La UTA convocó a esa medida de fuerza por la disconformidad con los depósitos de enero y febrero.

A partir de la medianoche varias líneas de colectivos dejaron de circular. Según explicaron los gremialistas, la medida de fuerza se realiza porque hubo empresas que no cumplieron con el pago del aumento salarial que se había acordado.

Varias líneas de colectivos se adhirieron al reclamo por la falta de pago de salarios y el mismo cuenta con el aval de la Unión Tranviarios Automotor. Cabe mencionar que entre los ramales que no brindan el servicio se encuentran 129, 338, 406 y 195 Metropolitano, que circulan por nuestra región.

Además, se adhieren las líneas: 159, 219, 300, 372, 584, 619, 148, 194, 228 y 63. No obstante, los delegados gremiales informaron que la medida de fuerza podría alcanzar a más de cuarenta líneas, ya que los salarios adeudados es una problemática que se extiende en todo el sector.

Así lo reflejó un informe elaborado por el Indec, que demuestra que la recesión económica se aceleró con el inicio del gobierno de Javier Milei.

El Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) de enero dio cuenta de una caída interanual del 12,4%. Este dato ya empieza a develar la profundidad de la recesión impulsada desde la administración de Javier Milei ya que 14 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales a principio de año. El rubro Alimentos y bebidas, por ejemplo, registró una baja del 6,4%, mientras que Sustancias y productos químicos cayeron un 12,1%.

Por otro lado, Industrias metálicas básicas tuvo una baja del 19,3% y los productos minerales no metálicos, otros 15,6%. Otro resultados fueron “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (-24,6%); “Productos de metal” (-15,2%); “Madera, papel, edición e impresión” (-7,9%); “Productos de caucho y plástico” (-12,1%); “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-13,9%); y “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-12,4%).

En enero de 2024, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una baja de 21,7% respecto a igual mes de 2023.

Los datos del consumo de los insumos para la construcción en enero de 2024 mostraron, con relación a igual mes del año anterior, bajas de 61,9% en asfalto; 40,6% en yeso; 38,6% en hierro redondo y aceros para la construcción; 28,6% en hormigón elaborado; 19,9% en cemento portland; 18,5% en mosaicos graníticos y calcáreos; 18,1% en ladrillos huecos; 12,6% en cales; 10,7% en pisos y revestimientos cerámicos; 10,4% en pinturas para construcción; 9,1% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,3% en placas de yeso; y 3,7% en artículos sanitarios de cerámica.

El Frente Sindical Universitario anunció la medida de fuerza ante “el desplante del gobierno nacional a la paritaria” del sector y el “asfixie” a la educación pública.

El Frente Sindical Universitario, integrado por gremios docentes y no docentes de universidades públicas, convocó este martes un paro nacional para el 14 de marzo.

El secretario de Organización de CONADU, la Federación Nacimiento de Docentes Universitarios, explicó que la medida de fuerza se da ante “el desplante del gobierno nacional a la paritaria universitaria, en la que las autoridades impusieron por decreto un aumento de un 6% sobre la paritaria 2023, resultando en un atraso salarial del 50% en solo 90 días de gobierno”.

De ese modo, llamaron a “un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el día 14 de marzo con actividades de visibilización por todo el país”.

A su vez, argumentó que la iniciativa es producto del “congelamiento del presupuesto universitario, la suspensión de las becas para estudiantes, el desguace en Ciencia y Tecnología, y la quita salarial del FONID para el nivel preuniversitario”.

A esto lo catalogó como “un conjunto de medidas orientadas a asfixiar a las universidades públicas”, por lo que responsabilizó al presidente Javier Milei y a los encargados del área educativa.

“Este paro es la continuidad del plan de lucha que comenzamos tras el fracaso de las paritarias y que venimos construyendo con importante participación en asambleas en las distintas facultades de la UBA”, expresó a su turno el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi.

En una de las empresas estatales que el Presidente busca que se privatice. Los sindicatos en alerta.

Se trata de unas 200 cesantías que se comunicaron en las últimas horas. Se desconoce el alcance del plan del gobierno para AySA. Todavía no se depositaron las indemnizaciones. No hay diálogo con la nueva gestión.

Sin previo aviso, sin comunicar el plan integral a futuro y sin detallar el criterio que se tuvo al momento de tomar la determinación, unos 200 trabajadores de la empresa AySA recibieron telegramas de despido en las últimas horas.

Se trata de personal que cumple tareas en diferentes dependencias donde la empresa tiene plantas y con situaciones muy diversas, por lo que no puede fijarse un patrón.

