La Cámara Nacional del Trabajo ratificó el fallo que anula artículos clave del DNU 340/25, por considerar que vulnera derechos laborales y evade el rol constitucional del Congreso. Otro traspié legal en la avanzada autoritaria del Ejecutivo.

La Justicia volvió a ponerle un freno al Poder Ejecutivo. La Cámara Nacional del Trabajo confirmó este lunes la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, con el que el gobierno de Javier Milei buscaba restringir el derecho a huelga en múltiples sectores, incluyendo la marina mercante. El tribunal consideró que el decreto es formalmente inconstitucional, carece de justificación legal y vulnera libertades fundamentales como la libertad sindical.

El fallo ratifica una decisión previa de la jueza Moira Fullana, en respuesta a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), y representa un nuevo golpe jurídico para la estrategia gubernamental de legislar por decreto sin pasar por el Congreso.

El Congreso, ignorado; los derechos, vulnerados

Los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado sostuvieron que el DNU fue dictado cuando el Congreso estaba en funciones, y que el Gobierno no acreditó una situación de emergencia que justificara eludir el proceso legislativo ordinario. “No se explican las razones por las cuales se intentó evitar el tratamiento de la cuestión en el Congreso”, señalaron los camaristas, en línea con lo expresado por la magistrada de primera instancia.

La norma pretendía ampliar arbitrariamente el listado de “servicios esenciales” —lo cual restringe el derecho a huelga— sin debate parlamentario ni participación de los actores sociales involucrados. Para el tribunal, esa medida configura una clara “usurpación de facultades legislativas”.

Una política por decreto que choca con la Constitución

Desde su asunción, Milei ha intentado gobernar a fuerza de decretos y sin diálogo con el Congreso, lo que ha provocado una seguidilla de conflictos legales. El argumento repetido de la “crisis económica y social” fue descartado nuevamente por la Justicia, que advirtió que bajo esa lógica el Congreso perdería toda su función y el Ejecutivo quedaría con poderes ilimitados.

“El problema no es qué sectores son esenciales, sino quién tiene la atribución de definirlo”, explicó uno de los magistrados. La Constitución, recordaron, reserva al Congreso la sanción de leyes de fondo, como la Ley 25.877 que regula los conflictos laborales colectivos.

Libertad sindical en riesgo

Además del vicio de forma, el fallo también apuntó a los contenidos del DNU: su ampliación del concepto de “servicio esencial” limitaba de manera directa el ejercicio del derecho a huelga y la acción sindical, contraviniendo convenios internacionales firmados por Argentina y protegidos por la Constitución Nacional.

Desde la CGT calificaron la decisión como “una victoria en defensa de los derechos conquistados” y advirtieron que seguirán resistiendo judicialmente todos los intentos de avasallamiento por parte del Ejecutivo.

Otro traspié en la ofensiva presidencial

Este fallo se suma a otros recientes donde la Justicia cuestionó o anuló disposiciones del Ejecutivo por su forma inconsulta y autoritaria de legislar. El gobierno de Milei, que acumula derrotas en el plano legislativo y judicial, insiste en forzar normas por fuera de los canales constitucionales.

Mientras el Presidente sigue celebrando en redes sociales, la Justicia recuerda que la democracia no se gobierna a golpe de tuit ni de DNU. Y que los derechos laborales no se negocian en la Casa Rosada.

Un nuevo informe de la UCA revela que el 35% de los niños en Argentina padeció inseguridad alimentaria en 2024. El 16% directamente pasó hambre. El recorte en políticas sociales, la desocupación y la falta de asistencia marcan el deterioro en un país que produce alimentos para 400 millones de personas.

En un país donde abundan los granos, la carne y la fruta, uno de cada tres niños no come lo suficiente. Según un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), más de 4,3 millones de niños y adolescentes en Argentina atravesaron inseguridad alimentaria durante 2024. El 16,5% directamente sufrió hambre severa.

El dato, dramático por sí solo, refleja una tendencia en alza que se agravó desde la asunción del gobierno de Javier Milei, que profundizó el ajuste en programas sociales, recortó comedores y congeló partidas alimentarias en nombre del “déficit cero”. Mientras se eliminan subsidios y se aplican recetas de shock económico, la infancia paga el costo más alto.

El estudio, titulado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, muestra cómo el colapso del poder adquisitivo y la desprotección estatal generaron un escenario que combina pobreza estructural con abandono institucional.

