En una nueva avanzada privatizadora, el Ejecutivo confirmó la liquidación del material rodante del Belgrano Cargas y la concesión de vías, talleres e inmuebles, en medio de un ajuste feroz y sin plan productivo.

La Resolución 1049/2025 oficializó un nuevo capítulo del desguace estatal: el Gobierno nacional avanza con la privatización total del Belgrano Cargas y Logística S.A., incluyendo el remate de trenes y la concesión de toda la infraestructura ferroviaria. La medida responde a una lógica de ajuste que prioriza la venta de activos públicos para tapar urgencias fiscales, sin contemplar el impacto estratégico ni social del abandono del sistema ferroviario de cargas.

Con una economía debilitada y sin capacidad para sostener un rumbo productivo, la administración de Javier Milei insiste en desprenderse de empresas públicas a cualquier costo. En este caso, la operación incluye líneas clave como la General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. Las tareas para ejecutar la privatización ya están en marcha: desde los inventarios del material hasta la organización de subastas digitales, todo apunta a una transferencia acelerada de funciones que históricamente pertenecieron al Estado.

La decisión, que se da apenas semanas después del anuncio sobre Aysa, consolida un modelo de desmantelamiento estatal en nombre de la “eficiencia”, pero que termina beneficiando a actores privados con bienes ya amortizados y financiados por décadas de inversión pública. El Belgrano Cargas, concebido como eje vertebral del desarrollo regional y la integración productiva, se transforma así en un símbolo más del retiro del Estado y de una política que prefiere rematar antes que construir.

La firma Tech Security S.R.L., vinculada a los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados, recibió una adjudicación directa del Banco Nación por $3.900 millones. Denuncian tráfico de influencias y violación de deberes de funcionario público.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue denunciado penalmente por haber facilitado la adjudicación de un contrato por $3.900 millones a Tech Security S.R.L., una empresa de seguridad que estuvo a su nombre hasta diciembre de 2023 y que hoy pertenece a sus hermanos Adrián y Fernando Menem. La firma obtuvo una licitación directa del Banco Nación para brindar servicios en distintas dependencias de la entidad financiera.

La denuncia fue presentada por el dirigente Juan Ricardo Mussa y apunta también contra el titular del Banco Nación, Daniel Tillard, por su rol en la firma del contrato. El vínculo entre Menem y la empresa quedó documentado: hasta fines del año pasado, el diputado figuraba como accionista. Recién al asumir un rol de mayor exposición institucional, transfirió sus participaciones a sus familiares, en lo que se sospecha fue una maniobra preventiva frente a futuras incompatibilidades.

El contrato fue oficializado el 4 de julio en el Boletín Oficial, tiene una vigencia inicial de dos años y puede prorrogarse hasta 2029. La operación quedó bajo sospecha por no haberse realizado un concurso abierto ni una licitación pública. La presentación judicial menciona posibles delitos como tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

La situación genera incomodidad en el propio oficialismo, no sólo por la figura de Menem, quien oficia como uno de los principales alfiles parlamentarios del presidente Javier Milei, sino también por lo que representa: un contrato millonario adjudicado en forma directa, en plena prédica libertaria contra la “casta política”.

Desde el entorno del Gobierno se evitó comentar públicamente, aunque en privado algunos funcionarios admiten que el caso recuerda al vínculo comercial entre Aerolíneas Argentinas y los hoteles de la familia Kirchner, que motivó años de causas judiciales y titulares mediáticos.

El episodio se suma a una serie de medidas económicas regresivas tomadas en nombre de la austeridad fiscal, como los recortes a jubilaciones, programas de discapacidad y partidas para el Hospital Garrahan, mientras el gasto público encuentra excepciones cuando se trata de favorecer a aliados internos.

El Gobierno modificó el régimen legal que protegía el carácter estatal de la empresa y abrió la puerta al ingreso de capitales privados. Organizaciones advierten que la medida pone en riesgo el acceso universal al agua en el AMBA.

El Gobierno nacional formalizó este martes, a través del DNU 493/2025, el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), empresa que brinda servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La norma no sólo habilita la venta de acciones estatales, sino que también autoriza los cortes de suministro en caso de falta de pago.

