El costo de vida porteño volvió a superar a la inflación mensual. La clase media capitalina exige casi $2 millones de ingresos para sostener su nivel.
BUENOS AIRES, 14 oct (Agencia) — En septiembre, una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires —integrada por dos adultos y dos niños— debió contar con ingresos mensuales de al menos $1.255.934 para no ser considerada pobre, de acuerdo con el último informe del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (Idecba).
La cifra marca un nuevo récord en el costo de vida de la capital, con un incremento de 2,39% respecto de agosto, por encima del 2,2% de inflación general en el distrito. Para alcanzar el nivel de clase media, en tanto, el mismo hogar necesitó $1.997.377, una barrera que deja fuera a buena parte de los asalariados formales.
El aumento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) revela que los precios de los productos esenciales continúan subiendo más rápido que el resto, deteriorando la capacidad de compra de los sectores medios y bajos.
En comparación interanual, la línea de pobreza avanzó 26,4%, mientras que la de indigencia lo hizo 23,8%. Hace un año, los umbrales eran de $993.854 y $545.183, respectivamente.
El Idecba clasifica a los hogares porteños según sus ingresos: los indigentes tienen menos de $674.757; los pobres no indigentes, hasta $1.255.934; los no pobres vulnerables, hasta $1.597.902; y el sector medio frágil, hasta $1.997.377. A partir de allí comienza la clase media, que se extiende hasta los $6.391.608, antes de llegar al segmento acomodado, un grupo minoritario que vive en una economía aparte.
El Nobel argentino criticó duramente a la dirigente opositora por “rendirle pleitesía” a Washington y cuestionó que haya pedido una invasión extranjera contra su propio país.
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel envió una carta abierta a la venezolana María Corina Machado, reciente receptora de la misma distinción, en la que la acusa de ser “vocera de los intereses de los Estados Unidos” y de haber “traicionado el principio básico de soberanía de los pueblos latinoamericanos”.
El activista argentino, símbolo de los derechos humanos durante la dictadura, planteó un duro cuestionamiento ético y político a Machado, a quien reprochó haber pedido públicamente la intervención militar de Washington contra Venezuela. “¿Cómo podés hablar de paz si reclamás la invasión de tu propio país?”, escribió Pérez Esquivel, en una carta que también denuncia la “sumisión colonial de ciertas élites latinoamericanas” ante el poder norteamericano.
El Nobel recordó que “Estados Unidos no tiene amigos ni aliados, solo intereses” y advirtió que el continente aún paga las consecuencias de las dictaduras impuestas por la Casa Blanca durante la Guerra Fría. “Esas políticas destruyeron nuestras democracias, llenaron de desaparecidos y de exiliados a América Latina. ¿Cómo podés ahora pedirles que vuelvan?”, ironizó.
Pérez Esquivel defendió al gobierno venezolano como “una democracia con contradicciones, pero también con voluntad de soberanía”, y reivindicó la figura de Hugo Chávez como parte de “un proyecto emancipador que los poderosos del norte jamás toleraron”. Señaló además que las sanciones y bloqueos impulsados por Estados Unidos son “formas modernas de guerra” y que el acoso internacional a Caracas busca “sofocar la autodeterminación del pueblo venezolano”.
La carta fue leída en distintos espacios de derechos humanos de la región como una advertencia moral a quienes legitiman la intervención extranjera bajo el discurso de la democracia. “La paz no se construye con misiles ni con tutelas imperiales”, concluye Pérez Esquivel, en una frase que funciona tanto como reproche a Machado como diagnóstico de una época en la que, según el Nobel argentino, “algunos prefieren ser colonia antes que parte de una América Latina libre”.
Con una estrategia dilatoria y sin mayorías propias, el oficialismo apuesta a postergar el debate hasta diciembre mientras la oposición busca forzar la sanción antes del recambio parlamentario.
El tratamiento del Presupuesto 2026 se perfila como una larga maniobra de supervivencia política antes que un debate serio sobre las cuentas públicas. El Gobierno llevará el proyecto al Congreso sin consenso entre las comisiones clave y con la intención evidente de estirar los tiempos hasta que el nuevo mapa legislativo le resulte más favorable.
Lejos de promover una discusión sobre prioridades fiscales o inversiones estratégicas, el oficialismo busca ganar semanas. El texto ingresará al recinto sin dictamen unificado y con advertencias sobre posibles “modificaciones técnicas” de último momento, eufemismo que en la jerga parlamentaria suele anticipar enmiendas improvisadas para contentar aliados circunstanciales.
