Con guardias mínimas y apoyo de organizaciones sociales, gremiales y políticas, personal del Hospital Garrahan se moviliza este jueves a Plaza de Mayo para exigir el fin del ajuste en salud pública.

Los trabajadores del Hospital Garrahan encabezan este jueves una nueva jornada de protesta, con paro de actividades y una movilización desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. La medida, impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (ApyT) y respaldada por ATE, se da en rechazo al desfinanciamiento del hospital y en defensa del sistema público de salud, cada vez más golpeado por los recortes del Gobierno nacional.

La jornada comenzó a las 7 con la interrupción de tareas, garantizando solo las guardias y la atención a pacientes internados. “Estamos hartos de las promesas vacías mientras cierran servicios, achican presupuestos y despiden trabajadores”, señalaron desde ApyT. A la protesta se suman también pacientes, familiares y organizaciones sociales y políticas que denuncian el vaciamiento del Garrahan y de hospitales como el Posadas, el Clínicas y el Bonaparte.

“Marchamos por nuestros derechos, por nuestros compañeros y por los chicos y chicas que dependen de un sistema de salud que el Gobierno está dejando caer a pedazos”, remarcaron desde la agrupación Salud en Marcha, que también manifestó su apoyo a residentes y profesionales precarizados.

La movilización, que parte desde el Congreso a las 16, apunta directamente contra las políticas del presidente Javier Milei y su ministro de Salud, a quienes acusan de “aplicar la motosierra en áreas sensibles” y poner en riesgo la salud de millones de argentinos.

En Plaza de Mayo, se prevé un acto con la participación de referentes sindicales y de agrupaciones de izquierda como el FIT y el Nuevo MAS, que acompañarán con sus tradicionales postas sanitarias. “Lo que está en juego es la supervivencia misma del sistema público de salud”, advierten los convocantes.

Mar del Plata y otros destinos emblemáticos sufren una caída histórica en la ocupación hotelera. El impacto del ajuste económico y el auge del turismo al exterior.

Con el inicio de las vacaciones de invierno, el turismo interno en Argentina enfrenta una de sus temporadas más flojas de los últimos años. En ciudades como Mar del Plata, las reservas hoteleras no alcanzan ni el 30% de las plazas disponibles y el clima en las calles refleja la ausencia del visitante que solía dinamizar la economía local en estas fechas.

El invierno pasado ya había sido preocupante, con picos que apenas llegaron al 60% de ocupación. Pero en este 2025 la situación es más crítica: los operadores turísticos marplatenses reconocen que las reservas rondan apenas el 25%. Desde el sector empresarial esperan que la tendencia mejore en los próximos días, aunque no hay señales claras de un repunte inmediato.

Hernán Szkrohal, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, sostuvo que las vacaciones de invierno “nunca fueron el pico de la actividad”, pero reconoció que “el comportamiento del turista está muy por debajo del promedio de años anteriores”.

La crisis también golpea al norte argentino. En Catamarca, Cristian Fernández, titular de la Asociación de Agencias de Viajes, trazó un panorama sombrío: “Venimos muy golpeados, no solo en la provincia sino en todo el país”.

El fenómeno, aseguran los especialistas, no es casual. La combinación de una economía estancada, la pérdida del poder adquisitivo y un dólar relativamente barato llevó a que quienes aún pueden viajar opten por destinos internacionales. “La estrella del primer semestre fueron los viajes al exterior”, afirmó Martín Romano, CEO de una de las principales agencias de viajes del país. Sin embargo, advirtió que ese tipo de salidas están reservadas para un “minimundo” con capacidad económica.

Romano explicó que la clase media —tradicional motor del turismo nacional— está “muy ajustada” y que, quienes todavía pueden moverse, “prefieren alquilar un departamento o buscan opciones más económicas”. Además, reveló que destinos como Iguazú están ofreciendo paquetes completos por menos de 400 mil pesos, lo que desplaza aún más la demanda hacia la costa.

El gobierno, que eliminó los programas de incentivo al turismo interno creados en años anteriores, no ha presentado medidas concretas para revertir la tendencia. Por ahora, el sector se resigna a esperar una reactivación que, si llega, lo hará recién en los fines de semana largos de octubre y noviembre, o directamente en el verano. Mientras tanto, miles de trabajadores dependen de una temporada que parece perdida.

