El Gobierno despidió a 60 trabajadores de la Administración General de Puertos

El gremio de ferroportuarios se movilizó a la sede central del organismo para exigir la reincorporación de todos los cesanteados.

El gobierno despidió sin causa a unos 60 profesionales en la Administración General de Puertos (AGP). La mayoría de ellos en condición de planta y con más de 10 de años de antigüedad. Protesta del gremio que nuclea a los ferroportuarios.

Sorpresivamente y sin causa aparente, el Gobierno Nacional despidió hoy a unos 60 trabajadores que cumplían tareas en la Administración General de Puertos (AGP).

Se trata de un universo heterogéneo de empleados, la mayoría de planta y con más de 10 años de antigüedad que se anoticiaron del despido al momento de querer ingresar a cumplir sus tareas cotidianas. «Quisieron ingresar para trabajar y personal de prefectura y de seguridad privada les impidió el acceso».

«No hay ningún patrón ni ningún motivo aparente que guíe los despidos», explicaron desde el gremio de ferroportuarios, el que los representa.

Se cree que la única finalidad es reducir la planta de personal aunque la AGP es un organismo que tiene financiamiento propio y que incluso tiene superávit.

El gremio de ferroportuarios nacional APDFA, que lidera Adrián Silva, encaró hoy mismo una movilización de protesta a la sede central del organismo, en Puerto Madero. Pidió la reincorporación de todos los cesanteados.

También la seccional local de APDFA, que no está alineada con la conducción nacional, repudió las cesantías y pidió la reincorporación de todos los despedidos.

Por la movilización las autoridades se comprometieron a tener un encuentro. Será el próximo viernes a las 11 horas.

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Ley ómnibus: luego del cuarto intermedio, diputados va por el segundo día de debate

El oficialismo consiguió apoyo de bloques opositores dialoguistas para pasar a un cuarto intermedio hasta hoy a las 12. Quedan 140 oradores para votar en general y persisten las diferencias en varios temas.

La Cámara de Diputados continuará este jueves a las 12 el debate del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” impulsada por el Gobierno nacional, luego que en la noche del miércoles, pasadas las 21.30, se dispusiera un cuarto intermedio en medio de acusaciones cruzadas entre los legisladores del oficialismo y Unión por la Patria (UxP), que denunciaron desconocer los cambios del dictamen puesto a discusión, y en el contexto de estos debates, se registraron en inmediaciones del Congreso incidentes entre efectivos de las fuerzas de seguridad y militantes de izquierda.

En tanto, el oficialismo espera que el dictamen de mayoría aprobado en un plenario de comisiones de la Cámara baja se apruebe este jueves en general y el viernes en particular, según indicaron fuentes parlamentarias.

En el debate de la iniciativa que establece la emergencia pública, una reforma del Estado y la privatización de empresas públicas, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que “en base a las conversaciones en Labor Parlamentaria se invita a pasar un cuarto intermedio”, ante lo cual el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, remarcó que la medida tenía que ser votada, y el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, presentó una moción de orden en ese sentido.

“El oficialismo pasó de querer aprobar la ley ómnibus en un día, a pedir un cuarto intermedio de 14 horas. El motivo es claro: siguen metiendo mano en el texto a votar porque no tienen la mayoría necesaria para aprobar las facultades delegadas y las privatizaciones”, denunció Martínez, quien aseguró no disponer del texto definitivo que se está tratando.

En tanto, el liberal José Luis Espert le replicó que “todos los que dicen que no hay dictamen, mienten”.

“El dictamen está a disposición desde el viernes 26 y desde hoy -por ayer- está impreso en cada banca. Me parece bien el cuarto intermedio porque es una ley muy importante y a las 4 de la mañana, cuando sesionamos no hay nadie viéndola. Esta votación la tienen que ver todos”, remarcó el legislador.

La sesión se reanudará este jueves para agotar la lista de oradores y proceder a votar en general a la noche, para lo cual el oficialismo tenía garantizado unos 140 votos que serán aportados por la Libertad Avanza (LLA), UCR, Hacemos Coalición Federal, PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Buenos Aires, Creo, Avanza la Libertad, y Unidad Mendocina.

