El Gobierno venezolano advirtió sobre una escalada de presión estadounidense tras las declaraciones de Donald Trump, quien reconoció haber ordenado la toma de un buque petrolero de bandera venezolana en el Caribe. Funcionarios de Caracas afirman que la maniobra forma parte de un intento más amplio de avanzar sobre los recursos estratégicos del país.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, sostuvo que la acción constituye un acto de piratería internacional y alertó que Washington busca influir sobre el control del petróleo, el oro, el gas y el agua. “No es un hecho aislado, es una ofensiva directa contra nuestra soberanía”, señaló el funcionario durante una actividad partidaria.

Cabello, también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó que las organizaciones cercanas al oficialismo se preparan para sostener una respuesta prolongada frente a cualquier intento de presión externa. “Creen que el hostigamiento nos hará retroceder, pero el pueblo está movilizado y decidido a resistir”, aseguró.

En Caracas subrayan que la confirmación de Trump sobre el operativo contra el buque se inscribe en una estrategia más amplia de Estados Unidos para debilitar al Gobierno y condicionar su capacidad de gestión. De acuerdo con el ministro, la masiva participación de simpatizantes en las recientes movilizaciones demuestra que existe respaldo popular ante lo que describió como un intento de apropiación de bienes nacionales.

Las autoridades venezolanas reclaman que la operación en el Caribe viola normas internacionales y constituye una agresión contra un Estado soberano. Voceros del Gobierno señalan que insistirán en denunciar el episodio en foros internacionales mientras buscan fortalecer los mecanismos internos de resguardo de los recursos naturales.

Un relevamiento empresario advierte que más de la mitad de las pequeñas y medianas firmas trabaja sin rentabilidad, el empleo sigue cayendo y aumentan las dificultades para sostener la actividad por la baja de ventas y el alza de costos.

La situación de las pequeñas y medianas empresas continúa deteriorándose y vuelve a encender señales de alarma en el entramado productivo: más del 13% de los empresarios reconoce que existe la posibilidad concreta de cerrar su negocio antes de que termine el año, en un contexto marcado por el desplome del consumo, la pérdida de empleo y márgenes de ganancia prácticamente inexistentes.

Según un relevamiento de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), seis de cada diez pymes operan hoy sin resultados positivos y cerca del 25% asegura que trabaja a pérdida. La suba de costos supera a los aumentos de precios y obliga a muchas firmas a endeudarse no para invertir, sino para sostener el funcionamiento corriente y cumplir con obligaciones básicas.

El impacto sobre el empleo ya es visible. En los últimos meses se profundizó la destrucción de puestos de trabajo registrados y el retroceso de empresas activas. Los datos oficiales muestran una caída sostenida en la cantidad de empleadores, con una retracción particularmente fuerte en el sector industrial.

El estudio también revela que casi nueve de cada diez empresas afrontaron aumentos de costos, mientras que tres de cada cuatro trasladaron parte de esos incrementos a precios, aunque sin lograr compensar la inflación. La brecha entre ingresos y gastos terminó por erosionar aún más la rentabilidad y agravó los problemas de liquidez.

La fragilidad financiera se refleja además en la cadena de pagos. Más de la mitad de las pymes denunció plazos de cobro más largos por parte de sus clientes y un aumento en los incumplimientos. En promedio, las firmas cobran a 37 días y pagan a sus proveedores a 30, una ecuación que estrecha aún más el capital de trabajo.

El presidente de ENAC, Diego Ojeda, advirtió que “la mayoría de las empresas tuvo que aumentar precios, pero aun así no logra cubrir la suba de los costos, lo que las empuja a perder rentabilidad y a trabajar por debajo del punto de equilibrio”.

Las ventas tampoco muestran signos de recuperación. Una proporción significativa de empresas reportó caídas de dos dígitos en las unidades vendidas durante el último trimestre, con un impacto más severo en la industria y el comercio. La utilización de la capacidad instalada se mantiene en niveles bajos, otro indicador de la recesión que atraviesa el sector.

