El reconocido defensor de los derechos laborales y ex diputado nacional dejó un legado marcado por su militancia y su lucha contra la flexibilización laboral. Máximo Kirchner propuso que el Consejo del PJ lleve su nombre.

Héctor Recalde, histórico abogado laboralista, militante peronista y ex diputado nacional, falleció dejando un profundo vacío en el ámbito político y sindical. Máximo Kirchner, al confirmar la noticia, solicitó que el Consejo del Partido Justicialista (PJ) sea rebautizado en su honor, destacando su rol clave en la defensa de los trabajadores.

Recalde, quien inició su carrera como abogado de la Confederación General del Trabajo (CGT) en 1964, dedicó su vida a la lucha por los derechos laborales. En su trayectoria política, se destacó como diputado nacional entre 2005 y 2017, presidiendo la Comisión de Legislación del Trabajo durante sus tres mandatos consecutivos.

Fue un férreo opositor a la flexibilización laboral impulsada durante el gobierno de Carlos Menem y uno de los principales denunciantes de los sobornos en el Senado vinculados a la Ley Banelco (Ley 25.250 de Reforma Laboral). Su valentía y compromiso marcaron un antes y un después en la defensa de los derechos de los trabajadores argentinos.

El fallecimiento de Héctor Recalde representa la partida de una figura emblemática del peronismo y un defensor incansable de la justicia social y la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Su legado perdurará como inspiración para las futuras generaciones de militantes y trabajadores.

Se trata del senador detenido en Paraguay con 211.000 dólares, 3.900.000 guaraníes y 646.000 pesos argentinos sin declarar.

El escándalo en torno al senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con 211.000 dólares, 3.900.000 guaraníes y 646.000 pesos argentinos sin declarar, suma un nuevo capítulo con la difusión de audios que lo vinculan con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario Javier Milei. Las grabaciones, reveladas por Rolando Graña en el programa GPS por A24, sugieren que Kueider había dejado de responder al kirchnerismo y estaba en negociaciones con La Libertad Avanza (LLA) durante la campaña electoral de 2023.

En los audios, Kueider se refiere a una persona identificada como “Karina” y reafirma una estrategia política previamente discutida. “La estrategia es la misma y lo que hablamos siempre es lo mismo”, afirma el senador. Además, destaca la importancia de Javier Milei en el armado político de Entre Ríos: “Me sirve Milei jugando y una elección simultánea. Con él armando una lista acá en Entre Ríos, sino es muy difícil.”

El legislador también reconoce el peso electoral del presidente, afirmando: “Yo sé que todos tienen votos, pero el que es el elector de ese espacio, claramente, es Milei.” En otro fragmento, subraya: “Es el tipo que te va a arrastrar acá en Entre Ríos un porcentaje importante que te permite desnivelar. Esa es la estrategia, siempre lo fue y siempre lo hablamos en esos términos. Yo en otros términos no hablé nada. Así que eso se da y le metemos ficha, como siempre.”

La divulgación de estos audios complica aún más la situación del senador y plantea interrogantes sobre su relación con el oficialismo. A su vez, podría generar tensiones dentro de La Libertad Avanza, al poner en evidencia posibles acuerdos electorales que contrastan con el discurso de ruptura con la “casta” política. Ni Karina Milei ni representantes del oficialismo han ofrecido declaraciones al respecto, mientras el caso sigue generando repercusiones.

Una investigación reveló que la esposa del diputado del PRO, muy cercano a Mauricio Macri, tendría una activa participación en una intrincada red de sociedades offshore y la adquisición de propiedades en Florida, Estados Unidos.

Romina Aldana Diago, abogada y esposa del diputado Cristian Ritondo, ha quedado en el centro de una investigación periodística que expone su participación en una compleja red de sociedades offshore vinculadas a propiedades en Florida, Estados Unidos. La investigación, revelada por elDiarioAR en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y basada en documentos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), detalla operaciones que conectan a la familia Ritondo con bienes valuados en más de 2,6 millones de dólares.

Según los documentos analizados, estas transacciones financieras están relacionadas con jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida, conocidas por su opacidad fiscal. La abogada, de 48 años, con experiencia en el ámbito público porteño, figura como beneficiaria final de varias sociedades offshore que poseen propiedades en Florida, incluyendo cinco inmuebles cuyo valor total asciende a 2,6 millones de dólares.

