El presidente de Estados Unidos publicó en redes sociales imágenes que lo muestran reclamando la isla ártica como parte del territorio estadounidense, en medio de un fuerte rechazo de aliados europeos y crecientes tensiones en la escena internacional.

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a escalar la controversia internacional con publicaciones en su red social Truth Social en las que aparece, con bandera en mano, “anexando” Groenlandia —territorio semiautónomo bajo soberanía danesa— y presentando un mapa que sugiere la inclusión de Groenlandia, Canadá y Venezuela dentro de una versión ampliada de Estados Unidos. Las imágenes, creadas con inteligencia artificial, fueron difusas como ilustraciones de su visión expansionista y provocaron críticas tanto en Europa como en foros diplomáticos internacionales.

Trump acompañó las publicaciones con mensajes que insisten en que Groenlandia es “imprescindible para la seguridad nacional y mundial” y aseguró haber discutido el tema con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, antes de viajar al Foro Económico Mundial de Davos. Estas acciones se producen en medio de un contexto de tensión creciente entre Washington y la Unión Europea, con Bruselas considerando respuestas comerciales y arancelarias a las amenazas estadounidenses.

La difusión de estas imágenes expandidas —donde la bandera estadounidense cubre amplios territorios soberanos de aliados y vecinos— fue interpretada por críticos como una reafirmación de una política exterior agresiva y neoimperialista. Asimismo, líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificaron como un error las advertencias de Trump y reforzaron su llamado al respeto de la integridad territorial de Groenlandia.

La polémica se da en el marco de otras acciones de Trump en los últimos meses, como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su insistencia en reclamos estratégicos en el Ártico, que han tensionado las relaciones transatlánticas y sembrado dudas sobre el futuro del orden internacional basado en normas.

La Casa Rosada vuelve a quedar atrapada en disputas de poder. El sector que responde a los Menem busca limitar la influencia del principal asesor presidencial, en una interna que expone fragilidad política y falta de conducción.

Mientras el Gobierno intenta acelerar la reforma laboral en el Congreso, en los pasillos de la Casa Rosada se profundiza una interna que revela un oficialismo más concentrado en disputas personales que en la gestión. El enfrentamiento entre el clan Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo vuelve a ganar centralidad y amenaza con escalar en las próximas semanas.

En el entorno presidencial admiten que el conflicto nunca fue saldado. Tras los comicios, el sector liderado por Martín y Eduardo “Lule” Menem intentó desplazar a Caputo del círculo de poder, pero la maniobra fracasó gracias al respaldo explícito de Javier Milei. Lejos de debilitarse, el asesor consolidó posiciones estratégicas y amplió su influencia sobre áreas sensibles del Estado.

La tensión reapareció con fuerza en medio del debate por la reforma laboral, una iniciativa clave para el Ejecutivo que, paradójicamente, quedó opacada por las luchas internas. En lugar de ordenar el frente político, el Gobierno volvió a mostrar fisuras que alimentan la desconfianza incluso dentro de sus propias filas.

Según fuentes oficiales, la ofensiva más reciente incluyó presiones sobre Karina Milei para condicionar la toma de decisiones durante los viajes presidenciales. El trasfondo es el mismo de siempre: evitar que Caputo concentre poder en ausencia del mandatario. El argumento, repetido en voz baja, desnuda el temor de un sector del oficialismo a perder control en la mesa chica.

Desde el entorno del asesor eligieron no responder públicamente. El silencio, sin embargo, no disimula el clima de confrontación permanente ni la sensación de provisionalidad que atraviesa al Gobierno. En Balcarce 50 reconocen que la tregua es frágil y que el conflicto podría recrudecer una vez que el Congreso defina el destino de la reforma laboral.

La interna libertaria, lejos de ser un episodio aislado, se convirtió en una constante que erosiona la capacidad de gestión y exhibe un Ejecutivo más preocupado por disciplinar aliados que por dar respuestas a una economía en crisis. Con marzo como horizonte, el oficialismo vuelve a mirarse el ombligo, mientras la agenda pública queda rehén de una pelea de poder que parece no tener fin.

El fuego está presente en el centro-sur del país. El Gobierno decretó el estado de catástrofe en Ñuble y Biobío y advirtió que el número de víctimas podría crecer.

