Por Christian Duarte*

El pasado 30 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones generales en Honduras para designar presidente de la República, 128 diputados al congreso nacional y 298 alcaldes.

En un hecho sin precedentes en la región, el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump emitió 3 mensajes públicos amenazando al pueblo hondureño para que votaran por “su candidato”. En sus mensajes, Trump también anunció que otorgaría indulto presidencial a Juan Orlando Hernández, el ex presidente del mismo partido político y más grande capo de la historia de Honduras.

Junto a los mensajes de Donald Trump, el Partido Nacional y Liberal operaron con el crimen organizado acciones de intimidación contra la población y ejecutaron un fraude durante la votación y al seno del órgano electoral, que fue puesto al descubierto gracias a 26 audios en poder del Ministerio Público.

Estos hechos develan una compleja pero organizada operación para alterar de forma sustancial la voluntad popular y el resultado de las elecciones, fundamentalmente a nivel presidencial, constituyéndose en un golpe de estado electoral. Una nueva forma de injerencia imperial operado por los Estados Unidos para intervenir los procesos electorales e imponer sus intereses en la región, lo que se suma a sus intervenciones en Ecuador, Argentina y Venezuela.

Cronología de hechos

1. Los mensajes de Trump y el Gobierno de los Estados Unidos

Según encuestas propias y de terceros, la disputa por el primer lugar se daba entre Rixi Moncada, candidata del partido de gobierno LIBRE, y Salvador Nasralla, contendiente por el Partido Liberal, partido históricamente aliado del Partido Nacional y promotor del golpe de estado del 2009 al presidente Zelaya; Nasry Asfura, del Partido Nacional de Juan Orlando Hernández, figuraba en un lejano tercer lugar, como el mismo Donald Trump ha afirmado en diversas entrevistas.

En medio del llamado silencio electoral y a pocos días de las elecciones, Donald Trump emitió su primer mensaje el 26 de noviembre, presentando las elecciones generales de Honduras como una disputa geopolítica entre “comunistas narco- terroristas” y los demócratas; señalando a Rixi Moncada como “su principal opositora”, llamando a votar abiertamente por Nasry Asfura del Partido Nacional.

El 28 de noviembre, Donald Trump emitió un segundo mensaje, esta vez más contundente y amenazante, pues condiciona la relación entre Estados Unidos y Honduras al triunfo de Nasry Asfura, llamando nuevamente a votar por este, y anuncia el indulto a Juan Orlando Hernández.

Finalmente, el 1 de diciembre, un día después del proceso electoral, Trump manifestó en sus redes sociales que “desataría un infierno en Honduras” si alguien “intenta alterar los resultados de la elección” y declara ganador a Nasry Asfura con el solo el 47% de los votos escrutados.

Los mensajes del Presidente Trump se suman a una campaña de mensajes y amenazas de diversos personeros del Gobierno de los Estados Unidos, como el Secretario de Estado Marco Rubio, la Fiscal General Pam Bondi, asesores, senadores republicanos y mensajes oficiales desde diversas agencias de gobierno.

2. Los mensajes y las amenazas al pueblo

Junto a los mensajes de Donald Trump, en Honduras y en Estados Unidos fueron enviados millones de mensajes amenazando a los migrantes y a las familias receptoras de remesas. Amenazas realizadas bajo una narrativa en la que se colocó al Partido LIBRE y a su candidata, Rixi Moncada, como enemigos de los Estados Unidos.

3.6 millones de mensajes de texto fueron enviados durante el período de silencio electoral, amenazando a la población con perder sus remesas. El mensaje literalmente decía: “Las remesas no se pueden perder, votar para que tus remesas lleguen es importante. No votes por Rixi Moncada #TuEliges”. A estos, deben sumarse los miles de mensajes enviados por los bancos a las familias beneficiarias y una multimillonaria campaña en redes sociales.

La relevancia del mensaje de Trump, junto a los millones de mensajes, cobra sentido cuando se tiene en cuenta que Honduras tiene más de 1.2 millones de migrantes viviendo en Estados Unidos, que envían en remesas el equivalente al 25% del Producto Interno Bruto, beneficiando a 625,000 familias del país, muchas de las cuales dependen enteramente de este ingreso para su supervivencia.