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Se oficializó la eliminación de dos iniciativas creadas para acompañar a mujeres y disidencias en situaciones críticas. Organizaciones advierten un retroceso sin precedentes.

El Ministerio de Justicia de la Nación eliminó oficialmente dos programas que estaban destinados a asistir a personas en situación de violencia por motivos de género. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Resolución 466/2025, firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona. Se trata de una nueva avanzada del Gobierno nacional en su política de desarme del sistema de protección estatal en esta materia.

Las iniciativas eliminadas fueron el Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan Temáticas de Género y Diversidad, y el Programa Acercar Derechos, ambos creados durante la gestión del extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Desde el Ejecutivo justificaron la decisión asegurando que los programas no brindaban una respuesta “eficiente”. Sin embargo, en lugar de anunciar mejoras o alternativas, se optó por suprimirlos por completo, dejando a miles de mujeres y personas LGBTI+ sin mecanismos directos de acompañamiento y contención.

La eliminación del Programa Acercar Derechos afecta a una red de abordaje integral que operaba en todo el país y ofrecía atención personalizada a víctimas de violencia, con equipos técnicos que actuaban en territorio. Por su parte, el registro de organizaciones servía como herramienta para articular y fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y actores comunitarios que trabajan en la prevención de violencias de género.

El nuevo ajuste se suma al cierre del Ministerio de la Mujer y a la drástica reducción del presupuesto destinado a políticas de igualdad. Para sectores sociales y organismos de derechos humanos, se trata de un desmantelamiento deliberado de la estructura institucional que, con sus limitaciones, ofrecía una respuesta frente a una problemática que atraviesa al conjunto de la sociedad.

Desde distintas organizaciones ya advierten que la medida podría agravar aún más la situación de las víctimas. Según datos oficiales, una mujer es asesinada cada 30 horas en Argentina por violencia de género. Sin políticas públicas activas, la vulnerabilidad se profundiza.

Ante la presión cambiaria y la desconfianza del mercado, el equipo económico que encabeza Luis Caputo sube las tasas y coloca deuda de corto plazo para contener la escalada del dólar. La estrategia compromete aún más las cuentas públicas y amenaza con una nueva ola de ajuste.

En medio de una corrida que se intensifica y un clima de creciente desconfianza financiera, el Gobierno nacional volvió a apostar por la emisión de deuda en pesos como herramienta para frenar la presión sobre el dólar, esta vez a costa de tasas más elevadas y vencimientos cada vez más cortos. El nuevo paquete de títulos lanzado por el Tesoro busca aspirar la liquidez excedente que quedó en el sistema tras el canje de las LEFI, pero multiplica los riesgos hacia adelante.

“La estrategia es clara: subir las tasas, seducir a los bancos, postergar la corrida”, resumió un analista del mercado. El plan se parece peligrosamente al esquema de las Lebac del macrismo, con vencimientos en cadena, intereses crecientes y una bomba que nadie sabe cómo se va a desactivar.

La decisión se produce apenas días después de que el dólar informal alcanzara los $1.340, consolidando una brecha respecto al tipo de cambio oficial que expone el deterioro del nuevo régimen cambiario. La flotación administrada entre bandas quedó, por ahora, como una promesa incumplida.

Con reservas en niveles críticos pese al reciente desembolso del FMI, y sin capacidad de revertir la tendencia por la vía comercial, el Gobierno recurre a la tasa como última herramienta de contención. Pero lo hace con instrumentos que elevan el déficit financiero y anticipan una profundización del ajuste para sostener el relato del orden fiscal.

“El Tesoro asume ahora la deuda que antes estaba en manos del BCRA. Eso es déficit puro”, explicó Alejandro López Mieres, investigador del Ipypp. Y advirtió: “Vamos a tener vencimientos todos los meses. Si no te renuevan, te estalla el dólar”.

La táctica oficial busca ganar tiempo hasta las elecciones legislativas de octubre, donde el Gobierno se juega buena parte de su ya desgastado capital político. Mientras tanto, el relato libertario sostiene el supuesto éxito inflacionario, aunque junio haya sido también el mes en que el Ejecutivo perdió el superávit por los gastos estacionales.

Pero la motosierra ya no corta con la eficacia de antes. Luego de despidos masivos, cierres de organismos, y el deterioro de áreas críticas como salud, discapacidad y educación, el margen de ajuste real es cada vez más estrecho. Sin inversión ni recuperación del consumo, la economía social sangra y la presión política se acumula.

