El presidente electo de Chile eligió Buenos Aires para su debut externo y se reunió con el mandatario argentino, en una visita marcada por sintonía política, antecedentes sensibles y dudas sobre el rumbo de la relación bilateral.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, desembarcó este martes en Buenos Aires para mantener un encuentro con Javier Milei en Casa Rosada, en su primera actividad internacional tras imponerse con amplia ventaja en las elecciones presidenciales. La visita, presentada como un gesto de sintonía política, se desarrolla bajo un clima de cautela por las posiciones del dirigente chileno sobre temas sensibles para la Argentina.

El arribo de Kast se produjo a primera hora de la mañana y su agenda incluyó una reunión con el jefe de Estado argentino al mediodía, con participación del canciller Pablo Quirno. El encuentro expone la decisión del Gobierno libertario de priorizar afinidades ideológicas por sobre una lectura estratégica de la relación bilateral, en un escenario regional que exige prudencia diplomática.

El mandatario electo chileno ya había anticipado el viaje en redes sociales, donde habló de coordinación en seguridad, migraciones y reactivación económica. Sin embargo, en la Argentina persisten reparos por antecedentes discursivos de Kast vinculados a la Patagonia y a la proyección antártica, cuestiones que históricamente formaron parte del delicado equilibrio entre ambos países.

Tras la reunión en Casa Rosada, Kast mantuvo un almuerzo con empresarios en un hotel céntrico y luego visitó la Embajada de Chile, antes de emprender el regreso a Santiago. La fuerte impronta empresarial de la agenda refuerza la mirada economicista que ambos dirigentes comparten, aunque deja en segundo plano la dimensión política e institucional del vínculo bilateral.

El Gobierno argentino celebró el gesto como una muestra de respaldo internacional, pero puertas adentro el encuentro vuelve a exponer una diplomacia errática, más enfocada en afinidades personales y gestos simbólicos que en la defensa consistente de los intereses nacionales. La visita de Kast, lejos de disipar dudas, reaviva interrogantes sobre el rumbo de la política exterior en un contexto regional cada vez más sensible.

Juan Pazo dejó la conducción del organismo recaudador y fue reemplazado por Andrés Edgardo Vázquez, en un enroque interno que expone la fragilidad del esquema económico y la falta de resultados en materia fiscal.

El Gobierno nacional oficializó este martes un nuevo cambio en la cúpula de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con la salida de Juan Alberto Pazo y la designación de Andrés Edgardo Vázquez como Director Ejecutivo del organismo, en medio de una caída sostenida de la actividad económica y serias tensiones en las cuentas públicas.

La modificación fue formalizada a través del decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que acepta la renuncia de Pazo y dispone el desplazamiento de Vázquez de la Dirección General Impositiva para ubicarlo al frente de ARCA a partir del 18 de diciembre.

Lejos de un recambio planificado, la decisión aparece como un movimiento defensivo del oficialismo ante el deterioro de la recaudación, el desplome del consumo y el creciente malestar de provincias y sectores productivos por la presión fiscal y la parálisis económica. En ese marco, el Ejecutivo apeló a un simple cambio de nombres dentro del mismo equipo, sin alterar el rumbo de fondo.

Desde el Ministerio de Economía se buscó minimizar el impacto político de la salida de Pazo, al asegurar que continuará “colaborando incondicionalmente” con Caputo desde el sector privado, una definición que refuerza la lógica de puertas giratorias y la ausencia de responsabilidades frente a los resultados de la gestión.

Durante la breve conducción de Pazo, el Gobierno impulsó una batería de medidas presentadas como “modernizadoras”, entre ellas la simplificación de regímenes informativos y nuevos esquemas tributarios, que no lograron revertir la caída de ingresos ni mejorar la capacidad del Estado para sostener servicios básicos. Por el contrario, el ajuste fiscal profundizó la recesión y achicó la base imponible.

La llegada de Vázquez, un funcionario de carrera dentro del esquema impositivo, fue presentada como una garantía de continuidad de las políticas de Milei y Caputo, las mismas que sostienen un modelo de ajuste permanente, licuación de recursos y confrontación con el entramado productivo.

