Así lo aseguraron los trabajadores de la empresa estatal.

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, le respondió a Mauricio Macri, luego de que este lunes el expresidente atacara a Aerolíneas Argentinas y pidiera la privatización de la línea aérea de bandera.

Para el sindicalista, el exmandatario quiere privatizarla “a pedido de sus amigos” y por eso busca generar “odio hacia las empresas del Estado”.

“Cuando Macri ataca a Aerolíneas Argentinas, lo que hace es explicitar el pedido de sus amigos” para privatizar la aerolínea de bandera y las compañías estatales, afirmó Biró este marets. ¿Se viene otro negocio del macrismo? En los 90, Aerolíneas se privatizó y la historia fue conocida: la empresa quebró y miles de trabajadores quedaron en la calle. Además, muchas ciudades del interior quedaron sin ninguna aerolínea que llegara a sus aeropuertos. ¿Se repite la historia?

La respuesta surge luego de que Macri dijera este lunes en declaraciones a La Nación + que “si Aerolíneas Argentinas noes viable, hay que privatizarla, sin ninguna duda”.

Como no abandonará puesto en la Legislatura de San Isidro, ganará cerca de un millón de pesos por mes.

Macarena Posse es hija del intendente de Gustavo Posse, intendente de San Isidro hace más de 20 años. Además, Posse es concejala del municipio del GBA pero ahora será parte del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta.

Pero Macarena no solo tendrá un trabajo muy bien pago junto a Larreta sino que tampoco abandonará su cargo en la Legisltatura de San Isidro. Cobrará cerca de un millón de pesos por mes. Nada mal.

La joven abogada se incorporará al Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental, área clave del gobierno de Larreta, porque ahí se definen buena parte de los negocios inmobiliarios que se dan en CABA y que suelen tener como protagonistas a empresarios muy cercanos al macrismo. De eso no se habla.

El ex mandatario quiere volver al poder e ir por todo.

“Hay que privatizarla, no tengo dudas”, aseguró el ex presidente Mauricio Macri en una entrevista con La Nación +, el canal que pertenece a empresarios cercanos al ex mandatario. En una charla repleta de elogios y obsecuencia, Macri volvió a insistir con las recetas de siempre.

El ministro de Seguridad de la Nación se refirió al director del Banco Nación.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, habló de todos los temas en una entrevista radial. Defendió el acuerdo con el FMI y pidió por la unidad del Frente de Todos. “Nosotros tendríamos que haber pagado el 22 una cuota al FMI, si no lo pagás, entrás en mora y nadie te presta plata, por lo cual la situación se dificulta mucho”, explicó.

“No había otra manera de salir de esta situación que acordando con el FMI, le pese a quien le pese”, insistió. “Para todos aquellos que tenían otra manera de salir de esta situación, nos la hubieran contado, pero nadie dijo nada”, aseguró sobre los sectores peronistas que se distanciaron del acuerdo.

“Yo nunca votaría en contra de un presidente peronista, no me entra en la cabeza que alguien haga eso”, agregó. “Yo no voto ni hago antipolítica sobre un presidente peronista, yo he tenido muchas discusiones con Néstor”, contó.

Después, se refirió a la actitud del economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, que llegó a hacer una denuncia contra la ley votada por el Congreso. “Se deben ordenar las cosas, todo tiene un límite, el respeto no se puede perder, Claudio Lozano debería razonar, están los intereses del pueblo en juego”, dijo.

“Ir contra el Presidente no tiene sentido en absoluto”, cerró.

“No se puede desaprovechar una oportunidad de generación de empleo”, sostuvieron.

Los 50 sindicatos nucleados en la CGT Regional Mar el Plata expresaron un contundente apoyo al proyecto de exploración de petróleo en la costa bonaerense, al considerar “la implicancia que tiene en términos de generación de empleo y que tanto la actividad pesquera como la turística no se verán amenazadas por esta explotación”.

La central obrera tomó la postura en un plenario en el que participaron funcionarios del gobierno nacional quienes brindaron información detallada del proyecto. En la primera etapa, se realizará la explotación para ver el caudal de reservas de petróleo y gas offshore.

“Sostenemos que Mar del Plata no puede desaprovechar esta magnífica oportunidad de generación de empleo, de dinamización de la economía y de sacar a miles de marplatenses y batanenses de la pobreza”, aseguraron. Y agregaron que “numerosas experiencias nacionales e internacionales demuestran la profunda transformación y el crecimiento de aquellos lugares vinculados a la explotación petrolera”.