La emisión de estos nuevos bonos con tasa libre —negociada con los propios bancos— no es solo una operación técnica: es el síntoma de un modelo que quedó sin anclas ni margen de maniobra. El dólar sube, la deuda también, y el Estado sigue adelgazando. El horizonte no es de estabilidad, sino de supervivencia.

Caputo y Milei insisten en que están “enderezando el barco”. Pero desde afuera, cada vez son más los que advierten que el barco ya está haciendo agua.

La Cámara Nacional del Trabajo ratificó el fallo que anula artículos clave del DNU 340/25, por considerar que vulnera derechos laborales y evade el rol constitucional del Congreso. Otro traspié legal en la avanzada autoritaria del Ejecutivo.

La Justicia volvió a ponerle un freno al Poder Ejecutivo. La Cámara Nacional del Trabajo confirmó este lunes la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, con el que el gobierno de Javier Milei buscaba restringir el derecho a huelga en múltiples sectores, incluyendo la marina mercante. El tribunal consideró que el decreto es formalmente inconstitucional, carece de justificación legal y vulnera libertades fundamentales como la libertad sindical.

El fallo ratifica una decisión previa de la jueza Moira Fullana, en respuesta a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), y representa un nuevo golpe jurídico para la estrategia gubernamental de legislar por decreto sin pasar por el Congreso.

El Congreso, ignorado; los derechos, vulnerados

Los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado sostuvieron que el DNU fue dictado cuando el Congreso estaba en funciones, y que el Gobierno no acreditó una situación de emergencia que justificara eludir el proceso legislativo ordinario. “No se explican las razones por las cuales se intentó evitar el tratamiento de la cuestión en el Congreso”, señalaron los camaristas, en línea con lo expresado por la magistrada de primera instancia.

La norma pretendía ampliar arbitrariamente el listado de “servicios esenciales” —lo cual restringe el derecho a huelga— sin debate parlamentario ni participación de los actores sociales involucrados. Para el tribunal, esa medida configura una clara “usurpación de facultades legislativas”.

Una política por decreto que choca con la Constitución

Desde su asunción, Milei ha intentado gobernar a fuerza de decretos y sin diálogo con el Congreso, lo que ha provocado una seguidilla de conflictos legales. El argumento repetido de la “crisis económica y social” fue descartado nuevamente por la Justicia, que advirtió que bajo esa lógica el Congreso perdería toda su función y el Ejecutivo quedaría con poderes ilimitados.

“El problema no es qué sectores son esenciales, sino quién tiene la atribución de definirlo”, explicó uno de los magistrados. La Constitución, recordaron, reserva al Congreso la sanción de leyes de fondo, como la Ley 25.877 que regula los conflictos laborales colectivos.

Libertad sindical en riesgo

Además del vicio de forma, el fallo también apuntó a los contenidos del DNU: su ampliación del concepto de “servicio esencial” limitaba de manera directa el ejercicio del derecho a huelga y la acción sindical, contraviniendo convenios internacionales firmados por Argentina y protegidos por la Constitución Nacional.

Desde la CGT calificaron la decisión como “una victoria en defensa de los derechos conquistados” y advirtieron que seguirán resistiendo judicialmente todos los intentos de avasallamiento por parte del Ejecutivo.

Otro traspié en la ofensiva presidencial

Este fallo se suma a otros recientes donde la Justicia cuestionó o anuló disposiciones del Ejecutivo por su forma inconsulta y autoritaria de legislar. El gobierno de Milei, que acumula derrotas en el plano legislativo y judicial, insiste en forzar normas por fuera de los canales constitucionales.

Mientras el Presidente sigue celebrando en redes sociales, la Justicia recuerda que la democracia no se gobierna a golpe de tuit ni de DNU. Y que los derechos laborales no se negocian en la Casa Rosada.

Un nuevo informe de la UCA revela que el 35% de los niños en Argentina padeció inseguridad alimentaria en 2024. El 16% directamente pasó hambre. El recorte en políticas sociales, la desocupación y la falta de asistencia marcan el deterioro en un país que produce alimentos para 400 millones de personas.

En un país donde abundan los granos, la carne y la fruta, uno de cada tres niños no come lo suficiente. Según un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), más de 4,3 millones de niños y adolescentes en Argentina atravesaron inseguridad alimentaria durante 2024. El 16,5% directamente sufrió hambre severa.