Desde la oposición denuncian que la Casa Rosada busca congelar la agenda presupuestaria para esquivar los costos de un ajuste que ya golpea a las provincias y amenaza con paralizar programas en salud, educación y obra pública. “No quieren discutir porque saben que el número no les cierra ni política ni socialmente”, admitió un referente de la bancada peronista.
En la práctica, el oficialismo apuesta a dilatar todo lo posible. Sin mayoría en Diputados y con un clima económico adverso, intenta reproducir la lógica que aplicó en otros proyectos sensibles: ganar tiempo, dosificar concesiones y trasladar el costo político al próximo Congreso. Mientras tanto, los gobernadores son nuevamente moneda de cambio en la negociación por partidas y transferencias.
Los bloques opositores, en cambio, ya diagramaron un cronograma propio para forzar el debate. Habrá seis reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda entre el 15 y el 29 de octubre, con la intención de emitir dictamen el 4 de noviembre y llevar el texto al recinto antes de fin de mes.
El oficialismo confía en que el calendario electoral opere como escudo. La oposición, que huele la debilidad del Gobierno, quiere que la rendición de cuentas llegue al recinto antes de diciembre, cuando cambie la composición de las cámaras. En el medio, el país espera un presupuesto que, una vez más, parece destinado a ser rehén de las urgencias políticas y no una hoja de ruta económica.
Desde que el gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Alquileres, los precios subieron más de 360% y uno de cada tres hogares tuvo que sumar otro empleo para no perder su vivienda.
La desregulación del mercado inmobiliario, presentada por el Gobierno como una “liberación”, se tradujo en un drama cotidiano para millones de familias. Tras la eliminación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023, los precios se dispararon muy por encima de la inflación, los salarios se derrumbaron y el acceso a la vivienda se volvió un privilegio de pocos.
Según la última Encuesta Nacional Inquilina, siete de cada diez hogares se endeudaron para pagar el alquiler o cubrir gastos básicos, y un tercio de los inquilinos debió buscar un segundo empleo para poder sostener su techo. Hoy, el 66% destina entre el 30% y el 50% de sus ingresos al alquiler, mientras que un 24% gasta más del 60%.
En lo que va de la gestión de Milei, la inflación acumuló 232%, pero los alquileres treparon 363%. El supuesto “mercado libre” terminó concentrando el negocio en pocas manos y excluyendo a miles del acceso a la vivienda. Al mismo tiempo, el Gobierno desmontó todos los programas habitacionales y paralizó más de 125 mil obras, dejando sin respuesta a quienes esperaban una solución estatal.
“El decreto nos dejó completamente indefensos frente a la crueldad del mercado inmobiliario”, advirtió Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados.
A casi un año del DNU, la promesa de libertad se transformó en su opuesto: un país donde trabajar ya no alcanza ni para pagar el alquiler.
Ramos Padilla rechazó el pedido del partido para que Diego Santilli reemplazara a José Luis Espert y sostuvo la validez del orden original, en resguardo de la paridad de género.
El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, resolvió que Karen Reichardt encabece la lista de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza, tras rechazar el pedido de la alianza oficialista para colocar en ese puesto a Diego Santilli.
La decisión se fundó en que el artículo 7 del Decreto 171/2019 —que prevé reemplazos de candidatos— no puede aplicarse cuando afecta la paridad de género establecida en el Código Electoral. En ese sentido, Ramos Padilla declaró inconstitucional la maniobra de sustitución y ordenó mantener el orden “ascendente y natural” de los postulantes tras la renuncia de José Luis Espert.
De esta forma, Reichardt —cuyo nombre legal es Karina Vázquez— ocupará el primer lugar, seguida por Santilli y Gladys Humenuk. El magistrado también aceptó las renuncias de Espert y de otras dos postulantes: Lucía Bernardoni (ubicada en el puesto 34) y María Gabriela Gobea (quinta suplente).
En su resolución, Ramos Padilla subrayó que modificar la cabeza de la lista hubiese implicado “una ventaja indebida para los candidatos varones” y un retroceso en materia de representación femenina. Por eso, recordó que la ley de paridad tiene como objetivo garantizar la participación igualitaria y no puede ser soslayada por acuerdos políticos.
La resolución judicial atendió además las objeciones presentadas por otras fuerzas, entre ellas la alianza Potencia y referentes del Frente Renovador, quienes reclamaron que se respete el orden de género y el criterio de reemplazo establecido por la legislación vigente.
La justicia argentina imputó al diputado de La Libertad Avanza por lavado de dinero tras confirmarse que recibió fondos de Federico “Fred” Machado, empresario que será extraditado a EE.UU por delitos vinculados al narcotráfico.