El precio del ajuste

Lejos de ser un problema nuevo, el hambre infantil se agravó a niveles récord. El informe analiza datos desde 2010, pero resalta tres momentos críticos: 2018, 2020 y el actual 2024. La diferencia, subraya el trabajo, es que hoy el Estado prácticamente se retiró del territorio: sin redes de contención, el impacto es más profundo y sostenido.

Los hogares más afectados son aquellos con empleo informal, monoparentales o con varios niños a cargo. La inestabilidad laboral y el deterioro de los ingresos configuran un mapa de riesgo en el que millones de niños no acceden a proteínas, vitaminas ni nutrientes esenciales para su desarrollo.

Consecuencias físicas y cognitivas

La inseguridad alimentaria no solo implica comer menos, sino también comer mal. La falta de nutrientes impacta en el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los chicos. La desnutrición temprana genera problemas de aprendizaje, baja talla, enfermedades crónicas e incluso mayor mortalidad infantil.

“La infancia argentina está viviendo una emergencia silenciosa, que no se ve en los titulares pero que marcará al país por generaciones”, alertó Ianina Tuñón, una de las autoras del informe.

La geografía del hambre

Hasta hace pocos años, el Área Metropolitana de Buenos Aires concentraba los casos más graves. Hoy, el hambre se federalizó: el interior del país muestra cifras similares o peores, sin el respaldo de redes comunitarias o políticas públicas. La distancia, también, es una forma de exclusión.

Hambre y precarización: el binomio del modelo

Los datos son concluyentes: entre quienes viven en hogares con trabajadores desocupados o subempleados, más de la mitad de los niños padeció inseguridad alimentaria crónica. A esto se suma el deterioro de los indicadores de empleo, informalidad y pobreza, en un contexto de recesión inducida por políticas de ajuste extremo.

Mientras el gobierno busca “achicar el Estado”, los comedores barriales no dan abasto, los alimentos no llegan y los niños, literalmente, no tienen qué comer.

Conclusión: el futuro hipotecado

En el país del pan y la carne, hay chicos que se acuestan con hambre. Y un gobierno que, en lugar de garantizar derechos, los recorta. Las cifras no son números: son nombres, historias, cuerpos en desarrollo que hoy no encuentran amparo.

En la Argentina de Milei, el sacrificio es para los más débiles. Y el futuro, si no cambia el rumbo, será más injusto y más corto.

Un informe de la UBA advierte que se perdieron casi 200 mil empleos formales y que el salario mínimo real cayó 32% desde la asunción de Javier Milei. El poder adquisitivo retrocedió a niveles de hace más de dos décadas.

En menos de un año de gestión, el gobierno de Javier Milei produjo una verdadera devastación en el mercado laboral argentino. Según un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se destruyeron casi 196 mil empleos asalariados registrados y el salario mínimo perdió un tercio de su poder adquisitivo, cayendo a valores inferiores a los del año 2001.

El relevamiento, realizado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria, muestra con crudeza el saldo social del brutal ajuste impulsado por el oficialismo: despidos masivos, precarización laboral, y una caída salarial histórica que dejó a millones de trabajadores por debajo de la línea de pobreza. “El salario mínimo real se encuentra 62% por debajo del pico alcanzado en 2011 y por debajo incluso del nivel previo a la salida de la convertibilidad”, alerta el documento.

La política económica de Milei —caracterizada por la liberalización abrupta de precios, la eliminación de subsidios y el congelamiento del gasto público— está provocando un retroceso sin precedentes en los indicadores sociales. El empleo asalariado formal, que ya mostraba señales de estancamiento a fines de 2023, entró en una espiral descendente que arrastró a todos los sectores: Estado, empresas privadas y trabajo en casas particulares.

En marzo de 2025, el total de empleos formales registrados se ubicó en 10,1 millones, con una pérdida acumulada de 195.900 puestos desde que Milei llegó a la Casa Rosada. Solo en el sector público se recortaron 58 mil empleos desde noviembre, en un intento deliberado por desmantelar áreas clave del Estado sin ninguna planificación social. Las empleadas domésticas, uno de los colectivos más vulnerables, sufrieron una caída del 11,7% en sus puestos de trabajo en menos de dos años.

