Con paros, movilizaciones y una recolección masiva de firmas, el sistema universitario vuelve a denunciar el abandono presupuestario del gobierno de Javier Milei. La consigna: frenar la destrucción de la educación pública.

Las universidades públicas de todo el país realizarán este jueves una jornada de protesta y recolección de firmas en defensa de una Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una situación crítica generada por el ajuste presupuestario impulsado por el gobierno nacional. El reclamo, motorizado por rectores, gremios docentes y estudiantes, busca frenar lo que denuncian como un proceso deliberado de desfinanciamiento del sistema universitario argentino.

La convocatoria incluye actos en más de 60 ciudades y universidades, junto con un paro docente de 48 horas que afectará la actividad académica el jueves 26 y viernes 27. La comunidad universitaria apunta directamente al Ejecutivo por haber congelado partidas y negarse a discutir un esquema sostenible para el funcionamiento de las casas de estudio.

“Estamos ante un intento de asfixia presupuestaria que pone en riesgo no solo la continuidad de las universidades, sino la soberanía intelectual del país”, afirmaron desde CONADU en un duro comunicado. Rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), agrupaciones estudiantiles de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes confluyen en una protesta de alcance federal, con el objetivo de reunir un millón de firmas en respaldo a la ley presentada el 28 de mayo.

La tercera Marcha Federal Universitaria se realizará bajo el lema “¡Prendete a defender la universidad pública!”, en un contexto en que las casas de altos estudios denuncian que los recursos asignados no alcanzan para cubrir los servicios básicos, ni garantizar salarios acordes al costo de vida.

“Si no hay financiamiento, lo que se está destruyendo es el derecho mismo a educarse”, sostuvo Oscar Alpa, presidente del CIN, quien advirtió sobre un desfasaje presupuestario sin precedentes y una “crisis salarial angustiante” entre docentes y no docentes.

En paralelo, los referentes del sistema educativo alertan que, mientras se dilata el tratamiento parlamentario del proyecto de ley, el Gobierno nacional se desentiende de la situación. “El mensaje es claro: quieren universidades cerradas o al servicio del mercado”, señalaron desde el Frente Sindical Universitario.

En contraste con la retórica oficial que pregona eficiencia y meritocracia, el ajuste sobre las universidades impacta en los sectores más vulnerables del país, profundizando la desigualdad. La movilización de este jueves es una respuesta coordinada ante un modelo que, acusan, desprecia la educación pública como herramienta de progreso colectivo.

Diputados y senadores de Unión por la Patria pidieron ingresar a la casa de la ex presidenta sin pedir permiso a los jueces. Acusan al tribunal que la condenó de imponerle condiciones más duras que a represores condenados por crímenes de lesa humanidad.

Legisladores de Unión por la Patria reclamaron a la Justicia poder visitar a la expresidenta Cristina Kirchner en su domicilio sin tener que solicitar autorización al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que controla su prisión domiciliaria. El pedido, presentado ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, denuncia un “trato excepcional y arbitrario” que –según afirman– vulnera el principio de división de poderes y los derechos parlamentarios.

“Tratar a Cristina Kirchner como una ciudadana con menos derechos que un genocida es una señal política preocupante del poder judicial argentino”, argumentaron los legisladores, que citaron tratados internacionales de derechos humanos para respaldar su postura.

En el escrito, los diputados y senadores aseguraron que cualquier legislador puede visitar sin restricciones a un detenido en prisión domiciliaria. Sin embargo, en el caso de la líder del PJ, el tribunal impuso una lista cerrada de personas autorizadas, excluyendo a referentes políticos que –según ellos– tienen un rol institucional y representación democrática que no puede ser subordinada a la discrecionalidad judicial.

“El Congreso no pide permiso para ejercer su representación. Hacerlo implicaría abdicar de nuestras funciones ante otro poder del Estado”, señalaron. El planteo remite a una disputa más amplia entre el oficialismo y un sector del Poder Judicial, al que acusan de actuar como brazo político de la oposición.

En contraste, los represores condenados por delitos de lesa humanidad y beneficiados con prisión domiciliaria no enfrentan restricciones similares, lo que alimenta las acusaciones de “doble vara judicial”.