3. El indulto a Juan Orlando, el lobby financiero y el crimen organizado

Juan Orlando Hernández fue condenado en el año 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a 45 años de prisión federal más 60 meses de libertad supervisada. Sus delitos fueron haber importado cerca de 500 kilos de cocaína a los Estados Unidos, poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspirar usándolos para traficar droga.

En su ascenso, el más grande capo de la droga de Honduras, cometió dos fraudes electorales (2013 y 2017), se reeligió inconstitucionalmente, utilizó el poder estatal para erigir su propio cartel de drogas y sumió al país en las más altas tasas de violencia y pobreza. Por lo que su indulto fue un duro golpe para el pueblo hondureño y un claro espaldarazo a las estructuras del crimen organizado que operaron junto al Partido Nacional después del Golpe de Estado de 2009.

Es importante señalar que diversas fuentes señalan como los responsables del lobby por el indulto a Juan Orlando a oligarcas estadounidenses ligados al pensamiento libertario, las criptomonedas y empresas informáticas, destacando el multimillonario dueño de Palantir Peter Thiel. Quien también es inversionista y fundador de la ciudad modelo Próspera, bajo la ley de Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE), derogadas por el Gobierno de LIBRE y declaradas inconstitucionales por las Corte Suprema de Justicia (CJS). Próspera interpuso una demanda por $10,000 millones contra el Estado de Honduras ante CIADI por la derogatoria.

Al respecto del rol de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional en los fraudes electorales es importante señalar que, en su juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales presentaron evidencia de que Juan Orlando:

1. usó dinero del narcotráfico para sobornar juntas receptoras de votos y manipular resultados;
2. sobornó ingenieros informáticos del órgano electoral para hackear los sistemas y alterar los resultados;
3. pagó a pandillas para promover el caos y justificar la represión.

El día de la pasada elección, los servicios de atención a incidentes de seguridad del Estado contabilizaron cientos de llamadas de ciudadanos denunciando amenazas de las pandillas para que no ejercieran el sufragio, no llevaran gente a votar y no pusieran carpas incitando al voto por el Partido LIBRE y su candidata Rixi Moncada.

4. El fraude en el órgano electoral y el rol del cuerpo diplomático y la sociedad civil

El 29 de octubre el Fiscal General dio a conocer 26 audios que develaron el plan para robar la elecciones y alterar la soberanía popular. La conspiración fue liderada por la representante del Partido Nacional en el órgano electoral y un diputado del mismo partido, con el apoyo de la representante del Partido Liberal en el órgano electoral, un militar retirado, personeros de la sociedad civil y la Embajada de los Estados Unidos.

El plan consistió en boicotear la integridad de los resultados electorales para declarar como ganador a un candidato sin la mayoría de los votos. El boicot se operó en los siguientes elementos:

1. Fallas en la conectividad de los centros de votación con el objetivo de alterar el resultado electoral preliminar.
2. Desactivación del lector biométrico como un requisito para el conteo de actas con el objetivo de inflar 480,000 votos sin respaldo.
3. Sistema de transmisión de resultados electorales defectuoso en 87% de los casos.
4. Retención sin justificación de 16,615 actas en todos los niveles en la noche de la votación.
5. Caso omiso de los informes de auditoría que alertaron sobre las fallas críticas en los sistemas informáticos y su vulnerabilidad a ser manipulados.
6. Emitir una declaratoria parcial, sin haber contado cerca de 5,000 actas.
7. Aceptación acrítica de los resultados electorales de parte del cuerpo diplomático y de países con gobierno aliados a los Estados Unidos y de la sociedad civil. Ha trascendido inclusive que la Embajada de Francia y de Argentina acogieron a dos consejeras electorales durante las semanas finales del conteo.

Esto último evidencia el doble rasero de Estados Unidos, Europa y sus aliados, porque frente a las elecciones presidencial de Venezuela en 2024 exigieron vehementemente el recuento de los votos y la publicación de las actas, mientras que en Honduras corrieron a aceptar el resultado electoral sin que hubiera terminado el conteo, sin que el órgano electoral respondiera los reclamos administrativos y sin que existiera una declaratoria total.