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Kicillof se reunió con empresarios y defendió la capacidad productiva de la Provincia

El gobernador bonaerense aseguró que la potencia productiva no debe ser interrumpida por las iniciativas emanadas desde el Gobierno nacional.

El mandatario bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que la provincia de Buenos Aires “tiene una potencia productiva inmensa y no tiene que ser interrumpida por las políticas implementadas por el Gobierno nacional” y afirmó que con su gestión va a “defender a los empresarios, a los trabajadores y a todos los que crean en el desarrollo” del distrito que gobierna.

“La provincia de Buenos Aires es sinónimo de producción y particularmente de industria”, indicó durante el encuentro desarrollado en la Gobernación bonaerense junto a miembros de su gabinete.

En esa línea, destacó que el territorio bonaerense es el que “mayor peso tiene en la participación, en la cantidad de establecimientos, en la variedad de ramas industriales y en el volumen de los trabajadores y trabajadoras; y ante una situación como la que estamos viviendo, era imperioso reunirnos”.

Y apuntó: “Lo que estamos viendo no es otra cosa que un plan de ajuste ortodoxo, convencional y clásico, como se hizo, en mayor o menor medida, en otras experiencias históricas”.

“Los ajustados son los trabajadores, los pequeños productores, los cooperativistas, los vulnerables, la Cultura, la Ciencia y la Universidad; y las consecuencias recaen sobre la producción, la demanda, la baja del consumo y el poder adquisitivo”, agregó.

El gobernador se comprometi a trabajar para aquellos empresarios y productores que contribuyan al desarrollo Foto Prensa GPBA
El gobernador se comprometió a trabajar para aquellos empresarios y productores que contribuyan al desarrollo / Foto: Prensa GPBA.

“Nuestra provincia tiene una potencia productiva inmensa y no tiene que ser interrumpida por estas políticas”, planteó el gobernador y agregó que desde su lugar va a “defender a los empresarios, a los trabajadores y a todos los que crean en el desarrollo de la provincia de Buenos Aires”.

Durante el encuentro también tomó la palabra el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, quien consideró que ante “un momento muy particular tenemos que generar condiciones para que haya crecimiento productivo a lo largo y ancho de la Provincia y eso requiere, como siempre, de un Estado presente”.

“Cuando se apuntala la producción y el trabajo, la economía crece y se generan mejores condiciones de vida. Necesitamos de un empresariado comprometido”, indicó.

Nuestra provincia tiene una potencia productiva inmensa y no tiene que ser interrumpida por las políticas que está implementando el Gobierno nacional.

De la reunión participaron además los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la subsecretaria de Industrias, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y la presidenta del Fondo de Garantías de Buenos Aires, Verónica Wejchenberg.

Además estuvieron referentes de la Confederación General Empresaria (CGERA), Marcelo Fernández; de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato; de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Daniel Cámpora; del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira; del Movimiento Productivo 25 de Mayo, Juan Ciolli; de la Mesa Empresaria de San Martín, Norberto Fedele; de Industriales de la Provincia de Buenos Aires y la Unión Industrial de General Rodríguez (UIGER), Juan Fera; así como también representantes de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino.

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La Cámara de la Construcción llama a una reunión urgente por “la parálisis de la obra pública”

Para la entidad, la situación económica pone en riesgo la continuidad de las 1.400 empresas que la integran, así como los puestos de trabajo.

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) convocó a su Consejo Federal para definir líneas de acción, “ante la delicada situación que atraviesa el sector de la construcción en el país”.

El encuentro se realizará este jueves 1 de febrero y tiene como objetivo “abrir un espacio de diálogo y acción conjunta entre los actores del sector, en busca de estrategias que permitan superar esta drástica situación y reactivar la obra pública en Argentina”, señalaron desde la Cámara.

La convocatoria se realiza en el marco de lo que consideran “una parálisis generalizada de la obra pública, con cerca de 3.500 proyectos inconclusos en todo el país, que ponen en riesgo la actividad de las 1.400 empresas asociadas en Camarco que dan empleo a más de 500 mil trabajadores”.

Desde la entidad subrayan que el sector tiene un “efecto multiplicador” sobre el empleo y la actividad económica general de más de 140 sectores productivos, de gran relevancia en todo el territorio nacional. El Consejo Federal es el órgano superior de la Camarco, donde están representadas más de 1.400 empresas socias y las delegaciones de todo el país.