El 7 de julio, la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña, celebrará una audiencia para definir si se sostiene o no el régimen de visitas impuesto a la expresidenta. Lo que está en juego, afirman desde el bloque peronista, no es sólo el derecho a ver a una dirigente, sino “la dignidad institucional del Congreso frente a un Poder Judicial que se arroga facultades que no le corresponden”.

El líder del Frente Renovador reunió a su tropa en la antesala del armado electoral y lanzó señales unitarias. Pidió evitar mezquindades y advirtió sobre la necesidad de construir una estrategia sólida para enfrentar a Milei.

En un gesto que combinó respaldo, presión y advertencia, Sergio Massa reunió a los principales dirigentes del Frente Renovador para delinear su estrategia electoral y marcar su posición en la interna del peronismo. A pocas horas de que el PJ defina su hoja de ruta, el excandidato presidencial buscó condicionar el armado con un mensaje claro: “La unidad se construye con generosidad”.

Massa, principal socio político de Axel Kicillof en la Provincia, no evitó el pase de facturas. Reconoció que es “lógico” que el gobernador quiera liderar la campaña, pero cuestionó la falta de amplitud en el armado. Según trascendió del encuentro, el tigrense espera que sea el propio Kicillof quien proponga a los principales candidatos, aunque puso en duda que “tengan tamaño político” para afrontar una elección “doblemente nacionalizada”.

“El dilema es peronismo o Milei”, simplificó Massa ante sus dirigentes, trazando el eje que buscará instalar en la campaña. En el mismo tono, exigió ordenar el frente electoral desde lo legal y lo político: evitar impugnaciones, incorporar a todos los sectores y construir una junta electoral que evite el caos que generaría una interna sin PASO.

La convocatoria reunió a más de 230 concejales bonaerenses, 7 diputados nacionales del FR, 11 legisladores provinciales y 15 intendentes. También participaron dirigentes de peso en la estructura del massismo como Sebastián Galmarini, Micaela Ferraro y Martín Marinucci.

En el cierre, Massa pidió preparar propuestas concretas sobre empleo, seguridad y producción, y fue categórico: “El peronismo será digital o no será”. La frase resume su apuesta por aggiornar la militancia y al mismo tiempo ordenar el juego político: menos rosca, más estrategia. Y, sobre todo, menos egos.

Sin respuestas oficiales y frente a salarios por debajo de la línea de pobreza, los trabajadores del principal hospital pediátrico del país realizan una nueva medida de fuerza. Acusan al Gobierno de Milei de mentir y buscar el vaciamiento del sistema de salud.

El personal del Hospital Garrahan inició este miércoles un nuevo paro general en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a lo que consideran un “plan deliberado de desmantelamiento” del sistema público de salud por parte del gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza comenzó a las 7 de la mañana y fue acompañada por un festival solidario que se extenderá hasta las 22. “Es una respuesta a la guerra que el Gobierno está emprendiendo contra el principal hospital pediátrico del país”, señaló Alejandro Lipcovich, delegado de ATE y secretario general de la Junta Interna.

El reclamo central es que el salario básico ascienda a $1.800.000, monto que, según los trabajadores, apenas cubre las necesidades mínimas ante la pérdida del poder adquisitivo. “Nos quieren hacer creer que un salario de $380.000 es digno, cuando no alcanza ni para la canasta básica”, denunció Lipcovich.

Desde ATE también desmintieron las afirmaciones de funcionarios que aseguraron que la mayoría del personal del hospital es administrativo: “Representan apenas el 10% del total, y los datos son oficiales”, remarcaron.

Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE Garrahan, advirtió que el conflicto se profundizará: “El plan de lucha sigue. Esto no es solo por salario: es por la defensa del hospital y del sistema público. El gobierno quiere vaciar el Garrahan, pero se encuentra con una resistencia que crece cada día”.

La protesta suma respaldo social y visibiliza las consecuencias del ajuste aplicado sobre uno de los sectores más sensibles: la salud infantil. Mientras el presidente Milei insiste con el recorte del gasto público como “único camino posible”, trabajadores esenciales denuncian abandono y falta de interlocución real con las autoridades.