De cara al impacto en el plano laboral que puede tener el proyecto, la CGT destacó el valor de “tener trabajo y que sea de calidad” y consideró que “la posibilidad de que las nuevas generaciones tengan un proyecto de vida en su ciudad de origen, es un derecho del que hasta ahora muchos conciudadanos se ven privados”.

En este sentido, se puso en relieve el compromiso de la Secretaría de Energía en garantizar que las distintas normativas en materia de la explotación offshore “prioricen y promuevan el empleo para las personas radicadas en la ciudad, así como la capacitación específica que se requiera en relación a este proyecto”.

El fenómeno excede a la Argentina.

Argentina tiene un grave problema con la suba de precios, que este año podría superar otra vez el 50%. En febrero la inflación del 4%, mientras que los alimentos subieron 7%. Más allá de las razones locales, hay cuestiones estructurales mundiales que explican el fenómeno. El planeta tendrá este año la inflación más alta en los últimos 40 años.

La inflación en los Estados Unidos llegó en diciembre al 7% interanual, récord desde 1982. Hace tres años, la inflación era 1%. En Europa, la suba de precios alcanzó el 5,1% en enero, máximo desde que existen estadísticas armonizadas, en 1997. Se espera una inflación del 20% anual en los principales países europeos.

En Latinoamérica, la historia inflacionista es diferente, pero en todos los países están mostrando una dinámica de aumentos sostenidos, por el crecimiento en los precios de las commodities, primero por la pandemia y ahora por la guerra en Ucrania.

Entre las razones, los analistas internacionales hablan de una crisis “de oferta”, derivada de incrementos en los precios de la energía y cuellos de botella en la cadena de suministros globales, relacionado en gran medida con los cierres de actividades durante los períodos de confinamiento por la pandemia en muchos países y, posteriormente, con la recuperación de la economía. Ahora, a ese panorama se suma la guerra en Ucrania, que disparó el precio de los alimentos.

El ministro de Producción criticó las “especulaciones” de algunos sectores.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el gobierno tomará medidas por las subas de precios registradas en la semana y le envió un contundente mensaje a los empresarios: “Vamos a exigirle a los empresarios que retrotraigan los precios que no tienen justificación”. Al mismo tiempo, no descartó aplicar la Ley de Abastecimiento. En febrero, la inflación fue de casi 5% y se espera otro número muy alto en marzo.

“Algunas subas no tienen justificación, vamos a ser muy duros porque eso tiene que frenar de inmediato. Vamos a utilizar las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo, como la ley de abastecimiento y otros mecanismos para cuidar a los consumidores en momentos difíciles”, manifestó el funcionario en diálogo radial. El país enfrenta una situación crítica con la inflación.

“Somos un gobierno de diálogo y de persuasión, pero si del otro lado no encontramos una respuesta adecuada y lo que hay son excusas o prácticas especulativas vamos a actuar con todo el peso de la ley. En la semana vamos a exigirle a los empresarios que retrotraigan los precios que no tienen justificación. Si hay subas injustificadas y no hay reajuste del esquema, tomaremos medidas”, insistió Kulfas. El Gobierno endureció su discurso tras el duro número que marcó la inflación de febrero del 4,7%.

“El primer objetivo es estabilizar la situación que está agudizada por la suba de los costos de las materias primas. En las últimas semanas hubo subas injustificadas e inaceptables y queremos discutirlas con la cadena para frenarlas en lo inmediato”, agregó.

Un ex alto funcionario de María Eugenia Vidal, participante por el ala gubernamental judicial de la mesa denominada “Gestapo”, básicamente confesó ante la Justicia haber mantenido reuniones y contactos con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el exministro de Trabajo boanerense Marcelo Villegas, el intendente de La Plata, Julio Garro, y hasta con el juzgado que luego ordenó la detención de Juan Pablo “Pata” Medina, justamente, para hablar del sindicalista platense. 

Sin embargo, desde una llamativa interpretación de los organigramas del Estado, la división de poderes y diversas leyes, el exsubsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, sostuvo que todo estuvo amparado por su función, prevista por un decreto de Vidal, que era la de “velar por los derechos de las víctimas de todo tipo de delitos”.