Durante el encuentro, convocado de manera extraordinaria “por la gravedad de la situación”, los consejeros expondrán los problemas que afectan al sector, “como la parálisis de la obra pública, el retraso de los pagos, el impacto de la elevada inflación y las altas tasas interés”, indicó la entidad en un comunicado.

Según la Camarco, “se trata de una ecuación que pone en riesgo la continuidad de muchas empresas, con la pérdida no sólo de capital sino también de los conocimientos productivos que ello implica, y el consecuente impacto sobre el empleo. Un sinnúmero de empresas asociadas se encuentra en una situación límite que requiere definiciones de manera urgente, ya que el quiebre de la cadena de pagos pone a las compañías al borde de la desaparición en cuestión de semanas”.

El presidente de la entidad, Gustavo Weiss, señaló pocos días atrás a NA que “una crisis como esta es inédita. Hemos pasado períodos de paralización pero esta crisis nos impacta con muchas obras en ejecución, con empresas con mucha carga, mucha deuda. En 2001 las empresas tenían pocos contratos, entonces se pudo capear”.

Weiss aceptó que el problema es de difícil solución. “Si estuviese la plata sería fácil. Pero hay que ver si la solución alcanza para un 10% de las obras en ejecución o a un 70%. Ya sabemos que para el 100% no va a estar. Pero sí sabemos que la solución no está en el corto plazo. Sin ninguna duda las obras van a seguir paradas en el largo plazo”, dijo en una entrevista exclusiva con Noticias Argentinas.

El dirigente empresarial adelantó que “va a haber un sin número de convocatorias empresarias porque había mucho trabajo y las empresas se endeudaron en los bancos para seguir trabajando. Hoy muchas de las empresas tienen deuda bancaria que corre al 130%, con proveedores, con la AFIP”.

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Golpe al bolsillo: los siete aumentos proyectados para febrero

Hay ajustes programados para el mes que viene, que van desde la medicina prepaga hasta las tarifas de luz y gas. Los aumentos rondan el 200 por ciento.

Si bien el Gobierno lleva adelante una política de liberación de los precios, hay algunos rubros que ya confirmaron incrementos que impactarán de lleno en los bolsillos.

La suba generalizada de precios no da tregua en el país tras la cifra récord del pasado mes. En este sentido, en febrero, tras el megadecreto lanzado por el Presidente Javier Milei en el que liberó el congelamiento de precios, las empresas de medicina prepaga informaron que las cuotas tendrán un aumento de entre el 27% y 29% promedio.

Asimismo, se prevé un fuertísimo ajuste en la tarifa del gas, como consecuencia de la quita de subsidios. La misma situación tendrá el servicio de energía eléctrica, aunque, en principio, la suba sería inferior proporcionalmente.

Por otro lado, se estima un incremento en Internet y cable del orden del 25%, a la vez que subirá nuevamente el combustible, ya que el 1° de febrero finalizará el congelamiento de los impuesto que había postergado en noviembre el Ministro Sergio Massa, que implicaba una suba extra de $70 por litro o 25% directo al público.

En tanto, en CABA, el Gobierno de Jorge Macri aplicará el último tramo de la suba del 56% en las tarifas del subte. A partir del domingo 4 de febrero, el boleto salta $15 y pasa a costar $125, mientras que el Premetro valdrá $43,75.

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El Gobierno interviene el Enacom y un allegado a Mauricio Macri auditará las comunicaciones

Así se ordenó desde el Poder Ejecutivo.

El Gobierno nacional oficializó a través del decreto 89/2024 publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolas Posse, la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por los próximos 180 días, y designó al frente de esa tarea a Juan Martín Ozores.

En esa misma línea, los supervisores adjuntos del Enacom designados por el Gobierno nacional son Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, quien fuera interventor del organismo durante la presidencia de Mauricio Macri. En tanto, el decreto especifica que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología podrá prorrogar el período de 180 días mediante una única reunión.

Es preciso mencionar que, la medida que fue adelantada durante el fin de semana por voceros del Gobierno nacional, explica en los considerandos que la intervención del Enacom se da en “consonancia con los lineamientos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 dictado por la actual administración para afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector”.