El recambio en ARCA confirma así una dinámica ya conocida: frente a la falta de resultados, el Gobierno opta por reordenar cargos sin revisar decisiones estratégicas, mientras la crisis fiscal y económica sigue acumulando costos sociales y políticos.

Manuel Adorni confirmó que este lunes se lanzará la licitación para que el predio de Villa Martelli sea privatizado, en línea con la política de ajuste y retiro del Estado impulsada por la Casa Rosada.

El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso para concesionar Tecnópolis, uno de los principales espacios públicos dedicados a la ciencia, la cultura y la producción nacional, y lo hizo bajo el argumento de reducir el gasto público y “aliviar” las cuentas del Estado, aun a costa de resignar un bien de uso social que durante años fue de acceso libre y gratuito.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien comunicó que este lunes se abrirá el concurso público para transferir la explotación del predio a manos privadas por un plazo inicial de 25 años. Desde el Ejecutivo se insistió en presentar al complejo como un símbolo del “déficit” heredado, pese a su rol como espacio estratégico para actividades educativas, culturales y tecnológicas.

Según la información oficial, la concesión se enmarca en el plan de déficit cero y “racionalización” del gasto, una fórmula que en los hechos se traduce en el desmantelamiento de políticas públicas y en la cesión de activos estatales al sector privado. El predio, que dependía de la Secretaría de Cultura, fue descripto por el Gobierno como financieramente inviable, con deudas acumuladas y faltantes de equipamiento, sin mencionar el impacto social de su funcionamiento ni las decisiones presupuestarias que llevaron a esa situación.

Desde el inicio de la actual gestión, Tecnópolis ya había sido objeto de un fuerte recorte, con una reducción superior al 30% de su planta de trabajadores, en una señal clara del rumbo adoptado. Ahora, el Ejecutivo pretende cerrar el proceso con una concesión de largo plazo que, bajo la promesa de un canon mensual fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, consolida la retirada del Estado de un área clave.

La medida vuelve a exponer el sesgo ideológico del gobierno libertario, que prioriza el ajuste y la privatización como únicas respuestas, incluso cuando se trata de espacios públicos que cumplen una función social, educativa y cultural difícilmente reemplazable por la lógica del mercado. Traducido sin eufemismos: menos Estado, menos acceso y más negocio para pocos.

El gobernador bonaerense cuestionó con dureza el rumbo económico nacional, advirtió sobre el deterioro social y ratificó que participará de la movilización convocada por las centrales obreras.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, profundizó su confrontación con el gobierno de Javier Milei al anunciar que acompañará la movilización impulsada por la CGT junto a las dos CTA, en rechazo a la reforma laboral y al programa económico del Ejecutivo nacional, al que responsabilizó por el agravamiento de la crisis social y productiva.

En declaraciones radiales, el mandatario provincial describió un escenario marcado por despidos masivos, cierre de empresas y pérdida acelerada del poder adquisitivo. Según detalló, desde el inicio de la actual gestión nacional se registraron cientos de miles de cesantías y la desaparición de miles de firmas, con un impacto especialmente severo sobre las pymes industriales. “La economía cotidiana está cada vez más asfixiada”, resumió.

Kicillof alertó además sobre el endeudamiento de los hogares y el deterioro del consumo interno. Señaló que amplios sectores de la población ya no logran afrontar compromisos financieros, ni siquiera aquellos asumidos a través del sistema bancario o las billeteras virtuales, mientras se profundiza la caída en rubros clave como alimentos, industria metalmecánica, automotriz y producción láctea.

El gobernador también puso el foco en las consecuencias sanitarias del ajuste. Afirmó que la demanda en hospitales y centros de salud públicos se multiplicó de manera exponencial ante la imposibilidad de muchas familias de comprar medicamentos en el circuito privado. En ese marco, defendió la declaración de la emergencia económica en la provincia, aclarando que responde a una crisis social antes que a un problema estrictamente fiscal.

