El presidente de Brasil se reunió con la expresidenta en su domicilio, en un gesto que expuso el aislamiento internacional del gobierno argentino y reavivó las denuncias por persecución judicial.

Cristina Kirchner reapareció públicamente este jueves tras recibir en su casa del barrio de Constitución al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El encuentro, autorizado por el Tribunal Oral Federal N°2, duró aproximadamente una hora y fue difundido por la propia exmandataria en sus redes, junto a un texto donde volvió a denunciar la “subordinación” de la Justicia al poder económico.

“Su visita fue mucho más que un gesto personal: fue un acto político de solidaridad”, escribió Cristina, en alusión directa a la persecución judicial que dice sufrir y que la mantiene con prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. En ese sentido, trazó un paralelismo con el calvario judicial vivido por el propio Lula, antes de su regreso a la presidencia de Brasil.

La exmandataria remarcó que el encuentro ocurre en un contexto de “deriva autoritaria” del gobierno de Javier Milei, al que acusó de aplicar “terrorismo de Estado de baja intensidad”, por las recientes detenciones de militantes, el espionaje a opositores y la represión en las calles. “Nos costó demasiado construir la democracia como para permitir que la desmantelen paso a paso”, advirtió.

Lula llegó al país para participar de la cumbre del Mercosur, pero no mantuvo encuentros oficiales con el presidente argentino. Su visita a Cristina, en cambio, fue leída como un fuerte gesto de respaldo político que dejó en evidencia el aislamiento diplomático de Milei, sin reuniones bilaterales ni respaldo visible por parte del líder del principal socio regional.

En el mismo mensaje, la ex presidenta denunció las consecuencias del ajuste económico: “Con la ola polar que tenemos, lo único que se te ocurre es meterle otro recargo a las boletas”, disparó contra el aumento de tarifas. También anticipó que tras las elecciones de octubre, el Gobierno buscará avanzar con reformas estructurales: “Ya Caputo anunció que se viene la verdadera motosierra: reforma previsional, laboral y fiscal”.

Finalmente, Cristina cerró con una alusión al futuro político: “Este nosotros siempre vuelve. Lula lo demostró en Brasil y nosotros también lo haremos”.

Mientras el ministro ironiza con frases de canchero, crece la presión sobre el tipo de cambio y se desarma el “carry trade”. El Gobierno apela al endeudamiento y la venta de activos públicos para frenar la sangría de reservas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó las alertas sobre el tipo de cambio oficial con una frase provocadora que no cayó bien en los mercados: “¿Te parece que el dólar está barato? Comprá, campeón”. Horas después, la cotización subió al nivel más alto desde que rige el sistema de bandas, reflejando que los operadores financieros tomaron nota… y se fueron al dólar.

Caputo habló en el IAE Summit con un tono despreocupado ante un contexto que dista mucho de serlo. El Banco JP Morgan recomendó a sus clientes desarmar posiciones en pesos, marcando el principio del fin del “carry trade” y anticipando un giro en las expectativas. Mientras tanto, el déficit de cuenta corriente y la caída de reservas sin respaldo de dólares genuinos comienzan a preocupar incluso a los inversores más optimistas.

“Hay gente que necesita que a la Argentina le vaya mal”, sostuvo el ministro en una suerte de cruzada contra empresarios, periodistas y opositores, a los que acusó de operar en contra del gobierno. Sin embargo, evitó referirse a las intervenciones del Banco Central en el mercado de futuros y a la ausencia de dólares producto de exportaciones reales.

La jornada posterior a sus dichos mostró un dólar oficial trepando hasta los $1.255, una señal clara de que el mercado no comparte el optimismo oficial. La confianza en el esquema actual, sostenido artificialmente por deuda y liquidaciones estacionales, se debilita a medida que se aproxima el final de la cosecha gruesa.

Aún así, Caputo insistió en que el déficit de cuenta corriente “se puso de moda” y negó cualquier similitud con crisis anteriores. No explicó por qué esta vez sería distinto ni cómo piensa el Ejecutivo sostener el sistema sin ingreso neto de divisas.

El Gobierno espera cerrar acuerdos con el FMI y acelerar privatizaciones para sumar reservas, aunque ninguna de esas vías garantiza ingresos inmediatos ni permanentes. En paralelo, crecen las sospechas sobre nuevas devaluaciones o restricciones cambiarias si la situación se agrava antes de octubre.

