La embajada estadounidense difundió un mensaje de tono intimidante dirigido a turistas, estudiantes y trabajadores argentinos. En línea con la política migratoria de Donald Trump, confirmó que el monitoreo es permanente y que la visa puede ser revocada incluso después del ingreso al país.

La Embajada de Estados Unidos en la Argentina lanzó una advertencia de fuerte contenido político y simbólico hacia los ciudadanos argentinos que viajan con visa. “Te estamos controlando”, señaló el mensaje difundido por la misión diplomática, que dejó en claro que el seguimiento no termina con la aprobación del permiso de ingreso, sino que se extiende durante toda la estadía en territorio norteamericano.

El comunicado indicó que el Gobierno estadounidense mantiene un monitoreo constante sobre quienes viajan por turismo, estudio o trabajo, y que cualquier incumplimiento de las condiciones migratorias puede derivar en la cancelación inmediata de la visa y en un proceso de deportación, sin necesidad de advertencias previas.

Según la embajada, la visa no constituye un derecho adquirido, sino una autorización sujeta a control permanente. El alcance de la vigilancia incluye la revisión de antecedentes, eventuales irregularidades durante la estadía, cambios en la situación declarada e incluso el comportamiento en redes sociales.

El endurecimiento del mensaje no es un hecho aislado. Se inscribe en la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, caracterizada por un enfoque punitivo y una creciente violencia institucional contra migrantes y visitantes extranjeros. Desde el inicio de su nueva gestión, Estados Unidos revocó más de 100.000 visas, una cifra récord que acompaña el giro restrictivo del discurso oficial.

El Departamento de Estado informó que miles de permisos fueron anulados por la comisión de delitos, entre ellos agresiones y conducción bajo los efectos del alcohol, aunque remarcó que cualquier infracción puede ser motivo suficiente para perder la visa.

“La administración Trump no tiene mayor prioridad que proteger a los ciudadanos estadounidenses y defender la soberanía de Estados Unidos”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, al justificar el refuerzo de los controles.

En paralelo, la política migratoria se apoya en una estrategia de deportaciones masivas. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, más de 605.000 personas fueron deportadas en este período, mientras que otras 2,5 millones abandonaron el país de manera voluntaria bajo presión oficial.

La advertencia dirigida a los argentinos se alinea con ese esquema general. Más que una recomendación administrativa, funciona como un mensaje disciplinador que refuerza el clima de control y vigilancia promovido por la Casa Blanca, incluso sobre quienes viajan de forma legal y temporal.

Mientras brigadistas enfrentan incendios con recursos escasos en el sur del país, organizaciones sociales y ambientales advierten que el recorte estatal y la ofensiva legislativa del Gobierno nacional abren la puerta a la especulación sobre tierras, bosques y agua.

Los incendios que se expanden en distintas zonas de la Patagonia volvieron a poner en primer plano algo más que la emergencia ambiental. En Chubut, Río Negro y Neuquén, el fuego avanza en un contexto marcado por el ajuste presupuestario, el debilitamiento de políticas públicas y una agenda legislativa que, según denuncian organizaciones sociales, amenaza la soberanía sobre recursos estratégicos.

Aunque la Justicia investiga posibles focos intencionales y no hay imputaciones confirmadas, el eje de las críticas no pasa solo por el origen de las llamas sino por el escenario político que las rodea. Brigadistas y autoridades locales trabajan con medios limitados, mientras desde la Casa Rosada se impulsa un esquema de reducción del Estado que impacta de lleno en la prevención y el control de incendios.

Asambleas ambientales, sindicatos y organizaciones territoriales sostienen que el fuego se inscribe en una matriz conocida: desprotección estatal, tierras degradadas y posterior avance de intereses privados. En ese marco, advierten que varias leyes clave quedaron bajo presión o directamente vaciadas de contenido.