En un tono particularmente crítico, cuestionó el esquema económico nacional, al que acusó de sostener la desaceleración inflacionaria a costa de salarios, jubilaciones y producción local, mediante el atraso cambiario y la apertura indiscriminada de importaciones. También rechazó la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, al sostener que fue elaborada sin diálogo con trabajadores, empresarios ni el Congreso, y que implica un retroceso histórico en materia de derechos.

Con ese diagnóstico, Kicillof ratificó su decisión de acompañar la protesta sindical prevista para esta semana y dejó en claro su alineamiento con los reclamos del movimiento obrero frente a un modelo que, advirtió, “está dejando a amplios sectores afuera”. Traducido al criollo: el conflicto recién empieza y nadie parece dispuesto a aflojar.

Organizaciones sociales y asambleas ambientalistas denunciaron una fuerte represión policial durante las manifestaciones realizadas tras la aprobación del proyecto en el Senado provincial. Trece personas fueron detenidas en operativos que incluyeron golpes y derivaciones hospitalarias.

Las protestas contra la habilitación del proyecto minero San Jorge volvieron a copar este miércoles las calles de Mendoza, horas después de que el Senado provincial aprobara la iniciativa que, según denuncian las organizaciones ambientalistas, pone en riesgo el acceso al agua y habilita una explotación sin controles suficientes.

De acuerdo con referentes de diversas asambleas, la respuesta del gobierno provincial fue una serie de operativos policiales que incluyeron detenciones, agresiones y dispersión violenta de manifestantes en distintos puntos del territorio. La capital provincial concentró los incidentes más graves.

Tras un ruidazo en el centro mendocino, un grupo de jóvenes se movilizó para denunciar lo que consideran un bloqueo informativo por parte de los principales medios locales. La marcha fue interceptada por fuerzas de seguridad que realizaron detenciones y avanzaron con golpes y balas de goma. Según el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), varias de las personas reprimidas tuvieron que ser trasladadas a los hospitales Carrillo y Central.

Las autoridades provinciales informaron que fueron detenidos trece manifestantes, entre ellos Renzo Goyano, Facundo Goyano, Santiago Algarrobo, Enzo Puebla, Luis Pinti, Facundo Goya, Ema Garbo, Máximo Astorga, Sol Alex Díaz y Bautista Franco.

Las protestas se extendieron por Uspallata, el Valle de Uco, Lavalle y Luján de Cuyo, y continuarán durante el fin de semana con nuevas movilizaciones. Las asambleas ambientalistas anunciaron que mantendrán el plan de lucha y reclamaron que el Ejecutivo de Alfredo Cornejo “escuche a la población y detenga el avance de un modelo extractivo que pone en riesgo los recursos naturales de la provincia”.

La central obrera reunió a su conducción con senadores y diputados de Unión por la Patria para consolidar una postura común frente al proyecto del Ejecutivo, que todavía no ingresó formalmente al Congreso. El sindicalismo evalúa movilizar al Parlamento y preparar medidas de fuerza.

La conducción de la CGT mantuvo este miércoles una extensa reunión con representantes del peronismo en ambas cámaras, en un intento por articular una estrategia conjunta para impedir que avance la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El encuentro, celebrado en el despacho del jefe del bloque del Senado, José Mayans, sirvió para alinear posiciones y exhibir unidad entre gremios y legisladores.

Los cosecretarios Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello aseguraron que el vínculo con el Ejecutivo está prácticamente roto y que no recibieron ningún documento formal que permita iniciar una negociación real. Tras el encuentro, adelantaron que la mesa directiva definirá este jueves un plan de protesta que podría incluir una movilización al Congreso durante el tratamiento del proyecto.

La reunión contó con la presencia de dirigentes de peso de la CGT, entre ellos Gerardo Martínez (UOCRA), quien cuestionó la falta de información oficial sobre los alcances de la iniciativa. Legisladores peronistas —incluidos algunos que han tomado distancia del bloque— se sumaron al encuentro para acordar un camino común en el plano parlamentario y en la estrategia comunicacional.