De cara a los próximos meses, las expectativas siguen siendo mayoritariamente negativas. La mayoría de los empresarios anticipa un empeoramiento de la economía, no prevé incorporar personal y descarta nuevas inversiones. Entre los principales factores que explican el freno aparecen la retracción del mercado interno, la baja rentabilidad y el avance de las importaciones.

Desde el sector insisten en la necesidad de medidas de emergencia. “Hace tiempo que advertimos sobre la pérdida de miles de pymes y reclamamos una ley que atienda esta situación, pero la agenda oficial va por otro lado”, señaló Ojeda.

Un informe de CIPPEC que circula en el Ministerio de Economía propone cambios estructurales en jubilaciones, pensiones por fallecimiento y cajas profesionales, con el objetivo de reducir el gasto previsional en medio del ajuste fiscal.

El Ministerio de Economía analiza una profunda reconfiguración del sistema previsional a partir de una propuesta elaborada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que sugiere eliminar regímenes diferenciales, integrar las cajas profesionales al esquema general y aplicar fuertes modificaciones a las pensiones por viudez. La iniciativa apunta a un ahorro fiscal equivalente al 0,5% del Producto Bruto Interno.

Uno de los cambios más sensibles afecta a las pensiones derivadas. El documento plantea que el beneficio deje de ser permanente para los cónyuges jóvenes y pase a ser temporario, con plazos que varían según la edad del beneficiario. En el caso de personas menores de 30 años, la cobertura se extendería solo por dos años. Además, se propone limitar el cobro simultáneo de pensión y jubilación, permitiendo un único componente básico.

El diagnóstico que sustenta la propuesta califica al sistema previsional argentino como costoso, regresivo e ineficiente. Entre los principales problemas señala la existencia de casi 200 regímenes de excepción, la duplicación de beneficios y las jubilaciones anticipadas que alcanzan a millones de personas. Según el estudio, el país destina alrededor del 10% del PBI a financiar jubilaciones, un nivel similar al de países con poblaciones mucho más envejecidas.

En materia de haberes, se impulsa un nuevo esquema conformado por una prestación básica universal, equivalente a la actual PUAM, y una prestación proporcional calculada sobre el total de los aportes realizados durante la vida laboral. De ese modo, se elimina el requisito de 30 años de aportes y se reemplaza el cálculo basado en los últimos diez años de salario.

Otro punto central es la equiparación de la edad jubilatoria entre mujeres y varones. La propuesta prevé que, en un plazo de diez años, la edad mínima femenina se eleve gradualmente de 60 a 65 años. También se sugiere un ajuste automático de la edad de retiro para toda la población en función de la expectativa de vida.

El proyecto incluye además la unificación de los regímenes por invalidez y la absorción de las pensiones no contributivas dentro del sistema contributivo. En paralelo, se plantea la eliminación de las cajas profesionales y su integración al régimen general, con reglas uniformes para todos los trabajadores.

Las reformas evaluadas se enmarcan en la política de reducción del gasto público que impulsa el gobierno de Javier Milei y anticipan un fuerte debate político y social por el impacto directo que tendrían sobre jubilados y futuros beneficiarios.

Por Santiago Masetti, desde Tegucigalpa.

Días atrás liquidó con un tuit al liberal Salvador Nasralla. Este viernes le tocó el turno al nacionalista Nasry “Tito”Asfura. Fue obra de Donald Trump y eso, por supuesto, impactó sobre el último tramo de la campaña electoral por la presidencia de Honduras.

El domingo próximo, la candidata del oficialista Libre, Rixi Moncada, se enfrenta en las urnas a los candidatos de lo que aquí llaman el bipartidismo oligárquico; a Salvador Nasralla (Partido Liberal) y a Asfura (Partido Nacional). El presidente de Estados Unidos llamó a no votar por el primero y le brindó todo su apoyo al segundo, hasta prometió que, si gana Asfura, indultará al presidente Juan Orlando Hernández, el nacionalista que había asumido tras el fraude electoral de 2017 y está preso en Estados Unidos por tráfico de drogas y armas de fuego.

¿Cómo se entiende que, habiéndole dando su apoyo, podamos decir que Trump liquidó la candidatura de Asfura, como lo había hecho horas antes con la de Nasralla?

