiento mientras la investigación sigue abierta y suma elementos que comprometen al entorno libertario.

Con el mismo ímpetu, comenzaron a salir a la luz audios que describen con detalle cómo se habrían armado las compras dentro de la ANDIS, un material clave para la Justicia que expone un mecanismo sistemático de presuntas coimas y retornos. Lejos de colaborar con el esclarecimiento, el Gobierno respondió con recortes presupuestarios, despidos y un vaciamiento que amenaza con borrar pruebas y paralizar el funcionamiento del organismo.

Al mismo tiempo, mientras el escándalo crecía, el Ejecutivo reasignó fondos y avanzó con decisiones administrativas que fueron leídas como un intento de control de daños, en lugar de una respuesta transparente frente a las denuncias. El ajuste, en este marco, apareció menos como una política fiscal y más como una herramienta para tapar responsabilidades.

El cierre de la ANDIS y el ajuste en discapacidad no solo representan un ataque directo a uno de los sectores más vulnerables, sino que también configuran una maniobra política grave: recortar derechos, vaciar organismos y correr el foco justo cuando la investigación por corrupción empieza a rozar al corazón del poder. Un escándalo que, por más que el Gobierno intente silenciar, sigue creciendo.

Patricia Bullrich sufrió un revés político luego de que la hermana del presidente bajara la designación de Gerardo Milman para evitar tensiones internas y preservar acuerdos parlamentarios del oficialismo.

La exministra Patricia Bullrich atravesó una fuerte derrota política luego de que su intento por ubicar al diputado Gerardo Milman en un cargo clave del Senado fuera bloqueado por Karina Milei, figura central del armado político de La Libertad Avanza.

Milman, uno de los dirigentes más cercanos a Bullrich, había sido impulsado para asumir una función relevante en la Cámara alta, pero su designación fue finalmente descartada por decisión de la secretaria general de la Presidencia, que priorizó evitar conflictos políticos y desordenar las negociaciones en curso.

La maniobra fue interpretada en el entorno de Bullrich como una señal de pérdida de influencia dentro del oficialismo, en un contexto de internas persistentes entre los distintos sectores que integran la coalición de gobierno.

Desde el espacio que responde a Karina Milei señalaron que la decisión buscó sostener una estrategia de equilibrio parlamentario y evitar ruidos innecesarios en el Senado, donde el oficialismo necesita acuerdos para avanzar con su agenda legislativa.

El episodio volvió a exponer las tensiones internas dentro del Gobierno y consolidó el rol de Karina Milei como una de las figuras con mayor poder de decisión, capaz de frenar movimientos de otros dirigentes incluso dentro del propio espacio oficialista.

Un tribunal federal de Bahía Blanca dispuso que el tradicional diario local rectifique sus publicaciones de la última dictadura, luego de considerar que reprodujeron versiones falsas que encubrieron crímenes de lesa humanidad, en una decisión sin precedentes sobre responsabilidad mediática.

La Justicia federal que intervino en la megacausa Zona V por delitos de lesa humanidad dictó un fallo que, además de imponer condenas a represores, incluyó una orden inédita: el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca deberá corregir sus notas publicadas durante la última dictadura cívico-militar.

Según la resolución, el medio deberá rectificar artículos y coberturas en los que se presentaba a personas secuestradas, torturadas o asesinadas por el terrorismo de Estado como supuestos supuestos “abatidos en enfrentamientos” o como delincuentes muertos en combate. La decisión se basa en que esas publicaciones fueron falacias y difamaciones que ayudaron a encubrir crímenes de lesa humanidad.

El tribunal entendió que no se trató de simples errores aislados, sino de prácticas periodísticas que replicaron comunicados militares sin cuestionamiento y emplearon un lenguaje diseñado para legitimar la violencia estatal y deshumanizar a las víctimas. Por eso, sostuvo que mantener ese archivo sin rectificaciones prolonga el daño causado y consolida una versión falsa de los hechos que afecta la memoria social.