En ese rol y en esa figura de víctimas incluyó a quienes ubicaba a los empresarios que tenían conflicto con la UOCRA. Argumentó que él debía “articular” la relación del gobierno bonaerense con el Poder Judicial y, aparentemente, los espías estatales. De esta manera, Grassi apunto contra Vidal: sería ella la que autorizó la persecución a opositores a través de un decreto.

Grassi declaró ayer en indagatoria en el juzgado platense de Ernesto Kreplak, pero no respondió preguntas y tan solo se limitó a presentar un descargo por escrito. Lo primero que enfatizó es que el juzgado de La Plata es incompetente y que la causa debe pasar a Comodoro Py, algo que también viene intentando el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano, y que hacen todos los presuntos delincuentes de Juntos por el Cambio, incluido Mauricio Macri, en cada causa que no tramita en Retiro. 

En este caso, la mesa judicial bonaerense es la única causa por espionaje que permanece lejos de los tribunales porteños. Para hacer ese pedido Grassi, un ex fiscal porteño graduado en la Universidad Católica, dijo que bastaría el hecho de que en la causa se analizan reuniones en la Casa Rosada y en la AFI. 

Así lo aseguró el ministro de Economía después de confirmarse acuerdo con el Fondo.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, celebró el acuerdo con el FMI, que ayer ratificó el Congreso nacional por abrumadora mayoría. “Congreso sancionó con fuerza de Ley el acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI que le permitirá al país refinanciar la deuda récord de 2018, evitando desestabilizar la economía”, aseguró. “El resultado y el proceso son un paso firme hacia adelante en el desarrollo de nuestra República”, agregó.

De esta manera, el país refinanciará el préstamo que Mauricio Macri tomó en 2018 por casi 50 mil millones de dólares. La mayoría de ese dinero se fugó y no quedó un solo peso en el país. Nunca el Congreso se expresó sobre la conveniencia de la deuda.

“Duela lo que duela, la realidad es que el FMI está en Argentina desde 2018 por decisión del gobierno anterior, y en algo más de un año sumó una deuda de USD44.500 M en las espaldas del pueblo. Pesa y mucho. Nuestra responsabilidad era construir una solución”, advirtió. “Sin un acuerdo era imposible pagar”, contó. “Y no pagar implicaba que no hubiese financiamiento en Argentina. Implicaba caída de la producción, el empleo y efectos desestabilizantes sobre el tipo de cambio. Implicaba ajuste. Nuestra responsabilidad era dar tranquilidad y certeza de rumbo”, cerró.

Por último, celebró que se trata de un acuerdo “radicalmente diferente de todos los que históricamente se tuvieron con el FMI”. Porque “no hay quita de derechos ni a trabajadores ni a jubilados. Se expande la inversión en infraestructura y conocimiento. Logramos poner por delante a los intereses de la economía real”.

“Nunca un acuerdo con el FMI tuvo apoyo social y político federal de tal magnitud. Por primera vez en la historia pasó por el Congreso y logró un nivel de adhesión del 80%. También acompañaron sindicatos, el sector privado, universidades, movimientos sociales y la sociedad civil”, cerró.

Así lo adelantó el gobierno ucraniano.

El jefe negociador de Kiev, Mikhailo Podolyak, aseguró este jueves que plazo al que apunta Ucrania para llegar a un acuerdo de paz con Rusia es “de unos días a una semana y media”. Según trascendió, ya habría temas en los que se están de acuerdo aunque falta avanzar en otros.

En una entrevista, Podolyak dio detalles de los múltiples encuentros que viene desarrollando junto a sus colegas con sus pares rusos, con el fin de frenar la invasión, lograr la retirada de las tropas extranjeras y alcanzar la paz. “La retirada inmediata de las tropas rusas es uno de los aspectos clave del acuerdo de paz. La delegación rusa como la ucraniana mantienen sus posiciones”. Ucrania ya aceptó que no podrá ser parte de la OTAN, como viene reclamando hace años Rusia.

Al mismo tiempo señaló que una vez firmada la paz entrará en vigencia la Convención de Viena. “Ella dice claramente que el tratado de paz puede ser anulado si los estados en guerra no retiran sus tropas del territorio enemigo. Por lo tanto, cualquier intento de mantener a soldados rusos en tierras ucranianas no tendrá base legal”, explicó, haciendo referencia a la obligación que tendrá Rusia de replegar su ejército a propio territorio.