En una jugada de alto voltaje político, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió al centro del tablero con una serie de gestos concretos hacia la unidad del peronismo bonaerense.

Con su característico olfato para la coyuntura, la ex mandataria se reunió con el diputado Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof para definir los primeros trazos de la estrategia electoral del peronismo de cara a las elecciones próximas.

El encuentro, que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, no fue una simple foto. Según confirmaron fuentes con acceso directo a la reunión, Cristina promovió la conformación de una comisión política común que articule los diversos sectores del peronismo provincial. El objetivo es claro: cerrar filas frente al avance de La Libertad Avanza y sus aliados del PRO.

El gesto no pasó desapercibido. En medio de versiones que buscaban sembrar fractura, la líder del espacio dio una señal inequívoca de construcción colectiva. Su reciente lanzamiento como candidata a legisladora bonaerense por la Tercera Sección fue solo el primer paso. Ahora avanza en la arquitectura política con una lógica integradora.

Kicillof, por su parte, valoró el gesto y expresó la necesidad de “organizar el campo popular en defensa de la provincia, del trabajo y de los derechos sociales que están bajo ataque”. La reunión también sirvió para retomar una interlocución política que, si bien no estuvo rota, venía atravesada por diferencias internas y tensiones acumuladas.

Fuentes cercanas a Máximo Kirchner destacaron que “hay voluntad de ordenar” y que Cristina “está decidida a intervenir personalmente para evitar la dispersión”. La comisión que surgirá del encuentro estará integrada por referentes de confianza de todos los espacios en disputa, con la misión de consensuar listas y propuestas programáticas.

Lejos de la retirada que algunos analistas vaticinaron, Cristina Fernández de Kirchner vuelve a mostrar su capacidad para leer el clima político y responder con reflejos de conducción. Frente al discurso del odio, el ajuste y la motosierra, su apuesta es una sola: unidad para frenar el deterioro y volver a representar a las mayorías.

“No es momento de dividir, es momento de construir”, aseguró uno de los participantes del encuentro. A juzgar por los gestos, Cristina lo entendió antes que nadie.

Mientras el Gobierno nacional insiste en negar el drama social y tildar de “políticos” los reclamos por salarios dignos, los datos oficiales del INDEC desmienten su relato: en abril, una familia tipo necesitó $1.119.429 para no caer en la pobreza.

El umbral individual, por su parte, se ubicó en $359.243. Esto significa que, según el propio Estado, un adulto debería sobrevivir con al menos $12.000 diarios sólo para cubrir lo esencial. Ni alquiler, ni transporte, ni educación ni salud están contemplados en este cálculo.

Los datos desnudan la crudeza del ajuste: en apenas un año, la Canasta Básica Total aumentó un 34%. Y eso, con una metodología de medición que sigue anclada en los patrones de consumo del año 2004, cuando ni los servicios digitales ni los medicamentos crónicos tenían el peso actual en la economía de los hogares.

Pese a esto, referentes del oficialismo como la diputada libertaria Juliana Santillán minimizaron las protestas de los médicos residentes del Hospital Garrahan, que exigen salarios por encima de la línea de pobreza, al asegurar que “el reclamo es político”.

El contraste es brutal: mientras los hospitales públicos enfrentan recortes y sus trabajadores deben endeudarse para comer, el discurso oficial se refugia en un negacionismo económico que la propia estadística estatal dinamita.

El Gobierno pide paciencia y promesas, pero los números son inapelables: en la Argentina de Milei, trabajar no garantiza comer.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof estrecharon lazos con una reunión clave en la Ciudad de Buenos Aires para consolidar una estrategia electoral conjunta en la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, refleja un claro gesto de unidad frente a las amenazas que emergen del avance de La Libertad Avanza y el PRO, fuerzas que buscan arrebatar el control en la principal jurisdicción electoral del país. Este encuentro fue el segundo contacto directo entre los referentes en menos de una semana, luego de un primer diálogo telefónico que sirvió para limar asperezas y afianzar la coordinación.

