El ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo en los niveles obligatorios y contemplará un receso invernal del 20 al 31 de julio, con el objetivo de cumplir 190 días de clase.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires oficializó el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026, que regirá para todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense y establece un mínimo de 190 días efectivos de clases.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, las clases iniciarán el 2 de marzo para los niveles Inicial, Primario y Secundario, incluyendo las modalidades Técnica, Agraria y Artística, además de Educación Especial, Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Física y los Centros Educativos Complementarios. El cierre del ciclo lectivo quedó fijado para el 22 de diciembre, mientras que el receso invernal se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio.

Para el nivel superior, el calendario dispone que la Educación Superior Docente, Técnica y Artística comience el 16 de marzo y finalice el 27 de noviembre. En tanto, la Formación Profesional iniciará el ciclo el 9 de marzo y concluirá el 18 de diciembre. En todos los casos, las vacaciones de invierno coincidirán con las fechas previstas para la Ciudad de Buenos Aires.

El cronograma también contempla instancias de planificación institucional, con actividades pedagógicas y conmemoraciones que deberán incorporarse a las propuestas curriculares y áulicas de cada establecimiento, en función de los contextos locales y regionales.

Además, se establecen cinco jornadas institucionales a lo largo del año: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y una adicional a definir por los equipos distritales. El acto de cierre del ciclo lectivo podrá realizarse entre el 17 y el 22 de diciembre.

Por último, la normativa dispone que las instituciones de gestión privada alcanzadas por convenios internacionales deberán adecuar su calendario al marco general establecido para el sistema educativo bonaerense.

Acorralado por la falta de dólares, el equipo económico apeló a la emisión monetaria para recomponer reservas y volvió a subir con fuerza las tasas. El Tesoro llega sin caja al pago de deuda de esta semana y negocia auxilio externo bajo presión.

El Banco Central reabrió una puerta que el propio Gobierno prometía mantener cerrada: la emisión de pesos para comprar divisas. En una jornada atravesada por la tensión cambiaria, la autoridad monetaria adquirió dólares con dinero recién creado, mientras el Ministerio de Economía endurecía las tasas para contener la demanda y evitar una nueva corrida.

La maniobra dejó al desnudo un problema estructural que la retórica oficial no logra tapar. La estabilidad cambiaria depende de instrumentos cada vez más costosos para la actividad económica y, aun así, no resuelve la escasez de divisas que enfrenta el Tesoro a días de un vencimiento clave de deuda externa.

Para frenar al dólar, el Gobierno combinó intervención directa con un salto abrupto en los rendimientos en pesos. Primero, el Tesoro salió a vender divisas y a convalidar tasas más altas; luego, el Central ingresó al mercado y concretó su primera compra de reservas del año financiada con emisión. El resultado fue un alivio transitorio, a cambio de mayor presión recesiva.

La urgencia explica la secuencia. Economía necesita reunir unos USD 4.200 millones para cumplir con compromisos que vencen esta semana y el reloj corre en contra. Los fondos deben transferirse a los agentes de pago internacionales en cuestión de horas, mientras continúan las negociaciones con un grupo de bancos extranjeros para obtener financiamiento de corto plazo.

El ancla elegida vuelve a ser la tasa de interés. Pero el remedio no es inocuo. El encarecimiento del dinero impacta de lleno en empresas y hogares, restringe el crédito y eleva el riesgo de incumplimientos en un contexto donde la morosidad ya muestra señales de alarma. El mercado financiero reflejó el ajuste con tasas de fondeo en niveles extremos.

La operatoria del Central implicó una emisión significativa de pesos que luego fue parcialmente absorbida mediante instrumentos de esterilización. Lejos de resolver el problema, la estrategia engrosa los pasivos remunerados que el propio presidente señala como uno de los factores de inestabilidad macroeconómica, en una contradicción cada vez más evidente entre discurso y práctica.

Del lado del Tesoro, la caja sigue corta. Los dólares disponibles no alcanzan para cubrir amortizaciones e intereses de bonos bajo ley local y extranjera. La expectativa oficial está puesta en un crédito puente de bancos internacionales, pero la discusión sobre garantías demora el acuerdo y mantiene bajo presión a los títulos públicos y al riesgo país.

El plan alternativo de captar divisas en el mercado interno tampoco rindió lo esperado. El blanqueo fiscal no generó el flujo de dólares prometido y los bancos advierten que las regulaciones vigentes siguen limitando el ingreso de fondos. En paralelo, el Gobierno mira a las provincias endeudadas como última fuente de dólares, aunque los plazos legales conspiran contra la urgencia.