La justicia argentina imputó al diputado José Luis Espert por presunto lavado de dinero tras confirmarse que recibió fondos de Federico “Fred” Machado, empresario que será extraditado a Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y fraude financiero. La causa expone conexiones que cruzan fronteras y cuestiona la ética de la campaña presidencial de 2019 del economista.
El diputado nacional José Luis Espert enfrenta una imputación penal por lavado de dinero en la Justicia Federal de San Isidro, luego de que se revelara que cobró u$s200.000 de Federico “Fred” Machado, empresario que será juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico. La denuncia fue presentada por el dirigente social Juan Grabois, quien denunció la procedencia ilícita de los fondos y la posible vinculación de Espert con la red internacional de Machado.
Según consta en el expediente, el dinero fue transferido en 2020, antes de que se conocieran públicamente las causas penales abiertas en Texas contra Machado. La operación está documentada en registros del Bank of America y aparece en un “libro contable secreto” de Machado, junto a su socia Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023 por delitos vinculados al narcotráfico.
La imputación también apunta a la relación directa entre Espert y Machado durante la campaña presidencial de 2019. El economista habría utilizado un avión privado del empresario para actos de campaña, un dato que refuerza la sospecha de que la financiación provino de actividades ilícitas.
La Corte Suprema de Justicia confirmó recientemente la extradición de Machado a Estados Unidos, rechazando todos los planteos de su defensa y habilitando que sea juzgado por asociación ilícita, narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. Con la extradición pendiente de la decisión del Poder Ejecutivo, el escándalo deja al descubierto el entramado de financiamiento internacional que involucraría a un dirigente político argentino de alto perfil.
El caso plantea serias dudas sobre la transparencia en la política argentina y el uso de recursos con presuntos orígenes ilícitos para sostener campañas electorales. Además, abre interrogantes sobre las conexiones transnacionales que vinculan a empresarios investigados por narcotráfico con figuras políticas locales, dejando un manto de cuestionamiento sobre la integridad de Espert y su entorno.
La Corte Suprema confirmó la entrega del empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero a la justicia estadounidense. El presidente Javier Milei deberá firmar la resolución definitiva, en medio de las revelaciones sobre sus vínculos con el acusado.
La Corte Suprema de Justicia ratificó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos, donde el empresario argentino enfrenta múltiples cargos por narcotráfico, lavado de activos, asociación ilícita y fraude electrónico. El máximo tribunal rechazó los planteos de la defensa y dejó firme el fallo del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén que había declarado procedente el pedido de la justicia norteamericana.
Machado, quien reconoció haber financiado la campaña de José Luis Espert en 2019, mantiene vínculos directos con el oficialismo actual. De hecho, el empresario comparte abogado con el propio presidente Javier Milei, que deberá ahora definir si autoriza o no la extradición.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que el pedido de cooperación judicial “se ajusta plenamente a los tratados vigentes” y descartó los argumentos de la defensa, que había invocado una supuesta vulneración del derecho a la igualdad y al debido proceso.
La Corte también valoró la nueva documentación remitida por la embajada de Estados Unidos, que confirmó las condenas de dos cómplices de Machado —Kayleigh Moffett y Debra Lynn Mercer Erwin—, desarticulando la estrategia de su defensa y dejando “disipadas las dudas planteadas”.
Con esta decisión, el expediente regresará al juzgado de origen para completar los trámites de entrega. La última palabra la tendrá el Poder Ejecutivo. En la práctica, será el propio Milei quien deba firmar la extradición de un empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero, cuya relación con su entorno político vuelve a quedar bajo la lupa.
El candidato de Fuerza Patria consideró que la dimisión de José Luis Espert “no limpia la podredumbre que atraviesa al gobierno libertario”. Acusó a Javier Milei de encubrir vínculos con el narcotráfico y denunció el uso de fondos públicos para reimprimir boletas.
El primer postulante a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, cuestionó duramente al oficialismo tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, al sostener que “la corrupción del gobierno no se borra con una renuncia televisada ni con un silencio de Balcarce 50”.
Taiana calificó la decisión de Espert como “una victoria del repudio popular frente a la impunidad y la connivencia con el delito”, en alusión a las acusaciones que vinculan al economista libertario con el empresario detenido por narcotráfico Fred Machado. “Milei sabía perfectamente con quién se estaba asociando. Si no lo sabía, es aún más grave”, afirmó.