La Ley de Bosques Nativos es uno de los ejemplos más citados. El fondo destinado a compensar a las provincias por tareas de conservación y control viene siendo subejecutado desde hace años, una situación que se profundizó con el actual Gobierno. Sin recursos, alertan, la prevención se vuelve testimonial y el territorio queda librado a su suerte.

También genera alarma el debate en torno a la Ley de Manejo del Fuego. Proyectos que buscan flexibilizar la prohibición de vender o cambiar el uso de suelos incendiados son leídos por las organizaciones como una señal peligrosa: el incendio pasaría de tragedia a oportunidad de negocio.

La Ley de Glaciares y la de Tierras Rurales completan el cuadro. En el primer caso, se denuncia el intento de recortar áreas protegidas para habilitar emprendimientos extractivos, principalmente mineros. En el segundo, el cuestionamiento apunta al virtual congelamiento del registro que debería controlar la compra de tierras por parte de capitales extranjeros, lo que facilita operaciones opacas y la concentración de grandes extensiones.

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y movimientos socioambientales describen un patrón repetido en la región: incendios en zonas de alto valor ecológico, caída del precio de la tierra y posterior adquisición por grupos económicos para desarrollos inmobiliarios, turísticos o extractivos. Un esquema que se repite, aseguran, allí donde el Estado se retira.

En ese contexto, también circularon versiones sin respaldo judicial sobre la presencia de extranjeros en áreas afectadas antes de algunos incendios. Especialistas advierten que ese tipo de denuncias, sin pruebas, desvían la atención del problema central: la extranjerización de la tierra y la falta de control público, fenómenos ampliamente documentados.

El caso de Lago Escondido aparece como antecedente inevitable. La apropiación de tierras estratégicas y el control privado del acceso al agua expusieron, una vez más, las dificultades del Estado para hacer cumplir la ley incluso cuando existen fallos judiciales firmes.

Para las organizaciones, el núcleo del conflicto es el agua. En una región donde nacen ríos y se concentran reservas hídricas clave, la combinación de megaminería, negocios inmobiliarios y ajuste estatal configura un escenario de alto riesgo.

Mientras el fuego sigue activo y las investigaciones avanzan lentamente, las preguntas se acumulan: por qué no funcionan los organismos de control, quiénes impulsan los cambios legales y, sobre todo, quién gana cuando la Patagonia se quema. Para los sectores críticos, la respuesta apunta menos al azar y más a un modelo de país que, bajo el discurso de la libertad de mercado, vuelve a poner en venta el territorio.

Organizaciones comunistas y obreras de América Latina y el Caribe denunciaron una “agresión imperialista” de Estados Unidos contra Venezuela, repudiaron bombardeos y reclamaron la libertad inmediata del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Partidos Comunistas y Obreros de América Latina y el Caribe difundieron una declaración conjunta en la que condenaron con dureza la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela y la región, a la que calificaron de “colonialista” y orientada a la apropiación de recursos estratégicos.

En el comunicado, las fuerzas firmantes denunciaron a la administración estadounidense por reivindicar la Doctrina Monroe y considerar a los países de América Latina como su “patio trasero”, lo que —advirtieron— pone en riesgo la soberanía de los pueblos del continente.

Las organizaciones también repudiaron los recientes bombardeos, que consideraron una “violación criminal” del derecho internacional y de la autodeterminación de los pueblos, y exigieron la “libertad inmediata” del presidente venezolano Nicolás Maduro y de Cilia Flores, a quienes definieron como víctimas del asedio y la persecución de la política exterior estadounidense.

En ese marco, hicieron un llamado a las clases trabajadoras y a los sectores progresistas de la región a movilizarse para rechazar las agresiones y defender la dignidad continental, al tiempo que reafirmaron su respaldo a la Revolución Bolivariana.

La declaración fue suscripta, entre otros, por los partidos comunistas de Venezuela, Argentina, Brasil (PCdoB), Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, Honduras, Guatemala y Panamá, además de organizaciones políticas y sociales de Costa Rica, Haití y República Dominicana.