En 2014, Diago constituyó la sociedad Sunstar Point Ltd. en las Islas Vírgenes Británicas para adquirir una propiedad en Hallandale Beach valuada en 650.000 dólares. Según los correos filtrados, la abogada presentó su pasaporte, prueba de domicilio y cartas de referencia bancaria, estableciéndose como directora y beneficiaria de la firma. Paralelamente, creó el fideicomiso Warwick Trust, que le permite administrar estos bienes en el extranjero y transferir su control a Ritondo en caso de fallecimiento.

Propiedades, sociedades y estructuras opacas

La investigación también apunta a otras sociedades vinculadas a Diago, como Ilustre LLC y Bonita Holdings 39 LLC, registradas en Delaware y Florida. Ambas habrían servido como pantallas para adquirir bienes en condominios de lujo. Documentos de 2021 mencionan a Diago como integrante de Bonita Holdings 39, y registros previos la conectan con Goformore LLC, una firma que adquirió propiedades en Miami entre 2013 y 2015, valuadas en más de 1,5 millones de dólares.

Un caso particular es el de un departamento en Miami Beach, adquirido por Goformore LLC a una empresa propiedad de Juan Alberto Pazo, actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta transacción, realizada en 2014, coincide con la creación del fideicomiso Warwick Trust, lo que genera interrogantes sobre posibles vínculos entre ambas operaciones.

Patrimonio de Ritondo y su omisión

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados y aliado político de Javier Milei y Mauricio Macri, declaró en 2023 un patrimonio de 1.541 millones de pesos, marcando un aumento del 1.709% respecto al año anterior. Sin embargo, sus declaraciones patrimoniales no incluyen referencia alguna a las propiedades ni a las sociedades mencionadas, lo que podría contravenir las normativas que exigen a los funcionarios informar los bienes de sus cónyuges.

Un decreto firmado por Cristina Kirchner en 2012 estableció que los bienes de las parejas de los funcionarios sean confidenciales, limitando su acceso a jueces o a la Oficina Anticorrupción (OA). Este vacío legal dificulta el rastreo del patrimonio de Diago, aunque la omisión deliberada de bienes en las declaraciones juradas podría constituir un delito.

Consultados sobre las revelaciones, voceros del diputado afirmaron que los vínculos de Diago con Goformore LLC fueron “estrictamente laborales” y aseguraron que la abogada dejó de estar asociada a esa firma en 2013. No obstante, confirmaron que están revisando las declaraciones patrimoniales pasadas para esclarecer los hechos. Cabe destacar que las declaraciones de Ritondo durante su período como legislador porteño (2013-2015) ya no están disponibles debido a normativas locales.

La Justicia reabrió una denuncia archivada contra Cristina Fernández de Kirchner por supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas tras la apelación de la UIF.

La Cámara Federal ordenó reabrir una causa contra Cristina Fernández de Kirchner por supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas patrimoniales tras el fallecimiento de Néstor Kirchner. El archivo de la denuncia, que había sido ratificado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini al considerar que no constituían un delito, fue revocado, y ahora se avanzará con la investigación a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El fallo de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ordenó al juzgado federal 10 realizar un peritaje exhaustivo sobre las declaraciones juradas de la expresidenta. Por su parte, el juez Mariano Llorens fue más allá y sostuvo que Cristina Kirchner debía ser citada a indagatoria de manera inmediata.

Llorens argumentó que las pruebas existentes ameritan evaluar esta causa junto con las demás investigaciones abiertas contra Fernández de Kirchner. Para él, esta denuncia es “un eslabón en toda la cadena de hechos ilícitos que habrían sido cometidos por Cristina Fernández y su entorno”.

En su fallo, Llorens afirmó: “Las inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la nombrada se encuentran debidamente acreditadas” y señaló que “la hipótesis de enriquecimiento ilícito que aquí se denunció denota una conexión directa entre el incremento desproporcionado del patrimonio de una persona y la imposibilidad de justificarlo correctamente en las respectivas declaraciones juradas”.

Los magistrados también subrayaron que “se dan los presupuestos del artículo 294 del Código Procesal Penal para que, en este proceso, la imputada deba responder respecto del enriquecimiento ilícito ya probado”. Además, indicaron que es necesario avanzar hacia las siguientes etapas del proceso en lugar de mantener el archivo de la causa.

A partir de esta resolución, la Cámara Federal dispuso una pericia integral sobre todas las declaraciones juradas patrimoniales de Cristina Kirchner y la documentación pertinente que el juzgado considere relevante.

El accidente ocurrió a primera hora de la mañana en Ramallo, cuando las víctimas asistían a un conductor que había despistado.