El ex canciller también criticó los intentos del oficialismo por reimprimir boletas en la provincia de Buenos Aires, al advertir que implicaría un gasto millonario “para tapar un escándalo con dinero de los contribuyentes”. Según estimó, el costo rondaría los 15.000 millones de pesos. “Con eso se podría financiar un año entero del Garrahan”, ironizó.
Taiana reclamó, además, que Espert renuncie a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, cargo que —dijo— “ha mantenido paralizado y al servicio del ajuste”. En su declaración, sostuvo que la crisis del oficialismo “ya no se mide por encuestas, sino por el olor a corrupción que sale de sus oficinas”.
Para el candidato de Fuerza Patria, la renuncia de Espert “es apenas la punta de un iceberg que hunde el relato de transparencia del mileísmo”, y advirtió que “cuando la corrupción se vuelve política de Estado, ningún cambio de nombres alcanza para lavar las manos de un gobierno que se ha ensuciado solo”.
La doble renuncia del economista libertario expone el colapso interno del gobierno de Javier Milei, acorralado por el escándalo que lo vincula fuertemente con un empresario acusado de narcotráfico. La Casa Rosada intenta contener el daño mientras crece el malestar entre los aliados.
José Luis Espert formalizó su salida de la Comisión de Presupuesto y Hacienda apenas horas después de anunciar que no competiría como candidato por la provincia de Buenos Aires. El gesto, lejos de traer calma, aceleró la descomposición dentro del bloque oficialista, que enfrenta su primera gran crisis política y moral.
El caso, originado en las denuncias por presuntos aportes ilegales del empresario Fred Machado, dejó al desnudo los vínculos opacos entre el financiamiento político y figuras que el propio Milei presentaba como “estandartes de la transparencia”. Según las investigaciones, Espert habría recibido 200 mil dólares y realizado decenas de vuelos en aeronaves ligadas al empresario detenido.
Aunque el Gobierno intentó minimizar el impacto, en la práctica la renuncia de Espert simboliza el derrumbe del relato ético con el que el oficialismo buscaba diferenciarse. Desde sectores aliados admiten que el daño es “inmenso” y que la salida del diputado abre una grieta difícil de cerrar.
El episodio golpea especialmente al Presidente, que había respaldado a Espert como garante del ajuste fiscal y del orden presupuestario. Hoy, su renuncia deja vacante una de las comisiones clave del Congreso y evidencia el desconcierto de un gobierno que ya no puede controlar ni a sus propios voceros.
La certeza absoluta no es atributo de las ciencias sociales ni mucho menos del periodismo, cuanto más, los cronistas logramos ciertos puntos de convicción, tras interrogantes, atención a voces y documentos y procesos interpretativos. Serán entonces los hondureños los encargados de darnos una respuesta definitiva a la pregunta de nuestro título.
Sin embargo, encontramos serios indicios de que por los territorios de la práctica política, que nunca son llanos ni lineales, caminan con rumbo propio los actores y sujetos históricos los cuales ubican a Honduras en un rumbo que, de sostenerse, podría parir una épica que le está faltando a Nuestra América: un nuevo tiempo, un nuevo estar en el mundo.
Antes de avanzar con la idea, una confesión. Lo de inventar una nueva época lo tomé de “Inventé el tiempo”, una frase magistral de Fidel Castro. Tras su encuentro en 2009 con Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras y sin dudas líder del movimiento que sus protagonistas conceptualizan como de “resistencia y refundación”, Fidel se refirió a aquella reunión en una de sus frecuentes “reflexiones” que aparecían en la prensa de Cuba y de otros países: “Lo vi. No me quedaba otra alternativa. Inventé el tiempo”, escribió.
Esa expresión en un texto de Fidel Castro amerita no sólo un artículo, sino un seminario sobre narrativas políticas, incluso discernir con respecto a la relación existente entre la Historia y sus protagonistas, pero por ahora sólo pretendo utilizarla para entender los posibles y necesarios alcances regionales de la experiencia que vive Honduras tras su vuelta al régimen democrático con el gobierno de Xiomara Castro, consagrada presidente en 2022.
Hace pocos días, un artículo de la publicación digital argentina El cohete a la luna recordó el libro de Carina Miller, Influencia sin poder (2000), una obra pensada para analizar la política internacional desde Buenos Aires a principios de siglo.
Sin embargo, se trata de un texto que es de actualidad a la hora de observar el tablero latinoamericano y del Caribe, en nuestro caso el de Honduras.
Al comentar el libro citado, el autor del artículo, el académico argentino Luciano Anzelini, destaca la siguiente idea: los “Estados medianos” pueden ejercer su influjo en el sistema internacional, a pesar de no contar con una cuantiosa disposición de atributos de poder.