El texto cuenta además con adhesiones individuales de dirigentes políticos, exfuncionarios, legisladores, periodistas e intelectuales de distintos países de la región y de Europa, quienes coincidieron en rechazar lo que calificaron como una nueva escalada imperialista contra Venezuela.

Por Ale Orellana R.

Más allá de lo obvio, el Principio de No Intervención, consagrado en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y desarrollado en las resoluciones 2131 y 2625 de la Asamblea General, fue claramente avasallado por el gobierno de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

El presidente venezolano Nicolás Maduro fue secuestrado por fuerzas estadounidenses, sin posibilidad alguna de defensa, mediación diplomática ni resguardo jurídico. Un hecho de extrema gravedad institucional que rompe, sin eufemismos, con los pilares básicos del derecho internacional contemporáneo.

Trump, fiel a su estilo, tampoco pareció interesado en respetar las propias leyes de su país. La Constitución de los Estados Unidos establece con claridad que cualquier acción bélica debe contar con la aprobación del Congreso. Desde los ataques a embarcaciones venezolanas hasta el secuestro ilegal de un jefe de Estado, nada de eso ocurrió. Semanas atrás, el propio Trump declaró que no era necesario pasar por el Congreso, minimizando el asunto como una formalidad irrelevante.

Una de las excusas reiteradas para justificar la agresión fue el narcotráfico. Sin embargo, la realidad —y el propio discurso del mandatario— deja en evidencia que se trata apenas de una coartada.

El llamado “fenómeno zombi” que afecta a varias ciudades estadounidenses está vinculado al consumo masivo de fentanilo, cuya producción base no se origina en Venezuela. De acuerdo con datos de la DEA, el principal productor mundial de esa sustancia es China, no Caracas. El argumento sanitario, entonces, se desmorona por sí solo.

Hay otro dato imposible de soslayar: hace apenas un mes, Trump indultó al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, responsable —de manera probada— del ingreso de unas 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante su mandato. La vara moral, como siempre, se acomoda según la conveniencia geopolítica.

Dicho esto, el foco debe correrse del análisis coyuntural del gobierno de Maduro. Lo central es comprender qué intereses mueven a un imperio en decadencia, encabezado por Donald Trump, a quien aquí llamaremos por lo que es: un presidófilo, para quienes prefieren distraerse con tecnicismos.

El 3 de enero de 2026, Trump fue explícito: anunció que “recuperará” el petróleo venezolano, alegando que fue la tecnología estadounidense la que modernizó su extracción. Un razonamiento colonial clásico, donde la inversión privada justifica el saqueo y la soberanía ajena se convierte en un estorbo.

Los números explican mucho. Estados Unidos posee reservas petroleras estimadas en 74 mil millones de barriles, suficientes —en el mejor de los casos— para unos 15 años. Venezuela, en cambio, cuenta con 304 mil millones de barriles, lo que equivale a más de 900 años de reservas. Para 2026, Washington enfrentará una caída histórica de su disponibilidad energética, agravada por su nivel de consumo.

La historia reciente confirma el patrón:

Irak (1991 y 2003), Libia (1986 y 2011), Irán (1987), Afganistán (2001), Kuwait (1991) y ahora Venezuela (2026). Todos escenarios distintos, un mismo denominador común: petróleo y control geopolítico. Venezuela, Irán e Irak integran el podio de países con mayores reservas del mundo. Las conclusiones son inevitables.

Los hechos se encadenaron con precisión quirúrgica. Tras las elecciones venezolanas de 2024, Estados Unidos reactivó sanciones petroleras. En agosto de 2025, Trump desplegó 4.000 soldados en el Caribe con la excusa del narcotráfico. Desde octubre, se intensificaron los ataques a embarcaciones. En diciembre, llegó el bloqueo total. El 1° de enero de 2026, Venezuela anunció el refuerzo de su defensa. Dos días después, tropas estadounidenses secuestraron a Maduro y a Cilia Flores, atacaron zonas civiles y profanaron el mausoleo de Hugo Chávez.

