El excombatiente y secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM La Plata), Ernesto Alonso, advirtió que el presidente Javier Milei “viola públicamente la Constitución Nacional” con sus declaraciones sobre Malvinas y alertó sobre una “grave entrega de soberanía” en el Atlántico Sur.

Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas y secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, cuestionó con dureza la política del gobierno nacional en torno a la cuestión Malvinas y trazó un paralelismo entre la actual gestión y la dictadura militar que encabezó Leopoldo Galtieri en 1982, en declaraciones brindadas a la AM530.

“Nosotros hacemos este paralelismo por lo que representó aquella decisión de la dictadura, absolutamente alejada de una política de defensa de la soberanía nacional, basada en la doctrina de la seguridad nacional, con desapariciones, torturas, muerte y un proceso de privatización y enajenación de los activos del Estado”, sostuvo Alonso.

En ese marco, señaló que la guerra de Malvinas tuvo como consecuencia “la consolidación del imperialismo en el Atlántico Sur”, con la instalación de una fortaleza militar británica y un posicionamiento geopolítico clave para el control bioceánico, los recursos naturales y la proyección antártica. “Eso mismo es lo que estamos viendo hoy”, afirmó.

Alonso apuntó directamente contra el presidente Javier Milei por sus declaraciones en medios internacionales, en las que sostuvo que Argentina no renunciará al reclamo de soberanía, pero que las islas deberán ser devueltas “cuando los isleños lo deseen”. Para el dirigente del CECIM, esas expresiones “violan de manera flagrante la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional”.

“El presidente le está diciendo a la comunidad internacional que a una población implantada desde 1833 le correspondería el derecho a la autodeterminación, algo que no reconoce Naciones Unidas y que va en contra de toda la construcción histórica de la diplomacia argentina”, remarcó. En ese sentido, recordó la Resolución 2065 de la ONU, de 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, sin admitir la autodeterminación de los habitantes de las islas.

Alonso advirtió además que este tipo de declaraciones pueden tener consecuencias jurídicas internacionales. “Hay antecedentes, como el caso de Noruega y Dinamarca por Groenlandia, donde dichos de funcionarios terminaron haciendo perder reclamos soberanos. No es futurología: estamos ante una gravedad institucional”, subrayó.

El referente del CECIM denunció la existencia de “un plan sistemático de entrega”, que incluye el decreto 70/23, la transferencia de recursos estratégicos, el intento de derogación de la Ley de Tierras y la consolidación del control británico sobre el Atlántico Sur. “La Argentina está siendo colocada como un nuevo Potosí: recursos para afuera, argentinos afuera”, afirmó.

También alertó sobre el avance de la explotación hidrocarburífera en la cuenca Malvinas, con concesiones otorgadas por el Reino Unido y la posible entrada en fase de extracción, con apoyo de Estados Unidos y empresas aliadas. “Ya no hablamos de exploración, sino de extracción directa de petróleo de clase mundial”, señaló.

Finalmente, Alonso anticipó que desde el CECIM evalúan enviar una carta documento al presidente para exigir que rectifique sus dichos. “Acá está en juego la integridad territorial y todo el andamiaje de la política soberana argentina. Milei dejó de ser un panelista: está haciendo exactamente lo que le dicen que haga, y de manera eficaz. Esperamos una respuesta institucional de los otros poderes del Estado ante semejante barbaridad”, concluyó.

Enargas oficializó los nuevos cuadros tarifarios desde enero próximo, pero evitó precisar el impacto real en las boletas. La medida refuerza una política de aumentos decididos a puertas cerradas y con escasa información pública.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva ronda de incrementos en las tarifas de gas y electricidad que comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2026, aunque volvió a omitir un dato central: cuánto aumentarán efectivamente las facturas que llegarán a los hogares.

La decisión fue formalizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, donde se aprobaron los cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras de todo el país. Sin embargo, el organismo no difundió estimaciones, comparaciones ni porcentajes de suba respecto de los valores vigentes durante 2025.