El Presidente celebró la ofensiva militar impulsada por Donald Trump contra Irán y volvió a calificar al país persa como “enemigo de la Argentina”. En el contexto de una tensión creciente a nivel global, el Gobierno profundiza su alineamiento ideológico y geopolítico con Washington y Tel Aviv.

En medio de la creciente tensión internacional tras el bombardeo de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán, el presidente Javier Milei salió a respaldar abiertamente la ofensiva ordenada por la administración de Donald Trump. A través de sus redes sociales, el mandatario también reafirmó su alianza estratégica con Israel y calificó al régimen iraní como “enemigo de la Argentina”.

El respaldo de Milei se expresó en una serie de publicaciones compartidas durante la madrugada del domingo, entre ellas un mensaje del ministro de Defensa, Luis Petri, quien agradeció al Presidente “por estar del lado correcto de la historia” y justificó el ataque con el argumento de combatir el terrorismo.

“Garantizar la paz en el mundo es luchar, siempre y en todo lugar, contra el terrorismo y sus armas nucleares. Fuimos víctimas del terror de Irán y lo pagamos con sangre de inocentes”, sostuvo Petri, en referencia al atentado a la AMIA.

A su vez, el vocero presidencial Manuel Adorni, el empresario Marcos Galperín y la embajada de Israel en Buenos Aires replicaron y celebraron el respaldo argentino a la ofensiva estadounidense. “Hoy es un gran día para la civilización occidental”, escribió Galperín en X, en una frase que el propio Milei difundió desde su cuenta personal.

La posición del Presidente ratifica una orientación internacional sin matices ni diplomacia: la subordinación total al eje EE.UU.-Israel. “Soy aliado de Israel e Irán es enemigo de Argentina”, declaró Milei en una entrevista reciente en LN+, donde defendió el ataque “preventivo” de Tel Aviv y denunció una “demonización” del Estado israelí por parte de “la izquierda y los medios”.

Las declaraciones ocurren tras su reciente visita a Jerusalén, donde fue recibido por Benjamin Netanyahu, rezó en el Muro de los Lamentos, y anunció el traslado de la embajada argentina a esa ciudad, en una decisión que rompió décadas de neutralidad diplomática.

Con su respaldo explícito a una escalada bélica que amenaza con desestabilizar aún más Medio Oriente, Milei refuerza una agenda de política exterior centrada en afinidades ideológicas antes que en intereses estratégicos nacionales. Mientras los principales países de América Latina evitan pronunciamientos extremos y llaman a la cautela, Argentina opta por el aplauso a una ofensiva militar que, lejos de garantizar la paz, multiplica los riesgos de una guerra regional.

Mientras el Gobierno celebra una inflación mensual de “un dígito bajo”, los servicios públicos básicos aumentaron más de un 10% en junio. La factura energética ya se lleva más del 12% del sueldo promedio.

Lejos del discurso oficial que insiste en mostrar una economía “ordenada” y una inflación “controlada”, los servicios públicos esenciales experimentaron en junio un nuevo salto de dos dígitos que golpea directamente a los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), la canasta de servicios públicos para un hogar tipo aumentó un 10,6% solo en el último mes. El relevamiento expone que el gasto mensual en electricidad, gas, agua y transporte llegó a $183.496, cuando en mayo era de $166.559.

El ajuste tarifario responde tanto a incrementos directos en los cuadros tarifarios como a la suba estacional del consumo de gas y electricidad. En junio, el gas natural aumentó 3,5% en su cargo fijo y 2,5% en el variable; el agua subió por actualización tarifaria y ajustes mensuales; y la electricidad hizo lo propio con un alza del 3,3% en el cargo fijo y 2,8% en el variable.

En transporte, mientras el Gobierno nacional se jacta de “haber frenado la maquinita”, los boletos de colectivos interjurisdiccionales aumentaron un 7% en junio. El promedio ponderado de transporte trepó 5,8% en el mes.

Pero la radiografía del ajuste se vuelve aún más brutal cuando se observa la evolución desde diciembre de 2023: mientras el IPC acumuló una suba del 150%, la canasta de servicios públicos creció 561%. El gas fue el más afectado, con un insólito 1482% de aumento, seguido por el transporte (729%), el agua (343%) y la electricidad (316%).