Ese mismo día, Trump anunció la intervención directa sobre las reservas petroleras venezolanas. Nada fue improvisado.

Entre 2002 y 2009, Hugo Chávez estatizó la producción petrolera y devolvió al Estado el control de PDVSA. Las empresas estadounidenses que se negaron a ceder ese control fueron expropiadas. Chávez no robó nada: recuperó lo que era del pueblo venezolano. Hoy, Trump reclama “lo que es suyo” con la lógica del patrón que vuelve por la hacienda perdida.

El problema no termina en Venezuela. México, Colombia, Cuba y Groenlandia ya figuran en el radar discursivo del presidente estadounidense. Mientras tanto, los medios hegemónicos celebran, y una parte de la opinión pública aplaude, desclasada y sin memoria.

El cierre es incómodo, pero necesario: bajo la bandera de la lucha contra las drogas, mientras sus propias calles se llenan de miseria, adicción y expulsiones violentas; mientras separa familias, deporta niños y abandona ciudades enteras, Donald Trump no combate el narcotráfico ni defiende la democracia. Hace lo que Estados Unidos ha hecho siempre cuando el poder se le escurre entre los dedos: saquear recursos ajenos, imponer por la fuerza lo que ya no puede sostener por consenso y dejar, allí donde pisa, un cementerio o un manicomio. La historia no absuelve imperios: los expone.

La dirigente libertaria defendió al gendarme procesado por herir de gravedad al fotoperiodista y volvió a justificar la violencia estatal como herramienta de gobierno, en línea con la política de seguridad del oficialismo.

Patricia Bullrich volvió a colocarse del lado de la represión y del relato oficial antes que de la Justicia. Al defender al gendarme acusado de disparar a quemarropa un cartucho de gas lacrimógeno que dejó al fotoperiodista Pablo Grillo al borde de la muerte, la exministra ratificó una concepción del orden público en la que las víctimas pasan a ser daños aceptables.

En declaraciones radiales, Bullrich desestimó el procesamiento judicial del efectivo y aseguró que el disparo se realizó “correctamente”, apoyándose en supuestas pericias propias y no en las que obran en la causa. La gravedad del ataque, que mantuvo a Grillo semanas en terapia intensiva, fue relativizada bajo una lógica que reduce la violencia institucional a un efecto secundario inevitable.

Lejos de mostrar cautela, la senadora de La Libertad Avanza volvió a apelar a un lenguaje beligerante para describir las protestas frente al Congreso y sostuvo que la represión es el precio a pagar para evitar el “caos”. En esa ecuación, la integridad física de un trabajador de prensa quedó subordinada a una idea abstracta de orden, administrada por las fuerzas federales sin margen para el control democrático.

La dirigente también incurrió en contradicciones al ser consultada por la aplicación selectiva del protocolo antipiquetes, especialmente en movilizaciones afines al oficialismo. Entre negaciones, excusas y desmentidas frente a imágenes públicas, terminó por evidenciar un doble estándar que refuerza la idea de una seguridad aplicada según conveniencia política.

El respaldo explícito a un agente procesado y la descalificación implícita de la Justicia consolidan una línea dura que no distingue entre manifestantes, periodistas o transeúntes. En nombre del orden, Bullrich volvió a justificar un modelo en el que la violencia estatal no solo se ejerce, sino que se celebra desde el poder.

El presidente estadounidense insistió en que Groenlandia es vital para la “seguridad nacional” de Estados Unidos y no descartó explorar opciones, incluida la fuerza, para ejercer control sobre ese vasto territorio autónomo danés, generando rechazo entre aliados europeos y líderes groenlandeses.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, volvió a situar a Groenlandia en el centro de un foco de crisis internacional al reafirmar que su país “necesita” ese territorio ártico por motivos de seguridad nacional, una postura que ha tensado las relaciones con Dinamarca y otras capitales europeas que rechazan cualquier intento de control unilateral.

