Luego del fracaso en Diputados, el oficialismo ensaya un repliegue táctico en Casa Rosada, con negociaciones delegadas y un clima de desconcierto que expone las fisuras del armado libertario.

El Gobierno nacional inició una revisión contrarreloj de su estrategia legislativa tras la derrota sufrida en la Cámara de Diputados, un revés que dejó al descubierto improvisación política y falta de control sobre sus propios aliados. La reacción oficial llegó con una nueva reunión de su mesa chica en Casa Rosada, mientras el Presidente optó por correrse de las negociaciones directas.

El encuentro fue encabezado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un contexto marcado por el malestar interno y la necesidad de redefinir el camino para intentar cerrar el año con la aprobación del Presupuesto. La ausencia de Javier Milei y de Karina Milei volvió a ser leída como una señal de distanciamiento del manejo fino del Congreso, en uno de los momentos más sensibles para el Ejecutivo.

El traspié legislativo del miércoles pasado, cuando el oficialismo no logró imponer un artículo incorporado a último momento, desarmó la hoja de ruta que el Gobierno daba por segura. La maniobra, impulsada desde la cúspide del poder, terminó naufragando ante el retiro de apoyos de gobernadores que hasta entonces habían acompañado la agenda libertaria.

En Balcarce 50 admiten, en voz baja, que la derrota alteró los planes y expuso una conducción errática. Las versiones sobre un eventual veto presidencial, la conveniencia del texto con media sanción y los pasos a seguir se contradijeron durante varios días, reflejando un oficialismo sin línea clara y con dificultades para ordenar su propio discurso.

Mientras el Presidente destacó públicamente la media sanción obtenida y volvió a insistir con el mantra del déficit cero, puertas adentro el clima fue de incertidumbre. La decisión de forzar un capítulo conflictivo sin acuerdos previos terminó por dinamitar una sesión que el Gobierno pretendía mostrar como un triunfo político.

Ahora, con el calendario legislativo en contra, la Casa Rosada intenta recomponer vínculos y ajustar la táctica para evitar nuevos tropiezos. La apuesta es aprobar el Presupuesto y avanzar luego con otras reformas, aunque el episodio dejó una advertencia clara: sin consensos mínimos, el relato de autoridad choca una y otra vez contra la realidad del Congreso.

El Gobierno bonaerense avaló un nuevo aumento del control vehicular obligatorio, que acumula tres subas en menos de doce meses y vuelve a encarecer un trámite ineludible para circular.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un nuevo incremento en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), una medida que impacta de lleno en el bolsillo de los automovilistas y se suma a la seguidilla de ajustes aplicados durante el último año. El aumento comenzará a regir a partir del 16 de enero de 2026 y eleva el costo del trámite obligatorio a casi 100 mil pesos.

Según la resolución oficial publicada en el Boletín Oficial, la tarifa de referencia para los vehículos de hasta 2.500 kilos pasará a ser de $97.057,65, con IVA incluido, lo que implica un alza superior al 20% respecto del valor vigente hasta ahora. Ese monto funciona como base para el resto de las categorías, que se calculan en función del mismo esquema.

Con esta decisión, el Ejecutivo provincial consolida el tercer aumento en menos de un año. En julio pasado, la VTV ya había registrado un salto superior al 25% en comparación con febrero, mientras que, doce meses atrás, el costo del control técnico era poco más de la mitad del valor actual.

Desde el área de Transporte justificaron el ajuste en los mecanismos previstos en el contrato de concesión, que vinculan la tarifa al salario del personal del sistema de verificación. Sin embargo, la actualización vuelve a trasladar de manera automática los costos a los usuarios, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo y sin alternativas para quienes necesitan el trámite para circular legalmente.

El nuevo aumento refuerza las críticas al esquema vigente, que combina servicios privatizados, subas periódicas y un control obligatorio que no contempla la situación económica de los conductores, convertidos una vez más en la variable de ajuste de las políticas oficiales.

En un trámite acelerado y con fuerte sesgo privatizador, el Ministerio de Economía avanzó con la venta total de cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas a consorcios privados. La operación, que ronda los USD 707 millones, implica el traspaso de infraestructura construida con inversión pública y reaviva críticas por el valor y la velocidad del proceso.