La orden de rectificación, que se deberá cumplir una vez que la sentencia quede firme, busca corregir el archivo periodístico del diario y restituir la verdad histórica, estableciendo que no hubo enfrentamientos sino secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos sistemáticos, como ya quedó probado en el juicio.

Los jueces destacaron que la reparación no se agota en las penas impuestas a los represores, sino que debe alcanzar también el plano simbólico y comunicacional, donde se construyen las percepciones colectivas sobre el pasado reciente de Argentina.

Este fallo marca un precedente sin antecedentes en la responsabilidad mediática durante la dictadura, al ordenar que un medio de comunicación actualice su propio archivo para reflejar la verdad de lo ocurrido y contribuir a la memoria social en lugar de perpetuar relatos falseados.

En un descargo ante la Justicia, Calvete intentó despegarse del caso ANDIS tras el hallazgo de 700 mil dólares en su vivienda, aseguró que el dinero pertenecía a una empresa vinculada a su padre y sostuvo que la frase “karinear el 3%”, incluida en chats de la causa, fue solo una “broma”.

La imputada en la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Ornella Calvete, presentó un escrito para desligarse de los hechos investigados, en el que negó cualquier responsabilidad penal y afirmó que el dinero encontrado en su domicilio no le pertenecía.

Según su versión, los 700 mil dólares en efectivo hallados durante un allanamiento en su departamento eran propiedad de una empresa vinculada a su padre, Miguel Ángel Calvete, también imputado en la causa, y habrían sido dejados allí antes de que ella se mudara al inmueble en marzo de este año.

Calvete aseguró que desconocía la existencia y el monto del dinero, que nunca lo tocó ni lo administró y que el efectivo fue encontrado intacto semanas después de su mudanza, una explicación que dejó más interrogantes que certezas.

El descargo también se refirió a los chats incorporados al expediente judicial, donde aparece la frase “karinear el 3%”, una expresión que quedó bajo la lupa de los investigadores. Sobre ese punto, la exfuncionaria sostuvo que se trató de una “broma coyuntural”, sin relación con maniobras reales ni con el funcionamiento del organismo.

Además, afirmó que no mantiene vínculos societarios con la empresa dueña del dinero, que no es accionista, empleada ni apoderada, y que jamás administró ni dispuso de esos fondos, intentando despegarse por completo del entramado investigado.

Las explicaciones brindadas no lograron descomprimir el clima de escándalo que rodea al caso, que dejó una escena difícil de justificar: bolsos con cientos de miles de dólares en una vivienda particular y conversaciones sobre “karinear el 3%”, reducidas luego a una supuesta broma en una causa que sigue acumulando sospechas y rechazo social.

La Justicia federal ordenó un allanamiento sobre el titular del Servicio Penitenciario Federal en el marco de una investigación por la provisión de alimentos en mal estado a personas detenidas en el penal de Ezeiza, en una causa que apunta a posibles irregularidades en la contratación de proveedores.

El director del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue allanado este viernes por orden judicial en el marco de una causa que investiga la compra y distribución de comida en mal estado para los internos del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, según confirmaron fuentes judiciales.

La medida fue dispuesta luego de denuncias reiteradas sobre la mala calidad de los alimentos suministrados en el penal, que habrían llegado a los detenidos en condiciones no aptas para el consumo humano, generando preocupación por la situación sanitaria dentro del establecimiento.

La investigación apunta a determinar si existieron irregularidades en los procesos de contratación de las empresas proveedoras del servicio de alimentación y si hubo responsabilidades directas de las autoridades del SPF en la supervisión y control de esos contratos.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron documentación y dispositivos electrónicos que serán analizados para reconstruir el circuito de compras y establecer si se produjeron maniobras administrativas irregulares o beneficios indebidos a determinadas firmas.