Así, entre emisión monetaria, tasas al límite y negociaciones contrarreloj, el Gobierno gana horas pero no soluciona el fondo del problema. La calma cambiaria se sostiene con parches financieros, mientras la economía real paga el costo de un ajuste que, lejos de estabilizar, profundiza las fragilidades del esquema oficial.

Por Lois Pérez Leira

La “Declaración de Nuestra América” no es un pronunciamiento más en la larga lista de comunicados regionales: es una toma de posición política explícita frente a la ofensiva de Estados Unidos sobre Venezuela. El texto denuncia las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales y el despojo de activos venezolanos, y expresa una coordinación que el movimiento comunista latinoamericano no exhibía con esta nitidez desde hace varios años.

Desde el Partido Comunista Mexicano hasta el Partido Comunista de la Argentina y el de Uruguay, el documento articula una respuesta continental que asume una premisa clara: lo que está en juego en Venezuela no es un conflicto interno, sino un ensayo de dominación aplicado a escala regional.

En Centroamérica y el Caribe, partidos como el del Pueblo de Panamá, el Guatemalteco del Trabajo, Vanguardia Popular de Costa Rica y el Partido Comunista de Honduras —junto al Partido de la Revolución Morazanista— sostienen una lectura sin eufemismos: la presión sobre Caracas funciona como advertencia para cualquier país que intente salirse del alineamiento estratégico con Washington.

Esa misma lógica aparece en el Caribe insular. El Movimiento Caamañista de República Dominicana, RASIN Kan Pèp La de Haití y el Consejo Nacional de Comités Populares de Martinica (CNCP, por sus siglas en español) advierten que la militarización de la cuenca caribeña no es defensiva ni circunstancial, sino parte de un dispositivo de control político y territorial.

En el eje andino-amazónico, el respaldo adquiere mayor densidad política. El Partido Comunista Colombiano, de Ecuador, Perú y Bolivia coinciden en señalar que las sanciones no solo buscan asfixiar a Venezuela, sino disciplinar a toda la región mediante el colapso inducido y la manipulación de la crisis migratoria.

La adhesión del Partido Comunista do Brasil introduce un elemento estratégico adicional: la discusión sobre soberanía financiera y la necesidad de romper la dependencia estructural del dólar como instrumento de castigo político.

En el texto, los firmantes sostienen que “la defensa de Venezuela no es asunto de una sola nación: es la defensa del derecho de todos nuestros pueblos a decidir su camino”, en una formulación que resume el eje político del documento.

De la denuncia a la acción

El documento, coordinado técnicamente por el dirigente chileno Daniel Jadue, evita el error habitual del progresismo declarativo. No se limita a denunciar, sino que plantea iniciativas concretas: un Mecanismo de Cooperación Humanitaria Soberana, la defensa del Partido Comunista de Venezuela en su propio territorio y una interpelación directa a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y a la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) para que abandonen la inercia diplomática.

El mensaje es claro y contundente: no hay neutralidad posible frente al cerco sobre Venezuela. Callar es convalidar.

Más allá de las siglas, la firma de todas estas organizaciones expresa la reactivación de un internacionalismo político que vuelve a leer la región como un campo de disputa geopolítica y no como un mosaico de crisis aisladas.

La arquitectura política de América Latina empieza a discutir, otra vez, la necesidad de romper con la tutela de Washington. Y una vez más, lo hace de forma valiente y consecuente con la historia de la liberación latinoamericana.

Con el nuevo año, el Gobierno habilitó otra suba en colectivos y subtes que profundiza el deterioro del ingreso. Los boletos aumentaron 4,5% y consolidan un esquema tarifario cada vez más expulsivo para usuarios y trabajadores.

El 2026 comenzó con un nuevo golpe al bolsillo de millones de personas que dependen del transporte público para trabajar, estudiar o simplemente moverse. Desde el 1° de enero rige un incremento del 4,5% en las tarifas de colectivos y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires, en línea con la política de ajuste sostenido impulsada por el gobierno nacional.

Con la actualización, el boleto de colectivo trepó hasta los $880 según el recorrido y la jurisdicción, mientras que el subte superó los $1.250 por viaje. El Premetro, en tanto, se ubicó por encima de los $440. Lejos de ser un hecho aislado, el aumento se suma a una cadena de subas que se arrastra desde 2024 y que convirtió al transporte en uno de los rubros que más rápido devora salarios.