Pese a las tensiones del pasado, donde Axel Kicillof mantuvo distancia pública en momentos claves dentro del Partido Justicialista, la necesidad de presentar un frente unido ante el desafío electoral superó las diferencias. La presencia de Máximo Kirchner en la reunión reforzó el mensaje de cohesión y compromiso político en torno al proyecto que impulsa el oficialismo.

Mientras tanto, en la calle y en el terreno político, la oposición intensifica su campaña. Los libertarios, confiados en captar votos en la Tercera Sección Electoral, apuestan por candidaturas pegadas al partido de Macri y a operadores mediáticos de poca monta. Sin embargo, el movimiento peronista responde con señales claras de fortaleza interna, comenzando por la propia foto de unidad de sus principales figuras.

La estrategia apunta a neutralizar la dispersión del voto y consolidar el apoyo en cada uno de los distritos, conscientes de que los comicios de septiembre y octubre serán decisivos para definir la correlación de fuerzas en el Congreso.

Con esta reunión, Cristina, Máximo y Kicillof envían un mensaje contundente: ante la amenaza opositora, la respuesta es la unidad y la coordinación firme, sellando una alianza que, en los próximos meses, buscará imponerse en la provincia más decisiva del país.

La recaudación se hundió en términos reales. El desplome de Ganancias y la baja del IVA explican gran parte del retroceso.

La recaudación tributaria de mayo totalizó $15,9 billones, según datos oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Aunque en términos nominales implicó una suba del 18,6% respecto al mismo mes del año anterior, el incremento quedó muy por debajo de la inflación interanual estimada en 47,3%, lo que representa una caída real del 19,5%.

De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), incluso sin considerar el impacto del Impuesto a las Ganancias —que en 2023 había registrado ingresos extraordinarios por la devaluación de diciembre—, el retroceso real fue del 2,4%.

El principal factor de la caída fue el desplome del Impuesto a las Ganancias, que recaudó $4,4 billones pero registró una merma real cercana al 39%. En contraste, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mostró una mejora real del 3%, aunque especialistas advierten que ese repunte es débil debido a que se compara contra una base de baja actividad económica.

El Impuesto al Cheque alcanzó los $1,1 billones, con una suba nominal del 76%. Desde ARCA explicaron que parte del aumento se debe a un corrimiento del calendario de vencimientos, que trasladó ingresos de abril a mayo.

Los recursos de la Seguridad Social crecieron 64,1%, impulsados por la suba en la remuneración bruta promedio, mientras que el impuesto a los combustibles tuvo un alza interanual del 99,1%, con ingresos por $376.026 millones. Bienes Personales también registró un incremento del 61,5%.

En cuanto al comercio exterior, los Derechos de Exportación mostraron un desempeño negativo, con una baja real del 35,9% y una recaudación de $594.550 millones. Según fuentes oficiales, el esquema actual no incentiva la liquidación de divisas. Por el contrario, los aranceles a la importación crecieron 72% nominal y 19,3% real, con ingresos por $465.294 millones, favorecidos por una reactivación parcial de compras de bienes durables.

La eliminación del Impuesto PAIS, que había generado $563.100 millones en mayo de 2024, también influyó en la caída. A esto se suman otros factores como la reducción de impuestos internos, la reactivación de certificados de exclusión desde marzo de 2025, y la baja en las percepciones aduaneras de IVA y Ganancias.

Desde ARCA señalaron que, aunque parte de la política tributaria busca incentivar el comercio exterior, el esquema vigente aún no logra revertir la caída estructural de los ingresos.

El fotoperiodista estuvo casi tres meses internado tras haber sido herido durante la represión de una marcha frente al Congreso. Será trasladado al Hospital Rocca para su rehabilitación.

El fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido el pasado 12 de marzo durante una cobertura en Plaza Congreso, será dado de alta este martes del Hospital Ramos Mejía, donde permanecía internado desde entonces, e iniciará una nueva etapa de recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca.

La información fue confirmada por la cuenta de Instagram “Justicia por Pablo Grillo”, que ha seguido su evolución desde el día del incidente. La familia del reportero gráfico celebró la noticia como un alivio en medio de un proceso que definieron como un “infierno”. En el mensaje publicado, agradecieron el acompañamiento recibido: “¡Gracias eternas por el cariño, el apoyo y acompañamiento!”.