El gobierno nacional profundizó este viernes su política de desguace del patrimonio energético con la preadjudicación del cien por ciento del capital accionario de cuatro represas centrales del Comahue a empresas privadas, en una operación que el propio Ejecutivo presentó como un éxito, pero que generó fuertes cuestionamientos por el precio y la celeridad del trámite.

Mediante una resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se avaló la segunda etapa del concurso público que habilita la venta de las sociedades operadoras de Piedra del Águila, El Chocón, Alicurá y Cerros Colorados, actualmente bajo la órbita de ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina. El monto total comprometido asciende a poco más de 706 millones de dólares.

Central Puerto se aseguró la represa Piedra del Águila con una oferta de 245 millones de dólares, mientras que el complejo El Chocón quedó en manos de un consorcio encabezado por BML Inversora y MSU Energy, que ofertó cerca de 236 millones. En tanto, Edison Inversiones, junto a un grupo de empresas mendocinas, se quedó con Alicurá y Cerros Colorados por montos sensiblemente menores, incluso luego de pedidos de mejora de precio por parte del Estado.

La resolución también dejó fuera de carrera a otros oferentes cuyas propuestas fueron calificadas como “no serias”, al haber presentado valores simbólicos, una situación que expuso las inconsistencias del proceso licitatorio y la falta de parámetros claros para resguardar el interés público.

Según lo dispuesto, la firma de los contratos de concesión y transferencia se realizará el próximo 22 de diciembre en la ciudad rionegrina de Cipolletti, y los acuerdos entrarán en vigencia tras su publicación definitiva en el Boletín Oficial.

El avance de la privatización se concretó en menos de cinco meses desde el llamado a licitación, un plazo inusualmente breve para activos de esta magnitud estratégica. La decisión se inscribe en la hoja de ruta del gobierno de Javier Milei, que impulsa una retirada acelerada del Estado de sectores clave, incluso en áreas sensibles como la generación eléctrica.

Las cuatro represas forman parte de la columna vertebral del sistema hidroeléctrico nacional y fueron desarrolladas con décadas de inversión pública. Su traspaso al sector privado, a valores que especialistas consideran bajos en relación con su capacidad de generación y rentabilidad futura, consolida un cambio estructural en la política energética argentina y abre un nuevo frente de debate sobre soberanía, tarifas y control de recursos estratégicos.

El Secretario Gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, habló sobre el impacto de la última movilización sindical, la postergación del debate de la reforma laboral y la presión del movimiento obrero para frenar una iniciativa perjudicial para los trabajadores.

Lobato aseguró que la movilización realizada en las últimas horas cumplió su objetivo central al forzar la postergación del tratamiento legislativo. “Lo primero que se logró con la movilización de ayer fue posponer la discusión, que era el objetivo principal que buscábamos”, afirmó.

En diálogo con AM 530, el dirigente de la UOM detalló que la presión sindical incluyó gestiones políticas directas. “Tuvimos charlas con diputados, senadores y gobernadores. La movilización influyó en la decisión de postergar la discusión”, explicó.

El sindicalista reconoció que parte de la base trabajadora no dimensionaba inicialmente el alcance del proyecto oficial. “Los trabajadores no estaban 100% al tanto de todos los perjuicios que iba a traer esta ley”, señaló, y remarcó que la protesta permitió visibilizar el rechazo gremial. En ese sentido, calificó la jornada como “una gran manifestación”.

Lobato ratificó además la voluntad de sostener el plan de lucha. “Nosotros desde la UOM tenemos la decisión tomada de estar en la calle”, indicó, y reclamó una medida de fuerza general cuando la iniciativa llegue al Senado.

“Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización”, concluyó, al tiempo que llamó a la CGT a avanzar en una convocatoria unificada contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

El presidente electo de Chile eligió Buenos Aires para su debut externo y se reunió con el mandatario argentino, en una visita marcada por sintonía política, antecedentes sensibles y dudas sobre el rumbo de la relación bilateral.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, desembarcó este martes en Buenos Aires para mantener un encuentro con Javier Milei en Casa Rosada, en su primera actividad internacional tras imponerse con amplia ventaja en las elecciones presidenciales. La visita, presentada como un gesto de sintonía política, se desarrolla bajo un clima de cautela por las posiciones del dirigente chileno sobre temas sensibles para la Argentina.

