Tras nuevas movilizaciones contra las redadas contra los inmigrantes en esa ciudad estadounidense, la alcaldesa Karen Bass decretó el toque de queda en el centro de la ciudad. La medida generó rechazo de organizaciones civiles que lo calificaron como un intento de silenciar el reclamo popular frente al avance represivo del gobierno federal.

En medio de un creciente clima de tensión social, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, impuso este miércoles un toque de queda en el centro de la ciudad, argumentando la necesidad de “restaurar el orden” tras las manifestaciones masivas en rechazo a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida, que rige entre las 20:00 y las 06:00 horas, abarca una amplia zona del distrito central y fue recibida con duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian una escalada represiva sin precedentes

Las movilizaciones comenzaron hace cinco días, luego de que ICE intensificara su accionar en comunidades latinas, con operativos denunciados como violentos y sin control judicial efectivo. La respuesta fue inmediata: marchas multitudinarias, ocupaciones pacíficas y bloqueos de rutas, como el registrado en la autopista 101. En lugar de abrir canales de diálogo, la alcaldía optó por cerrar calles y restringir libertades.

“El mensaje es claro: cuando el pueblo se organiza, el poder responde con represión”, sostuvo en conferencia de prensa Luz Martínez, vocera de la Red de Comunidades Inmigrantes del Sur de California. “Este toque de queda es una cortina de humo para no hablar de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo a diario”, agregó.

Aunque el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) aseguró que la medida excluye a residentes, personal médico, periodistas y personas en situación de calle, en los hechos ya se registraron detenciones de manifestantes y denuncias por uso excesivo de la fuerza, según constató la ONG JusticeLA.

El trasfondo político y social no es menor: la administración federal endureció su política migratoria con detenciones masivas en barrios populares, muchas veces sin respetar el debido proceso. En ciudades como Los Ángeles, con fuerte presencia de comunidades migrantes, el impacto es inmediato y profundo.

La respuesta de la población –particularmente de jóvenes, estudiantes y trabajadores organizados– ha sido sostenida y contundente. “Están tratando de instalar miedo, pero lo único que logran es alimentar nuestra determinación”, señaló Esteban Torres, uno de los voceros de la protesta frente al Ayuntamiento.

Referentes sociales advierten que el toque de queda podría extenderse si persisten las movilizaciones. Mientras tanto, crece la presión sobre la alcaldesa para que levante la medida y dialogue con los sectores movilizados, en lugar de criminalizar el conflicto social.

Los Ángeles vuelve a ser escenario de una puja histórica: represión estatal versus organización popular. Y esta vez, la comunidad migrante está decidida a no retroceder.

Estudiantes, organizaciones políticas y dirigentes de izquierda llamaron a un plan de lucha y movilización en defensa de la democracia.

La confirmación unánime del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia provocó una reacción inmediata en el ámbito universitario: las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvieron tomar sus edificios en respaldo a la expresidenta y en rechazo a lo que consideran “un golpe judicial contra la democracia”.

El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme la condena por administración fraudulenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La resolución llegó tan solo días después de que Kirchner anunciara su candidatura a diputada provincial, lo que para amplios sectores del arco político representa un acto de proscripción.

El centro de estudiantes de Sociales de la UBA lo expresó en un mensaje contundente: “EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA. ESTUDIANTES CON CRISTINA. FACULTAD TOMADA”. En tanto, en Filosofía y Letras también se aprobó la medida en asamblea, y se espera que otras facultades de la UBA y universidades del conurbano se sumen en las próximas horas.

Dirigentes del Frente de Izquierda, entre ellos Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Christian “Chipi” Castillo, se acercaron a la sede del Partido Justicialista (PJ) y, según trascendió, luego mantuvieron una reunión con la expresidenta en su domicilio. A la salida, llamaron a movilizarse en universidades, sindicatos y acompañar la marcha de jubilados del miércoles.

La jornada había comenzado con vigilia en el barrio de Recoleta, donde cientos de personas se congregaron en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria. Allí, el padre Paco encabezó una oración colectiva con una frase que resumió el clima del día: “No proscribirán nuestra esperanza”.

El fallo de la Corte, considerado por amplios sectores como parte de una estrategia de disciplinamiento político, abre un nuevo capítulo de conflictividad social y política. Para muchos, el mensaje es claro: el poder judicial, en alianza con el gobierno de Javier Milei, acaba de avanzar sobre la voluntad popular. La respuesta comenzó en las universidades. Y promete escalar.

Los trabajadores del Hospital Garrahan lanzan una medida de fuerza ante la indiferencia oficial y la falta de propuestas salariales concretas.