Grillo, de 35 años, recibió un disparo de una lata de gas lacrimógeno en la frente, efectuado por un agente de Gendarmería Nacional mientras tomaba fotografías durante una movilización de jubilados frente al Congreso. Estuvo en terapia intensiva durante semanas y fue sometido recientemente a una cirugía por un cuadro de hidrocefalia.

A pesar de los retrocesos médicos que implicó el nuevo diagnóstico, su evolución ha sido favorable. Días atrás logró incorporarse por primera vez desde la agresión, sorprendiendo a sus familiares. “Fue increíble, sorpresivo. Se paró y nos saludó. La emoción fue inmensa”, relató su padre, Fabián Grillo.

El caso generó repercusión pública y reclamos de justicia por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad. La cuenta que sigue su estado de salud también funciona como espacio de denuncia y visibilización del hecho.

Grillo continuará su rehabilitación con internación especializada, en lo que constituye un nuevo capítulo de su recuperación física y emocional.

Francos anticipó que vetarán toda ley que busque mejorar los ingresos de jubilados y personas con discapacidad. A la par, el Ejecutivo destinó casi $30.000 millones a inteligencia y espionaje.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este lunes que el Gobierno de Javier Milei vetará cualquier iniciativa del Congreso que busque mejorar los ingresos de jubilados o declarar la emergencia en el área de discapacidad, en medio de una crisis social profunda y creciente presión parlamentaria.

“El Ejecutivo va a vetar” esas leyes, dijo Francos en declaraciones radiales, argumentando que “no hay recursos” y señalando que el sistema previsional “no es sostenible”. La decisión fue anticipada justo cuando la Cámara de Diputados se prepara para debatir reformas clave en esas áreas, impulsadas por bloques opositores y respaldadas por organizaciones sociales.

El contraste con otras prioridades del oficialismo generó inmediato repudio: mientras el Gobierno se niega a asistir a sectores vulnerables, aumentó sustancialmente las partidas para la Agencia Federal de Inteligencia, ex SIDE. En lo que va del año, ya destinó casi 30 mil millones de pesos a ese organismo, de los cuales 8 mil millones corresponden a gastos reservados, bajo el amparo de su nuevo Plan de Inteligencia Nacional. Las denuncias por espionaje ilegal, seguimientos a opositores y periodistas no han hecho más que multiplicarse.

Francos justificó la decisión en “la relación activa-pasiva del sistema jubilatorio”, y condicionó cualquier mejora a una hipotética reforma laboral y tributaria futura. “No podemos pagar lo que no tenemos”, sostuvo, aunque evitó responder sobre el desvío de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra la Anses, en beneficio de la especulación financiera.

Justamente, uno de los casos que más compromete ese fondo es el default del Grupo Albanesi, deudor principal de un bono internacional por USD 350 millones, del cual el FGS es el mayor acreedor. La empresa acaba de dejar impagos USD 19,5 millones en intereses y su pasivo total supera los USD 1.000 millones.

En simultáneo, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue señalado por la oposición por utilizar activos del FGS para frenar la suba del dólar, comprometiendo la sustentabilidad del sistema previsional mientras se niega asistencia directa a jubilados, personas con discapacidad y trabajadores del sector.

Las centrales sindicales, agrupaciones de discapacidad y bloques opositores ya evalúan estrategias judiciales y legislativas para frenar lo que consideran una “política de ajuste brutal y discriminatoria”, que castiga a los más vulnerables mientras protege intereses del poder financiero y del aparato de inteligencia.

Policía y Prefectura desalojaron con violencia a 300 feriantes que pedían reabrir La Salada. Aplicaron el protocolo de Bullrich: gas pimienta y balas de goma contra trabajadores.

La protesta de cerca de 300 trabajadores de la feria La Salada terminó este lunes en una brutal represión por parte de efectivos de la Policía Federal y la Prefectura Naval, que actuaron bajo el protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los feriantes se habían concentrado por la mañana sobre Camino Negro, a la altura de Puente La Noria, para exigir el fin de la clausura judicial que desde hace más de once días les impedía trabajar. Denunciaron que el cierre del predio los dejó sin ingresos y sin respuestas claras sobre cuándo podrían retomar sus actividades.