En política nunca dos más dos es cuatro. Los tuits de Trump implosionaron el tablero de la derecha hondureña, desconcertada, y allanan el camino hacia la victoria de Moncada, la que por otra parte y según estimaciones del gobierno que no son divulgadas podría darse casi por 10 puntos porcentuales de diferencia, y eso antes de la maniobra de Trump.

El magnate presidente en Washington no habría desvariado, ni se habría equivocado, muchos menos es imaginable que se haya convertido en simpatizante de Libre, la organización política progresista que supo tejer el ex presidente Manuel Zelaya.

Aquí y cerca de la dirección del oficialismo se interpreta, y con razón, que a Trump lo asesoraron en el sentido de que ni Nasralla ni Asfura le garantizan la gobernabilidad por derecha que Estados Unidos propone para la región, y que lo mejor es reconocer sin decirlo, es más, matoneando, el hecho consumado de que Moncada sería la nueva presidenta.

Recientes declaraciones de dirigentes de Libre indican, sin expresarlo directamente, que las interpretaciones esbozadas en los párrafos anteriores están bien encaminadas.

Más o menos de la misma forma se manifestó en este contexto el sitio Pro Honduras Network, un medio que bascula entre el oficialismo de este país y la derecha.

“Donald Trump, el mejor publicista de campaña de Rixi Moncada. Si alguien pensó que la campaña política en Honduras ya estaba definida, pues Donald Trump llegó a ponerle salsa con sus últimos dos mensajes en torno a las elecciones del próximo 30 de noviembre…Trump quiso meterse en la campaña hondureña y terminó haciéndole la mejor publicidad del año a Rixi Moncada, sin querer queriendo”. Así escribió el medio que se edita en Estados Unidos.

En su último error “sin querer queriendo”, con su promesa de indulto para Juan Orlando Hernández, Trump no sólo compromete a su supuesto candidato con la libertad de un narcotraficante sino que encrespa lo ánimos de la Fuerzas Armadas, ahora y entonces más alineadas con la defensa del orden democrático, ante las desbaratadas conspiraciones de la derecha tendientes a no reconocer el resultado de las elecciones.

“Pensaba votar por el Partido Nacional como lo hice siempre pero después de toda esta locura mi amigo, votaré por Libre, y le aseguro que muchos harán lo mismo”, dijo un taxista que me llevaba hasta una conferencia de prensa de los nacionales que finalmente fue cancelada, justo después de conocido el segundo tuit de Trump.

“Siempre tuvimos la razón. Trump, al absolver  a Juan Orlando Hernández, protege al saqueador del Estado y ahora ordena votar por Asfura: el heredero directo del narco – régimen. Es el bipartidismo golpista y corrupto con sus dos candidatos. El mismo que me derrocó y son un solo cuerpo, una misma mafia”. Ese fue el comentario en redes sociales de Manuel Zelaya.

En el título nos preguntábamos si lo de Trump fue un desvarío o una derrota. En el final reformulamos la pregunta.

¿No habrá sido Zelaya, “el Comandante”, como lo llaman sus seguidores, quien lo hizo caer en la trampa al mismísimo presidente de Estados Unidos?

Podría ser. Dió sobradas muestras de una gran capacidad, malicia y sagacidad política.

Por Santiago Masetti y Julián Cáceres/ Será el 30 de noviembre. Con su victoria en las urnas, Rixi Moncada, la candidata de Libre, la fuerza política que gobierna Honduras se convertirá el 27 de enero próximo en la nueva jefa de Estado, para darle continuidad a lo realizado por la actual presidenta, Xiomara Castro.

Su victoria en las urnas tendrá lugar el domingo próximo que, como todo domingo en nuestras tradiciones culturales, es de “resurrección”, pues recuerda el día que resucitó Cristo. Y por qué privarnos de esa metáfora que para millones es un acto de fe, más allá de la Historia, con el concepto de refundación, el mismo que aparece en el centro del discurso de Libre, la experiencia política que tiene como inspirador y voz primordial al ex presidente Manuel Zelaya.