El sector privado también sintió el impacto del ajuste. En marzo de este año, se registraron 115.300 empleos menos que al inicio del gobierno, lo que sitúa al empleo formal privado en niveles similares a los de 2018, año de crisis durante la gestión de Mauricio Macri. El modelo Milei repite, profundiza y multiplica los mismos errores que ya fracasaron.

Pero la caída del empleo no es el único dato alarmante. El salario mínimo, vital y móvil se desplomó un 32% en términos reales, ubicándose por debajo del umbral de subsistencia. A pesar de leves repuntes mensuales, el poder adquisitivo actual está muy lejos de recuperar lo perdido. “Es una de las caídas más abruptas en dos décadas”, señala el informe.

Las remuneraciones promedio del sector privado tampoco escaparon a este deterioro. Entre noviembre de 2023 y abril de 2025, el salario real bajó 1,2%, con un ingreso promedio de $1.594.900 que, medido contra la inflación, equivale a un 17,6% menos que en el punto más alto de la serie histórica (mayo de 2013).

En resumen, el primer año y medio de Milei se tradujo en una transferencia brutal de ingresos desde los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía. Mientras se aplica un ajuste que empobrece y excluye, el discurso oficial insiste en hablar de “libertad” y “orden”, ignorando deliberadamente las consecuencias humanas de su programa económico.

Para los autores del informe, los datos revelan un deterioro sostenido y generalizado que no encuentra antecedentes cercanos. “El modelo actual no solo no mejora la situación del mercado laboral, sino que la empeora estructuralmente”, concluyen. El resultado es una sociedad al borde del colapso social, con un Estado ausente, salarios pulverizados y empleo en retroceso. La libertad, para la mayoría, se convirtió en sobrevivir.

El primer video de campaña del frente opositor pone el foco en trabajadores, jubilados y científicos. Kicillof, Máximo Kirchner y Massa apuestan a la unidad para disputar el rumbo del país en las elecciones bonaerenses.

Con un video que apela a la emoción y pone en el centro a los sectores golpeados por las políticas del gobierno nacional, Fuerza Patria lanzó oficialmente su campaña electoral de cara a las próximas elecciones legislativas bonaerenses. El flamante frente, integrado por Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, apuesta a consolidar un mensaje de unidad y resistencia en medio del ajuste impulsado por el presidente Javier Milei.

“Fuerza Patria no es una consigna vacía. Es la fuerza que somos cuando nos juntamos”, abre el spot de más de un minuto, que fue difundido a través de las redes sociales del líder del Frente Renovador. A lo largo del video, se suceden imágenes de trabajadores, médicos, jubilados y científicos, mientras una voz en off señala: “Es la fuerza de quienes enfrentan la crueldad del ajuste y siguen adelante”.

El material no elude los cuestionamientos al oficialismo nacional: hace alusión a la represión a jubilados que reclaman por sus haberes, a la precarización de los trabajadores de la salud y a la estigmatización del sector científico. “No es una consigna vacía, es la fuerza de nuestra patria”, concluye la narración.

La alianza fue formalizada el pasado 9 de julio, tras meses de intensas negociaciones internas en el peronismo bonaerense. El acuerdo incluye la conformación de una junta electoral compartida, una lista única de apoderados y la distribución consensuada de candidaturas en los 135 municipios y las ocho secciones electorales de la provincia.

Según informaron desde el espacio, el órgano electoral estará conformado por representantes de cada sector: Carlos Bianco (Movimiento Derecho al Futuro), Leo Nardini (kirchnerismo) y Rubén Eslaiman (Frente Renovador). A su vez, la definición de las listas estará a cargo de duplas designadas por cada fuerza, quienes trabajarán de forma coordinada hasta el cierre de candidaturas el 19 de julio.

La consigna que guía esta etapa de la campaña es clara: “Unidad, fuerza y coraje para construir una alternativa”. Con esa línea, Kicillof, Kirchner y Massa buscarán dar respuesta al malestar social creciente en la provincia y disputar con fuerza el electorado que resiste las políticas libertarias.

Desde el entorno del gobernador aseguran que fue clave su insistencia en que las decisiones se tomaran en La Plata, capital política e institucional de la provincia. “La estrategia tiene que construirse desde el territorio, no desde la Ciudad de Buenos Aires”, insisten desde su círculo.

Con la presentación del primer spot, Fuerza Patria marca el inicio de una campaña que promete ser intensa. El peronismo busca reafirmar su presencia en el principal distrito electoral del país y, al mismo tiempo, ofrecer una alternativa sólida frente al rumbo económico y social del gobierno nacional.