Conclusión

El Golpe de Estado Electoral se operó utilizando 7 instrumentos: 1) Injerencia política sin precedentes del Presidente de los Estados Unidos y otros voceros del gobierno; 2) Chantaje económico, “si gana la izquierda, perderán sus remesas y el apoyo de los Estados Unidos”;

3) Crimen organizado: Juan Orlando Hernández y pandillas; 4) Campañas masivas, multimillonarias y multiniveles de comunicación y desinformación; 5) Apoyo de la sociedad civil para validar el fraude y los resultados; 6) Apoyo del cuerpo diplomático y países aliados de los Estados Unidos; 7) Financiamiento multimillonario de oligarcas estadounidenses con proyectos en Honduras.

El resultado fundamental es el irrespeto al voto popular y el ejercicio del sufragio bajo amenaza. Esto se refleja en el nivel de participación electoral, con apenas un 52.8%⁴, la segunda menor participación en los últimos 45 años, solo superada por las elecciones post golpe de estado en 2010. Asimismo, la ilegitimidad de las elecciones está acompañada por el retorno de un Partido Político que gobernó junto al crimen organizado, destruyó las instituciones públicas y saqueó las arcas del Estado, arrojando a cientos de miles a la pobreza y al desplazamiento forzando y convirtiendo a Honduras en el país más violento del mundo.

La sociedad hondureña es fuerte y resiliente, y junto a ella, haremos resistencia y oposición desde el Partido LIBRE y los movimientos sociales y populares de Honduras, luchando contra el despojo y el saqueo, por la conservación de las victorias del Gobierno de Xiomara Castro y de los bienes públicos.

*Ex Ministro de Finanzas de Honduras

La planta de Granja Tres Arroyos en Pilar sigue sin actividad tras el rechazo a un plan de pagos en cuotas. Denuncian abandono empresarial y cuestionan la inacción del Gobierno frente a la crisis laboral.

El conflicto en la planta Pilar de Granja Tres Arroyos, ubicada en la localidad bonaerense de La Lonja, se agrava con el correr de los días. Los trabajadores mantienen el paro por tiempo indeterminado iniciado la semana pasada ante la falta de pago de salarios, aguinaldo y vacaciones, en un escenario que expone la fragilidad del empleo industrial y la pasividad oficial frente a los incumplimientos patronales.

La medida de fuerza se sostiene luego de que la asamblea rechazara una propuesta empresarial que planteaba saldar las deudas en un esquema extendido de cuotas, sin garantías ni fechas ciertas. Para los operarios, el ofrecimiento resultó inaceptable: se trató de sueldos ya devengados que la empresa pretendía diferir hasta bien entrado el primer semestre del año.

Según explicaron los delegados, el plan incluía el pago del aguinaldo en cuatro tramos y la cancelación de los salarios de enero en cuotas que se extenderían hasta febrero, mientras que el resto de las obligaciones se postergaban hasta mayo. La respuesta fue un rechazo unánime y la ratificación de la huelga.

El conflicto se inscribe en un proceso de ajuste más amplio dentro de la compañía. A lo largo de 2025, cerca de 400 trabajadores dejaron la empresa mediante despidos, retiros voluntarios y acuerdos, en el marco de un procedimiento preventivo de crisis. En noviembre, además, la firma cerró su planta de Béccar y trasladó a cientos de operarios a Entre Ríos, concentrando la producción en menos establecimientos.

Pese a esa reducción de personal y al achicamiento de costos, la empresa no logró normalizar el pago de salarios, lo que terminó de detonar el actual paro. En la planta de Pilar, la producción permanece completamente detenida y el clima es de fuerte tensión.

Desde el gremio advierten que la situación ya tiene consecuencias directas sobre las familias de los trabajadores y cuestionan la falta de intervención del Gobierno nacional. Señalan que, mientras se promueve un modelo que desregula y flexibiliza, los incumplimientos empresariales avanzan sin control y los salarios quedan librados a la voluntad de las patronales.