El Hospital Garrahan atraviesa un conflicto en escalada: sus trabajadores anunciaron un paro total de 48 horas desde este martes, exigiendo una urgente recomposición salarial frente a sueldos que califican como “de miseria” y un proceso de vaciamiento institucional.

La medida se confirmó luego de una audiencia sin representantes de peso del gobierno nacional, donde solo asistieron directores administrativos del hospital que dijeron “enterarse” del conflicto para elevarlo al Concejo de Administración. La falta de oferta y compromiso oficial provocó un rechazo absoluto de los gremios ATE y APYT.

Además, el miércoles a las 16, los trabajadores marcharán desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo para exigir respuestas, en un contexto de creciente desconfianza hacia el Ejecutivo.

Norma Lezana, secretaria general de APYT, fue tajante: “La propuesta fue cero. No hay voluntad política para resolver el conflicto”. Rodolfo Aguiar, de ATE, señaló: “Solo vinieron a escucharnos para hacer caja, no para dar soluciones. El Gobierno abandona a los trabajadores del Garrahan y a la salud pública”.

El paro y la movilización reflejan la crisis que atraviesa uno de los centros pediátricos más importantes del país, que enfrenta no solo la precarización salarial sino también un sostenido deterioro de recursos y condiciones laborales, sin respuestas oficiales a la vista.

Expresidentes, juristas y referentes de América Latina y Europa denunciaron graves irregularidades en la causa Vialidad y exigieron garantías para el ejercicio pleno de los derechos políticos de la exmandataria.

A la espera de una definición de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad, el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) lanzaron una campaña global en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y denunciaron una persecución judicial que, de avanzar, “no solo afectará a una persona inocente, sino al peronismo y al sistema democrático argentino”.

En un documento firmado por expresidentes, líderes políticos y destacados juristas, los espacios señalaron que el proceso judicial contra la exmandataria está “viciado de parcialidad y arbitrariedad” y remarcaron que la condena dictada por el tribunal oral “fue construida sin pruebas directas ni indiciarias, violando garantías constitucionales elementales”.

“La causa fue impulsada desde el gobierno de Mauricio Macri con fines políticos. Se aplicaron teorías jurídicas forzadas para responsabilizar a Cristina por decisiones administrativas de funcionarios subalternos, en una clara desviación del principio de legalidad”, sostiene el comunicado.

El pronunciamiento también alerta sobre los efectos institucionales de una eventual confirmación del fallo. “Si la Corte Suprema convalida esta condena sin revisión, se consolidaría una práctica judicial que anula el derecho a la defensa y limita la participación política de una figura central de la oposición”, advirtieron.

Además, señalaron que la intención de excluir a Fernández de Kirchner del escenario electoral busca “disciplinar a quienes promueven la justicia social” y “desmoralizar al electorado”, generando “una alteración grave del equilibrio democrático”.

La declaración concluye con un llamado a la comunidad internacional a observar el proceso y a rechazar toda forma de lawfare. “Condenar a una persona sin pruebas es atentar contra el Estado de Derecho. ¡Exigimos justicia y respeto por la democracia!”, afirmaron.

Entre los firmantes se destacan José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia), Baltasar Garzón (España), Marco Enríquez-Ominami (Chile) e Irene Montero (España), entre otros.

Si la Corte avanza con una decisión judicial arbitraria, se decretará una huelga general, se saldrá a las calles y se cortarán autopistas en todo el país.

Así lo aseguró el diputado nacional de Unión por la Patria y secretario adjunto de SMATA, Mario “Paco” Manrique, en declaraciones a Siempre es hoy, al referirse al escenario que podría abrirse ante un fallo adverso de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner.

“Estamos organizándonos con otras agrupaciones, dentro del PJ y fuera de él. Si toman una decisión arbitraria contra Cristina, vamos a hacerlo sentir en la calle. No podemos permitir que un poder del Estado ponga en jaque la calidad democrática de la Nación, sólo por intereses políticos”, advirtió el dirigente sindical, que ratificó el compromiso del movimiento obrero con la defensa de los liderazgos populares y el Estado de Derecho.

Manrique planteó que lo que está en discusión excede a una figura individual: “Todos los laburantes y los compañeros tienen que entender que la democracia es un bien común que debemos cuidar entre todos. Esto no es un tema de Cristina y nada más. Porque hoy puede ser Cristina, pero si esto lo permitimos en silencio, dentro de tres meses le empiezan una causa a otro dirigente, y en 2027 estamos en la misma situación. Así le puede pasar a cualquier representante del campo nacional y popular”.

El diputado confirmó que varios sindicatos ya acordaron una línea de acción ante una eventual medida contra la expresidenta. “Estamos estudiando, en caso de que se cometa una injusticia de esa magnitud —como encarcelar a Cristina con una causa judicial armada— decretar una huelga, salir a las calles, cortar las autopistas. No vamos a mirar para otro lado”, afirmó.