El dato, dramático por sí solo, refleja una tendencia en alza que se agravó desde la asunción del gobierno de Javier Milei, que profundizó el ajuste en programas sociales, recortó comedores y congeló partidas alimentarias en nombre del “déficit cero”. Mientras se eliminan subsidios y se aplican recetas de shock económico, la infancia paga el costo más alto.

El estudio, titulado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, muestra cómo el colapso del poder adquisitivo y la desprotección estatal generaron un escenario que combina pobreza estructural con abandono institucional.

El precio del ajuste

Lejos de ser un problema nuevo, el hambre infantil se agravó a niveles récord. El informe analiza datos desde 2010, pero resalta tres momentos críticos: 2018, 2020 y el actual 2024. La diferencia, subraya el trabajo, es que hoy el Estado prácticamente se retiró del territorio: sin redes de contención, el impacto es más profundo y sostenido.

Los hogares más afectados son aquellos con empleo informal, monoparentales o con varios niños a cargo. La inestabilidad laboral y el deterioro de los ingresos configuran un mapa de riesgo en el que millones de niños no acceden a proteínas, vitaminas ni nutrientes esenciales para su desarrollo.

Consecuencias físicas y cognitivas

La inseguridad alimentaria no solo implica comer menos, sino también comer mal. La falta de nutrientes impacta en el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los chicos. La desnutrición temprana genera problemas de aprendizaje, baja talla, enfermedades crónicas e incluso mayor mortalidad infantil.

“La infancia argentina está viviendo una emergencia silenciosa, que no se ve en los titulares pero que marcará al país por generaciones”, alertó Ianina Tuñón, una de las autoras del informe.

La geografía del hambre

Hasta hace pocos años, el Área Metropolitana de Buenos Aires concentraba los casos más graves. Hoy, el hambre se federalizó: el interior del país muestra cifras similares o peores, sin el respaldo de redes comunitarias o políticas públicas. La distancia, también, es una forma de exclusión.

Hambre y precarización: el binomio del modelo

Los datos son concluyentes: entre quienes viven en hogares con trabajadores desocupados o subempleados, más de la mitad de los niños padeció inseguridad alimentaria crónica. A esto se suma el deterioro de los indicadores de empleo, informalidad y pobreza, en un contexto de recesión inducida por políticas de ajuste extremo.

Mientras el gobierno busca “achicar el Estado”, los comedores barriales no dan abasto, los alimentos no llegan y los niños, literalmente, no tienen qué comer.

Conclusión: el futuro hipotecado

En el país del pan y la carne, hay chicos que se acuestan con hambre. Y un gobierno que, en lugar de garantizar derechos, los recorta. Las cifras no son números: son nombres, historias, cuerpos en desarrollo que hoy no encuentran amparo.

En la Argentina de Milei, el sacrificio es para los más débiles. Y el futuro, si no cambia el rumbo, será más injusto y más corto.

Un informe de la UBA advierte que se perdieron casi 200 mil empleos formales y que el salario mínimo real cayó 32% desde la asunción de Javier Milei. El poder adquisitivo retrocedió a niveles de hace más de dos décadas.

En menos de un año de gestión, el gobierno de Javier Milei produjo una verdadera devastación en el mercado laboral argentino. Según un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se destruyeron casi 196 mil empleos asalariados registrados y el salario mínimo perdió un tercio de su poder adquisitivo, cayendo a valores inferiores a los del año 2001.

El relevamiento, realizado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria, muestra con crudeza el saldo social del brutal ajuste impulsado por el oficialismo: despidos masivos, precarización laboral, y una caída salarial histórica que dejó a millones de trabajadores por debajo de la línea de pobreza. “El salario mínimo real se encuentra 62% por debajo del pico alcanzado en 2011 y por debajo incluso del nivel previo a la salida de la convertibilidad”, alerta el documento.

La política económica de Milei —caracterizada por la liberalización abrupta de precios, la eliminación de subsidios y el congelamiento del gasto público— está provocando un retroceso sin precedentes en los indicadores sociales. El empleo asalariado formal, que ya mostraba señales de estancamiento a fines de 2023, entró en una espiral descendente que arrastró a todos los sectores: Estado, empresas privadas y trabajo en casas particulares.