En las líneas que circulan por la provincia de Buenos Aires, el tramo más corto ya ronda los $685, mientras que los recorridos más extensos alcanzan valores cercanos a los $900. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo quedó por encima de los $619 y escala progresivamente hasta casi $800 en los trayectos más largos. En el subte, la tarifa volvió a actualizarse y se consolida como una de las más altas de la región en relación al ingreso promedio.

El nuevo tarifazo vuelve a exponer una matriz de gestión que traslada el peso del ajuste a los usuarios, reduce subsidios sin recomponer ingresos y desatiende el impacto social de estas medidas. Para amplios sectores, moverse dejó de ser un derecho básico y pasó a ser una cuenta más difícil de pagar en un contexto de inflación persistente y salarios en retroceso.

Mientras el discurso oficial insiste en el “ordenamiento” de las cuentas públicas, en los hechos el transporte público se encarece mes a mes y empuja a miles de personas a recortar viajes, cambiar rutinas o resignar calidad de vida. El año recién empieza, pero el ajuste ya viaja en colectivo.

El excombatiente y secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM La Plata), Ernesto Alonso, advirtió que el presidente Javier Milei “viola públicamente la Constitución Nacional” con sus declaraciones sobre Malvinas y alertó sobre una “grave entrega de soberanía” en el Atlántico Sur.

Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas y secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, cuestionó con dureza la política del gobierno nacional en torno a la cuestión Malvinas y trazó un paralelismo entre la actual gestión y la dictadura militar que encabezó Leopoldo Galtieri en 1982, en declaraciones brindadas a la AM530.

“Nosotros hacemos este paralelismo por lo que representó aquella decisión de la dictadura, absolutamente alejada de una política de defensa de la soberanía nacional, basada en la doctrina de la seguridad nacional, con desapariciones, torturas, muerte y un proceso de privatización y enajenación de los activos del Estado”, sostuvo Alonso.

En ese marco, señaló que la guerra de Malvinas tuvo como consecuencia “la consolidación del imperialismo en el Atlántico Sur”, con la instalación de una fortaleza militar británica y un posicionamiento geopolítico clave para el control bioceánico, los recursos naturales y la proyección antártica. “Eso mismo es lo que estamos viendo hoy”, afirmó.

Alonso apuntó directamente contra el presidente Javier Milei por sus declaraciones en medios internacionales, en las que sostuvo que Argentina no renunciará al reclamo de soberanía, pero que las islas deberán ser devueltas “cuando los isleños lo deseen”. Para el dirigente del CECIM, esas expresiones “violan de manera flagrante la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional”.

“El presidente le está diciendo a la comunidad internacional que a una población implantada desde 1833 le correspondería el derecho a la autodeterminación, algo que no reconoce Naciones Unidas y que va en contra de toda la construcción histórica de la diplomacia argentina”, remarcó. En ese sentido, recordó la Resolución 2065 de la ONU, de 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, sin admitir la autodeterminación de los habitantes de las islas.

Alonso advirtió además que este tipo de declaraciones pueden tener consecuencias jurídicas internacionales. “Hay antecedentes, como el caso de Noruega y Dinamarca por Groenlandia, donde dichos de funcionarios terminaron haciendo perder reclamos soberanos. No es futurología: estamos ante una gravedad institucional”, subrayó.

El referente del CECIM denunció la existencia de “un plan sistemático de entrega”, que incluye el decreto 70/23, la transferencia de recursos estratégicos, el intento de derogación de la Ley de Tierras y la consolidación del control británico sobre el Atlántico Sur. “La Argentina está siendo colocada como un nuevo Potosí: recursos para afuera, argentinos afuera”, afirmó.

También alertó sobre el avance de la explotación hidrocarburífera en la cuenca Malvinas, con concesiones otorgadas por el Reino Unido y la posible entrada en fase de extracción, con apoyo de Estados Unidos y empresas aliadas. “Ya no hablamos de exploración, sino de extracción directa de petróleo de clase mundial”, señaló.

Finalmente, Alonso anticipó que desde el CECIM evalúan enviar una carta documento al presidente para exigir que rectifique sus dichos. “Acá está en juego la integridad territorial y todo el andamiaje de la política soberana argentina. Milei dejó de ser un panelista: está haciendo exactamente lo que le dicen que haga, y de manera eficaz. Esperamos una respuesta institucional de los otros poderes del Estado ante semejante barbaridad”, concluyó.