La respuesta estatal fue inmediata y violenta: sin establecer un canal de diálogo, las fuerzas de seguridad avanzaron con gas pimienta y disparos de balas de goma para desalojar la zona, generando momentos de tensión y caos. Algunos trabajadores resultaron heridos y otros denunciaron robos y destrozos en sus pertenencias.

La clausura de la feria había sido dispuesta por la Justicia en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en ciertos puestos, pero afectó a cientos de familias que dependen del predio para subsistir. El operativo represivo se dio mientras desde el Gobierno se insiste con la “tolerancia cero” ante cualquier manifestación que interrumpa la circulación.

El episodio reavivó las críticas al protocolo de seguridad del oficialismo, cuestionado por organizaciones sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos que denuncian una escalada represiva frente a los crecientes reclamos populares por la crisis económica.

El Gobierno reformó por decreto la Ley de Migraciones. Endurece las condiciones de ingreso y permanencia, y habilita el cobro a extranjeros en hospitales y universidades.

Bajo el paraguas del DNU 366/2025, el Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves una reforma de fondo en la Ley de Migraciones, endureciendo las condiciones de acceso y permanencia para personas extranjeras y habilitando el arancelamiento en servicios públicos clave como salud y educación superior.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, redefine las categorías migratorias —transitorio, temporario, permanente— y subordina el acceso a derechos fundamentales a la condición legal de residencia. Aunque mantiene la obligación de garantizar atención médica en casos de emergencia y el derecho a cursar niveles obligatorios, la novedad está en lo que excluye: las universidades podrán cobrar aranceles a extranjeros sin residencia permanente y el sistema de salud quedará restringido a quienes no acrediten seguro o paguen por adelantado.

“Por fuera de los supuestos establecidos… sólo se brindará atención contra la presentación de un seguro o el pago previo del servicio”, reza el texto en referencia a los hospitales públicos. En paralelo, las universidades estatales tendrán vía libre para cobrar por la educación de extranjeros sin residencia permanente.

La política de expulsión también se recrudece. La Dirección Nacional de Migraciones podrá revocar residencias precarias si considera que se han “desnaturalizado los motivos” que las justificaron. Además, el trámite no implicará derecho alguno a una resolución favorable ni contará como antecedente para obtener la ciudadanía.

Las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno exigen a los extranjeros demostrar ingresos suficientes y carecer de antecedentes penales, incluso para casos de reunificación familiar. Sólo los hijos de argentinos conservarán automáticamente el estatus de residentes permanentes.

Organizaciones de derechos humanos y gremios universitarios ya expresaron su rechazo. “Es un retroceso brutal. Se criminaliza la pobreza y se vuelve a una visión selectiva y utilitarista del migrante”, señalaron desde la Cátedra de Migraciones de la UBA. En tanto, asociaciones de profesionales de la salud alertaron que la medida pondrá en riesgo la vida de miles de personas que hoy acceden a controles, tratamientos y cirugías en hospitales públicos.

La Argentina, que en 2004 fue ejemplo global con una ley migratoria basada en derechos humanos, se aleja ahora de aquel paradigma. Con el DNU 366/2025, la política migratoria adopta una lógica punitiva y excluyente, en línea con el proyecto de Estado mínimo que impulsa el oficialismo.

Con cifras que exhiben como trofeo, el Gobierno admite haber destruido casi el 10% del empleo público. El desguace estatal se profundiza con impactos críticos en salud, educación, ciencia y derechos sociales.

A 17 meses del inicio de su gestión, el gobierno de Javier Milei difundió con orgullo un balance lapidario: casi 48.000 trabajadores estatales fueron despedidos. El dato surge de un informe oficial del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger, quien además anunció que el recorte “se profundizará en los próximos meses”.

Según el documento, entre diciembre de 2023 y abril de 2025, el Estado nacional redujo su planta laboral en un 9,6%, con especial impacto en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas del Estado, donde la caída del personal alcanzó el 13,7% y 16,4%, respectivamente. El informe cuantifica el “ahorro” en 1.885 millones de dólares anuales, sin contemplar el costo social de semejante poda.