En los cuadros técnicos se observan fuertes diferencias según categoría y región. En el caso de Metrogas, los valores para usuarios residenciales van desde poco más de $3.500 para los de menor consumo en la Ciudad de Buenos Aires hasta montos que superan los $80.000 anuales en las categorías más altas. En el conurbano bonaerense, los rangos también muestran saltos significativos, sin que exista una explicación oficial sobre los criterios aplicados.

Situación similar se repite con otras distribuidoras, como Naturgy BAN, donde los valores aprobados abarcan desde cifras inferiores a los $3.000 hasta más de $30.000, dependiendo del nivel de consumo. El esquema incluye las categorías intermedias y de mayor demanda, pero el Gobierno evitó detallar cómo se traducirá esto en la boleta final que recibirán los usuarios.

La normativa mantiene el actual sistema de segmentación de subsidios para los niveles 2 y 3, aplicados sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. No obstante, tampoco se precisó el alcance real de esas bonificaciones ni su peso frente a los nuevos cuadros tarifarios.

Desde el Enargas se limitan a señalar que la actualización responde a revisiones periódicas de costos y a lineamientos del sector energético. La falta de información clara y accesible refuerza las críticas sobre un esquema tarifario cada vez más complejo, definido sin transparencia y que traslada la incertidumbre directamente a los usuarios.

Mientras el Gobierno insiste en la “normalización” del sistema energético, las subas avanzan sin debate público ni datos concretos, en un contexto de ingresos golpeados y con millones de hogares obligados a calcular a ciegas cuánto podrán pagar por un servicio esencial.

Familiares y sobrevivientes recordarán a las 194 víctimas del incendio con una misa, una movilización y un acto central, en una jornada atravesada por el reclamo de justicia y la denuncia de la desidia estatal que hizo posible la tragedia.

A 21 años del incendio en el boliche República de Cromañón, familiares y sobrevivientes volverán a ocupar el espacio público para recordar a las 194 personas que murieron y a las más de 1.400 que resultaron heridas, en una tragedia que expuso de manera brutal la corrupción, el abandono y la responsabilidad directa del Estado.

Las actividades comenzarán este martes a las 18 con una misa en la Catedral Metropolitana. Luego, desde las 19:30, se realizará una marcha desde Plaza de Mayo hasta el Santuario de Cromañón, en las inmediaciones de Plaza Miserere, donde a las 20:30 tendrá lugar el acto central.

Fabiana Puebla, sobreviviente del recital de Callejeros del 30 de diciembre de 2004 e integrante del Movimiento Cromañón, señaló que la jornada no es solo de recuerdo sino también de denuncia. “Cromañón no fue una tragedia inevitable, fue consecuencia de controles inexistentes, funcionarios cómplices y un sistema que priorizó el negocio por sobre la vida”, expresó.

Durante el acto central, familiares y sobrevivientes leerán documentos políticos y rendirán homenaje a las víctimas. Además, habrá intervenciones musicales en Mitre y Ecuador, con la participación de artistas como Sebas Fernández, La Ferni y el grupo Vamos Negrita. Desde la organización No nos cuenten Cromañón informaron que también se realizarán actividades culturales en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal.

A más de dos décadas del incendio, el reclamo sigue vigente: justicia completa, memoria sin concesiones y un Estado que deje de mirar para otro lado. Cromañón no es pasado cerrado, es una herida abierta que interpela a cada gobierno que naturaliza la precariedad y la impunidad.

La embajada argentina en Tegucigalpa opera como plataforma de respaldo político y diplomático a la maniobra que busca consumar un fraude electoral en Honduras. En un esquema de intromisión indirecta, Buenos Aires aparece como actor funcional a la estrategia de la derecha local y a la tutela estadounidense sobre el proceso electoral.

Por Santiago Masetti/ Según registros informáticos difundidos por medios locales, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ana Paola Hall y Cossette López —representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente— fueron ubicadas en la Embajada Argentina en Tegucigalpa en momentos clave del conflicto institucional. El dato no es menor: se produjo tras la ruptura del pleno del CNE y luego de que el consejero oficialista Marlon Ochoa denunciara penalmente a ambas funcionarias ante el Ministerio Público.