Trump, en declaraciones recogidas en múltiples medios, subrayó que el archipiélago, perteneciente al Reino de Dinamarca, es estratégico frente a la presencia de potencias como Rusia y China en el Ártico, y consideró que Washington debe asegurar su posición allí incluso si eso requiere asumir un papel directo.

La Casa Blanca confirmó que se evalúan “diversas opciones” para avanzar en ese objetivo, con funcionarios señalando que el uso de las fuerzas armadas no está descartado como herramienta para responder a lo que describen como una amenaza a la seguridad estadounidense.

Estas declaraciones provocaron una rápida reacción desde Europa. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, insistió en que Groenlandia “pertenece a su pueblo” y que cualquier decisión sobre su estatus debe ser tomada por Dinamarca y la propia Groenlandia, respaldando firmemente la vigencia del derecho internacional.

En Dinamarca y Nuuk, las autoridades han rechazado de plano los planteos estadounidenses, calificándolos de inaceptables y una amenaza a la soberanía territorial. El primer ministro groenlandés llamó a mantener la calma mientras se busca “restablecer un diálogo constructivo” con Washington, pero reafirmó que Groenlandia no está en venta ni dispuesta a ser objeto de presiones externas.

La polémica por Groenlandia se produce en paralelo a otros focos de fricción entre Estados Unidos y sus aliados, y plantea cuestionamientos sobre el futuro de la cooperación estratégica en el Ártico, así como sobre la credibilidad de las instituciones multilaterales que tradicionalmente han regulado estas disputas.

Analistas internacionales consideran que la insistencia de Trump, además de poner en jaque las normas de soberanía que rigen las relaciones entre Estados, también pone a prueba la cohesión dentro de la OTAN y la capacidad de Europa para responder colectivamente a la presión política y militar de Washington en una región de creciente importancia geopolítica

El ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo en los niveles obligatorios y contemplará un receso invernal del 20 al 31 de julio, con el objetivo de cumplir 190 días de clase.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires oficializó el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026, que regirá para todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense y establece un mínimo de 190 días efectivos de clases.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, las clases iniciarán el 2 de marzo para los niveles Inicial, Primario y Secundario, incluyendo las modalidades Técnica, Agraria y Artística, además de Educación Especial, Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Física y los Centros Educativos Complementarios. El cierre del ciclo lectivo quedó fijado para el 22 de diciembre, mientras que el receso invernal se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio.

Para el nivel superior, el calendario dispone que la Educación Superior Docente, Técnica y Artística comience el 16 de marzo y finalice el 27 de noviembre. En tanto, la Formación Profesional iniciará el ciclo el 9 de marzo y concluirá el 18 de diciembre. En todos los casos, las vacaciones de invierno coincidirán con las fechas previstas para la Ciudad de Buenos Aires.

El cronograma también contempla instancias de planificación institucional, con actividades pedagógicas y conmemoraciones que deberán incorporarse a las propuestas curriculares y áulicas de cada establecimiento, en función de los contextos locales y regionales.

Además, se establecen cinco jornadas institucionales a lo largo del año: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y una adicional a definir por los equipos distritales. El acto de cierre del ciclo lectivo podrá realizarse entre el 17 y el 22 de diciembre.

Por último, la normativa dispone que las instituciones de gestión privada alcanzadas por convenios internacionales deberán adecuar su calendario al marco general establecido para el sistema educativo bonaerense.

Acorralado por la falta de dólares, el equipo económico apeló a la emisión monetaria para recomponer reservas y volvió a subir con fuerza las tasas. El Tesoro llega sin caja al pago de deuda de esta semana y negocia auxilio externo bajo presión.

El Banco Central reabrió una puerta que el propio Gobierno prometía mantener cerrada: la emisión de pesos para comprar divisas. En una jornada atravesada por la tensión cambiaria, la autoridad monetaria adquirió dólares con dinero recién creado, mientras el Ministerio de Economía endurecía las tasas para contener la demanda y evitar una nueva corrida.

