La empresa suspendió la faena en su planta de Concepción del Uruguay, violando la conciliación obligatoria y profundizando un conflicto que amenaza con dejar en la calle a 400 trabajadores.

La ciudad de Concepción del Uruguay vivió una de las movilizaciones más masivas de la historia de Entre Ríos, con la participación de familias enteras y allegados a los trabajadores de la avícola Granja Tres Arroyos. La convocatoria surgió como respuesta al posible cierre de la empresa, que se encuentra al borde de la quiebra debido a las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei, que han golpeado duramente a la industria local.

La situación se agravó cuando la empresa suspendió la faena en su planta de Concepción del Uruguay, violando la conciliación obligatoria y profundizando un conflicto que amenaza con dejar en la calle a 400 trabajadores.

El conflicto comenzó cuando un grupo de operarios recibió la noticia de que la empresa suspendía la faena “hasta nuevo aviso”. El cartel en la entrada y el impedimento para que los trabajadores ingresaran a la planta desbordaron la paciencia de las 1.000 personas que desempeñan allí sus tareas, quienes desde el año pasado enfrentan una serie de ajustes y recortes a raíz de la crisis.

Un reclamo colectivo y solidario

Con el apoyo de los familiares de los trabajadores, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), el Movimiento Obrero y Social Uruguayense (MOSU), el Polo Obrero y otras agrupaciones sociales, los trabajadores realizaron una masiva movilización el día de ayer, que partió desde la intersección de 9 de Julio y Los Constituyentes hasta la Plaza General Francisco Ramírez.

La crisis de la avícola

El conflicto tiene como origen la grave crisis que atraviesa la empresa, cuyo golpe más fuerte llegó con la decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar el mercado chino para la exportación de productos avícolas. Esta medida, junto a otras decisiones de política económica, disparó los costos de producción y laborales.

Granja Tres Arroyos, la avícola más grande de Argentina, opera ocho plantas y procesa alrededor de 700.000 animales por día, con una facturación anual estimada en 1,3 millones de dólares. Sin embargo, los trabajadores denuncian que la empresa está desviando la producción a otras plantas en Gualeguay y Buenos Aires, lo que, según el sindicato, busca reducir el personal o recortar salarios.

“Con esta maniobra, la empresa rompió la conciliación obligatoria que debía haberse resuelto el lunes. En vez de buscar una solución, cierran la planta”, expresó Miguel Klenner, secretario general del STIA.

El dirigente gremial instó a la intervención del intendente José Eduardo Lauritto en el conflicto, envió un mensaje similar al gobernador Rogelio Frigerio e hizo un llamado a los dueños de la empresa para que “recapaciten” y reviertan la situación.

La cara más cruel del ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Cómo impacta la decisión y la reacción de una ciudadanía cada vez menos protegida.

En un contexto donde el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en Argentina, el gobierno de Javier Milei ha asestado un duro golpe al sistema de salud al desmantelar el Instituto Nacional del Cáncer (INC) y recortar de manera drástica el Programa Nacional de Cuidados Paliativos.

Creado en 2016, este programa era esencial para garantizar la atención integral de pacientes con cáncer avanzado, especialmente en las provincias más vulnerables. La medida, que incluye la suspensión de la compra de opioides como morfina y metadona y el despido de gran parte del equipo especializado, ha generado una fuerte ola de indignación entre profesionales de la salud y familiares de pacientes que dependen de estos servicios cruciales.

El Programa Nacional de Cuidados Paliativos no solo se encargaba de proveer medicamentos fundamentales para aliviar el dolor severo, sino que también formaba recursos humanos interdisciplinarios y ofrecía apoyo a equipos de atención en todo el país. Según denuncias de la doctora Mariana Pechenik, referente del programa, el recorte ha dejado a la iniciativa sin capacidad operativa, con solo dos de sus ocho integrantes originales. Esta reducción pone en peligro el acceso a cuidados paliativos, un derecho humano fundamental reconocido por la Organización Mundial de la Salud, afectando directamente la calidad de vida de miles de personas que enfrentan enfermedades terminales.