En marzo de 2025, el total de empleos formales registrados se ubicó en 10,1 millones, con una pérdida acumulada de 195.900 puestos desde que Milei llegó a la Casa Rosada. Solo en el sector público se recortaron 58 mil empleos desde noviembre, en un intento deliberado por desmantelar áreas clave del Estado sin ninguna planificación social. Las empleadas domésticas, uno de los colectivos más vulnerables, sufrieron una caída del 11,7% en sus puestos de trabajo en menos de dos años.

El sector privado también sintió el impacto del ajuste. En marzo de este año, se registraron 115.300 empleos menos que al inicio del gobierno, lo que sitúa al empleo formal privado en niveles similares a los de 2018, año de crisis durante la gestión de Mauricio Macri. El modelo Milei repite, profundiza y multiplica los mismos errores que ya fracasaron.

Pero la caída del empleo no es el único dato alarmante. El salario mínimo, vital y móvil se desplomó un 32% en términos reales, ubicándose por debajo del umbral de subsistencia. A pesar de leves repuntes mensuales, el poder adquisitivo actual está muy lejos de recuperar lo perdido. “Es una de las caídas más abruptas en dos décadas”, señala el informe.

Las remuneraciones promedio del sector privado tampoco escaparon a este deterioro. Entre noviembre de 2023 y abril de 2025, el salario real bajó 1,2%, con un ingreso promedio de $1.594.900 que, medido contra la inflación, equivale a un 17,6% menos que en el punto más alto de la serie histórica (mayo de 2013).

En resumen, el primer año y medio de Milei se tradujo en una transferencia brutal de ingresos desde los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía. Mientras se aplica un ajuste que empobrece y excluye, el discurso oficial insiste en hablar de “libertad” y “orden”, ignorando deliberadamente las consecuencias humanas de su programa económico.

Para los autores del informe, los datos revelan un deterioro sostenido y generalizado que no encuentra antecedentes cercanos. “El modelo actual no solo no mejora la situación del mercado laboral, sino que la empeora estructuralmente”, concluyen. El resultado es una sociedad al borde del colapso social, con un Estado ausente, salarios pulverizados y empleo en retroceso. La libertad, para la mayoría, se convirtió en sobrevivir.

El primer video de campaña del frente opositor pone el foco en trabajadores, jubilados y científicos. Kicillof, Máximo Kirchner y Massa apuestan a la unidad para disputar el rumbo del país en las elecciones bonaerenses.

Con un video que apela a la emoción y pone en el centro a los sectores golpeados por las políticas del gobierno nacional, Fuerza Patria lanzó oficialmente su campaña electoral de cara a las próximas elecciones legislativas bonaerenses. El flamante frente, integrado por Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, apuesta a consolidar un mensaje de unidad y resistencia en medio del ajuste impulsado por el presidente Javier Milei.

“Fuerza Patria no es una consigna vacía. Es la fuerza que somos cuando nos juntamos”, abre el spot de más de un minuto, que fue difundido a través de las redes sociales del líder del Frente Renovador. A lo largo del video, se suceden imágenes de trabajadores, médicos, jubilados y científicos, mientras una voz en off señala: “Es la fuerza de quienes enfrentan la crueldad del ajuste y siguen adelante”.

El material no elude los cuestionamientos al oficialismo nacional: hace alusión a la represión a jubilados que reclaman por sus haberes, a la precarización de los trabajadores de la salud y a la estigmatización del sector científico. “No es una consigna vacía, es la fuerza de nuestra patria”, concluye la narración.

La alianza fue formalizada el pasado 9 de julio, tras meses de intensas negociaciones internas en el peronismo bonaerense. El acuerdo incluye la conformación de una junta electoral compartida, una lista única de apoderados y la distribución consensuada de candidaturas en los 135 municipios y las ocho secciones electorales de la provincia.

Según informaron desde el espacio, el órgano electoral estará conformado por representantes de cada sector: Carlos Bianco (Movimiento Derecho al Futuro), Leo Nardini (kirchnerismo) y Rubén Eslaiman (Frente Renovador). A su vez, la definición de las listas estará a cargo de duplas designadas por cada fuerza, quienes trabajarán de forma coordinada hasta el cierre de candidaturas el 19 de julio.