Especialistas advierten que el faltante de gas durante la ola polar no fue un episodio aislado, sino el resultado de la falta de inversión y la imprevisión del Gobierno. Pese al superávit energético, millones de usuarios quedaron expuestos por la falta de infraestructura.

Pasado el pico de la ola de frío que dejó sin suministro de gas a hogares, industrias y estaciones de servicio en al menos siete provincias, crece la preocupación por la posibilidad de que la situación se repita. Para los expertos del sector energético, la causa no fue solo el clima extremo, sino una gestión errática y descoordinada por parte del Gobierno nacional.

El viernes pasado, la Secretaría de Energía anunció el fin de las restricciones y aseguró que las presiones en los gasoductos se habían normalizado. Sin embargo, el comunicado dejó más dudas que certezas, sobre todo en torno al restablecimiento de los contratos interrumpibles y la capacidad real del sistema para afrontar nuevos picos de consumo.

“Seguro que puede volver a pasar si ya pasó una vez”, sostuvo Martín Borenstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (CEEPyS). Según el especialista, el colapso expuso “una mala gestión ante eventuales imprevistos” y una clara “falta de previsión” tanto del ENARGAS como de las autoridades políticas.

El economista Santiago Urbiztondo, de FIEL, consideró que el problema fue “operativo”, aunque reconoció que sin inversiones adicionales y una señal clara de precios para moderar la demanda, el riesgo persiste. Aun cuando Argentina produce gas suficiente, explicó, no cuenta con un sistema de transporte adecuado para cubrir los picos de consumo.

La crisis energética golpea en un contexto de aparente abundancia: en 2024 el país registró un superávit energético superior a los 5.600 millones de dólares, y este año se consolidaron exportaciones desde Vaca Muerta hacia Brasil y otros destinos. Pero ese saldo favorable no se traduce en previsión ni mejoras para los usuarios.

El Gobierno, que proclama eficiencia y orden fiscal, mostró en este episodio las consecuencias concretas del ajuste y la desinversión en sectores estratégicos. Mientras se celebra el equilibrio de las cuentas públicas, miles de argentinos enfrentan el invierno sin garantías mínimas de suministro. Y el próximo frente frío podría volver a poner al sistema —y a la política energética del oficialismo— contra las cuerdas.

En el marco de una protesta por despidos masivos en la histórica alimenticia, la Gendarmería Nacional desalojó con violencia a los trabajadores que defienden sus puestos laborales. Denuncian al menos ocho heridos y repudian la creciente criminalización de la protesta laboral.

La Gendarmería Nacional reprimió este lunes a trabajadores de la empresa alimenticia Georgalos que realizaban una protesta en la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, en rechazo a una nueva tanda de despidos. El operativo dejó al menos ocho heridos y varios manifestantes fueron detenidos de manera preventiva, según denunciaron voceros sindicales y organizaciones de derechos humanos.

El corte, que se había iniciado de forma pacífica durante la mañana, fue respondido por las fuerzas federales con balas de goma, gases lacrimógenos y una fuerte presencia de efectivos, en un accionar que los manifestantes calificaron como desmedido. “Estábamos defendiendo nuestros puestos de trabajo y nos respondieron con palos”, denunció uno de los trabajadores afectados.

La represión ocurre en un contexto de creciente ajuste económico, caída del consumo y cierre de plantas industriales. Georgalos —una de las empresas más emblemáticas del sector alimenticio— había anunciado semanas atrás la cesantía de decenas de empleados, bajo el argumento de una supuesta “reestructuración”.

Distintos espacios sindicales y sociales responsabilizaron al gobierno nacional por el uso de fuerzas federales para sofocar la protesta.

Referentes de Cuba, Argentina y Chile dialogaron sobre los lazos históricos de lucha anticolonialista, la solidaridad entre los pueblos del Sur global y los lazos existentes entre Argelia y América Latina.

Por Santiago Masetti/ En el marco del 63º aniversario de la independencia de Argelia, AL24news TV emitió este sábado una edición especial en español titulada “Argelia-América Latina: herencia de lucha y compromisos de defensa de los pueblos oprimidos”. Participaron tres referentes latinoamericanos: la médica cubana Aleida Guevara, el analista político chileno Esteban Silva Cuadra y el cineasta argentino Néstor Suleimán.