El impacto de la decisión: más problemas y menos cobertura

Las consecuencias de esta decisión son graves. Sin la provisión de opioides, los pacientes con cáncer avanzado enfrentan un aumento del sufrimiento físico, mientras que la falta de formación de nuevos especialistas agrava la ya escasa cobertura en cuidados paliativos en Argentina, donde solo el 14% de quienes los necesitan los reciben.

El desmantelamiento del INC forma parte de un recorte presupuestario más amplio: el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reportó que el INC sufrió una subejecución del 55% de su presupuesto en 2024. Este ajuste no solo compromete la atención actual, sino que también pone en jaque el futuro de las políticas oncológicas en el país.

Preocupación por el futuro de las políticas públicas de salud

Organizaciones como la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP) han expresado su profunda preocupación por la falta de respuestas oficiales por parte del Ministerio de Salud, que hasta el momento no ha desmentido las denuncias ni ofrecido un plan alternativo. Además, el desmantelamiento del programa pone en riesgo avances legislativos, como la Ley de Oncopediatría (2022), que podría verse afectada por la reducción de recursos.

Marcha en defensa del sistema público de salud

En respuesta a esta situación, trabajadores de la salud han convocado a una marcha el 27 de febrero para defender el sistema público de salud y visibilizar el descontento frente a lo que consideran un abandono por parte del Estado.

Así lo aseguró una nueva revelación del periodista Hugo Alconada Mon. “Pidieron tragos varios y brindaron con champagne”, detalló.

El periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, reveló nuevos detalles del escándalo de la criptomoneda $LIBRA, y enumeró una serie de hechos entre Javier Milei y el polémico Hayden Davis. Uno de los momentos claves ocurrió el 21 de noviembre de 2024 en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires, donde Davis y su equipo brindaron con champagne despues de cerrar el acuerdo contractual con el propio presidente.

Según trascendió, Davis y su grupo alardeaban de haber conseguido la representación del Estado en áreas estratégicas como criptomonedas, blockchain e inteligencia artificial, lo que les otorgaría un papel clave en el desarrollo de estas tecnologías en el país. “Pidieron tragos varios y brindaron con champagne”, detalló la publicación.

Sin embargo, aunque hasta el momento no se ha encontrado documentación oficial que respalde la existencia de dicho acuerdo, sí está comprobado que horas antes del festejo, Hayden Mark Davis y su socio, Mauricio Novelli, ingresaron a la Casa Rosada. No obstante, en los registros oficiales de ingreso no figura con quién se reunieron ni qué temas se trataron.

Meses después, la criptomoneda $LIBRA colapsó, generando pérdidas millonarias para los inversores. ¿Cómo seguirá este escándalo?

Con un documento titulado “Abrazar al pueblo y encender la esperanza”, el gobernador bonaerense lanzó su espacio político.

Con el objetivo de consolidar su propio espacio dentro del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este sábado el Movimiento Derecho al Futuro. Bajo el lema “Abrazar al pueblo y encender la esperanza”, la iniciativa busca fortalecer su liderazgo y marcar una alternativa a la gestión de Javier Milei.

La presentación del movimiento dejó en claro que Kicillof busca construir una estructura política con identidad propia. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, destacó: “Con el Movimiento Derecho al Futuro, Axel Kicillof nos convoca a ser protagonistas de un peronismo fuerte, amplio y unido”.

En su documento fundacional, el espacio subraya la necesidad de reorganizar el peronismo bajo una nueva conducción que desafíe el modelo de ajuste del gobierno nacional. “El peronismo enfrenta un desafío histórico: reconstruirse para liderar una alternativa al experimento de ajuste y crueldad que lleva adelante el gobierno de Javier Milei”, sostiene el texto.

Una apuesta a la construcción de poder propio

El movimiento enfatiza la necesidad de edificar una fuerza social y política que represente al trabajo, la producción agropecuaria e industrial, el comercio, la ciencia y la educación. “Es momento de actualizar nuestras ideas con una perspectiva de futuro, sin temor al debate interno”, resaltan desde el sector.

En ese sentido, el documento resalta el papel del gobierno bonaerense como “un escudo y una red de protección” frente a la desregulación impulsada por el gobierno nacional. “Mientras el gobierno de Javier Milei abandona sus responsabilidades, la provincia busca aliviar el daño social que provoca la apuesta por el mercado desregulado como única respuesta”.