En paralelo, los referentes sindicales y legislativos evaluaron la presentación de una propuesta alternativa que recoja proyectos previos del peronismo y defina una postura unificada frente al debate. La intención es intentar construir una mayoría en el Senado que permita bloquear cualquier modificación que, según advirtieron, implique retrocesos para los trabajadores.

“Le transmitimos a la CGT que nuestro bloque no acompañará ninguna iniciativa que afecte derechos laborales ni la capacidad de organización del movimiento obrero”, afirmó el senador Mariano Recalde al término de la reunión, en el marco de un frente común que busca elevar la presión política antes de que la reforma llegue al recinto.

El Gobierno venezolano advirtió sobre una escalada de presión estadounidense tras las declaraciones de Donald Trump, quien reconoció haber ordenado la toma de un buque petrolero de bandera venezolana en el Caribe. Funcionarios de Caracas afirman que la maniobra forma parte de un intento más amplio de avanzar sobre los recursos estratégicos del país.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, sostuvo que la acción constituye un acto de piratería internacional y alertó que Washington busca influir sobre el control del petróleo, el oro, el gas y el agua. “No es un hecho aislado, es una ofensiva directa contra nuestra soberanía”, señaló el funcionario durante una actividad partidaria.

Cabello, también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó que las organizaciones cercanas al oficialismo se preparan para sostener una respuesta prolongada frente a cualquier intento de presión externa. “Creen que el hostigamiento nos hará retroceder, pero el pueblo está movilizado y decidido a resistir”, aseguró.

En Caracas subrayan que la confirmación de Trump sobre el operativo contra el buque se inscribe en una estrategia más amplia de Estados Unidos para debilitar al Gobierno y condicionar su capacidad de gestión. De acuerdo con el ministro, la masiva participación de simpatizantes en las recientes movilizaciones demuestra que existe respaldo popular ante lo que describió como un intento de apropiación de bienes nacionales.

Las autoridades venezolanas reclaman que la operación en el Caribe viola normas internacionales y constituye una agresión contra un Estado soberano. Voceros del Gobierno señalan que insistirán en denunciar el episodio en foros internacionales mientras buscan fortalecer los mecanismos internos de resguardo de los recursos naturales.

Un relevamiento empresario advierte que más de la mitad de las pequeñas y medianas firmas trabaja sin rentabilidad, el empleo sigue cayendo y aumentan las dificultades para sostener la actividad por la baja de ventas y el alza de costos.

La situación de las pequeñas y medianas empresas continúa deteriorándose y vuelve a encender señales de alarma en el entramado productivo: más del 13% de los empresarios reconoce que existe la posibilidad concreta de cerrar su negocio antes de que termine el año, en un contexto marcado por el desplome del consumo, la pérdida de empleo y márgenes de ganancia prácticamente inexistentes.

Según un relevamiento de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), seis de cada diez pymes operan hoy sin resultados positivos y cerca del 25% asegura que trabaja a pérdida. La suba de costos supera a los aumentos de precios y obliga a muchas firmas a endeudarse no para invertir, sino para sostener el funcionamiento corriente y cumplir con obligaciones básicas.

El impacto sobre el empleo ya es visible. En los últimos meses se profundizó la destrucción de puestos de trabajo registrados y el retroceso de empresas activas. Los datos oficiales muestran una caída sostenida en la cantidad de empleadores, con una retracción particularmente fuerte en el sector industrial.

El estudio también revela que casi nueve de cada diez empresas afrontaron aumentos de costos, mientras que tres de cada cuatro trasladaron parte de esos incrementos a precios, aunque sin lograr compensar la inflación. La brecha entre ingresos y gastos terminó por erosionar aún más la rentabilidad y agravó los problemas de liquidez.

La fragilidad financiera se refleja además en la cadena de pagos. Más de la mitad de las pymes denunció plazos de cobro más largos por parte de sus clientes y un aumento en los incumplimientos. En promedio, las firmas cobran a 37 días y pagan a sus proveedores a 30, una ecuación que estrecha aún más el capital de trabajo.