En el texto que lleva las firmas de Milei y Posse, se argumenta también que “a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones adoptadas por el Enacom que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”, y que esas disposiciones “han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos que deben ser adecuadamente estudiadas”.

En ese sentido, el decreto que entró en vigencia este mismo lunes con el aval del mandatario más alto del Gobierno nacional y su jefe de Gabinete, señala que en “virtud de lo mencionado, y a los efectos de llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resulta necesario disponer la intervención” del Enacom.

De acuerdo a lo detallado en el decreto, los tres representantes del macrismo tendrán que “evaluar e informar sobre la situación actual” del Enacom “en referencia al cumplimiento de sus competencias”. En ese marco, el escrito publicado explicita que los interventores “deberán analizar las implicancias devenidas en el mercado de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a partir del dictado del DNU 690/20 y los actos administrativos de aplicación surgidos como consecuencia de ello”.

En ese contexto, los designados interventores del Enacom deberán informarse sobre las medidas cautelares judiciales vigentes, así como sentencias judiciales contra actos administrativos sobre materias que son competencia del organismo a investigar. También deberán realizar un relevamiento y evaluación de la estructura organizativa del Ente a efectos de “propiciar su reorganización funcional y operativa, procurando fomentar su profesionalización y eficiencia”.

En pos de esa eficiencia, el Gobierno nacional solicitó que dicha reorganización del Enacom deberá procurar la simplificación de los procesos administrativos, así como la reducción de trámites excesivos. “Además, deberán redefinirse los programas y el alcance de los proyectos sobre el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), y el estado de otorgamiento y cumplimiento de los Aportes No Reembolsables”.

En última instancia, el Gobierno nacional dispuso en el marco de la intervención que las “tramitaciones pendientes relacionadas con las asignaciones de recursos, autorizaciones radioeléctricas, licencias y registros” deberán ser puestas al día, con una propuesta de nuevos mecanismos informáticos tendientes a agilizar dichos trámites.

“Corresponderá efectuar un exhaustivo análisis de las regulaciones vigentes, evaluando si las mismas devinieron obsoletas o si, por su contenido, demoran y dificultan el avance tecnológico, proponiendo, en su caso, las acciones necesarias para su actualización”, concluye el decreto que habilitó la intervención del macrismo sobre el Enacom.

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Teresa García: “A los peronistas que voten la Ley Ómnibus les cabe la figura de traición a la patria”

Así lo advirtió la jefa del bloque de senadores bonaerenses de Unión por la Patria a sus pares nacionales que debaten en el Congreso las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

La presidenta del bloque de senadores bonaerenses de Unión por la Patria (UxP), Teresa García, salió a respaldar las advertencias que lanzaron durante la masiva marcha de ayer varios de los sectores que integran la CGT, respecto a los diputados peronistas que voten la ley ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei y sostuvo que a aquellos que levanten la mano en el recinto de la Cámara baja “les cabe la figura de traición a la Patria”.

“Me pareció correcta una frase dura de Pablo Moyano cuando dijo que ningún peronista puede votar esta ley… hay que tener en claro durante la sesión quiénes tocan el botón indebido porque estamos todos afectados por esta ley ómnibus”, sostuvo Teresa García y reforzó: “A los que voten esta ley les cabe la figura de traición a la Patria. Esto no tiene vuelta atrás”.

En rigor, la jefa del bloque de senadores bonaerenses de UxP fue en línea con las advertencias que emanaron del acto central que montó la CGT como parte del paro general contra el mega DNU y la ley ómnibus de Milei, que buscan, entre otras tantas cosas, desregular la economía y aplicar modificaciones en el régimen laboral.

“Pablo Moyano refirió muy bien cuando dijo que hace 23 años en el Congreso se votó la Ley Banelco de espaldas al pueblo trabajador. Es una referencia fuerte para que se entienda por qué le piden a los diputados que por favor no acompañen ni el DNU, ni la ley ómnibus, porque es la entrega de la Patria, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, del Banco Nación, de las empresas del Estado, de los jubilados y de la cultura… no dejaron sector por castigar”, profundizó Teresa García.