El arribo de Kast se produjo a primera hora de la mañana y su agenda incluyó una reunión con el jefe de Estado argentino al mediodía, con participación del canciller Pablo Quirno. El encuentro expone la decisión del Gobierno libertario de priorizar afinidades ideológicas por sobre una lectura estratégica de la relación bilateral, en un escenario regional que exige prudencia diplomática.

El mandatario electo chileno ya había anticipado el viaje en redes sociales, donde habló de coordinación en seguridad, migraciones y reactivación económica. Sin embargo, en la Argentina persisten reparos por antecedentes discursivos de Kast vinculados a la Patagonia y a la proyección antártica, cuestiones que históricamente formaron parte del delicado equilibrio entre ambos países.

Tras la reunión en Casa Rosada, Kast mantuvo un almuerzo con empresarios en un hotel céntrico y luego visitó la Embajada de Chile, antes de emprender el regreso a Santiago. La fuerte impronta empresarial de la agenda refuerza la mirada economicista que ambos dirigentes comparten, aunque deja en segundo plano la dimensión política e institucional del vínculo bilateral.

El Gobierno argentino celebró el gesto como una muestra de respaldo internacional, pero puertas adentro el encuentro vuelve a exponer una diplomacia errática, más enfocada en afinidades personales y gestos simbólicos que en la defensa consistente de los intereses nacionales. La visita de Kast, lejos de disipar dudas, reaviva interrogantes sobre el rumbo de la política exterior en un contexto regional cada vez más sensible.

Juan Pazo dejó la conducción del organismo recaudador y fue reemplazado por Andrés Edgardo Vázquez, en un enroque interno que expone la fragilidad del esquema económico y la falta de resultados en materia fiscal.

El Gobierno nacional oficializó este martes un nuevo cambio en la cúpula de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con la salida de Juan Alberto Pazo y la designación de Andrés Edgardo Vázquez como Director Ejecutivo del organismo, en medio de una caída sostenida de la actividad económica y serias tensiones en las cuentas públicas.

La modificación fue formalizada a través del decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que acepta la renuncia de Pazo y dispone el desplazamiento de Vázquez de la Dirección General Impositiva para ubicarlo al frente de ARCA a partir del 18 de diciembre.

Lejos de un recambio planificado, la decisión aparece como un movimiento defensivo del oficialismo ante el deterioro de la recaudación, el desplome del consumo y el creciente malestar de provincias y sectores productivos por la presión fiscal y la parálisis económica. En ese marco, el Ejecutivo apeló a un simple cambio de nombres dentro del mismo equipo, sin alterar el rumbo de fondo.

Desde el Ministerio de Economía se buscó minimizar el impacto político de la salida de Pazo, al asegurar que continuará “colaborando incondicionalmente” con Caputo desde el sector privado, una definición que refuerza la lógica de puertas giratorias y la ausencia de responsabilidades frente a los resultados de la gestión.

Durante la breve conducción de Pazo, el Gobierno impulsó una batería de medidas presentadas como “modernizadoras”, entre ellas la simplificación de regímenes informativos y nuevos esquemas tributarios, que no lograron revertir la caída de ingresos ni mejorar la capacidad del Estado para sostener servicios básicos. Por el contrario, el ajuste fiscal profundizó la recesión y achicó la base imponible.

La llegada de Vázquez, un funcionario de carrera dentro del esquema impositivo, fue presentada como una garantía de continuidad de las políticas de Milei y Caputo, las mismas que sostienen un modelo de ajuste permanente, licuación de recursos y confrontación con el entramado productivo.

El recambio en ARCA confirma así una dinámica ya conocida: frente a la falta de resultados, el Gobierno opta por reordenar cargos sin revisar decisiones estratégicas, mientras la crisis fiscal y económica sigue acumulando costos sociales y políticos.