Una ola de incendios forestales mantiene en vilo a Chile, con un saldo provisorio de al menos 16 personas fallecidas y decenas de miles de evacuados en las regiones del centro-sur del país, según confirmaron autoridades nacionales.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, precisó que la mayoría de las muertes se registraron en la región del Biobío, una de las zonas más castigadas por el avance de las llamas. Desde el Gobierno advirtieron que el balance podría agravarse a medida que los equipos de emergencia accedan a áreas aún comprometidas por el fuego.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente Gabriel Boric decretó el estado de catástrofe en Ñuble y Biobío y se trasladó a la zona afectada para coordinar las tareas de respuesta. La medida habilita el uso de recursos extraordinarios y refuerza el despliegue de personal y medios para el combate de los incendios y la asistencia a la población damnificada.

De acuerdo con datos oficiales de la Corporación Nacional Forestal, permanecen activos más de una veintena de focos en distintas regiones, con miles de hectáreas ya consumidas. El incendio de mayor extensión se localiza en las inmediaciones de Concepción, donde el fuego avanzó sobre áreas rurales y sectores cercanos a zonas urbanas.

Las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas —altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos— complican las tareas de control y favorecen la rápida propagación de las llamas. En ese contexto, brigadistas, bomberos y fuerzas armadas trabajan con apoyo aéreo para contener los focos y evitar que alcancen nuevas áreas pobladas.

Especialistas y organismos técnicos alertaron que la reiteración de estos episodios extremos vuelve a poner bajo la lupa las políticas de prevención y el ordenamiento territorial en el sur del país, en un escenario marcado por la sequía prolongada y los efectos del cambio climático. Mientras tanto, el Gobierno mantiene la alerta y el monitoreo permanente, con el foco puesto en reducir daños y asistir a las comunidades afectadas

Llevarán al presidente ante la Justicia federal tras sus declaraciones sobre la autodeterminación de los kelpers. Advierten que el Gobierno nacional incurre en una grave vulneración de la Constitución y consolida una posición funcional a los intereses británicos.

El Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM) denunciará al presidente Javier Milei ante la Justicia Federal por sus reiteradas declaraciones sobre la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas, a las que calificaron como un aval explícito al colonialismo británico y una claudicación del reclamo histórico argentino.

La presentación judicial se realizará luego de que el jefe de Estado ignorara una carta documento enviada el 2 de enero, en la que se le exigía una retractación pública por sus dichos. El escrito, firmado por el presidente del CECIM, Rodolfo Carrizo, intimaba a Milei a corregir afirmaciones que, según los veteranos, contradicen de forma directa la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

La controversia se originó en una entrevista concedida por Milei al diario británico The Telegraph, publicada el 29 de diciembre de 2025, donde sostuvo que Malvinas “debería regresar a la Argentina solo a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”. Para los excombatientes, esa definición implica reconocer el principio de autodeterminación de una población implantada por la potencia ocupante.

El planteo no fue aislado. El 2 de abril de 2025, durante el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el presidente profundizó esa línea al afirmar que “el voto más importante es el que se hace con los pies” y expresar su deseo de que los kelpers “algún día voten con los pies a la Argentina”. Incluso sostuvo que el objetivo del país debía ser volverse tan atractivo que los habitantes de las islas prefirieran ser argentinos.

Las organizaciones de veteranos consideran que esas expresiones configuran una renuncia política al reclamo soberano y una adopción abierta del lenguaje colonial británico. Señalan que la Constitución Nacional es taxativa al ratificar la soberanía “legítima e imprescriptible” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y al establecer su recuperación como un objetivo “permanente e irrenunciable” del pueblo argentino.

El abogado Jerónimo Guerrero Iraola, representante legal del CECIM, confirmó que la denuncia será presentada en los próximos días ante la Justicia Federal de Comodoro Py. La intención es solicitar la habilitación de la feria judicial y, de no prosperar, avanzar con la presentación en febrero, una vez reanudada la actividad judicial. “Le dimos un plazo prudencial para que se retracte y no lo hizo”, afirmó.

No es la primera vez que las declaraciones de Milei generan reacciones judiciales. En abril del año pasado, tras su primer pronunciamiento favorable al principio de autodeterminación, la Confederación de Combatientes de Malvinas denunció al presidente por violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la Patria. Aquella causa no avanzó.

Para los excombatientes, sin embargo, el problema persiste y se agrava. Advierten que el Gobierno de Milei no solo guarda silencio ante los reclamos, sino que consolida una política exterior que debilita la posición argentina y rompe con décadas de consenso democrático en torno a Malvinas, transformando una causa nacional en una concesión ideológica.

