Un querellante presentó pruebas que vinculan a los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy con transferencias millonarias desde cuentas del empresario estadounidense Hayden Davis, creador del token. Los acusan de triangular fondos y borrar rastros de las operaciones.

El caso $Libra, la criptomoneda impulsada desde el entorno presidencial y que terminó en un colapso financiero, sumó un nuevo capítulo judicial: Martín Romeo, uno de los querellantes, pidió la detención de los operadores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, a quienes acusó de recibir más de dos millones de dólares en activos digitales provenientes del empresario norteamericano Hayden Davis.

Según la denuncia, ambos traders habrían actuado como intermediarios entre Davis y sectores cercanos al presidente Javier Milei, triangulando fondos que luego se convirtieron en efectivo. Las operaciones fueron registradas en enero y febrero de 2025, en coincidencia con el lanzamiento y posterior derrumbe del token.

Romeo identificó dos transferencias centrales: una de 1.015.000 USDT y otra de 1.191.000 USDT, enviadas desde billeteras vinculadas al creador de $Libra hacia una financiera manejada por Novelli y Terrones Godoy. Esa billetera cerró abruptamente el 26 de febrero, apenas días después del colapso de la criptomoneda.

“La conexión es directa: Davis envía el dinero, ellos lo reciben, lo fraccionan y lo retiran en efectivo. Luego cierran todo para borrar el rastro”, sostuvo el querellante en su presentación.

El pedido de detención se basa en el riesgo de fuga, dado que Novelli tiene ciudadanía italiana y Terrones Godoy cuenta con pasaporte mexicano. Ambos, según la acusación, habrían convertido parte de los fondos en Ethereum para eludir el congelamiento judicial.

El expediente, que pasó del juzgado de María Servini al de Marcelo Martínez de Giorgi, avanza con lentitud. El fiscal Eduardo Taiano investiga posibles delitos de cohecho, estafa y asociación ilícita.

Mientras tanto, expertos en blockchain confirman que las transacciones existen y que coinciden con fechas clave, incluso con la reunión que Milei mantuvo en la Casa Rosada con Davis, el 30 de enero de 2025.

“Hay más de cuatro millones de dólares que se movieron en esos días. Si Bitget responde a la justicia, se va a destapar toda la maniobra”, advirtió el ingeniero Fernando Molina, uno de los analistas que sigue el rastro del dinero.

El caso $Libra se convierte así en el primer escándalo financiero que golpea de lleno al corazón del gobierno libertario, donde la promesa de libertad económica parece haber derivado en una estafa millonaria y un creciente cerco judicial.

El presidente oficializó las normas votadas por el Congreso, aunque suspendió su aplicación con un artilugio administrativo que le permite desentenderse de su ejecución. Las universidades y hospitales seguirán esperando.

El gobierno de Javier Milei promulgó finalmente las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, pero dispuso que ambas queden congeladas hasta nuevo aviso. Amparado en un tecnicismo legal, el Ejecutivo decidió postergar su cumplimiento hasta que “la oposición indique de dónde saldrán los fondos”, una excusa que en los hechos anula la vigencia de las normas aprobadas por el Congreso.

Las resoluciones 759 y 760 publicadas en el Boletín Oficial convierten en letra muerta dos leyes destinadas a reforzar la educación pública y el sistema de salud infantil, mientras el gobierno celebra su “equilibrio fiscal” y desatiende el deterioro de ambos sectores. La maniobra, presentada como un gesto de “responsabilidad presupuestaria”, equivale a un nuevo veto encubierto frente a demandas sociales y sanitarias urgentes.

Con esta jugada, el Ejecutivo repite el libreto que ha caracterizado su gestión: desentenderse de las políticas públicas, trasladar responsabilidades y refugiarse en el lenguaje contable mientras la crisis educativa y hospitalaria se agrava. Las universidades, que debían recibir actualizaciones automáticas por inflación, seguirán funcionando al borde del colapso. Los hospitales pediátricos, que esperaban recursos para medicamentos, insumos y personal, continuarán en emergencia.

El gobierno que se autoproclama defensor de la libertad volvió a demostrar que su idea de libertad excluye la educación y la salud pública. Promulga las leyes, pero las congela; promete un futuro, pero detiene el presente. En su cruzada por “no gastar”, Milei parece dispuesto a recortar incluso lo más elemental: la posibilidad de estudiar y de curarse en la Argentina.

Ignacio Contreras, dirigente del oficialismo en San Vicente, fue arrestado tras efectuar disparos con un arma de fuego en una vivienda rural. La policía halló vainas servidas, un arma 9 mm y signos de violencia en el lugar.