Un armado con respaldo político, sindical y territorial

El Movimiento Derecho al Futuro cuenta con un sólido apoyo de intendentes, legisladores y gremios, lo que refuerza la base de poder de Kicillof. Entre los jefes comunales que respaldan la iniciativa se encuentran Julio Alak (La Plata), Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Ishii (José C. Paz), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Federico Achaval (Pilar), entre otros.

En el ámbito legislativo, acompañan el movimiento figuras como los diputados nacionales Hugo Yasky, Daniel Gollán, Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero, además de legisladores provinciales y senadores.

El sector sindical es otro pilar fundamental en la estrategia del gobernador bonaerense, con el respaldo de la CGT, la CTA-T, la CTA-A y gremios clave como la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, las 62 Organizaciones, FEMPINRA, FEGEPPBA y la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.

Diversas organizaciones políticas y sociales también se sumaron a la propuesta, entre ellas La Patria es el Otro, Movimiento Mayo, Patria y Futuro, Somos Barrios de Pie y la Corriente Nacional de la Militancia.

Un liderazgo en construcción

El Movimiento Derecho al Futuro no solo busca fortalecer al peronismo, sino que también posiciona a Kicillof como un referente con una estructura propia dentro del espacio. “Convocamos a la construcción de una gran fuerza social y política que defienda los intereses nacionales y promueva el desarrollo con justicia social”, sostiene el documento.

El texto cierra con un mensaje de futuro: “Hacia allá nos dirigimos, derecho a un futuro mejor”.

Los vínculos de la familia presidencial con empresas y contratos públicos ponen en duda la supuesta vida pasada del presidente alejado de sospechas de corrupción.

Una investigación del periodista Hugo Alconada Mon para La Nación, reveló que años antes de convertirse en secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a sus padres, Norberto Milei y Alicia Lucich, gestionó una sociedad comercial en Miami que adquirió cuatro propiedades por un valor cercano a los 2,7 millones de dólares.

Según la investigación, estas operaciones se realizaron a través de la empresa Alkary Investments LLC, constituida en enero de 2015 en Florida, Estados Unidos. El nombre de la sociedad es un acrónimo de “Alicia” y “Karina“, y en ella figuraron los tres como directivos.

Las propiedades, ubicadas en Miami y sus alrededores, fueron compradas entre 2018 y 2019, financiadas parcialmente con créditos hipotecarios. Sin embargo, entre 2021 y 2022, en un contexto marcado por la pandemia de Covid-19 y el ascenso político de Javier Milei, la familia decidió vender los inmuebles. Estas ventas se realizaron a precios inferiores a los de compra, lo que resultó en una pérdida estimada de 400.000 dólares.

Problemas financieros y demandas judiciales

La gestión de las propiedades no fue sencilla. Alkary Investments dejó de pagar las cuotas de los créditos hipotecarios, lo que generó demandas judiciales en Estados Unidos contra Norberto Milei y la sociedad. Los acreedores, como Italbank International e Invictus Residential Pooler LLC, reclamaron el pago de deudas acumuladas, lo que llevó a la familia a vender los inmuebles para saldar las obligaciones.

Según el vocero presidencial Manuel Adorni, las propiedades se adquirieron con fondos provenientes de la venta de empresas de Norberto Milei, y la intención era alquilarlas para cubrir los gastos. Sin embargo, la pandemia afectó el mercado inmobiliario, cancelando reservas y alquileres, lo que imposibilitó generar ingresos. Ante esta situación, la familia optó por liquidar las propiedades.

Vínculos y participación de Karina Milei

Karina Milei, quien siempre mantuvo una relación cercana con sus padres, jugó un papel clave en la decisión de invertir en Estados Unidos. A través de un amigo de la universidad, Javier Guezikaraian, agente inmobiliario radicado en Miami, la familia accedió a las propiedades. Guezikaraian también participó como directivo en Alkary Investments y otras sociedades vinculadas a la familia.

Adorni aclaró que Karina Milei no realizó aportes de capital a Alkary Investments y que su participación en la sociedad fue “por una decisión familiar”. Además, destacó que Javier Milei, en ese momento distanciado de sus padres, no estuvo involucrado en estas operaciones.