Tres efectivos, dos de la Prefectura Naval Argentina y uno de la Policía Bonaerense, fallecieron este viernes al ser atropellados por un camión en la Ruta Nacional N°9, a la altura de Ramallo. El trágico incidente ocurrió cuando descendieron del patrullero para asistir a un vehículo siniestrado. Además, una agente resultó gravemente herida y permanece internada en estado crítico.

El hecho tuvo lugar en el kilómetro 224 de la ruta, frente al camping de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en el carril que conduce a Rosario. Las víctimas fatales fueron identificadas como Jorge Alberto Pucheta y Ramiro Adrián Romero, miembros de la Prefectura Naval, y Renzo Molina, sargento de la Policía Bonaerense del Departamento de Sánchez.

Según los primeros informes, un joven había despistado su vehículo, impactando contra un árbol en el cantero central de la ruta. Cuatro efectivos acudieron al lugar para asistirlo y realizar las tareas pertinentes. Sin embargo, al descender del móvil policial, un camión semirremolque de la marca Scania, presuntamente perteneciente a una conocida cadena de supermercados, los embistió.

El joven conductor del primer incidente, quien fue testigo del choque fatal, resultó ileso y se encuentra en buen estado, según reportó el Diario El Norte de San Nicolás de los Arroyos.

Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y esclarecer las causas del siniestro. El tránsito en el carril hacia Rosario permanecía interrumpido, generando importantes demoras en la circulación por la zona.

La ex presidenta se refirió al escándalo del senador entrerriano detenido en Paraguay con cientos de miles de dólares sin declarar. “Que nadie se haga el distraído… Ni la distraída”, sentenció.

Cristina Fernández de Kirchner reaccionó con dureza al escándalo que involucra al senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares y pesos sin declarar. A través de un posteo en sus redes sociales titulado “Democracia tarifada”, la vicepresidenta vinculó el caso con el respaldo legislativo a medidas impulsadas por el oficialismo de Javier Milei.

“Edgardo Kueider, votado como peronista que pasó a votar como libertario con el Gobierno de Milei y al que Villarruel designó como Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación”, escribió Cristina, subrayando el cambio de alineación política del senador entrerriano.

Críticas al uso de “votos tarifados”

La expresidenta no solo puso el foco en el dinero hallado en manos de Kueider, sino que cuestionó duramente la forma en que se gestionan los acuerdos políticos en el Congreso. “Así se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes mayorías y a los intereses de la Nación”, afirmó.

Cristina también aprovechó para criticar la inacción frente a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno, que, según ella, “condenan a millones de argentinos a la pobreza o le permiten al Ministro de Economía volver a endeudar el país”.

Un mensaje contundente

Cerrando su publicación con una advertencia, Cristina señaló: “Que nadie se haga el distraído… Ni la distraída”, en lo que muchos interpretaron como un mensaje directo a sectores del poder que, según la vicepresidenta, prefieren mirar hacia otro lado en lugar de actuar.

El caso Kueider no solo pone al senador en el centro de las críticas, sino que ahora escala como un ejemplo de las tensiones políticas en torno al actual oficialismo y la oposición.

Las autoridades paraguayas investigan el origen y destino del dinero mientras el senador permanece alojado en un hotel a la espera de declarar ante la fiscalía.

El martes por la noche, el senador Edgardo Kueider, representante de Entre Ríos, fue demorado en Paraguay cuando intentaba ingresar al país con una suma no declarada que incluía más de 200 mil dólares estadounidenses, 600 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes paraguayos. El operativo tuvo lugar en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Foz de Iguazú con Ciudad del Este.

El caso fue confirmado por el director de Ingresos Tributarios de Paraguay, Oscar Orué. “Se verificó un vehículo que estaba ingresando en territorio paraguayo, se abrió el vehículo y se encontró unos paquetes. Se le preguntó a la persona, que informó que eran dólares”, detalló el funcionario. Al no contar con la declaración correspondiente del dinero, se notificó al fiscal de turno.

Según Orué, Kueider no colaboró con las autoridades al momento de explicar el origen del dinero o su destino. “No colaboró en el sentido de informar para qué era, por qué lo traía, con qué fin. Eso ya se determinará en el sumario administrativo”, explicó el funcionario a la radio AM780 de Paraguay.

Actualmente, la causa está en manos del fiscal Edgar Benítez, de la Unidad Fiscal N°2 especializada en anticontrabando en Ciudad del Este. Mientras tanto, Kueider permanece alojado en un hotel de la ciudad a la espera de declarar.