Sin señales de una propuesta superadora ni mediación efectiva, el conflicto sigue abierto. Los trabajadores ratificaron que no retomarán tareas hasta que se cancelen todas las deudas de manera íntegra y sin dilaciones, en un nuevo capítulo de la crisis laboral que atraviesa la industria avícola.

El freno del consumo, la caída de exportaciones y la apertura importadora golpean de lleno a la producción nacional. Un frigorífico pampeano paralizó a 450 operarios y una histórica textil bajó sus persianas, dejando cientos de despidos en el norte del país.

La política económica del gobierno nacional volvió a mostrar su impacto directo sobre el entramado productivo. En las últimas horas, el frigorífico ubicado en General Pico, La Pampa, que elabora las hamburguesas Paty, suspendió a la totalidad de sus 450 trabajadores, mientras que una empresa textil con más de un siglo de trayectoria cerró sus plantas en Corrientes y Chaco y despidió a 260 empleados.

La decisión del frigorífico pampeano expuso el deterioro acelerado del sector cárnico industrial. La empresa justificó la paralización por el derrumbe del mercado interno, el retroceso de las exportaciones y una situación financiera asfixiante, con deudas que superan los 30.000 millones de pesos. La actividad diaria pasó de faenar unas 600 cabezas de ganado a apenas 50, una postal del desplome productivo que atraviesa la cadena.

La contracción de las ventas externas fue determinante. Durante 2025, los envíos de carne al exterior cayeron más del 7%, con un desplome aún mayor hacia China, principal destino de la producción argentina. Para una planta altamente dependiente del comercio exterior, el impacto fue inmediato y profundo.

En Trenel, localidad donde el frigorífico funciona como uno de los principales empleadores, la preocupación ya trasciende a los operarios suspendidos. Comercios, transportistas y productores ganaderos advierten que la parálisis amenaza con arrastrar a toda la economía local, mientras crecen los temores de un cierre definitivo.

El panorama no es distinto en la industria textil. La empresa Emilio Alal cesó sus actividades en el noreste argentino y dejó sin empleo a 260 trabajadores, en un sector que desde el inicio del actual gobierno ya perdió más de 16.000 puestos registrados. La firma producía hilados de algodón, telas e insumos para el calzado y la talabartería, y atribuyó su salida del mercado a un contexto que definió como inviable.

Los niveles de actividad textil retrocedieron a valores comparables con los peores momentos de la pandemia. La utilización de la capacidad instalada cayó por debajo del 33% y la producción se desplomó más de 20% interanual, muy por encima del promedio de la industria manufacturera.

Desde la empresa señalaron como factores centrales la apertura indiscriminada de importaciones, la pérdida del poder adquisitivo, los elevados costos financieros y energéticos y la presión impositiva. En ese marco, advirtieron que la producción nacional quedó fuera de competencia frente a productos importados, incluso usados, sin ningún tipo de protección.

Las suspensiones y cierres se multiplican en distintos rubros y regiones, consolidando un escenario de desindustrialización que el gobierno no logra —o no intenta— revertir. Mientras el ajuste se descarga sobre el empleo y la producción, la economía real sigue pagando el costo de un modelo que prioriza la apertura y la especulación por sobre el trabajo argentino.

El canciller yemení en funciones, Abdulwahid Abu Ras, afirmó que el conflicto dejó de ser interno y denunció una ofensiva imperial para frenar un proyecto de liberación nacional. Anticipó un giro hacia el Sur Global y cuestionó el rol de Washington en Medio Oriente y América Latina.

El ministro de Asuntos Exteriores de Yemen en funciones, Abdulwahid Abu Ras, sostuvo que la guerra que atraviesa su país responde a una disputa abierta por la soberanía nacional y no a tensiones internas, y apuntó directamente contra Estados Unidos y Arabia Saudita como los principales actores de una estrategia de dominación regional.

En una entrevista concedida a los periodistas Lois Pérez Leira, secretario ejecutivo de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos, y el periodista Santiago Masetti, el funcionario aseguró que Yemen atraviesa una situación política, social y humanitaria crítica como consecuencia de años de agresión externa, bloqueo económico y desestabilización promovida desde el exterior.