El concejal electo de La Libertad Avanza en San Vicente, Ignacio Contreras, fue detenido luego de protagonizar un violento episodio con su pareja que incluyó disparos dentro de una propiedad privada. El hecho ocurrió el domingo en el campo “Mi Viejo”, sobre el camino Once Boca, donde efectivos policiales acudieron tras recibir denuncias por detonaciones de arma de fuego.

Al arribar, los agentes encontraron a Agustina Jiménez, de 24 años, quien denunció haber sido agredida por Contreras durante una discusión. Según su testimonio, el concejal habría efectuado al menos dos disparos dentro de la vivienda. En la inspección posterior, la policía halló un arma calibre 9 mm, vainas servidas y signos de desorden general en el interior del inmueble.

El dirigente liberal, que encabezó la lista local de La Libertad Avanza en las elecciones de septiembre y debía asumir su banca en diciembre, quedó imputado por amenazas agravadas. La fiscal de turno, Karina Guyot, ordenó su aprehensión y el secuestro del arma.

Mientras el gobierno nacional multiplica discursos sobre “orden” y “seguridad”, el caso vuelve a poner bajo la lupa la conducta de sus propios referentes locales. Entre promesas de moral y mano dura, el episodio de San Vicente revela un costado violento y descontrolado de quienes dicen encarnar la “nueva política”.

El sector metalúrgico se hundió 5,2% interanual en septiembre y el uso de la capacidad instalada bajó al 44,5%, el peor nivel desde la pandemia. Empresarios advierten que el ajuste del Gobierno paralizó la producción y pone en riesgo miles de empleos.

La política económica del Gobierno de Javier Milei continúa dejando secuelas en la industria nacional. Según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), la producción del sector retrocedió 5,2% interanual en septiembre y acumula una caída del 30% respecto de sus picos históricos.

El uso de la capacidad instalada se desplomó al 44,5%, un nivel comparable al del aislamiento de 2020, mientras el empleo industrial volvió a contraerse. En los últimos doce meses, el número de trabajadores del rubro cayó 3,2%, y las expectativas empresarias anticipan nuevos recortes.

La retracción golpea con fuerza a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde la actividad fabril concentra la mayor parte de las pymes metalúrgicas. “Estamos operando con plantas semi vacías y sin demanda interna. El ajuste destruyó la cadena productiva”, señaló un dirigente del sector.

El informe también revela que el 77% de las empresas prevé mantener o reducir su producción en los próximos meses, y más del 90% no planea incorporar personal. Para ADIMRA, el escenario refleja “la parálisis de la economía real” y la falta de políticas activas para sostener el empleo y la inversión.

“La industria argentina está en un punto crítico. Si el Estado no interviene, corremos el riesgo de perder capacidades que costaron décadas construir”, advirtió el presidente de la entidad, Elio Del Re.

Con fábricas trabajando a menos de la mitad y un consumo interno desplomado, la recesión industrial se consolida como el rostro más visible del ajuste libertario.

La principal coalición opositora reclamó que el escrutinio provisorio se publique por provincia y acusó al oficialismo de intentar manipular la lectura política de los comicios legislativos del 26 de octubre.

Fuerza Patria presentó este lunes un pedido formal ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para que los resultados de las elecciones legislativas se informen exclusivamente por distrito y no de forma agregada a nivel nacional. La medida apunta a evitar que el Gobierno de Javier Milei utilice los datos del escrutinio provisorio con fines propagandísticos.

“El voto legislativo se define provincia por provincia. La suma nacional no tiene valor institucional y confunde deliberadamente a la ciudadanía”, sostiene el texto entregado por la alianza, que reúne a la mayoría de las fuerzas opositoras con representación parlamentaria.

El reclamo se produjo tras el simulacro electoral realizado por la Dirección Nacional Electoral (DINE) en el Correo Argentino, donde —según denunció la oposición— se aplicaron criterios “opacos” y “sin control ciudadano” en la carga de datos. En Fuerza Patria sospechan que el Ejecutivo busca mostrar un resultado global favorable, pese a los retrocesos previstos en los grandes distritos.

“La transparencia no se declama, se garantiza”, afirmó una fuente del espacio opositor, que acusó al oficialismo de utilizar la DINE “como herramienta de marketing político en lugar de órgano técnico”.