La crisis política que sacude a Honduras tras las elecciones generales del 30 de noviembre sumó en las últimas horas un elemento de gravedad regional: la participación activa del gobierno de Javier Milei en el entramado que busca consolidar un golpe de Estado electoral en el país centroamericano. Lejos de un rol neutral, la Argentina emerge como pieza auxiliar en una operación que no puede exhibir a sus verdaderos promotores como protagonistas visibles.

Que asuntos estrictamente electorales se tramiten en una sede diplomática extranjera expone el carácter opaco de la maniobra y refuerza las denuncias de injerencia externa. En este esquema, el gobierno argentino cumple un rol de cobertura política y logística, ofreciendo un espacio “amigo” para avanzar en decisiones que no resisten la luz pública ni el control institucional hondureño.

Ochoa, representante del partido Libertad y Refundación (Libre), fue categórico al rechazar la validación de unos resultados que calificó de fraudulentos. Denunció que Hall y López intentan emitir la declaratoria oficial sin concluir el escrutinio, dejando sin resolver más de 10 mil actas con inconsistencias y cerca de 300 impugnaciones. “No voy a firmar un fraude, aunque me lleven a punta de bala”, advirtió, al tiempo que exigió un conteo voto por voto de las más de 19 mil urnas del nivel presidencial.

El magistrado también apuntó contra la tutela extranjera del proceso y señaló que Honduras no puede aceptar sanciones, presiones ni lineamientos de gobiernos externos. En su denuncia ante la Fiscalía, presentó audios que, según afirmó, revelan un plan coordinado de manipulación electoral, con participación de actores locales y foráneos, incluyendo a un expresidente condenado por narcotráfico y a operadores políticos vinculados a la derecha tradicional.

En ese entramado, el rol de Ana Paola Hall y Cossette López resulta central. Ambas consejeras avanzaron de manera unilateral, sin convocar al pleno del CNE, y quedaron en el centro de las acusaciones por intentar consumar una declaratoria irregular. Su presencia en la embajada argentina no solo agrava las sospechas, sino que compromete directamente a la administración Milei en un proceso que vulnera la soberanía hondureña.

La derecha local —encarnada por el Partido Nacional, el Partido Liberal— apelaron a repetir el libreto de los fraudes electorales de 2013 y 2017: manipulación del sistema de transmisión de resultados, descarte de actas desfavorables y proclamación exprés de un ganador funcional al statu quo. Esta vez, sin embargo, el esquema incorpora nuevos intermediarios para disimular la intromisión directa de Estados Unidos, cada vez más cuestionada por su historial en la región.

El respaldo argentino no es ingenuo ni aislado. Responde a una alineación ideológica y geopolítica del gobierno de Milei con los sectores más reaccionarios de Honduras, del continente y con las estrategias de desestabilización contra proyectos populares. Al actuar como actor secundario —pero decisivo—, la Argentina aporta legitimidad aparente a una operación que, de otro modo, quedaría expuesta como una intervención grosera.

Honduras atraviesa horas decisivas. Lo que está en juego no es solo el resultado de una elección, sino la posibilidad de defender la voluntad popular frente a un golpe electoral en marcha. En ese escenario, la participación del gobierno argentino marca un punto de inflexión preocupante: por primera vez en décadas, Buenos Aires deja de ser observador para convertirse en engranaje activo de una maniobra contra la democracia latinoamericana.

El ajuste económico del Gobierno impactó de lleno en el consumo de fin de año: la canasta festiva volvió a encarecerse muy por encima de los ingresos y los comercios enfrentan diciembre con ventas débiles y márgenes al límite.

La política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei dejó su marca en la previa de las fiestas. A días de la Navidad, el consumo permanece retraído, la oferta de productos estacionales se achicó y el aguinaldo perdió capacidad para sostener compras que hasta hace poco eran habituales en los hogares argentinos.

En los comercios barriales, tradicional termómetro del consumo popular, el panorama es elocuente. La mercadería navideña llegó más tarde, en menor cantidad y con rotación lenta. Pan dulces, budines y frutos secos ya no ocupan el centro de las góndolas, desplazados por una demanda cautelosa y bolsillos exhaustos.