La transmisión abordó el legado de la revolución argelina, su proyección internacional y la influencia decisiva que tuvo en las luchas emancipadoras del Tercer Mundo, particularmente en América Latina.

Aleida Guevara, hija del Che, afirmó que la revolución argelina provocó una ola de entusiasmo en los pueblos latinoamericanos. “Las culturas pueden ser diferentes, pero las necesidades son las mismas: libertad, soberanía, dignidad”, sostuvo.

Desde Argentina, el cineasta Néstor Suleimán relató la experiencia de Roberto Muñiz, obrero metalúrgico argentino que participó en la resistencia armada argelina y se radicó en el país magrebí tras la independencia. “Su historia de compromiso internacionalista sigue inspirando a generaciones de militantes”, afirmó. También trazó paralelismos con el movimiento nacional argentino y destacó el rol solidario de Argelia durante las dictaduras del Cono Sur.

Por su parte, Esteban Silva Cuadra destacó el impacto de la revolución argelina en Chile y la temprana formación de comités solidarios desde 1954. Señaló la relevancia del Movimiento de No Alineados y la Tricontinental, así como la nacionalización de recursos naturales como conquista compartida entre Argelia y varios países latinoamericanos.

El dirigente chileno también dejó una definición categórica: “La revolución argelina no es solo una página gloriosa del pasado: es un faro para todos los pueblos que aún luchan por su soberanía. Frente al neocolonialismo y la dominación global, Argelia representa una prueba viva de que la dignidad de los pueblos no se negocia”.

Los tres invitados coincidieron en la necesidad de renovar el legado revolucionario, fortalecer la unidad entre pueblos y defender causas vigentes como la del pueblo palestino y el Sahara Occidental.

“La revolución no es un momento, es un proceso permanente”, afirmó Guevara. Suleimán llamó a la juventud a recuperar la mística revolucionaria, mientras que Silva instó a los jóvenes argelinos a sentirse orgullosos de su historia: “No hay poder imperial que pueda contra un pueblo decidido a ser libre”.

El socavamiento financiero a las provincias y las exigencias partidarias impuestas desde Buenos Aires enfrían los acuerdos distritales. El “libertarismo puro” choca con los intereses de los gobernadores aliados.

El sociólogo, investigador de sociedad, cultura y religiones, Fortunato Mallimaci, dialogó con Caballero de día acerca de los vínculos entre la política y la religión en el gobierno de Javier Milei y las implicancias institucionales de su discurso mesiánico.

El experimento electoral que La Libertad Avanza pretende replicar en las provincias comienza a evidenciar grietas. Gobernadores que hasta hace poco se mostraban abiertos al diálogo con la Casa Rosada ahora se repliegan, molestos por las imposiciones de Karina Milei y la falta de respuestas ante las urgencias financieras locales.

Mientras desde Buenos Aires se pretende imponer nombre, color y listas en cada distrito, los aliados naturales del oficialismo nacional encuentran cada vez menos motivos para subordinar sus marcas locales a un sello que, más allá del éxito en la Ciudad, no ha logrado tracción masiva en el interior.

La negativa del radical Gustavo Valdés en Corrientes a sellar una alianza electoral con el Gobierno marcó un punto de inflexión. En la Rosada temen un “efecto contagio” entre gobernadores que hasta ahora sostenían con pinzas su cercanía a la administración libertaria.

El pedido de Milei no es menor: que todos los frentes provinciales se llamen La Libertad Avanza, lleven el color violeta y se construyan sobre las condiciones impuestas desde Capital. Para fuerzas con poder territorial consolidado –como la UCR en Mendoza o Corrientes–, el costo simbólico y operativo resulta desproporcionado frente a los beneficios inciertos.

En paralelo, la presión fiscal, la eliminación de transferencias discrecionales y la paralización de obras nacionales alimentan el malestar incluso entre los mandatarios más permeables al armado electoral libertario. Gobernadores como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) o Claudio Poggi (San Luis) exigen garantías económicas que el Ejecutivo no parece dispuesto a ofrecer.

La situación se agrava por las internas dentro del propio oficialismo. En provincias como Chaco o Córdoba, los armados están cruzados por tensiones sobre las listas y los liderazgos. Mientras tanto, en la Ciudad, el laboratorio libertario prepara su apuesta fuerte: enfrentar al PRO con una boleta encabezada posiblemente por Patricia Bullrich para el Senado, como parte de la guerra fría entre los hermanos Milei y Jorge Macri.

