El Gobierno volvió a ajustar el impuesto a los combustibles, y prepara una escalada de aumentos para agosto. Naftas y gasoil seguirán subiendo en un contexto de inflación persistente y salarios estancados.

El Gobierno nacional confirmó este jueves un nuevo ajuste parcial del impuesto a los combustibles, medida que impactará en los precios al surtidor en las próximas horas. Así lo establece el decreto 441/2025 publicado en el Boletín Oficial, que actualiza la carga impositiva sobre las naftas y el gasoil.

En el caso de las naftas, se aplicará una suba de $6,620 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,405 por litro en el tributo al dióxido de carbono. Para el gasoil, el ajuste será de $5,346 por litro en el gravamen principal, $2,895 adicionales por la alícuota diferencial que rige en zonas como la Patagonia, y $0,609 por litro en el impuesto ambiental.

La medida oficializa una nueva transferencia de ingresos desde los bolsillos de los trabajadores hacia el fisco, y forma parte de una estrategia fiscal que, lejos de bajar impuestos como prometió Javier Milei, los indexa por inflación. En paralelo, el Gobierno pospuso para agosto la aplicación del grueso de los aumentos pendientes desde 2024, lo que augura una segunda ola de incrementos en los próximos meses.

Según el decreto, todavía resta aplicar la actualización correspondiente a parte del primer trimestre de 2024 y a la totalidad del segundo, tercero y cuarto trimestres del mismo año, así como al primer trimestre de 2025. El Gobierno reconoce que las subas debieron haberse aplicado en enero, abril, julio y octubre, siguiendo la evolución del IPC del INDEC, pero decidió “escalonar” el ajuste para evitar un alza súbita.

Sin embargo, lo que en los papeles parece una moderación, en la práctica es una bomba de tiempo para el bolsillo: en pleno invierno, con aumentos acumulados en alimentos, tarifas y prepagas, los combustibles volverán a subir por partida doble.

A esto se suma la decisión de las petroleras privadas que ya remarcaron sus precios un 5% la semana pasada, aduciendo un rebote internacional del barril de crudo por el conflicto entre Israel e Irán. Con este nuevo ajuste fiscal, las empresas volverán a trasladar el costo a los consumidores.

Mientras tanto, el Gobierno insiste con que el ajuste “ya terminó” y se niega a discutir la caída del poder adquisitivo, el parate del consumo y la creciente conflictividad social. Pero en los surtidores, en la góndola y en la vida cotidiana, el experimento libertario se siente cada vez más como un tarifazo sin fin.

El Gobierno oficializó la suba de las alícuotas para los principales cultivos del país y volvió a incumplir sus promesas de campaña. Productores advierten que la medida desalienta inversiones y profundiza la crisis del interior.

El Gobierno nacional decidió reinstaurar las retenciones plenas a la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, a través del decreto 439/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida, que revierte parcialmente los beneficios fiscales temporales otorgados a principios de año, entra en vigencia desde el 1° de julio.

Así, la soja volverá a tributar un 33% de derecho de exportación, el maíz y el sorgo el 12%, y el girasol el 7%. Sólo el trigo y la cebada conservarán —hasta el 31 de marzo de 2026— una alícuota reducida del 9,5%. Todo esto, en medio de un contexto de precios internacionales a la baja y sequías intermitentes que afectan la producción.

La decisión golpea directamente al corazón productivo del país y contradice el discurso oficial de “libertad económica” con el que Javier Milei llegó al poder. Durante su campaña, prometió eliminar gradualmente las retenciones, pero a seis meses de gestión no solo no lo hizo, sino que reinstauró las que había quitado. En los hechos, volvió a colocar sobre el campo la mochila fiscal que tanto cuestionó.

En paralelo, la administración busca calmar las cuentas públicas ante un nuevo monitoreo del FMI. A pesar del ingreso de unos US$ 5.000 millones en las últimas dos semanas por adelantamiento de ventas (producto de la especulación previa al aumento), el Banco Central aún está lejos de cumplir las metas de reservas comprometidas con el organismo internacional. Según se supo, hay un déficit superior a los US$ 2.000 millones respecto a lo exigido.

Las reacciones del sector no se hicieron esperar. Mientras las grandes exportadoras, nucleadas en CIARA-CEC, se mostraron conformes con la prórroga para el trigo y la cebada, las entidades representativas de los productores (CRA, Coninagro y la Sociedad Rural) expresaron preocupación y malestar por la suba. “Es una medida regresiva que ahoga al interior productivo y frena cualquier intento de inversión”, señalaron desde CRA.