La medida fue justificada por el Poder Ejecutivo en función de “la necesidad de promover inversiones y eficiencia” en un contexto de crisis fiscal. Con la reforma, se eliminó el tope que impedía transferir más del 10% del capital accionario de la empresa, abriendo paso a una privatización total o parcial.

Según lo dispuesto, AySA podrá interrumpir el servicio por mora y usar los fondos recaudados como garantía para futuras inversiones privadas. También se le otorgan nuevas atribuciones para auditar obras e intervenir en procesos técnicos dentro del área regulada.

La iniciativa generó fuerte preocupación entre especialistas y organizaciones sociales, que advierten que el acceso al agua potable —reconocido como un derecho humano por organismos internacionales— podría quedar supeditado a criterios de rentabilidad.

“La combinación de tarifas altas y riesgo de corte del servicio es incompatible con una mirada de justicia social y equidad territorial”, señalaron desde la Fundación Agua Segura. También advirtieron que zonas vulnerables del conurbano bonaerense podrían quedar relegadas en los planes de expansión.

La modificación al decreto 304/06 implica un cambio estructural en el modelo de gestión del agua en Argentina. A partir de ahora, la lógica del mercado podrá definir no sólo cómo se presta el servicio, sino también a quiénes llega y bajo qué condiciones.

El jefe del Gabinete de Asesores abandonó su cargo tras sus polémicas declaraciones. Continúa al frente de Nucleoeléctrica, mientras crecen las versiones de reacomodamientos internos en la mesa chica del gobierno.

Demian Reidel presentó su renuncia como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia, una salida que se da en medio de un clima de tensión interna en el oficialismo. El funcionario había sido protagonista meses atrás por su frase incendiaria ante empresarios extranjeros: “El problema de Argentina es que está poblada por argentinos”.

El Ejecutivo oficializó su salida este lunes a través del decreto 481/2025, aunque la dimisión tiene vigencia desde el 17 de julio. No se dieron explicaciones públicas ni se nombró aún a su reemplazo. Reidel, sin embargo, seguirá al frente de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), clave en el desarrollo del plan nuclear nacional.

A través de sus redes sociales, el economista intentó mostrar un perfil técnico y comprometido: anunció que se abocará de lleno a la ejecución del “Plan Nuclear Argentino”, que incluye un reactor modular y una nueva empresa, YPF Nuclear. También insistió en que su “compromiso con el gobierno es total”, pese al cambio de funciones.

El perfil de Reidel, formado en Harvard y con pasado en JP Morgan, venía siendo promocionado por Javier Milei como uno de sus cerebros económicos. Pero sus declaraciones altisonantes, sumadas al desgaste interno, aceleraron su salida. Su frase despectiva sobre los argentinos generó fuerte rechazo en sectores sociales y sindicales, que lo acusaron de “despreciar al pueblo que gobierna”.

El alejamiento se produce poco después de que Santiago Caputo fuera corrido de los centros de decisión. En ese contexto, crecen los rumores de que Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, estaría consolidando su poder en la cúpula libertaria y promoviendo un rediseño del círculo presidencial.

La renuncia de Reidel se suma a la ya larga lista de bajas y recambios en menos de ocho meses de gestión. El gabinete de Milei, cada vez más reducido y volátil, enfrenta así nuevas señales de inestabilidad política mientras intenta sostener su discurso de “refundación” del Estado.

Tras años de dilaciones, el Tribunal Oral Federal ratificó su competencia territorial y despejó los obstáculos legales que impedían el inicio del proceso oral por el hundimiento del submarino argentino en 2017.

La Justicia federal resolvió mantener en la provincia de Santa Cruz el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, decisión que representa un paso decisivo en una causa marcada por años de demoras judiciales, controversias de competencia y reclamos de familiares.

El fallo, dictado por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, rechazó los pedidos de trasladar el expediente a Mar del Plata o a la Ciudad de Buenos Aires. Con esta resolución, se destraba el proceso oral contra los mandos navales imputados por su presunta responsabilidad en la tragedia que causó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.

El tribunal sostuvo que el lugar de los hechos —una zona del Atlántico Sur próxima al límite entre Chubut y Santa Cruz— es clave para definir la jurisdicción. También subrayó que fue el Juzgado Federal de Caleta Olivia el que intervino desde el comienzo, a partir de la denuncia que realizó la propia Armada Argentina.