¿Por qué afirmamos en el título de este texto y días antes de las elecciones que Rixi Moncada ya se impuso en las urnas?

No nos referimos a la expresión que vienen utilizando hace semanas y sin inmutarse los dirigentes más activos de la candidatura de Rixi Moncada: “ya ganamos”, o al revés, “ya perdieron”.

Aludimos a múltiples datos que surgieron en conversaciones “off the record”, incluso con voceros de la derecha del denominado bipartidismo oligárquico.

Allá vamos. En el reciente acto de cierre de campaña, una vez más Moncada evidenció su potencia como oradora y su capacidad de convocatoria. Llamó a los miles de seguidores y militantes de Libre, un verdadero aluvión juvenil, a cuidar que la voluntad de la urnas no sea alterada por las maniobras que aún intenta desplegar la derecha en el seno del Consejo Nacional Electoral (CNE)- organismo integrado por representantes de las tres fuerzas políticas mayoritarias-, consistente en manipular los primeros escrutinios provisorios, con la intención de negar el triunfo del oficialismo.

Hace poco menos de un mes, la representación de Libre en el CNE difundió 26 audios que revelaron esas operaciones manipuladoras y hasta el apoyo recibido por parte de la Embajada de Estados Unidos.

La divulgación de esos audios y otros conocidos el miércoles pasado tuvieron para el bipartidismo de derecha un impacto demoledor. Sus candidatos, Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Nasry Asfura (Partido Nacional) alardeaban acerca del apoyo estadounidense cuando ya sabían que Washington había decidido relativizar su respaldo a esas figuras, demasiado desgastadas para el gusto de halcones y palomas, según admitieron en forma reservada allegados a las cúpulas de ambos partidos.

La misma derecha también había apostado fuerte a las consabidas maniobras antidemocráticas de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyos notorios “observadores” ya se hicieron presentes en Tegucigalpa.

Eso también les salió mal. “Agradecemos el respaldo de la OEA y la no intervención en asuntos internos de Honduras. La mayoría de los países miembros y se manifestó en defensa de la institucionalidad y la voluntad del pueblo hondureño”, comunicó a través de sus redes sociales el vicecanciller de este país, Gerardo Torres, al participar hace un par de días en una reunión del Consejo Permanente de esa organización en la capital estadounidense.

Pero hay más datos que justifican nuestro “ya ganó”.

La potencialidad oratoria de Moncada fue demostrada en su discurso durante el acto de cierre de campaña mencionado. Luego de destacar los logros palpables del gobierno de Xiomara Castro, la candidata dejó un fuerte mensaje: le pidió a su militancia estar alertas para impedir que la derecha desconozca o tergiverse la expresión de las urnas a través del TREP, el sistema de transmisión de escrutinios preliminares.

Otro argumento de enorme peso, quizás uno de los más definitorios y que explica la influencia de Libre en la sociedad, es la figura de Manuel Zelaya, quien combina memoria histórica, lectura estratégica y una capacidad de movimientos tácticos que traspasan las fronteras de Honduras, lo que le permite a Libre el despliegue de una diplomacia partidaria tendiente a entorpecer las relaciones de la derecha con sus históricos aliados, domésticos e internacionales. A buen entendedor, pocas palabras, dice el refrán.

El desafío del oficialismo sí consiste en lograr una victoria lo suficientemente holgada como para sostener una mayoría parlamentaria que le permita avanzar sin dilaciones con su agenda política y económica.

Para cerrar, dos observaciones que nada tienen de anecdóticas.

Será la primera vez en la Historia que una mujer le transmita a otra la investidura presidencial; y ambas, Xiomara y Rixi, son de Libre, son de izquierda.

Y los espacios progresistas de América Latina tendrían que posar una mirada atenta sobre lo que sucede en Honduras, porque tiene carácter estratégico. Un claro ejemplo de ello es la forma en que la dirección política de Libre supo bloquear las maniobras de los tradicionales agentes desestabilizadores de los proyectos democráticos, como la OEA y los protagonistas principales del poder global.

Por eso, Rixi “ya ganó”.