La consigna que guía esta etapa de la campaña es clara: “Unidad, fuerza y coraje para construir una alternativa”. Con esa línea, Kicillof, Kirchner y Massa buscarán dar respuesta al malestar social creciente en la provincia y disputar con fuerza el electorado que resiste las políticas libertarias.

Desde el entorno del gobernador aseguran que fue clave su insistencia en que las decisiones se tomaran en La Plata, capital política e institucional de la provincia. “La estrategia tiene que construirse desde el territorio, no desde la Ciudad de Buenos Aires”, insisten desde su círculo.

Con la presentación del primer spot, Fuerza Patria marca el inicio de una campaña que promete ser intensa. El peronismo busca reafirmar su presencia en el principal distrito electoral del país y, al mismo tiempo, ofrecer una alternativa sólida frente al rumbo económico y social del gobierno nacional.

Especialistas advierten que el faltante de gas durante la ola polar no fue un episodio aislado, sino el resultado de la falta de inversión y la imprevisión del Gobierno. Pese al superávit energético, millones de usuarios quedaron expuestos por la falta de infraestructura.

Pasado el pico de la ola de frío que dejó sin suministro de gas a hogares, industrias y estaciones de servicio en al menos siete provincias, crece la preocupación por la posibilidad de que la situación se repita. Para los expertos del sector energético, la causa no fue solo el clima extremo, sino una gestión errática y descoordinada por parte del Gobierno nacional.

El viernes pasado, la Secretaría de Energía anunció el fin de las restricciones y aseguró que las presiones en los gasoductos se habían normalizado. Sin embargo, el comunicado dejó más dudas que certezas, sobre todo en torno al restablecimiento de los contratos interrumpibles y la capacidad real del sistema para afrontar nuevos picos de consumo.

“Seguro que puede volver a pasar si ya pasó una vez”, sostuvo Martín Borenstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (CEEPyS). Según el especialista, el colapso expuso “una mala gestión ante eventuales imprevistos” y una clara “falta de previsión” tanto del ENARGAS como de las autoridades políticas.

El economista Santiago Urbiztondo, de FIEL, consideró que el problema fue “operativo”, aunque reconoció que sin inversiones adicionales y una señal clara de precios para moderar la demanda, el riesgo persiste. Aun cuando Argentina produce gas suficiente, explicó, no cuenta con un sistema de transporte adecuado para cubrir los picos de consumo.

La crisis energética golpea en un contexto de aparente abundancia: en 2024 el país registró un superávit energético superior a los 5.600 millones de dólares, y este año se consolidaron exportaciones desde Vaca Muerta hacia Brasil y otros destinos. Pero ese saldo favorable no se traduce en previsión ni mejoras para los usuarios.

El Gobierno, que proclama eficiencia y orden fiscal, mostró en este episodio las consecuencias concretas del ajuste y la desinversión en sectores estratégicos. Mientras se celebra el equilibrio de las cuentas públicas, miles de argentinos enfrentan el invierno sin garantías mínimas de suministro. Y el próximo frente frío podría volver a poner al sistema —y a la política energética del oficialismo— contra las cuerdas.

En el marco de una protesta por despidos masivos en la histórica alimenticia, la Gendarmería Nacional desalojó con violencia a los trabajadores que defienden sus puestos laborales. Denuncian al menos ocho heridos y repudian la creciente criminalización de la protesta laboral.

La Gendarmería Nacional reprimió este lunes a trabajadores de la empresa alimenticia Georgalos que realizaban una protesta en la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, en rechazo a una nueva tanda de despidos. El operativo dejó al menos ocho heridos y varios manifestantes fueron detenidos de manera preventiva, según denunciaron voceros sindicales y organizaciones de derechos humanos.

El corte, que se había iniciado de forma pacífica durante la mañana, fue respondido por las fuerzas federales con balas de goma, gases lacrimógenos y una fuerte presencia de efectivos, en un accionar que los manifestantes calificaron como desmedido. “Estábamos defendiendo nuestros puestos de trabajo y nos respondieron con palos”, denunció uno de los trabajadores afectados.

La represión ocurre en un contexto de creciente ajuste económico, caída del consumo y cierre de plantas industriales. Georgalos —una de las empresas más emblemáticas del sector alimenticio— había anunciado semanas atrás la cesantía de decenas de empleados, bajo el argumento de una supuesta “reestructuración”.

Distintos espacios sindicales y sociales responsabilizaron al gobierno nacional por el uso de fuerzas federales para sofocar la protesta.