Enargas oficializó los nuevos cuadros tarifarios desde enero próximo, pero evitó precisar el impacto real en las boletas. La medida refuerza una política de aumentos decididos a puertas cerradas y con escasa información pública.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva ronda de incrementos en las tarifas de gas y electricidad que comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2026, aunque volvió a omitir un dato central: cuánto aumentarán efectivamente las facturas que llegarán a los hogares.

La decisión fue formalizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, donde se aprobaron los cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras de todo el país. Sin embargo, el organismo no difundió estimaciones, comparaciones ni porcentajes de suba respecto de los valores vigentes durante 2025.

En los cuadros técnicos se observan fuertes diferencias según categoría y región. En el caso de Metrogas, los valores para usuarios residenciales van desde poco más de $3.500 para los de menor consumo en la Ciudad de Buenos Aires hasta montos que superan los $80.000 anuales en las categorías más altas. En el conurbano bonaerense, los rangos también muestran saltos significativos, sin que exista una explicación oficial sobre los criterios aplicados.

Situación similar se repite con otras distribuidoras, como Naturgy BAN, donde los valores aprobados abarcan desde cifras inferiores a los $3.000 hasta más de $30.000, dependiendo del nivel de consumo. El esquema incluye las categorías intermedias y de mayor demanda, pero el Gobierno evitó detallar cómo se traducirá esto en la boleta final que recibirán los usuarios.

La normativa mantiene el actual sistema de segmentación de subsidios para los niveles 2 y 3, aplicados sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. No obstante, tampoco se precisó el alcance real de esas bonificaciones ni su peso frente a los nuevos cuadros tarifarios.

Desde el Enargas se limitan a señalar que la actualización responde a revisiones periódicas de costos y a lineamientos del sector energético. La falta de información clara y accesible refuerza las críticas sobre un esquema tarifario cada vez más complejo, definido sin transparencia y que traslada la incertidumbre directamente a los usuarios.

Mientras el Gobierno insiste en la “normalización” del sistema energético, las subas avanzan sin debate público ni datos concretos, en un contexto de ingresos golpeados y con millones de hogares obligados a calcular a ciegas cuánto podrán pagar por un servicio esencial.

Familiares y sobrevivientes recordarán a las 194 víctimas del incendio con una misa, una movilización y un acto central, en una jornada atravesada por el reclamo de justicia y la denuncia de la desidia estatal que hizo posible la tragedia.

A 21 años del incendio en el boliche República de Cromañón, familiares y sobrevivientes volverán a ocupar el espacio público para recordar a las 194 personas que murieron y a las más de 1.400 que resultaron heridas, en una tragedia que expuso de manera brutal la corrupción, el abandono y la responsabilidad directa del Estado.

Las actividades comenzarán este martes a las 18 con una misa en la Catedral Metropolitana. Luego, desde las 19:30, se realizará una marcha desde Plaza de Mayo hasta el Santuario de Cromañón, en las inmediaciones de Plaza Miserere, donde a las 20:30 tendrá lugar el acto central.

Fabiana Puebla, sobreviviente del recital de Callejeros del 30 de diciembre de 2004 e integrante del Movimiento Cromañón, señaló que la jornada no es solo de recuerdo sino también de denuncia. “Cromañón no fue una tragedia inevitable, fue consecuencia de controles inexistentes, funcionarios cómplices y un sistema que priorizó el negocio por sobre la vida”, expresó.

Durante el acto central, familiares y sobrevivientes leerán documentos políticos y rendirán homenaje a las víctimas. Además, habrá intervenciones musicales en Mitre y Ecuador, con la participación de artistas como Sebas Fernández, La Ferni y el grupo Vamos Negrita. Desde la organización No nos cuenten Cromañón informaron que también se realizarán actividades culturales en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal.

A más de dos décadas del incendio, el reclamo sigue vigente: justicia completa, memoria sin concesiones y un Estado que deje de mirar para otro lado. Cromañón no es pasado cerrado, es una herida abierta que interpela a cada gobierno que naturaliza la precariedad y la impunidad.

La embajada argentina en Tegucigalpa opera como plataforma de respaldo político y diplomático a la maniobra que busca consumar un fraude electoral en Honduras. En un esquema de intromisión indirecta, Buenos Aires aparece como actor funcional a la estrategia de la derecha local y a la tutela estadounidense sobre el proceso electoral.