AySA es la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, cuyo rumbo en la gestión liberatria que detuvo la obra pública todavía se desconoce.

El personal ahora espera los pasos a seguir y según dice la Ley de Contrato de Trabajo la gestión tiene 4 días hábiles para depositar las indemnizaciones correspondientes.

En lo interno, mañana habrá una asamblea del Cuerpo de Delegados de la empresa. Allí discutirán los trabajadores las medidas a tomar y el posicionamiento colectivo.

Los negociadores por parte del gobierno tienen las mismas características que en otros organismo: «Son duros, no escuchan, son obstinados, caprichosos y bastante ignorantes», dijeron fuentes de AySA que destacan la falta de diálogo de la gestión Milei con el personal.

En una nueva provocación británica, desde Londres se decidió (de forma unilateral) extender su control sobre zonas marítimas de Malvinas, donde prohibieron la navegación y la pesca.

“Este tipo de decisiones son reprochables por tres razones centrales: viola la prohibición de realización de actos unilaterales en la Cuestión Malvinas según la resolución 31/49 de la asamblea general, viola los compromisos del Reino Unido en el marco de la convención para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos (CCRVMA), y pone en práctica la utilización de medidas supuestamente vinculadas a la conservación y protección del ambiente con finalidades geopolíticas”, explicó a PáginaI12 Guillermo Carmona, ex Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación Argentina durante la presidencia de Alberto Fernández.

Las autoridades británicas anunciaron en 2011 la creación de la AMP sobre 1.200.000 km2 de mar. La iniciativa fue rechazada en aquel momento inmediatamente por el gobierno argentino por tratarse de “un acto de provocación” hecho de forma unilateral e indicaron en su reclamo que avanzaba sobre aguas sujetas a las normas consensuadas en la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos (CCAMLR). De esa región oceánica había 283 mil km 2 sobre los que regían la exclusión de navegación y pesca que suponía el 23 por ciento de la zona marítima de las islas Malvinas, a los que sumaron 166 mil km2 con la última expansión anunciada el 26 de febrero quedando bajo su control el 36 por ciento de la zona.

Con el pretexto de la preservación marina los británicos no solo pasan por encima de los derechos soberanos argentinos, sino además viola las normas de la CCAMLR de la que forman parte más de treinta países que reclaman soberanía sobre el Continente Antártico, ahondando el conflicto. La Convención se formó con la intención de preservar la zona coordinando y acordando reglas comunes para sus integrantes.

Al cierre de esta edición el ministerio de Relaciones Exteriores no había hecho público el reclamo ante las autoridades británicas.

La UTA organizó para este martes esa medida de fuerza, en rechazo a la posición del Gobierno sobre no convocar a paritarias.

Tras no haber arribado a un acuerdo paritario con las cámaras empresariales y luego de que finalizara la conciliación obligatoria, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llevará a cabo durante todo las 24 horas de este partes un paro de colectivos en el interior del país.

La medida, fue anunciada el pasado viernes por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), que nuclea a más de 40 empresas de transporte terrestre de pasajeros, a través de sus redes sociales.

“Finalizó la audiencia en Secretaría de Trabajo entre los empresarios de colectivos del interior del país y la UTA. No hubo acuerdo y finaliza la conciliación obligatoria. UTA llama a un paro de 24 horas para el próximo 5 de marzo”, anunciaron desde AAETA.

No obstante, en la reunión de la semana se pautó una nueva fecha de negociación paritaria para el jueves 7 de marzo a las 13:00 horas. Es que, desde la UTA reclaman un incremento salarial igual a la acordada por los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuyos salarios básicos arreglados fueron de casi $600 mil en enero y más de $700 mil para febrero.

Vale destacar que, la UTA aclaró que este paro de colectivos de 24 horas solo será para el interior del país, por lo que la región del AMBA contará con su servicio de transporte con total normalidad.

Es preciso señalar que, del encuentro frustrado participaron distintos sectores con funcionarios de la Secretaría de Trabajo, dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), además de representantes de AAETA.

En este contexto, y ante la falta de respuestas de las cámaras empresariales del transporte, desde la UTA señalaron que “tras dos meses de audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Nación, no ha acercado ofrecimiento salarial alguno”. “En atención a ello, informamos que se ha resuelto la adopción de una medida de acción gremial, consistente en un paro por 24 horas, durante toda la jornada del día martes 5 de marzo de 2024″, ampliaron.