En resumen, lo que en 2023 fue un aluvión electoral disruptivo, en 2025 podría transformarse en una fuerza encerrada en su propio diseño centralista, sin capacidad real de seducir a los jefes territoriales que le dieron aire en el Congreso. La supuesta “federación de libertarios” corre el riesgo de deshilacharse antes de ver la luz.

La acusan de ordenar detenciones arbitrarias y allanamientos violentos por un hecho que no constituye delito penal. La denuncia ya fue presentada ante el Consejo de la Magistratura.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado quedó en el centro de una fuerte polémica tras ser denunciada ante el Consejo de la Magistratura por ordenar la detención de cinco militantes en un operativo calificado como “desproporcionado, violento e injustificable” por consejeros y dirigentes de la oposición.

La presentación fue impulsada por los consejeros Vanesa Siley y Mariano Recalde, quienes acusaron a la magistrada de utilizar la estructura judicial como herramienta de persecución política. “Se trata de un caso de abuso de poder gravísimo. Se allanaron viviendas de madrugada, se detuvo a mujeres y militantes sociales sin elementos que justifiquen esas decisiones, y se las trasladó a cárceles de máxima seguridad como si fueran peligrosas delincuentes”, denunciaron.

Los hechos que motivaron la detención de Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes —todas personas vinculadas a espacios del peronismo— no representan, según los denunciantes, ningún tipo penal. “A lo sumo, se trata de una contravención municipal, pero Arroyo Salgado decidió tratarlas como criminales. Eso es persecución política disfrazada de legalidad”, apuntó Recalde.

Siley, por su parte, subrayó la gravedad institucional del caso: “Se usaron recursos del Estado para montar un espectáculo judicial, se las incomunicó, se las maltrató y no se brindó ninguna información concreta porque el expediente permanece bajo secreto de sumario. Es un uso autoritario del poder judicial para amedrentar a la militancia”.

La denuncia ya ingresó formalmente al Consejo de la Magistratura, donde los consejeros esperan un pronto tratamiento. “Tenemos ciudadanas y ciudadanos detenidos ilegalmente por razones políticas. Arroyo Salgado no puede seguir escondiéndose detrás del cargo”, insistieron.

La situación se suma a un clima de creciente tensión en el frente judicial, con denuncias de represión, espionaje, lawfare y un Poder Judicial cada vez más alineado con los sectores más duros del oficialismo. La figura de Arroyo Salgado —exesposa de Alberto Nisman y con historial de intervenciones controversiales— vuelve a quedar bajo la lupa.

Por Santiago Masetti/ Con un importante homenaje en el Centro Cultural de Carabineros, la embajada de Argelia conmemoró el 63º aniversario de su independencia. La embajadora Faiza Rahim Latrous reafirmó el compromiso de su país con las causas saharaui y palestina.

En un acto cargado de solidaridad y fraternidad internacional, la embajada de Argelia en Chile celebró este jueves el Día de la Independencia de su país, al conmemorarse 63 años de la gesta histórica que puso fin al colonialismo francés en 1962. La ceremonia tuvo lugar en el Centro Cultural de Carabineros de Santiago de Chile y contó con la presencia de representantes diplomáticos, autoridades locales, referentes políticos locales y miembros de la comunidad internacional.

Durante su discurso, la embajadora Faiza Rahim Latrous evocó la lucha heroica del pueblo argelino por su libertad y destacó el carácter ejemplar de ese proceso de descolonización: “La independencia de Argelia no es solo una fecha para la memoria nacional, es también una inspiración para todos los pueblos que luchan por su autodeterminación”.

En ese sentido, Latrous expresó el respaldo firme de Argelia a las causas del pueblo saharaui y del pueblo palestino, reafirmando la tradición diplomática argelina de apoyo a los movimientos de liberación nacional.

Esteban Silva Cuadra, presidente del Movimiento del Socialismo Allendista de Chile, referente de la Asociación Chilena de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática e integrante de la Asociación Internacional de Amigos de la Revolución Argelina, expresó a través de sus redes sociales: “Desde Chile, abrazamos al pueblo argelino que conquistó su independencia de manera heroica y ejemplar, inspiración para los pueblos libres y soberanos del mundo”.

La jornada incluyó intervenciones culturales, interpretaciones musicales y una recepción que unió a las delegaciones presentes bajo el signo de la solidaridad y el anticolonialismo.