Mientras la economía se sostiene con alfileres y la inflación aún no cede, el Gobierno elige el sarcasmo y la negación como política comunicacional. Pero los mercados, ajenos a las chicanas, ya comenzaron a pasar factura.

La diputada de La Libertad Avanza cargó contra su compañera Marcela Pagano por participar de una sesión impulsada por la oposición. La acusó de responder a “intereses extranjeros” y de operar contra Javier Milei.

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados para debatir el financiamiento universitario y la emergencia en hospitales no solo fue significativa por el temario, sino porque volvió a exponer las tensiones internas dentro del oficialismo libertario. La diputada Marcela Pagano, perteneciente a La Libertad Avanza, fue la única del bloque que bajó al recinto para habilitar el quórum junto a la oposición. Su presencia desató la furia de Lilia Lemoine, quien la acusó públicamente de estar conspirando contra el Gobierno.

“¿Qué carajos hacés dando quórum con los kirchneristas y los opositores al gobierno?”, cuestionó un usuario en X. Lemoine no tardó en sumarse al reproche y redobló la apuesta: “¿Vos me decís que los diputados que responden a Frigerio y la diputada Pagano acaban de dar quórum en una sesión para voltear al Presidente? ¿Por qué no se arman un bloque con los K que se llame ‘Unión Pro Los Chorros’?”, disparó.

Pagano llegó al recinto con termo y mate minutos antes de las 12:20, cuando aún faltaban varias bancas para alcanzar el quórum. Su ingreso fue clave para que la sesión comenzara, y fue leído por el resto del oficialismo como un gesto de deslealtad.

La rivalidad entre ambas diputadas no es nueva, pero esta vez escaló a niveles de acusación grave. Lemoine incluso deslizó vínculos de Pagano con servicios de inteligencia extranjeros, entre ellos el venezolano SEBIN, y la acusó de tener una agenda ajena a los intereses del país. “No se trata de una pelea de minitas”, aclaró, “ella está trabajando con organismos contrarios al rumbo de nuestra política exterior”.

También criticó el supuesto interés de Pagano por integrar la Comisión de Juicio Político. “Ella no puede decir la verdad, pero en parte salió a la luz”, sostuvo Lemoine, sugiriendo que su colega busca socavar la figura presidencial desde adentro.

La interna libertaria suma así un nuevo capítulo que evidencia el creciente desgaste dentro de La Libertad Avanza, cada vez más fragmentado entre los leales a Javier Milei y quienes reclaman mayor autonomía parlamentaria.

Mientras el presidente de Brasil llega a Buenos Aires y visita a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria, el gobierno de Milei evita el diálogo y redobla la persecución judicial contra la expresidenta.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, fue autorizado por la Justicia a visitar a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio del barrio Constitución, donde cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 accedió al pedido presentado por su abogado, Alberto Beraldi, para habilitar la visita, en el marco de las normas restrictivas impuestas por los jueces.

Lula participará de la cumbre del Mercosur, donde asumirá la presidencia pro témpore del bloque, pero no se reunirá con Javier Milei. El libertario, fiel a su estrategia de destruir puentes con los principales socios comerciales del país, optó por evitar cualquier contacto con el mandatario brasileño, con quien mantiene una tensión pública desde la campaña presidencial.

La visita de Lula se da en medio de una ofensiva judicial sostenida contra Cristina Kirchner. Mientras la expresidenta reclama que se le permita recibir visitas sin el corset procesal que impuso el TOF 2, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola insisten en enviarla a una cárcel común. Argumentan que no existen razones para su morigeración, ignorando su edad, su rol institucional y el contexto político que rodea su condena.

La causa Vialidad, cuya sentencia aún no está firme, fue utilizada desde sus inicios como herramienta de disciplinamiento político. El intento de impedir incluso que reciba a un presidente extranjero en su domicilio exhibe el absurdo al que ha llegado la judicialización de la política en Argentina. Y la decisión del gobierno de no recibir a Lula confirma que no hay voluntad de recomponer la diplomacia regional: se gobierna con resentimiento y se desprecia la soberanía.

La Cámara Federal de Casación Penal tratará el próximo 7 de julio el nuevo recurso de los fiscales. Para entonces, Lula ya estará de regreso en Brasil. Y la Argentina, cada vez más sola.

