“Quiero compartir con ustedes el mensaje que ayer dirigí a mis compatriotas cuando se movilizaron en la Plaza de Mayo”, publicó en X junto a un video del acto.

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a publicar un posteo este jueves en su cuenta de la red social X, tras el acto peronista de este miércoles en la Plaza de Mayo en el que, pese a haber iniciado ya su detención domiciliaria, participó como única oradora a través de un mensaje gravado y un corto saludo en vivo.

“Quiero compartir con ustedes el mensaje que ayer dirigí a mis compatriotas cuando se movilizaron en la Plaza de Mayo y en distintos puntos del país”, dijo la expresidenta, en una publicación en la que adjunta el video completo del acto de ayer en la Plaza de Mayo.

Después de las opiniones encontradas surgidas de distintos sectores políticos y judiciales sobre los alcances de las restricciones para la exmandataria mientras está detenida, esta mañana volvió a publicar en X por segundo día consecutivo.

Ayer, dirigiéndose al Tribunal que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, y que luego le concedió la prisión domiciliaria, Cristina Kirchner pidió precisiones sobre los alcances de las restricciones, haciendo hincapié especialmente sobre la posibilidad de salir al balcón de su departamento.

“¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no… Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido”, escribió ayer la exmandataria dirigiéndose al Tribunal Oral Federal 2.

Además, acompañó esa publicación con una copia del escrito que presentaron ante el tribunal sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, y que aún se encuentra en espera de ser resuelto por los jueces.

El diputado nacional y referente del peronismo, expresó su agradecimiento al millón de manifestantes que se congregaron en Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de su proscripción política.

Máximo Kirchner cuestionó duramente al Gobierno luego de la multitudinaria movilización en Plaza de Mayo en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras una condena judicial que el dirigente calificó de “daño al sistema democrático”.

“Este es un Gobierno que busca imponer miedo y cercenar libertades”, afirmó Máximo en una entrevista con C5N, tras participar en la convocatoria que reunió a cientos de miles de personas en la histórica plaza porteña. “La Justicia funciona como una mafia y está convirtiendo a la Argentina en un casino”, añadió, al tiempo que responsabilizó al Poder Ejecutivo y a sectores económicos por profundizar la crisis institucional y social.

El hijo de Cristina destacó la madurez política de la movilización: “No hubo ni un solo incidente y se pudo escuchar en silencio la palabra de Cristina. Eso nos da la oportunidad de evitar que nos sigan saqueando el país a la vista de todos”, dijo. En sus redes sociales, Máximo agradeció “en nombre de Néstor” a los manifestantes por su compromiso y masividad.

Sobre el futuro político de su madre, el diputado evitó confirmaciones, aunque no descartó una eventual candidatura: “No hay apellidos milagrosos, pero debe haber hombres y mujeres comprometidos. Donde me toque, voy a estar”, sentenció.

Con una crítica explícita a la gestión económica y al discurso oficial, Máximo Kirchner afirmó que la irrupción de Mauricio Macri marcó un quiebre y que la actual administración “acentúa la deriva autoritaria” en un contexto de ajuste que golpea a jubilados y sectores vulnerables.

El dirigente convocó a la unidad y a la movilización como herramientas para “defender los intereses de la Argentina” y enfrentar “la avanzada política y judicial contra el peronismo y el pueblo”. “Hoy el desafío es coordinar y estar juntos”, concluyó.

La Policía requisó micros en la Riccheri, decomisó pertenencias personales y aplicó controles arbitrarios a militantes que se dirigían a la Plaza de Mayo. La ministra Patricia Bullrich volvió a aplicar su “protocolo represivo” con el aval del Gobierno nacional. La Casa Rosada, además, anticipó descuentos salariales a los empleados públicos que se sumen a la protesta.

Con un despliegue propio de un Estado de excepción, el Gobierno nacional activó esta mañana un operativo de amedrentamiento contra manifestantes que se dirigían a la Plaza de Mayo para participar de la convocatoria del PJ en respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Efectivos de fuerzas federales interceptaron micros en la Autopista Riccheri, aplicaron requisas arbitrarias y realizaron controles de alcoholemia a choferes sin ninguna justificación legal.

Testimonios de militantes señalaron decomisos injustificados de objetos personales y retención de vehículos sin orden judicial. “Quieren evitar que lleguemos a la marcha. Nos revisaron todo sin decir por qué, como si fuéramos delincuentes”, denunció uno de los militantes.

La medida forma parte de la aplicación estricta del “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que bajo la excusa del orden público convierte cualquier expresión política en un acto sospechoso. La Plaza de Mayo amaneció completamente vallada y con un fuerte dispositivo de seguridad, mientras se anticipó también un cerco policial en las inmediaciones del Congreso, donde se movilizan todos los miércoles jubilados y pensionados.