El deterioro responde a una combinación conocida: salarios y jubilaciones que corren detrás de los precios, subas constantes en alimentos y un fuerte incremento en tarifas de servicios que drenó ingresos durante todo el año. En ese contexto, diciembre dejó de ser el mes de recuperación para convertirse en otro capítulo de supervivencia comercial.

Los datos acompañan la percepción del sector. Un relevamiento de la asociación Consumidores Libres indicó que la canasta navideña registró un aumento interanual del 35,9% respecto de diciembre pasado, sobre una base de 24 productos representativos. El salto contrasta con un salario mínimo que no alcanza los 335 mil pesos, consolidando el desfasaje entre precios e ingresos.

En grandes superficies, las subas fueron incluso más desparejas: oscilaron entre el 20% y el 45%, con picos muy superiores en artículos puntuales. Frutos secos como las avellanas casi duplicaron su valor, mientras que cortes tradicionales como el asado se encarecieron más de un 80% en un año. Productos emblemáticos de las fiestas, como pan dulces de primera marca o almendras, exhiben incrementos cercanos o superiores al 40%.

Con ese escenario, una canasta que a fines de 2024 rondaba los 133 mil pesos hoy se ubica cerca de los 181 mil. La cifra explica la prudencia de consumidores y comerciantes, que ajustaron expectativas ante un cierre de año sin repunte.

La respuesta del sector fue defensiva. Muchos negocios redujeron pedidos y ajustaron stocks para evitar sobrecostos financieros. Incluso los almacenes de barrio, que lograron captar parte de la clientela que dejó las grandes cadenas, eligieron operar con cautela y minimizar riesgos.

Desde el sector comercial señalaron que proliferaron las llamadas “canastas de emergencia”, versiones recortadas de la mesa navideña tradicional. Combos básicos con cinco productos se ofrecieron entre 6.000 y 9.000 pesos y concentraron la mayor parte de la demanda, en una señal clara del cambio de hábitos de consumo.

Las expectativas ahora se concentran en los últimos días de diciembre, aunque el optimismo es limitado. Estudios privados advierten que cerca de un tercio de los trabajadores registrados destinará el aguinaldo al pago de deudas. Con ingresos que no alcanzan a cubrir todo el mes, la Navidad llega atravesada por un ajuste que se siente en las góndolas, en las cajas y, sobre todo, en las mesas familiares.

El Gobierno avanzó con nuevos nombramientos en la principal entidad financiera pública del país, profundizando la colonización política del Banco Nación en plena ofensiva oficial contra el rol del Estado en el sistema bancario.

El presidente Javier Milei oficializó este martes la incorporación de la exdiputada nacional Carolina Píparo al directorio del Banco de la Nación Argentina, en una decisión que refuerza el sesgo ideológico del Gobierno sobre una institución clave para el crédito productivo y el desarrollo federal.

La designación fue formalizada mediante el decreto 907/2025, firmado junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado en el Boletín Oficial. Píparo asumió el cargo el 11 de diciembre tras la aceptación de la renuncia de Rodolfo Carvajal, y su mandato se extenderá hasta el 1 de enero de 2028, completando el período previsto por la Carta Orgánica del banco.

El movimiento se inscribe en una reconfiguración más amplia de la cúpula del Banco Nación. A través del decreto 903/2025, el Ejecutivo también formalizó las renuncias de Daniel Tillard a la presidencia y de Darío Wasserman a la vicepresidencia. En un giro interno, Wasserman fue promovido como nuevo presidente de la entidad, mientras que Tillard recibió un protocolar agradecimiento por los servicios prestados.

Más allá de la formalidad administrativa, las decisiones vuelven a poner en el centro del debate el rumbo que el Gobierno pretende imprimirle al Banco Nación. Mientras el discurso oficial insiste en achicar el Estado y desmantelar herramientas públicas de financiamiento, el Ejecutivo avanza en la ocupación política del directorio de la principal banca estatal, clave para el crédito a pymes, economías regionales y sectores estratégicos.