La embajada estadounidense difundió un mensaje de tono intimidante dirigido a turistas, estudiantes y trabajadores argentinos. En línea con la política migratoria de Donald Trump, confirmó que el monitoreo es permanente y que la visa puede ser revocada incluso después del ingreso al país.

La Embajada de Estados Unidos en la Argentina lanzó una advertencia de fuerte contenido político y simbólico hacia los ciudadanos argentinos que viajan con visa. “Te estamos controlando”, señaló el mensaje difundido por la misión diplomática, que dejó en claro que el seguimiento no termina con la aprobación del permiso de ingreso, sino que se extiende durante toda la estadía en territorio norteamericano.

El comunicado indicó que el Gobierno estadounidense mantiene un monitoreo constante sobre quienes viajan por turismo, estudio o trabajo, y que cualquier incumplimiento de las condiciones migratorias puede derivar en la cancelación inmediata de la visa y en un proceso de deportación, sin necesidad de advertencias previas.

Según la embajada, la visa no constituye un derecho adquirido, sino una autorización sujeta a control permanente. El alcance de la vigilancia incluye la revisión de antecedentes, eventuales irregularidades durante la estadía, cambios en la situación declarada e incluso el comportamiento en redes sociales.

El endurecimiento del mensaje no es un hecho aislado. Se inscribe en la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, caracterizada por un enfoque punitivo y una creciente violencia institucional contra migrantes y visitantes extranjeros. Desde el inicio de su nueva gestión, Estados Unidos revocó más de 100.000 visas, una cifra récord que acompaña el giro restrictivo del discurso oficial.

El Departamento de Estado informó que miles de permisos fueron anulados por la comisión de delitos, entre ellos agresiones y conducción bajo los efectos del alcohol, aunque remarcó que cualquier infracción puede ser motivo suficiente para perder la visa.

“La administración Trump no tiene mayor prioridad que proteger a los ciudadanos estadounidenses y defender la soberanía de Estados Unidos”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, al justificar el refuerzo de los controles.

En paralelo, la política migratoria se apoya en una estrategia de deportaciones masivas. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, más de 605.000 personas fueron deportadas en este período, mientras que otras 2,5 millones abandonaron el país de manera voluntaria bajo presión oficial.

La advertencia dirigida a los argentinos se alinea con ese esquema general. Más que una recomendación administrativa, funciona como un mensaje disciplinador que refuerza el clima de control y vigilancia promovido por la Casa Blanca, incluso sobre quienes viajan de forma legal y temporal.

Mientras brigadistas enfrentan incendios con recursos escasos en el sur del país, organizaciones sociales y ambientales advierten que el recorte estatal y la ofensiva legislativa del Gobierno nacional abren la puerta a la especulación sobre tierras, bosques y agua.

Los incendios que se expanden en distintas zonas de la Patagonia volvieron a poner en primer plano algo más que la emergencia ambiental. En Chubut, Río Negro y Neuquén, el fuego avanza en un contexto marcado por el ajuste presupuestario, el debilitamiento de políticas públicas y una agenda legislativa que, según denuncian organizaciones sociales, amenaza la soberanía sobre recursos estratégicos.

Aunque la Justicia investiga posibles focos intencionales y no hay imputaciones confirmadas, el eje de las críticas no pasa solo por el origen de las llamas sino por el escenario político que las rodea. Brigadistas y autoridades locales trabajan con medios limitados, mientras desde la Casa Rosada se impulsa un esquema de reducción del Estado que impacta de lleno en la prevención y el control de incendios.

Asambleas ambientales, sindicatos y organizaciones territoriales sostienen que el fuego se inscribe en una matriz conocida: desprotección estatal, tierras degradadas y posterior avance de intereses privados. En ese marco, advierten que varias leyes clave quedaron bajo presión o directamente vaciadas de contenido.

La Ley de Bosques Nativos es uno de los ejemplos más citados. El fondo destinado a compensar a las provincias por tareas de conservación y control viene siendo subejecutado desde hace años, una situación que se profundizó con el actual Gobierno. Sin recursos, alertan, la prevención se vuelve testimonial y el territorio queda librado a su suerte.

También genera alarma el debate en torno a la Ley de Manejo del Fuego. Proyectos que buscan flexibilizar la prohibición de vender o cambiar el uso de suelos incendiados son leídos por las organizaciones como una señal peligrosa: el incendio pasaría de tragedia a oportunidad de negocio.