Por Ricardo Ellner*

Honduras avanza hacia el 30N, una fecha que muchos ya describen como el día en el que hay que salir a defender la Patria. En medio de este clima decisivo, el país recibió la propuesta de Plan Gobierno de la candidata del partido Libre, Rixi Moncada, quien lidera la intención de voto y se perfila sólidamente para convertirse en la próxima presidenta de Honduras.

Democratizar la economía le pone fin a los privilegios de los abusadores, de los acaparadores, de los injustos y es el eje central de su propuesta —que he calificado como extraordinaria e innovadora—. Más que un plan técnico, es una visión patriótica, de resistencia popular, de continuidad hacia la paz, de estabilidad, desarrollo e igualdad, para llevar la Refundación a un punto de no retorno.

Esta propuesta, ambiciosa y de gran alcance da continuidad a las grandes conquistas logradas por la Presidenta Xiomara Castro, articulando programas y políticas públicas para la eliminación de barreras crediticias como la central de riesgo; apertura de financiamiento a bajo interés, lucha por la Justicia Tributaria, apoyo a la inclusión financiera con la Ley Fintech, beneficios para la formación y rentabilidad de los startups y promoción para la transformación industrial de las mipymes. 

El proyecto también profundiza la reconfiguración productiva con la construcción masiva de caminos productivos y mega infraestructuras energéticas, puertos, aeropuertos, represas y ferrocarril interoceánico. Defiende el territorio: con Zede nunca más, regulación estricta de la minería, expansión de la estrategia de cero deforestación y fortalecimiento de los batallones verdes. 

En lo social, las y los jóvenes continúan siendo prioridad con la ampliación de las becas universitarias, de la mano, va el adulto mayor, seguirá siendo una primacía la reconstrucción de escuelas, la construcción de hospitales, programas de vivienda, seguridad social para jubilados, protección de pueblos originarios y una estrategia nacional contra el femicidio. 

Este plan de gobierno no oculta su carácter ideológico: se asume como parte de un proceso de Refundación iniciado por la Presidenta Xiomara. No son solo reformas; son golpes calculados contra un modelo del bipartidismo que históricamente excluyó a los más vulnerables.

Todo por el todo. O continúa la Refundación —que enmarca la reconstrucción institucional, la modernización económica y la defensa soberana del territorio— o regresamos a la barbarie bipartidista del abuso institucional, la concentración económica, la corrupción e impunidad. 

Este Plan de Gobierno presentado por Rixi no promete milagros; promete Refundación, y en esa sola promesa reside un acto profundo de esperanza para toda la Patria.

*Periodista hondureño | X @r_ellner

A días del límite del 15 de diciembre, la administración Milei aún no presentó el borrador prometido. Filtraciones internas, improvisación y cambios de coordinador complican el proceso.

El Gobierno llegará al 15 de diciembre sin entregar el texto de reforma laboral que había comprometido ante el Consejo de Mayo. A horas del plazo fijado, los consejeros confirmaron que nunca recibieron el borrador elaborado por Federico Sturzenegger, una demora que vuelve a exhibir la falta de orden interno del Ejecutivo.

La Casa Rosada había asegurado que enviaría el material durante el fin de semana largo. Luego pospuso el envío para martes y miércoles. Nada ocurrió. “No recibimos una sola línea”, admitió una fuente que participa del organismo encargado de consensuar el decálogo del Pacto de Mayo.

El encuentro de este miércoles será además el primero sin Guillermo Francos, reemplazado por Manuel Adorni como coordinador del Consejo. El portavoz, recién ascendido a ministro, debutará en un ámbito al que llega con el tablero desordenado y los proyectos sin circular.

Entre los motivos de la demora, el Gobierno mencionó su afán por evitar filtraciones sobre la llamada “modernización laboral”. Sin embargo, en los propios despachos oficiales señalan que las tensiones internas jugaron un rol mayor. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, fue apuntado por revelar contenidos que ni siquiera habían sido discutidos, lo que obligó a suspender reuniones técnicas.

Los equipos que venían avanzando en aspectos legales quedaron paralizados y el clima interno se volvió aún más áspero en un Gobierno acostumbrado a pisarse solo. “Las filtraciones hicieron volar por el aire todo”, explicó un funcionario.