El presidente de ENAC, Diego Ojeda, advirtió que “la mayoría de las empresas tuvo que aumentar precios, pero aun así no logra cubrir la suba de los costos, lo que las empuja a perder rentabilidad y a trabajar por debajo del punto de equilibrio”.

Las ventas tampoco muestran signos de recuperación. Una proporción significativa de empresas reportó caídas de dos dígitos en las unidades vendidas durante el último trimestre, con un impacto más severo en la industria y el comercio. La utilización de la capacidad instalada se mantiene en niveles bajos, otro indicador de la recesión que atraviesa el sector.

De cara a los próximos meses, las expectativas siguen siendo mayoritariamente negativas. La mayoría de los empresarios anticipa un empeoramiento de la economía, no prevé incorporar personal y descarta nuevas inversiones. Entre los principales factores que explican el freno aparecen la retracción del mercado interno, la baja rentabilidad y el avance de las importaciones.

Desde el sector insisten en la necesidad de medidas de emergencia. “Hace tiempo que advertimos sobre la pérdida de miles de pymes y reclamamos una ley que atienda esta situación, pero la agenda oficial va por otro lado”, señaló Ojeda.

Un informe de CIPPEC que circula en el Ministerio de Economía propone cambios estructurales en jubilaciones, pensiones por fallecimiento y cajas profesionales, con el objetivo de reducir el gasto previsional en medio del ajuste fiscal.

El Ministerio de Economía analiza una profunda reconfiguración del sistema previsional a partir de una propuesta elaborada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que sugiere eliminar regímenes diferenciales, integrar las cajas profesionales al esquema general y aplicar fuertes modificaciones a las pensiones por viudez. La iniciativa apunta a un ahorro fiscal equivalente al 0,5% del Producto Bruto Interno.

Uno de los cambios más sensibles afecta a las pensiones derivadas. El documento plantea que el beneficio deje de ser permanente para los cónyuges jóvenes y pase a ser temporario, con plazos que varían según la edad del beneficiario. En el caso de personas menores de 30 años, la cobertura se extendería solo por dos años. Además, se propone limitar el cobro simultáneo de pensión y jubilación, permitiendo un único componente básico.

El diagnóstico que sustenta la propuesta califica al sistema previsional argentino como costoso, regresivo e ineficiente. Entre los principales problemas señala la existencia de casi 200 regímenes de excepción, la duplicación de beneficios y las jubilaciones anticipadas que alcanzan a millones de personas. Según el estudio, el país destina alrededor del 10% del PBI a financiar jubilaciones, un nivel similar al de países con poblaciones mucho más envejecidas.

En materia de haberes, se impulsa un nuevo esquema conformado por una prestación básica universal, equivalente a la actual PUAM, y una prestación proporcional calculada sobre el total de los aportes realizados durante la vida laboral. De ese modo, se elimina el requisito de 30 años de aportes y se reemplaza el cálculo basado en los últimos diez años de salario.

Otro punto central es la equiparación de la edad jubilatoria entre mujeres y varones. La propuesta prevé que, en un plazo de diez años, la edad mínima femenina se eleve gradualmente de 60 a 65 años. También se sugiere un ajuste automático de la edad de retiro para toda la población en función de la expectativa de vida.

El proyecto incluye además la unificación de los regímenes por invalidez y la absorción de las pensiones no contributivas dentro del sistema contributivo. En paralelo, se plantea la eliminación de las cajas profesionales y su integración al régimen general, con reglas uniformes para todos los trabajadores.

Las reformas evaluadas se enmarcan en la política de reducción del gasto público que impulsa el gobierno de Javier Milei y anticipan un fuerte debate político y social por el impacto directo que tendrían sobre jubilados y futuros beneficiarios.

Por Santiago Masetti, desde Tegucigalpa.

Días atrás liquidó con un tuit al liberal Salvador Nasralla. Este viernes le tocó el turno al nacionalista Nasry “Tito”Asfura. Fue obra de Donald Trump y eso, por supuesto, impactó sobre el último tramo de la campaña electoral por la presidencia de Honduras.