La Ley de Glaciares y la de Tierras Rurales completan el cuadro. En el primer caso, se denuncia el intento de recortar áreas protegidas para habilitar emprendimientos extractivos, principalmente mineros. En el segundo, el cuestionamiento apunta al virtual congelamiento del registro que debería controlar la compra de tierras por parte de capitales extranjeros, lo que facilita operaciones opacas y la concentración de grandes extensiones.

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y movimientos socioambientales describen un patrón repetido en la región: incendios en zonas de alto valor ecológico, caída del precio de la tierra y posterior adquisición por grupos económicos para desarrollos inmobiliarios, turísticos o extractivos. Un esquema que se repite, aseguran, allí donde el Estado se retira.

En ese contexto, también circularon versiones sin respaldo judicial sobre la presencia de extranjeros en áreas afectadas antes de algunos incendios. Especialistas advierten que ese tipo de denuncias, sin pruebas, desvían la atención del problema central: la extranjerización de la tierra y la falta de control público, fenómenos ampliamente documentados.

El caso de Lago Escondido aparece como antecedente inevitable. La apropiación de tierras estratégicas y el control privado del acceso al agua expusieron, una vez más, las dificultades del Estado para hacer cumplir la ley incluso cuando existen fallos judiciales firmes.

Para las organizaciones, el núcleo del conflicto es el agua. En una región donde nacen ríos y se concentran reservas hídricas clave, la combinación de megaminería, negocios inmobiliarios y ajuste estatal configura un escenario de alto riesgo.

Mientras el fuego sigue activo y las investigaciones avanzan lentamente, las preguntas se acumulan: por qué no funcionan los organismos de control, quiénes impulsan los cambios legales y, sobre todo, quién gana cuando la Patagonia se quema. Para los sectores críticos, la respuesta apunta menos al azar y más a un modelo de país que, bajo el discurso de la libertad de mercado, vuelve a poner en venta el territorio.

Organizaciones comunistas y obreras de América Latina y el Caribe denunciaron una “agresión imperialista” de Estados Unidos contra Venezuela, repudiaron bombardeos y reclamaron la libertad inmediata del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Partidos Comunistas y Obreros de América Latina y el Caribe difundieron una declaración conjunta en la que condenaron con dureza la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela y la región, a la que calificaron de “colonialista” y orientada a la apropiación de recursos estratégicos.

En el comunicado, las fuerzas firmantes denunciaron a la administración estadounidense por reivindicar la Doctrina Monroe y considerar a los países de América Latina como su “patio trasero”, lo que —advirtieron— pone en riesgo la soberanía de los pueblos del continente.

Las organizaciones también repudiaron los recientes bombardeos, que consideraron una “violación criminal” del derecho internacional y de la autodeterminación de los pueblos, y exigieron la “libertad inmediata” del presidente venezolano Nicolás Maduro y de Cilia Flores, a quienes definieron como víctimas del asedio y la persecución de la política exterior estadounidense.

En ese marco, hicieron un llamado a las clases trabajadoras y a los sectores progresistas de la región a movilizarse para rechazar las agresiones y defender la dignidad continental, al tiempo que reafirmaron su respaldo a la Revolución Bolivariana.

La declaración fue suscripta, entre otros, por los partidos comunistas de Venezuela, Argentina, Brasil (PCdoB), Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, Honduras, Guatemala y Panamá, además de organizaciones políticas y sociales de Costa Rica, Haití y República Dominicana.

El texto cuenta además con adhesiones individuales de dirigentes políticos, exfuncionarios, legisladores, periodistas e intelectuales de distintos países de la región y de Europa, quienes coincidieron en rechazar lo que calificaron como una nueva escalada imperialista contra Venezuela.

Por Ale Orellana R.

Más allá de lo obvio, el Principio de No Intervención, consagrado en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y desarrollado en las resoluciones 2131 y 2625 de la Asamblea General, fue claramente avasallado por el gobierno de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

El presidente venezolano Nicolás Maduro fue secuestrado por fuerzas estadounidenses, sin posibilidad alguna de defensa, mediación diplomática ni resguardo jurídico. Un hecho de extrema gravedad institucional que rompe, sin eufemismos, con los pilares básicos del derecho internacional contemporáneo.