La Sociedad Rural, en particular, evitó declaraciones altisonantes: debe recibir al presidente en los próximos días en la tradicional exposición de Palermo. Pero puertas adentro, el enojo es evidente.

Con esta medida, el gobierno de Javier Milei deja en claro que su programa económico no es contra la “casta”, sino contra el aparato productivo nacional. Un modelo que, lejos de liberar, ajusta y recauda a expensas de quienes todavía generan empleo, valor agregado y dólares genuinos.

En medio del deterioro salarial y la recesión, el gobierno bonaerense avala un nuevo aumento en los boletos del AMBA y el interior, empujando aún más el costo de vivir y moverse.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó una nueva suba en los boletos de colectivos urbanos e interurbanos a partir del 1° de julio, en línea con la política de aumentos automáticos que el gobierno nacional y los distritos aliados han decidido sostener pese a la caída del poder adquisitivo.

Mediante la Resolución N° 81/25, publicada este viernes, se aplicará un incremento del 3,5% en el transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gran La Plata y corredores interurbanos cercanos a CABA. El ajuste responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor del INDEC en el Gran Buenos Aires, sumado a un adicional de dos puntos que, lejos de compensar deficiencias del sistema, golpea directamente al usuario.

Con este aumento, el boleto mínimo en La Plata, Berisso y Ensenada pasará de $515,04 a $533,22. En el conurbano, el boleto de entre 0 y 3 kilómetros subirá de $472,91 a $489,61. Pero quienes no tengan su tarjeta SUBE nominalizada pagarán cifras desorbitadas: $847,82 en La Plata y $778,47 en el AMBA.

Mientras desde el gobierno se justifican en la “continuidad del servicio”, los usuarios enfrentan una pérdida constante de ingresos y una prestación cada vez más precaria. Ni los colectivos mejoran su frecuencia ni hay inversiones visibles, pero los precios suben religiosamente todos los meses, con un esquema que ya se naturalizó como si fuera inevitable.

La medida se da en un contexto económico recesivo, con desempleo en alza, salarios congelados y jubilaciones muy por debajo de la línea de pobreza. Pese a ello, las autoridades continúan aplicando tarifazos automáticos sin contemplar la capacidad real de pago de millones de personas que dependen del transporte público para estudiar, trabajar o simplemente vivir.

Con la excusa del orden fiscal, el Ejecutivo repone retenciones a cultivos clave y ahoga aún más al interior productivo.

El Gobierno nacional restableció las alícuotas plenas para la soja, el maíz, el sorgo y el girasol, revirtiendo las rebajas aplicadas meses atrás y profundizando el ajuste sobre el sector agropecuario. La medida fue oficializada mediante el decreto 439/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El nuevo esquema vuelve a llevar las retenciones de la soja al 33%, las del maíz y el sorgo al 12%, y las del girasol al 7%. En cambio, las alícuotas del trigo y la cebada permanecerán en el 9,5% hasta marzo de 2026.

El decreto también establece la obligación de liquidar el 90% de las divisas dentro de los treinta días hábiles posteriores a la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), bajo amenaza de tributar la alícuota plena si no se cumple ese plazo.

Desde las entidades del campo advierten que la decisión impactará de lleno en un escenario ya deteriorado por la sequía, la inflación en dólares y la falta de financiamiento. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) denunció que el regreso de los derechos de exportación “ahonda el desincentivo a la inversión, reduce la competitividad y empuja a miles de productores a abandonar la actividad”.

“Es una medida que golpea a la producción y al empleo, especialmente en las economías regionales del interior profundo. Además, terminará afectando la recaudación por el parate que provocará en toda la cadena agroindustrial”, señalaron.

Desde Coninagro, en tanto, exigieron “reglas claras y duraderas” y reclamaron previsibilidad para los productores. “No se puede seguir improvisando con el esfuerzo de quienes sostienen la economía real del país”, indicaron.

Pese al relato oficial, que justifica la marcha atrás como parte de un plan fiscalista, el impacto económico y político de la medida reabre el conflicto con el agro. Mientras Milei insiste en una supuesta “libertad económica”, los productores enfrentan cada vez más trabas para producir y exportar, y son una de las principales variables de ajuste de un modelo que les exige cada vez más y les devuelve cada vez menos.