Los acusados son el contraalmirante Luis López Mazzeo, los capitanes de navío Claudio Villamide y Héctor Alonso, y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Están imputados por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado. Según la investigación, habrían desoído alertas técnicas sobre las condiciones del submarino antes de su última zarpada.

El tribunal integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto también valoró que cualquier cambio de jurisdicción en esta etapa implicaría nuevos retrasos y afectaría a las familias que desde hace casi siete años esperan respuestas judiciales. La querella encabezada por la abogada Valeria Carreras había advertido sobre el riesgo de una “revictimización” si se desplazaba el proceso a otra ciudad.

Aún no hay fecha confirmada para el inicio del juicio oral, pero la decisión judicial allana el camino para avanzar con un proceso largamente esperado por los familiares y por la sociedad argentina.

La limitación operativa de los aviones adquiridos a Dinamarca por pedido del Reino Unido, sumada al giro diplomático del Gobierno en el reclamo de soberanía, agita críticas internas y cuestionamientos sobre la política de defensa nacional.

El malestar entre las filas militares volvió a encenderse tras conocerse que los 24 aviones F-16 que el Gobierno argentino compró a Dinamarca vendrán con limitaciones impuestas por el Reino Unido, en especial la reducción del alcance de sus radares, supuestamente para “no representar una amenaza” para las fuerzas británicas en las Islas Malvinas.

La decisión, avalada por el ministro de Defensa, Luis Petri, expuso un nuevo foco de tensión entre la Casa Rosada y sectores tradicionalmente ligados a la defensa nacional, incluyendo figuras cercanas a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según trascendidos, el radar de tiro de las aeronaves estará restringido a un radio de 60 millas, lo que las haría inoperantes ante cualquier intento de aproximación a las islas ocupadas, donde el Reino Unido dispone de armamento con alcance superior a las 200 millas.

La compra, además de contradictoria con la retórica de “austeridad” del gobierno de Javier Milei, representa —según voces castrenses— una cesión explícita de soberanía técnica ante intereses extranjeros. “Estos aviones no tienen piezas británicas, pero igual se aceptaron las condiciones de un miembro de la OTAN. Es una entrega disfrazada de modernización”, criticó un alto oficial en reserva.

Petri, por su parte, defendió la adquisición argumentando que permitirá “modernizar la Fuerza Aérea” y aseguró que la empresa danesa Terma Global brindará mejoras sustanciales en los sistemas electrónicos. Pero los cuestionamientos no cesan: se cuestiona que la compra fue pactada sin una hipótesis de conflicto clara, y se advierte que la subordinación operativa a requerimientos de otra potencia mina cualquier estrategia defensiva real.

La medida también coincide con otros gestos diplomáticos del Ejecutivo que generaron rechazo, como el abandono del reclamo por la soberanía de Malvinas en foros internacionales y la aceptación tácita del “derecho a la autodeterminación” de los isleños. Para muchos analistas, el Gobierno prioriza su alineamiento geopolítico con potencias anglosajonas por encima de los intereses históricos de la Nación.

El episodio deja a la vista una grieta dentro del oficialismo entre el ala internacionalista del presidente Milei —obsesionado con su figura global— y una base militar e ideológica que ve con recelo el abandono de valores ligados a la defensa nacional. En tiempos de ajuste brutal y con un Estado replegado de funciones esenciales, el debate por la soberanía vuelve a ocupar un lugar incómodo, pero inevitable.

Con guardias mínimas y apoyo de organizaciones sociales, gremiales y políticas, personal del Hospital Garrahan se moviliza este jueves a Plaza de Mayo para exigir el fin del ajuste en salud pública.

Los trabajadores del Hospital Garrahan encabezan este jueves una nueva jornada de protesta, con paro de actividades y una movilización desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. La medida, impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (ApyT) y respaldada por ATE, se da en rechazo al desfinanciamiento del hospital y en defensa del sistema público de salud, cada vez más golpeado por los recortes del Gobierno nacional.

La jornada comenzó a las 7 con la interrupción de tareas, garantizando solo las guardias y la atención a pacientes internados. “Estamos hartos de las promesas vacías mientras cierran servicios, achican presupuestos y despiden trabajadores”, señalaron desde ApyT. A la protesta se suman también pacientes, familiares y organizaciones sociales y políticas que denuncian el vaciamiento del Garrahan y de hospitales como el Posadas, el Clínicas y el Bonaparte.