Así lo reveló una encuesta realizada por la Universidad Di Tella. El respaldo al mandatario cae con fuerza entre jóvenes y profesionales, dos sectores clave para su legitimidad.

La gestión de Javier Milei continúa perdiendo respaldo ciudadano, según el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) difundido por la Universidad Di Tella, basado en una encuesta de la consultora Poliarquía. El informe revela que en junio la confianza cayó 4,6% respecto al mes anterior, marcando una tendencia descendente sostenida desde diciembre.

Lejos del entusiasmo que el propio Milei expresó por redes sociales tras la difusión del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) —que mostró una suba interanual del 7,7% en abril—, los datos de percepción pública pintan otro panorama. La desconexión entre el relato oficial y la realidad cotidiana de los argentinos vuelve a quedar en evidencia.

La medición ubicó el nivel de confianza en 2,34 puntos sobre un máximo de 5, el tercer registro más bajo desde el inicio de su mandato. Los sectores que más se alejaron del gobierno son los jóvenes y las personas con educación universitaria, grupos que alguna vez entusiasmaron a Milei y hoy parecen darle la espalda ante la falta de resultados concretos.

“Con este descenso, el ICG de junio vuelve prácticamente al mismo nivel que tuvo en abril, el punto más bajo del año, y consolida un deterioro progresivo de la confianza social en la administración libertaria”, señala el informe.

En lo que va de la gestión, el gobierno solo logró superar mínimamente en promedio los niveles de confianza que obtuvieron Macri y Fernández en sus primeros 18 meses. Pero ese consuelo estadístico pierde peso frente al dato político: Milei no logra transformar sus indicadores macroeconómicos en mejoras tangibles para la sociedad.

El desempleo, la caída del salario real y el ajuste en áreas clave como salud, educación y transporte han golpeado la calidad de vida, y eso se refleja en el ánimo social. La “esperanza libertaria” pierde fuerza, y el espejismo del “milagro económico” comienza a desgastarse frente al malestar cotidiano de amplios sectores de la población.

Milei podrá seguir celebrando gráficos, pero el termómetro social ya no le responde.

El Gobierno evitó la destitución del juez federal Marcelo Bailaque, procesado y con prisión preventiva, aceptando su renuncia antes de que el Consejo de la Magistratura lo sancionara. Así, conservaría una jubilación de privilegio, pese a estar acusado de delitos graves. Crece el malestar por el doble discurso oficial.

En una decisión que genera críticas incluso dentro del oficialismo, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, procesado por una serie de delitos que van desde la extorsión hasta presuntos vínculos con el narcotráfico. La salida fue anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien aclaró que el exmagistrado ya no cuenta con fueros, aunque evitará la destitución por parte del Consejo de la Magistratura, medida que lo habría privado de su millonaria jubilación.

El caso provocó una oleada de cuestionamientos en redes sociales y en el ámbito político. Legisladores opositores señalaron que la jugada del Ejecutivo no solo blinda al exjuez de una sanción institucional, sino que contradice el discurso anticasta que Milei repite desde su campaña.

“En algún momento tendrán que explicar por qué no lo destituyeron. Bailaque debería haber sido apartado por sus vínculos con la corrupción, pero hoy se retira con todos sus beneficios intactos”, expresó la diputada santafesina Lionella Cattalini.

Bailaque está imputado por múltiples delitos: extorsión, prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica, allanamiento ilegal y vínculos con estructuras del narcotráfico. La causa es llevada adelante por la fiscalía federal y había sido avalada por el Juzgado Federal N°4 y la Cámara de Apelaciones de Rosario.

Desde el Gobierno intentaron matizar las críticas. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, aseguró que no se busca encubrir a nadie y que si la Justicia avanza con una condena firme e inhabilitación, el exjuez podría perder su jubilación. “No hay intocables”, insistió. Pero en los hechos, la renuncia aceptada por el Ejecutivo le abre una puerta lateral para salir del sistema judicial sin enfrentar las consecuencias institucionales más severas.

Mientras el oficialismo predica el fin de los privilegios, decisiones como esta alimentan la sospecha de que ciertas figuras, incluso cuestionadas, siguen contando con protección política. Para muchos, lo de Bailaque no fue una renuncia: fue una jubilación asistida desde Casa Rosada.

El Gobierno volvió a ajustar el impuesto a los combustibles, y prepara una escalada de aumentos para agosto. Naftas y gasoil seguirán subiendo en un contexto de inflación persistente y salarios estancados.