Los datos dejan en evidencia un fenómeno cada vez más evidente: la inflación real no está en el supermercado, sino en las boletas que llegan a fin de mes. Según el informe, en junio la canasta de servicios públicos representó el 12,7% del salario promedio registrado ($1.445.000), con el transporte como el rubro más pesado, explicando un 36% del gasto total.

A pesar de este panorama, el Estado sigue cubriendo un 46% del costo total de las tarifas mediante subsidios, aunque el acceso a estos beneficios es cada vez más desigual.

Mientras el Gobierno de Javier Milei proclama “equilibrio fiscal”, la realidad de los hogares argentinos —en especial en el conurbano— muestra que ese equilibrio se sostiene a costa de un tarifazo encubierto que no se ve en los números del INDEC, pero que se siente con fuerza en cada factura.

“Quiero compartir con ustedes el mensaje que ayer dirigí a mis compatriotas cuando se movilizaron en la Plaza de Mayo”, publicó en X junto a un video del acto.

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a publicar un posteo este jueves en su cuenta de la red social X, tras el acto peronista de este miércoles en la Plaza de Mayo en el que, pese a haber iniciado ya su detención domiciliaria, participó como única oradora a través de un mensaje gravado y un corto saludo en vivo.

“Quiero compartir con ustedes el mensaje que ayer dirigí a mis compatriotas cuando se movilizaron en la Plaza de Mayo y en distintos puntos del país”, dijo la expresidenta, en una publicación en la que adjunta el video completo del acto de ayer en la Plaza de Mayo.

Después de las opiniones encontradas surgidas de distintos sectores políticos y judiciales sobre los alcances de las restricciones para la exmandataria mientras está detenida, esta mañana volvió a publicar en X por segundo día consecutivo.

Ayer, dirigiéndose al Tribunal que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, y que luego le concedió la prisión domiciliaria, Cristina Kirchner pidió precisiones sobre los alcances de las restricciones, haciendo hincapié especialmente sobre la posibilidad de salir al balcón de su departamento.

“¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no… Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido”, escribió ayer la exmandataria dirigiéndose al Tribunal Oral Federal 2.

Además, acompañó esa publicación con una copia del escrito que presentaron ante el tribunal sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, y que aún se encuentra en espera de ser resuelto por los jueces.

El diputado nacional y referente del peronismo, expresó su agradecimiento al millón de manifestantes que se congregaron en Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de su proscripción política.

Máximo Kirchner cuestionó duramente al Gobierno luego de la multitudinaria movilización en Plaza de Mayo en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras una condena judicial que el dirigente calificó de “daño al sistema democrático”.

“Este es un Gobierno que busca imponer miedo y cercenar libertades”, afirmó Máximo en una entrevista con C5N, tras participar en la convocatoria que reunió a cientos de miles de personas en la histórica plaza porteña. “La Justicia funciona como una mafia y está convirtiendo a la Argentina en un casino”, añadió, al tiempo que responsabilizó al Poder Ejecutivo y a sectores económicos por profundizar la crisis institucional y social.

El hijo de Cristina destacó la madurez política de la movilización: “No hubo ni un solo incidente y se pudo escuchar en silencio la palabra de Cristina. Eso nos da la oportunidad de evitar que nos sigan saqueando el país a la vista de todos”, dijo. En sus redes sociales, Máximo agradeció “en nombre de Néstor” a los manifestantes por su compromiso y masividad.

Sobre el futuro político de su madre, el diputado evitó confirmaciones, aunque no descartó una eventual candidatura: “No hay apellidos milagrosos, pero debe haber hombres y mujeres comprometidos. Donde me toque, voy a estar”, sentenció.

Con una crítica explícita a la gestión económica y al discurso oficial, Máximo Kirchner afirmó que la irrupción de Mauricio Macri marcó un quiebre y que la actual administración “acentúa la deriva autoritaria” en un contexto de ajuste que golpea a jubilados y sectores vulnerables.

El dirigente convocó a la unidad y a la movilización como herramientas para “defender los intereses de la Argentina” y enfrentar “la avanzada política y judicial contra el peronismo y el pueblo”. “Hoy el desafío es coordinar y estar juntos”, concluyó.