La maniobra dejó al desnudo un problema estructural que la retórica oficial no logra tapar. La estabilidad cambiaria depende de instrumentos cada vez más costosos para la actividad económica y, aun así, no resuelve la escasez de divisas que enfrenta el Tesoro a días de un vencimiento clave de deuda externa.

Para frenar al dólar, el Gobierno combinó intervención directa con un salto abrupto en los rendimientos en pesos. Primero, el Tesoro salió a vender divisas y a convalidar tasas más altas; luego, el Central ingresó al mercado y concretó su primera compra de reservas del año financiada con emisión. El resultado fue un alivio transitorio, a cambio de mayor presión recesiva.

La urgencia explica la secuencia. Economía necesita reunir unos USD 4.200 millones para cumplir con compromisos que vencen esta semana y el reloj corre en contra. Los fondos deben transferirse a los agentes de pago internacionales en cuestión de horas, mientras continúan las negociaciones con un grupo de bancos extranjeros para obtener financiamiento de corto plazo.

El ancla elegida vuelve a ser la tasa de interés. Pero el remedio no es inocuo. El encarecimiento del dinero impacta de lleno en empresas y hogares, restringe el crédito y eleva el riesgo de incumplimientos en un contexto donde la morosidad ya muestra señales de alarma. El mercado financiero reflejó el ajuste con tasas de fondeo en niveles extremos.

La operatoria del Central implicó una emisión significativa de pesos que luego fue parcialmente absorbida mediante instrumentos de esterilización. Lejos de resolver el problema, la estrategia engrosa los pasivos remunerados que el propio presidente señala como uno de los factores de inestabilidad macroeconómica, en una contradicción cada vez más evidente entre discurso y práctica.

Del lado del Tesoro, la caja sigue corta. Los dólares disponibles no alcanzan para cubrir amortizaciones e intereses de bonos bajo ley local y extranjera. La expectativa oficial está puesta en un crédito puente de bancos internacionales, pero la discusión sobre garantías demora el acuerdo y mantiene bajo presión a los títulos públicos y al riesgo país.

El plan alternativo de captar divisas en el mercado interno tampoco rindió lo esperado. El blanqueo fiscal no generó el flujo de dólares prometido y los bancos advierten que las regulaciones vigentes siguen limitando el ingreso de fondos. En paralelo, el Gobierno mira a las provincias endeudadas como última fuente de dólares, aunque los plazos legales conspiran contra la urgencia.

Así, entre emisión monetaria, tasas al límite y negociaciones contrarreloj, el Gobierno gana horas pero no soluciona el fondo del problema. La calma cambiaria se sostiene con parches financieros, mientras la economía real paga el costo de un ajuste que, lejos de estabilizar, profundiza las fragilidades del esquema oficial.

Por Lois Pérez Leira

La “Declaración de Nuestra América” no es un pronunciamiento más en la larga lista de comunicados regionales: es una toma de posición política explícita frente a la ofensiva de Estados Unidos sobre Venezuela. El texto denuncia las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales y el despojo de activos venezolanos, y expresa una coordinación que el movimiento comunista latinoamericano no exhibía con esta nitidez desde hace varios años.

Desde el Partido Comunista Mexicano hasta el Partido Comunista de la Argentina y el de Uruguay, el documento articula una respuesta continental que asume una premisa clara: lo que está en juego en Venezuela no es un conflicto interno, sino un ensayo de dominación aplicado a escala regional.

En Centroamérica y el Caribe, partidos como el del Pueblo de Panamá, el Guatemalteco del Trabajo, Vanguardia Popular de Costa Rica y el Partido Comunista de Honduras —junto al Partido de la Revolución Morazanista— sostienen una lectura sin eufemismos: la presión sobre Caracas funciona como advertencia para cualquier país que intente salirse del alineamiento estratégico con Washington.