El alto funcionario Hutí afirmó que Arabia Saudita “no ambiciona únicamente el sur del país, sino el control total de Yemen”, y señaló que la reciente reconfiguración militar en el sur y el este terminó de dejar en evidencia que la estrategia saudí de “unificación bajo tutela” encubre un proyecto de sometimiento político y territorial.

En ese marco, el canciller yemení sostuvo que Washington juega un rol central en el conflicto y descartó cualquier avance bajo una eventual administración de Donald Trump. “Trump no podrá lograr ningún progreso en Yemen”, advirtió, al tiempo que definió como un “deber histórico” enfrentar “el imperialismo y la arrogancia estadounidenses” en defensa de las generaciones futuras.

Durante el intercambio, Abu Ras vinculó la situación yemení con otros procesos internacionales y mencionó el caso de Venezuela, al considerar que los episodios recientes en ese país fueron producto de una “traición interna” alentada desde el exterior, en línea con una matriz de injerencia común.

El funcionario sostuvo que Yemen lleva adelante un proyecto de liberación y renacimiento nacional que chocó de frente con los intereses saudíes e israelíes, respaldados por Estados Unidos, lo que derivó en una respuesta de agresión militar y asfixia económica. En ese marco, afirmó que la defensa de la autodeterminación se ha convertido en el núcleo de la estrategia política y soberana del país.

El Canciller destacó además el acercamiento de su país a los países del Sur Global y señaló que Yemen observa a América Latina como una región clave, marcada por una historia compartida de intervenciones externas y luchas por la soberanía. “Existen experiencias comunes y una comprensión mutua frente al mismo adversario”, deslizó.

Finalmente, Abu Ras llamó a las sociedades que siguen el conflicto desde el exterior a cuestionar la información dominante y a comprender que lo que ocurre en Yemen es parte de una disputa global. “No se trata solo de Yemen, sino del derecho de los pueblos a decidir su propio destino”, concluyó.

La entrevista completa será publicada próximamente.

Aunque el índice al por mayor cerró 2025 en su nivel anual más bajo en ocho años, el rebote de diciembre y la aceleración sostenida de los últimos meses dejaron en evidencia límites crecientes del programa económico y pusieron en duda la solidez del proceso desinflacionario.

La inflación mayorista terminó 2025 con un aumento acumulado de 26,2%, un registro que el Gobierno presentó como un éxito, pero que quedó rápidamente relativizado por la dinámica de cierre del año. En diciembre, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) trepó 2,4%, marcando una aceleración que rompió la tendencia previa y volvió a encender alertas sobre el comportamiento de los costos en la economía real.

El dato, difundido por el INDEC, mostró que la desaceleración anual convivió con un cambio de ritmo en el último tramo del año, impulsado principalmente por los productos de origen nacional. Mientras los bienes importados subieron 1,7% en diciembre, los nacionales avanzaron 2,4%, con fuerte incidencia de combustibles, alimentos y productos agropecuarios, rubros sensibles tanto para la producción como para el consumo.

La suba mensual estuvo traccionada por los productos refinados del petróleo, alimentos y bebidas, petróleo crudo y gas, vehículos y bienes del agro, sectores atravesados por aumentos de costos, ajustes tarifarios y una estructura de precios cada vez más presionada por la recesión y la pérdida de escala productiva. El encarecimiento también se reflejó en los índices que excluyen impuestos y en el precio básico del productor, lo que sugiere que la presión no se limita a factores fiscales sino a problemas más profundos del esquema económico.

En la comparación anual, los aumentos volvieron a exhibir un mapa desigual. Tabaco, combustibles, bienes agropecuarios y la industria automotriz encabezaron las subas, mientras que otros sectores mostraron variaciones muy por debajo del promedio. Lejos de una corrección armónica, el proceso dejó distorsiones persistentes entre actividades, con impactos directos sobre cadenas productivas clave.

Pese a este cuadro, desde el Ministerio de Economía insistieron en atribuir el resultado anual al “ordenamiento macroeconómico”, el ajuste fiscal y la desregulación. Sin embargo, los números de fin de año pusieron en cuestión esa lectura optimista: tanto la inflación mayorista como la minorista mostraron un sendero ascendente sostenido desde mitad de año, con diciembre consolidando el regreso a niveles cercanos al 3%.