Declaraciones y patrimonio

Al asumir como secretaria general de la Presidencia en diciembre de 2023, Karina Milei declaró un patrimonio de 1,7 millones de pesos, consistente en una casa en Vicente López, valuada en 1,4 millones de pesos. No declaró propiedades, acciones o cuentas bancarias fuera de Argentina.

Además de Alkary Investments, la familia Milei estuvo vinculada a otras sociedades, como Alkanor Investments LLC, Piguez Wholesales Group LLC y Pan American Technology Corporation, aunque estas no llegaron a adquirir propiedades. Norberto Milei también enfrentó problemas financieros en Argentina, donde fue condenado por evasión de impuestos en 2002 y 2003.

En resumen, la incursión de la familia Milei en el mercado inmobiliario de Estados Unidos terminó con pérdidas financieras y complicaciones legales, en un contexto marcado por la pandemia y el ascenso político de Javier Milei.

El ex asesor de comunicación de Javier Milei, Augusto Grinner, expone acusaciones sobre pedidos de dinero a empresarios a cambio de reuniones con el Presidente, revelando un entramado de irregularidades que comprometen al entorno del mandatario.

La criptoestafa promovida por Javier Milei destapó una serie de irregularidades, acusaciones y presuntas coimas, características de la “casta” que el actual Gobierno prometió erradicar. Ante la evidencia del engaño respaldado por el Presidente, varias figuras políticas comienzan a distanciarse de él y a exponer denuncias sobre su accionar ilegal.

En ese sentido, este viernes en diálogo con el periodista Ari Lijalad, Augusto Grinner, ex asesor de comunicación de Javier Milei, detalló denuncias relacionadas con pedidos de coimas en el Gobierno a cambio de reuniones con el Presidente. La semana pasada, esta cuestión cobró notoriedad cuando fue mencionada por la periodista Cristina Pérez, pareja del ministro de Defensa, Luis Petri.

“Yo hice unas capturas por WhatsApp”, declaró Grinner, quien detalló que la información que compartió fue obtenida “en comunicación ad honorem, extraoficialmente, como amigo”.

Grinner recordó que en 2022, cuando Milei asumió como diputado, descubrió que estaba otorgando cargos a militantes y tuiteros para apoyar su campaña presidencial, lo que le resultó incompatible con lo que habían planteado hasta entonces: “Nos enteramos de que estaba metiendo a massistas y a personajes como Buzzi, quien vivió del Estado desde 1987 y metió a su familia y amigos. Esto es antiliberal”, relató.

En otro momento de la entrevista, Grinner confirmó los rumores sobre el pedido de dinero para mantener reuniones con el entonces candidato presidencial. “El 11 de junio de 2022 le escribí a Javier para informarle que varios empresarios me contaron que, para acercarse a él o a La Libertad Avanza, les pedían dinero. Principalmente, Carlos Kikuchi, que era la mano derecha de Karina Milei y armador nacional de La Libertad Avanza en ese momento”.

Grinner añadió: “Nos enteramos de que Kikuchi pedía plata a empresarios que querían reunirse con Javier. Decían: ‘bueno, pero me vas a tener que pagar'”.

El ex asesor explicó cómo la reiteración de testimonios de distintos empresarios le hizo creer en la veracidad de la acusación: “Cuando lo dice uno, uno puede pensar que es una invención. Pero cuando lo repiten tres o cuatro personas, que no se conocen entre sí, no puede ser una coincidencia”. Ante esto, decidió comunicarle la situación a Milei, quien minimizó el tema: “Le escribí a Javier y le dije: ‘me están diciendo esto desde todos lados, no puedo asegurarlo, pero te lo comento’. Él me respondió que era ‘un chisme’, que se esparcían rumores”.

Grinner destacó que, a pesar de que Milei no actuó de inmediato sobre el asunto, le recomendó que se lo comentara a Karina Milei. “Yo le dije que Karina no me daba bola, y el tema quedó ahí. No cambió nada”.