Del kirchnerismo al bloque cercano a Milei

El escándalo no solo pone en el ojo público la conducta del senador, sino que también arroja luz sobre su cambiante trayectoria política. Kueider ingresó al Senado como parte del bloque oficialista liderado por el kirchnerismo. Sin embargo, en 2022 rompió con el espacio, argumentando que su prioridad era defender los intereses de los entrerrianos.

Recientemente, se unió al bloque “Provincias Unidas”, presidido por el correntino Carlos “Camau” Espínola, un dirigente que se ha acercado al gobierno de Javier Milei. De hecho, su nombre había sido propuesto por La Libertad Avanza para integrar la comisión de Inteligencia del Senado.

El trasfondo legal

Orué dejó en claro que la infracción principal radica en la falta de declaración del dinero, un requisito obligatorio al ingresar grandes sumas al territorio paraguayo. “Cualquier persona puede ingresar dinero, pero debe declararlo y notificar su origen a las instituciones correspondientes”, señaló.

El caso ya generó repercusiones tanto en Argentina como en Paraguay, y se espera que las próximas horas sean clave para determinar el futuro político y judicial de Kueider.

El director de PAMI defendió la medida al afirmar que “es parte de un reordenamiento para garantizar que los recursos lleguen a los más vulnerables”. Sin embargo, muchos cuestionan la efectividad de esta decisión para proteger a quienes más lo necesitan.

El gobierno de Javier Milei ha decidido eliminar la cobertura gratuita de medicamentos para los jubilados, una medida que afecta profundamente a un sector vulnerable de la población. Los jubilados ahora deben someterse a trámites burocráticos exhaustivos para demostrar su indigencia y, en caso de ser aprobados, acceder a un subsidio para poder adquirir sus medicamentos.

Actualmente, el 80% de los jubilados en Argentina cobra la mínima, alrededor de $300.000, una suma insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Con esta nueva disposición, muchos se verán obligados a elegir entre alimentarse o medicarse, una decisión dolorosa que agrava aún más su situación.

El nuevo sistema de subsidios

El PAMI ha explicado que quienes deseen continuar con el acceso a los medicamentos gratuitos deberán inscribirse en un nuevo sistema de subsidios, con condiciones estrictas, como no superar un ingreso mensual de $389.398,14 y no estar afiliados a ninguna obra social o prepaga. Aquellos que superen este umbral quedarán fuera del subsidio, y los que logren cumplir con los requisitos se enfrentarán a una burocracia difícil de sortear, especialmente en un contexto donde muchos jubilados carecen de acceso a internet o no tienen familiares que puedan asistirlos.

Esta medida se enmarca dentro de un contexto de ajustes continuos contra los jubilados, que ya han sufrido el veto a la moratoria previsional y aumentos irrisorios en sus haberes, que no alcanzan a cubrir el impacto de la inflación. El gobierno ha continuado recortando sus derechos, y la eliminación de la cobertura gratuita de medicamentos representa otro golpe a quienes deberían ser los más protegidos.

La insensibilidad del discurso oficial

El director de PAMI, Esteban Leguizamón, defendió la medida como parte de un “reordenamiento” de los recursos para que lleguen a los más vulnerables. Sin embargo, es difícil imaginar a alguien más vulnerable que un jubilado que depende de los medicamentos para su supervivencia.

Mientras tanto, las farmacias informan largas filas de jubilados confundidos y preocupados por no poder costear sus medicamentos, mientras el gobierno de Milei sigue justificando decisiones que aumentan la brecha social.

Este recorte en la cobertura gratuita de medicamentos no solo refleja la insensibilidad del gobierno, sino que también pone en evidencia la desconexión entre el discurso de campaña de Milei, que prometió mejorar la calidad de vida de los argentinos, y las decisiones tomadas en el ejercicio del poder, que parecen profundizar la crisis económica y social, afectando a quienes menos pueden defenderse.

El gobierno de Javier Milei ha dado un paso más en su desmantelamiento de las políticas públicas de protección social, lo que deja en claro que, bajo su gestión, el Estado no está para cuidar a los más débiles, sino para dejarles luchar por sobrevivir en un sistema cada vez más excluyente.

El presidente recibió una “buena noticia” que le permite continuar su mandato sin rendir cuentas sobre quiénes lo contrataron entre 2021 y 2023.