El ajuste no se limitó a despidos de planta: los contratos bajo Ley Marco se redujeron un 20%, mientras que el personal contratado bajo la modalidad de monotributo (LOYS) se desplomó en un 55%. A pesar de las advertencias de gremios, universidades y organismos internacionales sobre el deterioro del servicio público, el Gobierno insiste en que sólo se sostendrán “las áreas que cumplan una misión esencial”, sin definir qué significa esa categoría.

Mientras tanto, los efectos del vaciamiento ya se sienten: hospitales sin personal suficiente, proyectos científicos paralizados, oficinas de atención ciudadana cerradas y programas sociales desmantelados. La lógica, denuncian sindicatos y especialistas, responde a un plan ideológico de desarticulación del Estado como garante de derechos.

En paralelo, el Gobierno decidió triplicar los gastos reservados de inteligencia, mientras desfinancia áreas clave como salud, educación, ciencia y políticas de género. “Esta no es una reestructuración, es una demolición”, advirtieron desde ATE, que prepara nuevas medidas de fuerza ante lo que describen como una “ola de despidos arbitrarios y generalizados”.

Desde Casa Rosada, la narrativa es otra. El informe de Desregulación celebra el plan de despidos como un ejemplo de “eficiencia” y anuncia más motosierra: nuevas desvinculaciones y supresión de organismos considerados “innecesarios”.

Convocados por el Conicet y organizaciones científicas, investigadores y ciudadanos se movilizan este miércoles en defensa de la ciencia argentina. Denuncian recortes del 50% en la inversión estatal, salarios por el piso, parálisis en el ingreso de científicos y el éxodo forzado de jóvenes investigadores.

En un contexto de ajuste feroz sobre el sistema científico y tecnológico nacional, investigadores, becarios y trabajadores del sector marcharán este miércoles a las 13 hacia el Polo Científico en la Ciudad de Buenos Aires. La consigna, tan contundente como urgente: “Sin ciencia no hay futuro”.

La protesta surge en respuesta a lo que desde distintos sectores ya definen como un “cientificidio”: recortes presupuestarios drásticos, paralización del ingreso a planta del CONICET, pérdida del poder adquisitivo de becas y sueldos, y un clima de hostigamiento discursivo que busca desprestigiar la labor científica.

La convocatoria, impulsada por numerosos institutos, universidades y colectivos de trabajadores de la ciencia, incluye una pieza audiovisual inspirada en El Eternauta, que apela a una memoria colectiva de resistencia ante lo que consideran una amenaza “tóxica” para el conocimiento nacional. La movilización principal será en Buenos Aires, pero se replicará en forma simultánea en ciudades de al menos ocho provincias.

El investigador del CONICET Alberto Kornblihtt advirtió en las últimas horas que “la situación actual no es una crisis más, es un intento deliberado de destrucción de décadas de desarrollo científico. Lo que está ocurriendo no es negligencia: es una decisión política que nos quiere borrar del mapa”.

Durante el primer trimestre de 2025, la inversión nacional en ciencia se redujo a la mitad respecto al año anterior, lo que significa un retroceso presupuestario a valores de 2005. Según un informe del Grupo de Estudios en Política Científica (EPC), la caída acumulada prevista para 2025 supera el 55% si se compara con la década anterior, incumpliendo además la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología sancionada por unanimidad en 2021.

Además de denunciar la paralización del sistema, los convocantes advierten sobre las consecuencias estructurales del desguace: deserción de jóvenes investigadores, cierre de líneas de trabajo, cancelación de proyectos internacionales y una creciente dependencia del conocimiento importado.

“No sólo están desfinanciando la ciencia. Están destruyendo el tejido institucional que la sostiene”, alertaron desde la Red Federal de Afectadxs por el Recorte en CyT. “No es un reclamo corporativo: es la defensa de un derecho social al conocimiento y al desarrollo”, afirmaron.

La marcha de este miércoles no será sólo una postal del malestar del sector. Será también, advierten los organizadores, un llamado a la sociedad para impedir que el país quede definitivamente a oscuras en materia científica y tecnológica.