El Gobierno nacional confirmó este jueves un nuevo ajuste parcial del impuesto a los combustibles, medida que impactará en los precios al surtidor en las próximas horas. Así lo establece el decreto 441/2025 publicado en el Boletín Oficial, que actualiza la carga impositiva sobre las naftas y el gasoil.

En el caso de las naftas, se aplicará una suba de $6,620 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,405 por litro en el tributo al dióxido de carbono. Para el gasoil, el ajuste será de $5,346 por litro en el gravamen principal, $2,895 adicionales por la alícuota diferencial que rige en zonas como la Patagonia, y $0,609 por litro en el impuesto ambiental.

La medida oficializa una nueva transferencia de ingresos desde los bolsillos de los trabajadores hacia el fisco, y forma parte de una estrategia fiscal que, lejos de bajar impuestos como prometió Javier Milei, los indexa por inflación. En paralelo, el Gobierno pospuso para agosto la aplicación del grueso de los aumentos pendientes desde 2024, lo que augura una segunda ola de incrementos en los próximos meses.

Según el decreto, todavía resta aplicar la actualización correspondiente a parte del primer trimestre de 2024 y a la totalidad del segundo, tercero y cuarto trimestres del mismo año, así como al primer trimestre de 2025. El Gobierno reconoce que las subas debieron haberse aplicado en enero, abril, julio y octubre, siguiendo la evolución del IPC del INDEC, pero decidió “escalonar” el ajuste para evitar un alza súbita.

Sin embargo, lo que en los papeles parece una moderación, en la práctica es una bomba de tiempo para el bolsillo: en pleno invierno, con aumentos acumulados en alimentos, tarifas y prepagas, los combustibles volverán a subir por partida doble.

A esto se suma la decisión de las petroleras privadas que ya remarcaron sus precios un 5% la semana pasada, aduciendo un rebote internacional del barril de crudo por el conflicto entre Israel e Irán. Con este nuevo ajuste fiscal, las empresas volverán a trasladar el costo a los consumidores.

Mientras tanto, el Gobierno insiste con que el ajuste “ya terminó” y se niega a discutir la caída del poder adquisitivo, el parate del consumo y la creciente conflictividad social. Pero en los surtidores, en la góndola y en la vida cotidiana, el experimento libertario se siente cada vez más como un tarifazo sin fin.

El Gobierno oficializó la suba de las alícuotas para los principales cultivos del país y volvió a incumplir sus promesas de campaña. Productores advierten que la medida desalienta inversiones y profundiza la crisis del interior.

El Gobierno nacional decidió reinstaurar las retenciones plenas a la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, a través del decreto 439/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida, que revierte parcialmente los beneficios fiscales temporales otorgados a principios de año, entra en vigencia desde el 1° de julio.

Así, la soja volverá a tributar un 33% de derecho de exportación, el maíz y el sorgo el 12%, y el girasol el 7%. Sólo el trigo y la cebada conservarán —hasta el 31 de marzo de 2026— una alícuota reducida del 9,5%. Todo esto, en medio de un contexto de precios internacionales a la baja y sequías intermitentes que afectan la producción.

La decisión golpea directamente al corazón productivo del país y contradice el discurso oficial de “libertad económica” con el que Javier Milei llegó al poder. Durante su campaña, prometió eliminar gradualmente las retenciones, pero a seis meses de gestión no solo no lo hizo, sino que reinstauró las que había quitado. En los hechos, volvió a colocar sobre el campo la mochila fiscal que tanto cuestionó.

En paralelo, la administración busca calmar las cuentas públicas ante un nuevo monitoreo del FMI. A pesar del ingreso de unos US$ 5.000 millones en las últimas dos semanas por adelantamiento de ventas (producto de la especulación previa al aumento), el Banco Central aún está lejos de cumplir las metas de reservas comprometidas con el organismo internacional. Según se supo, hay un déficit superior a los US$ 2.000 millones respecto a lo exigido.

Las reacciones del sector no se hicieron esperar. Mientras las grandes exportadoras, nucleadas en CIARA-CEC, se mostraron conformes con la prórroga para el trigo y la cebada, las entidades representativas de los productores (CRA, Coninagro y la Sociedad Rural) expresaron preocupación y malestar por la suba. “Es una medida regresiva que ahoga al interior productivo y frena cualquier intento de inversión”, señalaron desde CRA.