“Muchos gremios ya definimos que si esto se lleva adelante, pararemos, nos movilizaremos y enfrentaremos las consecuencias que tengamos que enfrentar. Esta pelea no es sólo por una persona, es por la democracia argentina”, concluyó Manrique.

Con aumentos de hasta el 2,8%, las tarifas de gas vuelven a subir desde junio. Las resoluciones del ENARGAS ratifican la línea del Ejecutivo: menos subsidios, más ajuste, sin importar el impacto en los hogares.

Las tarifas de gas natural sufrirán un nuevo incremento este mes, con subas que oscilan entre el 2,6% y el 2,8% en todo el país. La medida quedó oficializada este viernes mediante una serie de resoluciones publicadas por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en el Boletín Oficial.

El ajuste se aplicará sobre los servicios de transporte y distribución, como parte de los esquemas definidos en las revisiones tarifarias quinquenales que el organismo viene impulsando. “Las tarifas correspondientes al segmento de transporte y distribución de gas natural deberán ser incrementadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales llevadas adelante por el ENARGAS”, se lee en uno de los textos oficiales.

El aumento se suma a la reciente actualización del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que compone otro eslabón en la cadena de aumentos que repercuten directamente en las facturas que recibirán los usuarios en junio.

La política energética del gobierno transita por un camino sin escalas hacia la eliminación total de subsidios, en una estrategia que combina la necesidad de achicar el déficit fiscal con una apuesta peligrosa: trasladar el costo completo de los servicios públicos a una ciudadanía cada vez más asfixiada por la recesión y la caída del poder adquisitivo.

El ajuste tarifario avanza mientras el Ejecutivo intenta contener un frente social cada vez más caliente y evalúa sus próximos pasos en un contexto marcado por el desgaste político y el descontento popular. La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿hasta dónde se puede seguir ajustando sin romperlo todo?

En una jugada de alto voltaje político, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió al centro del tablero con una serie de gestos concretos hacia la unidad del peronismo bonaerense.

Con su característico olfato para la coyuntura, la ex mandataria se reunió con el diputado Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof para definir los primeros trazos de la estrategia electoral del peronismo de cara a las elecciones próximas.

El encuentro, que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, no fue una simple foto. Según confirmaron fuentes con acceso directo a la reunión, Cristina promovió la conformación de una comisión política común que articule los diversos sectores del peronismo provincial. El objetivo es claro: cerrar filas frente al avance de La Libertad Avanza y sus aliados del PRO.

El gesto no pasó desapercibido. En medio de versiones que buscaban sembrar fractura, la líder del espacio dio una señal inequívoca de construcción colectiva. Su reciente lanzamiento como candidata a legisladora bonaerense por la Tercera Sección fue solo el primer paso. Ahora avanza en la arquitectura política con una lógica integradora.

Kicillof, por su parte, valoró el gesto y expresó la necesidad de “organizar el campo popular en defensa de la provincia, del trabajo y de los derechos sociales que están bajo ataque”. La reunión también sirvió para retomar una interlocución política que, si bien no estuvo rota, venía atravesada por diferencias internas y tensiones acumuladas.

Fuentes cercanas a Máximo Kirchner destacaron que “hay voluntad de ordenar” y que Cristina “está decidida a intervenir personalmente para evitar la dispersión”. La comisión que surgirá del encuentro estará integrada por referentes de confianza de todos los espacios en disputa, con la misión de consensuar listas y propuestas programáticas.

Lejos de la retirada que algunos analistas vaticinaron, Cristina Fernández de Kirchner vuelve a mostrar su capacidad para leer el clima político y responder con reflejos de conducción. Frente al discurso del odio, el ajuste y la motosierra, su apuesta es una sola: unidad para frenar el deterioro y volver a representar a las mayorías.

“No es momento de dividir, es momento de construir”, aseguró uno de los participantes del encuentro. A juzgar por los gestos, Cristina lo entendió antes que nadie.

Mientras el Gobierno nacional insiste en negar el drama social y tildar de “políticos” los reclamos por salarios dignos, los datos oficiales del INDEC desmienten su relato: en abril, una familia tipo necesitó $1.119.429 para no caer en la pobreza.

El umbral individual, por su parte, se ubicó en $359.243. Esto significa que, según el propio Estado, un adulto debería sobrevivir con al menos $12.000 diarios sólo para cubrir lo esencial. Ni alquiler, ni transporte, ni educación ni salud están contemplados en este cálculo.

Los datos desnudan la crudeza del ajuste: en apenas un año, la Canasta Básica Total aumentó un 34%. Y eso, con una metodología de medición que sigue anclada en los patrones de consumo del año 2004, cuando ni los servicios digitales ni los medicamentos crónicos tenían el peso actual en la economía de los hogares.