Trump, fiel a su estilo, tampoco pareció interesado en respetar las propias leyes de su país. La Constitución de los Estados Unidos establece con claridad que cualquier acción bélica debe contar con la aprobación del Congreso. Desde los ataques a embarcaciones venezolanas hasta el secuestro ilegal de un jefe de Estado, nada de eso ocurrió. Semanas atrás, el propio Trump declaró que no era necesario pasar por el Congreso, minimizando el asunto como una formalidad irrelevante.

Una de las excusas reiteradas para justificar la agresión fue el narcotráfico. Sin embargo, la realidad —y el propio discurso del mandatario— deja en evidencia que se trata apenas de una coartada.

El llamado “fenómeno zombi” que afecta a varias ciudades estadounidenses está vinculado al consumo masivo de fentanilo, cuya producción base no se origina en Venezuela. De acuerdo con datos de la DEA, el principal productor mundial de esa sustancia es China, no Caracas. El argumento sanitario, entonces, se desmorona por sí solo.

Hay otro dato imposible de soslayar: hace apenas un mes, Trump indultó al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, responsable —de manera probada— del ingreso de unas 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante su mandato. La vara moral, como siempre, se acomoda según la conveniencia geopolítica.

Dicho esto, el foco debe correrse del análisis coyuntural del gobierno de Maduro. Lo central es comprender qué intereses mueven a un imperio en decadencia, encabezado por Donald Trump, a quien aquí llamaremos por lo que es: un presidófilo, para quienes prefieren distraerse con tecnicismos.

El 3 de enero de 2026, Trump fue explícito: anunció que “recuperará” el petróleo venezolano, alegando que fue la tecnología estadounidense la que modernizó su extracción. Un razonamiento colonial clásico, donde la inversión privada justifica el saqueo y la soberanía ajena se convierte en un estorbo.

Los números explican mucho. Estados Unidos posee reservas petroleras estimadas en 74 mil millones de barriles, suficientes —en el mejor de los casos— para unos 15 años. Venezuela, en cambio, cuenta con 304 mil millones de barriles, lo que equivale a más de 900 años de reservas. Para 2026, Washington enfrentará una caída histórica de su disponibilidad energética, agravada por su nivel de consumo.

La historia reciente confirma el patrón:

Irak (1991 y 2003), Libia (1986 y 2011), Irán (1987), Afganistán (2001), Kuwait (1991) y ahora Venezuela (2026). Todos escenarios distintos, un mismo denominador común: petróleo y control geopolítico. Venezuela, Irán e Irak integran el podio de países con mayores reservas del mundo. Las conclusiones son inevitables.

Los hechos se encadenaron con precisión quirúrgica. Tras las elecciones venezolanas de 2024, Estados Unidos reactivó sanciones petroleras. En agosto de 2025, Trump desplegó 4.000 soldados en el Caribe con la excusa del narcotráfico. Desde octubre, se intensificaron los ataques a embarcaciones. En diciembre, llegó el bloqueo total. El 1° de enero de 2026, Venezuela anunció el refuerzo de su defensa. Dos días después, tropas estadounidenses secuestraron a Maduro y a Cilia Flores, atacaron zonas civiles y profanaron el mausoleo de Hugo Chávez.

Ese mismo día, Trump anunció la intervención directa sobre las reservas petroleras venezolanas. Nada fue improvisado.

Entre 2002 y 2009, Hugo Chávez estatizó la producción petrolera y devolvió al Estado el control de PDVSA. Las empresas estadounidenses que se negaron a ceder ese control fueron expropiadas. Chávez no robó nada: recuperó lo que era del pueblo venezolano. Hoy, Trump reclama “lo que es suyo” con la lógica del patrón que vuelve por la hacienda perdida.

El problema no termina en Venezuela. México, Colombia, Cuba y Groenlandia ya figuran en el radar discursivo del presidente estadounidense. Mientras tanto, los medios hegemónicos celebran, y una parte de la opinión pública aplaude, desclasada y sin memoria.

El cierre es incómodo, pero necesario: bajo la bandera de la lucha contra las drogas, mientras sus propias calles se llenan de miseria, adicción y expulsiones violentas; mientras separa familias, deporta niños y abandona ciudades enteras, Donald Trump no combate el narcotráfico ni defiende la democracia. Hace lo que Estados Unidos ha hecho siempre cuando el poder se le escurre entre los dedos: saquear recursos ajenos, imponer por la fuerza lo que ya no puede sostener por consenso y dejar, allí donde pisa, un cementerio o un manicomio. La historia no absuelve imperios: los expone.