Más adelante, Grinner subrayó que el entorno de Milei fue uno de los factores que lo distanció del Gobierno: “Milei empezó a rodearse de personas que no le discutían nada y que solo le decían ‘sí, Javier'”.

Aunque Grinner no tiene certeza sobre si Milei avala las prácticas denunciadas, dejó en claro que, de ser cierto, se trataría de un acto de corrupción: “Si Milei avala esto, estamos hablando de un hecho de corrupción. Pero hay que respetar el principio de inocencia”.

Para Grinner, lo grave de la situación radica en el uso de la investidura presidencial para obtener beneficios personales: “No es lo mismo que un artista cobre por un ‘meet & greet’ privado. Los empresarios que querían reunirse con él lo hacían porque él tenía poder político, porque ocupaba un cargo público”.

Finalmente, Grinner hizo referencia a Karina Milei y a la figura de Kikuchi, sugiriendo que “la situación de Kikuchi y la relación con Karina generan sospechas”. Según él, aunque Kikuchi ya no ocupe el cargo que tenía antes Santiago Caputo, las irregularidades continúan sin que se haya resuelto el problema de fondo.

En un comunicado, el Gobierno manifiestó “su más enérgica condena al grupo terrorista Hamás”.

La Oficina del Presidente Javier Milei emitió un comunicado oficial mediante el que manifiesta “su más enérgica condena al grupo terrorista Hamás” tras confirmarse que dos de los cuerpos sin vida entregados a Israel por esa organización corresponden a Ariel y Kfir Bibas, quienes tenían 5 años y 9 meses, respectivamente, al momento de ser secuestrados.

Como se sabe, el 7 de octubre de 2023 Hamás lanzó un ataque masivo contra el sur israelí, irrumpiendo en kibutz cercanos a la Franja de Gaza y secuestrando a la familia Bibas: Yarden Bibas y Shiri Silberman Bibas, junto a sus hijos Ariel y Kfir.

Yarden fue liberado en un intercambio de prisioneros el pasado 1 de febrero y los cuerpos sin vida del resto de su familia fueron entregados al Ejército israelí este jueves. Sin embargo, las autoridades de Israel aseguraron que “durante el proceso de identificación, se encontró que el cuerpo adicional recibido no era el de Shiri Bibas y no se halló coincidencia con ningún otro secuestrado. Es un cuerpo anónimo sin identificación“.

El comunicado del Gobierno argentino

Tras esas noticias, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que expresa “su más enérgica condena al grupo terrorista Hamás tras la confirmación del asesinato de los niños de la familia israelí-argentina Bibas”.

“Según la evaluación del Centro Nacional de Medicina Forense de Israel —prosigue la declaración oficial argentina—, los niños fueron asesinados brutalmente en cautiverio por terroristas de Hamás en noviembre de 2023. Resulta monstruoso que estos hechos ocurran en este siglo y que su muerte responda a una única motivación: ser judíos”.

Además, se señala que “el Presidente de la Nación decretará Duelo Nacional por 2 días en memoria de Ariel y Kfir Bibas, y expresa en nombre del pueblo argentino sus condolencias a la familia, especialmente a Yarden Bibas, padre de los niños, quien tras sufrir el tormento de estar secuestrado 484 días hoy enfrenta su peor pesadilla”.

Tras advertir que “las autoridades israelíes también confirmaron que ninguno de los cuerpos corresponde a Shiri Silberman (Bibas), por lo que la madre de los niños todavía sigue en cautiverio”, se asegura que “la República Argentina exige la inmediata liberación de todos los rehenes”.

Finalmente, el comunicado expresa que el Gobierno argentino “confía en que el grupo terrorista será reducido hasta sus cenizas y se convertirá únicamente en un horrendo recuerdo de la historia del mundo”.

Así lo denunció el secretario general de la Bancaria, que además advirtió que el fondo BlackRock estaría detrás de la medida de Javier Milei.

Este jueves, luego del DNU de Javier Milei que busca transformar al Banco Nación en una sociedad anónima, Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional por Unión por la Patria, denunció que el presidente tiene como único objetivo su posterior privatización. “El presidente denunciado por estafador convirtió en decreto la intención de convertir en sociedad anónima al banco para, claramente, su posterior privatización”, afirmó.