Con paros, movilizaciones y una recolección masiva de firmas, el sistema universitario vuelve a denunciar el abandono presupuestario del gobierno de Javier Milei. La consigna: frenar la destrucción de la educación pública.

Las universidades públicas de todo el país realizarán este jueves una jornada de protesta y recolección de firmas en defensa de una Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una situación crítica generada por el ajuste presupuestario impulsado por el gobierno nacional. El reclamo, motorizado por rectores, gremios docentes y estudiantes, busca frenar lo que denuncian como un proceso deliberado de desfinanciamiento del sistema universitario argentino.

La convocatoria incluye actos en más de 60 ciudades y universidades, junto con un paro docente de 48 horas que afectará la actividad académica el jueves 26 y viernes 27. La comunidad universitaria apunta directamente al Ejecutivo por haber congelado partidas y negarse a discutir un esquema sostenible para el funcionamiento de las casas de estudio.

“Estamos ante un intento de asfixia presupuestaria que pone en riesgo no solo la continuidad de las universidades, sino la soberanía intelectual del país”, afirmaron desde CONADU en un duro comunicado. Rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), agrupaciones estudiantiles de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes confluyen en una protesta de alcance federal, con el objetivo de reunir un millón de firmas en respaldo a la ley presentada el 28 de mayo.

La tercera Marcha Federal Universitaria se realizará bajo el lema “¡Prendete a defender la universidad pública!”, en un contexto en que las casas de altos estudios denuncian que los recursos asignados no alcanzan para cubrir los servicios básicos, ni garantizar salarios acordes al costo de vida.

“Si no hay financiamiento, lo que se está destruyendo es el derecho mismo a educarse”, sostuvo Oscar Alpa, presidente del CIN, quien advirtió sobre un desfasaje presupuestario sin precedentes y una “crisis salarial angustiante” entre docentes y no docentes.

En paralelo, los referentes del sistema educativo alertan que, mientras se dilata el tratamiento parlamentario del proyecto de ley, el Gobierno nacional se desentiende de la situación. “El mensaje es claro: quieren universidades cerradas o al servicio del mercado”, señalaron desde el Frente Sindical Universitario.

En contraste con la retórica oficial que pregona eficiencia y meritocracia, el ajuste sobre las universidades impacta en los sectores más vulnerables del país, profundizando la desigualdad. La movilización de este jueves es una respuesta coordinada ante un modelo que, acusan, desprecia la educación pública como herramienta de progreso colectivo.

Diputados y senadores de Unión por la Patria pidieron ingresar a la casa de la ex presidenta sin pedir permiso a los jueces. Acusan al tribunal que la condenó de imponerle condiciones más duras que a represores condenados por crímenes de lesa humanidad.

Legisladores de Unión por la Patria reclamaron a la Justicia poder visitar a la expresidenta Cristina Kirchner en su domicilio sin tener que solicitar autorización al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que controla su prisión domiciliaria. El pedido, presentado ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, denuncia un “trato excepcional y arbitrario” que –según afirman– vulnera el principio de división de poderes y los derechos parlamentarios.

“Tratar a Cristina Kirchner como una ciudadana con menos derechos que un genocida es una señal política preocupante del poder judicial argentino”, argumentaron los legisladores, que citaron tratados internacionales de derechos humanos para respaldar su postura.

En el escrito, los diputados y senadores aseguraron que cualquier legislador puede visitar sin restricciones a un detenido en prisión domiciliaria. Sin embargo, en el caso de la líder del PJ, el tribunal impuso una lista cerrada de personas autorizadas, excluyendo a referentes políticos que –según ellos– tienen un rol institucional y representación democrática que no puede ser subordinada a la discrecionalidad judicial.

“El Congreso no pide permiso para ejercer su representación. Hacerlo implicaría abdicar de nuestras funciones ante otro poder del Estado”, señalaron. El planteo remite a una disputa más amplia entre el oficialismo y un sector del Poder Judicial, al que acusan de actuar como brazo político de la oposición.

En contraste, los represores condenados por delitos de lesa humanidad y beneficiados con prisión domiciliaria no enfrentan restricciones similares, lo que alimenta las acusaciones de “doble vara judicial”.

El 7 de julio, la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña, celebrará una audiencia para definir si se sostiene o no el régimen de visitas impuesto a la expresidenta. Lo que está en juego, afirman desde el bloque peronista, no es sólo el derecho a ver a una dirigente, sino “la dignidad institucional del Congreso frente a un Poder Judicial que se arroga facultades que no le corresponden”.