La llegada de Píparo —una dirigente identificada con el núcleo duro del oficialismo— no pasa desapercibida en un contexto de ajuste, recorte del crédito y señales persistentes de privatización encubierta. Traducido: menos banco público, más obediencia política. Vieja historia, con nuevo elenco.

Luego del fracaso en Diputados, el oficialismo ensaya un repliegue táctico en Casa Rosada, con negociaciones delegadas y un clima de desconcierto que expone las fisuras del armado libertario.

El Gobierno nacional inició una revisión contrarreloj de su estrategia legislativa tras la derrota sufrida en la Cámara de Diputados, un revés que dejó al descubierto improvisación política y falta de control sobre sus propios aliados. La reacción oficial llegó con una nueva reunión de su mesa chica en Casa Rosada, mientras el Presidente optó por correrse de las negociaciones directas.

El encuentro fue encabezado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un contexto marcado por el malestar interno y la necesidad de redefinir el camino para intentar cerrar el año con la aprobación del Presupuesto. La ausencia de Javier Milei y de Karina Milei volvió a ser leída como una señal de distanciamiento del manejo fino del Congreso, en uno de los momentos más sensibles para el Ejecutivo.

El traspié legislativo del miércoles pasado, cuando el oficialismo no logró imponer un artículo incorporado a último momento, desarmó la hoja de ruta que el Gobierno daba por segura. La maniobra, impulsada desde la cúspide del poder, terminó naufragando ante el retiro de apoyos de gobernadores que hasta entonces habían acompañado la agenda libertaria.

En Balcarce 50 admiten, en voz baja, que la derrota alteró los planes y expuso una conducción errática. Las versiones sobre un eventual veto presidencial, la conveniencia del texto con media sanción y los pasos a seguir se contradijeron durante varios días, reflejando un oficialismo sin línea clara y con dificultades para ordenar su propio discurso.

Mientras el Presidente destacó públicamente la media sanción obtenida y volvió a insistir con el mantra del déficit cero, puertas adentro el clima fue de incertidumbre. La decisión de forzar un capítulo conflictivo sin acuerdos previos terminó por dinamitar una sesión que el Gobierno pretendía mostrar como un triunfo político.

Ahora, con el calendario legislativo en contra, la Casa Rosada intenta recomponer vínculos y ajustar la táctica para evitar nuevos tropiezos. La apuesta es aprobar el Presupuesto y avanzar luego con otras reformas, aunque el episodio dejó una advertencia clara: sin consensos mínimos, el relato de autoridad choca una y otra vez contra la realidad del Congreso.

El Gobierno bonaerense avaló un nuevo aumento del control vehicular obligatorio, que acumula tres subas en menos de doce meses y vuelve a encarecer un trámite ineludible para circular.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un nuevo incremento en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), una medida que impacta de lleno en el bolsillo de los automovilistas y se suma a la seguidilla de ajustes aplicados durante el último año. El aumento comenzará a regir a partir del 16 de enero de 2026 y eleva el costo del trámite obligatorio a casi 100 mil pesos.

Según la resolución oficial publicada en el Boletín Oficial, la tarifa de referencia para los vehículos de hasta 2.500 kilos pasará a ser de $97.057,65, con IVA incluido, lo que implica un alza superior al 20% respecto del valor vigente hasta ahora. Ese monto funciona como base para el resto de las categorías, que se calculan en función del mismo esquema.

Con esta decisión, el Ejecutivo provincial consolida el tercer aumento en menos de un año. En julio pasado, la VTV ya había registrado un salto superior al 25% en comparación con febrero, mientras que, doce meses atrás, el costo del control técnico era poco más de la mitad del valor actual.

Desde el área de Transporte justificaron el ajuste en los mecanismos previstos en el contrato de concesión, que vinculan la tarifa al salario del personal del sistema de verificación. Sin embargo, la actualización vuelve a trasladar de manera automática los costos a los usuarios, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo y sin alternativas para quienes necesitan el trámite para circular legalmente.

El nuevo aumento refuerza las críticas al esquema vigente, que combina servicios privatizados, subas periódicas y un control obligatorio que no contempla la situación económica de los conductores, convertidos una vez más en la variable de ajuste de las políticas oficiales.