Como parte de la escalada persecutoria, el Ejecutivo anunció que descontará el día a los empleados públicos que adhieran al paro y participen de la marcha. La convocatoria, impulsada por el PJ tras conocerse la prisión domiciliaria contra Cristina, denuncia una estrategia de proscripción política y persecución judicial contra la principal figura del peronismo.

La marcha se espera masiva, con epicentro a partir de las 14 horas. Para el oficialismo, sin embargo, el verdadero problema no es el tránsito ni la logística: es que el pueblo vuelva a las calles. Y ese pueblo, pese a las amenazas, volvió.

Organizaciones sociales y comunidades indígenas impulsan una semana de actividades que combinan reclamos por justicia, apoyo a Cristina Fernández y rechazo a la reforma constitucional jujeña.

A dos años del estallido social conocido como el Jujeñazo, organizaciones sociales, referentes culturales y comunidades originarias despliegan en Jujuy una serie de actividades bajo la consigna “La calle no calla”, que busca mantener viva la memoria de la represión de 2023 y denunciar la continuidad de causas judiciales contra manifestantes. La agenda también incorpora el rechazo al fallo judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se pronuncia en defensa de la democracia.

La Multisectorial jujeña, una de las principales impulsoras de las jornadas, convoca a una asamblea popular este miércoles a las 17 en la plaza Belgrano, con el objetivo de preparar la Marcha de las Antorchas del jueves a las 19, el acto central de la conmemoración. En paralelo, comunidades indígenas han iniciado una caminata desde la puna y la quebrada hacia la capital provincial, donde serán recibidas con apoyo logístico de la Facultad de Humanidades de la UNJu.

“Nos mantenemos firmes porque las heridas de esa represión no cerraron: hay personas mutiladas, judicializadas y perseguidas. El museo vivo que preparamos es para mostrar que la lucha continúa”, explicó la actriz y militante Nadia Ruge, quien integra la Multisectorial.

En la marcha del jueves, se exhibirán banderas, fotos y testimonios del llamado Jujeñazo, en un formato de exposición itinerante que mezcla arte, memoria y denuncia. La actividad concluirá con intervenciones culturales y música en vivo en la misma plaza donde se desarrollaron las protestas de 2023.

La agenda de actos también rememora el Día de la Resistencia Indígena, con una ceremonia realizada este martes en Purmamarca, donde hace dos años la policía provincial reprimió brutalmente a comunidades que cortaban la ruta en rechazo a la reforma constitucional. “Lo que pasó ese día fue una marca de fuego. Recordarlo es una forma de seguir resistiendo”, afirmaron referentes originarios.

El lema de la convocatoria sintetiza el espíritu de la semana: “Arriba los derechos, arriba las wiphalas, abajo la reforma. No a la proscripción y cárcel de CFK, el ajuste y la represión de Milei”. Una consigna que enlaza las luchas territoriales con el reclamo por garantías democráticas y justicia social.

Tras nuevas movilizaciones contra las redadas contra los inmigrantes en esa ciudad estadounidense, la alcaldesa Karen Bass decretó el toque de queda en el centro de la ciudad. La medida generó rechazo de organizaciones civiles que lo calificaron como un intento de silenciar el reclamo popular frente al avance represivo del gobierno federal.

En medio de un creciente clima de tensión social, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, impuso este miércoles un toque de queda en el centro de la ciudad, argumentando la necesidad de “restaurar el orden” tras las manifestaciones masivas en rechazo a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida, que rige entre las 20:00 y las 06:00 horas, abarca una amplia zona del distrito central y fue recibida con duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian una escalada represiva sin precedentes

Las movilizaciones comenzaron hace cinco días, luego de que ICE intensificara su accionar en comunidades latinas, con operativos denunciados como violentos y sin control judicial efectivo. La respuesta fue inmediata: marchas multitudinarias, ocupaciones pacíficas y bloqueos de rutas, como el registrado en la autopista 101. En lugar de abrir canales de diálogo, la alcaldía optó por cerrar calles y restringir libertades.

“El mensaje es claro: cuando el pueblo se organiza, el poder responde con represión”, sostuvo en conferencia de prensa Luz Martínez, vocera de la Red de Comunidades Inmigrantes del Sur de California. “Este toque de queda es una cortina de humo para no hablar de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo a diario”, agregó.

Aunque el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) aseguró que la medida excluye a residentes, personal médico, periodistas y personas en situación de calle, en los hechos ya se registraron detenciones de manifestantes y denuncias por uso excesivo de la fuerza, según constató la ONG JusticeLA.

El trasfondo político y social no es menor: la administración federal endureció su política migratoria con detenciones masivas en barrios populares, muchas veces sin respetar el debido proceso. En ciudades como Los Ángeles, con fuerte presencia de comunidades migrantes, el impacto es inmediato y profundo.