Con la llegada de diciembre, el presidente Javier Milei recibió una “buena noticia” que le permite continuar su mandato sin rendir cuentas sobre quiénes lo contrataron entre 2021 y 2023 para sus actividades como economista y conferencista. La Oficina Anticorrupción (OA) decidió eximirlo de proporcionar detalles sobre sus contratos privados, aunque para dar un lavado de cara a la medida, le envió un documento con recomendaciones sobre ética pública, instándole a evitar posibles conflictos de interés en el ejercicio de su poder. En otras palabras, se le aconseja no beneficiar a las empresas o personas que lo contrataron durante esos tres años.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿quién controlará a Milei si no debe rendir cuentas de sus actividades pasadas? Spoiler: nadie. La decisión de la OA fue clara: el presidente deberá autocontrolarse. Esta medida llega tras una solicitud de los legisladores porteños Hernán Reyes y Federico Esswein, quienes pidieron que Milei detallara los clientes con los que trabajó en ese periodo. La respuesta de la OA, a cargo de Alejandro Melik, fue un rotundo rechazo. En lugar de exigir explicaciones, se envió a los solicitantes el mencionado documento con recomendaciones éticas para el presidente.

Reyes no tardó en manifestar su indignación. En su perfil de X, cuestionó: “¿Qué es lo que Milei no quiere que sepamos? Cuando era diputado, se llenaba la boca hablando de transparencia, regalaba su sueldo y decía que trabajaba para privados, cobrando miles de dólares por conferencia. Pero ahora, como presidente, se niega a decir quiénes eran esos clientes”. El legislador recordó que, en mayo, había pedido a la OA que adoptara el mismo enfoque de transparencia que se le exigió a Alberto Fernández, pero en este caso, el organismo decidió mirar hacia otro lado. “¿Por qué ese cambio? ¿A quién está protegiendo?”, se preguntó Reyes.

El cuestionamiento de Reyes continuó: “Al presidente solo le dieron una recomendación diciendo que ‘tenga cuidado’ con beneficiar a quienes lo financiaron en los últimos 3 años. ¿Él mismo se controla? ¿Es en serio? Esto no es transparencia, es un papelón institucional. Si no hay controles, ¿quién nos asegura que las decisiones del gobierno no están al servicio de esos intereses privados?“.

En su mensaje, Reyes destacó la pérdida de la ficha limpia, la propuesta de nombrar a Lijo como juez de la Corte y la falta de controles, un escenario que, según él, demuestra la falta de transparencia que los argentinos ya conocen demasiado bien.

Se trata de Joaquín de Grazia, dueño de Granja Tres Arroyos, quien hace un mes se mostraba optimista con el gobierno de Milei pero hoy enfrenta una crisis que pone en jaque a su empresa.

En una entrevista hace apenas un mes, Joaquín de Grazia, dueño de Granja Tres Arroyos, se mostraba optimista con el gobierno de Javier Milei, confiando en que las políticas económicas impulsadas por la administración liberal podrían mejorar la competitividad del sector avícola. Sin embargo, hoy, la situación de la empresa es más que complicada: al borde de la quiebra y con una solicitud de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el gobierno, Granja Tres Arroyos lucha por sobrevivir en un contexto económico que cada vez más se le escapa de las manos.

La empresa, que produce el 20% del pollo del país y exporta a más de 60 países, ha solicitado la autorización del gobierno para reducir costos laborales en su planta de Ezeiza, alegando una falta de competitividad provocada por la apreciación del tipo de cambio, la carga tributaria y los elevados costos internos. De Grazia, que hasta hace poco confiaba en las medidas del gobierno de Milei, ahora reconoce que los costos se han vuelto insostenibles, especialmente tras la pérdida del mercado chino, un golpe económico que significó una pérdida de US$160 millones para los exportadores de pollos.

En medio de estas tensiones, Granja Tres Arroyos se encuentra negociando con el sindicato de la alimentación para reducir la plantilla en la planta de Ezeiza, en lo que algunos interpretan como un ajuste drástico para seguir a flote. Esta situación, que afecta a miles de trabajadores, se da en un contexto de creciente desconfianza entre los empresarios, que reclaman mayores beneficios fiscales y un tipo de cambio más competitivo, mientras los gremios buscan recuperar el poder adquisitivo perdido en años de inflación.

En los últimos días, la falta de acuerdo en torno a las medidas a tomar ha desatado un nuevo conflicto entre la empresa y sus trabajadores, mientras el gobierno observa los intentos de reestructuración sin brindar certezas sobre el futuro del sector. A pesar de las promesas de Javier Milei de impulsar una mayor competitividad, los empresarios como De Grazia siguen encontrando dificultades para sostener sus negocios en medio de una economía inestable.

Así, Granja Tres Arroyos, que hace un mes parecía ser una de las grandes esperanzas de la industria avícola bajo el mandato de Milei, ahora se enfrenta a una crisis que pone en peligro el empleo de cientos de trabajadores y la sostenibilidad misma de la empresa.