La CNE deberá resolver el planteo antes del cierre de la semana, aunque la tensión política ya se instaló. El debate vuelve a poner en el centro la disputa por el sentido del federalismo y por el control del relato electoral, en un contexto de malestar económico y creciente desgaste del gobierno libertario.

El banco estadounidense advirtió que cualquiera sea el resultado de los comicios, el tipo de cambio subirá con fuerza y las reservas seguirán bajo presión.

BUENOS AIRES, 14 oct (Agencia) — El banco de inversión Morgan Stanley anticipó una escalada del dólar en la Argentina luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre, con distintos grados de impacto según el resultado electoral, pero sin escenarios de calma a la vista.

En su último informe a clientes, la entidad de Wall Street alertó que “la estabilidad cambiaria actual es insostenible” y que, tras los comicios, el Gobierno se verá obligado a ajustar el tipo de cambio y endurecer la política monetaria.

El documento plantea tres posibles resultados electorales, todos con una consecuencia común: una fuerte presión sobre el peso. En el mejor de los casos, con una victoria oficialista sólida, el dólar podría ubicarse cerca de $1.700 a fin de año. En un escenario intermedio, superaría los $1.800, y ante una derrota amplia del Gobierno, la cotización podría rebasar los $2.000, con impacto inmediato en precios y actividad económica.

El informe también advierte que un proceso de dolarización demandaría entre US$21.000 y US$86.000 millones, un volumen de divisas que el país no posee: las reservas netas del Banco Central rondan los US$10.000 millones, incluyendo el oro.

“Más allá del resultado electoral, la economía argentina enfrentará un período de tensión prolongada hasta que logre recomponer su stock de divisas”, concluye el banco, que remarca que ni siquiera el swap por US$20.000 millones con el Tesoro estadounidense alcanza para garantizar una transición ordenada.

El costo de vida porteño volvió a superar a la inflación mensual. La clase media capitalina exige casi $2 millones de ingresos para sostener su nivel.

BUENOS AIRES, 14 oct (Agencia) — En septiembre, una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires —integrada por dos adultos y dos niños— debió contar con ingresos mensuales de al menos $1.255.934 para no ser considerada pobre, de acuerdo con el último informe del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (Idecba).

La cifra marca un nuevo récord en el costo de vida de la capital, con un incremento de 2,39% respecto de agosto, por encima del 2,2% de inflación general en el distrito. Para alcanzar el nivel de clase media, en tanto, el mismo hogar necesitó $1.997.377, una barrera que deja fuera a buena parte de los asalariados formales.

El aumento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) revela que los precios de los productos esenciales continúan subiendo más rápido que el resto, deteriorando la capacidad de compra de los sectores medios y bajos.

En comparación interanual, la línea de pobreza avanzó 26,4%, mientras que la de indigencia lo hizo 23,8%. Hace un año, los umbrales eran de $993.854 y $545.183, respectivamente.

El Idecba clasifica a los hogares porteños según sus ingresos: los indigentes tienen menos de $674.757; los pobres no indigentes, hasta $1.255.934; los no pobres vulnerables, hasta $1.597.902; y el sector medio frágil, hasta $1.997.377. A partir de allí comienza la clase media, que se extiende hasta los $6.391.608, antes de llegar al segmento acomodado, un grupo minoritario que vive en una economía aparte.

El Nobel argentino criticó duramente a la dirigente opositora por “rendirle pleitesía” a Washington y cuestionó que haya pedido una invasión extranjera contra su propio país.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel envió una carta abierta a la venezolana María Corina Machado, reciente receptora de la misma distinción, en la que la acusa de ser “vocera de los intereses de los Estados Unidos” y de haber “traicionado el principio básico de soberanía de los pueblos latinoamericanos”.

El activista argentino, símbolo de los derechos humanos durante la dictadura, planteó un duro cuestionamiento ético y político a Machado, a quien reprochó haber pedido públicamente la intervención militar de Washington contra Venezuela. “¿Cómo podés hablar de paz si reclamás la invasión de tu propio país?”, escribió Pérez Esquivel, en una carta que también denuncia la “sumisión colonial de ciertas élites latinoamericanas” ante el poder norteamericano.

El Nobel recordó que “Estados Unidos no tiene amigos ni aliados, solo intereses” y advirtió que el continente aún paga las consecuencias de las dictaduras impuestas por la Casa Blanca durante la Guerra Fría. “Esas políticas destruyeron nuestras democracias, llenaron de desaparecidos y de exiliados a América Latina. ¿Cómo podés ahora pedirles que vuelvan?”, ironizó.