En esa dirección, la senadora bonaerense ponderó que ni en el Gobierno de (Mauricio) Macri se votaron leyes como esta, que tiene un alcance infinito, que dejará afuera del sistema a millones de argentinos, que ya no tienen para comer en los barrios, producto de la brutal devaluación” que implementó el ministro de Economía nacional, Luis “Toto” Caputo.

“En los comedores ni siquiera hay una bolsa de mercadería, si a 45 días hay un primer paro de la CGT es porque es el tiempo necesario de espera, por la maldad de este Gobierno. Acá hay otros intereses y cada vez queda más demostrado. No hay amenaza que quede en pie cuando el pueblo salga a la calle, esto es solo el inicio”, añadió.

Además, Teresa García advirtió que “no hay que negociar ni un renglón, porque cuando se apruebe la ley ómnibus, vamos de cabeza a la aplicación del DNU”. “A los que voten esta ley les cabe la figura de traición a la Patria. Esto no tiene vuelta atrás”, enfatizó.

Por último, la presidenta del bloque de senadores bonaerenses de UxP destacó que “es un momento para que los gobernadores tengan el valor suficiente para frenar esta ley”. “No hay posibilidad que algo salga bien con la gente afuera… veo el precio de los medicamentos y los jubilados que comen una vez por día”, cerró.

Vale recordar que, a pesar de haber logrado el dictamen de mayoría del proyecto de la ley ómnibus, el gobierno de Milei resolvió convocar a sesión en la Cámara de Diputados recién el martes de la semana que viene, para continuar con las negociaciones con los bloques de la oposición “dialoguista” y con los gobernadores.

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Una medida cautelar suspendió los aumentos de transporte en el AMBA

La resolución fue de un juzgado federal de Lomas de Zamora.

El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°3 de Lomas de Zamora suspendió este miércoles el procedimiento de consulta pública dispuesto por el Gobierno Nacional para definir el aumento de tarifas del transporte público (trenes y colectivos), por lo que se interrumpieron lo aumentos planteados por la Secretaría de Transporte.

La resolución del juzgado responde al planteo que hizo el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien cuestionó el sistema que implementó el Gobierno para expresarse sobre el tema, que consiste en dejar un comentario en la web del sitio Mi Argentina.

La resolución 1/2024 de la Secretaría de Transporte, publicada el viernes 19 de enero, establecía un plazo de tres días hábiles administrativos para que las personas interesadas presenten sus opiniones y propuestas a través del sitio web del organismo.

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Congreso: el oficialismo postergó el tratamiento de la Ley Ómnibus

El dictamen aprobado tiene tantas disidencias que no se asegura su aprobación en el recinto. Por eso, el Gobierno tuvo que abrir una nueva ronda de negociaciones con sus aliados.

Pese a conseguir un dictamen de mayoría a favor, el gobierno de Javier Milei debió resignarse a postergar el tratamiento del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que buscaba hacer aprobar mañana en Diputados, porque carece de los votos necesarios para avanzar en puntos clave como el aumento de retenciones y el esquema de suba para los jubilados.

La Libertad Avanza había logrado el dictamen con 55 votos a favor pero que incluyeron 34 que respaldaron con disidencias. Con el correr de las horas, quedó claro que dentro de ese grupo hay radicales y miembros de Hacemos Coalición Federal (ambos votaron divididos) que no estaban dispuestos a respaldar en el recinto cuestiones como la suba de las retenciones y los cambios en la movilidad jubilatoria.

En esa negativa influyeron diversos factores, entre ellos la voluntad de los gobernadores, sobre todo los de Juntos por el Cambio, que no quieren avalar subas de tributos que les compliquen el frente interno en sus distritos. Por eso, el ministro de Economía, Luis Caputo, los amenazó con un ajuste aún mayor si no se pliegan a la voluntad del Ejecutivo. Resultado: la sesión terminó de caerse y ahora nadie puede asegurar cuándo se votará.

“Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”, escribió Caputo en X.

“El ministro de Economía, Luis Caputo, que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos”, se quejó en diputado Miguel Pichetto, presidente de Hacemos Cambio Federal. Caputo le respondió: “Diputado, si algo me sobra es valentía, por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia”.