El Índice de Precios al Consumidor cerró diciembre en 2,8% y acumuló 31,5% en 2025. Transporte y vivienda lideraron los aumentos del último mes, en un contexto de tarifas en alza y salarios que no lograron recomponerse al mismo ritmo. La trayectoria mensual dejó en evidencia que el piso inflacionario alcanzado en mayo fue transitorio y que, desde entonces, los precios retomaron una tendencia ascendente casi sin interrupciones.

Así, mientras el Gobierno celebra mínimos estadísticos en la comparación anual, los datos recientes muestran una economía que no logra estabilizar sus precios y un proceso desinflacionario frágil, sostenido más por la recesión y la licuación de ingresos que por una reducción estructural de las presiones inflacionarias. El cierre de 2025 dejó, más que un logro consolidado, una señal de advertencia difícil de disimular.

El presidente de Estados Unidos publicó en redes sociales imágenes que lo muestran reclamando la isla ártica como parte del territorio estadounidense, en medio de un fuerte rechazo de aliados europeos y crecientes tensiones en la escena internacional.

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a escalar la controversia internacional con publicaciones en su red social Truth Social en las que aparece, con bandera en mano, “anexando” Groenlandia —territorio semiautónomo bajo soberanía danesa— y presentando un mapa que sugiere la inclusión de Groenlandia, Canadá y Venezuela dentro de una versión ampliada de Estados Unidos. Las imágenes, creadas con inteligencia artificial, fueron difusas como ilustraciones de su visión expansionista y provocaron críticas tanto en Europa como en foros diplomáticos internacionales.

Trump acompañó las publicaciones con mensajes que insisten en que Groenlandia es “imprescindible para la seguridad nacional y mundial” y aseguró haber discutido el tema con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, antes de viajar al Foro Económico Mundial de Davos. Estas acciones se producen en medio de un contexto de tensión creciente entre Washington y la Unión Europea, con Bruselas considerando respuestas comerciales y arancelarias a las amenazas estadounidenses.

La difusión de estas imágenes expandidas —donde la bandera estadounidense cubre amplios territorios soberanos de aliados y vecinos— fue interpretada por críticos como una reafirmación de una política exterior agresiva y neoimperialista. Asimismo, líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificaron como un error las advertencias de Trump y reforzaron su llamado al respeto de la integridad territorial de Groenlandia.

La polémica se da en el marco de otras acciones de Trump en los últimos meses, como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su insistencia en reclamos estratégicos en el Ártico, que han tensionado las relaciones transatlánticas y sembrado dudas sobre el futuro del orden internacional basado en normas.

La Casa Rosada vuelve a quedar atrapada en disputas de poder. El sector que responde a los Menem busca limitar la influencia del principal asesor presidencial, en una interna que expone fragilidad política y falta de conducción.

Mientras el Gobierno intenta acelerar la reforma laboral en el Congreso, en los pasillos de la Casa Rosada se profundiza una interna que revela un oficialismo más concentrado en disputas personales que en la gestión. El enfrentamiento entre el clan Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo vuelve a ganar centralidad y amenaza con escalar en las próximas semanas.

En el entorno presidencial admiten que el conflicto nunca fue saldado. Tras los comicios, el sector liderado por Martín y Eduardo “Lule” Menem intentó desplazar a Caputo del círculo de poder, pero la maniobra fracasó gracias al respaldo explícito de Javier Milei. Lejos de debilitarse, el asesor consolidó posiciones estratégicas y amplió su influencia sobre áreas sensibles del Estado.

La tensión reapareció con fuerza en medio del debate por la reforma laboral, una iniciativa clave para el Ejecutivo que, paradójicamente, quedó opacada por las luchas internas. En lugar de ordenar el frente político, el Gobierno volvió a mostrar fisuras que alimentan la desconfianza incluso dentro de sus propias filas.