La causa se encuentra en etapa inicial y no se descarta que en los próximos días se amplíen las medidas judiciales, tanto sobre funcionarios del organismo como sobre las empresas involucradas en la provisión de alimentos.

El caso volvió a poner en el centro del debate las condiciones de detención en las cárceles federales y el rol del Estado en garantizar derechos básicos, incluso para quienes se encuentran privados de la libertad, mientras avanza la investigación judicial.

El ministro de Economía confirmó que el llamado Fondo de Asistencia Laboral impulsado dentro de la reforma laboral, no tendrá un objetivo laboral sino que será utilizado para “alimentar el mercado de capitales”, generando fuertes cuestionamientos de sindicatos y sectores críticos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió este viernes que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) —la herramienta prevista en la reforma laboral para financiar una alternativa a la indemnización por despido— será canalizado hacia el mercado de capitales y no directamente para sostener empleo o compensar cesantías, tal como habían señalado diversos sectores gremiales durante el debate de la reforma.

Caputo explicó que el FAL, que se nutrirá de aportes equivalentes a alrededor de 3% de las remuneraciones, no tendrá “naturaleza laboral” sino financiera, y su objetivo principal será recomponer y dinamizar el mercado de capitales argentino al canalizar ese flujo de recursos hacia instrumentos financieros registrados ante la Comisión Nacional de Valores.

Según lo reconoció el propio ministro, se estima que este instrumento podría movilizar aproximadamente US$ 4.000 millones por año, colocando ese dinero en manos de fondos privados con el objetivo de “alimentar un nuevo mercado de capitales” y favorecer la inversión interna.

La definición de Caputo descartó así la interpretación de que el FAL pudiera actuar como un mecanismo directo de protección o asistencia a trabajadores desvinculados, generando críticas de sectores sindicales que ven en la medida una transferencia de aportes laborales hacia el mercado financiero.

Desde la oposición y organizaciones gremiales advirtieron que la medida profundiza la desprotección del régimen previsional, al desviar recursos que hoy se destinan a la seguridad social hacia un esquema financiero orientado al mercado de capitales, sin garantías claras de retorno social o laboral.

El anuncio de Caputo se produce en medio del debate por la reforma laboral y las negociaciones sobre otras medidas económicas que el Gobierno impulsa para fortalecer el mercado interno y reducir la dependencia del financiamiento externo, aunque la estrategia enfrenta cuestionamientos crecientes tanto en el ámbito político como sindical.

Un hombre de 45 años fue asesinado durante un operativo policial en la Villa 20 de Villa Lugano de la Ciudad de Buenos Aires. Familiares y vecinos denunciaron como un caso de gatillo fácil.

Un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizado en la tarde del jueves 25 de diciembre en la Villa 20 de Villa Lugano terminó con la muerte de un vecino de ese barrio porteño, generando indignación entre familiares y organizaciones sociales por lo que consideran un posible caso de gatillo fácil.

La víctima fue identificada como Gabriel González, un hombre de 45 años que, según testimonios de allegados, se encontraba en el lugar cuando la policía acudió por una denuncia vinculada a disturbios durante la noche navideña. Las fuentes oficiales aún no brindaron detalles sobre las circunstancias precisas del hecho.

De acuerdo con vecinos presentes, los efectivos policiales intervinieron y se produjo un altercado en el que González recibió disparos. Tras ser herido, fue trasladado por el SAME al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, donde los médicos constataron su fallecimiento horas después.

Familiares y personas que estaban en el lugar denunciaron que, tras el hecho, los policías impidieron que una trabajadora de la salud realizara maniobras de reanimación, lo que aumentó la bronca de los presentes y las dudas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

Los allegados describieron a González como un trabajador y vecino conocido en la comunidad, y cuestionaron con dureza la actuación policial, reclamando que se amplíe la investigación y se determine si hubo uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes.