Fueron reacciones airadas en medio de la falta de certezas sobre el acompañamiento en el recinto a los puntos que habían quedado abiertos para el Ejecutivo en el dictamen. De todos modos, en la aprobación de ese texto ya había quedo expuesta la fragilidad del oficialismo: solo los 19 integrantes de La Libertad Avanza, más José Luis Espert (Avanza Libertad) y Paula Omodeo (Creo) firmaron el dictamen de mayoría sin objeciones.

En tanto, en el resto de los bloques de la oposición dialoguista el acompañamiento al proyecto del Poder Ejecutivo fue parcial y dividió las posiciones intrapartido. Todas las disidencias, no obstante, se concentraron en dos puntos cruciales del proyecto que podrían comprometer el logro del déficit cero: la suba de los derechos de exportación para los productos del complejo cerealero y la carne, y la modificación de la fórmula jubilatoria.

Por su parte, el bloque de UxP también sufrió el impacto. Tres diputados alineados con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo dejaron el espacio y crearon el bloque “independencia”, tras votar a favor de la mayoría. Prolongaron así la sangría que se había iniciado con la salida de tres legisladores del salteño Gustavo Sáenz. De todos modos, el peronismo opositor y la izquierda, sumados, alcanzaron los 45 votos negativos.

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La CGT aseguró que un “peronista no puede votar el DNU”

Los secretarios de la CGT, Pablo Moyano y Héctor Daer encabezaron los discursos en el marco del paro nacional.

ncabezado por los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), decena de miles de personas continúan llegando a la Plaza de los dos Congresos para participar del paro nacional en repudio a la ley ómnibus,que será debatida este jueves en la Cámara de Diputados, y alDecreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, ambas iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

Apenas pasadas las 14 horas, el primer dirigente en tomar la palabra en el acto fue uno de los líderes de la CGT y titular del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, y lanzó un mensaje a los diputados nacionales. “Un peronista no puede votar este DNU que va en contra de los jubilados, los trabajadores y la soberanía argentina”.

Tras apuntar contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por el contenido del decreto de desregulación económica y por querer reinstaurar el pago del impuesto a las ganancias, Moyano reiteró la necesidad de que el bloque de Unión por la Patria rechace el DNU y la ley ómnibus.

“Estamos para exigirles a los diputados y diputadas que hacen campaña cantando la marcha peronista, y cuando tienen que rechazar una ley que va en contra de lo trabajadores, se esconden y tenemos que ir a buscarlos a su despacho”, puntualizó el Secretario General de Camioneros.

Posteriormente, el cosecretario general de la CGT, Hector Daer, sostuvo que el paro general es una reivindicación a los 40 años de democracia. “En las manos de los legisladores nacionales está la posibilidad de poner en caja de nuevo la democracia, reivindicando la división de poderes, y venimos con la Constitución en la mano, que dice claramente que los derechos son progresivos y que no pueden volver atrás”, indicó.

Asimismo, Daer cuestionó el slogan del bloque oficialista (La Libertad Avanza), al ratificar que el Gobierno utiliza esa palabra “para hacer pelota la fórmula de actualización para los compañeros jubilados y jubiladas, y que no nos engañen porque cambian la fórmula”.

“Nos corren por la libertad y nos quieren llevar a entregar el fondo de garantía de sustentabilidad. Y no hay más dinero que el negocio de las empresas que quieren recuperar sus acciones que son del pueblo argentino y del pueblo trabajador. Eso no lo pueden dejar pasar diputados y diputadas”, añadió uno de los líderes de la central obrera.

Cabe destacar que, el paro nacional tuvo adhesiones en todo el país, y fue acompañado por un centenar de organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos, como así también tuvo la presencia de buena parte de la dirigencia política de Unión por la Patria y de las corrientes de partidos de Izquierda.

En esa línea, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo una reunión con intendentes bonaerenses y gobernadores peronistas, a pocas cuadras del Congreso de la Nación para luego sumarse a la movilización acompañado del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Por su parte, la presidenta del Grupo Provincia y referente del Frente Renovador, Malena Galmarini, encabezó la columna del espacio junto a diputados, senadores e intendentes y referentes. La numerosa columna partió desde la intersección de avenida 9 de julio y Av Cordoba rumbo a la plaza de los Dos Congreso para acompañar la movilización y los reclamos contra el DNU de Milei y la ley ómnibus.

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