Según fuentes oficiales, la ofensiva más reciente incluyó presiones sobre Karina Milei para condicionar la toma de decisiones durante los viajes presidenciales. El trasfondo es el mismo de siempre: evitar que Caputo concentre poder en ausencia del mandatario. El argumento, repetido en voz baja, desnuda el temor de un sector del oficialismo a perder control en la mesa chica.

Desde el entorno del asesor eligieron no responder públicamente. El silencio, sin embargo, no disimula el clima de confrontación permanente ni la sensación de provisionalidad que atraviesa al Gobierno. En Balcarce 50 reconocen que la tregua es frágil y que el conflicto podría recrudecer una vez que el Congreso defina el destino de la reforma laboral.

La interna libertaria, lejos de ser un episodio aislado, se convirtió en una constante que erosiona la capacidad de gestión y exhibe un Ejecutivo más preocupado por disciplinar aliados que por dar respuestas a una economía en crisis. Con marzo como horizonte, el oficialismo vuelve a mirarse el ombligo, mientras la agenda pública queda rehén de una pelea de poder que parece no tener fin.

El fuego está presente en el centro-sur del país. El Gobierno decretó el estado de catástrofe en Ñuble y Biobío y advirtió que el número de víctimas podría crecer.

Una ola de incendios forestales mantiene en vilo a Chile, con un saldo provisorio de al menos 16 personas fallecidas y decenas de miles de evacuados en las regiones del centro-sur del país, según confirmaron autoridades nacionales.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, precisó que la mayoría de las muertes se registraron en la región del Biobío, una de las zonas más castigadas por el avance de las llamas. Desde el Gobierno advirtieron que el balance podría agravarse a medida que los equipos de emergencia accedan a áreas aún comprometidas por el fuego.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente Gabriel Boric decretó el estado de catástrofe en Ñuble y Biobío y se trasladó a la zona afectada para coordinar las tareas de respuesta. La medida habilita el uso de recursos extraordinarios y refuerza el despliegue de personal y medios para el combate de los incendios y la asistencia a la población damnificada.

De acuerdo con datos oficiales de la Corporación Nacional Forestal, permanecen activos más de una veintena de focos en distintas regiones, con miles de hectáreas ya consumidas. El incendio de mayor extensión se localiza en las inmediaciones de Concepción, donde el fuego avanzó sobre áreas rurales y sectores cercanos a zonas urbanas.

Las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas —altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos— complican las tareas de control y favorecen la rápida propagación de las llamas. En ese contexto, brigadistas, bomberos y fuerzas armadas trabajan con apoyo aéreo para contener los focos y evitar que alcancen nuevas áreas pobladas.

Especialistas y organismos técnicos alertaron que la reiteración de estos episodios extremos vuelve a poner bajo la lupa las políticas de prevención y el ordenamiento territorial en el sur del país, en un escenario marcado por la sequía prolongada y los efectos del cambio climático. Mientras tanto, el Gobierno mantiene la alerta y el monitoreo permanente, con el foco puesto en reducir daños y asistir a las comunidades afectadas

Llevarán al presidente ante la Justicia federal tras sus declaraciones sobre la autodeterminación de los kelpers. Advierten que el Gobierno nacional incurre en una grave vulneración de la Constitución y consolida una posición funcional a los intereses británicos.

El Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM) denunciará al presidente Javier Milei ante la Justicia Federal por sus reiteradas declaraciones sobre la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas, a las que calificaron como un aval explícito al colonialismo británico y una claudicación del reclamo histórico argentino.

La presentación judicial se realizará luego de que el jefe de Estado ignorara una carta documento enviada el 2 de enero, en la que se le exigía una retractación pública por sus dichos. El escrito, firmado por el presidente del CECIM, Rodolfo Carrizo, intimaba a Milei a corregir afirmaciones que, según los veteranos, contradicen de forma directa la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

La controversia se originó en una entrevista concedida por Milei al diario británico The Telegraph, publicada el 29 de diciembre de 2025, donde sostuvo que Malvinas “debería regresar a la Argentina solo a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”. Para los excombatientes, esa definición implica reconocer el principio de autodeterminación de una población implantada por la potencia ocupante.