Palazzo apuntó contra Milei al recordar las graves acusaciones que pesan sobre su gobierno: “Es un presidente cuyo entorno lo denuncia, incluido una periodista esposa de uno de sus ministros, por cobrar coimas para que los atiendan y les den reuniones. Es el mismo presidente que va a ser investigado por la justicia argentina, por el FBI y la Comisión de Valores. Es el mismo que fugó el oro y no sabemos dónde está”.

El dirigente sindical calificó el intento de privatización como “una gran estafa no solo al pueblo argentino” y señaló que se trata de “uno de los negociados más grandes que va a pretender hacer el gobierno de Javier Milei”. También desmintió los argumentos esgrimidos en el DNU: “Los fundamentos que él ha expresado en el decreto son falaces, son mentirosos. No se ajustan ni siquiera a lo que él mismo dice, porque lo hace en función de facultades delegadas que le dio el Congreso en la Ley Bases, y entre los fundamentos de esa facultad delegada dicen que se le permitía transformar los organismos y demás del Estado a los efectos de corregir el déficit, mejorar su eficiencia y de un mejor control. Ninguno de esos tres requisitos está reunido”.

En ese sentido, Palazzo remarcó que el Banco Nación no solo es eficiente, sino que además es rentable y cumple un rol clave en la economía del país: “Muy por el contrario, el Banco Nación da ganancias, es un banco eficiente, es uno de los bancos líderes de la región, el primero en crédito, el primero en depósito, el primero en cantidad de cuentas. Ha dado una asistencia de 15.000 millones de dólares en el último año a las pymes y a los particulares, con lo cual el principio de eficiencia también está recontra cubierto”. Asimismo, señaló que la entidad cuenta con todos los mecanismos de auditoría necesarios: “Tiene controles de auditoría interna y externa, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y el Banco Central de la República Argentina”.

Palazzo también reveló que el fondo de inversión BlackRock está detrás de la privatización del Banco Nación: “Siempre ha estado sobre la mesa el fondo de inversión BlackRock entre los que plantearon que querían comprar todo en la Argentina, incluido el Banco Nación. Así que no lo descarten”. Además, denunció una movida previa para preparar la privatización: “La semana pasada hubo una reunión en Estados Unidos de funcionarios del banco y el presidente del banco con brokers para tratar de colocar una obligación negociable en cientos de millones de dólares. No solo es un paso previo a la privatización junto con la declaración del cambio de figura jurídica, sino que vuelve a ser un gran negociado. La colocación de obligaciones negociables en el mercado se paga entre un 0,50% y un 2%. Imagináte 1.000 millones de dólares, cuánto es la comisión”.

Finalmente, Palazzo advirtió que esta maniobra financiera no es necesaria y solo beneficia a sectores especulativos: “No es necesario hacer una obligación negociable porque el banco ya ha prestado 15.000 millones de dólares, puede fondear tranquilamente. Y porque además las cuentas en dólares que tiene el Banco Nación tienen saldo más que suficiente para prestar en dólares, ociosos en este momento”.

En este marco, La Bancaria declaró el estado de alerta y movilización. “Convocamos rápidamente a las 12 del mediodía a un plenario del Secretariado Nacional, el Consejo Directivo Nacional y, por Zoom, a todos los secretarios generales del interior del país. Ahí definiremos nuestro plan de acción. Sin duda va a ser un plan de acción largo. Esto tiene tiempos: inclusive tienen 180 días para hacer un balance de corte, inscripciones y demás en sociedad anónima, y seguramente en ese trayecto van a intentar avanzar un paso más con la privatización”, adelantó Palazzo.

“Yo le envío dinero a la hermana de Milei, y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo le diga”, afirmó Hayden Davis, uno de los desarrolladores de $LIBRA.

El escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA sigue escalando y ahora salpica de lleno a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Hayden Davis, uno de los desarrolladores del token, aseguró en mensajes filtrados que le enviaba dinero a la hermana del Presidente y que, gracias a eso, tenía poder sobre él.