“Marchamos por nuestros derechos, por nuestros compañeros y por los chicos y chicas que dependen de un sistema de salud que el Gobierno está dejando caer a pedazos”, remarcaron desde la agrupación Salud en Marcha, que también manifestó su apoyo a residentes y profesionales precarizados.

La movilización, que parte desde el Congreso a las 16, apunta directamente contra las políticas del presidente Javier Milei y su ministro de Salud, a quienes acusan de “aplicar la motosierra en áreas sensibles” y poner en riesgo la salud de millones de argentinos.

En Plaza de Mayo, se prevé un acto con la participación de referentes sindicales y de agrupaciones de izquierda como el FIT y el Nuevo MAS, que acompañarán con sus tradicionales postas sanitarias. “Lo que está en juego es la supervivencia misma del sistema público de salud”, advierten los convocantes.

Mar del Plata y otros destinos emblemáticos sufren una caída histórica en la ocupación hotelera. El impacto del ajuste económico y el auge del turismo al exterior.

Con el inicio de las vacaciones de invierno, el turismo interno en Argentina enfrenta una de sus temporadas más flojas de los últimos años. En ciudades como Mar del Plata, las reservas hoteleras no alcanzan ni el 30% de las plazas disponibles y el clima en las calles refleja la ausencia del visitante que solía dinamizar la economía local en estas fechas.

El invierno pasado ya había sido preocupante, con picos que apenas llegaron al 60% de ocupación. Pero en este 2025 la situación es más crítica: los operadores turísticos marplatenses reconocen que las reservas rondan apenas el 25%. Desde el sector empresarial esperan que la tendencia mejore en los próximos días, aunque no hay señales claras de un repunte inmediato.

Hernán Szkrohal, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, sostuvo que las vacaciones de invierno “nunca fueron el pico de la actividad”, pero reconoció que “el comportamiento del turista está muy por debajo del promedio de años anteriores”.

La crisis también golpea al norte argentino. En Catamarca, Cristian Fernández, titular de la Asociación de Agencias de Viajes, trazó un panorama sombrío: “Venimos muy golpeados, no solo en la provincia sino en todo el país”.

El fenómeno, aseguran los especialistas, no es casual. La combinación de una economía estancada, la pérdida del poder adquisitivo y un dólar relativamente barato llevó a que quienes aún pueden viajar opten por destinos internacionales. “La estrella del primer semestre fueron los viajes al exterior”, afirmó Martín Romano, CEO de una de las principales agencias de viajes del país. Sin embargo, advirtió que ese tipo de salidas están reservadas para un “minimundo” con capacidad económica.

Romano explicó que la clase media —tradicional motor del turismo nacional— está “muy ajustada” y que, quienes todavía pueden moverse, “prefieren alquilar un departamento o buscan opciones más económicas”. Además, reveló que destinos como Iguazú están ofreciendo paquetes completos por menos de 400 mil pesos, lo que desplaza aún más la demanda hacia la costa.

El gobierno, que eliminó los programas de incentivo al turismo interno creados en años anteriores, no ha presentado medidas concretas para revertir la tendencia. Por ahora, el sector se resigna a esperar una reactivación que, si llega, lo hará recién en los fines de semana largos de octubre y noviembre, o directamente en el verano. Mientras tanto, miles de trabajadores dependen de una temporada que parece perdida.

Preguntar a ChatGPT

Se oficializó la eliminación de dos iniciativas creadas para acompañar a mujeres y disidencias en situaciones críticas. Organizaciones advierten un retroceso sin precedentes.

El Ministerio de Justicia de la Nación eliminó oficialmente dos programas que estaban destinados a asistir a personas en situación de violencia por motivos de género. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Resolución 466/2025, firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona. Se trata de una nueva avanzada del Gobierno nacional en su política de desarme del sistema de protección estatal en esta materia.