Pese a los tiempos ajustados, en la Casa Rosada dicen que buscarán llevar la reforma al Congreso durante las sesiones extraordinarias de diciembre. “Confiar”, ironizó un colaborador, consciente de que ni los consejeros conocen el texto que deberían discutir.

La fecha límite del 15 de diciembre deja al Ejecutivo con un margen mínimo para ordenar un debate legislativo que ni siquiera logró iniciar. Con el calendario encima y la improvisación como método, el Gobierno suma otra muestra de descoordinación en uno de los proyectos centrales de su programa económico.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo sostuvo que el nombramiento del teniente general Carlos Presti al frente de Defensa es un “gesto deliberado” para confrontar con los organismos de derechos humanos y quebrar consensos básicos de la democracia.

Estela de Carlotto volvió a marcar distancia del rumbo oficial y calificó como una “provocación innecesaria” la decisión del Gobierno de colocar al teniente general Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa. La histórica referente advirtió que el gesto “rompe reglas de convivencia democrática que costó demasiado construir”.

En declaraciones radiales, Carlotto sostuvo que el nombramiento de un militar en actividad “desconoce reclamos de décadas” y “revive sombras del pasado que la Argentina ya pagó con dolor”. “Es una falta de respeto. No sólo no corresponde, sino que además es peligroso. No podemos naturalizar que se alteren principios básicos porque al Presidente se le ocurre experimentar con instituciones”, señaló.

La dirigente afirmó que el Gobierno “está jugando con fuego” y que sus decisiones “mortifican a un país que ya bastante tiene con la crisis diaria”. Consideró que el Poder Ejecutivo “debería estar trabajando para calmar los ánimos, no para tensar la cuerda con medidas que hieren la memoria colectiva”.

“Las políticas de Estado son responsabilidad de los civiles. La democracia se sostiene respetando esa premisa, no forzándola para justificar aventuras ideológicas”, agregó.

El Gobierno defendió la designación al destacar la “trayectoria impecable” de Presti y reivindicar el regreso de militares a la conducción del área. Sin embargo, las palabras oficiales solo profundizaron el malestar entre organismos de derechos humanos, que ven en el movimiento un intento por “reescribir el pasado” y desmantelar acuerdos construidos desde 1983.

Para Carlotto, el problema excede nombres propios: “No podemos vivir pendientes de qué ocurrencia tendrá hoy el Presidente. La Argentina merece estabilidad y respeto por su historia. Esto va en sentido contrario”.

Con el decreto ya en vigencia, la tensión vuelve a instalarse en un terreno especialmente sensible para la sociedad argentina, que observa cómo decisiones del oficialismo reabren debates que parecían saldados desde hace cuatro décadas.

El sector cayó 4,6% interanual en octubre y acumula un crecimiento insignificante en el año. Con importaciones en alza y capacidad instalada en mínimos históricos, empresarios advierten que el Gobierno deja a la industria nacional fuera de agenda.

El sector cayó 4,6% interanual en octubre y acumula un crecimiento insignificante en el año. Con importaciones en alza y capacidad instalada en mínimos históricos, empresarios advierten que el Gobierno deja a la industria nacional fuera de agenda.

Cuerpo:
La metalurgia registró en octubre otro retroceso que confirma el deterioro industrial bajo la actual gestión. La actividad cayó 4,6% frente al mismo mes del año pasado y apenas avanzó 0,3% contra septiembre, según datos de ADIMRA a los que accedió Noticias Argentinas.

El sector acumula un magro 0,1% de crecimiento anual, medido contra un 2024 que ya había sido un año devastador. Aun así, la producción se mantiene 17,7% por debajo de los niveles alcanzados a mediados de 2023. La utilización de la capacidad instalada cayó 6% interanual y se ubica en valores similares a los meses más restrictivos de la pandemia.

Los números muestran un rojo generalizado. La fundición se derrumbó 12,7%, mientras que Bienes de Capital (-3,9%) y Autopartes (-2,5%) profundizaron su debilidad. También retrocedieron Equipos Eléctricos (-8,6%), Equipamiento Médico (-3,7%) y Otros Productos de Metal (-2,8%).