En este marco, pese a que el paro de colectivos afectará principalmente al interior del país, la UTA de Mar del Plata confirmó que el municipio bonaerense también contará con el servicio de transporte suspendido: “Lamentamos tener que anunciar una medida de fuerza para el día martes 5 de marzo, pero necesitamos imperiosamente que nos escuchen y que nos den una respuesta al pedido formulado”.

Asimismo, el pasado viernes el gremio nacional de choferes aseguró que “tal como lo expresamos, el conflicto se profundizará ante la inacción de los actores del presente proceso, ya sea empresarios y autoridades nacionales, provinciales y municipales, al vencimiento del período de conciliación laboral obligatoria”.

Lo que sucede es que, desde la UTA reclaman un aumento salarial ante la escalada inflacionaria, que lleva acumulado casi 50% entre diciembre y enero. Sin embargo, desde las cámaras de transporte argumentan que el pago de salarios acordados, así como la mantención de la actividad, no es posible cubrir si desde el Ejecutivo nacional no actualizan el esquema de subsidios.

El ajuste ejecutado por el Gobierno nacional también afecta a la educación.

El recorte de fondos educativos dispuesto por el gobierno de Javier Milei hizo que la Provincia de Buenos Aires retrocediera en la implementación de la jornada completa a partir de ayer en 60 escuelas, debido a que no alcanzan los recursos, comunicó ayer la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE), a cargo de Alberto Sileoni.

“Ante el retiro del financiamiento por parte del Estado Nacional, la Dirección General de Cultura y Educación decidió suspender el inicio de la implementación de la Jornada Completa, en 60 escuelas de 31 distritos bonaerenses que iba a comenzar el primer día de clases. De esta manera, se interrumpió transitoriamente su nueva organización y las mismas empezaron el ciclo lectivo con jornada simple, como venían funcionando”, se explica en un comunicado oficial.

La jornada completa se implementará si se realizan las transferencias correspondientes, aclara el texto.

Luego de una reunión entre el Presidente y su mesa chica, el Gobierno llamó a los gobernadores para avanzar en la iniciativa del Ejecutivo.

El gobierno nacional trabaja para consolidar el Pacto del 25 de Mayo que el presidente Javier Milei anunció en su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa. Y en esa línea, convocó a todos los gobernadores a una reunión el próximo viernes para definir lineamientos conjuntos y avanzar en los puntos que permitan firma los diez principios de “un nuevo orden político y económico para la Argentina”.

“Como fue anunciado en la 142º apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, la aprobación de la Ley de Bases y el acuerdo de un paquete de alivio fiscal para las provincias serán vistos desde el Poder Ejecutivo como muestra de buena voluntad y el primer paso hacia la firma conjunta del documento fundacional”, indicó este lunes un comunicado de la Oficina del Presidente.

“El que no quiera acordar sobre los puntos del Pacto del 25 de Mayo se quedará afuera de un consenso político en la Argentina, de un pacto político que va a ser histórico. Entonces, seguramente cargará con esa responsabilidad”, planteó el ministro del Interior, Guillermo Francos, en un mensaje direccionado a las provincias.

La convocatoria al encuentro del próximo viernes fue definida en una reunión que mantuvieron el jefe de Gabinete, Gustavo Posse, Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, en Casa Rosada. Allí se dio forma a la modalidad del intercambio y luz verde para cursar las invitaciones. En un primer momento se había barajado la posibilidad de que se negociara “uno por uno” con los mandatarios provinciales. Al cabo, se definió invitar a todos juntos.

La intención del Poder Ejecutivo es reiniciar el debate previo al llamado en Córdoba para avanzar en las bases que permitan la reconstrucción del consenso para la firma del pacto, pero también en la reestructuración de los apoyos a Ley Ómnibus, reducida, que se presentará tras la apertura de sesiones ordinarias.

El paquete de alivio fiscal es otro de los temas pendientes a renegociar con el objetivo de conformar a las provincias y, a su vez, a ejercer presión sobre las mismas.

Lo hizo al rezar el Ángelus dominical desde el Vaticano y mientras se recupera de una bronquitis.

El Papa Francisco pidió este domingo que se aceleren las negociaciones para un cese del fuego “inmediato” de Israel a la población cívil que habita en la Franja de Gaza y reclamó que haya un acceso “urgente” a la ayuda humanitaria para los palestinos.

“Llevo todos los días en el corazón, con dolor, el sufrimiento de los pueblos en Palestina e Israel debido a las hostilidades en curso”, expresó el Pontífice, al rezar el Ángelus dominical desde el Vaticano.