La categoría “Estados medianos” puede asimilarse en términos políticos al de países periféricos y, salvo excepciones, con superficies y demografía menores respecto de las naciones desarrolladas y centrales el sistema capitalista imperialista global.
Para Carina Miller, los estados medianos “deben aprovechar los recursos que los foros internacionales les ofrecen para aumentar su impacto más allá de lo que cabría esperar dado su limitado peso económico o militar…La estrategia para ejercer esta influencia consiste en recurrir a los foros multilaterales a los fines de desarrollar estándares normativos y obtener pronunciamientos consistentes con los intereses propios”.
El planteo suena interesante, aunque no tiene en cuenta la fragilidad instrumental de esos organismos internacionales, conforme indica la experiencia histórica, y obvia dos elementos estratégicos: la fortaleza del consenso social y político interno que tengan los gobiernos de esos Estados intermedios y, en la actualidad, la capacidad de esos gobiernos y de los contingentes sociales que lo apoyan para organizar y producir un aparato comunicacional mediático y no mediático eficaz en orden a la creación de sentidos de disputa frente al poder simbólico hegemónico.
El caso hondureño es un espacio con potenciales específicos para convertirse en un protagonista de la escena regional y en ese sentido debería ser seguido por las izquierdas y los progresismos latinoamericanos, tan expuestos ante sus propios errores y las ofensivas de las derechas y ultraderechas soliviantadas en la era Donald Trump.
¿Por qué afirmo lo que acaban de leer? A continuación propongo algunos porqués.
La gestión del partido Libre, de “resistencia y refundación”, que encabeza Xiomara Castro, se apresta a continuar con la presidencia de la actual candidata, Rixi Moncada, favorita para las elecciones del 30 de noviembre próximo.
Las estimaciones más prudentes de encuestadores, analistas y de hasta los propios candidatos de la derecha hondureña desflecada, la ubican al menos con 10 puntos porcentuales por encima de sus oponentes.
Es que Libre, con un renovado y dinámico carácter movimientista y frentista, cuenta con algunas fortalezas paradigmáticas.
Un desarrollado trabajo político y social en los territorios, y una suerte de dialéctico liderazgo ejercido por Manuel Zelaya, sintetizador de las corrientes que lo integran y en pleno ejercicio intelectual destinado a darle sustentabilidad a un programa de democracia económica y original planteo de independencia respecto del núcleo central de bloque capitalista imperialista hegemónico: las corporaciones financieras y sus maniobras predatorias.
Quienes dialogan con frecuencia con Zelaya dan cuenta de que el ex presidente debate y traza líneas de acción política tendientes a preservar y ampliar su frente interno partidario, de forma tal que el proceso de construcción de consensos y mayorías se multiplique.
Y en ese plan de acción no es menor el trabajo que realiza la dirección de Libre para el logro de alianzas regionales e internacionales desde las cuales puedan apoyarse con la inteligencia que demanda la coyuntura global y sus postulados contrahegemónicos.
El equilibrio logrado en la complicada agenda de relaciones con Estados Unidos, en el contexto agresivo y provocador de la administración Trump, habla de la vocación con la que trabaja el proyecto político que encarnan Libre, su dirección y su militancia.
Y para el final, quizás lo decisivo: el plexo de políticas públicas desplegadas por la administración de Xiomara Castro, pese a todas las dificultades que debió sortear.
Una de ellas. y no menor. fueron las maniobras legislativas de la derecha que obturaron proyectos capitales como el de la Reforma Tributaria. Seguramente Rixi Moncada acometerá con lo mismo, con la renovada fortaleza que le otorgará el resultado de las urnas en noviembre próximo.
La portentosa concreción de obras públicas estructurales y de desarrollo social en las áreas salud y educación pública, la preocupación por la conservación del poder adquisitivo de los ingresos populares y el fomento a la producción en sectores estratégicos del PBI, como el apoyo a los productores del café de alta gama que exporta Honduras, entre otras iniciativas, fueron de una contundencia tal que pudieron mucho más que las campañas con intenciones destructivas de las derechas oligárquicas.
La esperanza de que Honduras invente un nuevo tiempo latinoamericano y del Caribe es fundada, y como señalara antes en este texto, las fuerzas progresistas y de izquierda de la región deben hacer los deberes y estudiar lo que está sucediendo en ese país centroamericano.
Y dicho o escrito sea de paso, con la intención de una mejor memoria, en el país de Francisco Morazán (1792-1842), el líder independentista que concretó el sueño de unidad, presidiendo la República Federal Centroamericana entre 1830 y 1839.