El planteo no fue aislado. El 2 de abril de 2025, durante el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el presidente profundizó esa línea al afirmar que “el voto más importante es el que se hace con los pies” y expresar su deseo de que los kelpers “algún día voten con los pies a la Argentina”. Incluso sostuvo que el objetivo del país debía ser volverse tan atractivo que los habitantes de las islas prefirieran ser argentinos.

Las organizaciones de veteranos consideran que esas expresiones configuran una renuncia política al reclamo soberano y una adopción abierta del lenguaje colonial británico. Señalan que la Constitución Nacional es taxativa al ratificar la soberanía “legítima e imprescriptible” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y al establecer su recuperación como un objetivo “permanente e irrenunciable” del pueblo argentino.

El abogado Jerónimo Guerrero Iraola, representante legal del CECIM, confirmó que la denuncia será presentada en los próximos días ante la Justicia Federal de Comodoro Py. La intención es solicitar la habilitación de la feria judicial y, de no prosperar, avanzar con la presentación en febrero, una vez reanudada la actividad judicial. “Le dimos un plazo prudencial para que se retracte y no lo hizo”, afirmó.

No es la primera vez que las declaraciones de Milei generan reacciones judiciales. En abril del año pasado, tras su primer pronunciamiento favorable al principio de autodeterminación, la Confederación de Combatientes de Malvinas denunció al presidente por violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la Patria. Aquella causa no avanzó.

Para los excombatientes, sin embargo, el problema persiste y se agrava. Advierten que el Gobierno de Milei no solo guarda silencio ante los reclamos, sino que consolida una política exterior que debilita la posición argentina y rompe con décadas de consenso democrático en torno a Malvinas, transformando una causa nacional en una concesión ideológica.

La embajada estadounidense difundió un mensaje de tono intimidante dirigido a turistas, estudiantes y trabajadores argentinos. En línea con la política migratoria de Donald Trump, confirmó que el monitoreo es permanente y que la visa puede ser revocada incluso después del ingreso al país.

La Embajada de Estados Unidos en la Argentina lanzó una advertencia de fuerte contenido político y simbólico hacia los ciudadanos argentinos que viajan con visa. “Te estamos controlando”, señaló el mensaje difundido por la misión diplomática, que dejó en claro que el seguimiento no termina con la aprobación del permiso de ingreso, sino que se extiende durante toda la estadía en territorio norteamericano.

El comunicado indicó que el Gobierno estadounidense mantiene un monitoreo constante sobre quienes viajan por turismo, estudio o trabajo, y que cualquier incumplimiento de las condiciones migratorias puede derivar en la cancelación inmediata de la visa y en un proceso de deportación, sin necesidad de advertencias previas.

Según la embajada, la visa no constituye un derecho adquirido, sino una autorización sujeta a control permanente. El alcance de la vigilancia incluye la revisión de antecedentes, eventuales irregularidades durante la estadía, cambios en la situación declarada e incluso el comportamiento en redes sociales.

El endurecimiento del mensaje no es un hecho aislado. Se inscribe en la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, caracterizada por un enfoque punitivo y una creciente violencia institucional contra migrantes y visitantes extranjeros. Desde el inicio de su nueva gestión, Estados Unidos revocó más de 100.000 visas, una cifra récord que acompaña el giro restrictivo del discurso oficial.

El Departamento de Estado informó que miles de permisos fueron anulados por la comisión de delitos, entre ellos agresiones y conducción bajo los efectos del alcohol, aunque remarcó que cualquier infracción puede ser motivo suficiente para perder la visa.

“La administración Trump no tiene mayor prioridad que proteger a los ciudadanos estadounidenses y defender la soberanía de Estados Unidos”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, al justificar el refuerzo de los controles.

En paralelo, la política migratoria se apoya en una estrategia de deportaciones masivas. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, más de 605.000 personas fueron deportadas en este período, mientras que otras 2,5 millones abandonaron el país de manera voluntaria bajo presión oficial.

La advertencia dirigida a los argentinos se alinea con ese esquema general. Más que una recomendación administrativa, funciona como un mensaje disciplinador que refuerza el clima de control y vigilancia promovido por la Casa Blanca, incluso sobre quienes viajan de forma legal y temporal.