El líder del Frente Renovador reunió a su tropa en la antesala del armado electoral y lanzó señales unitarias. Pidió evitar mezquindades y advirtió sobre la necesidad de construir una estrategia sólida para enfrentar a Milei.

En un gesto que combinó respaldo, presión y advertencia, Sergio Massa reunió a los principales dirigentes del Frente Renovador para delinear su estrategia electoral y marcar su posición en la interna del peronismo. A pocas horas de que el PJ defina su hoja de ruta, el excandidato presidencial buscó condicionar el armado con un mensaje claro: “La unidad se construye con generosidad”.

Massa, principal socio político de Axel Kicillof en la Provincia, no evitó el pase de facturas. Reconoció que es “lógico” que el gobernador quiera liderar la campaña, pero cuestionó la falta de amplitud en el armado. Según trascendió del encuentro, el tigrense espera que sea el propio Kicillof quien proponga a los principales candidatos, aunque puso en duda que “tengan tamaño político” para afrontar una elección “doblemente nacionalizada”.

“El dilema es peronismo o Milei”, simplificó Massa ante sus dirigentes, trazando el eje que buscará instalar en la campaña. En el mismo tono, exigió ordenar el frente electoral desde lo legal y lo político: evitar impugnaciones, incorporar a todos los sectores y construir una junta electoral que evite el caos que generaría una interna sin PASO.

La convocatoria reunió a más de 230 concejales bonaerenses, 7 diputados nacionales del FR, 11 legisladores provinciales y 15 intendentes. También participaron dirigentes de peso en la estructura del massismo como Sebastián Galmarini, Micaela Ferraro y Martín Marinucci.

En el cierre, Massa pidió preparar propuestas concretas sobre empleo, seguridad y producción, y fue categórico: “El peronismo será digital o no será”. La frase resume su apuesta por aggiornar la militancia y al mismo tiempo ordenar el juego político: menos rosca, más estrategia. Y, sobre todo, menos egos.

Sin respuestas oficiales y frente a salarios por debajo de la línea de pobreza, los trabajadores del principal hospital pediátrico del país realizan una nueva medida de fuerza. Acusan al Gobierno de Milei de mentir y buscar el vaciamiento del sistema de salud.

El personal del Hospital Garrahan inició este miércoles un nuevo paro general en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a lo que consideran un “plan deliberado de desmantelamiento” del sistema público de salud por parte del gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza comenzó a las 7 de la mañana y fue acompañada por un festival solidario que se extenderá hasta las 22. “Es una respuesta a la guerra que el Gobierno está emprendiendo contra el principal hospital pediátrico del país”, señaló Alejandro Lipcovich, delegado de ATE y secretario general de la Junta Interna.

El reclamo central es que el salario básico ascienda a $1.800.000, monto que, según los trabajadores, apenas cubre las necesidades mínimas ante la pérdida del poder adquisitivo. “Nos quieren hacer creer que un salario de $380.000 es digno, cuando no alcanza ni para la canasta básica”, denunció Lipcovich.

Desde ATE también desmintieron las afirmaciones de funcionarios que aseguraron que la mayoría del personal del hospital es administrativo: “Representan apenas el 10% del total, y los datos son oficiales”, remarcaron.

Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE Garrahan, advirtió que el conflicto se profundizará: “El plan de lucha sigue. Esto no es solo por salario: es por la defensa del hospital y del sistema público. El gobierno quiere vaciar el Garrahan, pero se encuentra con una resistencia que crece cada día”.

La protesta suma respaldo social y visibiliza las consecuencias del ajuste aplicado sobre uno de los sectores más sensibles: la salud infantil. Mientras el presidente Milei insiste con el recorte del gasto público como “único camino posible”, trabajadores esenciales denuncian abandono y falta de interlocución real con las autoridades.

El Presidente celebró la ofensiva militar impulsada por Donald Trump contra Irán y volvió a calificar al país persa como “enemigo de la Argentina”. En el contexto de una tensión creciente a nivel global, el Gobierno profundiza su alineamiento ideológico y geopolítico con Washington y Tel Aviv.

En medio de la creciente tensión internacional tras el bombardeo de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán, el presidente Javier Milei salió a respaldar abiertamente la ofensiva ordenada por la administración de Donald Trump. A través de sus redes sociales, el mandatario también reafirmó su alianza estratégica con Israel y calificó al régimen iraní como “enemigo de la Argentina”.