La Policía requisó micros en la Riccheri, decomisó pertenencias personales y aplicó controles arbitrarios a militantes que se dirigían a la Plaza de Mayo. La ministra Patricia Bullrich volvió a aplicar su “protocolo represivo” con el aval del Gobierno nacional. La Casa Rosada, además, anticipó descuentos salariales a los empleados públicos que se sumen a la protesta.

Con un despliegue propio de un Estado de excepción, el Gobierno nacional activó esta mañana un operativo de amedrentamiento contra manifestantes que se dirigían a la Plaza de Mayo para participar de la convocatoria del PJ en respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Efectivos de fuerzas federales interceptaron micros en la Autopista Riccheri, aplicaron requisas arbitrarias y realizaron controles de alcoholemia a choferes sin ninguna justificación legal.

Testimonios de militantes señalaron decomisos injustificados de objetos personales y retención de vehículos sin orden judicial. “Quieren evitar que lleguemos a la marcha. Nos revisaron todo sin decir por qué, como si fuéramos delincuentes”, denunció uno de los militantes.

La medida forma parte de la aplicación estricta del “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que bajo la excusa del orden público convierte cualquier expresión política en un acto sospechoso. La Plaza de Mayo amaneció completamente vallada y con un fuerte dispositivo de seguridad, mientras se anticipó también un cerco policial en las inmediaciones del Congreso, donde se movilizan todos los miércoles jubilados y pensionados.

Como parte de la escalada persecutoria, el Ejecutivo anunció que descontará el día a los empleados públicos que adhieran al paro y participen de la marcha. La convocatoria, impulsada por el PJ tras conocerse la prisión domiciliaria contra Cristina, denuncia una estrategia de proscripción política y persecución judicial contra la principal figura del peronismo.

La marcha se espera masiva, con epicentro a partir de las 14 horas. Para el oficialismo, sin embargo, el verdadero problema no es el tránsito ni la logística: es que el pueblo vuelva a las calles. Y ese pueblo, pese a las amenazas, volvió.

Organizaciones sociales y comunidades indígenas impulsan una semana de actividades que combinan reclamos por justicia, apoyo a Cristina Fernández y rechazo a la reforma constitucional jujeña.

A dos años del estallido social conocido como el Jujeñazo, organizaciones sociales, referentes culturales y comunidades originarias despliegan en Jujuy una serie de actividades bajo la consigna “La calle no calla”, que busca mantener viva la memoria de la represión de 2023 y denunciar la continuidad de causas judiciales contra manifestantes. La agenda también incorpora el rechazo al fallo judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se pronuncia en defensa de la democracia.

La Multisectorial jujeña, una de las principales impulsoras de las jornadas, convoca a una asamblea popular este miércoles a las 17 en la plaza Belgrano, con el objetivo de preparar la Marcha de las Antorchas del jueves a las 19, el acto central de la conmemoración. En paralelo, comunidades indígenas han iniciado una caminata desde la puna y la quebrada hacia la capital provincial, donde serán recibidas con apoyo logístico de la Facultad de Humanidades de la UNJu.

“Nos mantenemos firmes porque las heridas de esa represión no cerraron: hay personas mutiladas, judicializadas y perseguidas. El museo vivo que preparamos es para mostrar que la lucha continúa”, explicó la actriz y militante Nadia Ruge, quien integra la Multisectorial.

En la marcha del jueves, se exhibirán banderas, fotos y testimonios del llamado Jujeñazo, en un formato de exposición itinerante que mezcla arte, memoria y denuncia. La actividad concluirá con intervenciones culturales y música en vivo en la misma plaza donde se desarrollaron las protestas de 2023.

La agenda de actos también rememora el Día de la Resistencia Indígena, con una ceremonia realizada este martes en Purmamarca, donde hace dos años la policía provincial reprimió brutalmente a comunidades que cortaban la ruta en rechazo a la reforma constitucional. “Lo que pasó ese día fue una marca de fuego. Recordarlo es una forma de seguir resistiendo”, afirmaron referentes originarios.

El lema de la convocatoria sintetiza el espíritu de la semana: “Arriba los derechos, arriba las wiphalas, abajo la reforma. No a la proscripción y cárcel de CFK, el ajuste y la represión de Milei”. Una consigna que enlaza las luchas territoriales con el reclamo por garantías democráticas y justicia social.