Pérez Esquivel defendió al gobierno venezolano como “una democracia con contradicciones, pero también con voluntad de soberanía”, y reivindicó la figura de Hugo Chávez como parte de “un proyecto emancipador que los poderosos del norte jamás toleraron”. Señaló además que las sanciones y bloqueos impulsados por Estados Unidos son “formas modernas de guerra” y que el acoso internacional a Caracas busca “sofocar la autodeterminación del pueblo venezolano”.

La carta fue leída en distintos espacios de derechos humanos de la región como una advertencia moral a quienes legitiman la intervención extranjera bajo el discurso de la democracia. “La paz no se construye con misiles ni con tutelas imperiales”, concluye Pérez Esquivel, en una frase que funciona tanto como reproche a Machado como diagnóstico de una época en la que, según el Nobel argentino, “algunos prefieren ser colonia antes que parte de una América Latina libre”.

Con una estrategia dilatoria y sin mayorías propias, el oficialismo apuesta a postergar el debate hasta diciembre mientras la oposición busca forzar la sanción antes del recambio parlamentario.

El tratamiento del Presupuesto 2026 se perfila como una larga maniobra de supervivencia política antes que un debate serio sobre las cuentas públicas. El Gobierno llevará el proyecto al Congreso sin consenso entre las comisiones clave y con la intención evidente de estirar los tiempos hasta que el nuevo mapa legislativo le resulte más favorable.

Lejos de promover una discusión sobre prioridades fiscales o inversiones estratégicas, el oficialismo busca ganar semanas. El texto ingresará al recinto sin dictamen unificado y con advertencias sobre posibles “modificaciones técnicas” de último momento, eufemismo que en la jerga parlamentaria suele anticipar enmiendas improvisadas para contentar aliados circunstanciales.

Desde la oposición denuncian que la Casa Rosada busca congelar la agenda presupuestaria para esquivar los costos de un ajuste que ya golpea a las provincias y amenaza con paralizar programas en salud, educación y obra pública. “No quieren discutir porque saben que el número no les cierra ni política ni socialmente”, admitió un referente de la bancada peronista.

En la práctica, el oficialismo apuesta a dilatar todo lo posible. Sin mayoría en Diputados y con un clima económico adverso, intenta reproducir la lógica que aplicó en otros proyectos sensibles: ganar tiempo, dosificar concesiones y trasladar el costo político al próximo Congreso. Mientras tanto, los gobernadores son nuevamente moneda de cambio en la negociación por partidas y transferencias.

Los bloques opositores, en cambio, ya diagramaron un cronograma propio para forzar el debate. Habrá seis reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda entre el 15 y el 29 de octubre, con la intención de emitir dictamen el 4 de noviembre y llevar el texto al recinto antes de fin de mes.

El oficialismo confía en que el calendario electoral opere como escudo. La oposición, que huele la debilidad del Gobierno, quiere que la rendición de cuentas llegue al recinto antes de diciembre, cuando cambie la composición de las cámaras. En el medio, el país espera un presupuesto que, una vez más, parece destinado a ser rehén de las urgencias políticas y no una hoja de ruta económica.

Desde que el gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Alquileres, los precios subieron más de 360% y uno de cada tres hogares tuvo que sumar otro empleo para no perder su vivienda.

La desregulación del mercado inmobiliario, presentada por el Gobierno como una “liberación”, se tradujo en un drama cotidiano para millones de familias. Tras la eliminación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023, los precios se dispararon muy por encima de la inflación, los salarios se derrumbaron y el acceso a la vivienda se volvió un privilegio de pocos.

Según la última Encuesta Nacional Inquilina, siete de cada diez hogares se endeudaron para pagar el alquiler o cubrir gastos básicos, y un tercio de los inquilinos debió buscar un segundo empleo para poder sostener su techo. Hoy, el 66% destina entre el 30% y el 50% de sus ingresos al alquiler, mientras que un 24% gasta más del 60%.

En lo que va de la gestión de Milei, la inflación acumuló 232%, pero los alquileres treparon 363%. El supuesto “mercado libre” terminó concentrando el negocio en pocas manos y excluyendo a miles del acceso a la vivienda. Al mismo tiempo, el Gobierno desmontó todos los programas habitacionales y paralizó más de 125 mil obras, dejando sin respuesta a quienes esperaban una solución estatal.

“El decreto nos dejó completamente indefensos frente a la crueldad del mercado inmobiliario”, advirtió Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados.

A casi un año del DNU, la promesa de libertad se transformó en su opuesto: un país donde trabajar ya no alcanza ni para pagar el alquiler.