Por Santiago Masetti/ Según registros informáticos difundidos por medios locales, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ana Paola Hall y Cossette López —representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente— fueron ubicadas en la Embajada Argentina en Tegucigalpa en momentos clave del conflicto institucional. El dato no es menor: se produjo tras la ruptura del pleno del CNE y luego de que el consejero oficialista Marlon Ochoa denunciara penalmente a ambas funcionarias ante el Ministerio Público.

La crisis política que sacude a Honduras tras las elecciones generales del 30 de noviembre sumó en las últimas horas un elemento de gravedad regional: la participación activa del gobierno de Javier Milei en el entramado que busca consolidar un golpe de Estado electoral en el país centroamericano. Lejos de un rol neutral, la Argentina emerge como pieza auxiliar en una operación que no puede exhibir a sus verdaderos promotores como protagonistas visibles.

Que asuntos estrictamente electorales se tramiten en una sede diplomática extranjera expone el carácter opaco de la maniobra y refuerza las denuncias de injerencia externa. En este esquema, el gobierno argentino cumple un rol de cobertura política y logística, ofreciendo un espacio “amigo” para avanzar en decisiones que no resisten la luz pública ni el control institucional hondureño.

Ochoa, representante del partido Libertad y Refundación (Libre), fue categórico al rechazar la validación de unos resultados que calificó de fraudulentos. Denunció que Hall y López intentan emitir la declaratoria oficial sin concluir el escrutinio, dejando sin resolver más de 10 mil actas con inconsistencias y cerca de 300 impugnaciones. “No voy a firmar un fraude, aunque me lleven a punta de bala”, advirtió, al tiempo que exigió un conteo voto por voto de las más de 19 mil urnas del nivel presidencial.

El magistrado también apuntó contra la tutela extranjera del proceso y señaló que Honduras no puede aceptar sanciones, presiones ni lineamientos de gobiernos externos. En su denuncia ante la Fiscalía, presentó audios que, según afirmó, revelan un plan coordinado de manipulación electoral, con participación de actores locales y foráneos, incluyendo a un expresidente condenado por narcotráfico y a operadores políticos vinculados a la derecha tradicional.

En ese entramado, el rol de Ana Paola Hall y Cossette López resulta central. Ambas consejeras avanzaron de manera unilateral, sin convocar al pleno del CNE, y quedaron en el centro de las acusaciones por intentar consumar una declaratoria irregular. Su presencia en la embajada argentina no solo agrava las sospechas, sino que compromete directamente a la administración Milei en un proceso que vulnera la soberanía hondureña.

La derecha local —encarnada por el Partido Nacional, el Partido Liberal— apelaron a repetir el libreto de los fraudes electorales de 2013 y 2017: manipulación del sistema de transmisión de resultados, descarte de actas desfavorables y proclamación exprés de un ganador funcional al statu quo. Esta vez, sin embargo, el esquema incorpora nuevos intermediarios para disimular la intromisión directa de Estados Unidos, cada vez más cuestionada por su historial en la región.

El respaldo argentino no es ingenuo ni aislado. Responde a una alineación ideológica y geopolítica del gobierno de Milei con los sectores más reaccionarios de Honduras, del continente y con las estrategias de desestabilización contra proyectos populares. Al actuar como actor secundario —pero decisivo—, la Argentina aporta legitimidad aparente a una operación que, de otro modo, quedaría expuesta como una intervención grosera.

Honduras atraviesa horas decisivas. Lo que está en juego no es solo el resultado de una elección, sino la posibilidad de defender la voluntad popular frente a un golpe electoral en marcha. En ese escenario, la participación del gobierno argentino marca un punto de inflexión preocupante: por primera vez en décadas, Buenos Aires deja de ser observador para convertirse en engranaje activo de una maniobra contra la democracia latinoamericana.

El ajuste económico del Gobierno impactó de lleno en el consumo de fin de año: la canasta festiva volvió a encarecerse muy por encima de los ingresos y los comercios enfrentan diciembre con ventas débiles y márgenes al límite.

La política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei dejó su marca en la previa de las fiestas. A días de la Navidad, el consumo permanece retraído, la oferta de productos estacionales se achicó y el aguinaldo perdió capacidad para sostener compras que hasta hace poco eran habituales en los hogares argentinos.