Las iniciativas eliminadas fueron el Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan Temáticas de Género y Diversidad, y el Programa Acercar Derechos, ambos creados durante la gestión del extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Desde el Ejecutivo justificaron la decisión asegurando que los programas no brindaban una respuesta “eficiente”. Sin embargo, en lugar de anunciar mejoras o alternativas, se optó por suprimirlos por completo, dejando a miles de mujeres y personas LGBTI+ sin mecanismos directos de acompañamiento y contención.

La eliminación del Programa Acercar Derechos afecta a una red de abordaje integral que operaba en todo el país y ofrecía atención personalizada a víctimas de violencia, con equipos técnicos que actuaban en territorio. Por su parte, el registro de organizaciones servía como herramienta para articular y fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y actores comunitarios que trabajan en la prevención de violencias de género.

El nuevo ajuste se suma al cierre del Ministerio de la Mujer y a la drástica reducción del presupuesto destinado a políticas de igualdad. Para sectores sociales y organismos de derechos humanos, se trata de un desmantelamiento deliberado de la estructura institucional que, con sus limitaciones, ofrecía una respuesta frente a una problemática que atraviesa al conjunto de la sociedad.

Desde distintas organizaciones ya advierten que la medida podría agravar aún más la situación de las víctimas. Según datos oficiales, una mujer es asesinada cada 30 horas en Argentina por violencia de género. Sin políticas públicas activas, la vulnerabilidad se profundiza.

Ante la presión cambiaria y la desconfianza del mercado, el equipo económico que encabeza Luis Caputo sube las tasas y coloca deuda de corto plazo para contener la escalada del dólar. La estrategia compromete aún más las cuentas públicas y amenaza con una nueva ola de ajuste.

En medio de una corrida que se intensifica y un clima de creciente desconfianza financiera, el Gobierno nacional volvió a apostar por la emisión de deuda en pesos como herramienta para frenar la presión sobre el dólar, esta vez a costa de tasas más elevadas y vencimientos cada vez más cortos. El nuevo paquete de títulos lanzado por el Tesoro busca aspirar la liquidez excedente que quedó en el sistema tras el canje de las LEFI, pero multiplica los riesgos hacia adelante.

“La estrategia es clara: subir las tasas, seducir a los bancos, postergar la corrida”, resumió un analista del mercado. El plan se parece peligrosamente al esquema de las Lebac del macrismo, con vencimientos en cadena, intereses crecientes y una bomba que nadie sabe cómo se va a desactivar.

La decisión se produce apenas días después de que el dólar informal alcanzara los $1.340, consolidando una brecha respecto al tipo de cambio oficial que expone el deterioro del nuevo régimen cambiario. La flotación administrada entre bandas quedó, por ahora, como una promesa incumplida.

Con reservas en niveles críticos pese al reciente desembolso del FMI, y sin capacidad de revertir la tendencia por la vía comercial, el Gobierno recurre a la tasa como última herramienta de contención. Pero lo hace con instrumentos que elevan el déficit financiero y anticipan una profundización del ajuste para sostener el relato del orden fiscal.

“El Tesoro asume ahora la deuda que antes estaba en manos del BCRA. Eso es déficit puro”, explicó Alejandro López Mieres, investigador del Ipypp. Y advirtió: “Vamos a tener vencimientos todos los meses. Si no te renuevan, te estalla el dólar”.

La táctica oficial busca ganar tiempo hasta las elecciones legislativas de octubre, donde el Gobierno se juega buena parte de su ya desgastado capital político. Mientras tanto, el relato libertario sostiene el supuesto éxito inflacionario, aunque junio haya sido también el mes en que el Ejecutivo perdió el superávit por los gastos estacionales.

Pero la motosierra ya no corta con la eficacia de antes. Luego de despidos masivos, cierres de organismos, y el deterioro de áreas críticas como salud, discapacidad y educación, el margen de ajuste real es cada vez más estrecho. Sin inversión ni recuperación del consumo, la economía social sangra y la presión política se acumula.

La emisión de estos nuevos bonos con tasa libre —negociada con los propios bancos— no es solo una operación técnica: es el síntoma de un modelo que quedó sin anclas ni margen de maniobra. El dólar sube, la deuda también, y el Estado sigue adelgazando. El horizonte no es de estabilidad, sino de supervivencia.

Caputo y Milei insisten en que están “enderezando el barco”. Pero desde afuera, cada vez son más los que advierten que el barco ya está haciendo agua.