El respaldo de Milei se expresó en una serie de publicaciones compartidas durante la madrugada del domingo, entre ellas un mensaje del ministro de Defensa, Luis Petri, quien agradeció al Presidente “por estar del lado correcto de la historia” y justificó el ataque con el argumento de combatir el terrorismo.

“Garantizar la paz en el mundo es luchar, siempre y en todo lugar, contra el terrorismo y sus armas nucleares. Fuimos víctimas del terror de Irán y lo pagamos con sangre de inocentes”, sostuvo Petri, en referencia al atentado a la AMIA.

A su vez, el vocero presidencial Manuel Adorni, el empresario Marcos Galperín y la embajada de Israel en Buenos Aires replicaron y celebraron el respaldo argentino a la ofensiva estadounidense. “Hoy es un gran día para la civilización occidental”, escribió Galperín en X, en una frase que el propio Milei difundió desde su cuenta personal.

La posición del Presidente ratifica una orientación internacional sin matices ni diplomacia: la subordinación total al eje EE.UU.-Israel. “Soy aliado de Israel e Irán es enemigo de Argentina”, declaró Milei en una entrevista reciente en LN+, donde defendió el ataque “preventivo” de Tel Aviv y denunció una “demonización” del Estado israelí por parte de “la izquierda y los medios”.

Las declaraciones ocurren tras su reciente visita a Jerusalén, donde fue recibido por Benjamin Netanyahu, rezó en el Muro de los Lamentos, y anunció el traslado de la embajada argentina a esa ciudad, en una decisión que rompió décadas de neutralidad diplomática.

Con su respaldo explícito a una escalada bélica que amenaza con desestabilizar aún más Medio Oriente, Milei refuerza una agenda de política exterior centrada en afinidades ideológicas antes que en intereses estratégicos nacionales. Mientras los principales países de América Latina evitan pronunciamientos extremos y llaman a la cautela, Argentina opta por el aplauso a una ofensiva militar que, lejos de garantizar la paz, multiplica los riesgos de una guerra regional.

Mientras el Gobierno celebra una inflación mensual de “un dígito bajo”, los servicios públicos básicos aumentaron más de un 10% en junio. La factura energética ya se lleva más del 12% del sueldo promedio.

Lejos del discurso oficial que insiste en mostrar una economía “ordenada” y una inflación “controlada”, los servicios públicos esenciales experimentaron en junio un nuevo salto de dos dígitos que golpea directamente a los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), la canasta de servicios públicos para un hogar tipo aumentó un 10,6% solo en el último mes. El relevamiento expone que el gasto mensual en electricidad, gas, agua y transporte llegó a $183.496, cuando en mayo era de $166.559.

El ajuste tarifario responde tanto a incrementos directos en los cuadros tarifarios como a la suba estacional del consumo de gas y electricidad. En junio, el gas natural aumentó 3,5% en su cargo fijo y 2,5% en el variable; el agua subió por actualización tarifaria y ajustes mensuales; y la electricidad hizo lo propio con un alza del 3,3% en el cargo fijo y 2,8% en el variable.

En transporte, mientras el Gobierno nacional se jacta de “haber frenado la maquinita”, los boletos de colectivos interjurisdiccionales aumentaron un 7% en junio. El promedio ponderado de transporte trepó 5,8% en el mes.

Pero la radiografía del ajuste se vuelve aún más brutal cuando se observa la evolución desde diciembre de 2023: mientras el IPC acumuló una suba del 150%, la canasta de servicios públicos creció 561%. El gas fue el más afectado, con un insólito 1482% de aumento, seguido por el transporte (729%), el agua (343%) y la electricidad (316%).

Los datos dejan en evidencia un fenómeno cada vez más evidente: la inflación real no está en el supermercado, sino en las boletas que llegan a fin de mes. Según el informe, en junio la canasta de servicios públicos representó el 12,7% del salario promedio registrado ($1.445.000), con el transporte como el rubro más pesado, explicando un 36% del gasto total.

A pesar de este panorama, el Estado sigue cubriendo un 46% del costo total de las tarifas mediante subsidios, aunque el acceso a estos beneficios es cada vez más desigual.

Mientras el Gobierno de Javier Milei proclama “equilibrio fiscal”, la realidad de los hogares argentinos —en especial en el conurbano— muestra que ese equilibrio se sostiene a costa de un tarifazo encubierto que no se ve en los números del INDEC, pero que se siente con fuerza en cada factura.