Manuel Adorni confirmó que este lunes se lanzará la licitación para que el predio de Villa Martelli sea privatizado, en línea con la política de ajuste y retiro del Estado impulsada por la Casa Rosada.

El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso para concesionar Tecnópolis, uno de los principales espacios públicos dedicados a la ciencia, la cultura y la producción nacional, y lo hizo bajo el argumento de reducir el gasto público y “aliviar” las cuentas del Estado, aun a costa de resignar un bien de uso social que durante años fue de acceso libre y gratuito.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien comunicó que este lunes se abrirá el concurso público para transferir la explotación del predio a manos privadas por un plazo inicial de 25 años. Desde el Ejecutivo se insistió en presentar al complejo como un símbolo del “déficit” heredado, pese a su rol como espacio estratégico para actividades educativas, culturales y tecnológicas.

Según la información oficial, la concesión se enmarca en el plan de déficit cero y “racionalización” del gasto, una fórmula que en los hechos se traduce en el desmantelamiento de políticas públicas y en la cesión de activos estatales al sector privado. El predio, que dependía de la Secretaría de Cultura, fue descripto por el Gobierno como financieramente inviable, con deudas acumuladas y faltantes de equipamiento, sin mencionar el impacto social de su funcionamiento ni las decisiones presupuestarias que llevaron a esa situación.

Desde el inicio de la actual gestión, Tecnópolis ya había sido objeto de un fuerte recorte, con una reducción superior al 30% de su planta de trabajadores, en una señal clara del rumbo adoptado. Ahora, el Ejecutivo pretende cerrar el proceso con una concesión de largo plazo que, bajo la promesa de un canon mensual fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, consolida la retirada del Estado de un área clave.

La medida vuelve a exponer el sesgo ideológico del gobierno libertario, que prioriza el ajuste y la privatización como únicas respuestas, incluso cuando se trata de espacios públicos que cumplen una función social, educativa y cultural difícilmente reemplazable por la lógica del mercado. Traducido sin eufemismos: menos Estado, menos acceso y más negocio para pocos.

El gobernador bonaerense cuestionó con dureza el rumbo económico nacional, advirtió sobre el deterioro social y ratificó que participará de la movilización convocada por las centrales obreras.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, profundizó su confrontación con el gobierno de Javier Milei al anunciar que acompañará la movilización impulsada por la CGT junto a las dos CTA, en rechazo a la reforma laboral y al programa económico del Ejecutivo nacional, al que responsabilizó por el agravamiento de la crisis social y productiva.

En declaraciones radiales, el mandatario provincial describió un escenario marcado por despidos masivos, cierre de empresas y pérdida acelerada del poder adquisitivo. Según detalló, desde el inicio de la actual gestión nacional se registraron cientos de miles de cesantías y la desaparición de miles de firmas, con un impacto especialmente severo sobre las pymes industriales. “La economía cotidiana está cada vez más asfixiada”, resumió.

Kicillof alertó además sobre el endeudamiento de los hogares y el deterioro del consumo interno. Señaló que amplios sectores de la población ya no logran afrontar compromisos financieros, ni siquiera aquellos asumidos a través del sistema bancario o las billeteras virtuales, mientras se profundiza la caída en rubros clave como alimentos, industria metalmecánica, automotriz y producción láctea.

El gobernador también puso el foco en las consecuencias sanitarias del ajuste. Afirmó que la demanda en hospitales y centros de salud públicos se multiplicó de manera exponencial ante la imposibilidad de muchas familias de comprar medicamentos en el circuito privado. En ese marco, defendió la declaración de la emergencia económica en la provincia, aclarando que responde a una crisis social antes que a un problema estrictamente fiscal.

En un tono particularmente crítico, cuestionó el esquema económico nacional, al que acusó de sostener la desaceleración inflacionaria a costa de salarios, jubilaciones y producción local, mediante el atraso cambiario y la apertura indiscriminada de importaciones. También rechazó la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, al sostener que fue elaborada sin diálogo con trabajadores, empresarios ni el Congreso, y que implica un retroceso histórico en materia de derechos.