“Yo le envío dinero a la hermana de Milei, y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo le diga”, afirmó Davis en un mensaje que fue divulgado por el sitio especializado en criptomonedas CoinDesk, una de las publicaciones más prestigiosas del sector. El empresario, CEO de Kelsier Ventures, se jactó de “controlar” al mandatario y aseguró que los pagos a Karina Milei le garantizaban influencia sobre las decisiones del gobierno argentino.

En los mensajes, que según el medio fueron enviados en diciembre, Davis utilizó un lenguaje racista para referirse al Presidente: “Yo controlo a ese negro”, afirmó, antes de reiterar que le enviaba dinero a su hermana y que Milei firmaba y ejecutaba sus órdenes sin cuestionamientos.

Hasta el momento, la oficina de Karina Milei no respondió a las consultas de CoinDesk ni emitió ninguna declaración oficial sobre las acusaciones. Sin embargo, la revelación de estos mensajes aumenta la presión sobre el gobierno libertario, que ya enfrenta pedidos de interpelación en el Congreso por el rol de sus funcionarios en la promoción de $LIBRA, un token que resultó ser una estafa de alcance global.

Con estas nuevas revelaciones, el escándalo suma un nuevo capítulo que podría tener consecuencias políticas y judiciales para el oficialismo. Mientras tanto, las denuncias por fraude siguen acumulándose y los inversores damnificados esperan respuestas por parte del gobierno.

El bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto exigió que Karina Milei se presente ante el Congreso a dar explicaciones sobre el escándalo de la criptomoneda que promovió el presidente.

El escándalo por la estafa masiva con la criptomoneda $LIBRA sigue golpeando al gobierno de Javier Milei, y ahora la atención se centra en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El bloque opositor Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, ha presentado un proyecto en la Cámara de Diputados para que los principales funcionarios del Ejecutivo brinden explicaciones sobre su rol en la fallida operación financiera.

El pedido de interpelación no solo alcanza a Karina Milei, sino también al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y al vocero presidencial, Manuel Adorni. La iniciativa, firmada por los diputados Nicolás Massot, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Natalia De La Sota, Mónica Fein y Esteban Paulón, busca esclarecer “las consecuencias económicas, institucionales y legales derivadas” de la implicación del presidente Milei en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que resultó en un fraude de escala mundial y perjudicó a miles de inversores.

La figura de Karina Milei aparece en el centro del debate debido a su “posible implicancia en la coordinación de reuniones o gestiones relacionadas con la promoción del activo digital”. Según trascendió, habría sido ella quien facilitó los encuentros entre el presidente y los desarrolladores de $LIBRA, e incluso habría percibido dinero por organizar estas reuniones. En ese marco, los legisladores exigen explicaciones concretas sobre su papel en el escándalo.

En el texto del proyecto, los diputados advierten que “sin perjuicio de otras preguntas o repreguntas que resulte necesario efectuar al momento de la comparecencia”, los funcionarios deberán informar al Congreso sobre “la participación del presidente en la promoción del activo digital”, “la relación con los promotores del activo”, “la posible existencia de beneficios indebidos”, “el impacto económico y financiero” y “la responsabilidad institucional y medidas a futuro”.

Además, la iniciativa enfatiza la gravedad del hecho al señalar que “el propio Presidente, en uso de su investidura y de su llegada masiva al público, promovió un activo financiero sin regulación ni respaldo, lo que pudo haber inducido a error a pequeños inversores”. La oposición remarca que Javier Milei, siendo economista, “no podría desconocer los riesgos de fomentar inversiones de alto riesgo sin advertencias adecuadas, ni que su respaldo público equivalía a una señal de confianza que muchos ciudadanos interpretaron como una invitación a invertir”.

Otro punto clave del pedido de interpelación es la solicitud de información sobre la relación del gobierno con los promotores de $LIBRA, Mauricio Novelli, Hayden Davis y Julián Peh, entre otros. También se exige conocer los detalles de las reuniones mantenidas con empresarios del sector cripto en el Hotel Sheraton Libertador y en la Casa Rosada, previas al lanzamiento del token fraudulento.

El oficialismo aún no ha dado señales de cómo enfrentará este nuevo frente de crisis. Sin embargo, la creciente presión política y la indignación social por las pérdidas millonarias podrían convertir el escándalo en uno de los capítulos más oscuros de la gestión libertaria.