La Sociedad Rural, en particular, evitó declaraciones altisonantes: debe recibir al presidente en los próximos días en la tradicional exposición de Palermo. Pero puertas adentro, el enojo es evidente.

Con esta medida, el gobierno de Javier Milei deja en claro que su programa económico no es contra la “casta”, sino contra el aparato productivo nacional. Un modelo que, lejos de liberar, ajusta y recauda a expensas de quienes todavía generan empleo, valor agregado y dólares genuinos.

En medio del deterioro salarial y la recesión, el gobierno bonaerense avala un nuevo aumento en los boletos del AMBA y el interior, empujando aún más el costo de vivir y moverse.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó una nueva suba en los boletos de colectivos urbanos e interurbanos a partir del 1° de julio, en línea con la política de aumentos automáticos que el gobierno nacional y los distritos aliados han decidido sostener pese a la caída del poder adquisitivo.

Mediante la Resolución N° 81/25, publicada este viernes, se aplicará un incremento del 3,5% en el transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gran La Plata y corredores interurbanos cercanos a CABA. El ajuste responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor del INDEC en el Gran Buenos Aires, sumado a un adicional de dos puntos que, lejos de compensar deficiencias del sistema, golpea directamente al usuario.

Con este aumento, el boleto mínimo en La Plata, Berisso y Ensenada pasará de $515,04 a $533,22. En el conurbano, el boleto de entre 0 y 3 kilómetros subirá de $472,91 a $489,61. Pero quienes no tengan su tarjeta SUBE nominalizada pagarán cifras desorbitadas: $847,82 en La Plata y $778,47 en el AMBA.

Mientras desde el gobierno se justifican en la “continuidad del servicio”, los usuarios enfrentan una pérdida constante de ingresos y una prestación cada vez más precaria. Ni los colectivos mejoran su frecuencia ni hay inversiones visibles, pero los precios suben religiosamente todos los meses, con un esquema que ya se naturalizó como si fuera inevitable.

La medida se da en un contexto económico recesivo, con desempleo en alza, salarios congelados y jubilaciones muy por debajo de la línea de pobreza. Pese a ello, las autoridades continúan aplicando tarifazos automáticos sin contemplar la capacidad real de pago de millones de personas que dependen del transporte público para estudiar, trabajar o simplemente vivir.

Con la excusa del orden fiscal, el Ejecutivo repone retenciones a cultivos clave y ahoga aún más al interior productivo.

El Gobierno nacional restableció las alícuotas plenas para la soja, el maíz, el sorgo y el girasol, revirtiendo las rebajas aplicadas meses atrás y profundizando el ajuste sobre el sector agropecuario. La medida fue oficializada mediante el decreto 439/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El nuevo esquema vuelve a llevar las retenciones de la soja al 33%, las del maíz y el sorgo al 12%, y las del girasol al 7%. En cambio, las alícuotas del trigo y la cebada permanecerán en el 9,5% hasta marzo de 2026.

El decreto también establece la obligación de liquidar el 90% de las divisas dentro de los treinta días hábiles posteriores a la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), bajo amenaza de tributar la alícuota plena si no se cumple ese plazo.

Desde las entidades del campo advierten que la decisión impactará de lleno en un escenario ya deteriorado por la sequía, la inflación en dólares y la falta de financiamiento. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) denunció que el regreso de los derechos de exportación “ahonda el desincentivo a la inversión, reduce la competitividad y empuja a miles de productores a abandonar la actividad”.

“Es una medida que golpea a la producción y al empleo, especialmente en las economías regionales del interior profundo. Además, terminará afectando la recaudación por el parate que provocará en toda la cadena agroindustrial”, señalaron.

Desde Coninagro, en tanto, exigieron “reglas claras y duraderas” y reclamaron previsibilidad para los productores. “No se puede seguir improvisando con el esfuerzo de quienes sostienen la economía real del país”, indicaron.

Pese al relato oficial, que justifica la marcha atrás como parte de un plan fiscalista, el impacto económico y político de la medida reabre el conflicto con el agro. Mientras Milei insiste en una supuesta “libertad económica”, los productores enfrentan cada vez más trabas para producir y exportar, y son una de las principales variables de ajuste de un modelo que les exige cada vez más y les devuelve cada vez menos.