Con ese diagnóstico, Kicillof ratificó su decisión de acompañar la protesta sindical prevista para esta semana y dejó en claro su alineamiento con los reclamos del movimiento obrero frente a un modelo que, advirtió, “está dejando a amplios sectores afuera”. Traducido al criollo: el conflicto recién empieza y nadie parece dispuesto a aflojar.

Organizaciones sociales y asambleas ambientalistas denunciaron una fuerte represión policial durante las manifestaciones realizadas tras la aprobación del proyecto en el Senado provincial. Trece personas fueron detenidas en operativos que incluyeron golpes y derivaciones hospitalarias.

Las protestas contra la habilitación del proyecto minero San Jorge volvieron a copar este miércoles las calles de Mendoza, horas después de que el Senado provincial aprobara la iniciativa que, según denuncian las organizaciones ambientalistas, pone en riesgo el acceso al agua y habilita una explotación sin controles suficientes.

De acuerdo con referentes de diversas asambleas, la respuesta del gobierno provincial fue una serie de operativos policiales que incluyeron detenciones, agresiones y dispersión violenta de manifestantes en distintos puntos del territorio. La capital provincial concentró los incidentes más graves.

Tras un ruidazo en el centro mendocino, un grupo de jóvenes se movilizó para denunciar lo que consideran un bloqueo informativo por parte de los principales medios locales. La marcha fue interceptada por fuerzas de seguridad que realizaron detenciones y avanzaron con golpes y balas de goma. Según el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), varias de las personas reprimidas tuvieron que ser trasladadas a los hospitales Carrillo y Central.

Las autoridades provinciales informaron que fueron detenidos trece manifestantes, entre ellos Renzo Goyano, Facundo Goyano, Santiago Algarrobo, Enzo Puebla, Luis Pinti, Facundo Goya, Ema Garbo, Máximo Astorga, Sol Alex Díaz y Bautista Franco.

Las protestas se extendieron por Uspallata, el Valle de Uco, Lavalle y Luján de Cuyo, y continuarán durante el fin de semana con nuevas movilizaciones. Las asambleas ambientalistas anunciaron que mantendrán el plan de lucha y reclamaron que el Ejecutivo de Alfredo Cornejo “escuche a la población y detenga el avance de un modelo extractivo que pone en riesgo los recursos naturales de la provincia”.

La central obrera reunió a su conducción con senadores y diputados de Unión por la Patria para consolidar una postura común frente al proyecto del Ejecutivo, que todavía no ingresó formalmente al Congreso. El sindicalismo evalúa movilizar al Parlamento y preparar medidas de fuerza.

La conducción de la CGT mantuvo este miércoles una extensa reunión con representantes del peronismo en ambas cámaras, en un intento por articular una estrategia conjunta para impedir que avance la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El encuentro, celebrado en el despacho del jefe del bloque del Senado, José Mayans, sirvió para alinear posiciones y exhibir unidad entre gremios y legisladores.

Los cosecretarios Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello aseguraron que el vínculo con el Ejecutivo está prácticamente roto y que no recibieron ningún documento formal que permita iniciar una negociación real. Tras el encuentro, adelantaron que la mesa directiva definirá este jueves un plan de protesta que podría incluir una movilización al Congreso durante el tratamiento del proyecto.

La reunión contó con la presencia de dirigentes de peso de la CGT, entre ellos Gerardo Martínez (UOCRA), quien cuestionó la falta de información oficial sobre los alcances de la iniciativa. Legisladores peronistas —incluidos algunos que han tomado distancia del bloque— se sumaron al encuentro para acordar un camino común en el plano parlamentario y en la estrategia comunicacional.

En paralelo, los referentes sindicales y legislativos evaluaron la presentación de una propuesta alternativa que recoja proyectos previos del peronismo y defina una postura unificada frente al debate. La intención es intentar construir una mayoría en el Senado que permita bloquear cualquier modificación que, según advirtieron, implique retrocesos para los trabajadores.

“Le transmitimos a la CGT que nuestro bloque no acompañará ninguna iniciativa que afecte derechos laborales ni la capacidad de organización del movimiento obrero”, afirmó el senador Mariano Recalde al término de la reunión, en el marco de un frente común que busca elevar la presión política antes de que la reforma llegue al recinto.