En los comercios barriales, tradicional termómetro del consumo popular, el panorama es elocuente. La mercadería navideña llegó más tarde, en menor cantidad y con rotación lenta. Pan dulces, budines y frutos secos ya no ocupan el centro de las góndolas, desplazados por una demanda cautelosa y bolsillos exhaustos.

El deterioro responde a una combinación conocida: salarios y jubilaciones que corren detrás de los precios, subas constantes en alimentos y un fuerte incremento en tarifas de servicios que drenó ingresos durante todo el año. En ese contexto, diciembre dejó de ser el mes de recuperación para convertirse en otro capítulo de supervivencia comercial.

Los datos acompañan la percepción del sector. Un relevamiento de la asociación Consumidores Libres indicó que la canasta navideña registró un aumento interanual del 35,9% respecto de diciembre pasado, sobre una base de 24 productos representativos. El salto contrasta con un salario mínimo que no alcanza los 335 mil pesos, consolidando el desfasaje entre precios e ingresos.

En grandes superficies, las subas fueron incluso más desparejas: oscilaron entre el 20% y el 45%, con picos muy superiores en artículos puntuales. Frutos secos como las avellanas casi duplicaron su valor, mientras que cortes tradicionales como el asado se encarecieron más de un 80% en un año. Productos emblemáticos de las fiestas, como pan dulces de primera marca o almendras, exhiben incrementos cercanos o superiores al 40%.

Con ese escenario, una canasta que a fines de 2024 rondaba los 133 mil pesos hoy se ubica cerca de los 181 mil. La cifra explica la prudencia de consumidores y comerciantes, que ajustaron expectativas ante un cierre de año sin repunte.

La respuesta del sector fue defensiva. Muchos negocios redujeron pedidos y ajustaron stocks para evitar sobrecostos financieros. Incluso los almacenes de barrio, que lograron captar parte de la clientela que dejó las grandes cadenas, eligieron operar con cautela y minimizar riesgos.

Desde el sector comercial señalaron que proliferaron las llamadas “canastas de emergencia”, versiones recortadas de la mesa navideña tradicional. Combos básicos con cinco productos se ofrecieron entre 6.000 y 9.000 pesos y concentraron la mayor parte de la demanda, en una señal clara del cambio de hábitos de consumo.

Las expectativas ahora se concentran en los últimos días de diciembre, aunque el optimismo es limitado. Estudios privados advierten que cerca de un tercio de los trabajadores registrados destinará el aguinaldo al pago de deudas. Con ingresos que no alcanzan a cubrir todo el mes, la Navidad llega atravesada por un ajuste que se siente en las góndolas, en las cajas y, sobre todo, en las mesas familiares.

El Gobierno avanzó con nuevos nombramientos en la principal entidad financiera pública del país, profundizando la colonización política del Banco Nación en plena ofensiva oficial contra el rol del Estado en el sistema bancario.

El presidente Javier Milei oficializó este martes la incorporación de la exdiputada nacional Carolina Píparo al directorio del Banco de la Nación Argentina, en una decisión que refuerza el sesgo ideológico del Gobierno sobre una institución clave para el crédito productivo y el desarrollo federal.

La designación fue formalizada mediante el decreto 907/2025, firmado junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado en el Boletín Oficial. Píparo asumió el cargo el 11 de diciembre tras la aceptación de la renuncia de Rodolfo Carvajal, y su mandato se extenderá hasta el 1 de enero de 2028, completando el período previsto por la Carta Orgánica del banco.

El movimiento se inscribe en una reconfiguración más amplia de la cúpula del Banco Nación. A través del decreto 903/2025, el Ejecutivo también formalizó las renuncias de Daniel Tillard a la presidencia y de Darío Wasserman a la vicepresidencia. En un giro interno, Wasserman fue promovido como nuevo presidente de la entidad, mientras que Tillard recibió un protocolar agradecimiento por los servicios prestados.

Más allá de la formalidad administrativa, las decisiones vuelven a poner en el centro del debate el rumbo que el Gobierno pretende imprimirle al Banco Nación. Mientras el discurso oficial insiste en achicar el Estado y desmantelar herramientas públicas de financiamiento, el Ejecutivo avanza en la ocupación política del directorio de la principal banca estatal, clave para el crédito a pymes, economías regionales y sectores estratégicos.

La llegada de Píparo —una dirigente identificada con el núcleo duro del oficialismo— no pasa desapercibida en un contexto de ajuste, recorte del crédito y señales persistentes de privatización encubierta. Traducido: menos banco público, más obediencia política. Vieja historia, con nuevo elenco.