La respuesta de la población –particularmente de jóvenes, estudiantes y trabajadores organizados– ha sido sostenida y contundente. “Están tratando de instalar miedo, pero lo único que logran es alimentar nuestra determinación”, señaló Esteban Torres, uno de los voceros de la protesta frente al Ayuntamiento.

Referentes sociales advierten que el toque de queda podría extenderse si persisten las movilizaciones. Mientras tanto, crece la presión sobre la alcaldesa para que levante la medida y dialogue con los sectores movilizados, en lugar de criminalizar el conflicto social.

Los Ángeles vuelve a ser escenario de una puja histórica: represión estatal versus organización popular. Y esta vez, la comunidad migrante está decidida a no retroceder.

Estudiantes, organizaciones políticas y dirigentes de izquierda llamaron a un plan de lucha y movilización en defensa de la democracia.

La confirmación unánime del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia provocó una reacción inmediata en el ámbito universitario: las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvieron tomar sus edificios en respaldo a la expresidenta y en rechazo a lo que consideran “un golpe judicial contra la democracia”.

El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme la condena por administración fraudulenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La resolución llegó tan solo días después de que Kirchner anunciara su candidatura a diputada provincial, lo que para amplios sectores del arco político representa un acto de proscripción.

El centro de estudiantes de Sociales de la UBA lo expresó en un mensaje contundente: “EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA. ESTUDIANTES CON CRISTINA. FACULTAD TOMADA”. En tanto, en Filosofía y Letras también se aprobó la medida en asamblea, y se espera que otras facultades de la UBA y universidades del conurbano se sumen en las próximas horas.

Dirigentes del Frente de Izquierda, entre ellos Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Christian “Chipi” Castillo, se acercaron a la sede del Partido Justicialista (PJ) y, según trascendió, luego mantuvieron una reunión con la expresidenta en su domicilio. A la salida, llamaron a movilizarse en universidades, sindicatos y acompañar la marcha de jubilados del miércoles.

La jornada había comenzado con vigilia en el barrio de Recoleta, donde cientos de personas se congregaron en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria. Allí, el padre Paco encabezó una oración colectiva con una frase que resumió el clima del día: “No proscribirán nuestra esperanza”.

El fallo de la Corte, considerado por amplios sectores como parte de una estrategia de disciplinamiento político, abre un nuevo capítulo de conflictividad social y política. Para muchos, el mensaje es claro: el poder judicial, en alianza con el gobierno de Javier Milei, acaba de avanzar sobre la voluntad popular. La respuesta comenzó en las universidades. Y promete escalar.

Los trabajadores del Hospital Garrahan lanzan una medida de fuerza ante la indiferencia oficial y la falta de propuestas salariales concretas.

El Hospital Garrahan atraviesa un conflicto en escalada: sus trabajadores anunciaron un paro total de 48 horas desde este martes, exigiendo una urgente recomposición salarial frente a sueldos que califican como “de miseria” y un proceso de vaciamiento institucional.

La medida se confirmó luego de una audiencia sin representantes de peso del gobierno nacional, donde solo asistieron directores administrativos del hospital que dijeron “enterarse” del conflicto para elevarlo al Concejo de Administración. La falta de oferta y compromiso oficial provocó un rechazo absoluto de los gremios ATE y APYT.

Además, el miércoles a las 16, los trabajadores marcharán desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo para exigir respuestas, en un contexto de creciente desconfianza hacia el Ejecutivo.

Norma Lezana, secretaria general de APYT, fue tajante: “La propuesta fue cero. No hay voluntad política para resolver el conflicto”. Rodolfo Aguiar, de ATE, señaló: “Solo vinieron a escucharnos para hacer caja, no para dar soluciones. El Gobierno abandona a los trabajadores del Garrahan y a la salud pública”.

El paro y la movilización reflejan la crisis que atraviesa uno de los centros pediátricos más importantes del país, que enfrenta no solo la precarización salarial sino también un sostenido deterioro de recursos y condiciones laborales, sin respuestas oficiales a la vista.

Expresidentes, juristas y referentes de América Latina y Europa denunciaron graves irregularidades en la causa Vialidad y exigieron garantías para el ejercicio pleno de los derechos políticos de la exmandataria.

A la espera de una definición de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad, el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) lanzaron una campaña global en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y denunciaron una persecución judicial que, de avanzar, “no solo afectará a una persona inocente, sino al peronismo y al sistema democrático argentino”.

En un documento firmado por expresidentes, líderes políticos y destacados juristas, los espacios señalaron que el proceso judicial contra la exmandataria está “viciado de parcialidad y arbitrariedad” y remarcaron que la condena dictada por el tribunal oral “fue construida sin pruebas directas ni indiciarias, violando garantías constitucionales elementales”.