El domingo próximo, la candidata del oficialista Libre, Rixi Moncada, se enfrenta en las urnas a los candidatos de lo que aquí llaman el bipartidismo oligárquico; a Salvador Nasralla (Partido Liberal) y a Asfura (Partido Nacional). El presidente de Estados Unidos llamó a no votar por el primero y le brindó todo su apoyo al segundo, hasta prometió que, si gana Asfura, indultará al presidente Juan Orlando Hernández, el nacionalista que había asumido tras el fraude electoral de 2017 y está preso en Estados Unidos por tráfico de drogas y armas de fuego.

¿Cómo se entiende que, habiéndole dando su apoyo, podamos decir que Trump liquidó la candidatura de Asfura, como lo había hecho horas antes con la de Nasralla?

En política nunca dos más dos es cuatro. Los tuits de Trump implosionaron el tablero de la derecha hondureña, desconcertada, y allanan el camino hacia la victoria de Moncada, la que por otra parte y según estimaciones del gobierno que no son divulgadas podría darse casi por 10 puntos porcentuales de diferencia, y eso antes de la maniobra de Trump.

El magnate presidente en Washington no habría desvariado, ni se habría equivocado, muchos menos es imaginable que se haya convertido en simpatizante de Libre, la organización política progresista que supo tejer el ex presidente Manuel Zelaya.

Aquí y cerca de la dirección del oficialismo se interpreta, y con razón, que a Trump lo asesoraron en el sentido de que ni Nasralla ni Asfura le garantizan la gobernabilidad por derecha que Estados Unidos propone para la región, y que lo mejor es reconocer sin decirlo, es más, matoneando, el hecho consumado de que Moncada sería la nueva presidenta.

Recientes declaraciones de dirigentes de Libre indican, sin expresarlo directamente, que las interpretaciones esbozadas en los párrafos anteriores están bien encaminadas.

Más o menos de la misma forma se manifestó en este contexto el sitio Pro Honduras Network, un medio que bascula entre el oficialismo de este país y la derecha.

“Donald Trump, el mejor publicista de campaña de Rixi Moncada. Si alguien pensó que la campaña política en Honduras ya estaba definida, pues Donald Trump llegó a ponerle salsa con sus últimos dos mensajes en torno a las elecciones del próximo 30 de noviembre…Trump quiso meterse en la campaña hondureña y terminó haciéndole la mejor publicidad del año a Rixi Moncada, sin querer queriendo”. Así escribió el medio que se edita en Estados Unidos.

En su último error “sin querer queriendo”, con su promesa de indulto para Juan Orlando Hernández, Trump no sólo compromete a su supuesto candidato con la libertad de un narcotraficante sino que encrespa lo ánimos de la Fuerzas Armadas, ahora y entonces más alineadas con la defensa del orden democrático, ante las desbaratadas conspiraciones de la derecha tendientes a no reconocer el resultado de las elecciones.

“Pensaba votar por el Partido Nacional como lo hice siempre pero después de toda esta locura mi amigo, votaré por Libre, y le aseguro que muchos harán lo mismo”, dijo un taxista que me llevaba hasta una conferencia de prensa de los nacionales que finalmente fue cancelada, justo después de conocido el segundo tuit de Trump.

“Siempre tuvimos la razón. Trump, al absolver  a Juan Orlando Hernández, protege al saqueador del Estado y ahora ordena votar por Asfura: el heredero directo del narco – régimen. Es el bipartidismo golpista y corrupto con sus dos candidatos. El mismo que me derrocó y son un solo cuerpo, una misma mafia”. Ese fue el comentario en redes sociales de Manuel Zelaya.

En el título nos preguntábamos si lo de Trump fue un desvarío o una derrota. En el final reformulamos la pregunta.

¿No habrá sido Zelaya, “el Comandante”, como lo llaman sus seguidores, quien lo hizo caer en la trampa al mismísimo presidente de Estados Unidos?

Podría ser. Dió sobradas muestras de una gran capacidad, malicia y sagacidad política.