Esa misma lógica aparece en el Caribe insular. El Movimiento Caamañista de República Dominicana, RASIN Kan Pèp La de Haití y el Consejo Nacional de Comités Populares de Martinica (CNCP, por sus siglas en español) advierten que la militarización de la cuenca caribeña no es defensiva ni circunstancial, sino parte de un dispositivo de control político y territorial.

En el eje andino-amazónico, el respaldo adquiere mayor densidad política. El Partido Comunista Colombiano, de Ecuador, Perú y Bolivia coinciden en señalar que las sanciones no solo buscan asfixiar a Venezuela, sino disciplinar a toda la región mediante el colapso inducido y la manipulación de la crisis migratoria.

La adhesión del Partido Comunista do Brasil introduce un elemento estratégico adicional: la discusión sobre soberanía financiera y la necesidad de romper la dependencia estructural del dólar como instrumento de castigo político.

En el texto, los firmantes sostienen que “la defensa de Venezuela no es asunto de una sola nación: es la defensa del derecho de todos nuestros pueblos a decidir su camino”, en una formulación que resume el eje político del documento.

De la denuncia a la acción

El documento, coordinado técnicamente por el dirigente chileno Daniel Jadue, evita el error habitual del progresismo declarativo. No se limita a denunciar, sino que plantea iniciativas concretas: un Mecanismo de Cooperación Humanitaria Soberana, la defensa del Partido Comunista de Venezuela en su propio territorio y una interpelación directa a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y a la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) para que abandonen la inercia diplomática.

El mensaje es claro y contundente: no hay neutralidad posible frente al cerco sobre Venezuela. Callar es convalidar.

Más allá de las siglas, la firma de todas estas organizaciones expresa la reactivación de un internacionalismo político que vuelve a leer la región como un campo de disputa geopolítica y no como un mosaico de crisis aisladas.

La arquitectura política de América Latina empieza a discutir, otra vez, la necesidad de romper con la tutela de Washington. Y una vez más, lo hace de forma valiente y consecuente con la historia de la liberación latinoamericana.

Con el nuevo año, el Gobierno habilitó otra suba en colectivos y subtes que profundiza el deterioro del ingreso. Los boletos aumentaron 4,5% y consolidan un esquema tarifario cada vez más expulsivo para usuarios y trabajadores.

El 2026 comenzó con un nuevo golpe al bolsillo de millones de personas que dependen del transporte público para trabajar, estudiar o simplemente moverse. Desde el 1° de enero rige un incremento del 4,5% en las tarifas de colectivos y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires, en línea con la política de ajuste sostenido impulsada por el gobierno nacional.

Con la actualización, el boleto de colectivo trepó hasta los $880 según el recorrido y la jurisdicción, mientras que el subte superó los $1.250 por viaje. El Premetro, en tanto, se ubicó por encima de los $440. Lejos de ser un hecho aislado, el aumento se suma a una cadena de subas que se arrastra desde 2024 y que convirtió al transporte en uno de los rubros que más rápido devora salarios.

En las líneas que circulan por la provincia de Buenos Aires, el tramo más corto ya ronda los $685, mientras que los recorridos más extensos alcanzan valores cercanos a los $900. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo quedó por encima de los $619 y escala progresivamente hasta casi $800 en los trayectos más largos. En el subte, la tarifa volvió a actualizarse y se consolida como una de las más altas de la región en relación al ingreso promedio.

El nuevo tarifazo vuelve a exponer una matriz de gestión que traslada el peso del ajuste a los usuarios, reduce subsidios sin recomponer ingresos y desatiende el impacto social de estas medidas. Para amplios sectores, moverse dejó de ser un derecho básico y pasó a ser una cuenta más difícil de pagar en un contexto de inflación persistente y salarios en retroceso.

Mientras el discurso oficial insiste en el “ordenamiento” de las cuentas públicas, en los hechos el transporte público se encarece mes a mes y empuja a miles de personas a recortar viajes, cambiar rutinas o resignar calidad de vida. El año recién empieza, pero el ajuste ya viaja en colectivo.