Mientras tanto, la Justicia porteña abrió una investigación para esclarecer lo sucedido, con la recolección de pruebas, testimonios de testigos y la realización de pericias que permitan determinar responsabilidades en lo que ya es considerado un hecho grave de violencia policial en un contexto festivo.

Un nuevo parte médico confirmó que la expresidenta permanece hospitalizada tras ser operada de urgencia por una apendicitis con peritonitis.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continuaba este viernes internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires debido a un cuadro de íleo postoperatorio, según informó el último parte médico difundido por el centro de salud.

De acuerdo al informe, la dirigente evolucionaba favorablemente de la intervención quirúrgica por apendicitis aguda con peritonitis localizada, aunque presentaba una complicación caracterizada por la disminución transitoria de la función intestinal, una situación frecuente en el período posterior a cirugías abdominales.

El comunicado médico detalló que la paciente mantenía drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico por vía endovenosa, y que hasta el momento no registraba fiebre, un dato considerado positivo dentro del seguimiento clínico.

Asimismo, se indicó que Cristina Kirchner continuaba con dieta líquida, sin posibilidad de avanzar hacia una alimentación sólida, en el marco del tratamiento indicado para este tipo de cuadros postoperatorios.

Desde el sanatorio señalaron que la internación se prolongará hasta la resolución del íleo, motivo por el cual no se estableció una fecha de alta médica, quedando supeditada a la evolución que presente en los próximos días.

La expresidenta había sido intervenida quirúrgicamente luego de ser trasladada de urgencia por fuertes dolores abdominales, y permanece bajo control médico estricto mientras se monitorea su recuperación.

La expresidenta permanece internada en el Sanatorio Otamendi luego de ser intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis y su evolución es favorable, aunque aún no se informó una fecha de alta.

Cristina Fernández de Kirchner continúa bajo observación médica en el Sanatorio Otamendi, donde fue operada de urgencia tras presentar un fuerte dolor abdominal que derivó en el diagnóstico de apendicitis. La intervención se realizó mediante una técnica laparoscópica y, de acuerdo con la información médica difundida, el postoperatorio transcurre sin complicaciones.

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre cuántos días deberá permanecer internada, aunque especialistas señalan que, en cuadros de estas características y con una evolución estable, el tiempo habitual de hospitalización suele ser breve. En general, este tipo de cirugías permite una recuperación hospitalaria de entre uno y pocos días, siempre que no surjan imprevistos clínicos.

Una vez que reciba el alta, se prevé que la expresidenta deba cumplir con un período de reposo y cuidados posteriores, evitando esfuerzos físicos durante varias semanas. Mientras tanto, su estado de salud es monitoreado de manera permanente y desde su entorno indicaron que la evolución continúa siendo favorable.

La expresidenta fue intervenida este domingo en el Sanatorio Otamendi tras presentar un fuerte dolor abdominal, y según el parte médico oficial evoluciona de manera estable tras la cirugía.

Cristina Fernández de Kirchner fue internada y operada de urgencia en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires luego de que médicos detectaran un cuadro de apendicitis complicada con peritonitis localizada tras un intenso dolor abdominal. El procedimiento se realizó tras la atención inicial en su domicilio, donde cumple arresto domiciliario, y con la autorización judicial correspondiente para su traslado al centro médico.

El equipo médico que la atendió confirmó que la cirugía fue exitosa y que la expresidenta, de 72 años, se encuentra estable y en observación postoperatoria, sin complicaciones mayores hasta el momento. Las autoridades del sanatorio indicaron que la intervención se llevó a cabo mediante laparoscopía y que se esperan nuevas actualizaciones sobre su evolución en las próximas horas.

Desde su entorno señalaron que, pese al cuadro abdominal que motivó la internación, la detección temprana del problema permitió una respuesta médica rápida y efectiva, lo que habría contribuido a que no se agravaran las complicaciones del cuadro abdominal. Familiares y allegados se mantendrían en contacto con el equipo sanitario mientras avanza su recuperación.