“Miles de muertos, heridos, desplazados y las inmensas destrucciones causan dolor, con consecuencias tremendas sobre los pequeños e indefensos, que ven comprometido su futuro”, denunció el Papa en ese sentido.

“¿Se piensa de verdad construir un mundo mejor de este modo? ¿Se piensa de verdad en alcanzar la paz?”, se preguntó luego Jorge Bergoglio sobre las agresiones militares del ejército israelí sobre civiles que ya provocóaron más de 30.000 muertos, en su mayoría niños y mujeres.

“¡Basta, por favor! ¡Frenen!”, reclamó el Papa, que pese a la bronquitis que arrastra pudo leer sin dificultades su discurso desde la ventana del Palacio Apostólico.

“Animo a continuar las negociaciones para un inmediato cese al fuego en Gaza y en toda la región para que los rehenes sean liberados rápido y vuelvan con sus seres queridos que los esperan con ansia, y las población civil pueda tener acceso seguro a la debida y urgente ayuda humanitaria”, enfatizó luego Francisco.

Desde la medianoche efectivos policiales impiden a los periodistas ingresar a su lugar de trabajo. Para el mediodía se espera un “abrazo” en el edificio ubicado en el barrio porteño de San Telmo.

Tras el anuncio del presidente Javier Milei, quien el viernes pasado inauguró el 142.º período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y confirmó que cerraría Télam y el Inadi, durante la noche de este domingo la web fue inhabilitada y los empleados denunciaron en redes sociales que el gobierno ordenó que la redacción fuera vallada.

La asamblea de los trabajadores de Télam había convocado a un “abrazo” a la agencia, ubicada en Bolívar 531 de la Capital Federal, para este lunes a las 12.30. Sin embargo, el domingo a la medianoche actualizaron la situación y afirmaron que la redacción fue vallada, adjuntando imágenes del operativo. “El gobierno nacional está llevando adelante uno de los peores ataques a la libertad de expresión en los últimos 40 años de democracia”, denunciaron. Mientras tanto, la web del medio público también fue dada de baja y muestra un error con el escudo nacional y la frase: “Página en reconstrucción”.

“Desde el sindicato de Prensa de Buenos Aires denunciamos que la policía está vallando Télam. Nosotros, sus representantes, los delegados, la comisión interna del sindicato, estamos acá defendiendo este medio de comunicación que tiene más de 78 años de historia”, indicaron en el video que compartieron en X (antes Twitter). “Nos parece que es un atropello a la democracia y a la libertad de expresión y, por eso, la vamos a defender. ¡Télam se defiende!”, añadieron los comunicadores desde el hall del edificio.

“Estamos adentro de Télam, alertados por los compañeros que estaban en su puesto de trabajo, que nos llamaron porque empezaban a vallar los edificios. Vamos a defender Télam, el patrimonio público y los puestos de trabajo. Es el peor ataque a la libertad de expresión en democracia”, sumó otro de los periodistas. Los trabajadores creen que el vallado a ambos edificios de la empresa pública, Agencia Nacional de Noticias y Publicidades, es un intento de reprimir el “masivo abrazo e impedir el acceso a trabajadores” y postularon que se trata de un ataque al derecho a la comunicación y al derecho a la información de la sociedad.

Militantes de La Libertad Avanza, por su parte, también compartieron imágenes del operativo policial, celebrando el cierre de la agencia. “Eliminamos el INADI, que además de cumplir el rol de policía del pensamiento contaba con un presupuesto anual de 2.800 millones para mantener militantes rentados. En esta línea, vamos a cerrar la agencia Télam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”, había argumentado el presidente.

Escritores y referentes de la cultura también se pronunciaron a favor del “valor práctico e incalculable” de la agencia. El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, compartió un video donde expresó “a todos los compañeros de Télam toda la solidaridad y el apoyo tanto de mi parte como del Serpaj de Argentina y América Latina” y agregó: “Lo que dice el presidente Javier Milei es una ofensa a la libertad de prensa y a todo el pueblo”.

El expresidente Alberto Fernández, la UOCRA, el titular de la Unión del Personal Superior de la AFIP, el secretario general de la federación de Luz y Fuerza, el dirigente social Luis D’ Elía, el dirigente Juan Grabois, el Frente de Organizaciones en Lucha, la Asociación Bancaria, el Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, la Fundación Igualdad, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo y Bernarda Llorente —expresidenta de Télam (2019-2023)— también repudiaron el cierre de la agencia de noticias, valorando la “calidad de su trabajo y el peligro de las restricciones a la libertad de expresión”.