Pese a esto, referentes del oficialismo como la diputada libertaria Juliana Santillán minimizaron las protestas de los médicos residentes del Hospital Garrahan, que exigen salarios por encima de la línea de pobreza, al asegurar que “el reclamo es político”.

El contraste es brutal: mientras los hospitales públicos enfrentan recortes y sus trabajadores deben endeudarse para comer, el discurso oficial se refugia en un negacionismo económico que la propia estadística estatal dinamita.

El Gobierno pide paciencia y promesas, pero los números son inapelables: en la Argentina de Milei, trabajar no garantiza comer.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof estrecharon lazos con una reunión clave en la Ciudad de Buenos Aires para consolidar una estrategia electoral conjunta en la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, refleja un claro gesto de unidad frente a las amenazas que emergen del avance de La Libertad Avanza y el PRO, fuerzas que buscan arrebatar el control en la principal jurisdicción electoral del país. Este encuentro fue el segundo contacto directo entre los referentes en menos de una semana, luego de un primer diálogo telefónico que sirvió para limar asperezas y afianzar la coordinación.

Pese a las tensiones del pasado, donde Axel Kicillof mantuvo distancia pública en momentos claves dentro del Partido Justicialista, la necesidad de presentar un frente unido ante el desafío electoral superó las diferencias. La presencia de Máximo Kirchner en la reunión reforzó el mensaje de cohesión y compromiso político en torno al proyecto que impulsa el oficialismo.

Mientras tanto, en la calle y en el terreno político, la oposición intensifica su campaña. Los libertarios, confiados en captar votos en la Tercera Sección Electoral, apuestan por candidaturas pegadas al partido de Macri y a operadores mediáticos de poca monta. Sin embargo, el movimiento peronista responde con señales claras de fortaleza interna, comenzando por la propia foto de unidad de sus principales figuras.

La estrategia apunta a neutralizar la dispersión del voto y consolidar el apoyo en cada uno de los distritos, conscientes de que los comicios de septiembre y octubre serán decisivos para definir la correlación de fuerzas en el Congreso.

Con esta reunión, Cristina, Máximo y Kicillof envían un mensaje contundente: ante la amenaza opositora, la respuesta es la unidad y la coordinación firme, sellando una alianza que, en los próximos meses, buscará imponerse en la provincia más decisiva del país.

La recaudación se hundió en términos reales. El desplome de Ganancias y la baja del IVA explican gran parte del retroceso.

La recaudación tributaria de mayo totalizó $15,9 billones, según datos oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Aunque en términos nominales implicó una suba del 18,6% respecto al mismo mes del año anterior, el incremento quedó muy por debajo de la inflación interanual estimada en 47,3%, lo que representa una caída real del 19,5%.

De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), incluso sin considerar el impacto del Impuesto a las Ganancias —que en 2023 había registrado ingresos extraordinarios por la devaluación de diciembre—, el retroceso real fue del 2,4%.

El principal factor de la caída fue el desplome del Impuesto a las Ganancias, que recaudó $4,4 billones pero registró una merma real cercana al 39%. En contraste, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mostró una mejora real del 3%, aunque especialistas advierten que ese repunte es débil debido a que se compara contra una base de baja actividad económica.

El Impuesto al Cheque alcanzó los $1,1 billones, con una suba nominal del 76%. Desde ARCA explicaron que parte del aumento se debe a un corrimiento del calendario de vencimientos, que trasladó ingresos de abril a mayo.

Los recursos de la Seguridad Social crecieron 64,1%, impulsados por la suba en la remuneración bruta promedio, mientras que el impuesto a los combustibles tuvo un alza interanual del 99,1%, con ingresos por $376.026 millones. Bienes Personales también registró un incremento del 61,5%.

En cuanto al comercio exterior, los Derechos de Exportación mostraron un desempeño negativo, con una baja real del 35,9% y una recaudación de $594.550 millones. Según fuentes oficiales, el esquema actual no incentiva la liquidación de divisas. Por el contrario, los aranceles a la importación crecieron 72% nominal y 19,3% real, con ingresos por $465.294 millones, favorecidos por una reactivación parcial de compras de bienes durables.

La eliminación del Impuesto PAIS, que había generado $563.100 millones en mayo de 2024, también influyó en la caída. A esto se suman otros factores como la reducción de impuestos internos, la reactivación de certificados de exclusión desde marzo de 2025, y la baja en las percepciones aduaneras de IVA y Ganancias.

Desde ARCA señalaron que, aunque parte de la política tributaria busca incentivar el comercio exterior, el esquema vigente aún no logra revertir la caída estructural de los ingresos.