Incluso los segmentos que habían traccionado en el primer semestre muestran señales de fatiga. Maquinaria Agrícola bajó 0,8% y Carrocerías y Remolques, aunque creció 2,6%, continúa lejos de sus máximos.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que la industria “atraviesa un momento muy complejo, con niveles de actividad excepcionalmente bajos y con importaciones que crecieron 70% interanual”. Señaló que el país necesita una política industrial “seria”, en línea con las estrategias adoptadas por las economías desarrolladas.

El empleo continúa en retroceso: cayó 2,9% interanual y 0,1% respecto de septiembre. Las expectativas empresarias son igual de frías: el 67,4% prevé que la producción seguirá igual o caerá, y el 83,3% no espera mejoras en el empleo.

Por regiones, Buenos Aires encabezó las caídas con un 7,7% interanual, seguida por Mendoza (-4,4%), Córdoba (-3,7%) y Santa Fe (-2,2%). Sólo Entre Ríos mostró una variación levemente positiva (0,5%).

Mientras la producción se achica, las importaciones de bienes metalúrgicos siguen en ascenso: en septiembre alcanzaron US$2.717 millones, un 18,7% más en dólares y 42,6% más en volumen. Las exportaciones, en cambio, cayeron 5,7%.

Con un Gobierno que apuesta al aperturismo sin red de contención industrial, la metalurgia vuelve a ser un termómetro claro del daño que provoca la ausencia de una política productiva en un país que todavía intenta levantarse.

En plena ofensiva oficialista contra el Estado y el empleo, la expresidenta convocó a nueve economistas para avanzar en un plan alternativo que el PJ discutirá internamente. El documento supera las 400 páginas y plantea un modelo productivo y federal.

Cristina Fernández de Kirchner retomó la iniciativa política con una reunión en su despacho de San José 1111, donde recibió a nueve economistas ligados al peronismo y al kirchnerismo para analizar la situación del país y evaluar una propuesta económica integral frente al rumbo adoptado por el Gobierno de Javier Milei.

El encuentro coincidió con el Día de la Militancia y fue presentado por la exmandataria como parte de un esfuerzo colectivo para reconstruir un proyecto de desarrollo en un contexto que describió como “una encrucijada histórica”, atravesada por tensiones globales, avances tecnológicos y desafíos energéticos. El mensaje fue claro: mientras el Gobierno profundiza su experimento de ajuste permanente, ella busca ordenar una alternativa con sustento técnico.

Los economistas acercaron un documento trabajado durante meses en el ámbito del Partido Justicialista, con más de 400 páginas de propuestas destinadas a un modelo productivo, federal y orientado a la soberanía económica. Según Fernández de Kirchner, no se trata de un texto cerrado, sino de una “hoja de ruta abierta al debate y a la acción” que será discutida internamente por el PJ.

La convocatoria también funciona como respuesta a las críticas recibidas por el peronismo en la última campaña electoral, cuando se lo acusó de carecer de un plan económico frente al avance del programa ultraliberal del oficialismo. Ahora, la expresidenta busca dejar en evidencia que existe un marco técnico alternativo, alejado del dogma del ajuste fiscal permanente.

Participaron del encuentro especialistas de trayectoria diversa: Anastasia Daicich, Jorge Carrera, Valentina Castro, Emiliano Estrada, Martín Pollera, Mercedes D’Alessandro, Juan Pablo Futten, Fernando Ausas y Pablo Manzanelli. El grupo incluye exfuncionarios, docentes universitarios, investigadores y legisladores, todos con experiencia en macroeconomía, finanzas públicas, federalismo y política industrial.

Mientras el Gobierno insiste con reformas que reducen derechos laborales y desfinancian al Estado, la expresidenta apuesta a rearmar una propuesta propia. La discusión recién empieza, pero el mensaje político está lanzado: frente a un oficialismo que improvisa sobre la marcha, el peronismo intenta mostrar que aún puede pensar un proyecto de país.