La dirigente libertaria defendió al gendarme procesado por herir de gravedad al fotoperiodista y volvió a justificar la violencia estatal como herramienta de gobierno, en línea con la política de seguridad del oficialismo.

Patricia Bullrich volvió a colocarse del lado de la represión y del relato oficial antes que de la Justicia. Al defender al gendarme acusado de disparar a quemarropa un cartucho de gas lacrimógeno que dejó al fotoperiodista Pablo Grillo al borde de la muerte, la exministra ratificó una concepción del orden público en la que las víctimas pasan a ser daños aceptables.

En declaraciones radiales, Bullrich desestimó el procesamiento judicial del efectivo y aseguró que el disparo se realizó “correctamente”, apoyándose en supuestas pericias propias y no en las que obran en la causa. La gravedad del ataque, que mantuvo a Grillo semanas en terapia intensiva, fue relativizada bajo una lógica que reduce la violencia institucional a un efecto secundario inevitable.

Lejos de mostrar cautela, la senadora de La Libertad Avanza volvió a apelar a un lenguaje beligerante para describir las protestas frente al Congreso y sostuvo que la represión es el precio a pagar para evitar el “caos”. En esa ecuación, la integridad física de un trabajador de prensa quedó subordinada a una idea abstracta de orden, administrada por las fuerzas federales sin margen para el control democrático.

La dirigente también incurrió en contradicciones al ser consultada por la aplicación selectiva del protocolo antipiquetes, especialmente en movilizaciones afines al oficialismo. Entre negaciones, excusas y desmentidas frente a imágenes públicas, terminó por evidenciar un doble estándar que refuerza la idea de una seguridad aplicada según conveniencia política.

El respaldo explícito a un agente procesado y la descalificación implícita de la Justicia consolidan una línea dura que no distingue entre manifestantes, periodistas o transeúntes. En nombre del orden, Bullrich volvió a justificar un modelo en el que la violencia estatal no solo se ejerce, sino que se celebra desde el poder.

El presidente estadounidense insistió en que Groenlandia es vital para la “seguridad nacional” de Estados Unidos y no descartó explorar opciones, incluida la fuerza, para ejercer control sobre ese vasto territorio autónomo danés, generando rechazo entre aliados europeos y líderes groenlandeses.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, volvió a situar a Groenlandia en el centro de un foco de crisis internacional al reafirmar que su país “necesita” ese territorio ártico por motivos de seguridad nacional, una postura que ha tensado las relaciones con Dinamarca y otras capitales europeas que rechazan cualquier intento de control unilateral.

Trump, en declaraciones recogidas en múltiples medios, subrayó que el archipiélago, perteneciente al Reino de Dinamarca, es estratégico frente a la presencia de potencias como Rusia y China en el Ártico, y consideró que Washington debe asegurar su posición allí incluso si eso requiere asumir un papel directo.

La Casa Blanca confirmó que se evalúan “diversas opciones” para avanzar en ese objetivo, con funcionarios señalando que el uso de las fuerzas armadas no está descartado como herramienta para responder a lo que describen como una amenaza a la seguridad estadounidense.

Estas declaraciones provocaron una rápida reacción desde Europa. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, insistió en que Groenlandia “pertenece a su pueblo” y que cualquier decisión sobre su estatus debe ser tomada por Dinamarca y la propia Groenlandia, respaldando firmemente la vigencia del derecho internacional.

En Dinamarca y Nuuk, las autoridades han rechazado de plano los planteos estadounidenses, calificándolos de inaceptables y una amenaza a la soberanía territorial. El primer ministro groenlandés llamó a mantener la calma mientras se busca “restablecer un diálogo constructivo” con Washington, pero reafirmó que Groenlandia no está en venta ni dispuesta a ser objeto de presiones externas.

La polémica por Groenlandia se produce en paralelo a otros focos de fricción entre Estados Unidos y sus aliados, y plantea cuestionamientos sobre el futuro de la cooperación estratégica en el Ártico, así como sobre la credibilidad de las instituciones multilaterales que tradicionalmente han regulado estas disputas.

Analistas internacionales consideran que la insistencia de Trump, además de poner en jaque las normas de soberanía que rigen las relaciones entre Estados, también pone a prueba la cohesión dentro de la OTAN y la capacidad de Europa para responder colectivamente a la presión política y militar de Washington en una región de creciente importancia geopolítica