“La causa fue impulsada desde el gobierno de Mauricio Macri con fines políticos. Se aplicaron teorías jurídicas forzadas para responsabilizar a Cristina por decisiones administrativas de funcionarios subalternos, en una clara desviación del principio de legalidad”, sostiene el comunicado.

El pronunciamiento también alerta sobre los efectos institucionales de una eventual confirmación del fallo. “Si la Corte Suprema convalida esta condena sin revisión, se consolidaría una práctica judicial que anula el derecho a la defensa y limita la participación política de una figura central de la oposición”, advirtieron.

Además, señalaron que la intención de excluir a Fernández de Kirchner del escenario electoral busca “disciplinar a quienes promueven la justicia social” y “desmoralizar al electorado”, generando “una alteración grave del equilibrio democrático”.

La declaración concluye con un llamado a la comunidad internacional a observar el proceso y a rechazar toda forma de lawfare. “Condenar a una persona sin pruebas es atentar contra el Estado de Derecho. ¡Exigimos justicia y respeto por la democracia!”, afirmaron.

Entre los firmantes se destacan José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia), Baltasar Garzón (España), Marco Enríquez-Ominami (Chile) e Irene Montero (España), entre otros.

Si la Corte avanza con una decisión judicial arbitraria, se decretará una huelga general, se saldrá a las calles y se cortarán autopistas en todo el país.

Así lo aseguró el diputado nacional de Unión por la Patria y secretario adjunto de SMATA, Mario “Paco” Manrique, en declaraciones a Siempre es hoy, al referirse al escenario que podría abrirse ante un fallo adverso de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner.

“Estamos organizándonos con otras agrupaciones, dentro del PJ y fuera de él. Si toman una decisión arbitraria contra Cristina, vamos a hacerlo sentir en la calle. No podemos permitir que un poder del Estado ponga en jaque la calidad democrática de la Nación, sólo por intereses políticos”, advirtió el dirigente sindical, que ratificó el compromiso del movimiento obrero con la defensa de los liderazgos populares y el Estado de Derecho.

Manrique planteó que lo que está en discusión excede a una figura individual: “Todos los laburantes y los compañeros tienen que entender que la democracia es un bien común que debemos cuidar entre todos. Esto no es un tema de Cristina y nada más. Porque hoy puede ser Cristina, pero si esto lo permitimos en silencio, dentro de tres meses le empiezan una causa a otro dirigente, y en 2027 estamos en la misma situación. Así le puede pasar a cualquier representante del campo nacional y popular”.

El diputado confirmó que varios sindicatos ya acordaron una línea de acción ante una eventual medida contra la expresidenta. “Estamos estudiando, en caso de que se cometa una injusticia de esa magnitud —como encarcelar a Cristina con una causa judicial armada— decretar una huelga, salir a las calles, cortar las autopistas. No vamos a mirar para otro lado”, afirmó.

“Muchos gremios ya definimos que si esto se lleva adelante, pararemos, nos movilizaremos y enfrentaremos las consecuencias que tengamos que enfrentar. Esta pelea no es sólo por una persona, es por la democracia argentina”, concluyó Manrique.

Con aumentos de hasta el 2,8%, las tarifas de gas vuelven a subir desde junio. Las resoluciones del ENARGAS ratifican la línea del Ejecutivo: menos subsidios, más ajuste, sin importar el impacto en los hogares.

Las tarifas de gas natural sufrirán un nuevo incremento este mes, con subas que oscilan entre el 2,6% y el 2,8% en todo el país. La medida quedó oficializada este viernes mediante una serie de resoluciones publicadas por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en el Boletín Oficial.

El ajuste se aplicará sobre los servicios de transporte y distribución, como parte de los esquemas definidos en las revisiones tarifarias quinquenales que el organismo viene impulsando. “Las tarifas correspondientes al segmento de transporte y distribución de gas natural deberán ser incrementadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales llevadas adelante por el ENARGAS”, se lee en uno de los textos oficiales.

El aumento se suma a la reciente actualización del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que compone otro eslabón en la cadena de aumentos que repercuten directamente en las facturas que recibirán los usuarios en junio.

La política energética del gobierno transita por un camino sin escalas hacia la eliminación total de subsidios, en una estrategia que combina la necesidad de achicar el déficit fiscal con una apuesta peligrosa: trasladar el costo completo de los servicios públicos a una ciudadanía cada vez más asfixiada por la recesión y la caída del poder adquisitivo.

El ajuste tarifario avanza mientras el Ejecutivo intenta contener un frente social cada vez más caliente y evalúa sus próximos pasos en un contexto marcado por el desgaste político y el descontento popular. La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿hasta dónde se puede seguir ajustando sin romperlo todo?