En un trámite acelerado y con fuerte sesgo privatizador, el Ministerio de Economía avanzó con la venta total de cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas a consorcios privados. La operación, que ronda los USD 707 millones, implica el traspaso de infraestructura construida con inversión pública y reaviva críticas por el valor y la velocidad del proceso.

El gobierno nacional profundizó este viernes su política de desguace del patrimonio energético con la preadjudicación del cien por ciento del capital accionario de cuatro represas centrales del Comahue a empresas privadas, en una operación que el propio Ejecutivo presentó como un éxito, pero que generó fuertes cuestionamientos por el precio y la celeridad del trámite.

Mediante una resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se avaló la segunda etapa del concurso público que habilita la venta de las sociedades operadoras de Piedra del Águila, El Chocón, Alicurá y Cerros Colorados, actualmente bajo la órbita de ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina. El monto total comprometido asciende a poco más de 706 millones de dólares.

Central Puerto se aseguró la represa Piedra del Águila con una oferta de 245 millones de dólares, mientras que el complejo El Chocón quedó en manos de un consorcio encabezado por BML Inversora y MSU Energy, que ofertó cerca de 236 millones. En tanto, Edison Inversiones, junto a un grupo de empresas mendocinas, se quedó con Alicurá y Cerros Colorados por montos sensiblemente menores, incluso luego de pedidos de mejora de precio por parte del Estado.

La resolución también dejó fuera de carrera a otros oferentes cuyas propuestas fueron calificadas como “no serias”, al haber presentado valores simbólicos, una situación que expuso las inconsistencias del proceso licitatorio y la falta de parámetros claros para resguardar el interés público.

Según lo dispuesto, la firma de los contratos de concesión y transferencia se realizará el próximo 22 de diciembre en la ciudad rionegrina de Cipolletti, y los acuerdos entrarán en vigencia tras su publicación definitiva en el Boletín Oficial.

El avance de la privatización se concretó en menos de cinco meses desde el llamado a licitación, un plazo inusualmente breve para activos de esta magnitud estratégica. La decisión se inscribe en la hoja de ruta del gobierno de Javier Milei, que impulsa una retirada acelerada del Estado de sectores clave, incluso en áreas sensibles como la generación eléctrica.

Las cuatro represas forman parte de la columna vertebral del sistema hidroeléctrico nacional y fueron desarrolladas con décadas de inversión pública. Su traspaso al sector privado, a valores que especialistas consideran bajos en relación con su capacidad de generación y rentabilidad futura, consolida un cambio estructural en la política energética argentina y abre un nuevo frente de debate sobre soberanía, tarifas y control de recursos estratégicos.

El Secretario Gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, habló sobre el impacto de la última movilización sindical, la postergación del debate de la reforma laboral y la presión del movimiento obrero para frenar una iniciativa perjudicial para los trabajadores.

Lobato aseguró que la movilización realizada en las últimas horas cumplió su objetivo central al forzar la postergación del tratamiento legislativo. “Lo primero que se logró con la movilización de ayer fue posponer la discusión, que era el objetivo principal que buscábamos”, afirmó.

En diálogo con AM 530, el dirigente de la UOM detalló que la presión sindical incluyó gestiones políticas directas. “Tuvimos charlas con diputados, senadores y gobernadores. La movilización influyó en la decisión de postergar la discusión”, explicó.

El sindicalista reconoció que parte de la base trabajadora no dimensionaba inicialmente el alcance del proyecto oficial. “Los trabajadores no estaban 100% al tanto de todos los perjuicios que iba a traer esta ley”, señaló, y remarcó que la protesta permitió visibilizar el rechazo gremial. En ese sentido, calificó la jornada como “una gran manifestación”.

Lobato ratificó además la voluntad de sostener el plan de lucha. “Nosotros desde la UOM tenemos la decisión tomada de estar en la calle”, indicó, y reclamó una medida de fuerza general cuando la iniciativa llegue al Senado.

“Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización”, concluyó, al tiempo que llamó a la CGT a avanzar en una convocatoria unificada contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno.